Sentencia 1996-7003 de abril 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 17001-23-31-000-1996-7003-01(20374)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Luis Evelio Ospina Franco y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Salud y otros

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, Sala Décima de Decisión de Descongestión con sede en Medellín, el 17 de octubre de 2000, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será confirmada.

I. Antecedentes

1. Las pretensiones

Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Caldas, el 26 de septiembre de 1996, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Luis Evelio Ospina Franco, Alicia Villegas Gallego, Darío Ospina Villegas, y Fabiola Ospina Villegas, formularon demanda en contra de la Nación-Ministerio de Salud-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Departamento de Caldas-Servicio Seccional de Salud de Caldas, municipio de Pensilvania y Hospital San Juan de Dios de Pensilvania Caldas, con el fin de que se declarara a esas entidades patrimonialmente responsables de los perjuicios que sufrieron como consecuencia de la muerte del señor Rogelio Ospina Villegas, ocurrida el 2 de octubre de 1994.

A título de indemnización, se solicitó en la demanda, (i) por los perjuicios materiales, a favor de los señores Luis Evelio Ospina Franco y Alicia Villegas Gallego consistentes en el lucro cesante “... por la supresión de la ayuda económica que venían recibiendo de su hijo Rogelio Ospina Villegas” y (ii) por los perjuicios morales, a favor de cada uno de los demandantes una suma equivalente a 2021 gramos de oro.

2. Fundamentos de hecho

Los hechos relatados en la demanda son los siguientes:

— El 2 de octubre de 1994 a la media noche, el señor Rogelio Ospina Villegas se dirigía a su residencia luego de ingerir unos tragos en la zona de tolerancia del municipio de Pensilvania - Caldas, cuando “... a unos pocos metros fue abordado por un sujeto quien le disparó en el abdomen y al percatarse que había sido visto y probablemente identificado; huyó apresurado del lugar dejándolo allí tirado”.

— El herido fue auxiliado por la señora conocida con el apodo de “Repollín” y otra de nombre Gladys Arias, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios del municipio de Pensilvania, lugar en el que fue recibido por el celador de turno y atendido por el personal médico.

— El personal médico y paramédico le brindaron la atención necesaria al paciente “... cuya herida no revestía de gravedad, pero obviamente requería de la atención médica inmediata, por lo que se dispuso su intervención quirúrgica”.

— A las cuatro (4:00) de la mañana de ese mismo día, mientras era intervenido quirúrgicamente ingresó un sujeto al quirófano quien disparó en contra del señor Ospina Villegas terminando “... con su vida y en presencia del médico y enfermeras que lo atendían y que nada pudieron hacer para evitarlo; luego de perpetrado el crimen tomó por los pies el cuerpo agonizante de Rogelio Ospina Villegas y lo arrojó al piso, abandonando el interior del hospital, de la misma manera en que había ingresado y sin que nadie lo impidiera, no obstante la presencia allí del celador de turno, que no impidió ni el ingreso ni el retiro del homicida”.

— Pese a la cercanía del Comando de Policía al lugar de los hechos, las unidades no intervinieron como era su obligación e incumplieron el deber de “... protección y conservación de la vida e integridad de quienes en situaciones especiales como estas, requieren de la atención inmediata.”

3. La oposición de la demandada

3.1. El Ministerio de Salud se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró, que los hechos no le constan y que debían ser probados. Afirmó, que el hecho de que al paciente se le estuviera realizando una cirugía implicaba que este estaba siendo pronta y adecuadamente atendido. Además, consideró que no es posible atribuir la muerte del paciente a una falla del servicio en la prestación de los servicios médicos y que resulta imposible exigir a un médico y a dos enfermeras que impidieran la penetración violenta de un sicario. Por tal razón, la muerte del señor Ospina Villegas obedeció a “... situaciones propias de la violencia asesina que campea en el país; son en consecuencia hechos asilados que el Ministerio de Salud no está en condiciones de evitar.”

Manifestó, que de acuerdo con la ley al Ministerio de Salud “... le corresponde formular políticas y dictar normas científico-administrativas, exclusivamente, como ente rector y orientador y no como ejecutor o prestador de servicios de salud”, motivo por el cual no puede existir un nexo causal entre la muerte del señor Luis Evelio Ospina Franco y la función que le corresponde cumplir.

Formuló las excepciones de improcedencia de las pretensiones, falta de legitimidad en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación.

3.2 La Dirección Seccional de Salud de Caldas contestó la demanda y se opuso a las súplicas de la demanda. Señaló, que el Hospital cumplió con el deber de atender la urgencia del señor Rogelio Ospina Villegas y la atención médica fue brindada oportuna y científicamente, motivo por el cual el hospital y su personal médico y paramédico quedan por fuera de toda responsabilidad. Sostuvo, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10 de 1990, esa Dirección no puede ser parte dentro de este proceso, como quiera que esta cumple funciones de asesoría y no asistenciales y que el Hospital San Juan de Dios de Pensilvania tiene “... su propio presupuesto, su autonomía administrativa y patrimonio propio”.

Formuló la excepción de la falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.3 El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la demanda. Precisó, que la causa de la muerte del señor Ospina Villegas fueron los disparos propinados por un sicario que ingresó de manera engañosa, sigilosa y calculada a las instalaciones del hospital, por lo que se configuró la causal eximente de responsabilidad de la culpa del tercero.

3.4 El municipio de Pensilvania contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Relató, que de acuerdo con la información suministrada por el Hospital San Juan de Dios y el Cuartel de Policía del municipio el día “... 2 de octubre de 1994 un Agente de la Policía trasladó a un herido de nombre Rogelio Ospina Villegas desde el Cuartel hasta el Hospital en la parte trasera de una motocicleta y luego de indagarle sobre lo sucedido y de esperar que lo recibiera el personal médico y paramédico se retiró del lugar a iniciar las pesquisas tendientes a aclarar los hechos en que había resultado herido el paciente mencionado”.

