Sentencia 1997-00701 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Expediente: 31.633

Radicación: 05001-23-31-000-1997-00701-01

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Cristóbal Vergara Marín

Demandado: Municipio de Medellín y Rama Judicial

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente derrotero: 1) competencia, 2) los hechos probados; 3) daño antijurídico y regulación del proceso de expropiación.

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer en segunda instancia de la actuación, pues la pretensión mayor corresponde a la suma de $ 289.280.000 por concepto de perjuicios materiales, monto superior al establecido para que un proceso tuviere esa vocación, que a la fecha de presentación de la demanda ascendía a $ 13.460.000.

Ahora bien, previo al análisis de fondo del asunto, es necesario precisar que al ser un caso de apelante único —parte demandante—, y como lo dispone el artículo 328 del Código General del Proceso, —normatividad, conforme la interpretación dada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(1) y desarrollada por la Subsección C en auto del 6 de agosto de 2014(2)—, el juez no podrá hacer más desfavorable la situación de este, es decir, se dará aplicación al principio de la no reformatio in pejus, al momento de decidir el recurso de apelación.

2. Los hechos probados.

2.1. De conformidad con el acervo probatorio, se pueden dar por ciertos los siguientes hechos:

2.1.1. Copia simple del acta de entrega fechada 16 de marzo de 1995, del local comercial ocupado por el señor Cristóbal Vergara Marín, en la que se lee lo siguiente:

“(...) En la fecha siendo el día y hora fijada en auto anterior para llevar a efecto la diligencia de entrega dentro del proceso de expropiación del municipio de Medellín contra Logar Limitada y Javier López García, mediante despacho comisorio 294, el suscrito inspector en asocio de su secretario,... nos trasladamos a la Carrera 52 No. 44-21,...

(...).

Luego nos trasladamos a la Carrera 52 Nº 44-27, donde funciona la sastrería y barbería, que es ocupada por el señor Cristóbal Vergara, quien manifestó: que me acosaron mucho, y quiero dejar constancia de unas mejoras que tengo acá en este lugar como son: alcantarillado nuevo, baldosín e inodoro, lavamanos, lámparas, embaldosada de piso, yo llevo 46 años acá, revocada de paredes y cielo raso del techo, le puse rejas. Es todo. El despacho decreta la entrega del inmueble y para constancia firma el enterante...

(firma del señor Cristóbal Vergara Marín)” (fl. 56, cdno. 1).

2.1.2. Copia simple de la Resolución 1593 del 18 de septiembre de 1994, mediante la cual el municipio de Medellín declaró de utilidad pública la adquisición de un inmueble y ordenó su expropiación, en los considerandos y parte resolutiva se lee lo siguiente:

“(...) A. Que mediante Decreto 380 de junio 30 de 1978, el Alcalde de Medellín adoptó la Resolución 8 de mayo de 31, de ese mismo año por medio de la cual la honorable junta municipal de planeación y servicios técnicos de ese entonces, declaró de utilidad pública el área delimitada en el artículo 1º de la misma, la cual se destinará al uso de plaza cívica y edificios públicos.

(...).

D. Que el municipio de Medellín requiere en la actualizada y para efecto de destinarlo al servicio de edificio público la totalidad del inmueble denominado edificio Vásquez,... inmueble de propiedad de la Sociedad Logar Ltda., García Correa Luis Guillermo,...

E. Que mediante comunicaciones 606 y 607 calendadas el 15 de julio de esta anualidad, notificadas personalmente los días 15 y 21 de julio y 17 de agosto a cada uno de los propietarios del inmueble: Hernán López García, Luis Guillermo García Correa y Javier López García, se les hizo saber las ofertas de compra del mencionado inmueble, oferta que han sido rituadas por los trámites del artículo 13 de la Ley 9ª de 1989.

F. Que una vez notificados de las prementadas ofertas de compra, aquellos por medio de apoderada,... en escritos recibidos el 2 de agosto presentó observaciones al avalúo administrativo especial las cuales fueron tramitadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la citada Ley 9ª, habiéndose obtenido la reconsideración de dicho avalúo tal como consta en el informe AI-096 el mismo que fue aceptado por los ofertados a través de la apoderada tal como se observa en el escrito del 23 de agosto último manifestando además que por circunstancias ajenas a la voluntad de los propietarios estos están en imposibilidad de hacer entrega del inmueble libre de ocupantes por lo cual se acogen al precepto contenido en el artículo 28.

(...).

RESUELVE:

ART. 1º

Declarar de utilidad pública la adquisición por parte del municipio de Medellín del inmueble ubicado en la Carrera 52ª 44-28 barrio Guayaquil de esta ciudad,...

ART. 2º

Ordenar la expropiación del inmueble alinderado en el artículo anterior en los términos del artículo 28 de la Ley 9ª de 1989. En consecuencia, una vez ejecutoriada esta decisión se procederá a iniciar el correspondiente proceso civil de expropiación, dentro del cual se hará uso de la facultad consagrada en el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil” (fls. 65 a 70, cdno. 1).

2.1.3. Copia simple de la demanda de expropiación en contra de la sociedad comercial Logar Ltda., y el señor Luis Guillermo García Correa, radicada el 3 de octubre de 1994(3).

2.1.4. Auto del 7 de octubre de 1994 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, en el que se resolvió admitir la demanda de expropiación y se ordenó notificar a los demandados(4).

2.1.5. Copia simple del escrito por el cual los demandados en el proceso de expropiación se allanaron a los hechos de la demanda, calendado 20 de octubre de 1994, al respecto se lee:

“(...) Me allano expresamente a todos ellos y a las pretensiones, por lo tanto le solicito proceder a dictar sentencia, de conformidad a lo pedido por la entidad demandante”(5).

2.1.6. Copia simple de la sentencia del 2 de noviembre de 1994, del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, en la que se resolvió lo siguiente:

“(...) 1. DECRÉTASE a favor del municipio de Medellín la expropiación del bien inmueble descrito por su ubicación, proporción, linderos, área, nomenclatura y número inmobiliaria correspondiente, en la parte motiva de esta providencia obrante a folio 38.

2. Ordenar que la parte demandante, a la ejecutoria de este fallo, consigne a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Popular, la cantidad de $ 1.008.800.000 a favor de los demandados y por concepto de la indemnización correlativa a la expropiación decretada en su favor.

