Sentencia 1996-7982 de marzo 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001233100019967982 – 01 (19.032)

Consejero ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Demandante: Mélida Isabel Narváez y otros

Demandado: Municipio de Ricaurte y otros

Bogotá, D.C., marzo veinticuatro de dos mil once.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Nariño el 4 de agosto de 2000, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La responsabilidad de las entidades de educación.

En relación con la responsabilidad de las entidades educativas, la Sala(2) ha precisado el deber de protección y cuidado que existe a cargo de las autoridades escolares respecto de sus alumnos, de tal manera que se garantice su seguridad y se vigile su comportamiento para que no sea este el causante de daños a terceros, teniendo en cuenta la tutela bajo la cual quedan comprendidos los estudiantes durante su permanencia en las instalaciones educativas o con ocasión de su participación en actividades académicas, culturales o recreativas organizadas por sus directivas dentro o fuera de las mismas; al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha dicho(3):

“2. La responsabilidad de los centros educativos frente a sus alumnos.

El artículo 2347 del Código Civil, establece que ‘toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado’.

Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.

La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no solo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por este, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no solo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente.

Sobre este tema, la doctrina ha dicho:

‘Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquel soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo’(4).

Agréguese a lo dicho que si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.

Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no solo respecto de los daños que este pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás.

El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: ‘Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho’.

Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables.

No obstante, sin consideración a la edad de los alumnos, las entidades educativas responderán por los daños que se generen como consecuencia de los riesgos que ellas mismas creen en el ejercicio de las actividades académicas, sin que le sea exigible a los alumnos y padres asumir una actitud prevenida frente a esas eventualidades, en razón de la confianza que debe animar las relaciones entre educandos, directores y docentes. Así por ejemplo, los establecimientos educativos y los docentes responderán por los daños que se cause en ejercicio de una práctica de laboratorio, cuando el profesor encargado de la clase confunda sustancias químicas y ocasione una explosión en la que muere o resulta lesionado el alumno que las manipulaba. En este caso, es evidente la responsabilidad de la institución educativa y del docente, pues es este quien posee la instrucción académica necesaria para hacer seguras dichas prácticas, sin que sea exigible a los alumnos y padres cerciorarse previamente de la corrección de tales prácticas.

En oportunidades anteriores, la Sala ha deducido la responsabilidad de los centros educativos por la falta de vigilancia sobre los alumnos, aún en la realización de actividades recreativas, cuando no se extreman las medidas de seguridad para evitar el peligro que estos puedan sufrir. No obstante, en esas decisiones se ha reconocido que, inclusive en relación con alumnos menores de edad hay lugar a analizar si su conducta contribuyó igualmente a la realización del daño, para disminuir el valor de la indemnización”.

En esta oportunidad la Sala reitera —porque ya lo ha sostenido(5)— que sobre las instituciones educativas recae la responsabilidad por los daños que sus alumnos sufran u ocasionen a terceros cuando se encuentran bajo la tutela de las directivas y docentes del establecimiento educativo, bien sea en sus propias instalaciones o por fuera de las mismas; pero al mismo tiempo se considera necesario resaltar que la justificación para la existencia de esta responsabilidad se halla en el hecho de que en los establecimientos educativos escolares, normalmente se forman y educan personas menores de edad —como en este caso— quienes por esta sola circunstancia se encuentran expuestas a muchos riesgos, toda vez que carecen de la madurez y buen criterio necesarios para regir sus actos y, en consecuencia, pueden incurrir en actuaciones temerarias, imprudentes, de las que se pueden derivar daños para sí mismos o para terceros; es por eso que el artículo 2347 del Código Civil establece que “… los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado (...)” (la Sala resalta), situación que solo puede predicarse, precisamente, de quienes efectivamente requieran de ese cuidado.

En consecuencia, el análisis de la responsabilidad de los establecimientos e instituciones educativas debe hacerse teniendo en cuenta la calidad de los educandos que hacen parte de los mismos, toda vez que no puede ser igual la relación de dependencia y subordinación que existe entre profesores adultos y alumnos menores de edad, que la existente entre personas todas mayores de edad, que se encuentran en ese proceso de aprendizaje, a nivel escolar o superior.

Así ha discurrido la Sala, al considerar que

“(...) es evidente que existen grandes diferencias entre un colegio diurno, al que asisten generalmente niños y menores de edad y un colegio nocturno, en el cual la mayoría de sus alumnos son personas adultas que generalmente durante el día se dedican a trabajar y que hacen un esfuerzo digno de reconocimiento por continuar con su proceso de formación una vez concluyen su jornada laboral, lo que evidencia sin duda un mayor grado de madurez y responsabilidad.

En consecuencia, la relación entre la respectiva institución educativa y sus alumnos tampoco puede ser considerada en igual forma como si se tratara de un colegio de niños y menores de edad, puesto que obviamente la relación con los alumnos adultos difiere bastante en uno y otro caso, así como la actuación y el comportamiento que cabe esperar de unos y otros en los diferentes ámbitos de su desarrollo personal.

Por ello, a juicio de la Sala, no resulta comparable un evento dirigido estrictamente a personas mayores, como es una fiesta nocturna con baile y licor, con cualquier otra actividad escolar que implique la participación de menores como podría ser un bingo, un ‘día de la familia’, un bazar, un paseo, una excursión, una visita de museos, etc. etc., actividades todas en las cuales corresponde a las directivas y profesores del colegio velar por la integridad y seguridad de sus alumnos, quienes todavía no están en total capacidad de comportarse y cuidarse en tal forma que puedan evitar la producción de daños a sí mismos y a terceros; y por ello, requieren del cuidado de las personas adultas —directivos y profesores— que se encuentran a cargo de los estudiantes”(6).

2. Las pruebas recaudadas en el expediente.

A continuación se describirá el material probatorio allegado al proceso y, con fundamento en el mismo, se determinará si le asiste, o no, responsabilidad patrimonial a la parte demandada por el daño que se le atribuye en la demanda, a título de falla en el servicio.

Es así cómo en el proceso se recaudaron, entre otros, los siguientes medios de prueba:

— Copia auténtica del informe del accidente de tránsito ocurrido el 5 de junio de 1996, sobre la vía “Tuquerres Tumaco - sitio San Jorge. Km. 43”, a la 1:30 p.m., según el cual resultaron muertos los menores Óscar Ferney Narváez y Leidy Yazmín Realpe Delgado y heridas otras cuatro personas sin especificación de sus identidades, a causa del volcamiento del autobús particular de placa VPI 678, marca Dodge, modelo 1970, conducido por el señor Carlos Eduardo Ponce, quien, según dicho informe, huyó del lugar de los hechos; como causas probables del accidente se anotó: “al parecer exceso de velocidad y falla mecánica” (fls. 56 7y 57, cdno. 1).

— Copia auténtica de los certificados de los registros civiles de defunción de los menores Óscar Ferney Narváez y Leidy Yazmín Realpe Delgado, quienes fallecieron el 6 de junio de 1996 (fls. 26 y 29, respectivamente).

— Copia auténtica de las actas de necropsia de los menores Óscar Ferney Narváez y Leidy Yazmín Realpe Delgado; el primero de ellos falleció por “politraumatismo en el accidente especialmente craneal y de miembro inferior derecho”; la segunda niña falleció a causa de “aplastamiento craneal, eviceración abdominal” (fls. 442 a 445, respectivamente).

— Copia autenticada del historial clínico de los menores Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano y Lady Natalia García Padilla (fls. 142 a 329, cdno. 1), quienes ingresaron al hospital San Pedro del municipio de San Juan de Pasto el día 5 de junio de 1996, remitidos por el centro de salud del municipio de Ricaurte (Nariño).

— Copia auténtica del informe policial acerca del accidente de tránsito presentado el 5 de junio de 1996, según el cual:

“(...) siendo aproximadamente las 13:30 horas, en la vía Pasto -Tumaco, sitio Monterrey, donde el vehículo tipo bus, cerrado, color verde, amarillo y blanco, servicio público, afiliado a la empresa Palmirana de Transportes Ltda., placas VPI 678 ... donde perdieron la vida los menores Óscar Checa Narváez Leidy Yazmín Realpe Delgado … resultando heridos los menores Lida Gómez ... Jaider Hugo Castro Burbano ... Daniela Garcia Rosero ... Diana Marcela Meza ... y otros menores que resultaron heridos en el mismo accidente que no fueron registrados sus datos, el bus era conducido por el señor Carlos Ponce Martínez, 20 años de edad, indocumentado ... después del accidente el conductor abandonó el vehículo y emprendió la fuga. El bus recorría las veredas Andalucía y el Guabo y viceversa, de paseo con alumnos de la escuela urbana de niñas, del municipio de Ricaurte, donde según informaciones de los mismos alumnos viajaban al parecer 50 niños, pero en el momento de presentarse el accidente al parecer viajaban un número aproximado de 10 a 15 niños. El accidente se presentó al parecer por fallas mecánicas (...)” (fl. 309, cdno. 1) (se destaca).

— Certificación emitida el 13 de febrero de 1998 por la directora de la escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte, mediante la cual consta que los menores Óscar Ferney Narváez, Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano, Leidy Yazmín Realpe Delgado y Lady Natalia García Padilla se encontraban matriculados en ese centro educativo para el año lectivo 1995-1996 y cursaban, los tres primeros estudiantes, primer grado de básica primaria; Leidy Yazmín Realpe Delgado, por su parte, cursaba tercer nivel de básica primaria y Lady Natalia García Padilla se encontraba en cuarto grado, igualmente de básica primaria (fl. 359, cdno. 1).

— Certificación emitida el 13 de febrero de 1998 por la Directora de la escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte, en la cual consta que el día 5 de junio de 1996, el plantel educativo efectuó un paseo a nivel general con destino a diversos sitios de los Municipios de Ricaurte y Mallama (Nariño), con ocasión de la celebración del día del estudiante; dentro de dicha constancia se precisó que los grados 1º, 3º y 4º de básica primaria se desplazaron hacia la vereda el Guabo en el municipio de Mallama, evento en el cual participaron los menores Óscar Ferney Narváez, Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano, Leidy Yazmín Realpe Delgado y Lady Natalia García Padilla, “bajo la responsabilidad de cada director de grupo” (fl. 360, cdno. 1).

— Copia auténtica del documento denominado “Planeamiento Institucional general de la escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte” para el año lectivo 1995-1996 (fls. 361 a 378, cdno. 1), según el cual:

“Teniendo en cuenta la evaluación institucional del año escolar 1994-1995, el contexto del municipio de Ricaurte, la comunidad educativa de la escuela urbana de niñas realiza la planeación institucional fundamentada en la filosofía, misión, manual para la convivencia y objetivos que propende el establecimiento de acuerdo a los planteamientos de los artículos 5º, 21, 23 de la ley general de educación-Ley 115 de 1994 y artículo 14 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994. Propendiendo por una educación humanística y de calidad mediante la formación integral del estudiante.

La planeación se hace a todos los niveles de la institución, enfocándose esta como un sistema abierto para asegurar que los propósitos, objetivos y metas serán conocidos y claramente entendidos por la comunidad educativa.

La programación tenida en cuenta para este año escolar se implementará de acuerdo al cronograma de actividades que ha sido plenamente concertado para obtener la excelencia anhelada.

“(...).

Planeación actividad día del estudiante.

— Celebrar el día del estudiante mediante una sana recreación, para contribuir hacia una formación integral.

— Fortalecer la integración entre docentes y estudiantes, para contribuir a una convivencia de valores.

— Dar cumplimiento a la programación de actividades según planeación institucional, para alcanzar el éxito deseado.

— Permitir el acceso al conocimiento cultural mediante el intercambio de experiencias.

Justificación:

Es costumbre en la escuela urbana de niñas celebrar el día del estudiante, ya que es un día muy importante por ser el niño el centro del proceso educativo.

Además es una gran oportunidad que tienen los educandos para recrearse, intercambiar ideas y disfrutar de un compartir en una sana convivencia fraterna”.

— Copia autenticada de las actas relacionadas con la conmemoración del día del estudiante, por parte de la escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte; Acta 3, de mayo 31 de 1996 (fls. 379 y 380, cdno. 1):

“Objetivo:

Organizar la actividad del día del estudiante, para armonizar lo planeado.

“(...).

En esta reunión se trata de dar continuidad a las reuniones de los días 13 y 22 de mayo en donde se ha venido organizando el evento del día del estudiante pero que no se ha llegado a acuerdos (...).

“(...).

Esta inquietud de reunir a todos los estudiantes de 3 centros educativos fue debatida y se concluyó que no es conveniente ya que son muchos los estudiantes y sería difícil controlarlos, por lo tanto se acuerda que la escuela urbana de niñas debe hacerlo separadamente ya que cuenta con muchos niños y que son muy inquietos.

En propuestas se considera muy pertinente hacer una próxima reunión el día 3 de junio y que cada directora de grupo traiga sus propuestas concretas para la realización del evento” (se destaca).

— Acta 4, de junio 3 de 1996:

“Objetivo:

Concertar sobre la actividad del día del estudiante, para unificar criterios sobre la organización y toma de decisiones.

“(...).

Se buscó la fecha del paseo en donde se dijo que sea un día en donde estemos todos los docentes para que haya un buen cuidado de los niños (...).

“(...).

(...) unánimemente se concluye con todos los docentes ... que el único día disponible será el día miércoles 5 de junio.

La señorita Magali Burbano pone en consideración se de a conocer el lugar que cada una había definido ir con los niños, teniendo en cuenta que sean lugares seguros en donde los educandos puedan disfrutar de ese día con gran agrado”.

(...) Toma la palabra la señorita Martha Ruano y manifiesta su deseo de ir al Guabo justificando que es un lugar seguro pues la escuela no ofrece peligros, pues los niños estarán en el patio, la escuela es cerrada, tiene portones grandes donde se evita la salida de los niños hacia la calle, es un lugar bonito, conocen otros lugares, hay integración con otros estudiantes, además el año pasado la escuela de varones de aquí de Ricaurte visitó a los estudiantes del Guabo, fueron muy bien atendidos, pues la profesora María Jiménez es muy buena. A continuación las profesoras Elsa Padilla G. y Liliana Martínez acogen la idea de la profesora Martha y deciden ir al Guabo los grados primero A, tercero A y cuarto.

“(...).

Los grupos que van a salir se comprometen a buscar el transporte, tratando que sea óptimo el servicio.

“(...).

Cada directora de grupo informará a los niños sobre lo propuesto y llevarán las notas por escrito a los padres de familia, para traer la respuesta el día martes verificando a quienes los mandan de paseo, e inclusive hacerles todas las recomendaciones” (se destaca) (fls. 381 a 383, cdno. 1).