Aseguró, que no era cierto que el señor Ospina Villegas hubiera sido trasladado al hospital por dos mujeres y que además el paciente ingresó caminando y consciente. Aseveró, que tampoco fue cierto que “... se hubiera dispuesto intervención quirúrgica alguna pues no se requería dado el carácter leve de las heridas que presentaba”, sino que el sicario ingresó en el momento en el que las enfermeras realizaban la limpieza de las heridas y disparó en contra del señor Rogelio Ospina Villegas. Señaló, que entre el momento en que el agente de policía llevó al herido al hospital y entre aquel en el que recibió la llamada que reportó su muerte, transcurrieron de 5 a 10 minutos.

Sostuvo, que no es posible endilgarle responsabilidad al municipio, como quiera que el Hospital demandado es una empresa social del estado que goza de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Formuló la excepción genérica y las del hecho de un tercero y falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.5 El Hospital San Juan de Dios se opuso a las súplicas de la demanda. Al igual que el municipio de Pensilvania, señaló que fue un agente de la policía quien trasladó al señor Ospina Villegas al Hospital y no dos mujeres como se afirmó en la demanda. Enfatizó, que las heridas del paciente no eran graves y que por lo tanto no requería de una intervención quirúrgica y que en el momento en que realizaban la limpieza de las heridas, ingresó el sicario y disparó en contra de la víctima. Explicó, que el señor Rogelio no falleció en la sala de cirugía sino en la sala de urgencias de la institución. Sostuvo, que “... en el centro asistencial existe una persona que hace las veces, o mejor, tiene funciones y desempeña labores de portero, encargado de abrirle precisamente a todas las personas que llegan al hospital a solicitar los servicios en las dependencias de Urgencias, cerrar ventanas y asuntos similares.”

Formuló la excepción genérica y las de inepta demanda por indebida designación de la parte demandada y el hecho de un tercero.

3.6 El Departamento de Caldas se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de inexistencia del nexo causal porque el daño sufrido por la víctima no obedeció a una falla del servicio del departamento, el hecho de un tercero porque su muerte fue ocasionada por la acción de un tercero y ausencia de solidaridad como quiera que no existe responsabilidad de su parte.

4. La sentencia recurrida

El tribunal no accedió a las súplicas de la demanda al considerar que de acuerdo con el material probatorio recaudado dentro del proceso, quedó acreditado que “... el occiso tenía innumerables enemigos por la vida que llevaba, que finalmente estaban más que decididos a acabar con su vida.” Afirmó, que a pensar de que la policía tuvo conocimiento de las lesiones sufridas inicialmente por la víctima, no pudo determinar que este necesitaba protección por “... la negativa del lesionado a decir qué le había pasado, pues ni siquiera al médico o a las enfermeras les comentó nada”.

Señaló, que tampoco se configuró una falla del servicio por parte del centro hospitalario, como quiera que “... se hizo lo correspondiente al primer nivel de atención, se le prestó el servicio que le correspondía.” Concluyó, que “... todo funcionó perfectamente pero no se contaba con los poderosos enemigos del lesionado que irrumpen en esa forma en el hospital para rematarlo en presencia de las personas que trataban de curar sus heridas, fue el hecho del tercero el que causó la muerte violenta.”

En relación con el Ministerio de Defensa-Policía Nacional consideró que debía ser “... exonerado de toda responsabilidad porque demostró que actuó como debía hacerlo y de ninguna manera incurrió en la falla que le endilga el actor.”

Determinó, que no había lugar a declarar la responsabilidad de las demás entidades demandadas al considerar que de conformidad con la normatividad aplicable, “... el servicio prestado al paciente fue el señalado en la norma legal, además no depende del Servicio Nacional de Salud, por cuanto se trata de una entidad descentralizada a nivel municipal por ello el servicio no tiene ninguna responsabilidad frente a él y mucho menos el Departamento de Caldas o el Municipio de Pensilvania, porque no es su responsabilidad responder por el primer nivel de atención en salud”. Concretamente, en relación con el Ministerio de Salud aseveró que tampoco podía endilgársele responsabilidad, toda vez que “... su función es implementar las políticas generales, planes, programas y proyectos en el sector salud.”

Por último, condenó en costas a la parte actora al encontrar que su actuación fue temeraria, dado que “... presentó los hechos, contrarios a la realidad, tratando de obtener un fallo de responsabilidad”.

5. Lo que se pretende con la apelación

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda con fundamento en que:

(i) El Hospital no cumplió con el deber de protección al permitir que extraños ingresaron a las instalaciones, razón por la cual se configura una falla del servicio de su parte.

(ii) En cuanto al Ministerio de Salud, afirmó que “... a ellos no se les cita a esta litis porque no prestaron el servicio de vigilancia adecuadamente, sino porque fueron llamados para que respondieran por la falta de control con el Hospital ya que permiten que el servicio se preste en la forma en que lo hace”.

(iii) Frente a la Policía Nacional, expresó que su responsabilidad se deriva de haber tenido conocimiento sobre la gravedad del asunto “... ante el primer atentado criminal que se dio y la forma como se especulaba sobre la ocurrencia de los hechos”, lo que le permitía determinar que la vida de la víctima corría peligro y que “... en circunstancias anormales o de excepción la autoridad está obligada en forma especial a proteger la vida, honra y bienes de los asociados, sin que sea necesario un requerimiento angustioso de la persona amenazada o de sus familiares.”