3. Negar la entrega anticipada del inmueble a expropiar, para en su lugar disponer que una vez se produzca la consignación del valor de la indemnización a que se refiere el numeral anterior, se procederá a la entrega inmediata del bien, para lo cual se comisionará al señor inspector de policía competente. Líbrese el despacho comisorio correspondiente...” (fls. 38 a 44, cdno. 2).

2.1.7. Escrito adiado 22 de noviembre de 1994, radicado por la apoderada de los demandados en el que se pone en conocimiento del Juez Quinto Civil del Circuito lo siguiente:

“(...) En mi calidad de apoderada de los demandados en el proceso de la referencia, me permito solicitar a usted considerar los siguientes hechos:

1. El proceso de expropiación iniciado por el municipio de Medellín y cuyo conocimiento, por reparto, correspondió a su despacho, es la denominada “voluntaria”, de acuerdo al artículo 28 de la Ley 9ª de 1989.

2. El inmueble objeto de este proceso, es el llamado “Edificio Vásquez”,...

3. A la fecha de la presentación de la demanda, el bien mencionado no presenta ningún gravamen ni limitación al dominio,...

(...).

6. El administrador del inmueble, señor Jairo Naranjo Flórez notificó a cada uno de los arrendatarios del proceso de expropiación.

(...).

Así las cosas, me permito anexar al presente memorial los 16 contratos de arrendamientos suscritos por todos los arrendatarios del “Edificio Vásquez”, donde puede constatar que están vigentes, no hay poseedores y han renunciado expresamente al derecho de retención por mejoras, good will, etc., no existe cesión de contratos ni tampoco subarriendo.

La renta que se percibía por arrendamiento era la única fuente de ingresos de varios de sus propietarios y el hecho de la expropiación los ha dejado sin ningún medio de subsistencia para ellos y su familia.

Por todo lo anterior, ruego a usted señora juez, considerar la entrega anticipada de los dineros depositados en el porcentaje que estime conveniente a mis poderdantes, con base en los hechos y argumentos expuestos, los cuales estoy dispuesta a acreditar, aclarar, sustentar o a cumplir los requisitos que a bien tenga exigir, necesarios para obtener una decisión favorable o la petición de mis representados” (fls. 45 y 46, cdno. 2).

2.1.8. Con el escrito anterior se allegó copia de contrato inicial firmado por el señor Cristóbal Vergara Marín con la sociedad comercial Logar Ltda. y el señor Luis Guillermo García Correa (propietarios) y Luis Javier López García (arrendador), el que tenía como fecha de iniciación agosto 1º de 1987 y vencimiento agosto 1º de 1988, (fls. 76 y 77, cdno. 2). Así mismo se allegó una prórroga firmada el 1º de agosto de 1993, en la que se actualizó el canon de arrendamiento (fl. 78, cdno. 2).

2.1.9. Oficio fechado 25 de noviembre de 1994, en el que el Juez Quinto Civil del Circuito responde la solicitud planteada por la apoderada de los demandantes, al respecto expuso:

“(...) El artículo 458 del Código de Procedimiento Civil que contempla la entrega de la indemnización en los procesos de expropiación, indica que “Registradas la sentencia y el acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización,...”. Por su parte el inciso final del nrl., 3º del artículo 456 ib., en el caso de incidente de oposición resuelto a favor de un poseedor, contempla el pago de la indemnización en su favor, con la suma consignada por el demandante.

En el presente proceso si bien se acredita la existencia de contratos de arrendamiento, lo que supondría la ausencia de eventuales poseedores con derechos a ser indemnizados, no es situación que esté plenamente establecida, lo que solo se sabrá son certeza al momento de la entrega o transcurrido el término a que refiere el mencionado aparte de la última norma citada.

(...).

Por todo lo anterior, no se accede a lo solicitado por la apoderada de los demandados entorno a la entrega del valor de la indemnización” (fl. 95, cdno. 2).

Ahora bien, como consecuencia de la sentencia del 2 de noviembre de 1994, del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, mediante la cual se ordenó la expropiación del inmueble, paralelamente, varios de los arrendatarios presentaron tres acciones de tutela en contra del municipio de Medellín y el Juzgado Quinto Civil del Circuito, que por la importancia y efectos que tuvieron respecto de esta decisión, se hará un recuento de las actuaciones y decisiones que se surtieron.

Proceso adelantado por la señora Celina Álzate de Mejía.

2.1.10. Obra en el proceso oficio calendado 5 de diciembre de 1994, mediante el cual el Juzgado 39 Penal del Circuito le solicita al Juzgado Quinto Civil del Circuito copia del proceso de expropiación, comoquiera que estaba tramitando una acción de tutela. El requerimiento fue contestado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito en auto del mismo día(6).

Acción de tutela presentada por el señor Cristóbal Vergara Marín y otros.

2.1.11. Obra en el proceso copia simple del telegrama 498 emitido por el Tribunal Superior de Medellín, por el cual se pone en conocimiento del Juzgado Quinto Civil del Circuito lo siguiente:

“(...) Para su conocimiento le estoy informado que conforme al artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 este tribunal mediante auto calendado diciembre doce de los corrientes ordenó la suspensión temporal de la diligencia de entrega programada por la inspección sexta civil especializada de policía a verificarse los días 14 y 15 del corriente mes.

Sírvase proceder de conformidad” (fl. 102, cdno. 2).

Esta decisión fue apelada y resuelta por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero de 1995, en la que entre otras consideraciones se expuso lo siguiente:

“(...) 1. Es procedente en forma excepcional la acción de tutela para darle protección al derecho al debido proceso que se encuentra lesionado o amenazado por actuaciones administrativas o judiciales relativas a la adquisición de inmueble urbano declarado de utilidad pública, así como para darle protección a los derechos.

1.1. Sin embargo, para ello se hace indispensable, de una parte, que el accionante demuestre que, a pesar de haber tenido el derecho fundamental a que se le tramite un procedimiento administrativo o judicial con determinadas actuaciones fundamentales o esenciales de la misma o indispensable para su defensa; el funcionario administrativo o judicial correspondiente, de otra parte, estando obligado a ellos, no solo efectuó o llevo a cabo acciones u omisiones que quebrantan lo esencialmente debido, en forma tan ostensible y carente de fundamento que al aparecer como una vía de hecho administrativa o judicial, termina siendo susceptible de ser amparadas definitiva o transitoriamente, según se carezca o se tenga medios de defensa judicial.