— Testimonio de la profesora Magaly del Socorro Burbano García, directora de la escuela urbana de niñas de Ricaurte (fls. 398 a 404, cdno. 1), quien señaló:

“Dentro de los lineamientos de la administración educativa se debe hacer un planeamiento institucional para todo un año escolar, para el año 1995-1996, en las semanas comprendidas del 22 al 31 de agosto de 1995, se planeó con todos los docentes las estrategias curriculares, estrategias pedagógicas como también el cronograma de actividades que se tiene en cuenta y una de ellas ha sido tradicional en el establecimiento de celebrar el día del alumno que es propiamente a nivel de toda Colombia, el ocho de junio, pero dadas las condiciones que caía sábado entonces en planeación se acordó que fuera el viernes siete de junio. Ya llegándose el tiempo para cualquier evento o actividad que ha sido planeada, dentro de mi estilo de todos los docentes que trabajamos allí es cumplir con la otra etapa de la administración educativa como es la organización de las actividades a realizar, de esta manera durante el mes de mayo se hicieron varias reuniones para dicha organización de la actividad del día del alumno, tal es el caso de las reuniones del 13, 22 de mayo y la del 31 de mayo, donde estábamos todos los docentes, nuevamente como para mirar el lugar, determinar exactamente la fecha ... se definió que para el día lunes tres de junio cada directora de grupo diga el lugar donde quieren ir, el día que se estime conveniente, el algo para compartir con los niños, además de que esto se debe hablar con los padres de familia si están de acuerdo en mandarlos o no al paseo, porque siempre se ha hecho así, organizadamente, el día lunes nos reunimos nuevamente como se había previsto en la reunión anterior ... para el transporte de los grupos que salían asumen la responsabilidad y manifiestan que ellos buscarán el transporte; en cuanto se hace referencia al transporte se dijo que estén en buenas condiciones, y que ofrezcan seguridad y comodidad ... el día martes nos volvimos a reunir entonces la compañera Elsa Padilla manifestó que se había hablado con el señor Marceliano Romo, para que lleve a los niños que iban al Guabo, porque él tiene una camioneta, una vez lleve a los niños que iban a Coaiquer (sic), pues que había hablado con don Eduardo Ponce y él había manifestado de que el carro de ellos estaba en Palmas de Tumaco ... el día miércoles cinco de junio llegué minutos antes de las siete a la escuela ... la profesora Elsa Padilla me llama y me dijo ‘profesora Magaly, hemos visto este bus de los Ponce, pues es grande y ofrece comodidad a los niños, además el chofer dijo que estaba en buenas condiciones porque también la camioneta de don Marceliano es pequeña y tiene que hacer varios viajes porque Patricia también la ha contratado, siendo de que se ofrecía al conductor todas las garantías decidimos subirnos al carro incluso yo también decidí ir con los estudiantes del Guabo ya que era el grupo que iba más lejos, cuando llegamos al lugar llamado Anda Lucía, los grupos que iban en el carro de don Marceliano ya estaban allí, me bajé fui a buscar nuevamente a las docentes y nuevamente les volví a hacer las recomendaciones pertinentes ... cuando ya llegamos al Guabo … las profesoras nos recibieron, suspendieron clases, se les organizó el encuentro deportivo, entre los niños de Ricaurte y del Guabo, las señoras que fueron del restaurante, y otras dos docentes se estaba ayudando en la cocina y las demás estábamos ejerciendo control y vigilancia a los niños ... una vez estando ya estando los alimentos listos era más o menos las doce del día, salí, hice sentar a todos los niños en los corredores de la escuela y a los niños de primero A eran los más chiquitos los ubiqué en una mesa, también me ayudaba a servir la profesora Liliana Martínez, cuando en un momento se oía que pedían talegas, también de que querían ir a la piscina, incluso mis sobrinos porque son cinco sobrinos, aunque yo no tengo hijos, ellos estaban también en el paseo, en vista de eso les dije a mis compañeras sería como que empaquemos porque los niños están guardando los alimentos y que ellos los van a llevar los papás, cuando salí de pagar el servicio del gas y me parece que traía un talego en mis manos, cuando se me acerca Nixon Realpe, estudiante del curso cuarto hermano de la niña que falleció y Ana María Torres y me dicen ‘profesora Magaly, el carro se fue’ les digo ‘imposible, si nosotros ni aún hemos comido, apenas acabo de servir el último grupo’, cuando yo miré el carro iba unos metros recorrido, en una bajada, inmediatamente, les grité a las compañeras, el carro se ha ido, salimos como locas de allá ... cuando llegamos, veníamos corriendo y todo, cuando llegamos a la casa de Javier Álvarez, cuando me gritan ‘profesoras, que ese carro iba sin frenos y desde aquí se oía una cosa que le sonaba’ como loca corrí en búsqueda de una camioneta que estaba al lado de la escuela, le dije que por favor nos lleve que ese carro se había ido, intenté tirarme al carro que bajaba, cuando llegamos al lugar de los hechos, veía que salían los niños ... enseguida nos percatamos quiénes eran los niños que habían fallecido, eran Óscar Ferney Narváez y Leidy Jazmín Realpe ... inmediatamente la angustia de los niños que corrían para un lado y otro contraté una camioneta de mallama, reunimos a algunos de los niños que estaban allí para traerlos acá a Ricaurte, en este accidente cayeron los dos hijos de la profesora Martha Ruano, las dos sobrinas de doña Maribel Guerrero, en el caso mío los cinco sobrinos ... cuando el carro llegó a la escuela yo lo miré bien, en buenas condiciones, el vehículo prendió no más, sin necesidad de empujarlo, nos fuimos, de ida no hubo ningún problema, incluso, yo lo hice parar en Anda Lucía, allí me esperó y todo, a la ida no hubo ningún problema en absoluto, porque uno al ver notado algo, inmediatamente le hubiéramos dicho al chofer porque era la vida la que tiene que salvarse tanto de los docentes como de los niños, además uno de mecánica no sabe es nada, uno sabrá de la cuestión educativa de la mecánica desconozco totalmente ... yo vuelvo a corroborar lo que dije que de mecánica de automóviles ni de conducción, yo desconozco totalmente, pues lo que decía la mamá de Javier Álvarez, que era un tubo que iba arrastrando en el suelo, y eso es cerca a la escuela, el tubo iba sobre la carretera que iba arrastrando y haciendo un ruido horrible y que el carro iba a toda velocidad, más no sé ... Para contratar, la responsabilidad era de todo el grupo de profesoras, directamente quien contrató el carro para el Guabo fue la compañera Elsa Padilla, contrato escrito no hubo, fue verbal el valor según me informó Elsa era de treinta mil pesos y cada niño aportaba con el valor de quinientos pesos, siendo suministrados por sus padres ... Yo no conocía ni siquiera el carro, ni sabía que existía ese carro, por lo cual yo no conocía las características ... Aproximadamente Ricaurte queda a una distancia de veinticinco kilómetros de distancia del Guabo, la vía estaba pavimentada (...)”.

Declaración de la profesora Elsa Genito Padilla Guerrero (fls. 405 a 409, cdno. 1), quien sostuvo:

“(...) nosotros salimos [de la última reunión sostenida con ocasión de la celebración del día del estudiante] a buscar nuestro transporte, salimos a las doce del día, más o menos a las dos de la tarde, me fui con la compañera Liliana Martínez donde don Eduardo Ponce, a averiguarle sobre lo del carro porque ellos tenían un bus, él salió, nos atendió, nosotros le expusimos el motivo a que íbamos a su casa, nos comentó que el carro no estaba aquí en Ricaurte, que andaba por Palmas de Tumaco, que había ido a buscar cupo allá a la empresa Palmas de Tumaco, dijo que posiblemente el carro llegaría a las cinco de la tarde, en vista de que no contamos con el carro ... hablamos con don Marcelino, no recuerdo si el apellido es Romo y él nos comentó que la camioneta ya la había contratado Patricia García con otro curso, de ver que nosotros no conseguimos carro, le dijimos que luego de que hiciera el transporte a Patricia, viniera por nosotros, él nos dijo que sí podía y que lo hacía, con eso nosotras quedamos tranquilas con el transporte, cuando por la tarde el día martes, a las siete de la noche, estaba en mi casa ... en este momento llegó este joven Carlos Ponce, hijo de don Eduardo Ponce, quien dijo que el papá le había comentado que nosotros habíamos ido a la casa y que por eso iba a preguntarnos que si habíamos conseguido transporte para el paseo, yo le comenté que habíamos hablado con don Marceliano, el cual me dijo que el carro estaba en buenas condiciones, porque nosotros buscábamos la comodidad, era amplio, era cerrado más que todo, entonces yo le comenté lo de don Marceliano y me preguntó que cuánto nos cobraba, yo le dije que nos cobraba cuarenta mil pesos, le dije que por qué él no me rebajaba, que estaba caro, es así que dejó en treinta y ocho mil pesos el transporte ... Es así que al otro día yo no lo miré subir el bus, faltando un cuarto para las ocho, llegué a la escuela y la sorpresa es que el bus ya estaba estacionado, la camioneta aún estaba con el curso que iba a Ospina Pérez, o sea la camioneta de don Marceliano, les comenté a las compañeras Magaly, a Martha las que teníamos el paseo para el Guabo ... que el carro estaba disponible, que yo lo había contratado el carro y diciéndoles que el carro era cómodo para los niños, entonces las compañeras dijeron que estaba bien, nos organizamos, y salimos como a las ocho y media de la mañana ... llegamos al Guabo ... servimos de últimas la alimentación estábamos en ese momento cuando se escuchó que dijo Magaly ‘el bus se ha ido’, más sin embargo yo le dije ha de ser una broma para que nos afanemos, ya ha de regresar’, al mismo momento le digo ‘por qué es tan irresponsable de llevarse los niños’ allí una compañera del Guabo que se llama Nancy dijo ‘no será que se los llevó a nadar, porque allá abajo hay una piscina’, a lo cual nos sorprendimos y dijimos que por qué hacía eso, que nadie dio autorización para que se los lleve. Al ver esto nosotros empacamos nuestros alimentos y salimos con las cosas en la mano, las ollas en la mano, a buscarlos que a la piscina, cuando pasábamos por frente de la casa de un profesor Álvarez y miramos a unas señoras que estaban asomadas afuera de la calle, les preguntamos que dónde quedaba la piscina, ellas nos dijeron ‘vean el bus que parece que va sin frenos, va salido el cardán y allá abajo lo dejó botado’ ese fue el momento de desesperación para nosotras, nos descontrolamos, unas subían otras bajaban, gritábamos a medida que bajábamos corriendo, la gente estaba todo el mundo nos decía que el carro iba sin frenos y que los niños iban gritando, caminamos como tres kilómetros a la carrera, desesperadas, cuando de repente nos encontramos con los niños que habían salido de regreso a buscarnos y ya nos contaron que el bus se había derrumbado por acá abajo, tratábamos de hacer parar carros para bajar más pronto pero nadie nos paró, luego Magaly se fue para arriba desesperada y había buscado una camioneta y ya nos subimos y llegamos al lugar donde estaba volteado el bus, allí encontramos cantidad de gente, las autoridades de Piedra ancha habían subido, algunos niños ya los habían traído a Piedra ancha, a Ricaurte, otros a Pasto, inclusive Liliana viajó con algunos para Pasto, la sorpresa de los dos niños que estaban muertos Yazmín Realpe y Óscar Narváez, de eso para acá nos hemos visto con tantos problemas, viendo que nosotros con ninguna mala intención hemos actuado, siempre hemos sido acogidas en la escuela por nuestra responsabilidad ... en ningún momento sabía que el carro tenía problemas, aparentemente el carro se lo miraba bien, era un bus cerrado de hierro, aparentemente estaba bien y más que todo cuando fuimos a hablar con el finado Eduardo Ponce, nos dijo que el carro estaba en buenas condiciones, que inclusive lo iban a convertir en camión, el recorrido de Ricaurte al Guabo fue normal, prendió normalmente, llegó bien el carro, ahora dígame padres de familia fueron a dejar a los niños para el paseo, todos ellos miraron el bus, si hubiera estado malo se hubieran opuesto a mandar sus hijos, pero nadie dijo nada, ahora de mecánica no sabemos nada, para detectar alguna falla del carro, hemos hecho transportes hacia Ibarra por ejemplo y nunca hemos pasado por estos momentos tan duros ... yo no tengo conocimiento de las causas del accidente ... en ningún momento he escuchado o tenía conocimiento de que hubiera sufrido fallas mecánicas ... lo único que digo es que nos contó don Eduardo Ponce, que el carro estaba en buenas condiciones, aparentemente se miraba el bus que era bueno, contábamos con esa seguridad, nosotros no preguntamos qué modelo era, solamente como habíamos mirado el bus allá y uno se confía de los dueños del vehículo y del conductor, porque ellos son los que tienen que saber en qué condiciones está un carro si nosotros hubiéramos sabido que el carro estaba funcionando mal, no nos hubiéramos arriesgado, ni nuestras vidas ni la de nuestros familiares (...)”.