6. Actuación en segunda instancia

Del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones solo hizo uso el Ministerio de Salud.

Afirmó, que para que se vea comprometida su responsabilidad se hace necesario que “... el hecho que ocasione el daño, se realice en función directa con la prestación de un servicio que constitucional o legalmente se le ha asignado o que lo haya asumido por su cuenta y riesgo” lo que no ocurrió en este caso. Reiteró, que de conformidad con la normatividad aplicable a dicha entidad no le corresponde la prestación de servicios médicos asistenciales, por lo cual “... no es posible que responda por una presunta mala o deficiente atención en servicios que no presta, y mucho menos que responda por la vigilancia y cuidado de pacientes que ingresen a recibir atención a Clínicas u Hospitales, bien sea que se trate de entidades públicas o privadas.”

Resaltó, que la actividad desplegada por el Hospital demandado fue la necesaria para atender al señor Rogelio Ospina Villegas “... sin que estuviera a su alcance determinar los propósitos de la persona que cometió la agresión” y que “... las medidas de vigilancia y control que se podían suministrar dentro del hospital a los pacientes fueron las que común y corriente se brindan a todos los pacientes.” Recalcó, que la causa material y directa del daño fueron los disparos propinados por el sicario.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora antes de la vigencia de la Ley 954 de 2005, en proceso con vocación de doble instancia ante el Consejo de Estado, dado que la cuantía de la demanda alcanzaba aquélla exigida para surtir la segunda instancia ante esta corporación (D. 597/88)(1).

2. Legitimación de las entidades demandadas.

La sentencia proferida por el a quo, negó las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con el Ministerio de Salud, la Dirección Seccional de Salud de Caldas, el Departamento de Caldas y el municipio de Pensilvania.

Al apelar la parte actora insistió en la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Salud, Policía Nacional y del Hospital San Juan de Dios de Pensilvania-Caldas. La responsabilidad de las demás entidades vinculadas como demandadas no se analizará por cuanto la decisión de declarar probada en su favor la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no fue apelada.

En este orden de ideas sea lo primero reiterar la tesis de la Sala en el sentido de que la Nación-Ministerio de Salud carece de legitimación para responder por los daños sufridos por los demandantes, que fueron atribuidos por éstos a fallas en la prestación del servicio médico que se le brindó al señor Rogelio Ospina Villegas, en el Hospital de San Juan de Dios de Pensilvania-Caldas, por cuanto a esa entidad le corresponde la dirección del Sistema de Salud, lo que le significa formular las políticas de ese sector, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico y social y la expedición de las normas científico-administrativas de obligatorio cumplimiento para las entidades que lo integran, pero no asume responsabilidad por los servicios que éstas presten(2).

3. De la responsabilidad atribuida a las demandadas.

Se anticipa que la decisión adoptada por el a quo habrá de confirmarse, dado que el acervo probatorio recaudado no permite imputar responsabilidad a las entidades demandadas por el daño por el cual se reclama indemnización.

3.1. Está probada la existencia del daño padecido por los demandantes.

3.1.1 Está acreditado en el expediente que el señor Rogelio Ospina Villegas falleció como consecuencia de una “...laceración cerebral severa, heridas por proyectil de arma de fuego”, tal y como consta en el original de la certificación del registro civil de defunción expedida por la Notaría Única de Pensilvania-Caldas (fl. 6, cdno. 1). También da cuenta de su muerte el informe de necropsia efectuado por el Instituto de Medicina Legal, documento que fue aportado en copia auténtica al proceso (fl. 52, cdno. de pruebas 2).

3.1.2. Igualmente, está acreditado que la muerte del señor Rogelio Ospina Villegas causó daños a los demandantes, quienes acreditaron el parentesco en el primero y segundo grados de consanguinidad que tenían con la víctima, demostración que unida a las reglas de la experiencia permiten inferir el dolor moral que su muerte les produjo, así:

(i) Los señores Luís Evelio Ospina Franco y Alicia Villegas demostraron ser los padres de la víctima con la certificación del registro civil de nacimiento de éste, expedido por la Notaría Única de Pensilvania-Caldas (fl. 5, cdno. 1).

(ii) Los señores Darío y Fabiola Ospina Villegas acreditaron ser los hermanos del occiso con la copia auténtica de sus registros civiles de nacimiento en los que se encuentra que son hijos de los señores Luis Evelio Ospina Franco y Alicia Villegas (fls. 4 y 6, cdno. 1).

Precisa la Sala, que en el expediente obran los testimonios de los señores Alonso Cardona Villegas (fl. 71-42, cdno. 1), María Dilia Castaño Arbelaez (fl. 82-83 cdno. 1), Melva Ramírez Montoya (fl. 83-84, cdno. 1) y Beatriz Gil Gallego (fl. 84-85, cdno. 1), quienes manifestaron conocer a la víctima y a los demandantes y narraron que entre ellos existían vínculos de afecto y que su muerte les produjo gran pesar y congoja. Por otro lado, obran las declaraciones de los señores Isabel Giraldo Ospina (fl. 72, cdno. 1), Ismael Enrique Betancur Gutierrez (fl. 73, cdno. 1), Cecilia Serna Ospitia (fl. 74, cdno. 1) y Gonzalo Hurtado Zuluaga (fl. 75, cdno. 1), quienes, de igual forma, aseveraron que conocían al occiso y a los demandantes y relataron que, salvo para su madre Alicia Villegas, para los demás familiares su muerte no les causó dolor debido a las distantes y conflictivas relaciones que había entre ellos.