1.2. De allí que tratándose de la adquisición de inmuebles urbanos declarados de utilidad pública, la Constitución Política (art. 58, incs. 1º y 4º) y su desarrollo legislativo (L. 9ª/68), han establecido dos procedimientos (L. 9ª/89, art. 11); uno voluntario, consistente en la adquisición, a título contractual, generalmente de compraventa precedida de una promesa, lo que sucede ordinariamente cuando existe mutuo acuerdo entre las partes y no existe obstáculo alguno para su perfección y registro,... y otro procedimiento forzado, que se traduce en la actuación administrativa indispensable para decretar administrativamente la orden de expropiación, con base en la cual, una vez en firme y no anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se adelante el proceso civil de expropiación correspondiente (L. 9ª/89, arts. 19 y ss.). De allí que para garantizar la efectividad de la adquisición y destinación del bien al interés público o social para el cual ha sido declarado, se haya establecido, que “cuando por parte del propietario exista ánimo claro de negociación por el precio ofrecido, y por circunstancias ajenas a la voluntad del mismo, debidamente comprobados, no fuere posible llevar a término la enajenación voluntaria directa o se tratare de inmuebles que se encuentran fuera del comercio, se ordenará la expropiación del inmueble y el juez competente podrá ordenar el pago de la indemnización en la misma cuantía y términos en que hubiere llevado a cabo el pago de la compraventa si hubiese sido posible la negación voluntaria”... En tales casos, las actuaciones voluntarias se efectúan entre los propietarios y los pretendientes adquirientes,... en tanto que tratándose de adquisiciones forzosas, el proceso correspondiente no solo debe adelantarse entre estos contra aquellos, sino que también debe proseguirse, según el caso con la intervención de los titulares de derechos reales principales, las partes del proceso donde el bien está en litigio, los tenedores por escritura pública y los acreedores reales que aparezcan en el registro de instrumentos públicos,... Sin embargo, esta regulación procesal garantiza los derechos de algunos terceros, como ocurre con los poseedores y otros interesados, a quienes se les da la oportunidad para que los aleguen y demuestren,... Luego debe ser allí donde deben presentarse y demostrarse esos derechos, sin que pueda la acción de tutela sustituir este medio de defensa judicial ni anticiparse a definir situaciones jurídicas que de ese carácter. Y si ello es así, con mayor resulta improcedente la acción de tutela para solicitar amparos de derechos que dependen o están condicionados a estas alegaciones en el proceso,...

(...).

2.2. Siendo así las cosas, la Corte encuentra que está llamada a prosperar la impugnación del accionado, y no la del accionante.

2.2.1. En primer lugar, la Sala advierte el fracaso de la acción de tutela porque las actuaciones atacadas no aparecen como vías de hecho, ya que como se dijo anteriormente, tienen apoyo en fundamentaciones jurídicas que la sustentan.

2.2.2. Con todo, entrando en el fondo se tiene que dan cuenta los antecedentes y las pruebas allegadas al expediente, el accionante es simplemente una persona no propietaria del inmueble objeto de la adquisición por expropiación sino el titular de su establecimiento de comercio en el cual despliega su esfuerzo laboral. Por consiguiente, de acuerdo con lo arriba expuesto la legislación no le sirve al accionante para hacer descansar la legitimación y la intervención en la adquisición directa, ni para ser demandado dentro del proceso de expropiación, lo que a simple vista, pone de presente que no se ha demostrado el derecho a intervenir en una u otra actuación, lo que, por consiguiente, hace improcedente la acción de tutela impetrada.

Pero en el evento de que el accionante estimo que se le ha vulnerado en este caso el derecho al debido proceso, la acción de tutela sería improcedente, porque con relación al acto administrativo de expropiación, gozaría, en caso de que hubiere interés cierto, las acciones contenciosas administrativas; y porque, con relación al proceso civil de expropiación, tendría las facultades para alegar sus derechos e intervenir, sin perjuicio de que el juez toma la decisión que corresponda.

Y si el accionante lo que teme es la amenaza que pueda sufrir su derecho al establecimiento de comercio y al trabajo en el mismo, como consecuencia de la ejecución de la sentencia de expropiación y la futura entrega que del bien se haga a la entidad expropiadora, ello tampoco autoriza la procedencia de la acción de tutela; de una parte, porque no existe violación o amenaza actual sobre estos derechos, ni puede presumirse de que las actuaciones judiciales futuras, los de la diligencia de entrega han de ser ilícitas, sino todo por el contrario hay que inferirlas ajustadas a la ley y respetuosa de los derechos de los terceros. Y de la otra, porque si la amenaza se trata de fincar en la diligencia de entrega, también en su momento tendrá la oportunidad de hacer las alegaciones y demostraciones del caso, sin que ello le garantice, desde luego, decisión favorable si la ley no la autoriza. De allí que tampoco pueda hablarse en este evento de violación al debido proceso de una actuación que aún no se ha desarrollado o ejecutado...

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia,...REVOCA, y en su lugar, deniega la acción de tutela impetrada por Jorge León Rengifo Marroquín, Cristóbal Vergara Marín y Félix Cantalicio Vanegas contra el municipio de Medellín” (fls. 73 a 92, cdno. 1).

2.1.12. Copia simple del telegrama 505 suscrito por el Tribunal Superior de Medellín y dirigido al Juzgado Quinto Civil del Circuito, en el que se informó lo siguiente:

“(...) Para su conocimiento le estoy informando que este tribunal mediante auto calendado diciembre 15 de los corrientes tuteló por el lapso improrrogable de 3 meses contados a partir de la fecha, en el proceso de acción de tutela demandante el señor Cristóbal Vergara y otros, demandado el municipio de Medellín, la Inspección Sexta Especializada y su Juzgado...” (fl. 104, cdno. 2).

2.1.13. Mediante oficio calendado 13 de diciembre de 1994, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, le informa a la inspección de policía especializada de la suspensión temporal dispuesta (fl. 103, cdno. 2).