— Testimonio de la profesora Martha Cecilia Ruano Rosero (fls. 410 a 414, cdno. 1), quien indicó:

“El día martes cuatro de junio del noventa y seis, tuvimos la última reunión para ultimar detalles y mirar en qué vehículos nos íbamos a ir al paseo que se había programado para el día del estudiante, entonces la profesora Elsa y mi persona, hablamos con el señor Marceliano, que tiene una camioneta escalera, hablamos y le dijimos que en vista de que no habíamos hallado ningún otro vehículo, nos hiciera el favor de llevarnos hasta el Guabo, entonces yo estaba segura que nosotros íbamos a viajar en esa camioneta, entonces el día miércoles a las siete de la mañana, miramos ya los carros estacionados frente a la escuela, estaba la camioneta de don Marceliano, el bus de Carlos Ponce y un camión de don Francisco Molina, cuando estuvimos en formación de los niños llegó Elsa, y nos comentó que el joven Carlos Ponce había llegado a la siete de la noche a la casa de ella, con el fin de ponerse a las órdenes del bus, para llevar a los estudiantes al Guabo, allí en ese momento estuvieron presentes Lucy Rosero, Elsa Quispe y Gloria Flórez, que ellas estuvieron en ese momento sobre el contrato que ellos hicieron y que este joven Carlos Ponce garantizó que el bus estaba en buenas condiciones e incluso había ido hasta Palmas de Tumaco a buscar trabajo pero que después se iba a ir con el bus, así hicieron el contrato que me parece que les cobraba treinta y ocho mil pesos ... en todo caso miramos aparentemente el bus, por fuera estaba muy bien, y pensábamos que los niños iban a ir bien cómodos, que sería mejor era irnos en el bus que había contratado Elsa, entonces hicimos en la formación, las observaciones respectivas, verificamos el número de estudiantes que iban con cada profesora y subimos indicándoles a los niños sus puestos, salimos con destino al lugar o sea el Guabo, en el transcurso del camino los niños y todos íbamos muy contentos, el carro iba muy bien, y al llegar allá al Guabo, antes de bajarse los niños del bus, la señorita directora Magaly Burbano, que iba con nosotros, hizo las respectivas observaciones sobre el comportamiento y sugirió que no salieran de la escuela, en vista de que la escuela es cerrada con una reja, que todos debíamos estar adentro ... ellos [los alumnos] nos insistían de que estuviera el almuerzo rápido para bajar a nadar a la piscina que quedaba en Anda Lucía, entonces nosotros hicimos lo posible para afanar el almuerzo, una vez que había estado, les comentamos a las compañeras y ellas los organizaron a los niños ... algunos niños guardaron el seco en las talegas pensando ellos afanarse un poco más para ir a nadar a la piscina de Anda Lucía, una vez que terminamos de servir, nosotros todavía no habíamos comido, estábamos adentro y Magaly nos dijo ‘vean compañeras llevemos nuestra comida y comemos junto con los niños allá en la piscina’ cuando en momentos de segundos, cuando Magaly salió Magaly nos comenta que miró el carro que se fue con los niños, pero antes de eso un niño Nixon Realpe le dijo que el carro se había ido con los niños y que los había dejado a él y a Ana María Torres, ella Magaly dice que vio al bus ya cuando había recorrido algunos metros, que gritó al conductor pero no le escucharon ... cuando nosotros nos admiramos sinceramente, era una cosa incierta, que el bus se hubiere ido, de pronto dijimos es una broma, por allá abajo nos está esperando, además nosotros no dimos ninguna orden a los estudiantes que se subieran al bus, ni tampoco al señor conductor que se fuera, por eso era la admiración nuestra y pensábamos de pronto que este señor era un irresponsable que cómo se iba a ir con los niños y no nos avisó a nosotros. Cuando salimos nos despedimos rápidamente de los profesores y pensando que estaban esperándonos abajo, con las ollas en la mano y con los dos niños que los dejaron cuando más abajo una señora yo creo que es la mamá del profesor Javier Álvarez, nos dice ‘profesoras el bus que lleva a los niños va sin frenos’ y aquí se le cayó el cardán unos metros más abajito de la escuela del Guabo, un señor dijo que había recogido el cardán, en ese momento nos descontrolamos, no sabíamos qué hacer, yo me sentía desesperada, porque además de los estudiantes de mi curso, también iban en ese bus mis dos hijos, nos fuimos corriendo hacia abajo y colocamos la mano a los carros que bajaban pero nadie nos hacía caso, la profesora Magaly se había regresado a contratar una camioneta por acá arriba y entonces cuando habíamos corrido un kilómetro o un kilómetro y medio, encontramos a los niños que venían y los niños que estaban bien ... allí se reunieron la mayoría de los niños que habían caído en el accidente, después ya la profesora Magaly llegó en la camioneta, los subimos a los niños y llegamos al lugar donde sucedió el accidente, encontramos el carro volteado y un niño estaba al lado del bus, estaba muerto, lo mismo que la niña Jazmín Realpe (...)”.

— Testimonio de la señora Lucy del Socorro Rosero Flórez (fls. 414 y 415, cdno. 1), según el cual:

“Yo del accidente no me consta nada, lo que yo sí estuve presente es el día que se hizo la contratación del bus, el día anterior al accidente ... Carlos Ponce ofreció el bus para hacer los paseos ... Elsa dijo ‘listo yo charlo con Magaly y a las siete de la mañana nos recoge en la escuela’ ... yo en ningún momento me enteré que tenía fallas el carro, el carro nos dijo Carlos que estaba bien, de lo contrario nosotros no hubiéramos hecho contratos con él (...)”.

— Declaración de la señora Maribel del Socorro Guerrero Caicedo (fls. 415 y 416, cdno. 1), en la cual quedó consignado:

“(...) fui invitada como madre de familia y manejaba el restaurante escolar junto con doña Ernestina Beltrán ... fuimos para el Guabo, íbamos bien, cantando los niños, contentos, hasta que llegamos, nosotros, nos dedicamos a la cocina … afuera estaban las profesoras y nosotras adentro, fue la hora de servir, los hizo formar y les pasaba a cada niño su platico ... nosotras estábamos acabando de servir porque faltaban las profesoras, nosotros y otros profesores del Guabo, porque nos prestaron la cocina, en esas el niño mío se bajó del bus, porque los otros niños que querían bajar a Anda Lucía a la piscina, algunos niños estaban subidos en el bus y todavía estábamos en los quehaceres y cuñado de pronto el bus se fue, vi a Magaly que alzaba las manos, como diciendo al bus que pare, y yo pensé que el Mullo [así le decían al conductor del bus] era por hacernos una broma ... entonces una profesora dijo que por allí al lado había una piscina, que de pronto los llevó allá, entonces Magaly dijo pero cómo si no había dado autorización para salir, que cómo se los iba a llevar (...)”.

— Testimonio de la señora Solane Molina (fls. 415 a 419, cdno. 1), quien sostuvo:

“(...) yo fui como acudiente de mi hermanita, yo con todo gusto ayudé a cuidar a los niños, ya se ocuparon en hacer el almuerzo, sin embargo la profesora Magaly estaba cuidando a los niños que no salieran a la carretera ... luego a los niños les dieron el almuerzo y unos niños como que estaban ansiosos por venirse a Anda Lucía a nadar, entonces miré que algunos niños empezaron a correr al bus a subirse por ganar puesto, luego mi hermanita le dije que nos esperáramos a que suban para subirnos nosotras, pero mi hermanita se puso como a llorar, y cuando me subí ya los niños estaban casi todos, faltaban pocos niños, las profesoras también, al mirar que el bus también estaba completo, yo me imagino que Carlos Ponce pensó que las profesoras se iban a subir inmediatamente y no porque les faltaba organizar la cocina, entonces ya los niños estaban diciéndole que vámonos rápido a la piscina, le decían al chofer, el conductor dijo que todavía no, y ese día los niños insistían porque había un calor sofocante, Carlos dijo que no porque esperaba la autorización de las profesoras, entonces como el bus estaba cuadrado un poquito más arriba de la escuela, pensó Carlos cuadrarlo justamente al lado o al frente de la escuela, entonces, pues, yo me di cuenta que el carro se empezó a movilizar, no se cómo lo prendió, entonces cuando llegó frente a la escuela, el carro ya no lo pudo frenar, y entonces empezó a andar con más velocidad y empezó a andar ... yo sí me di cuenta que el bus iba mal, y como los niños iban en una algarabía impresionante, este joven se colocó tenso, nervioso y dijo ... ‘se me fueron los frenos’ pero yo ya sabía porque el carro siguió a una velocidad impresionante, parecía que el bus se iba a salir ... después de haber avanzado unos kilómetros, entonces ya se sentía debajo que un hierro iba sonando entonces eso fue impresionante, los niños se empezaron a abrazar, yo abracé a mi hermanita y a rezar, en una curva subía un carro grande, yo me imaginé que iba a chocar, el carro afortunadamente pasó por un lado y al llegar a donde fue el siniestro, el bus se volteó y se arrastró, yo sentí un golpe en la cabeza, apreté a mi hermanita, y me imaginé que era un abismo que íbamos, cuando me sentí fue apeñuzcada, unos niños encima, y no me podía levantar porque las piernas estaban ajustadas a unas tablas, después de un ratico los niños como que fueron levantándose y ya escuché a mi hermanita que me llamaba … Realmente no sé cuáles fueron las causas del accidente, porque yo no sé nada de cuestión mecánica, eso ya debe saber el conductor quien conoce su carro. La intención del conductor no era venirse sino cuadrar el carro frente a la escuela para que las profesoras pudieran subir las ollas y demás cosas que traían porque los demás niños le pedían que se viniera rápido pero él dijo que no, que esperaba la autorización de las profesoras para salir, pero las profesoras no habían dado la orden porque estaban todavía arreglando la cocina (...)”.

— Testimonio de la señora Elsa Lucía Quispe Fuertes (fls. 420 y 241, cdno. 1), quien manifestó:

“Yo lo único que sé es que la víspera del accidente, o sea el cuatro de junio del año noventa y seis, eran como las siete y media de la noche, yo fui hasta la casa de la profesora Elsa Padilla, y el señor Carlos Ponce, cuando yo llegué estaba la profesora Elsa arreglando el transporte, de un bus que manejaba Carlos Ponce, lo contrataba para un paseo de los niños de la Escuela de Niñas, donde ella trabajaba ... en ningún momento el señor Carlos Ponce manifestó que el vehículo estaba en malas condiciones (...)”.

3. Responsabilidad de la parte demandada.

En el presente caso la parte actora atribuyó la responsabilidad patrimonial a la entidad demandada por “... el hecho de que la entidad educativa contrató los servicios de transporte para los alumnos de la escuela rural mixta de niñas de Ricaurte, para el día del paseo, con conocimiento de que el vehículo en el cual se haría el transporte de personas era obsoleto y tenía graves problemas mecánicos”.

Según la parte actora las condiciones mecánicas del automotor eran conocidas por la parte contratante, puesto que el dueño del bus se habría negado inicialmente a prestar sus servicios debido a las fallas técnicas que el bien supuestamente tenía pero ante la insistencia de los miembros del plantel educativo se habría convenido el transporte de los alumnos.

También sostuvo la parte demandante que el hecho ocurrió por “... fallas mecánicas debidas al mal mantenimiento del rodante, pues se trata de un vehículo de desecho que fue adquirido a la empresa Palmiran (sic) de Transportes Ltda. El automotor adolecía de averías en el sistema de frenos y en el de encendido, pues para efectos de prenderlo era necesario hacerlo rodar por algún descenso a fin de que con el impulso se lograse obtener el encendido”.

Añadió que el bus llevaba sobrecupo y se trató de encender mediante su rodamiento por un descenso pero debido a la presión deficiente de los frenos para detener su rodaje, el conductor habría optado por pasarlo a segunda marcha y, como consecuencia de ello, el vehículo se volteó y tal hecho produjo el deceso y las lesiones de los menores antes citados.

Al respecto, recuerda la Sala que para que se configure este régimen de imputación de responsabilidad patrimonial al Estado se requiere de la comprobación de sus tres componentes básicos, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico, entendido como aquel que el afectado no está en el deber jurídico de soportar; ii) una falla del servicio propiamente dicha, que no es otra cosa que el defectuoso, tardío o inexistente cumplimiento de las funciones a cargo de la administración; y iii) la comprobación del nexo o relación de causalidad entre los dos anteriores, lo que implica acreditar que fue precisamente esa falla del servicio la que produjo el daño antijurídico.

Por su parte, la entidad demandada puede liberarse de tal responsabilidad mediante la comprobación de que actuó correcta y diligentemente, es decir que no existieron defectos en su obrar y no existió, por lo tanto, la falla del servicio que se le imputa; o porque se demuestre la ausencia de nexo causal, por existir causas extrañas tales como fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero, a los que se pueda atribuir la producción del daño.

En el presente caso se encuentra acreditado el primer elemento antes mencionado, esto es el daño antijurídico casado a los actores, puesto que se probó que como consecuencia del accidente de tránsito del bus en el cual se desplazaban parte de los alumnos de los grados 1º, 3º y 4º de primaria de la escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte (Nariño), el día 5 de junio de 1996, lastimosamente fallecieron los menores Óscar Ferney Narváez y Leidy Yazmín Realpe Delgado y también resultaron heridos los menores Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano y Lady Natalia García Padilla.

Ahora bien, ocurre que ninguno de los señalamientos hechos en la demanda, por los cuales se le imputa responsabilidad patrimonial a la parte accionada, a título de falla en el servicio, fueron acreditados en el proceso; por el contrario, todos esos señalamientos fueron desvirtuados a través de los distintos medios de acreditación allegados al expediente.

En efecto, la parte actora sostuvo que el propietario del vehículo contratado se habría negado inicialmente a prestar los servicios de transporte porque supuestamente el vehículo presentaba fallas mecánicas, pero ante la insistencia de las profesoras del plantel educativo el dueño del bien habría optado por hacerlo, a lo cual agregó entonces que por ese hecho la institución educativa habría tenido conocimiento de las irregularidades del bus, no obstante decidieron contratarlo.

Pues bien, ese primer aspecto, consistente en que el propietario del automotor se habría negado en una primera oportunidad a prestar sus servicios de transporte porque habrían existido deficiencias técnicas en el bien, constituye un señalamiento que no aparece advertido, ni por asomo, dentro de los medios de prueba allegados al proceso, puesto que lo que estos evidencian es que la razón que en su momento llevó al señor Eduardo Ponce —dueño del vehículo— a no acceder a la solicitud elevada por la profesora Elsa Padilla Guerrero consistió en que el automotor no se encontraba ese día en el municipio de Ricaurte, puesto que pretendía inscribirlo en una empresa de transporte de pasajeros en otro municipio y no porque, como lo argumenta sin sustento probatorio alguno la parte actora, presentaba fallas mecánicas; todas las testigos que conocieron de la negociación fueron contestes en señalar que el conductor del vehículo —quien después contactó personalmente a la mencionada docente para ofrecerle sus servicios— les manifestó acerca de las buenas condiciones del bien y, por ende, de su óptimo desempeño, por manera que ese primer señalamiento no solo carece de sustento probatorio sino que además fue claramente desvirtuado en el proceso.

En relación con el segundo aspecto, esto es que las supuestas averías mecánicas del automotor habrían sido conocidas por las profesoras del centro educativo, también fue contrarrestado en el proceso, dado que los diversos testimonios recepcionados dan cuenta, en forma clara y consistente, que nunca se enteraron y mucho menos se percataron de que el bus contratado estuviere afectado por irregularidades de orden técnico; es más, los hechos hablan por sí solos: el automotor no presentó deficiencia alguna durante el primer trayecto de ida hacia la vereda el Guabo, a lo cual vale la pena señalar que si las docentes del centro educativo supuestamente habrían conocido de las irregularidades que tendría el bien porque así se lo habría hecho saber el propietario del automotor, tal aspecto cae de su propio peso porque al haberse desvirtuado —como en efecto ocurrió— que el señor Ponce nunca se refirió a ello y que por el contrario el conductor del bien siempre hizo énfasis en el normal desempeño de la máquina, no existe entonces fundamento alguno para efectuar tal afirmación.

Dicho de otra manera, si el propietario del vehículo no hizo alusión alguna a la presencia de irregularidades en ese bien, porque, se reitera, la razón que lo llevó a “negar” en una primera oportunidad sus servicios radicó en el hecho de que el autobús no se encontraba en el municipio de Ricaurte, no tendrían entonces las docentes por qué tener esa idea, máxime cuando se probó que el señor Carlos Ponce, al momento de ofrecer sus servicios, tampoco mencionó un aspecto que pudiere siquiera generar dudas respecto del normal desempeño del automotor sino que, por el contrario, el bien contaba con un funcionamiento adecuado y así lo demostró su normal funcionamiento en el trayecto de ida, tal como lo señalaron las testigos de este proceso.