Ante las evidentes contradicciones que se observan en estos testimonios, éstos no ofrecen verosimilitud a la Sala y por lo tanto no se tendrán en cuenta para establecer la existencia del daño moral sufrido por los actores, si no que, como se dijo anteriormente, se tendrá por establecido con base en la prueba del parentesco que, unida a las reglas de la experiencia permiten inferir el dolor moral que su muerte les ocasionó, sin que los testimonios referidos tengan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción del dolor, como quiera que las desavenencias y conflictos entre familiares, per se, no descartan el sufrimiento moral por el daño que sufre el paciente.

3.2. La responsabilidad patrimonial por la prestación del servicio de salud.

3.2.1. La parte demandante imputa la muerte del señor Rogelio Ospina Villegas al servicio médico prestado por el Hospital San Juan de Dios del municipio de Pensilvania-Caldas, en tanto afirma que su fallecimiento se produjo por cuanto la institución no contaba con las medidas de seguridad necesarias, lo que facilitó el ingreso de un sicario que disparó en contra del citado señor, mientras era intervenido quirpurgicamente y “...luego de perpetrado el crimen tomó por los pies el cuerpo agonizante de Rogelio Ospina Villegas y lo arrojó al piso, abandonando el interior del hospital” y le causó la muerte.

Cabe señalar que conforme a jurisprudencia reitera de la Sala, la responsabilidad patrimonial por los daños causados con ocasión de la actividad médica involucra, de una parte, el acto médico propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional médico en sus distintos momentos y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, y de otra, todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la intervención del profesional médico, que operan desde el momento en que la persona asiste o es llevada a un centro médico estatal, actividades que están a cargo del personal paramédico o administrativo.

Sobre la distinción entre el acto médico propiamente dicho y los actos anexos que integran el llamado “acto médico complejo”, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en repetidas oportunidades y ha acogido la clasificación que sobre tales actos ha sido realizada por la doctrina en: (i) actos puramente médicos, que son realizados por el facultativo; (iii) actos paramédicos, que lo son las acciones preparatorias del acto médico y las posteriores a éste; que regularmente, son llevadas a cabo por personal auxiliar, tales como suministrar suero, inyectar calmantes o antibióticos, controlar la tensión arterial, etc. y (iii) actos extramédicos, que están constituidos por los servicios de hostelería, entre los que se incluyen el alojamiento, manutención, etc. y obedecen al cumplimiento del deber de seguridad de preservar la integridad física de los pacientes(3).

En relación con la responsabilidad del Estado por los daños que se producen como consecuencia de errores u omisiones en las actividades conexas al acto médico o quirúrgico propiamente dicho, se registran en la jurisprudencia de la corporación casos, como: (i) lesiones debidas a una vigilancia inadecuada, que ocasionan caída de camillas(4); (ii) la falta de mantenimiento de los equipos o instrumentales(5); (iii) la omisión o el error en el suministro o aplicación de medicamentos(6); (iv) falta de diligencia en la adquisición de medicamentos(7), y (v) lesiones causadas dentro de la institución hospitalaria(8).

Un desarrollo particular se ha dado en la jurisprudencia a la obligación de seguridad que deben prestar las entidades hospitalarias, tema en relación con el cual la jurisprudencia de la Sala ha tenido oportunidad de señalar que el deber de seguridad de los hospitales y clínicas, se contrae a impedir que el paciente sufra accidentes en el curso o con ocasión de la atención médica que se le preste, y que dentro de este deber actividades de “custodia y vigilancia” de los pacientes cuando se trata de establecimientos para enfermos mentales(9). Así mismo ha sido criterio reiterado que el deber de custodia y vigilancia no se extiende al de brindar protección a los pacientes frente a actos de terceros, salvo que se trate de “situaciones especiales en las que los administradores de los hospitales deben extremar las medidas de control y vigilancia de los pacientes, dadas las condiciones de riesgo en que éstos pueden encontrarse(10).

3.2.2. Para efectos de estudiar la responsabilidad del hospital demandado, se establecerán en primer lugar las pruebas que resultan evaluables sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Rogelio Ospina Villegas y después se analizarán los hechos demostrados con el fin de determinar si el daño que se causó es imputable a la entidad demandada.

Para el efecto se valorarán los documentos que en original o en copia auténtica fueron aportados al proceso así como los testimonios recibidos en el trámite del mismo.

En cuanto a la prueba trasladada a solicitud del municipio de Pensilvania y del Hospital San Juan de Dios, de la investigación penal que se tramitó ante la Unidad Seccional de Fiscalía de Pensilvania-Caldas, por el delito de homicidio en contra del señor Rogelio Ospina Villegas, cabe precisar que, salvo los testimonios de los señores Abelardo Zuluaga Gómez (fl. 103-108, cdno. de pruebas 3), Jairo Antonio Ríos Carmona (fl. 76-77, cdno. de pruebas 3), Fernando Gómez Flórez (fl. 77-78, cdno. de pruebas 3), Nereyda Blanco Acuña (fl. 78-79, cdno. de pruebas 3) y Socorro Osorio Quintero (fl. 80-81, cdno. de pruebas 3) que fueron ratificados en este proceso, los testimonios allí recepcionados no podrán ser tenidos en cuenta dado que dichas pruebas no fueron ratificadas en este proceso y su traslado sólo fue solicitado por dos de los demandados, es decir, no cumplen con los requisitos, particularmente el de contradicción, que para su valoración en el nuevo proceso exigen los artículos 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil.

En cambio la prueba documental trasladada en copia auténtica (fl. 18, 22-35, 40-44, 51-53, cdno. Pruebas 3), si puede ser apreciada por esta Sala, toda vez que ésta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla(11).