Acción de tutela presentada por Raúl Aristizabal, Hernán y José Rodrigo Marulanda Flórez y las señoras María Jael Vivares y Marcia Alicia Cano de Ortiz.

2.1.14. Obra en el proceso copia simple del oficio 5 fechado 6 de enero de 1995 y suscrito por el Juzgado 28 Penal Municipal, en el que se notificó al Juzgado Quinto Civil del Circuito lo siguiente.

“(...) Para todos los efectos legales me permito comunicarle, que este despacho, mediante providencia de la fecha, tuteló el derecho a la igualdad, demandado por los señores Raúl Aristizabal, Hernán y José Rodrigo Marulanda Flórez y las señoras María Jael Vivares y Marcia Alicia Cano de Ortiz, en su calidad de ocupantes locales que forman parte del edificio Vásquez de esta ciudad y en consecuencia, les concedió el mismo plazo improrrogable de tres meses que confirió el H. Tribunal Superior de Medellín, mediante providencia de diciembre 15 de 1994, cuando tuteló el derecho al debido proceso, demandado en acción de tutela por los señores Jorge Rengifo, Cristóbal Vergara y Félix Vanegas, ocupantes de otros locales en el mismo edificio.

Dicho término se contará a partir del día quince (15) de diciembre de 1994 y se relaciona con los siguientes establecimientos:

Raúl Aristizabal,...

Hernán Marulanda Flórez,...

José Rodrigo Marulanda Flórez,...

María Alicia Cano de Ortiz,...

María Elena y María Jael Vivares de Gómez,...

En consecuencia de lo anterior, la diligencia de entrega de los locales mencionados no puede hacerse antes del vencimiento de la fecha a que se ha hecho referencia” (fls. 107 y 108, cdno. 2).

2.1.15. Oficio 58 suscrito por el Juzgado 36 Penal Municipal de Medellín en el que se informa de la suspensión temporal de la entrega de un local comercial decretada, como consecuencia de la acción de tutela impetrada por el señor Gilberto Arbeláez Valencia, al respecto se lee:

“(...) Respetuosamente me permito comunicarle que mediante auto de la fecha en acción de tutela 37 que se adelanta en contra de ese despacho y el municipio de Medellín, se dispuso la suspensión temporal de la diligencia de entrega del local distinguido con el Nº 44 07 de la Carrera 52ª, edificio Vásquez, el cual ocupa el señor Gilberto Arbeláez Valencia, ordenada por usted a la inspección tercera civil especializada y programada para el 15 de los corrientes...” (fl. 111, cdno. 2).

Así mismo, se allegó al proceso copia de la sentencia de tutela del 16 de febrero de 1995, suscrita por el Juzgado 36 Penal Municipal, de la que podemos extraer los siguientes apartes:

“(...) Y entonces como se anotara en otro aparte del derecho del debido proceso fue tutelado por el tribunal frente a una acción de tutela incoada por arrendatarios del edificio Vásquez, en condiciones similares a la del señor Arbeláez Valencia. Y como ya se tratara anteriormente, se tutelará el derecho a la igualdad consagrado por la Constitución Nacional y a favor del señor Arbeláez Valencia, ya que al igual que los demás arrendatarios que ocupan locales en la edificación se le debe conceder la misma prórroga otorgada por el honorable tribunal y el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín,...

RESUELVE:

1. TUTELAR, por el lapso improrrogable de tres meses contados a partir del quince de diciembre de 1994, el derecho a la igualdad, en esta acción instaurada por el señor Gilberto Arbeláez Valencia, contra el municipio de Medellín y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad,...” (fls. 132 a 138, cdno. 2).

2.1.16. Obra en el proceso copia del oficio 60 suscrito por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín, dirigido al Juzgado Quinto Civil del Circuito, en el que se notificó la decisión adoptada el 9 de febrero de 1995, correspondiente a la acción de tutela instaurada por Raúl Aristizabal, Hernán y José Rodrigo Marulanda Flórez y las señoras María Jael Vivares y Marcia Alicia Cano de Ortiz, al respecto se puede leer:

“(...) Para todos los efectos legales, me permito comunicarle que este despacho en fallo de segunda instancia proferido en diligencias de tutela instaurada por los señores Raúl Aristizabal, Hernán y José Rodrigo Marulanda Flórez y las señoras María Jael Vivares y Marcia Alicia Cano de Ortiz, dispuso tutelar provisionalmente el derecho al debido proceso y el de legalidad violados con el acto administrativa expedido por la Alcaldía de Medellín.

En consecuencia se dispuso suspender provisionalmente la sentencia del Juzgado 5º Civil del Circuito, proferida el dos de noviembre de 1994 por medio de la cual se decretó a favor del municipio de Medellín la expropiación del bien inmueble descrito y alineado en el correspondiente registro de matrícula inmobiliaria con el número 001-0044857.

Así mismo se REVOCÓ el fallo del Juzgado 28 Penal Municipal de esta ciudad” (fl. 116, cdno. 2).

Por otra parte, obra copia de esta decisión, de la que podemos extraer por su relevancia los siguientes apartes:

“(...) De lo anterior puede colegirse que con la no comprobación de las circunstancias ajenas a la voluntad de las partes contratantes, al ordenarse la expropiación por la alcaldía municipal, el acto administrativo no consultó el principio constitucional del debido proceso ni el principio de legalidad...

(...).

Consideramos que también con el acto administrativo, se violó el principio de legalidad establecido en la Carta Magna como derecho fundamental, pues que “en sentido práctico, el principio de legalidad constituye una limitación a la actividad de la administración, por cuanto significa que ella no puede hacer todo cuanto quiera, sino solamente aquello que permita la ley. Esta idea es un presupuesto básico del llamado Estado de derecho”...

Luego entonces, como encontramos flagrante violación de los derechos de debido proceso del de legalidad con la emisión del acto administrativo, y siendo que a este despacho no le compete declarar la nulidad del acto, pero si le es obligatorio tutelar los derechos violados, se amparará a los accionantes provisionalmente, en tanto estos acudan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que allí interpongan la acción de nulidad,...

RESUELVE:

TUTELAR provisionalmente el derecho del debido proceso y el de legalidad violados con el acto administrativo expedido por la Alcaldía Municipal de Medellín, y en consecuencia, se suspende la sentencia del Juzgado 5º Civil del Circuito...” (fls. 118 a 130, cdno. 2).

