Sentencia 1996-5011 de agosto 11 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 19001233100019965011-01 (20753)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Mélida Yule y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero

Asunto: reparación directa

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión, sede Cali, el 19 de enero de 2001, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en 3000 gramos oro, equivalentes para el 28 de febrero de 1996 a un valor de $ 39.857.340 mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000 (D. 597/88).

Toda vez que la alzada se encamina en contra de una sentencia desestimatoria de las pretensiones, la Sala no tiene limitación alguna para resolver el presente asunto.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados –decía la norma en la época de presentación de la demanda- a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”(13).

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión de la muerte del señor Ricardo Pito Yule y las lesiones sufridas por el señor William Pito Fernández en hechos sucedidos el 10 de diciembre de 1994 en el municipio de Jambaló, Cauca, lo que significa que tenían hasta el día 10 de diciembre de 1996 para presentarla y, como ello se hizo el 28 de febrero de 1996(14), resulta evidente que el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

3. Cuestión previa. Valoración de la prueba trasladada.

Antes de entrar al estudio del caso puesto a consideración de la corporación, la Sala encuentra que fue allegada al proceso copia auténtica del proceso penal adelantado ante el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Silvia por el fallecimiento del señor Ricardo Pito Yule y las lesiones sufridas por el señor William Pito Fernández, probanza que, en principio, no sería susceptible de ser valorada por cuanto su incorporación al proceso no fue coadyuvada por la parte demandada. Sin embargo, la Sección en casos similares ha considerado que, frente a los documentos, su desestimación solo procede cuando la parte que se sienta afectada manifieste expresamente su inconformidad frente a dicho elemento probatorio. Dijo la Sala entonces:

“La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso(16)...

... Sin embargo, sobre este mismo tema, la Sección Tercera de la corporación ha sostenido que(17):

‘De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(18):

‘... el artículo 229 del mismo código dispone:

Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior’ (se subraya).

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica (se destaca).

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso’.

“Aplicando estos criterios al caso presente, se tiene que las pruebas en el proceso primitivo (penal) no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia; su traslado tampoco fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, ni la entidad demanda se allanó a la petición probatoria elevada por la parte demandante en el sentido de que se allegare a este proceso la respectiva investigación penal por la muerte del soldado Ardila Lozano.

“Aun cuando esta prueba fue decretada por el tribunal y para cuyo efecto se libró el oficio 0206-00 de marzo 18 de 1999 solicitando el traslado en copia auténtica del correspondiente proceso penal, lo cierto es que no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige y en cuanto se refiere específicamente a las pruebas documentales antes descritas(19) no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen.

“No obstante lo anterior, para el específico caso de las pruebas documentales advierte la Sala que si bien se incurrió en una irregularidad al haberse omitido dicho traslado, la misma no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’, solución claramente aplicable en este caso. Ciertamente, se advierte que durante la etapa probatoria ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad pública demandada no hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto”(20) (subrayas del original, negrillas de la Sala en esta oportunidad).

“De conformidad con lo anterior, aunque respecto de las pruebas documentales debidamente decretadas dentro del proceso no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, lo cierto es que tal omisión fue convalidada, de acuerdo con lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según se dejó explicado dentro de la sentencia antes transcrita”.

Atendiendo a los criterios que se dejan señalados y, visto que la prueba documental trasladada a este proceso no fue objetada en forma alguna por la demandada, aquella será valorada al entender que cualquier irregularidad procesal frente a la misma se encuentra subsanada.

4. El daño antijurídico.

Encuentra la Sala debidamente acreditado en el proceso que el señor Ricardo Pito Yule falleció el día 10 de diciembre de 1994, según resulta de la copia auténtica del registro civil de defunción obrante a folio 31 del cuaderno principal.

En lo que respecta al señor William Pito Fernández, se tiene que fue lesionado con proyectil de arma de fuego a la altura de la cavidad nasal. Así se explicó en el primer reconocimiento médico legal que le fuera practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal seccional Cauca(21) que describió las heridas y sus consecuencias como se procede a retener por resultar necesario a efectos de la decisión que deba tomarse:

“Antecedentes: unos delincuentes robaron la Caja Agraria y lo hirieron con arma de fuego en la cara el 10 de diciembre de 1994.

Examinado en la fecha, 52 días después de los hechos, se encuentra:

Cicatriz discretamente hipercrómica, irregular de 1 x 0,5 cm en dorso nasal, la cual no es fácilmente perceptible a 3 m de distancia...

Disminución notoria de la apertura bucal e imposibilidad para la masticación.

Se revisa historia clínica anexa que dice en lo pertinente: Hospital Universitario San Jose. Nº H.C. 2978. Pito William. Diciembre 10-94... Paciente 23 años quien 11.30 hs recibe herida con arma de fuego en cara... IDX herida cara arma fuego con compromiso: dorso nariz, cornete derecha, parótida esternón derecha... Rx: Fx: Rama superior mandibular derecha no compromete cavidad craneana... 15-XII-94. Nota operatoria: ... extensa herida que compromete todo el lado lateral externo de fosa nasal derecha. Se reduce la fractura... 16-XII-94... de alta...”.

“De lo encontrado al examen físico y lo consignado en la historia clínica se concluye:

Elemento causal: proyectil de arma de fuego (por historia clínica).

Incapacidad medico legal: cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de los hechos.

Secuelas: perturbación funcional del órgano de la masticación cuyo carácter transitorio o permanente se definirá en tres meses”.

Como consecuencia de lo anterior ha de entenderse que se encuentra acreditado el daño sufrido por los demandantes, en tanto dos miembros de sus núcleos familiares fueron agredidos con arma de fuego, lo que deja como resultado el fallecimiento de uno y las lesiones del otro, que, sin lugar a dudas, no estaban en la obligación de soportar, por lo que viene a ser procedente el estudio de la imputabilidad del daño a las demandadas en este caso.