3.2.3. Con fundamento en el acervo probatorio así conformado, se tienen como hechos probados, los siguientes:

(i) El señor Rogelio Ospina Villegas ingresó al Hospital San Juan de Dios de Pensilvania-Caldas, el 2 de octubre de 1994 a las tres de la madrugada, al presentar heridas por proyectiles de arma de fuego, tal y como consta en la historia clínica llevada por el hospital en mención (fl. 51, cdno. de pruebas 2), lugar en el que fue hospitalizado.

(ii) El señor Ospina Villegas murió en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, el 2 de octubre de 1994 minutos después de haber ingresado al centro hospitalario, luego de que un desconocido encapuchado ingresara a urgencias y le disparara. De lo anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

La historia clínica llevada por el Hospital San Juan de Dios, en la que el médico de turno consignó que “...estando en urgencias entra un individuo enmascarado y lo acribilla de unos tiros. Enfermeras que estaban presentes: Nereida Blanco, Socorro Osorio” (fl. 51, cdno. de pruebas 2).

El acta del levantamiento del cadáver efectuado por el Instituto de Medicina Legal, en la que se describieron las heridas sufridas por el occiso, así: “...Dos orificios antebrazo izquierdo, un orificio homoplato (sic) izquierdo, dos orificios en el muslo superior izquierdo y un orificio en el parietal derecho y orificio, maxilar inferior izquierdo” (fl. 23, cdno. de pruebas 3).

El informe de la necropsia practicada al cadáver del señor Ospina Villegas conforme a la cual se concluyó que la muerte fue “...consecuencia natural y directa de la destrucción severa de su masa encefálica, ocasionada por dos proyectiles de arma de fuego que le atravezaron (sic) la cabeza del lado izquierdo al derecho, ocasionándole una herida de naturaleza mortal” (fl. 31-32, cdno. de pruebas 3).

El informe realizado por de la Unidad Investigativa de Policía Judicial de Pensilvania-Caldas, el 2 de octubre de 1994, dirigido a la Unidad Seccional de Fiscalía del mismo municipio sobre los hechos en el que se determinó, lo siguiente:

“...me permito informar detalladamente, acerca de los hechos acaecidos en la madrugada del día de hoy, en la sala de urgencias del hospital “San Juan de Dios” de esta localidad, en donde resultó muerto en forma violenta el señor Rogelio Ospina Villegas, por un individuo enmascarado que hasta el momento se desconoce su identidad, quien le propinó varios disparos, momentos en los que el primero de los citados, era atendido en dicho centro asistencial” (fl. 24-25, cdno. de pruebas 3).

(iii) Los testimonios rendidos por los señores Jairo Antonio Ríos Carmona, médico que atendió al paciente, Nereida Blanco Acuña y Socorro Osorio Quintero, auxiliares de enfermería de turno el día de los hechos, dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el fallecimiento del señor Ospina Villegas. Estos declarantes se encontraban en el Hospital San Juan de Dios y coinciden en afirmar que mientras las señoras Socorro y Nereida realizaban la limpieza de las heridas del paciente Rogelio y el médico tomaba unos datos para la historia clínica y para hacer las órdenes de hospitalización, ingresó a la sala de urgencias un señor encapuchado y disparó sobre el cuerpo de la víctima (fl. 48-50, 76-77, 78-79 y 80-81, cdno. de pruebas 3).

(iv) En relación con las medidas de seguridad con las que contaba el Hospital San Juan de Dios para el día de la ocurrencia de los hechos, se encuentra acreditado que tenía un servicio de celaduría prestado por el señor Abelardo Zuluaga Gómez. De la anterior dan cuenta las siguientes pruebas:

Oficio del Hospital Local San Juan de Dios, en el que se señaló que el celador que estaba de turno el día de la ocurrencia de los hechos era Aberlado Zuluaga Gómez (fl. 24, cdno. de pruebas 2).

El testimonio del señor Abelardo Zuluaga Gómez en el que reafirma que él se encontraba realizando las labores de celaduría la madrugada en la que asesinaron a Rogelio Ospina Villegas (fl. 47 y 103-108, cdno. de pruebas 3). En el mismo sentido, las declaraciones de los señores Jairo Antonio Ríos Carmona, médico que atendió al paciente, Nereida Blanco Acuña y Socorro Osorio Quintero, auxiliares de enfermería de turno (fl. 48-50, 76-77, 78-79 y 80-81, cdno. de pruebas 3).

(v) Está demostrado igualmente que el señor Rogelio Ospina Villegas fue llevado a las instalaciones del centro hospitalario por un agente de la Policía Nacional. Así consta en las siguientes pruebas:

— El informe realizado por de la Unidad Investigativa de Policía Judicial de Pensilvania-Caldas, el 2 de octubre de 1994, dirigido a la Unidad Seccional de Fiscalía del mismo municipio, en el que registró lo siguiente:

“Según manifiesta el Ag. Faber Antonio Zuleta Patiño, integrante de esta Unidad Investigativa, a eso de las 02.00 horas, momentos en que iba acompañado del joven Diego Alberto Gómez Henao, administrador de la cafetería “Café y Crema” y otros dos jóvenes y al llegar al bar “Tibiritabara”, zona de tolerancia de este municipio, fueron informados por parte de la meretriz de nombre Gladis, que le había informado una amiga de ella de nombre a mejor apododada “la mona Parra”, que en la pieza de Gladis, se encontraba refugiado un individuo apodado “Guarneco” y que este se encontraba herido, el cual momentos antes en la parte de arriba, atracó a un viejito y que le habían hecho un tiro. Ante tal información el Ag. Zuleta, se trasladó hacia dicha pieza y en efecto encontró a “Guarneco” herido, lo que motivó llevárselo, pero en el camino se encontró a los agentes de servicio Gómez Flórez Fernando y su compañero de la estación, a los cuales les informó sobre lo sucedido y dejó dicho caso en conocimiento de ellos al igual que el herido, quien fue traslado de inmediato, por parte de los anteriores agentes de servicio hacia el hospital, para que recibiera atención médica. Entre tanto el Ag. Zuleta, hacía la respetiva anotación en la minuta de guardia en la estación del citado caso...” (fl. 24-25, cdno. de pruebas 3).