Lo anterior no puede —ni debe— confundirse con la presencia a posteriori de la falla mecánica que al parecer originó el trágico accidente, puesto que una situación bien distinta es que las docentes hubieren conocido desde antes la existencia de las posibles fallas en el automotor y aún así hubieren optado por contratar los servicios de transporte —aspecto que no fue probado y por demás fue desvirtuado— y otra bien distinta es que después de haberse contratado el automotor y estando en marcha, el vehículo hubiere presentado una irregularidad técnica que afectó su desempeño y que habría llevado al acaecimiento del hecho dañoso.

Debe igualmente señalarse que tampoco se acreditó en el proceso que la falla mecánica que al parecer ocasionó el accidente de tránsito habría sido consecuencia del inadecuado mantenimiento del bien y mucho menos que este tenía problemas en el encendido y que para ello resultaba necesario “hacerlo rodar por algún descenso”, pues basta con leer el material probatorio antes descrito para desestimar tales afirmaciones, dado que no existe medio de acreditación alguno que así lo determine; ni siquiera existe un informe o prueba técnica que establezca si en realidad el automotor presentó una falla mecánica y si la misma, incluso, habría sido la causa del incidente, pues las pruebas que aluden a ese aspecto consisten, por un lado, en el testimonio de la señora Solane Molina (fls. 417 a 419, cdno. 1), quien presenció en forma directa el hecho al hallarse dentro del bus en el momento del accidente y que según su relato pudo percatarse de que el vehículo habría perdido los frenos y así se lo habría corroborado el propio conductor; de otra parte, las declaraciones de las profesoras que estaban a cargo del paseo también mencionaron la supuesta pérdida de frenos por parte del bus, porque así se lo habrían manifestado otras personas —sin identificación— que al parecer presenciaron el paso del automotor momentos previos al accidente, pero no porque exista un experticio o al menos informe técnico que especifique, con claridad meridiana, que la causa del accidente habría sido una falla mecánica.

Así las cosas, no puede acogerse el señalamiento hecho en la demanda acerca de que la deficiencia técnica, en este caso la aparente pérdida de frenos, habría provenido del mantenimiento irregular del automotor, puesto que, como se dijo, si no existe prueba de orden técnico que especifique cuáles eran las condiciones mecánicas del bien, antes y después del accidente, no puede aseverarse y mucho menos concluirse que al bus no se le habría prestado la asistencia técnica necesaria y el cuidado requeridos para evitar hechos como el que lamentablemente acaeció.

En cuanto al supuesto problema de encendido, para lo cual el automotor debía hacerse “... rodar por algún descenso” para que encendiere, solo basta señalar que se trata de una imputación desprovista de todo sustento y que además se desvirtúa con el simple hecho de que el autobús inició su marcha sin problema alguno desde el municipio de Ricaurte y lo volvió a hacer más adelante, luego de que sus ocupantes, por orden de la directora de la escuela, se detuvieron en un sitio denominado Anda Lucía —donde se encontraban otros alumnos del plantel educativo que decidieron pasar el día del estudiante allí— y recobraron su camino hacia la vereda el Guabo.

Respecto del señalamiento según el cual el bus tendría sobrecupo, se trata igualmente de una afirmación que carece de solidez probatoria e incluso hasta fáctica, puesto que no existe una prueba en concreto que establezca, de una parte, cuál era la capacidad de transporte de pasajeros del automotor y, por la otra, cuántas personas exactamente se trasladaban en él, pues si bien en el informe policial elaborado con ocasión del accidente de tránsito se señala un número —que no exacto— de 50 niños, lo cierto es que esa cifra no se obtuvo de una fuente oficial sino de una aproximación que, “según informaciones de los mismos alumnos viajaban al parecer 50 niños”, (se destaca) le habría sido suministrada; en todo caso, sin total certeza de ello.

A lo anterior se adiciona, como ya se dijo, que si no existe un dato cierto acerca de la capacidad del bus para transportar pasajeros, no existe parámetro —o mejor— punto de comparación alguno para determinar la existencia de un posible exceso de pasajeros en el automotor, incluso aún si llegare a existir una información real y concreta del número de pasajeros que viajaban en el vehículo.

Por lo tanto, las imputaciones hechas en la demanda para estructurar la deprecada falla en el servicio resultaron no solo no acreditadas sino desvirtuadas en el proceso; sin embargo, la Sala estima necesario efectuar unas reflexiones adicionales encaminadas a desestimar la existencia de una falla en el servicio dentro del sub lite.

3.1. Facultad de la entidad educativa para organizar la actividad recreativa con ocasión de la celebración del día del estudiante.

La Ley 115 de 1994(7) —Ley general de educación—, vigente para la época de los hechos, prevé:

“ART. 5º—Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

“...

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre (...)” (se destaca).

“...

“ART. 21.—Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:

“...

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico (...)”.

“...

ART. 73.—Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos”.

De conformidad con la normatividad antes descrita, la comunidad educativa de la escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte (Nariño) efectuó su planeación institucional(8) para el año lectivo 1995-1996 (fls. 361 a 378, cdno. 1) y, dentro del mismo, incluyó la celebración del día del estudiante “para contribuir hacia una formación integral”, cuya finalidad se fundamentó en:

—“Fortalecer la integración entre docentes y estudiantes, para contribuir a una convivencia de Valores.

— Dar cumplimiento a la programación de actividades según planeación institucional, para alcanzar el éxito deseado.

— Permitir el acceso al conocimiento cultural mediante el intercambio de experiencias”.

Ocurre que las instituciones de educación formal(9) gozan de autonomía para organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Así lo preceptúa el artículo 77 de la mencionada Ley 115:

ART. 77.—Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional” (las negrillas son de la Sala).

Ahora bien, en relación con actividades extracurriculares de centros educativos, la Ley les otorga importancia en la medida en que las considera necesarias para una formación integral de las personas, lo cual se desprende de lo dispuesto en el artículo 204, a cuyo tenor:

ART. 204.—Educación en el ambiente. El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la sociedad.

La educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios pedagógicos diferentes a los familiares y escolares mediante la utilización del tiempo libre de los educandos.

Son objetivos de esta práctica:

a) Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad;

b) Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, apropiados a la edad de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, y

c) Propiciar las formas asociativas, para que los educandos complementen la educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos”. (negrillas y subrayas adicionales).

Así las cosas, para la Sala resulta claro que la entidad educativa estaba facultada para organizar la actividad recreativa que se llevó a cabo el día 5 de junio de 1996, sin que conste en el expediente la existencia de alguna disposición en contrario que le exigiere obtener permiso de otras autoridades para la realización del paseo programado a la escuela de la vereda el Guabo o que debiere contar con una vigilancia especial y distinta de la brindada por su propio estamento directivo y docente, hecho que de ser así, le correspondería acreditar a la parte actora.

También resulta importante destacar que dentro de la planeación de la actividad recreativa, la escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte tuvo como punto de partida la seguridad de sus alumnos y, por ende, la aminoración de riesgos frente a ellos.

Ciertamente, según el acta de mayo 31 de 1996, uno de los planteamientos que en la reunión sostenida ese día consistió en la posibilidad de que varios establecimientos educativos del sector urbano del municipio de Ricaurte se unieran para conmemorar el día del estudiante en un mismo lugar, proposición que fue considerada por quienes intervinieron en la sesión y se optó por rechazarla debido a que: “... no es conveniente ya que son muchos los estudiantes y sería difícil controlarlos”, cuestión que evidencia el propósito de menguar los riesgos a los cuales podían exponerse los alumnos.

A lo anterior se adiciona que dentro de la reunión celebrada el 3 de junio de 1996, el tema de la seguridad fue nuevamente destacado por los docentes que organizaron la actividad, puesto que convinieron que fuese un día “en donde estemos todos los docentes para que haya un buen cuidado de los niños”, de allí que se hubiere escogido la fecha de junio 5 de ese año.

En ese sentido, la directora del centro escolar efectuó la observación de que debían ser lugares seguros, pues señaló: “... se de a conocer el lugar que cada una había definido ir con los niños, teniendo en cuenta que sean lugares seguros”; fue así cómo una de las docentes planteó que fuese a la vereda el Guabo porque “es un lugar seguro pues la escuela no ofrece peligros, pues los niños estarán en el patio, la escuela es cerrada, tiene portones grandes donde se evita la salida de los niños hacia la calle”, sugerencia que fue acogida.

También debe destacarse que la propia directora del centro educativo decidió acompañar a los estudiantes de los grados 1º, 3º y 4º de primaria, dado que “era el grupo que iba más lejos” (fl. 402, cdno. 1).

Así las cosas, la Sala no encuentra irregularidad alguna en la planeación y consecución de la actividad recreativa que lamentablemente terminó en un trágico accidente, puesto que la entidad educativa contaba con el sustento legal para llevar a cabo tal actividad, la cual fue programada desde el inicio mismo del año lectivo; también fue descrita y determinada dentro del proyecto institucional de la escuela; para su ejecución se celebraron, en forma previa, varias reuniones con el fin de adoptar las decisiones a que hubiere lugar, entre ellas la escogencia del día en el cual se llevaría a cabo, con la previsión de que estuviesen presentes todos los docentes para mayor seguridad de los alumnos; el lugar de la actividad y que este fuese igualmente seguro; las autorizaciones respectivas por parte de los padres de los estudiantes; la obtención de los recursos para sufragar los costos que la celebración implicaba; las personas encargadas de contratar el servicio de transporte y de alimentación, entre otros aspectos.

3.2. Modificación de la actividad programada en el desarrollo de la misma.

Un aspecto irregular que —aunque como se expondrá más adelante no constituye la causa determinante del daño— no puede pasar inadvertido ante la Sala, consiste en la decisión que adoptaron las docentes encargadas de dirigir y controlar la actividad para dirigirse hacia un lugar que no había sido previsto, o al menos así lo advierte la realidad probatoria del proceso, como parte del desplazamiento de los alumnos, puesto que en el curso del paseo y encontrándose en la escuela de la vereda el Guabo, aproximadamente al medio día, se optó por dirigir el grupo de alumnos hacia un lugar denominado Anda Lucía, con el fin de que disfrutaren de la piscina que allí al parecer había.

Ocurre que el acervo probatorio ha sido claro en evidenciar que el lugar escogido para llevar a los alumnos de los grados 1º, 3º y 4º de primaria de la escuela de niñas del municipio de Ricaurte, de los cuales hacían parte las víctimas directas del daño, era la escuela de la vereda el Guabo (municipio de Mallama-Nariño), pues así quedó definido en el Acta 4 de junio 3 de 1996 (fls. 381 a 383, cdno. 1) y así lo ratificaron todas las personas que rindieron sus declaraciones en este proceso, por manera que no existe duda alguna en que ese era el lugar acordado para el paseo de los alumnos de esos niveles de primaria; sin embargo, como lo demuestra el testimonio de la profesora Martha Cecilia Ruano Rosero (fls. 410 a 414, cdno. 1), debido a la insistencia de los alumnos en dirigirse hacia una piscina ubicada en un lugar llamado Anda Lucía —en el cual se hallaba otro grupo de estudiantes del mismo centro educativo—, decidieron por apresurarse e incluso postergar el almuerzo de las docentes para ir hacia ese nuevo lugar; así lo expuso la docente en su declaración:

“(...) ellos [los alumnos] nos insistían de que estuviera el almuerzo rápido para bajar a nadar a la piscina que quedaba en Anda Lucía, entonces nosotros hicimos lo posible para afanar el almuerzo, una vez que había estado, les comentamos a las compañeras y ellas los organizaron a los niños ... algunos niños guardaron el seco en las talegas pensando ellos afanarse un poco más para ir a nadar a la piscina de Anda Lucía, una vez que terminamos de servir, nosotros todavía no habíamos comido, estábamos adentro y Magaly nos dijo ‘vean compañeras llevemos nuestra comida y comemos junto con los niños allá en la piscina’ (...)” (se destaca).

A juicio de la Sala, la anterior declaración resulta suficiente para concluir la intención que les asistió a las profesoras de dirigirse hacia un lugar distinto al previsto para el paseo, esto es hacia la piscina de ‘Anda Lucía’, con el propósito de que los estudiantes estuvieren allí por un tiempo, cuestión que cobra mayor sustento con la declaración de la directora del centro educativo, quien señaló “... en un momento se oía que pedían talegas, también de que querían ir a la piscina...” y en lo manifestado por la señora Solane Molina(10), quien dio cuenta del afán de algunos de los menores en desplazarse hacia ese lugar “porque había un calor sofocante”.

Al respecto, esta Subsección estima que aunque se decidió —al parecer por la insistencia de los estudiantes— por parte del personal encargado de dirigir y custodiar a los alumnos menores, en dirigirse hacia un lugar que no estaba previsto como parte de la actividad y que ello habría llevado a que gran parte de los menores se apresuraren por ocupar el vehículo automotor, lo cierto es que esa irregularidad no constituye realmente la causa eficiente del daño, comoquiera que no fue esa la razón por la cual se causó el daño antijurídico a los demandantes.

En efecto, si bien es cierto que buena parte de los menores abordaron el bus sin la presencia de las docentes —lo cual se analizará a continuación— para que fuesen transportados con destino a un lugar diferente, también lo es que ello no fue lo que provocó el hecho dañoso, puesto que así hubieren decidido retornar a su municipio de origen, no existe certeza alguna de que con tal decisión el accidente se hubiere podido evitar; el solo hecho de pretender dirigirse a un sitio antes de volver al municipio de Ricaurte, no habría modificado la suerte —o mejor— el insuceso que se presentó, por la sencilla pero suficiente razón de que el automotor habría tenido que ser igualmente utilizado para regresar a su sitio de partida o, lo que es lo mismo, nada garantizaba que por la simple intención —que no concreción— de desplazarse hacia un lugar que inicialmente no estaba previsto, el daño se hubiere podido evitar.

3.3. Inobservancia al deber de vigilancia y cuidado de los menores por parte de las docentes y la directora del plantel educativo.

Otro punto que amerita un análisis de la Sala dice relación con la obligación que les asistía a las profesoras encargadas de custodiar a los menores, la cual no fue completamente satisfecha, puesto que el solo hecho de que la mayoría de estos últimos hubieren abordado el autobús para ocupar sus posiciones —producto del afán y alegría apenas propia que en unos menores de edad genera la posibilidad de dirigirse hacia una piscina— para salir de ese lugar, evidencia un descuido por parte del personal educativo, dado que ninguna de las profesoras, incluida la directora de la escuela, se enteró de lo que en ese momento en particular estaban realizando sus pequeños alumnos, esto es subiéndose al vehículo para que los trasladasen al sitio llamado Anda Lucía.