5. Lo probado en el proceso. Forma de ocurrencia de los hechos.

Con base en el acervo probatorio allegado al proceso se tiene acreditado que el día 10 de diciembre de 1994 se perpetró un asalto a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero de Jambaló, tal y como relató el señor Diego Anibal Yule Campo, alcalde de la localidad al momento del suceso(22), en su calidad de testigo presencial:

“Si, recuerdo porque los presencié y me tocó intervenir también en esos hechos. Yo me desempeñaba como alcalde en esa época, del municipio de Jambaló, estaba en el despacho, cuando me informaron que estaban asaltando la Caja Agraria, de inmediato me trasladé allá al sitio con el señor tesorero, José Alirio Pito. Cuando llegamos al sitio ya tenían a todos los funcionarios de la caja, con las manos arriba, y ya se habían hurtado el dinero que estaba fuera de la caja fuerte, por la otra no la habían podido sacar porque tenía temporizador y estaban amenazando al director que lo iban a matar porque no habría (sic) la caja. En esas llegué y entré a la caja, porque estaba la puerta abierta, entonces unos que estaban detrás de la puerta, inmediatamente nos encañonaron y nos dijeron que era un secuestro, un atraco, entonces ya fue llegando más gente y ellos salieron corriendo, entonces ya la gente se solidarizó y ya llegó más gente, se persiguieron a los tipos esos, y ya en la huída allí ya mataron al señor Ricardo y al señor William Pito le pegaron un tiro en toda la nariz que gracias a Dios no lo mataron. Ya se fue reuniendo más gente y se logró capturar uno de los delincuentes, pero allá como no existe policía, pues la gente se solidarizó porque era la primera vez que estaban asaltando la Caja Agraria”.

En similar sentido se manifestó el señor Guillermo Leon Agredo Maldonado, cajero de la entidad financiera asaltada(24), quien contó lo ocurrido de la manera que sigue:

“... cuando llegó un tipo de chompa negra y me dijo que le cambiara un billete de $ 10000, le dije que sí se lo cambiaba pero que habían billetes de cinco mil pesos, lo cual el señor me dijo que bueno que se lo cambiara, yo me fui para la caja y se lo cambié, le entregué la plata y di la vuelta y el tipo me dijo que entregara toda la plata que eso era un atraco, me le enojé y le dije que cuál atraco, el tipo me siguió insistiendo y me señalaba el pecho de él y vi que tenía un revólver me lo puso de frente por medio de la vidriera y este me dijo que saliera con las manos en alto o en la nuca, lo cual hice caso y en ese momento un tipo que estaba localizado en la puerta me dijo que fue fuera a aplicar defensa (sic) porque me mataba y me llevaron a la dirección donde estaban otros dos tipos que tenían sobre el escritorio al director y al que había venido a hacer la visita de Contraloría...

“... Nosotros no llamamos a nadie porque no nos dieron tiempo, entonces no me di cuenta a qué horas cogió la plata y este me regresó nuevamente a la dirección, donde comenzaron a decirnos que abriéramos el cofre y todos nos quedamos mudos hasta que ellos lo repitieron varias veces y que si no, nos mataban, entonces el director de la caja me dio la orden de que abriera el cofre, lo cual fui y le metí la clave y a lo que le mandamos el palancazo no abrió porque no era hora...

“... Después de que llevaron (sic) a la dirección llegaron varios pobladores, la gente se dio cuenta de arriba pero nosotros no avisamos a nadie, luego llegó el señor Memo a cambiar un cheque y a él también lo estrujaron y también llegaron los señores Diego Yule y Alirio Pito, ellos les preguntaron a estos que qué estaban haciendo allí, y estos respondieron que estaban haciendo unas diligencias y que ya se iban, ellos comenzaron a forcejar con ellos y afuera se oyeron dos disparos y nosotros no pudimos salir, entonces vi por la ventana que la gente de arriba como tiraba piedra, nosotros nos enteramos de la muerte de Ricardo y los heridos... como dije antes yo alcancé a hacer dos disparos, pero la muerte de Ricardo fue al parecer fuera de la población, en la persecución, según oí, él salió con un revólver a perseguir a los delincuentes porque casualmente se encontraba cerca de la institución, yo oí por lo que decía la gente que habían matado a Ricardo y que había herido a William, en realidad aquí no hay seguridad para trabajar, nosotros trabajamos a riesgo, por lo que muchas veces los ciudadanos se defienden al ser atacados...”.

Declararon también dentro del proceso contencioso, los señores Leonel Rodrigo Dagua Fernández, Fabio Dagua, David Eliecer Valencia, Víctor Ariel Fernández Calambas, Jorge Eliecer Quiguanas y Francisco Herney Fernández Ararat(25) residentes todos ellos en la zona, quienes de forma uniforme y armónica pusieron de presente que al ser informados del asalto a la entidad bancaria, reaccionaron en persecución de los delincuentes.

Así las cosas, con fundamento en los elementos de juicio a los que se ha hecho referencia y que válidamente obran en el proceso, la Sala encuentra probado que el 10 de diciembre de 1994 se produjo un asalto a las instalaciones de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, situación que originó que los habitantes del lugar se dieran a la persecución de los asaltantes y en el curso de la cual se dieron todos los resultados que se dejaron señalados.

6. Deber de vigilancia y protección sobre los habitantes del territorio nacional en cabeza del Estado colombiano. Estado de la Jurisprudencia. Inexistencia de fuerza policial en el municipio de Jambaló.

Atrás se dejó visto cómo los demandantes hacen derivar su pretensión resarcitoria de una presunta falla en el servicio que se habría concretado en la ausencia de autoridad policial en la población.