— Así mismo, los testimonios del personal de turno en el Hospital San Juan de Dios también narraron que la policía llevó al herido a dicha institución. En lo pertinente, relató el celador Abelardo Zuluaga Gómez en la declaración rendida ente la Unidad Seccional de Fiscalía Número 31 de Pensilvania:

“...Eran más de las 11 de la noche cuando lo llevó el Agente Gómez al hospital a ese muchacho herido y lo llevó y lo entró a urgencias

De la presencia del agente de la Policía Nacional también dan cuenta las declaraciones del personal de la entidad hospitalaria, reseñados anteriormente.

3.2.4. Encuentra la Sala que en el sub examine se discute la responsabilidad del Hospital San Juan de Dios de Pensilvania-Caldas, por no contar con las medidas de seguridad suficientes que hubieran impedido que ingresara un sicario y asesinara al señor Rogelio Ospina Villegas.

Como se precisó anteriormente, el alcance del deber de seguridad de las entidades hospitalarias en relación con los pacientes no implica la protección frente a hechos de terceros, a menos que se evidencie una situación especial de riesgo que amerite el incremento de las medidas de seguridad, caso en el cual, dado que la seguridad está a cargo de las autoridades de policía, las entidades hospitalarias cumplirán con el deber de seguridad dando oportuno aviso a tales autoridades con el fin de que éstas adopten las medidas necesarias para garantizar la vida de los pacientes que pueda verse afectada por actos de terceros. 

En el sub lite el señor Rogelio Ospina Villegas ingresó al hospital luego de haber sido herido con un arma de fuego, sin que obren en el plenario las pruebas tendientes a demostrar que el herido estuviera en una situación inminente de peligro que justificara la implementación de medidas de seguridad para garantizar su integridad física. En efecto, cuando el señor Ospina Villegas ingresó al hospital, no puso de presente la inminencia del peligro de ser atacado en el hospital.

La auxiliar de enfermería Socorro Osorio Quintero, luego de relatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con los hechos, narró:

“Preguntada: Qué les manifestó a Uds Rogelio cuando ingresó a la sala de urgencias. Contesto: Lo único que dijo fue que lo habían herido, nosotros le preguntamos que quién y contestó que no sabía. Eso fue lo único que dijo” (fl.48, cdno. de pruebas 3).

Esta versión fue reafirmada por la señora Nereida Blanco Acuña y por el señor Jairo Antonio Ríos- Reiteraron que el paciente únicamente manifestó que lo habían herido sin dar más detalles (fl. 50 y 76-77, cdno. de pruebas 3).

Resalta la Sala, que en virtud de los dispuesto en el artículo 336 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal, norma vigente y aplicable para el momento de la ocurrencia de los hechos, el hospital estaba obligado a dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, cuando a éste ingresara una persona a la que se le hubiera ocasionado un daño en el cuerpo. No obstante, en este caso particular, el hospital demandado estaba relevado de este deber, como quiera que fue un agente de la Policía Nacional quien lo llevó a las instalaciones del centro hospitalario y por tanto esa entidad ya tenía conocimiento de la ocurrencia de los hechos. Por esta razón el hospital queda liberado de responsabilidad por los daños sufridos por el paciente como consecuencia de la actuación de un tercero y propiciados por la falta de seguridad especial, dado que una vez enteradas las autoridades de policía, cualquier decisión sobre protección especial, en caso de que así se ameritara, correspondía a la policía.

Así las cosas, se encuentra que al no haberse evidenciado por el hospital demandado alguna situación de peligro para el señor Ospina Villegas, que justificará la toma de medidas de seguridad adicionales a las corrientes y al haber estado enterada la Policía Nacional sobre las heridas ocasionadas al señor Ospina Villegas, la muerte de la víctima no le resulta imputable al hospital demandado.

3.3. La responsabilidad patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.

3.3.1. La muerte del señor Rogelio Ospina Villegas tampoco es atribuible a la Nación a través de la Policía Nacional, como quiera que no se demostró la existencia de omisión que causalmente hubiera contribuido a que terceros atacaran al paciente dentro del hospital, dado que no existía razón para brindar protección especial al paciente dentro del hospital.

En esta oportunidad se reitera la tesis expuesta por la Sala en el sentido de que tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, éstos solo son imputables al Estado cuando en la producción del hecho interviene la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección(12)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Constitución, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(13).

En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(14); b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño(15).

Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(16).

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(17), en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(18). Aunque, se destaca que esta misma corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(19)

3.3.2. En el caso concreto, está acreditado que la Policía Nacional tuvo conocimiento de que el señor Ospina Villegas ingresó herido al Hospital San Juan de Dios de Pensilvania-Caldas, puesto que fue uno de sus agentes quien lo trasladó al centro hospitalario. De lo anterior da cuenta el informe de la Unidad Investigativa de la Policía Judicial de Pensilvanía, trascrito anteriormente en el que se dejó plasmado que el agente de la Policía Fernando Gómez Flórez llevó al herido a dicho hospital, luego de que el agente Faber Antonio Zuleta se lo entregara por haberlo encontrado herido en una bar de la zona de tolerancia del municipio de Pensilvania (fl. 24-25, cdno. de pruebas 3).