Lo anterior constituye, sin dubitación alguna, una inobservancia al deber de cuidado y vigilancia con que procedieron en ese momento las profesoras y las demás personas encargadas de velar por la protección e integridad de los estudiantes; no obstante, al igual que como se concluyó anteriormente, esta irregularidad no constituye la causa determinante del daño.

Ciertamente, casi que de forma idéntica al análisis que se hizo en precedencia, a propósito de desestimar el ‘cambio de ruta’ como causa eficiente del hecho dañoso, la Sala considera que si hubiere existido en ese momento un control por parte de las profesoras para que los alumnos no hubieren abordado el bus sin su presencia o incluso no lo hubieren abordado en ese momento sino después, el daño igualmente no se habría podido evitar porque aún si se acogiere la primera hipótesis, consistente en que los menores ocupasen sus posiciones dentro del automotor pero esta vez con la presencia de una o varias de las docentes, ese solo hecho no modificaría el fatídico resultado, pues en este caso resulta bien importante precisar que la puesta en marcha del vehículo —y su aparente pérdida de frenos— no se produjo porque alguno de los alumnos hubiere manipulado el bus, en cuyo caso la ausencia de docentes en el mismo sí habría incidido de manera contundente y eficiente en la producción del daño; pero ello no fue así, toda vez que según el testimonio de la señora Solane Molina, el rodamiento del vehículo se produjo porque su conductor habría optado por estacionarlo frente a la escuela y esperar allí a la totalidad del personal, con la mala fortuna de que en ese momento se presentó la aparente pérdida de frenos y la consiguiente falta de control respecto del bien, hecho que, bueno es precisarlo, se habría presentado, con o sin docentes dentro del bus.

Por otra parte, si se acogiese el otro supuesto planteado, esto es que por la falta de presencia de las profesoras en el momento en que los niños empezaron a subir al bus, se hubiere denegado su acceso al mismo para disponerlo más adelante cuando todos estuvieren listos para ello, la conclusión sería igual a la que se planteó inicialmente, en el sentido de considerar que aunque no se hubiere optado por desplazarse a un lugar diferente sino que se hubiere decidido regresar —antes o después de lo previsto— al municipio de Ricaurte de manera directa, no existe elemento de convicción y de juicio alguno que garantice, de manera indefectible, que el accidente no se habría producido, puesto que, se reitera, el automotor habría tenido que utilizarse esa misma tarde por la sencilla razón de que era el único medio de transporte con el cual contaban para regresar al municipio de Ricaurte y porque —vale la pena recordar— no se probó técnicamente que lo afectaban fallas mecánicas y además había tenido un buen desempeño en el trayecto de ida.

Ahora bien, podría igualmente argumentarse que habría sido por el abordaje de los menores al bus que su conductor optó por encenderlo para estacionarlo en frente de la escuela, por manera que si se les hubiere negado el acceso a los estudiantes al vehículo en ese momento por parte de alguna(s) de las profesoras —lo cual significaría lógicamente que no habría existido descuido alguno por parte de aquellas en ese instante del paseo—, el hecho no se habría producido porque el vehículo no habría tenido que ser movilizado por su chofer; tal hipótesis daría lugar a arribar a las mismas conclusiones que se han venido exponiendo —con o sin profesoras abordo, antes o después de ese momento, para dirigirse a un lugar diferente o retornar al sitio de origen— consistentes en que el automotor igualmente habría tenido que ser puesto en marcha, incluso con un número mayor de pasajeros, sin certeza alguna de que el accidente, se insiste, se habría podido evitar.

En consecuencia, la Corporación encuentra que las irregularidades antes anotadas, aunque podrían resultan importantes en el plano de la teoría de la equivalencia de las condiciones, no se erigen —ninguna de ellas— en la causa eficiente del daño, conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño solo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata(11), sin que resulte procedente efectuar un análisis —casi que interminable— de las tantas hipótesis o supuestos que en este asunto podría generar la falta de cuidado de las docentes respecto de sus alumnos al momento de permitírseles su acceso al vehículo, puesto que, como se vio, esa inobservancia al deber de protección y cuidado que les asistía respecto de sus estudiantes, no fue la conducta directa y preponderante en la causación del daño, por cuanto este, en suma, se produjo por la concreción de un riesgo inherente al despliegue de una actividad peligrosa, por cuya realización se declarará en esta sentencia la responsabilidad patrimonial del Estado.

Así es, dado que en este caso no se probó la existencia de una falla en el servicio como causa inmediata del daño, por lo cual la Sala estima que la responsabilidad que le asiste a la parte demandada lo es a título de riesgo excepcional, derivado de la conducción de vehículos automotores, aspecto que también fue planteado en la demanda.

4. Riesgo excepcional como título jurídico —objetivo— de imputación de responsabilidad al Estado como consecuencia de la producción de daños derivados del ejercicio de actividades riesgosas.

Tiene ya bastante bien averiguado la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado que como corolario del principio general de responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por las acciones u omisiones contrarias a derecho que le sean atribuibles e incluso por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos, así como también ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se precisa del acaecimiento de falta o falla alguna en el funcionamiento del servicio para que resulte posible deducir responsabilidad a la entidad normativamente encargada de prestarlo; se trata de los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta”, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de este o la conducta —activa u omisiva— de sus agentes, se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico; son los referidos eventos, aquellos en los cuales esta Corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, entre ellos el basado en el riesgo excepcional(12).

La jurisprudencia de la Sala ha señalado que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, como lo es la conducción de automotores, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la realización del riesgo creado(13); así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que

“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(14).

En el presente caso se encuentra ampliamente probado que la institución educativa escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte contrató, por conducto de una de sus docentes delegada para tal fin, el automotor de propiedad del señor Eduardo Ponce para que trasladase a los alumnos de los grados 1º, 3º y 4º de primaria y a los coordinadores del paseo hacia la vereda el Guabo el día 5 de junio de 1996.

Por lo tanto, si bien el vehículo no era de propiedad del centro público educativo, lo cierto es que ello no impide que el presente caso se aplique el mencionado título jurídico de imputación objetiva, consistente en el riesgo excepcional, tal como lo ha sostenido esta corporación(15):

“Ha sido reiterada la tesis de la Sala, en el sentido de que en aquellos eventos en los que el daño es producido por las actividades peligrosas el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación está derivado de la realización directa de actividad que entraña peligro, de tal manera que en esos casos basta que el actor acredite, primero, la existencia del daño y segundo, que el mismo se ha generado como consecuencia de dicha actividad. En relación con lo anterior, resulta necesario señalar que la responsabilidad se estructura bajo el hecho cierto de que la actividad peligrosa —conducción de automotores— hubiere sido ejercida por cuenta de la entidad demandada aun cuando, como se analizará al momento de analizar el caso concreto, el vehículo utilizado no sea de su propiedad(16) (se deja destacado en negrillas y en subrayas).

Comoquiera que en este caso el Estado se encontraba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, esto es la conducción de vehículos y el transporte de personas en ellos, la Sala concluye que la responsabilidad predicable respecto de la parte demandada lo es a título del régimen objetivo (riesgo excepcional).

La Sala descarta en este caso la presencia de una causa extraña, mediante la cual se exima de responsabilidad la parte demandada.

El caso fortuito se desestima de entrada, por cuanto esta Sección del Consejo de Estado ha considerado de otrora que en un régimen de responsabilidad por riesgo, como es el caso de las actividades peligrosas, “... el caso fortuito, que proviene de la estructura de la actividad del demandado, que puede ser desconocido y permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño”(17). (se destaca).

Frente al hecho de un tercero, excepción que fue propuesta por el demandado Departamento de Nariño, porque según dicho ente habría sido por la conducta del chofer del vehículo que se produjo el daño, la Sala estima que tampoco está llamada a prosperar, por cuanto no se reúnen los presupuestos exigidos para su configuración.

La constitución de esta causal exige que la actuación alegada como tal sea exclusiva y determinante en la producción del daño y que además resulte imprevisible e irresistible para la administración, para lo cual debe acreditarse que el tercero participó de forma preponderante y exclusiva en la realización del injusto. Así, de probarse cada uno de estos elementos, deberá absolverse al demandado e imputarse el daño al tercero(18).

En este asunto, al conductor del automotor no se le puede considerar como un tercero, puesto que si bien el vehículo por él conducido era particular, lo cierto es que al estar al servicio de la institución pública educativa en ese momento, su guarda fue asumida por el centro colegial(19) y, por consiguiente, el señor Carlos Ponce, quien conducía el bus, quedó integrado a la actividad desplegada el día de los hechos por la escuela urbana de niñas del municipio de Ricaurte (Nariño).

La anterior consideración resulta suficiente para desestimar esa misma causal de exoneración de responsabilidad formulada por la Nación, la cual, aunque no mencionó en forma expresa que proponía el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, sí lo incluyó entre su argumentación porque sostuvo que la responsabilidad recaía sobre el conductor del vehículo, dado que este habría optado por irse del lugar sin autorización alguna; sin embargo, nada obsta para agregar que los señalamientos que en tal sentido realizaron las profesoras y una de las madres de familia que estaban en la escuela del Guabo resultaron desvirtuados con la declaración de la señora Solane Molina, quien conoció en forma directa la razón por la cual el señor Ponce habría encendido el automotor, consistente en aproximarlo a la entrada de la escuela para esperar a la totalidad del personal y no porque, con base en simples conjeturas de las docentes, se quisiere ir del lugar sin la debida autorización y sin el resto de las personas que allí se encontraban.

Y en cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, la Sala ha considerado que “... inclusive en relación con alumnos menores de edad hay lugar a analizar si su conducta contribuyó igualmente a la realización del daño, para disminuir el valor de la indemnización”(20); sin embargo, en este caso resulta completamente claro que la actividad de los menores ni siquiera incidió en el daño a ellos irrogados.

5. Entidad encargada de responder por los perjuicios causados a los demandantes.

La razón que llevó al tribunal de primera instancia a denegar las súplicas de la demanda consistió en que no era posible “establecer cuál de los entes estatales demandado, esto es la Nación-Ministerio de Educación, el departamento de Nariño o el municipio de Ricaurte-Nariño, es el obligado a indemnizar los perjuicios derivados del daño antijurídico referido...”; la Sala estima, sin embargo, que la entidad llamada a responder por los daños causados a los actores es el municipio de Ricaurte, pues de conformidad con la certificación emitida por el jefe de división de planeación educativa de la Gobernación de Nariño, la “propiedad jurídica” de la escuela urbana de niñas de Ricaurte, con código Dane 15261200047, es “oficial - municipal”, en zona urbana (fl. 437, cdno. 1), y según la certificación emitida por el alcalde (e) del municipio de Ricaurte, a partir del mes de julio de 1997, la mencionada escuela quedó a cargo de la secretaría de educación y cultura del departamento de Nariño (fl. 441, cdno. 1), cuestión que impone concluir que para la época de la hechos —junio de 1996— el establecimiento educativo pertenecía al municipio demandado y, por consiguiente, es este el llamado a responder por los daños irrogados al grupo demandante.

Por lo anterior también se desvirtúa lo dicho por el departamento de Nariño en su contestación de la demanda acerca de que la escuela urbana de niñas de Ricaurte pertenecía a la Nación, puesto que ello va en contra de la propia certificación emitida por su jefatura de división de planeación educativa.

6. Vinculación del municipio de Ricaurte al presente proceso.

Una vez definida la responsabilidad de la parte demandada y en particular del mencionado municipio, la Sala debe referirse a un aspecto de gran relevancia, consistente en la vinculación —mediante la respectiva notificación del auto admisorio de la demanda al señor alcalde de la época del ente territorial accionado— del municipio de Ricaurte a este litigio, cuestión que quedó postergada a este momento porque su análisis estaba supeditado a la determinación de si le asistía, o no, responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes.

Según se dejó indicado en la parte de los antecedentes de este proveído, el municipio de Ricaurte, pese a estar notificado del auto admisorio de la demanda, no dio contestación a la misma y tampoco llevó a cabo actuación o intervención procesal alguna a lo largo de todo el proceso, omisión que se fundamentó en la tal vez convicción —errada— de los funcionarios o autoridades locales de que dicho municipio no habría sido vinculado formalmente al proceso, por cuanto el señor alcalde de ese entonces manifestó su “impedimento” para actuar dentro del mismo, por pertenecer a uno de los grupos familiares que aquí demandaron la responsabilidad patrimonial del Estado.

Ocurre que una vez el apoderado de los demandantes sufragó el valor de las expensas del proceso (fls. 72 y 73, cdno. 1), se libró el oficio y el despacho comisorio respectivo (fl. 75, cdno. 1) para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4º del auto admisorio de la demanda (fl. 63, cdno. 1), esto es notificar al señor alcalde del municipio de Ricaurte, para cuto efecto se comisionó al Juez Promiscuo Municipal de esa localidad; dentro de la respectiva acta de notificación personal del entonces alcalde municipal de Ricaurte, fechada el 4 de junio de 1997 (fl. 81, cdno. 1), se consignó:

“(...) se hace presente ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ricaurte, el señor Carlos Olmedo Castro, identificado con la cédula de ciudadanía 12.904.988 expedida en Tumaco, en su condición de alcalde municipal de Ricaurte, a quien le notifico personalmente el contenido del auto de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete (sic)(21), proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro de la demanda propuesta por la señora: Mélida Isabel Narváez, radicada bajo el Nº 7982, mediante el cual se admite la demanda presentada por el doctor Jesús Villota Paredes en su condición de apoderado de la nombrada demandante y de Otros. En este estado de la diligencia, el compareciente manifiesta: ‘Enterado del auto de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete (sic), atentamente me permito manifestar que soy parte del proceso en mi calidad de demandante dentro del grupo cuarto familiar en compañía de mi esposa Luz Marina de Castro y que por ser en la actualidad alcalde municipal de Ricaurte, me declaro impedido para que el honorable Tribunal Administrativo de Nariño, proceda a la solicitud para que solicite al señor gobernador el nombramiento de un alcalde ad hoc para este proceso’” (se destaca).

Debido a que la parte actora adicionó la demanda, se dispuso nuevamente la notificación personal de dicho funcionario municipal respecto de la adición del libelo demandatorio (fl. 106, cdno. 1), diligencia que se surtió el día 3 de septiembre de 1997 (fl. 117, cdno. 1); en el acta respectiva se registró:

“(...) comparece al despacho del Juzgado, el señor Carlos Olmedo Castro, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 12.904.988 de Tumaco, a quien le notifico el contenido del auto admisorio de la demanda(22) fechado el tres de julio del año en curso, dictado dentro del proceso 7982, propuesto por Isabel Narváez y Otros, le corro traslado de la demanda y sus anexos para que la conteste en el término legal. En este estado de la diligencia el compareciente manifiesta: ‘Señora secretaria quiero manifestar que de la demanda principal no me notifiqué como alcalde municipal de Ricaurte, en consideración a que soy demandante en este proceso, en consecuencia con los mismos argumentos no acepto la notificación (...)”.