La responsabilidad estatal por los daños derivados por las decisiones administrativas de retirar la protección policial de determinadas zonas —por lo general rurales— ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de parte de la Sección siempre con la constante de señalar que es deber del Estado garantizar las condiciones mínimas de seguridad de sus administrados. En efecto en sentencia de 21 de septiembre de 1992, con la que se desató un caso semejante al que hoy se decide, se condenó al Estado por considerar que resultaba inaceptable el retiro de la fuerza policial en una región azotada por la violencia(26). La Sección discurrió entonces de la manera siguiente:

“Para la Sala, los hechos precedentes resultaron, como se dijo, bien probados y muestran que los demandantes pidieron insistentemente protección a las autoridades; que estas colaboraron durante varios años y pacificaron la región; que sin mediar razón alguna desde marzo de 1988 levantaron el cuartel de policía, quedando la región a merced de los delincuentes, con los resultados que se dejan narrados.

“Estos hechos omisivos ponen de presente, como lo relievó el a quo, la falla del servicio policivo de vigilancia y prevención.

“No tiene ninguna razón justificativa el retiro del cuartel de la zona de los acontecimientos desde marzo de 1988 y menos después de todo lo que estaba ocurriendo en la región en materia de orden público, en donde según los testimonios los campesinos estaban a merced de organizaciones delicuenciales fuertes y bien armadas (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, delincuentes comunes).

“Con lo precedente no quiere significarse que a cada finca en particular se le deba poner una protección especial por las autoridades. No; no habría presupuesto ni personal para tal cometido. Pero de esto no puede concluirse que vastas zonas del país, como la que cobija esta demanda, puedan dejarse abandonadas a la buena de Dios, para que la delincuencia cumpla en ellas, sin oposición alguna, la aventura de gobernar, juzgar y condenar.

“La autoridad legítima no puede tolerar semejante omisión, a menos que quiera conformarse, para pasmo de propios y extraños, con un monstruoso, inconcebible e inconstitucional cogobierno”.

Ese mismo año y con ocasión de responsabilizar a la Nación por los perjuicios causados al no prestar servicios de vigilancia y protección a los habitantes de la zona conocida como “El Valle de las Papas” en el Departamento del Cauca, la Sección reprochó de nuevo la conducta omisiva asumida por la Policía Nacional y lo hizo en los siguientes términos(27):

“Sobre el particular la Sala encuentra debidamente probados los siguientes puntos:

“a) Que la región del denominado “Valle de Las Papas” fue ocupada por el XIII frente de las FARC, cuyos integrantes impusieron entre los miembros de la comunidad un régimen de terrorismo, boleteo, extorsión, hurto, etc. Así se deduce de las informaciones de prensa conocidas a nivel nacional; de las comunicaciones dirigidas por Vicente Lehmann Mosquera al Gobernador del Cauca (fls. 12, 13 a 16); de la respuesta que este funcionario envió al anterior ciudadano (fl. 17); de la Ordenanza 31 de diciembre de 1985 “por la cual se ordena la construcción de varios puestos de policía para preservar el orden público” (fls. 18 y 19), en la región referida; de la comunicación dirigida al comandante de la Tercera Brigada con sede en Cali (fls. 27-28); de la comunicación dirigida al comandante del Batallón José Hilario López de Popayán (fl. 29) y al comandante del Departamento de Policía Cauca (fl. 30); así como con los testimonios de Jesús María Tintinago y Gentil Ordóñez, quienes confirman la presencia guerrillera en la región mencionada.

“b) Que no obstante haber recibido quejas, informaciones y solicitudes de protección por parte de los ciudadanos propietarios, poseedores o tenedores de fincas en la región mencionada, lo que permite concluir que las autoridades se encontraban enteradas de tan anómala situación, a pesar de lo cual no actuaron con la rapidez y eficacia que las circunstancias exigían, asumiendo un comportamiento negligente y omisivo, si se quiere, que configura una deficiente prestación del servicio de vigilancia y protección a la ciudadanía, que por expreso mandato constitucional debían brindarle, no solo con fundamento en el artículo 16 de la Carta, sino en el numeral 7º del artículo 120 de la constitución de 1886, donde se consagra a cargo del Gobierno Nacional la conservación del orden público en todo el territorio Nacional “y restablecerlo donde fuere turbado”.

“Con fundamento en lo expresado concluye la Sala que en el caso bajo estudio y ante la conducta omisiva y negligente de las autoridades policivas para hacer presencia y brindar la protección debida a los ciudadanos afectados por el subversivo comportamiento de las FARC, se incurrió por omisión en una falla en el servicio de vigilancia y protección por parte de la Policía Nacional”.

Otra vez en el año 2001, esta corporación declaró responsable a la Policía Nacional por la muerte de un inspector de policía, al considerar que ese hecho se había causado por el retiro de la subestación de policía del lugar, circunstancia que dejó a toda la comunidad —incluyendo sus autoridades administrativas— expuesta a todo tipo de amenazas y riesgos. En efecto, la Sala se pronunció en los siguientes términos:

“La población se encontraba desprotegida, tal como lo certifica el comandante de la Policía de Nariño cuando afirma:

“— Me permito informar a ese despacho los motivos por los cuales se levantó la subestación de Policía la Victoria así:

“— Debido a la presencia subversiva por la zona, dada la situación topográfica, selvática y distante a 35 kilómetros de la cabecera municipal de Ipiales.

“— Porque las instalaciones policiales no ofrecían las suficientes garantías para repeler cualquier ataque u hostigamiento guerrillero.

“— Teniendo en cuenta que las autoridades municipales al igual que la ciudadanía en ese entonces no colaboraban en ningún aspecto con la Policía Nacional e incluso nadie en la población se comprometía a suministrar alimentación” (fl. 6, cdno. 2).