Esta situación fue corroborada por el testimonio del agente de la Policía Fernando Gómez Flórez, en la declaración rendida ante la Unidad de Fiscalía de Pensilvania y en este proceso, en las que además se afirmó que el señor Ospina Villegas no solicitó protección ni dio indicios de que su vida corría peligro (fl. 77-78, cdno. de pruebas 3). Dijo el testigo:

“...No recuerdo la fecha, eso fue como a las dos de la mañana aproximadamente, me dirigí yo con un compañero donde se presumía iba a haber un bonche (sic) y antes de llegar a la zona de tolerancia, en la esquina de abajo del cuartel en la vuelta, encontramos a este muchacho Rogelio que venía como herido, venía con otros muchachos yo no se quienes serían, entonces yo le pregunté chino (sic) qué le pasa y él me respondió me dijo estoy herido, es capaz de subir hasta el cuartel para yo sacar la moto y lo llevo hasta el hospital, me dijo que si, entonces yo saqué la moto que se encontraba en el cuartel, me dirigí con él hasta el hospital para que le hicieran la curación, yo llegué al hospital, les aclaro este paciente está herido para que me haga el favor y lo atienda, me vine con el fin de buscar información y esclarecer quien fue la persona que le había propinado las heridas, cuando al momentico de haber llegado al cuartel sonó el teléfono informando del hospital el celador (sic) que yo había dejado había sido ultimado por un desconocido que entró con una capucha y que había salido.

(...).

Preguntado: Díganos si Rogelio venía con algún policía? Contesto: Me parece que venía el Ag. Zuleta.

(...).

Preguntado: Díganos si en algún momento le manifestó Rogelio como fue que sucedieron los hechos, quién fue la persona que lo lesionó? Contesto: No, no quiso comentar nada” (fl. 38, cdno. pruebas 3).

De igual forma, en la inspección judicial efectuada en el transcurso de este proceso, se revisaron los libros de la minuta de guardia y la minuta de población del Comando de Policía del municipio de Pensilvania, que dan cuenta de que agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que el señor Ospina Villegas había sido herido en la zona de tolerancia del municipio, pero tampoco dan cuenta de que se evidenciara una situación especial de peligro de la víctima (fl. 103-108, cdno. de pruebas 3).

Así las cosas, según consta en el acervo probatorio el señor Rogelio Ospina Villegas no manifestó a los agentes de la Policía Nacional sobre la existencia de algún peligro al que estuviera expuesta su integridad o su vida, pese a que se le preguntó expresamente sobre los detalles y móviles de los ocurrido para poder dar inicio a una investigación. Por lo anterior, no existía razón para que los agentes de policía proporcionaran un esquema de seguridad al herido y por tanto, al no habérsele proporcionado y dada la relatividad de la falla por omisión, mal puede concluirse tal omisión y que la misma haya contribuido causalmente al daño, situación que impide imputar responsabilidad a la demandada.

4. Condena en costas.

4.1. el tribunal condenó en costas a la parte demandante. La Sala revocará el fallo en este aspecto, por considerar que de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio(20)”. En el caso concreto, si bien no se concedieron las pretensiones formuladas por la parte demandante, ésta no incurrió en conductas dilatorias o temerarias como las señaladas, pues sin abuso del derecho trató de acreditar un hecho configurativo de responsabilidad del Estado. Asunto distinto es que a partir de la valoración de las pruebas recaudadas, se hayan negado sus pretensiones.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado porque no se demostró que el daño sufrido por los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Rogelio Ospina Villegas fuera imputable a las entidades demandadas, pero se revocará en lo relacionado con la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, Sala Décima de Decisión de Descongestión con sede en Medellín, el 17 de octubre de 2000, con excepción del numeral 2º.

2. REVÓCASE el numeral segundo de la misma sentencia.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta—Ruth Stella Correa Palacio—Danilo Rojas Betancourth.

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 1996, fuera de doble instancia era de $ 13.460.000 y la mayor de las pretensiones de las demandas asciende a la suma de $ 26.669.920 que corresponde al monto reclamado por perjuicios morales para cada uno de los demandantes.

(2) En sentencia de 27 de abril de 2006, exp. 15.352 dijo la Sala: “Al respecto, se observa que si bien es cierto el artículo 8 de la Ley 10 de 1990, por medio de la cual se reorganizó el sistema nacional de salud, le atribuyó al Ministerio de Salud la dirección del mismo, esta tarea la debe cumplir básicamente mediante la formulación de las políticas de este sector, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico y social, y la expedición de las normas científico-administrativas que serán de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el Sistema; dentro de las funciones que dicha ley le atribuyó al referido ministerio, no se halla ninguna que implique la prestación directa de servicios de salud, como sí les corresponde a otras entidades, públicas y privadas, que también hacen parte del sistema nacional de salud, cuyo objeto es precisamente el de brindar atención médica y asistencial, y a ellas les corresponde asumir la responsabilidad en la dirección y prestación de dichos servicios de salud, entidades respecto de las cuales la Nación Ministerio de Salud se limita a establecer normas, directivas, pautas, instrucciones, etc., pero no existe ningún vínculo de dependencia o subordinación administrativa entre ellas y la Nación - Ministerio de Salud, ni ésta actúa por su intermedio, en la prestación de los servicios de salud, actividad en la cual las entidades ejecutoras gozan de autonomía dentro del marco jurídico y político establecido desde el Gobierno Nacional”.

(3) Distinción hecha por BUERES, Alberto. La responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, 1ª reimpresión de la 2ª edición, Buenos Aires, 1994, p. 424, 425, citada, entre otras, en sentencia de 28 de septiembre de 2000, exp. 11.405.