2.1.17. El 14 de marzo de 1995, el señor José Vicente Blanco Restrepo, quien funge como apoderado judicial del señor Cristóbal Vergara Marín, presentó un escrito al Juzgado Quinto Civil del Circuito, con la siguiente solicitud:

“(...) Con sorpresa estoy presenciando como el inspector tercero civil especializado de policía de Medellín está ejecutando en nombre del Juzgado Quinto Civil del Circuito la sentencia de expropiación del proceso referido.

Esta sentencia no da lugar a interpretaciones diferentes a la que se deduce de la parte motiva y la resolutiva: hay evidencias tan grandes de la ilegalidad del acto administrativo que ordenó la expropiación y en consecuencia de la sentencia que se basó en él, que se optó por suspender sus efectos hasta tanto la justicia contencioso administrativa decida en definitiva.

(...).

Por estos motivos le solicito muy comedidamente que impida que el municipio de Medellín, parte beneficiada en el proceso de expropiación y a la vez ejecutora de su decisión a través de la inspección tercera civil especializada de policía, continúe ejecutando la sentencia que se encuentra suspendida por disposición del Juzgado 26 Penal del Circuito...” (fls. 141 a 143, cdno. 2).

Con el mismo escrito, se allegó copia del cartel de entrega fijado por la inspección tercera civil especializada, en el que se informaba a los arrendatarios del desalojo que se practicaría el 16 de marzo de 1995, al respecto se lee:

“(...) El día jueves dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), a partir de las ocho de la mañana (8:00) a.m., se llevará a cabo la diligencia de entrega real y material de dichos locales, así lo determinó el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, mediante comisorio 294, radicado 14)61, dentro del proceso de expropiación, instaurado por el municipio de Medellín, en contra de Logar Ltda., representada por Hernán y Javier López García.

Es de anotar que dichas entregas se llevarán definitivamente, por cuanto para la fecha de la diligencia, los términos de 3 meses concedidos mediante tutelas, por el Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal de Medellín y la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, se habrán prescrito (dic. 15/94 a mar. 15/95).

Advertencia. Si para la fecha y horas de la diligencia, los locales no han sido desocupados y entregados voluntariamente, se procederá a dicha acción, mediante la fuerza pública de ser necesario...” (fl. 149, cdno. 2).

2.1.18. El 24 de marzo de 1995, la apoderada judicial de los demandados en el proceso de expropiación radicaron una petición en el Juzgado Quinto Civil del Circuito con la siguiente solicitud:

“(...) En mi condición de apoderada de la sociedad Logar Ltda., y del señor Luis Guillermo García Correa, le solicito muy comedidamente un pronunciamiento sobre la crisis que ha desatado la tutela fallada por la señora Juez 36 Penal del Circuito de Medellín, con el fin de que las partes conozcamos cual es la forma de actuar hacia el futuro...” (fl. 151, cdno. 2).

La respuesta por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito fue la siguiente:

“(...) El escrito que antecede suscrito por la apoderada judicial de los demandados en este proceso no contiene una petición procesal concreta que pueda ser despacha. Anéxese por tanto al expediente para los efectos a que haya lugar...” (fl. 152, cdno. 2).

2.1.19. En oficio fechado 30 de mayo de 1995, quien funge como apoderado judicial en este libelo, pero actuando en esa oportunidad como apoderado de los señores Raúl Aristizabal, Hernán y José Rodrigo Marulanda Flórez y las señoras María Jael Vivares y Marcia Alicia Cano de Ortiz, presentó derecho petición al Juzgado Quinto Civil del Circuito, solicitando se diera cumplimiento a la sentencia del Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín, por la cual se suspendió la ejecución de la sentencia que ordenó la expropiación y la entrega del inmueble, a lo que la juez contestó en los siguientes términos:

“(...) El estancamiento del presente proceso se debe particularmente a los alcances del fallo de tutela proferido por la señora Jueza 26 Penal del Circuito de la ciudad, el día 9 de febrero del año en curso,... Por tanto, todos los actos que dependan de la sentencia en este proceso proferida se encuentran suspendidos y lo estarán hasta tanto se tenga noticia en el expediente, de la suerte de aquel fallo,...

Y se repite, este despacho no ha ordenado la práctica de la diligencia de entrega después de las acciones de tutela que se han tramitado y no lo hará, como no ordenará nada que dependa de la sentencia, mientras la situación planteada no varíe como o en la forma que se indicó...

Finalmente, no existe constancia o prueba en el expediente que indique que la parte demandante pretenda la entrega del resto del inmueble, razón por la cual no existe motivo para emitir un pronunciamiento en torno a ello” (fls. 188 y 189, cdno. 2).

2.1.20. El 12 de junio de 1995, el municipio de Medellín presentó un derecho de petición ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, solicitando información respecto al estado de la ejecución de la sentencia de expropiación, a lo que la juez contestó lo siguiente:

“(...) No se accede a lo solicitado por el señor apoderado del municipio de Medellín en el escrito precedente, por cuanto que al no haber sido revisado por la Honorable Corte Constitucional el fallo de tutela de que se viene hablando en autos anteriores según el mismo profesional, y ante la falta de determinación de vigencia del mismo por parte de la funcionaria falladora, necesariamente debe acudirse a la preceptiva del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, para concluirse que tal vigencia se extenderá hasta la decisión de fondo que profiera el Tribunal Contencioso Administrativo, que no puede ser otra que el fallo correspondiente”... (fl. 193, cdno. 2).

2.1.20. Mediante oficio 61 del 14 de febrero de 1995, el Juzgado 26 Penal del Circuito le comunicó al inspector tercero civil especializado de la suspensión provisional ordenada en la sentencia del 9 de febrero de 1995, de la sentencia de expropiación (fl. 267, cdno. 2).

2.1.21. Obra en el proceso oficio calendado 9 de marzo de 1995 suscrito por el inspector tercero civil especializado, por el cual se fijó como nueva fecha de entrega del edificio el 16 de marzo de 1995 (fl. 269, cdno. 2).

Proceso de nulidad contra la Resolución 1593 del 16 de septiembre de 1994.