“A su turno, el comandante del Grupo Mecanizado número 3 “Cabal”, certificó que para la época dicha unidad militar no tenía base en ese municipio y que únicamente adelantó operaciones de registro y control militar de área en la vereda San Jorge del municipio de la Victoria, donde sostuvo contacto armado con bandoleros de la cuadrilla de las FARC (fl. 5, cdno. 2).

“Estas circunstancias particulares del caso, eran suficientes para que la víctima en su condición de inspector recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y aún sin que hubiese formulado un requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, si no de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible.

“En el caso que se examina, de conformidad con la prueba recaudada, el Estado por medio de la Policía Nacional no tenía presencia en el lugar, es decir, no existía una protección permanente, lo que significó que el servicio de vigilancia no se prestara el día de los hechos.

“La parte demandada, a través de su apoderado judicial en este proceso, sostiene que al Ministerio de Defensa - Policía Nacional no le cabe responsabilidad alguna por cuanto no existe prueba de que el inspector hubiese informado a la Policía Nacional de las amenazas que se habían proferido en su contra.

“Sin embargo, de las certificaciones ya transcritas y aportadas por los cuerpos de seguridad del Estado, se concluye que la zona había quedado a merced de los grupos guerrilleros (fls. 5 y 6, cdno. 2)...

“... Como se dejó expuesto, la falta de vigilancia colocó en situación de desprotección a la población y a sus funcionarios públicos, si se tienen en cuenta las características de alteración de orden público en la región, lo cual era conocido por la fuerza pública e hizo a los habitantes y a sus autoridades particularmente vulnerables a los ataques de la insurgencia.

“No puede afirmarse que las operaciones de registro y control militar en el área del Grupo Mecanizado pudieran eliminar tal deficiencia en la seguridad, pues aunque contara con el apoyo logístico que se requería en estos casos, su operativo no puede exonerar a la Policía Nacional de su obligación permanente de prestar el servicio de vigilancia y seguridad en forma eficiente, a fin de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes del territorio nacional convivan en paz (C.N., art. 218). Y es esta omisión en la obligación de prestar el servicio de vigilancia la que constituye la fuente de producción o título de imputación del daño, la que genera la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

De forma más reciente, la Sala volvió sobre el tema de la responsabilidad de las autoridades estatales cuando se demuestra la ausencia de servicio policial en determinada comunidad. Así se expuso en sentencia de 14 de julio de 2005, oportunidad en la que razonó de la manera siguiente(29):

“De acuerdo con las normas citadas, la razón de ser de las autoridades públicas y en particular la de la Policía Nacional, es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(30).

“La Sala ha considerado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones.

“— En el momento en que se produjo el hecho, la población estaba desprotegida. No había servicio de seguridad en el municipio, como consta en la certificación expedida por el subcomandante del departamento de policía de Bolívar a solicitud de la demandante, “el puesto de policía del municipio de Pinillos fue levantado en el mes de abril de 1985” (fl. 16).

“Desprotección de la población que también aseguraron los testigos ya mencionados, quienes afirmaron que en el momento en que se produjo la muerte del alcalde no hacía presencia en el lugar la fuerza pública; que este estaba gestionando la reinstalación del comando y lo había mandado arreglar, pero los guerrilleros lo destruyeron...

“... En síntesis, los daños sufridos por los demandantes, derivados de la muerte del señor Isaac de Jesús Rangel Chema, quien para ese momento se desempeñaba como alcalde del municipio de Pinillos, Bolívar, causada por un grupo subversivo, es imputable al Estado, porque el funcionario, al igual que toda la población, se encontraban completamente desprotegidos, habida consideración de que el Estado había omitido desde años atrás prestar el servicio de seguridad en dicho municipio.

“La capacidad destructiva o las estrategias de guerra utilizadas por las organizaciones al margen de la ley no pueden justificar la omisión del Estado de poner a disposición de los ciudadanos todos los medios de que dispone para garantizar su seguridad. No se exige del Estado ni de sus autoridades su omnipotencia u omnipresencia, pero sí el cumplimiento de los deberes que por mandato constitucional le corresponden. La omisión de tales deberes no puede ser excusada con la inexistencia de documentos en los cuales conste que su cumplimiento fue reclamado por la víctima, ni con la asunción a priori de la ineficacia del Estado para afrontar la delincuencia, pues de aceptarse tales argumentos se estaría aceptando igualmente que la existencia de dicha organización no tiene ninguna razón de ser”.

Todo el marco jurisprudencial atrás expuesto, resulta de especial relevancia para el estudio del asunto traído a consideración, en el que se encuentra plenamente demostrada la ausencia de Policía Nacional en el lugar de los hechos. Baste para ello tener en cuenta la aceptación que de dicha circunstancia hizo la propia demandada cuando en oficio suscrito por el señor comandante del Cuarto Distrito indicó que tal entidad se retiró del lugar desde el año de 1985(31). La forma como se refiere al hecho el señalado comandante ofrece —en verdad— una idea del interés que para la época podía representar esa circunstancia para los mandos policiales, así como de la concepción que los animaba del servicio que les imponía la Constitución y la ley. Expresó entonces el señor comandante:

“Este comando tuvo conocimiento que en el municipio de Jambaló existió servicio policivo al parecer hasta 1985, desconociéndose las causas del retiro del personal uniformado de dicha localidad; para el mes de diciembre de 1994 no había personal de la institución en esa localidad que ejecutara planes de seguridad ciudadanas y hasta la fecha no se presta servicio policial por carecer de garantías y falta de colaboración para con ellos” (negrillas fuera de la Sala).

En muy similares términos allegó informe sobre el mismo tópico el señor comandante del departamento de Policía Cauca en el que, además, justificó la ausencia de puesto de policía debido a las dificultades existentes con la administración para mantener dicha estación.