(4) Ver, por ejemplo, sentencia de 11 de abril de 2002, exp. 13.227, en la cual se condenó al Hospital demandado por la muerte de un paciente, producida por las omisiones en las que incurrió el personal paramédico y administrativo del centro de salud, en cuanto no fueron cumplidas las órdenes médicas de inmovilizarlo, lo cual propició su caída, y de la administración fue ineficiente en disponer los medios necesarios para realizar el TAC posterior a dicha caída con el fin de disponer la conducta médica a seguir. También, puede verse la sentencia de 11 de noviembre de 1999, exp. 12.165, en la cual se condena a la entidad por la muerte de un recién nacido que se produjo como consecuencia del hematoma subdural en la región frontoparietal del cerebro, al resbalar en el momento del parto de la lona que cubría la camilla, sin que, además, se pudiera atender esa emergencia con el “equipo de resucitación” requerido, por hallarse bajo llave.

(5) Con desafortunada frecuencia se presentan casos relativos a la falta o mal estado de los equipos indispensables para la prestación de servicios que competen a la institución hospitalaria, se registra por ejemplo, el caso de la muerte de un recién nacido derivada del hecho de no tener en funcionamiento la planta de energía eléctrica y por lo tanto, no poder extraerle en forma inmediata el líquido amniótico que había ingerido, sentencia de 14 de julio de 2005, exp. 15.332. También, eventos en los cuales no se realizan los exámenes de diagnóstico de manera oportuna por el mal estado de los equipos, por ejemplo, ver, sentencia de 3 de mayo de 1999, exp. 11.943.

(6) Por ejemplo, en sentencia de 24 de febrero de 2005, exp. 14.170 se declaró la responsabilidad del Hospital demandado por la inadecuada atención prestada a un menor que fue llevado allí de urgencias, pero en ese momento no había médico, por lo cual fue atendido por una enfermera que le administró un medicamento, sin prescripción médica que le produjo la muerte al menor.

(7) En sentencia de 9 de marzo de 2000, exp. 12.489 se condenó a la entidad hospitalaria por la muerte de unas pacientes a quienes se suministró una droga, a pesar de que se tenía conocimiento que había presentado ya daños a pacientes de otros centros médicos de la misma institución, por no reunir las especificaciones científicas necesarias.

(8) En sentencia de 2 de octubre de 1997, exp. 11.652, se condenó a la institución hospitalaria por las lesiones que se causó a un paciente que llegó en estado de alteración mental y le produjeron como consecuencia una invalidez por plejia braquial.

(9) La Sala ha declarado la responsabilidad de las instituciones hospitalarias, por suicidios de enfermos mentales, por ejemplo, en sentencias de 11 de abril de 2002, exp. 13.122 y, o por evasión del hospital siquiátrico y su posterior muerte, en sentencia de 27 de abril de 2006, exp. 15.352.

(10) Sentencia de 28 de septiembre de 2000, exp. 11.405, en la cual se revocó la sentencia de primera instancia y se negaron las súplicas de la demanda al considerar que el hospital demandado por la muerte del paciente no tuvo conocimiento de que éste se encontrara en situación especial de peligro que la obligara a reforzar sus mecanismos de seguridad o a solicitar la protección especial de la Policía Nacional.

(11) Sobre el valor probatorio de las pruebas trasladadas, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 1998, exp. 12.124, en la cual se señaló: “Para que la prueba trasladada tenga valor en el nuevo proceso, es menester que su práctica haya estado rodeada de las formalidades propias de cada prueba y fundamentalmente, que la parte contra la cual se opone, haya tenido la oportunidad de controvertirla. Si no se ha dado cumplimiento al principio de controversia, no tiene validez dentro del proceso contencioso administrativo, dado que una prueba no se puede esgrimir válidamente en contra de quien no ha tenido la oportunidad de controvertirla (...) En relación con la prueba testimonial, se requiere la ratificación que consiste en llamar nuevamente al testigo para preguntarle si se ratifica en el contenido de lo declarado ante la otra autoridad judicial o administrativa. Cuando se trata de prueba diferente, por ejemplo de una inspección judicial, o un dictamen pericial, es menester volver a practicar la prueba; en consecuencia, aquella trasladada solo tendrá el valor de indicio. Diferente es la relación que se presenta en relación con la prueba documental y con los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en éste último, es suficiente con que el juez mediante auto que lo deje a disposición de las partes por el término de tres días, para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia”.

(12) En sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala: “Cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que puede causar o está causando daño o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó”. Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996, exp. 422 y de la Sección de 11 de diciembre de 1990, exp. 5417; 21 de marzo de 1991, exp. 5595; 19 de agosto de 1994, exp. 9276 y 8222; 13 de octubre de 1994, exp. 9557; 2 de febrero de 1995, exp. 9273; 16 de febrero de 1995, exp. 9040; 30 de marzo de 1995, exp. 9459; 27 de julio de 1995, exp. 9266; 15 de agosto de 1995, exp. 10.286; 6 de octubre de 1995, exp. 9587; 14 de marzo de 1996, exp. 11.038; 29 de marzo de 1996, exp. 10.920; y 29 de agosto de 1996, exp. 10.949, 11 de julio de 1996, exp. 10.822, 30 de octubre de 1997, exp. 10.958, entre muchas otras.

(13) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de esta Sección de 15 de febrero de 1996, exp. 9940

(14) Sentencia del 23 de mayo de 1994, exp. 7616.

(15) Sentencia de 26 de septiembre de 2002, exp. 14.122.

(16) “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de febrero de 2002, exp. 12.789.

(17) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585.

(18) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es obligado a lo imposible". Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: "Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio". (Exp. 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que "la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones", ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de derecho”.

(19) En sentencia de 14 de mayo de 1998, exp. 12.175, dijo la Sala: “...si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”.

(20) Sentencia de la Sala del 18 de febrero de 1999, exp. 10.775.