La anterior situación no fue objeto de pronunciamiento alguno por parte del tribunal a quo, el cual, mediante auto de 3 de diciembre de 1997, continuó con el trámite del proceso, sin que el municipio de Ricaurte hubiere intervenido dentro del mismo, puesto que no contestó la demanda, no alegó de conclusión y tampoco realizó actuación procesal alguna.

A juicio de la Sala, la notificación personal y, por ende, la vinculación al proceso del municipio de Ricaurte sí se surtió, no obstante la manifestación del ‘impedimento’ que realizó el representante legal de ese ente territorial.

En efecto, según se desprende del acta que se dejó sentada con ocasión de la surtida notificación personal del auto admisorio de la demanda, el señor Carlos Olmedo Castro, demandante en este proceso y entonces alcalde municipal de Ricaurte, fue formalmente notificado de esa decisión, tal como se indicó de manera clara y expresa dentro de la diligencia “le notifico personalmente el contenido del auto de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete (sic)” e incluso así lo aceptó el propio funcionario notificado al expresar: “‘Enterado del auto de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete (sic)”, quien además suscribió, con su puño y letra, la respectiva acta de notificación (fl. 81, cdno. 1).

La Sala reitera que la finalidad de la notificación personal del auto de admisión de la demanda “... es enterar al demandado de la existencia del proceso que se sigue en su contra con el fin de que pueda asumir su defensa [propósito que] se logra con la notificación personal del auto admisorio de la demanda, actuación con lo cual se traba la relación jurídico - procesal juez - demandado, demandante - demandado”(23), por manera que si la parte contra quien se dirigió la acción o su representante, en este caso el alcalde del ente accionado, consideró que le asistía un posible conflicto de intereses o un impedimento que le impedía intervenir dentro del asunto, ello debió ser objeto del procedimiento administrativo correspondiente con el fin de superar o corregir tal situación, pero no por ello rehusarse a la notificación, ni alegar la ausencia de la misma más adelante y de paso dejar a la administración local sin defensa alguna, cuando lo cierto es que la parte demandada —municipio de Ricaurte— conoció, formal y legalmente, de la demanda interpuesta en su contra, por conducto de su representante legal.

Lo que realmente importa ahora es dejar claro que dicho municipio sí quedó notificado porque así lo fue su representante legal, mediante el procedimiento previsto en la ley para tal fin, de modo que lo procedente era entonces que dicho servidor público adelantare las gestiones administrativas —no judiciales— para relevarse de la representación del ente territorial dentro de este asunto en particular y no pretender —como lo hizo al momento en el que le notificaron la adición de la demanda— que se le tuviere por no notificado y vinculado cuando tal actuación había sido válidamente surtida.

Al respecto debe precisarse que lo que desestima la Sala en esta oportunidad no es el hecho de que el señor Carlos Olmedo Castro, en su condición de representante legal del ente demandado, hubiere manifestado lo que en su entender constituía un impedimento; por el contrario, esa conducta devela una acción transparente del funcionario, sin embargo, lo que sucede es que por configurar un hecho completamente claro la notificación que frente a él se hizo del auto que admitió la demanda y, por ende, la vinculación formal al proceso de la entidad demandada, esta no ejerció actuación alguna dentro del litigo en pro de la defensa de sus intereses a pesar de que el municipio demandado sí fue vinculado al proceso.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales derivados de la muerte de los menores Óscar Ferney Narváez y Leidy Yazmín Realpe Delgado.

Por la muerte del menor Óscar Ferney Narváez demandaron la señora Mélida Isabel Narváez Portillo, el señor Manuel Mesías Narváez y la señora María Mélida Portillo (primer grupo familiar). Por el lamentable deceso de la menor Leidy Yazmín Realpe Delgado ejercieron la acción: Nelson Realpe López, María Helena Delgado Santander, David Realpe Ojeda, Licenia López, Juan Evangelista Delgado, Zoila Santander de Delgado y Nixon Fredy Realpe Delgado (segundo grupo familiar).

Respecto del primer grupo familiar que demandó por la muerte del menor Óscar Ferney Narváez Portillo, integrado por su madre y abuelos maternos, se allegaron las siguientes pruebas documentales: i) copia auténtica del registro civil de nacimiento del menor fallecido (fl. 27, cdno. 1), en el cual consta que su madre es la señora Mélida Isabel Narváez Portillo y ii) copia auténtica del registro civil de nacimiento de esta última persona (fl. 28, cdno. 1), en el cual aparece consignado que es hija de los señores Manuel Mesías Narváez y María Mélida Portillo.

Por consiguiente, se encuentra acreditado el parentesco de estos tres actores para con la víctima directa, en sus condiciones de madre y abuelos maternos, respectivamente, razón por la cual no solo cuentan con legitimación en la causa por activa sino que también son beneficiarios de la indemnización —a título de perjuicios morales— por la muerte del menor Óscar Ferney Narváez Portillo.

Frente al segundo grupo familiar que demandó por la muerte de la menor Leidy Yazmín Realpe Delgado, integrado por sus padres, hermano y abuelos, se allegaron las siguientes pruebas documentales: i) copia auténtica del registro civil de nacimiento de la menor víctima (fl. 30, cdno. 1), en el cual consta que sus padres son los señores Nelson Realpe López y María Helena Delgado Santander; ii) copia auténtica del registro civil de nacimiento de Nixon Fredy Realpe Delgado (fl. 31, cdno. 1), el cual acredita que es hermano de la víctima; iii) certificado del registro civil de nacimiento del señor Nelson Realpe López (fl. 32, cdno. 1), en el cual consta que es hija de los señores David Realpe Ojeda y Licenia López y iv) certificado del registro civil de nacimiento de la señora María Helena Delgado Santander (fl. 33, cdno. 1), en el cual aparece consignado el nombre de los señores Juan Evangelista Delgado y Zoila Santander De Delgado.

Por lo tanto, se encuentra acreditado el parentesco de los actores para con la víctima directa, en sus condiciones de padres, hermano y abuelos, respectivamente, razón por la cual cuentan con legitimación en la causa por activa y también resultan beneficiarios de la indemnización que por perjuicios morales se decretará en esta instancia por la muerte de la menor Leidy Yazmín Realpe Delgado.

En relación con el perjuicio moral padecido por los demandantes que integran los dos primeros grupos familiares, la prueba del parentesco para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que la muerte de su hijo, hermano y nieto les debió causar un profundo dolor moral, el cual será reconocido, así:

A favor de los señores Mélida Isabel Narváez Portillo, Nelson Realpe López y María Helena Delgado Santander (padres de las víctimas directas), una suma equivalente a cien (100) SMLMV, para cada uno;

A favor de Nixon Fredy Realpe Delgado (hermano de la menor Leidy Yazmín Realpe Delgado), una suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV;

A favor de los señores Manuel Mesías Narváez, María Mélida Portillo, David Realpe Ojeda, Licenia López, Juan Evangelista Delgado y Zoila Santander de Delgado (abuelos de las víctimas), una suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV, para cada uno, pues como lo ha sostenido la Sala(24), según las reglas de la experiencia “la pérdida de un nieto produce en los abuelos un gran dolor no solo por la tristeza que experimentan sus propios hijos, sino por la frustración de la expectativa frente a ese nuevo ser que es su descendencia”.

7.2. Perjuicios morales derivados de las lesiones causadas a los menores Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano y Lady Natalia García Padilla.

En cuanto a los daños causados por las lesiones que sufre una persona, la Sala reitera que estas dan lugar a la indemnización de perjuicios morales, no obstante que su tasación dependa, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. Es por ello que en algunas ocasiones, las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales se definirá en cada caso, por el juez, proporcionalmente al daño sufrido(25).

Es lo común, lo esperable y comprensible que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima(26).

En este caso se probó que los menores Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano y Lady Natalia García Padilla sufrieron lesiones físicas como consecuencia del accidente de tránsito del vehículo en el cual se desplazaban el 6 de junio de 1995, tal como lo evidencian las respectivas historias clínicas 196855, 196820 y 196822, respectivamente, remitidas al proceso por el Hospital San Pedro del Municipio de San Juan de Pasto (fls. 142 a 329, cdno. 1), historiales médicos que fueron analizados y resumidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Seccional Nariño, en los siguientes términos:

En relación con la menor Lady Natalia García Padilla, la valoración médico legal efectuada el 10 de julio de 1996 (fl. 139, cdno. 1), determinó:

“(...) se encuentra recluida en el Hospital San Pedro, estudiamos la historia clínica 196822 en la cual se describe que ingresó en junio 5 de 1996, después de sufrir accidente de tránsito, se hace diagnóstico de trauma de la mano izquierda, con pérdida de tejidos, se practicaron curaciones y debridamiento.

En el momento del examen se aprecia un vendaje de gasa que cubre la mano y antebrazo izquierdo a manera de protección de la lesión descrita.

Lesión producida por mecanismo contundente.

Se fija incapacidad médico legal provisional por cincuenta (50) días (...)”.

Respecto del menor Hayder Hugo Castro Burbano, dentro de la valoración médico legal efectuada el 10 de julio de 1996 (fl. 140, cdno. 1), se señaló:

“Estudiamos la historia clínica 196820 en la cual se describe que ingresó el 5 de junio de 1996, después de sufrir accidente de tránsito, se hace diagnóstico de amputación del antebrazo izquierdo, contusión cerebral, fractura de codo derecho (olecranon).

Le fue practicada remodelación del muñón y reducción de la fractura del codo.

En el momento del examen se aprecia amputación del miembro superior izquierdo por encima del codo, cubierto por gasa, férula de yeso y vendaje de gasa que cubre el miembro superior derecho, laceraciones cicatrizadas en región frontal izquierda.

Lesiones producidas por mecanismo contundente.

Se fija incapacidad médico legal provisional por cincuenta (50) días ... se establece desde ya como secuela una deformidad física y perturbación funcional del órgano de la presión de carácter permanente” (se destaca).

Posteriormente, en el año 1998, el menor Hayder Hugo Castro Burbano fue sujeto de una nueva valoración médico legal (fls. 427 y 428, cdno. 1), por parte del referido Instituto, en la cual se dictaminó:

“(...) presenta cicatriz hipertrófica, hipercrómica, ostensible de 2 cm de larga, que compromete desde el codo derecho en un área de 6 cm, la cara posterior del antebrazo derecho en un área de 4 cm, hasta el borde medial de la muñeca derecha. Anquilosis de la articulación interfalángica proximal del quinto dedo de la mano derecha.

Amputación del miembro superior izquierdo a nivel del tercio superior, con cicatriz queloide de 8x3 cm, irregular, ostensible, en la cara antero-lateral de todo el muñón, desde la cara anterior del hombro izquierdo.

Dos cicatrices hipertróficas, hipercrómicas, ostensibles de 2x1 cm, y 4x1 cm, localizada en la región frontal media y supraciliar izquierda, respectivamente. Cicatriz hipertrófica, ostensible, rectangular de 16x4 cm, en la cara antero-lateral del muslo derecho.

La deambulación normal.

Con base en lo anterior, se establece que las lesiones ameritan una incapacidad médico legal de noventa (90) días, dejando como secuelas una deformidad física que afecta el rostro, una perturbación funcional del órgano de la presión y una perturbación psíquica todas de carácter permanente. Presenta además una pérdida anatómica del miembro superior izquierdo que conlleva una pérdida funcional del mismo miembro.

Valoracion de la incapacidad laboral:

Deficiencia combinada: 50%

Dada por amputación del miembro superior izquierdo por encima de la inserción del músculo deltoideo y por las características faciales y corporales descritas.

Discapacidad: 9.8%

Dada por la discapacidad de la conducta (0.6%), de la comunicación (0.4%), del cuidado personal (1.2%), de la disposición del cuerpo (1%), de la destreza (1.4%), de una determinada aptitud (2%), nivel complementario de gravedad (1.2%), nivel complementario de pronóstico (2%).

Minusvalía: 20.5%

Dada por minusvalía de independencia física (1%), de movilidad (1%), ocupacional (9%), de integración social (2%), de autosuficiencia económica (2.5%), en función de la edad (5%).

Conclusión: ... el menor Hayder Hugo Castro Burbano, presenta una disminución de su capacidad laboral del 80.3% (ochenta coma tres por ciento) catalogada como Iinvalidez” (destaca la Sala).

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra probado el perjuicio moral padecido por los demandantes Hayder Hugo Castro Burbano y Lady Natalia García Padilla y, en consecuencia, se les reconocerá los siguientes montos: a favor de Lady Natalia García Padilla, un monto equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a favor del menor Hayder Hugo Castro Burbano, un monto equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7.2.1. Perspectiva de género.

En relación con la joven Leidy Jurany Rivera, la respectiva valoración médico legista a ella practicada el 18 de julio de 1996 (fl. 141, cdno. 1), arrojó el siguiente resultado:

“(...) presenta cicatriz reciente en dorso y región lateral del brazo izquierdo, en toda su extensión. Otra cicatriz sobreinfectada de 1 cm de diámetro en tercio distal de brazo izquierdo (...).

“...

Deja como secuela una deformidad física de carácter permanente”.

Como se desprende del anterior dictamen médico, la demandante, por cuenta de la lesión sufrida en su brazo izquierdo, quedó con una deformidad física de carácter permanente y una cicatriz en la región lateral de dicho brazo “en toda su extensión”, cuestión que le impone a la Sala analizar el presente bajo la perspectiva de género, pues las lesiones y cicatrices padecidas por la joven Leidy Jurany Rivera causaron un deterioro en su integridad física y estética, las cuales repercuten, sin duda, en su autoestima, tal como lo ha sostenido la Sala(27):

“... resulta indiscutible que la sociedad actual a impuesto unos parámetros de belleza para el género femenino, bajo los cuales una mujer con defectos físicos tales como cicatrices o problemas en la movilidad (cojera), tal y como lo presentan las demandantes, resulta objeto de críticas y/o de rechazo por parte de la comunidad, la cual exige cada vez más al género femenino mantener una imagen armoniosa y delicada”.

La anterior consideración no significa un trato desigual para con el hombre, sino el reconocer la condición de mujer de acuerdo con las exigencias que por razones histórico-sociales se han constituido para su propia estética y de la magnitud de las consecuencias que para ella implica sufrir una lesión que afecte su belleza y su feminidad, las cuales según se indicó afectan directamente su autoestima y, por resultar permanentes, alteran de forma grave sus condiciones de existencia”.

De conformidad con lo anterior, se le reconocerá a la demandante Leidy Jurany Rivera, un monto equivalente a setenta (70) SMLMV, por concepto de perjuicios morales.