El pronunciamiento del señor comandante fue, entonces, del siguiente tenor(34)

a. “El puesto de policía en el municipio de Jambaló funcionó hasta el año 1985 en que fue desactivado, por falta de colaboración por parte de las autoridades para el sostenimiento del mismo, ya que el personal estaba viviendo allí en condiciones infrahumanas.

b. “Para el mes de diciembre de 1994, no había ningún plan de seguridad por cuanto no existía Policía en esa localidad”.

La misma circunstancia se encuentra referida por parte de testigos que depusieron en el proceso y que dan cuenta de la orfandad en que se hallaba la población respecto de la presencia de esa institución.

Lo que atrás se deja descrito ciertamente produce espanto en el ánimo del juzgador porque pone de presente una condición de absoluto desdén en los funcionarios de quienes provienen esas piezas probatorias por lo que pudiera significar la suerte de los ciudadanos a quienes debían proteger por mandato de la Constitución y la ley.

Baste para sopesar el alcance del dicho que se comenta, el observar que la situación de abandono databa del año 1985 y que once (11) años después, no había merecido solución alguna y, peor aún, “no había ningún plan de seguridad”.

Pero no menos sorprendentes vienen a resultar las explicaciones consignadas en el documento mencionado para haber tomado la decisión de no cumplir con el deber: la “falta de colaboración por parte de las autoridades”, circunstancia que, pareciera dar a entender que las obligaciones del Estado quedan supeditadas a razones abstractas(35) meramente caprichosas y no verificables, desconociendo con ello las especialísimas funciones que la Constitución y la ley le imponen a la demandada, sobre las cuales se procede a efectuar algunas precisiones.

La Constitución Política definió a la Policía Nacional como un “cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, funciones que fueron desarrolladas por el Decreto 2203 de 1993, vigente al momento de los hechos, en el que se indicó:

ART. 2º—Funciones. La Policía Nacional cumplirá las siguientes funciones generales:

1. Proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades públicas...

... 8. Establecer, mantener y fortalecer las condiciones necesarias, para que el servicio de policía sea oportuno y efectivo en las ciudades y en los campos, utilizando los medios adecuados para el mantenimiento del orden público interno en todo el territorio nacional.

Así las cosas resulta claro que a la Policía Nacional le ha sido asignada de forma especial y como función propia, el cuidado y la protección de las personas, deber del cual no le resulta posible abstraerse, so pena de responder patrimonialmente en aquellos casos en los cuales sobrevengan daños que pudieron ser evitados o prevenidos, ya que dicha obligación, al ser de medio, exige precisamente el despliegue de las acciones y recursos necesarios para lograr la consecución de dichos fines. Así lo entendió la jurisprudencia de la Sección cuando, al pronunciarse sobre el particular, discurrió como sigue(37):

“No hay duda, pues, de que la Policía Nacional tiene asignada constitucionalmente la función de garantizar la vida de los habitantes del territorio, en mayor medida que otros organismos armados o de seguridad de creación legal y, dado su carácter, que las demás autoridades genéricamente consideradas”.

Precisada así la obligación de la Policía Nacional de proteger a los habitantes de todo el territorio nacional, se hace necesario observar, para acercar la concepción normativa y la visión jurisprudencial indicadas al caso que ahora se examina que, la situación padecida por los habitantes del municipio de Jambaló debe ser estudiada desde el marco del conflicto político social de la zona, bastión tradicional de la guerrilla y frente a la cual, de conformidad con la prueba obrante en el proceso, viene a ser claro que el Estado no ejerció acciones enderezadas a mantener un control que concretara el cometido estatal señalado, sino que, por el contrario, dejó desprovista de protección a toda una población por un tiempo prolongado (11 años al menos) y por circunstancias que, se reitera, resultan absolutamente inaceptables,

Ahora bien, es del caso hacer referencia en este punto a la conducta asumida por los particulares, la que a primera vista pudiera tenerse como imprudente al exponerse de forma voluntaria a un riesgo que no debían asumir, sin embargo dicha perspectiva desconocería las situaciones muy particulares del caso, en el cual, los habitantes salieron a defender la Caja de Crédito Agrario, única representación tangible del Estado que hacía presencia en la zona, determinación civil que tuvo acicate en informaciones de un posible retiro de la misma, tal y como explicó Leonel Rodrigo Dagua Fernández, personero municipal al expresar(38):

“... Al no haber fuerza pública en esta población cualquier grupo de delincuentes armados con una escopeta pueden venir a asaltar la Caja Agraria de la localidad, fue una actitud necesaria... A pesar que no le corresponde a los ciudadanos defender las instituciones de esta clase de hechos, asaltos, atracos, en esa oportunidad y por la espontaneidad de la gente lo creyó necesario puesto que la Caja Agraria es la única institución bancaria que tenemos en esta población y en estos días se nos había dicho a los pobladores que era política de la Caja Agraria levantar las sucursales de los lugares donde no hubiera fuerza pública y que fue esa la causa de que la gente defendiera de los atracadores la sucursal de la Caja Agraria”.

En sentido semejante se pronunció el señor Jorge Eliécer Quiguanás, de 30 años de edad, de profesión agricultor, entonces presidente del concejo municipal, quien sobre el particular refirió:

“Pues yo le diría una cosa, que a nosotros nos tenían asustados diciéndonos que las Cajas Agrarias que no eran rentables en los municipios las iban a quitar y prácticamente la caja nosotros la consideramos como nuestra, como patrimonio, como una entidad que sirve a la comunidad, entonces esa era la razón por la cual hizo que la comunidad reaccionara frente a los atracadores pero pues aquí no había ninguna fuerza o autoridad, yo creo que esta cabecera debería tener fuerza pública, pues yo considero que es cuestión presupuestal el motivo de que no haya aquí fuerza pública porque aquí uno ve la Policía y el Ejército en las elecciones... yo pienso que si ha servido porque no han vuelto haber (sic) más asaltos y también es conocido que el apoyo de la comunidad es muy importante a las autoridades pero eso no da razón a que nos dejen desprotegidos”.