2.1.22. El 26 de enero de 1995, quien funge como apoderado judicial en este proceso presentó demanda de nulidad contra la Resolución 1593 del 16 de septiembre de 1994 (fls. 272 a 287, cdno. 2), admitida en auto del 16 de febrero de 1995, por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fl. 288, cdno. 2) y negándose la suspensión provisional del acto demandado. En sentencia del 19 de octubre de 1995, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió:

“Declárase nulo el artículo 2º de la Resolución 1593 del 16 de septiembre de 1994, emanada del Alcalde Municipal de Medellín y que dispone:

ART. 2º—Ordenar la expropiación del inmueble alinderado en el artículo anterior en los términos del artículo 28 de la Ley 9ª de 1989. En consecuencia, una vez ejecutoriada esta decisión se procederá a iniciar el correspondiente proceso civil de expropiación, dentro del cual se hará uso de la facultad consagrada en el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil”.

Esta decisión estuvo sustentada en las siguientes consideraciones:

“(...) No quedará duda alguna con lo aportado que las gestiones que adelantó la alcaldía municipal se dirigieron desde un momento a lo que se ha denominado enajenación voluntaria y para ello basta observar el oficio 607 del 25 de julio de 1994 y auscultar los resultados que ello originó, donde luego de contradecir un precio hubo consenso de acuerdo, palpable en la aceptación de los interesados a través de su apoderada donde auspiciaba el avalúo realizado,... recalcando que los propietarios que por circunstancias ajenas a su voluntad estaban en imposibilidad de hacer entrega directa del inmueble sugiriendo al ente público acudir al artículo 28 de la Ley 9ª de 1989.

Una desprevenida lectura de la forma como debe actuar el ente público para expropiar a falta de una enajenación voluntaria como la presente podría alegar de inmediato el camino seguido por el Alcalde Municipal de Medellín.

El artículo 19 de la Ley 9ª de 1989 enseña cuando se agota la etapa de la adquisición por enajenación voluntaria directa y en su artículo 20 estipuló entonces lo que es el otro medio para alcanzar los inmuebles requeridos para usos públicos,...

(...).

En el edificio Vásquez no puede discutirse ni entenderse que no hubo acuerdo entre las partes pudiéndose afirmar además y como planteamiento, que su caso tampoco encajaba con exactitud en el artículo 20 ya transcrito porque en ninguno de sus tres numerales se patentizaba.

(...).

El Código del Comercio en su artículo 20 estipula que son actos, operaciones y empresas mercantiles y en su numeral primero le da tal carácter a la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos.

Y aunque se pudiera auspiciar que lo ocurrido con la del edificio Vásquez pudiera estar amparado en este numeral, lo cierto es que el mismo fin buscado y que motivó el acto administrativo, es sacarlo de la actividad comercial y por eso su adquisición se tomó con visión pública.

Entonces todos los razonamientos que se puedan hacer que la tradición en el Código del Comercio es diferente a la concebida en el Código Civil, no admite auspicio legal, quedando luego como único pilar jurídico para dar adaptación al ya mentado artículo de la Ley 9ª de 1989 es acatar la norma del Código Civil, que por supuesto y en el caso a estudio no tenía limitante dentro de lo propuesto pues se estipula “que cuando por parte del propietario exista ánimo claro de negociación por el precio ofrecido y por circunstancias ajenas de la voluntad del mismo debidamente comprobadas no puede llevarse a término la enajenación voluntaria”, y con la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos era factible con o sin arrendatarios.

Se aplicó erróneamente el contenido de la Ley 9ª de 1989 y para ser más enfático con esta aseveración, basta recordar el mismo texto de la resolución impugnada, donde el Alcalde de Medellín anota que ejerce sus atribuciones legales en especial con las que le confiere el artículo 21, que es exclusivamente un desarrollo que se le debe dar al artículo 20 ya transcrito que enmarca taxativamente los tres casos que motivan una expropiación donde por supuesto no está lo analizado...” (fls. 257 a 267, cdno. 1).

2.1.23. Como consecuencia de la anterior decisión el municipio de Medellín y los propietarios del edificio Vásquez radicaron la siguiente solicitud ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín:

“(...) en acatamiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,... respetuosamente nos permitimos solicitarle archivar el proceso de la referenciado ya que jurídicamente es imposible terminarlo mediante la ejecución total de la sentencia proferida dentro del mismo.

Las partes hemos acordado así mismo otorgar escritura pública mediante la cual los demandados transfieren al municipio de Medellín el derecho de dominio y posesión material que tienen y ejercen sobre el inmueble litigado.

Por último solicitamos que los dineros consignados por el ente municipal a nombre del juzgado en el Banco Popular de la ciudad sean devueltos a este para satisfacer el pago de la enajenación voluntaria directa a que se han comprometido los demandados” (fls. 314 y 315, cdno. 2).

En auto del 15 de diciembre de 1995, la Jueza Quinta Civil del Circuito aceptó la solicitud, declaró la terminación del proceso y ordenó lo siguiente:

“(...) En consecuencia, se dispone el levantamiento de la medida de inscripción de demanda que pesa sobre el bien inmueble que fuera materia del proceso. Ofíciese para lo de su cargo a la oficina de registro de II. PP., zona sur de la ciudad.

Igualmente se dispone la devolución y entrega a favor del municipio de Medellín de los dineros que había consignado para efectos de la indemnización. Elabórese el título o títulos respectivos a nombre del ente actor y entréguese a su apoderado judicial, facultado que está para recibir.

Cumplido lo anterior, archívese el expediente” (fl. 324, cdno. 2).

Esta decisión fue objeto del recurso de reposición por parte de una apoderada judicial de uno de los arrendatarios que había sido desalojado y del apoderado judicial del señor Cristóbal Vergara Marín, solicitudes despachadas por la Jueza Quinta Civil del Circuito mediante auto del 24 de enero de 1996, en el que se expuso lo siguiente:

“(...) A los anteriores recursos y solicitud de nulidad no se les dará trámite alguno, por cuanto que recurrente y peticionario sí son parte en el proceso terminado, ni representan a ninguna de ellas.