Ahora bien, por las lesiones de la menor Leidy Jurany Rivera demandó el tercer grupo familiar, integrado por quienes dicen ser su madre y hermanos; sin embargo, al proceso no se aportó el respectivo certificado o registro civil de nacimiento de la víctima directa y, por consiguiente, no se encuentra acreditado el parentesco de los mencionados demandantes para con la joven Leidy Jurany Rivera.

En efecto, brilla por su ausencia en el expediente el registro civil de nacimiento de la menor Leidy Jurany Rivera, pues solo se aportaron las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Danna Rosmery Rivera, Gema Vanesa Rivera y Jesús Esteban Rivera (fls. 34, 35 y 36, cdno. 1), documentos en los cuales consta que son hijos de la también demandante Lida Maribel Rivera Morán, pero en modo alguno que son hermanos de la lesionada y mucho menos de que la mencionada señora sea la madre de Leidy Jurany Rivera.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido(28):

“Ahora bien, con el fin de acreditar el vínculo familiar existente entre el señor Juan Carlos Hidalgo Ariza y sus padres, Reyes Hidalgo y Ana Elvia Ariza, se aportó el registro de bautizo del señor Hidalgo y la partida de matrimonio de quien dicen ser sus padres (Exp. 15.922, fls. 3-4, cdno. 2,), sin embargo, dichas pruebas no resultan procedentes para establecer el parentesco puesto que con la entrada en vigencia del Decreto 1260 de 1970(29) la única prueba válida para acreditar la filiación es el registro civil de nacimiento. En este caso, dado que el señor Hidalgo nació con posterioridad a la expedición de dicha legislación debe decirse que la partida de bautismo no constituye un medio idóneo para acreditar quiénes son sus padres; en consecuencia, la no acreditación del parentesco torna imposible inferir, aplicando las reglas de la experiencia, el sufrimiento de los demandantes por razón de la detención injusta de la libertad de que fue objeto el señor Juan Carlos Hidalgo Ariza. La sola circunstancia de que en la providencia mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento se hubiere hecho mención a que el señor Hidalgo era hijo de los señores Reyes y Ana Elvia, en tanto no constituye prueba del parentesco y no da cuenta del perjuicio moral que los hechos de la demanda causaron en ellos, no es relevante para efectos de reconocer a su favor una condena de tipo patrimonial ni para tenerlos como terceros damnificados puesto que, se reitera, no se allegó prueba alguna que permita tener por cierto el padecimiento sufrido por ellos con ocasión de los hechos imputables a la administración.

Así las cosas, la Sala modificará la decisión del tribunal en cuanto reconoció en su favor una indemnización por concepto de perjuicios morales y en su lugar negará las súplicas formuladas a favor de los referidos demandantes” (se destaca).

Dado que los demandantes Lida Maribel Rivera Morán, Danna Rosmery Rivera, Gema Vanesa Rivera y Jesús Esteban Rivera no acreditaron su parentesco para con la víctima directa del daño, en su condición de madre y hermanos respectivamente, la Sala no accederá a indemnización alguna a su favor.

Respecto del cuarto grupo familiar, el cual demandó por las lesiones causadas a Hayder Hugo Castro Burbano, integrado por quienes demostraron ser sus padres, hermanos y su abuela paterna, se allegaron las siguientes pruebas documentales: i) copia auténtica del registro civil de nacimiento del menor víctima (fl. 37 c 1), en el cual consta que sus padres son Carlos Olmedo Castro y Luz Marina Burbano García; ii) certificado de los registros civiles de nacimiento de Carlos Alexander y Javier Hernando Castro Burbano (fls. 38 y 39, cdno. 1), lo cual demuestra su condición de hermanos de la víctima directa; iii) copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Carlos Olmedo Castro (fl. 40, cdno. 1), en el cual aparece consignado que es hijo de la señora Carmela Castro Morán.

Frente al quinto y último grupo familiar, el cual demandó por las lesiones causadas a Lady Natalia García Padilla, integrado por quienes acreditaron ser sus padres y hermanos, se allegaron las siguientes pruebas documentales: i) copia auténtica del registro civil de nacimiento de la menor víctima (fl. 43, cdno. 1), en el cual consta que sus padres son los señores Ramiro Mauricio García García e Ivonne Mercedes Padilla Morán; ii) copia autenticada de los registros civiles de nacimiento de Cristian Camilo García Padilla y Ferney Arley García Padilla (fls. 44 y 45), documentos que acreditan su calidad de hermanos de la víctima directa.

Las anteriores pruebas documentales resultan suficientes para tener por configurado el perjuicio moral frente a los demás actores, pues en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir que el inesperado accidente que sufrieron Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano y Lady Natalia García Padilla les debió causar un dolor moral, el cual será reconocido de la siguiente manera:

A favor de la señora Lida Maribel Rivera Morán (madre de Leidy Jurany Rivera), una suma equivalente a quince (15) SMLMV, y a favor de Danna Rosmery Rivera, Gema Vanesa Rivera y Jesús Esteban Rivera, hermanos de la víctima directa, una suma equivalente a cinco (5) SMLMV, para cada uno (tercer grupo familiar).

A favor de los señores Carlos Olmedo Castro y Luz Marina Burbano García (padres de Hayder Hugo Castro Burbano), la suma equivalente a noventa (90) SMLMV, para cada uno; a favor de Carlos Alexander y Javier Hernando Castro Burbano (hermanos de la víctima directa), la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV, para cada uno y a favor de la señora Carmela Castro Morán (abuela paterna del menor), la suma equivalente a cuarenta (40) SMLMV (cuarto grupo demandante).

A favor de los señores Ramiro Mauricio García García e Ivonne Mercedes Padilla Morán (padres de la menor Lady Natalia García Padilla), la suma equivalente a veinte (20) SMLMV, para cada uno; a favor de Ferney Arley García Padilla y Cristian Camilo García Padilla (hermanos de la víctima directa), la suma equivalente a diez (10) SMLMV, para cada uno (quinto grupo demandante).

Finalmente, en relación con los demandantes Francelina Imelda Morán y Luis Alberto Rivera, quienes forman parte de este tercer grupo de actores, Segundo Senón Burbano Rosero —quien pertenece al cuarto grupo de demandantes— e Isabel Flórez de Orsero, perteneciente al quinto grupo familiar de accionantes, la Sala advierte que no obra en el proceso medio de acreditación alguno que permita determinar cuál habría sido su parentesco para con los menores Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano y Lady Natalia García Padilla, respectivamente y mucho menos lo hay acerca del interés que les habría asistido en este proceso por las lesiones a ellos causadas.

En consecuencia, los mencionados demandantes no acreditaron su legitimación en la causa por activa dentro del presente litigio y, por lo mismo, no serán beneficiarios de indemnización alguna dentro de este proveído.

8. Perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia.

Dentro de la demanda se solicitó el reconocimiento del perjuicio denominado ‘perjuicio fisiológico’, en el monto equivalente a 1.000 gramos de oro a favor de Heyder Hugo Castro Burbano, por “... la amputación del antebrazo izquierdo”.

En relación con la anterior pretensión, la Sala estima necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000, Expediente 11.842, se reformuló dicho concepto por el de daño a la vida de relación. Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(30), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia.

El Consejo de Estado ha considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a aquella que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran las condiciones habituales o de existencia de las personas(31).

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso en algunos casos puntuales puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en su ámbito placentero o de otra índole.

En el presente asunto resulta más que evidente que la víctima sufrió tanto un daño moral como una alteración grave a las condiciones de existencia; las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y se refieren, especialmente, a la preocupación y a la angustia que le produjo la gravedad de la lesión, pero además resulta incuestionable que el demandante se vio afectado como consecuencia de la lesión y, por ende, una alteración a su integridad física, la cual repercutirá directamente en el desarrollo de su vida normal, amén de que afecta su estado psicológico y autoestima, por cuanto quedó con “una deformidad física que afecta el rostro, una perturbación funcional del órgano de la presión y una perturbación psíquica todas de carácter permanente” y además presentó “una pérdida anatómica del miembro superior izquierdo”, todo lo cual conlleva indiscutiblemente una alteración grave de sus condiciones de existencia.

La anterior circunstancia, más tratándose de un menor que quedó incapacitado desde sus 6 años de edad, comporta el reconocimiento de cien (100) SMLMV, por este rubro, sin que pueda accederse a un reconocimiento mayor, porque ello vulneraría el principio de congruencia, puesto que la propia parte demandante limitó tal indemnización en la demanda al reconocimiento de 1.000 gramos de oro por “... la amputación del antebrazo izquierdo”.

9. Perjuicios materiales.

9.1. Lucro cesante.

Se solicitó a favor de Heyder Hugo Castro Burbano, en una suma por valor de $ 100’000.000, “... o más si se logra demostrar en el proceso ... que el lesionado deja de percibir por su incapacidad laboral de invalidez parcial permanente” (fl. 4, cdno. 1).

En el proceso se acreditó que como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 5 de junio de 1996, al menor Hayder Hugo Castro Burbano le fue dictaminada por el Instituto Nacional de Medicina Legal una pérdida de su capacidad laboral del 80.3%, es decir invalidez (fls. 427 y 429, cdno. 1), lo cual torna procedente el reconocimiento de este rubro, en atención al principio de reparación integral, tal como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado(32):

“Si bien, como se señaló con anterioridad, en la demanda no se pidió que se le reconociera a título de lucro cesante suma alguna a favor de la menor Ana Caterine, ni siquiera el derivado del producto del trabajo de su madre —en la medida en que este concepto solo fue solicitado por su padre Leonel Ceballos—, la Sala aborda el estudio de la demanda, pues, en el libelo petitorio se reclamaron perjuicios a favor de la menor lesionada, en los siguientes términos:

A Ana Caterine Ceballos Salazar, los gastos derivados de su incapacidad y secuelas, considerando especialmente los gastos en que ha de incurrir para su subsistencia médica y vital, que, con el daño cerebral que padece jamás podrá obtener por sí sola’

Analizada la pretensión así planteada, encuentra probada la Sala la existencia de dos perjuicios materiales que cuya reparación debe hacerse bajo los postulados del artículo 16 de la Ley 446 de 1996, esto es, bajo el faro del principio de la reparación integral.

El primer detrimento padecido por Ana Caterine Ceballos Salazar, consiste en la imposibilidad psicofísica en la que se encuentra a causa de la falla del servicio de los entes demandados, motivo por el cual, a lo largo de su existencia, no podrá velar por su propia subsistencia, en la medida en que no logrará desarrollar actividad productiva alguna. Así las cosas, para la Sala, y sin que se vulnere el principio de congruencia —en tanto fue solicitado en la demanda—, se decretará una pensión de invalidez para Ana Caterine Ceballos Salazar, la cual se pagará a partir de la fecha en que esta última adquiera la mayoría de edad, puesto que se presume que a partir de sus 18 años, ingresaría en la etapa productiva de su vida, indemnización que permite reparar el daño emergente futuro (sic) sufrido(33) (destaca la Sala en esta oportunidad).

En consecuencia, una vez Ana Caterine Ceballos Salazar cumpla los 18 años, podrá reclamar del Instituto de Seguros Sociales —y entre los entes demandados deberá resolverse la forma de quién efectuará la forma de porcentajes y reembolsos—, de una pensión de invalidez correspondiente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, que se actualizará año por año de conformidad con la actualización que haga el Gobierno Nacional del mismo. Para los mencionados efectos, quien ejerza la guarda o la representación legal de Ana Caterine —que en estos momentos es su padre—, deberá presentar al Instituto de Seguros Sociales, o quien haga sus veces, el certificado de supervivencia de manera mensual, para que esta entidad pague la mencionada suma de dinero, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se presente la cuenta de cobro correspondiente.

En conclusión, las entidades demandadas deberán garantizar el pago de una indemnización que se traduzca en una ‘pensión de invalidez’, la cual deberá ser cancelada desde el momento en que cumpla 18 años (jun. 7/2015), hasta que suceda el desafortunado momento de su fallecimiento, pensión que corresponderá a un (1) SMMLV, y que refleja una obligación de dar a la cual quedan vinculadas las entidades demandadas de forma solidaria. Y, si bien, no existe en el expediente un medio probatorio del que se desprenda la valoración del citado daño, ni su cuantificación monetaria precisa, lo cierto es que el juez cuenta con el principio de equidad para la ponderación y valoración del daño, tal y como lo precisó la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:

‘En efecto, ante la configuración de excepcionales circunstancias fácticas que imposibiliten o hagan en extremo difícil deducir un equivalente exacto entre el monto de la indemnización y el daño material padecido por las víctimas y por cuanto ‘dicho monto no viene a desempeñar, en la generalidad de los casos, sino la función de satisfacer, enfrente de los beneficiarios, cierto bienestar que reemplace al que fue arrebatado por la muerte de una persona’, se colige, siguiendo otros precedentes jurisprudenciales, que la simple dificultad de tipo probatorio, per se, no puede cerrar el paso a la merecida indemnización, pues ‘si ello fuere así, los perjuicios morales de tan inasible evaluación, no podrían jamás representarse en cantidades pecuniarias’, lo que, en el entendido de que ‘la ley no dice cuál es el criterio adoptable para tales justiprecios’, lleva ineluctablemente a concluir que ‘en esta labor es indispensable acudir a las reglas generales del derecho’, admitiendo que ‘el juez está dotado de alguna relativa libertad para llegar a conclusiones que consulten la equidad, siendo, como es, irrealizable a todas luces una justicia de exactitud matemática’, y que, tratándose de daños ciertos que se proyectan en el futuro, ‘la prestación de la indemnización debe consultar una compensación equitativa que ponga a los damnificados en una situación patrimonial más o menos equivalente a la que tenían antes del acontecimiento que les causó el menoscabo’ (XLVI, págs. 689 y 690).

Y no está por demás recordar que la equidad se erige en uno de los más caros criterios teleológicos que debe caracterizar la gestión judicial, no solo para interpretar la ley cual lo disponen los artículos 32 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887, sino para definir tópicos ajenos a la labor hermenéutica propiamente dicha, inclusive de naturaleza probatoria, pues, v. gr., de conformidad con la Ley 446 de 1998, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas, “atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’ (art. 16, se subraya)”(34) (negrillas y subrayas del original).

Y, por su parte, la Sala en reciente oportunidad puntualizó:

‘El ingreso calculado para los afectados, con base en el ingreso promedio de profesionales universitarios, se realiza en aplicación del principio de reparación integral, establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Debe señalarse que no es un recurso extraño a la jurisprudencia de la Sala. En sentencia del 18 de junio de 1997, no se consideraron los ingresos del afectado al momento de su muerte sino los calculados con base en su trayectoria profesional...’(35)”.