A su vez, el señor alcalde de esa municipalidad, en la declaración tantas veces mentada, explicó los motivos de la reacción de la comunidad y sus consecuencias, como fue que los grupos autodenominados guerrilleros los incluyeran como un supuesto grupo ilegal de autodefensa:

“Ya después de mirar que hubo muerto, pues uno piensa que desafortunadamente fue malo, uno ponerse a ver lo que no le correspondía, porque eso nos ha traído consecuencias ahora, donde la gente al solidarizarse persiguiendo a estos bandidos que asaltaron la Caja Agraria se nos dice que somos grupo de autodefensa, y eso pues allá como no hay ejército, ni policía, sin (sic) o la guerrilla (sic), entonces nos tienen sindicados de formar parte de un grupo de autodefensas, allí llegaron la guerrilla y arengó a la población diciendo que allí existía un grupo de autodefensa, que mejor no siguieran porque si no, nos acababan por estar allí. Esas fueron las consecuencias que nos dejó haber intervenido en ese asalto. El pueblo reaccionó porque es la única entidad bancaria que existe, entonces por eso tomamos la determinación de defender el único patrimonio del Estado que existe allá, porque si no lo defendemos lo levantan y nos toca desplazarnos a Silvia a poder cobrar los cheques y es más riesgoso todavía”.

A juicio de la Sala, el conjunto de elementos probatorios a los cuales se ha hecho referencia permite encontrar demostrado —como postula la demanda— que los daños por los que hoy se demanda se debieron a una falla en el servicio por omisión en la prestación del servicio de vigilancia por parte de la Policía Nacional que se encontraba obligada a prestarla.

Y es que, en concordancia con lo ya expuesto por esta corporación, en otras ocasiones —según se vio— reseñado en acápites precedentes, ha de entenderse que las razones de limitaciones presupuestales, o de alteración del orden público y peligrosidad de la zona, aducidas por la demandada para tratar de justificar su omisión y que encontraron eco en el concepto del Ministerio Público en primera instancia y que, finalmente, fueron aceptadas por el a quo como causales eximentes de responsabilidad, no pasan de ser un canto a la inoperancia del Estado como garante de los más elementales derechos de sus ciudadanos, un intento imposible de aceptar por justificar el desconocimiento del marco constitucional y legal, que exige del Estado colombiano el cumplimiento de tareas y el despliegue de acciones que le permitan concretar la función de protección de sus habitantes a lo largo del territorio. Entender lo contrario es reconocer con un acto de mansedumbre irreflexiva la inexistencia de soberanía estatal en determinados territorios de la Nación, conclusión que en forma alguna puede ser de recibo para esta Sala,

No resulta aceptable y, mucho menos, justificable desde ningún punto de vista, el que por más de 11 años el municipio de Jambaló no hubiera sido dotado de un cuerpo policial que lo protegiese, omisión que —sin duda— compromete la responsabilidad del Estado, concretamente del Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los hechos ocurridos.

En cuanto hace a la responsabilidad que por los mismos hechos se imputa en la demanda a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, la Sala debe decir que no le asiste razón a la demanda, pues, dada la especialísima función social que le había sido asignada por la ley, no le incumbía prestar la seguridad a los habitantes del municipio y, más bien, podría decirse, era sujeto de la protección que debía garantizar la Policía Nacional por las razones ya vistas.

5.(sic) Los perjuicios.

Grupo familiar del señor Ricardo Yule Pito:

Encuentra la Sala que comparecieron al proceso la señora Mélida Yule, en calidad de madre, Omaira María Pito Yule, José Alirio Pito Yule, Humberto Pito Yule, Octavio Pito Yule, Efraín Pito Yule, Yolanda Pito Yule, Dolly Pito Yule y Jesús Emir Pito Yule en calidad de hermanos de la víctima, parentescos debidamente acreditados con los registros civiles obrantes entre folios 23-30 y 83 del cuaderno principal.

Grupo familiar del señor William Pito Fernández:

Comparecieron al proceso el señor William Pito Fernández en calidad de afectado directo, los señores José Alirio Pito Yule y Gilma Leyla Fernández, en calidad de padres, los señores Mildreth Pito Fernández, Mélida Pito Fernández, Nimia Pito Fernández, Edilma Pito Fernández, Nelcy Pito Fernández, Huberth Pito Fernández, Eyvar Pito Fernández, Minelly Pito Fernández, José Alirio Pito Fernández en calidad de hermanos del lesionado, parentescos debidamente acreditados con los registros civiles obrantes entre folios 43-56 del cuaderno principal.

5.1. Perjuicios morales.

Se solicitó en la demanda indemnización para cada uno de los demandantes tasada en gramos de oro, pretensiones frente a las cuales la Sala se remitirá a los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se determinó la necesidad de adecuar los montos indemnizatorios en salarios mínimos legales mensuales.

Grupo familiar del señor Ricardo Pito Yule:

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, la Sala accederá al reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en cabeza de Mélida Yule por un monto de cien (100) salarios mínimos mensuales legales en tanto que, hallándose probado como ya se dijo el grado de parentesco aducido, resulta procedente entender que frente a ella se presume que se trata de un evento en que la muerte de su ser querido, como es un hijo, acarrea un sufrimiento en máxima intensidad.

Frente a Omaira María Pito Yule, Humberto Pito Yule, Octavio Pito Yule, Efraín Pito Yule, Yolanda Pito Yule, Dolly Pito Yule y Jesús Emir Pito Yule, la Sala encuentra que —dada su calidad de hermanos del fallecido, Ricardo Pito Yule, que se encuentra acreditada— es procedente el reconocimiento solicitado, pero limitándolo a cincuenta (50) Salarios mínimos mensuales legales para cada uno de ellos.