Los incidentes que pretendieron promover los memorialistas en nombre de algunos de los arrendatarios de los bienes que fueron materia de expropiación, no fueron tramitados por la suspensión de la sentencia, originada por decisión de tutela y supeditada al fallo contencioso administrativo, proferido este en el sentido que se conoce, por sustracción de materia el proceso debía terminar como se solicitó por sus directos interesados, las partes, con la consecuente devolución del dinero objeto de indemnización a favor del ente demandante y por ende, la no tramitación de los mentados incidentes” (fl. 333, cdno. 2).

Contra esta decisión los mismos apoderados presentaron sendos recursos de reposición, los que fueron desestimados por la misma razón, esto es, por no ser parte en el proceso.

Ahora bien, analizadas cuidadosamente todas las decisiones judiciales que se tramitaron en el proceso de expropiación y paralelamente a este, como conclusión tenemos lo siguiente: i). La sentencia que declaró la expropiación del edificio Vásquez y entrega material al municipio de Medellín, que derivó en el desalojo del señor Cristóbal Vergara Marín y otros, fue suspendida por la decisión del Juez 26 Penal del Circuito de Medellín, quien resolvió además de la suspensión, se tramitara un proceso de nulidad contra la Resolución 1593 del 16 de septiembre de 1994; ii). Una vez presentada la demanda de nulidad, se resolvió declarar la nulidad del acto administrativo demandado, por haberse presentado una incorrecta interpretación del artículo 20 de la Ley 9ª de 1989; iii). Como consecuencia de lo anterior, el municipio de Medellín y los propietarios del edificio Vásquez solicitaron al Juzgado Quinto Civil del Circuito que diera por terminado el proceso, comoquiera que ellos habían decidido celebrar un contrato de compraventa, lo que fue admitido en auto del 15 de diciembre de 1995.

3. Del daño antijurídico.

El daño constituye el primer elemento o supuesto de la responsabilidad, cuya inexistencia, o falta de prueba, hace inocuo el estudio de la imputación frente a la entidad demandada; esto es, ante la ausencia de daño se torna estéril cualquier otro análisis, comoquiera que es el umbral mismo de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Así las cosas, el daño se refiere a aquel evento en el cual se causa un detrimento o menoscabo, es decir, cuando se lesionan los intereses de una persona en cualquiera de sus órbitas, es “la ofensa o lesión de un derecho o de un bien jurídico cualquiera”(7) aunque algunos autores han considerado que esta concepción debe incluir también la “amenaza o puesta en peligro del interés”(8), con lo cual se amplía su concepción a la “función preventiva”(9) del mismo; en ese orden de ideas, se encuentran diversos conceptos del daño que ha planteado la doctrina:

“Nos encontramos ante un concepto amplio, impreciso y esencialmente intuitivo(10). De estas características se deriva la dificultad de dar un concepto unitario de “daño”, dada la diversidad de manifestaciones y matices que este presenta(11).

“Para de cupis “daño” no significa más que nocimiento o perjuicio, o lo que es lo mismo aminoración o alteración de una situación favorable(12). En un entendimiento similar del concepto, la doctrina suele dar un concepto meramente objetivo del “daño” caracterizándolo —en palabras de Larenz— como “el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(13).

“Esta afirmación precisa de una urgente aclaración ya que el hombre no solo sufre cuando se lesionan sus intereses materiales; “un atentado —escriben los hermanos Mazeaud— contra sus intereses morales, le puede resultar todavía más sensible”(14). En definitiva, “daño” no se equipara a la mera pérdida pecuniaria.

“El concepto de daño comprende, en efecto, el perjuicio, el nocimiento causado(15). Es una modificación a la realidad material(16), modificación desfavorable para el dañado, perjudicial para sus intereses. En consecuencia, es inmanente al concepto de daño la idea de confrontación entre una situación antecedente y una sucesiva desventajosa para la víctima”(17).

Así, con la aproximación al concepto de daño(18), es pertinente señalar, que la constatación de este no es suficiente para que se proceda a su indemnización; en efecto, el daño debe ser cualificado para que sea relevante en el mundo jurídico, por ello la Constitución Política en el artículo 90 señala que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” (se resalta).

La antijuridicidad(19) se refiere a aquello que no se tiene la obligación de padecer, al evento que es “contrario a derecho”(20), “es la contradicción entre la conducta del sujeto y el ordenamiento jurídico aprehendido en su totalidad”(21), ello se refiere a que se desconozca cualquier disposición normativa del compendio normativo, sin importar la materia o la rama del derecho que se vulnera, puesto que la transgresión a cualquiera de ellas, genera la antijuridicidad del daño(22).

En ese orden, la antijuridicidad puede ser estudiada en el plano formal y en el material: el primero de ellos se evidencia con la simple constatación de la vulneración a una norma jurídica, y el segundo se refiere a la lesión que se produce con esa vulneración, en los derechos de un tercero(23), aspectos que deben estar presentes para que el daño sea indemnizable.

Sin embargo, es preciso señalar que no solo es antijurídico el daño cuando se vulnera una norma jurídica, sino también aquel que atenta contra un bien jurídicamente protegido, en palabras de Roberto Vásquez Ferreyra, “la antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento, comprensivo este de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas del orden natural. En esta formulación amplia caben los atentados al orden público, las buenas costumbres, la buena fe, los principios generales del derecho y hasta el ejercicio abusivo de los derechos(24)(25).

La Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, en lo que se refiere al daño antijurídico, indicó:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador.

“La doctrina española ha definido el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Esta concepción fue la base conceptual de la propuesta que llevó a la consagración del actual artículo 90 (...).

“Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”.

“Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Esta corporación ha entendido el daño antijurídico como “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(26), como también en los siguientes términos:

“A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución española y 90 de la Constitución colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(27); o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación’(28).

“Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:

“La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (C.N., arts. 228 y 2º), sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado social de derecho (C.N., arts. 1º y 13)”(29).

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura.

Así las cosas, de la existencia del daño antijurídico, se puede establecer que aquellos que no cumplan con esos parámetros, conformaran un daño opuesto, esto es un daño justo o jurídicamente permitido: “desde esta perspectiva, los actos humanos que resulten ajustados al derecho, en función de que son respetuosos con los intereses que este estima preferentes, integran la órbita de los actos lícitos, justos o no antijurídico (...)”(30), es decir, que serán daños jurídicos cuando la conducta por la cual se imputa el daño o el hecho dañoso este autorizado por las normas jurídicas vigentes, o el que acaece por el cumplimiento de un deber consagrado en el ordenamiento jurídico, en términos breves “cuando existe el deber legal de soportarlo”(31).