Si bien en el proceso se practicó un dictamen pericial (fls. 430 y 431, cdno. 1), cuyo propósito era el de efectuar la estimación económica del lucro cesante a favor del menor Heyder Hugo Castro Burbano, la Sala se apartará del cálculo allí establecido, dado que ese experticio se fundamentó en datos inexactos e inciertos, adoptándose, entre otras cosas, la edad de 16 años del menor para el inicio de su actividad productiva, aspectos que, dada su imprecisión y fundamentos inciertos, impiden su acogimiento para estos efectos.

Así las cosas, esta Subsección, con base en el pronunciamiento antes transcrito, decretará una pensión de invalidez a favor del joven Hayder Hugo Castro Burbano, la cual se pagará a partir de la fecha en que dicha persona cumplió su mayoría de edad, habida cuenta que para este momento el demandante ya superó esa edad, pues según la copia autenticada de su registro civil de nacimiento (fl. 37, cdno. 1), dicho actor nació el 6 de diciembre de 1989.

En relación con la anterior disposición, la Sala no puede pasar inadvertido que de conformidad con la certificación emitida por el Alcalde (e) del municipio de Ricaurte, el 18 de mayo de 1999, la escuela urbana de niñas de Ricaurte, a partir del mes de julio de 1997 —un año después de ocurridos los hechos materia de proceso—, quedó a cargo de la secretaría de educación y cultura del departamento de Nariño “... en virtud de la descentralización educativa...” (fl. 441, cdno. 1).

Por lo tanto, la prestación económica que aquí se ordena a favor del joven Hayder Hugo Castro Burbano deberá ser asumida por el departamento de Nariño y consistirá en el pago, a título de pensión de invalidez, de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, el cual se actualizará año por año de conformidad con la actualización que haga el Gobierno Nacional respecto del mismo.

A lo anterior se adiciona que dentro de este proceso se demandó al departamento de Nariño, ente territorial debidamente vinculado al proceso mediante la notificación del auto admisorio de la demanda y del auto que aceptó su adición, intervino en el proceso a través de la respectiva contestación de la demanda y alegó de conclusión en primera instancia, por manera que se le garantizaron sus derechos de contradicción y de defensa, amén de que con la disposición que a su cargo se ordenará no se vulnera el principio de congruencia, comoquiera que en las pretensiones de la demanda se solicitó declarar la responsabilidad patrimonial de las tres entidades vinculadas y, por ende, condenarlas a pagar a los actores las indemnizaciones a que hubiere lugar por el daño antijurídico causado.

Así las cosas, aunque la responsabilidad patrimonial por la muerte y por las lesiones de algunos de los menores estudiantes de la escuela urbana de niñas de Ricaurte radica, como se vio, en cabeza del municipio de Ricaurte, por ser el ente que para la época de los hechos detentaba la propiedad de la mencionada escuela, lo cierto es que para el momento en el cual se generó la prestación económica que aquí le será reconocida al joven Hayder Hugo Castro Burbano —día en el cual adquirió su mayoría de edad (dic. 6/2007)—, dicho centro educativo ya estaba a cargo del departamento de Nariño.

9.2. Daño emergente futuro.

Se solicitó igualmente a favor del joven Heyder Hugo Castro Burbano, por valor de $ 20’000.000, “por concepto de las sumas que debe invertir en las prótesis necesarias para disminuir los efectos de la amputación del antebrazo izquierdo”. (fl. 65, cdno. 1).

En relación con la causación de este perjuicio, se allegó al proceso copia autenticada del concepto emitido por el jefe de servicios de prótesis y amputados del Hospital Militar Central (fls. 386 a 388, cdno. 1), según el cual:

“Se trata de un paciente de ocho años de edad, quien ingresó en junio 5 de 1996 al Hospital San Pedro de la ciudad de Pasto, habiendo sufrido politraumatismo al ser atropellado por vehículo automotor, con TCE, fractura del Olecranon derecho y lesiones múltiples que hicieron necesaria una amputación a nivel de antebrazo izquierdo.

La conducta a seguir, se puede resumir así:

1) Realizar terapia física pre-potésica.

2) Toma de molde.

3) Adaptación protésica.

4) Entrenamiento y ejercicios de habilidades.

5) Terapia ocupacional.

El tipo de prótesis que se utiliza tiene un dispositivo terminal intercambiable entre el gancho y mano cosmética, que ha precio actual tiene un valor de dos millones de pesos M/C.

El valor de las terapias depende del número necesario a practicar.

En cuanto a las veces de cambio de prótesis, se puede calcular aproximadamente en cinco (5) dependiendo del desarrollo y crecimiento del paciente en diferentes épocas, lo cual se determinará en las valoraciones que periódicamente habría que hacerle al paciente”.

A juicio de la Sala, la anterior prueba no resulta suficiente para cuantificar el perjuicio reclamado en la demanda por este concepto, puesto que ni se allegaron y tampoco se mencionaron los soportes que sirvieron de sustento a la información allí consignada y si bien en esa prueba se describe cuál es el procedimiento a seguir frente a la discapacidad de la víctima, lo cierto es que para efectos de calcular el monto de la indemnización que por daño emergente futuro deberá reconocérsele a la víctima directa, tal documento no arroja la convicción necesaria de que los valores ahí determinados sean reales, máxime cuando se desconoce cuántas veces requerirá del cambio de prótesis, pues como lo dice el documento aportado, ello “se determinará en las valoraciones que periódicamente habría que hacerle al paciente”.

Por lo tanto, el municipio de Ricaurte será condenado al pago del daño emergente futuro en especie. Así lo ha considerado la Sección Tercera del Consejo de Estado(36):

“Ahora bien, es importante señalar que es posible que la salud del señor Ámbito Alarcón, con el paso del tiempo evolucione negativamente, como consecuencia de su invalidez —escareas e infecciones urinarias— y, como ello no puede determinarse en este momento con certeza, a fin de lograr una indemnización integral del daño, los tratamientos de los que requiera y que estén por fuera del promedio liquidado en esta sentencia, deben ser sufragados por la entidad pública a quien se le imputó el daño.

Por lo tanto la demandada será condenada al pago del daño emergente futuro en especie, pues la víctima debe quedar indemne o cuando menos, en la situación más parecida a aquella que presentaba antes de la ocurrencia del daño y en el caso concreto, privar al lesionado de los referidos tratamientos médico asistenciales —por fuera de los ya liquidados— implicaría que este no quedaría completamente indemne.

La anterior argumentación se refuerza aún más si se tiene en cuenta que la Constitución de 1991 consagra una protección especial para todas aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de “debilidad manifiesta”. El artículo 13 C.P. dispone que: “... El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Así mismo, el artículo 47 Ibidem, establece que “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

De lo anterior se concluye que es obligación del Estado tomar las decisiones de carácter legislativo, judicial, administrativo, educativo o de otra índole que sean necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas impedidas, pues este es un deber de rango constitucional”(37) (negrillas del original).

En consecuencia la Sala, en aras de la reparación integral del daño, condenará al municipio de Ricaurte, por concepto de daño emergente futuro, a prestarle al joven Heyder Hugo Castro Burbano la atención hospitalaria y especializada que este llegare a requerir para tratar de obtener la situación más parecida a aquella que presentaba antes de la ocurrencia del daño, cuando quiera que las secuelas de la lesión padecida el 5 de junio de 1996 así lo demanden, con ocasión de la elaboración y adaptación de la prótesis que requiera.

10. Condena en costas.

Dado que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Admnistrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA :

PRIMERO. Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, el día 4 de agosto de 2000; en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio de Ricaurte (Nariño) por la muerte de Óscar Ferney Narváez y Leidy Yazmín Realpe Delgado y por las lesiones causadas a Leidy Jurany Rivera, Hayder Hugo Castro Burbano y Lady Natalia García Padilla, en el accidente de tránsito ocurrido el 5 de junio de 1996, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. Condénase al Municipio de Ricaurte (Nariño) a pagar, por concepto de perjuicios morales, los montos que a continuación se relacionan y a favor de las siguientes personas:

A favor de los señores Mélida Isabel Narváez Portillo, Nelson Realpe López y María Helena Delgado Santander, una suma equivalente a cien (100) SMLMV., para cada uno.

A favor de Nixon Fredy Realpe Delgado, una suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV.

A favor de los señores Manuel Mesías Narváez, María Mélida Portillo, David Realpe Ojeda, Licenia López, Juan Evangelista Delgado y Zoila Santander de Delgado, una suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV, para cada uno.

A favor del joven Hayder Hugo Castro Burbano, un monto equivalente a cien (100) SMLMV; para Lady Natalia García Padilla, un monto equivalente a cincuenta (50) SMLMV y para Leidy Jurany Rivera, un monto equivalente a setenta (70) SMLMV.

A favor de los señores Carlos Olmedo Castro y Luz Marina Burbano García (padres de Hayder Hugo Castro Burbano), la suma equivalente a noventa (90) SMLMV, para cada uno; a favor de Carlos Alexander y Javier Hernando Castro Burbano (hermanos), la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV, para cada uno y a favor de la señora Carmela Castro Morán (abuela), la suma equivalente a cuarenta (40) SMLMV.

A favor de los señores Ramiro Mauricio García García e Ivonne Mercedes Padilla Morán (padres de la menor Lady Natalia García Padilla), la suma equivalente a veinte (20) SMLMV, para cada uno; a favor de Ferney Arley García Padilla y Cristian Camilo García Padilla (hermanos), la suma equivalente a diez (10) SMLMV, para cada uno.

3. Condénase al Municipio de Ricaurte (Nariño), a pagar a favor del joven Heyder Hugo Castro Burbano, por la alteración grave de las condiciones de su existencia, una suma equivalente a cien (100) SMLMV.

4. Condénase al departamento de Nariño a pagar a favor del joven Heyder Hugo Castro Burbano un (1) salario mínimo mensual a partir del día en que adquirió la mayoría de edad hasta la fecha en que ocurra su muerte, suma que deberá ser cancelada mensualmente, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro y el certificado de supervivencia del beneficiario.

5. Condénase al municipio de Ricaurte (Nariño), en la modalidad de daño emergente futuro, a prestarle al joven Heyder Hugo Castro Burbano, la atención hospitalaria y especializada que este llegare a requerir para tratar de obtener la situación más parecida a aquella que presentaba antes de la ocurrencia del daño, cuando quiera que las secuelas de la lesión padecida así lo demanden con ocasión de la elaboración y adaptación de la prótesis que requiera.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Sentencias de 18 de febrero de 2010, expedientes 17.533 y 17.732.

(3) Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Expediente 14.869.

(4) Mazeaud Tunc. Responsabilidad civil delictual y contractual. Buenos Aires, Ediciones jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, pág. 545.

(5) Así lo ha sostenido en pronunciamientos del año anterior, mediante sentencias de 18 de febrero de 2010, expedientes 17.533 y 17.732.

(6) Ibidem.

(7) Publicada en el Diario Oficial 41. 214 del 8 de febrero de 1994.

(8) Al respecto, el Decreto 1860 de 1994, dispone:

“ART. 14.—Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos:

4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.

“(...).

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos.

“(...).

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y regionales.

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.

14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución”.

(9) “ART. 10.—Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”.

ART. 11.—Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:

“(...).

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados (...)” (se destaca).

(10) En tal sentido señaló: “(...). unos niños como que estaban ansiosos por venirse a Anda Lucía a nadar… ya los niños estaban diciéndole que vámonos rápido a la piscina, le decían al chofer (...).”.

(11) Sentencia de 19 de agosto de 2009, Expediente 17.957.

(12) Sentencias del 11 de febrero de 2009, Expediente 17.145 y de 26 de marzo de 2008, Expediente 16.530, entre muchas otras.

(13) Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Consejero ponente Alier E. Hernández Enríquez, Expediente 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2007, Expediente 16.827.

(14) Sentencia de 14 de junio de 2001, Expediente 12.696; sentencia de abril 27 de 2006, Expediente 27.520.

(15) Sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 16.393.

(16) Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 11.688.

(17) Sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 19 de julio de 2000, Expediente 11.842; de agosto 30 de 2006, Expediente 22.918 y de diciembre 4 de 2006, Expediente 15.723.

(18) Sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente 18.357.

(19) Sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 14.694, en la cual se indicó:

“En nuestra jurisprudencia, se encuentran múltiples casos de accidentes causados por diversos vehículos oficiales. Se incluyen allí las bicicletas o motos de los guardas de tránsito o los carros usados por escoltas motorizados; daños causados por máquinas barredoras y, también, en virtud de la noción de guarda, se da el caso del vehículo particular utilizado temporalmente para la prestación del servicio.

La conducción de vehículos ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa y cuando su guarda está a cargo de una entidad estatal, el daño causado en desarrollo de la misma resulta imputable a esta, en aplicación de la teoría del riesgo como un tipo de régimen de responsabilidad objetiva” (se destaca).

(20) Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Expediente 14.869, reiterada en sentencia de 18 de febrero de 2010, Expediente 17.732.

(21) Se precisa en este punto que por un error del juez comisionado se indicó que el auto fue proferido en el año 1997, pero en realidad el auto admisorio de la demanda se dictó el 27 de septiembre de 1996 (fl. 63, cdno. 1).

(22) En realidad consiste en el auto admisorio de la adición de la demanda (fl. 106, cdno. 1).

(23) Auto de 16 de marzo de 2005, Expediente 27.936.

(24) Sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 16.085, entre otras.

(25) Así ha discurrido la Sala, mediante sentencias dictadas el 29 agosto de 2007, Expediente 16.052. y de septiembre 2 de 2009, Expediente 17.827, entre otras.

(26) En tal sentido, ver sentencias proferidas el 2 de septiembre de 2009, expedientes 18.011, 17.729 y 17.801, entre otras.

(27) Sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 18.719. Acerca de providencias con perspectiva de género, pueden consultarse, además de la anterior, las siguientes: sentencia de 17 de marzo de 2010, Expediente 18.101; sentencia de 11 de agosto de 2010, Expediente 18.894; auto de 12 de mayo de 2010, Expediente 37.427.

(28) Sentencia de febrero 25 de 2009, Expediente 25.508, Expediente 14908, entre otras.

(29) La legislación anterior, esto es las leyes 57 de 1887 y 92 de 1938, contemplan la posibilidad de que las personas católicas acreditaran el parentesco con las partidas de bautismo expedidas por la respectivas parroquias.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007.

(31) Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, Expediente 16.407.

(32) Sentencia de 1º de octubre de 2008, Expediente 27.268.

(33) Al respecto se puede consultar: sentencia de 16 de agosto de 2007, Expediente 30114, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, y sentencia de 19 de julio de 2000, Expediente 11842, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(34) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del cinco de octubre de 2004, Expediente 6975, magistrado ponente Pedro Octavio Munar Cadena.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2007, Expediente 15170, M.P. Enrique Gil Botero.

(36) Sentencia de 16 de agosto de 2007, Expediente 30.114.

(37) Al respecto ver entre otras: Corte constitucional, sentencias T-619 y T-598 de 2005 y, T-135 de 2006.