Grupo familiar del señor William Pito Fernández:

Acreditadas como están las lesiones sufridas por el señor William Pito Fernández la Sala accederá al reconocimiento de los perjuicios morales solicitados por un monto de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales para el lesionado, toda vez que en su calidad de afectado directo se presume el dolor sufrido

Frente a Gilma Leyla Fernández (madre), Mildreth Pito Fernández, Mélida Pito Fernández, Nimia Pito Fernández, Edilma Pito Fernández, Nelcy Pito Fernández, Huberth Pito Fernández, Eyvar Pito Fernández, Minelly Pito Fernández, José Alirio Pito Fernández, la Sala encuentra que —dado el parentesco con el lesionado que se encuentra acreditado— es procedente el reconocimiento solicitado, pero limitándolo a veinticinco (25) Salarios mínimos mensuales legales para cada uno de ellos.

En cuanto al señor José Alirio Pito Yule en vista que demanda el reconocimiento de perjuicios por la muerte del señor Ricardo Pito Yule (hermano), así como por las lesiones del señor William Pito Fernández (hijo), la Sala considera que le asiste el reconocimiento indemnizatorio deprecado, pero el mismo, de conformidad con la jurisprudencia de la corporación(43), no puede equivaler a una simple suma aritmética de perjuicios, por lo que se le reconocerá la suma de 90 salarios mínimos mensuales

5.2. Perjuicios materiales. Lucro cesante.

Por la muerte del señor Ricardo Pito Yule se solicitó reconocimiento de lucro cesante a favor de la señora Mélida Yule en su calidad de madre de la víctima.

Se encuentra demostrado en el proceso, que a la fecha de su muerte, el señor Pito Yule contaba con 32 años de edad(44) y, por tanto, necesario resultaba demostrar que su madre dependía económicamente de él. Así lo explicó la Sección en sentencia de 18 de marzo de 2010(45):

En el sub lite, no se demostró que la víctima tenía a su cargo el sostenimiento económico de la demandante, quien actúa en calidad de madre del fallecido. Vale destacar que en relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, en jurisprudencia que ahora se reitera, se ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(46). Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimientos de estos, la privación de esta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, la condición de hijo único(47).

En el caso concreto, se demostró que el señor Marco Fidel Vargas falleció después de cumplir la edad de 25 años, es decir cuando tenía 37 años de edad (así se acreditó con el registro civil de nacimiento del señor Vargas, fl. 1, cdno. 2), razón por la cual no habrá lugar a reconocer el lucro cesante en favor de la madre de la víctima, por cuanto no se puede hacer uso de la presunción señalada, en tanto la víctima tenía más de la edad referida, y tampoco se cumplen ninguna de las demás condiciones indicadas como la necesidad de los padres, su situación de invalidez o su condición de hijo único, dado que no fueron demostradas.

De la revisión del expediente, se tiene que no existe ninguna probanza que indique la existencia del perjuicio por el que hoy se reclama y en consecuencia, se impone forzosamente su denegación.

En lo que refiere al perjuicio por lucro cesante derivado de las lesiones sufridas por el señor William Pito Fernández, se tiene que no obra ninguna prueba que demuestre que el afectado desempeñaba alguna actividad productiva al momento del hechos, sin embargo dada su edad al momento de los hechos, 22 años(48), se tiene que se trataba de una persona en plena edad productiva que al menos se encontraba en capacidad de devengar un salario mínimo(49).

De otra parte, de conformidad con el Dictamen médico laboral obrante en el expediente(50) se tiene que el señor William Pito fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 13.85%, y como probabilidad de vida al momento de las lesiones se tiene un total de 58.0 años equivalentes a 696 meses, y se tomara el salario mínimo vigente a la fecha de esta sentencia, en cuanto resulta más favorable que él de la época, valores que serán tenidos en cuenta para la liquidación.

Ahora bien, la Sala no desconoce que en la demanda se solicitó la sumas de veinte millones de pesos por este concepto, sin embargo dicho valor se calculó con base en valores del año 1996 por lo que debe ser actualizado para obtener el valor máximo a reconocer por este concepto.

 

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20.000.000 * 3,2392 = 64.785.349,74.

En consecuencia:

535.600, salario mínimo 2011

Sumando 25% prestaciones.

535.600 + 133.900 (25%) = 669.500

Multiplicando por el porcentaje de incapacidad laboral.

669.500 * 13.85% = 92725,75

Hechas las anteriores precisiones tenemos la siguiente liquidación:

- Indemnización debida o consolidada

Ra: Renta: 92.725,75

n: Número meses entre hechos y la sentencia: 16 años y 8 meses = 192 meses

Fórmula:

 

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S= $ 29.341.583,49

Indemnización futura o anticipada.

Término probable de vida a la fecha de los hechos, 696 meses menos 192 meses del periodo debido o consolidado= 504 meses.

Ra= $ 92.725,75

Fórmula:

 

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Reemplazando tenemos:

 

5ecu1996-5011.JPG
 

 

S= 17.402.961,98

Total indemnización lucro cesante debido y futuro: 29.341.583,49 + 17.402.961,98 = 46.744.545,47

5.3. Alteración a las condiciones de existencia.

Se solicitó por parte de William Pito Fernández —el lesionado— reconocimiento de indemnización por los perjuicios fisiológicos sufridos que tasó en el equivalente a 3000 gramos de oro, pedimento este que tendría su razón en la gravedad de las lesiones sufridas.

La Sala no accederá al reconocimiento de indemnización solicitado por este concepto, toda vez que, además del simple daño físico que se encuentra probado, se tiene que dada la naturaleza de las lesiones sufridas “parálisis facial unilateral”, indudablemente resulta el daño en sus relaciones con otras personas y la imagen que de sí mismo tenga, lo que sin duda repercute en la esfera de desarrollo personal del individuo. Sin embargo el monto pretendido se encuentra elevado motivos todos estos por los cuales se le reconocerá la suma de 40 salarios mínimos mensuales vigentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida el día 19 de enero de 2001 por el Tribunal Administrativo, Sala de Descongestión, Sede Cali, y en su lugar se dispone.

DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional administrativamente responsable de los perjuicios causados a Mélida Yule, Omaira María Pito Yule, Humberto Pito Yule, Octavio Pito Yule, Efraín Pito Yule, Yolanda Pito Yule, Dolly Pito Yule, Jesús Emir Pito Yule, José Alirio Pito Yule, Gilma Leyla Fernández, Mildreth Pito Fernández, Mélida Pito Fernández, William Pito Fernández, Nimia Pito Fernández, Edilma Pito Fernández, Nelcy Pito Fernández, Huberth Pito Fernández, Eyvar Pito Fernández, Minelly Pito Fernández y José Alirio Pito Fernández con ocasión de la muerte de Ricardo Pito Yule y las lesiones sufridas por el señor William Pito Fernández ocurrida el 10 de diciembre de 1994, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar las siguientes sumas

Por concepto de perjuicios morales:

Para Mélida Yule, la suma de cien salarios mínimos mensuales vigentes.

Para Omaira Maria Pito Yule, Humberto Pito Yule, Octavio Pito Yule, Efraín Pito Yule, Yolanda Pito Yule, Dolly Pito Yule y Jesús Emir Pito Yule la suma de cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Para William Pito Fernández, la suma de cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes.

Para Gilma Leyla Fernández, Mildreth Pito Fernández, Mélida Pito Fernández, Nimia Pito Fernández, Edilma Pito Fernández, Nelcy Pito Fernández, Huberth Pito Fernández, Eyvar Pito Fernández, Minelly Pito Fernández, José Alirio Pito Fernández, la suma de veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Para José Alirio Pito Yule, la suma de noventa salarios mínimos mensuales vigentes.

Por concepto de lucro cesante:

Para William Pito Fernández, la suma de cuarenta y seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y siete centavos ($ 46.744.545,47).

Por concepto de alteración a las condiciones de existencia:

Para William Pito Fernández, la suma de cuarenta salarios mínimos mensuales vigentes.

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

Sin costas (L. 446/98, art. 55).

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(13)(sic) Para la fecha de presentación de la demanda esa era la norma, luego desde el día siguiente.

(14) Folio 57, cuaderno principal.

(16)(sic) Nota original de la sentencia citada: sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300, entre muchas otras providencias.

(17) Nota original de la sentencia citada: sentencia de febrero 4 de 2010, Exp. 18.320.

(18) Nota original de la sentencia citada: sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11.898.

(19) Nota original de la sentencia citada: diligencia de inspección al cadáver de la víctima 1582-0657; Informe emitido por el cabo primero Carlos Muñoz Sierra, suboficial de administración del Ejército Nacional; informe emitido por el soldado Oscar Vidales Benítez; decisión proferida el 1º de octubre de 1997 por la oficina de instrucción penal militar de la Décima Sexta Brigada del Ejército, mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del soldado Oscar Vidales Benítez por el homicidio del señor Luis Fernando Lozano Ardila; providencia dictada el 12 de noviembre de 1997 por el Tribunal Superior Militar, a través de la cual se confirmó la anterior decisión.

(20) Nota original de la sentencia citada: En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de junio 5 de 2008, Exp. 16.589.

(21) Folio 410, cuaderno de pruebas 2.

(22) Folio 31, cuaderno de pruebas 1.

(24)(sic) Folio 115, cuaderno de pruebas 1.

(25) Folios 154-170, cuaderno de pruebas 1.

(26) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 21 de septiembre de 1992. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Exp. 7267.

(27) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 11 de diciembre de 1992, C.P. Daniel Suárez Hernández. Exp. 7403.

(29)(sic) Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Exp. 15359.

(30) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, Exp. 9940.

(31) Folio 69, cuaderno de pruebas.

(34)(sic) Folio 81, cuaderno de pruebas.

(35) Cabe resaltar que existen elementos probatorios que indican la existencia de esfuerzos por parte de las autoridades municipales para lograr el regreso de la fuerza pública, así lo explicó el alcalde de la época al explicar que se habían realizado los trámites para donar y escrituras un bien inmueble a favor del Ministerio de Defensa, información concordante con la copia auténtica del Acuerdo 4 de 1993, por medio de la cual se autorizó al primer mandatario del municipio para otorgar la escritura de un bien inmueble para dicho fin. Folio 32 del cuaderno principal.

(37)(sic) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 16 de agosto de 2000. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 13131.

(38) Folio 154, cuaderno de pruebas.

(43)(sic) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 27 de julio de 2000, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 12788.

(44) Folio 30, cuaderno Principal.

(45) Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Exp. 17047.

(46) Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, Exp. 5666.

(47) Ver, entre otras, sentencias de: 11 de agosto de 1994, Exp. 9546; 8 de septiembre de 1994, Exp. 9407; 16 de junio de 1995, Exp. 9166; 8 de agosto de 2002, Exp. 10.952, y de 20 de febrero de 2003, Exp. 14.515.

(48) Folio 49, cuaderno principal.

(49) En sentencia de 23 de junio de 2011, con ponencia de la doctora Gladys Agudelo Ordóñez, esta subsección se manifestó en caso semejante en los siguientes términos:

“Si bien en el proceso no existe prueba alguna que acredite que el señor Gabriel Alfonso Penagos Ríos desarrollaba alguna actividad económica, lo cierto es que este al momento de su detención era un hombre que se encontraba en edad productiva y tenía la capacidad de ejercer una actividad laboral o comercial que le permitiera recibir por lo menos un salario mínimo”.

(50) Folios 522-526, cuaderno de pruebas.