Ahora bien, en el libelo demandatorio se definió como daño antijurídico a reparar, la afectación al patrimonio sufrida por el señor Cristóbal Vergara Marín, como consecuencia de la declaratoria de utilidad pública de un inmueble lo que derivó en un proceso de expropiación judicial en el que se le ordenó desalojar un local comercial que tenía arrendado y donde operaba una barbería, el cual, bajo los parámetros señalados constituye un daño jurídico por las razones que se pasan a explicar.

Etapas del proceso de expropiación judicial regulado por la Ley 9ª de 1989.

La Ley 9ª de 1989 para la fecha de los hechos, —1994—, constituía el estatuto o conjunto de normas mediante las cuales se regularon los planes de desarrollo municipal y la compraventa y expropiación de bienes, entre otras temas.

En esta ley se establecieron los eventos o destinación que debía tener un bien para que su adquisición fuese declarada de utilidad pública, al respecto el artículo 10 disponía:

“a) Ejecución de planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado;

b) Ejecución de planes de vivienda de interés social;

c) Preservación del patrimonio cultural, incluidos el histórico y el arquitectónico en zonas urbanas y rurales;

d) Constitución de zonas de reserva para el desarrollo y crecimiento futuro de las ciudades;

e) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos;

f) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los campos de la salud, educación, turismo, recreación, deporte, ornato y seguridad;

g) Ejecución de proyectos de ampliación, abastecimiento, distribución, almacenamiento y regulación de servicios públicos;

h) Sistemas de transporte masivo de pasajeros, incluidas las estaciones terminales e intermedias del sistema;

i) Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades a las cuales se refiere el artículo 11 de la presente ley, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y las de las sociedades de economía mixta;

j) Ejecución de obras públicas;

k) Provisión de espacios públicos urbanos;

l) Programas de almacenamiento, procesamiento y distribución de bienes de consumo básico;

ll) Legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales;

m) Reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo y rehabilitación de inquilinatos;

n) Ejecución de proyectos de urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificados, y

o) Ejecución de proyectos de integración o readaptación de tierras”.

A su vez, el artículo 11 establecía las formas de adquisición de los inmuebles, a saber, i) enajenación voluntaria; y ii) expropiación judicial(32), el primero regulado en los artículos 12 a 19 y el segundo, del 20 al 32. El artículo 20 disponía los motivos o razones por las cuales procedía la expropiación judicial, así establecía la norma:

“1. Cuando venciere el término para celebrar contrato de promesa de compraventa o de compraventa y no fuere ampliado oportunamente, sin que se hubieren celebrado dichos contratos. Si es por causa imputable a la entidad adquirente el propietario no perderá los beneficios de que trata el artículo 15 de la presente ley.

2. Cuando el propietario hubiere incumplido la obligación de transferirle a la entidad adquirente el derecho de dominio en los términos pactados.

3. Cuando el propietario notificado personalmente o por edicto rechazare cualquier intento de negociación o guardare silencio sobre la oferta por un término mayor de quince (15) días hábiles contados desde la notificación personal o de la desfijación del edicto”.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 28 describía otro evento en el que también procedía la expropiación judicial, es decir, los motivos del artículo 20 no eran los únicos eventos, así se desprende del contenido del primero cuando se dijo que:

“ART. 28.—Cuando por parte del propietario exista ánimo claro de negociación por el precio ofrecido, y por circunstancias ajenas a la voluntad del mismo, debidamente comprobadas, no fuere posible llevar a término la enajenación voluntaria directa o se tratare de inmuebles que se encuentren fuera del comercio, se ordenará la expropiación del inmueble y el juez competente podrá ordenar el pago de la indemnización en la misma cuantía y términos en que se hubiere llevado a cabo el pago de la compraventa si hubiere sido posible la negociación voluntaria. Igualmente procederá el beneficio tributario de que trata el inciso 4º del artículo 15”.

Ahora bien, en cuanto a las formalidades procesales del proceso de expropiación se debía acudir a lo regulado por el Código de Procedimiento Civil en los artículos 451 a 459(33). El artículo 451 disponía que la demanda se debía dirigir contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes objeto de expropiación, así como contra los tenedores cuyos contratos se hubiesen elevado a escritura pública inscrita.

De la lectura de estas normas, en especial de lo dispuesto en el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, que regula lo concerniente a quienes debían ser demandados en un proceso de expropiación, se desprende el sustento para considerar que el daño sufrido por el señor Cristóbal Vergara Marín tiene la connotación de jurídico, toda vez que esta norma obligaba a vincular al proceso de manera específica a los titulares de derechos reales principales, a aquellas personas que hubiesen adelantado o iniciado un litigio en el cual el objeto del mismo recayese sobre el inmueble objeto de la expropiación, y por último a los tenedores con contratos vigentes elevados a escritura pública debidamente registrada o inscrita.

Bajo estos parámetros se puede concluir que el señor Cristóbal Marín Vergara no debió ser vinculado al proceso de expropiación, —de donde se originó la orden de desalojo—, toda vez que no era el propietario del inmueble, no tenía un litigio pendiente en el que estuviese en disputa o tuviese como objeto el bien expropiado y su contrato de arrendamiento no estaba elevado a escritura pública, menos inscrito.

En consecuencia, y sin perjuicio a que con posterioridad al desalojo, el proceso ordinario de expropiación adelantado fue archivado por solicitud de las partes, el daño derivado del desalojo debía ser soportado por el demandante, ya que estaba sustentado en una orden judicial, dentro de un proceso que cumplió con lo que exigía la normativa vigente para la época de los hechos.

Ahora bien, en gracia de discusión si lo pretendido por los demandantes era exigir un restablecimiento de un derecho vulnerado por el municipio de Medellín originado en el acto administrativo que declaró de utilidad pública el edificio Vásquez, esto es, la Resolución 1593 del 16 de septiembre de 1994, la acción procedente era la nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa como fue la impetrada en el caso concreto, la que sea del caso mencionar para la fecha de presentación de esta demanda se encontraba caducada, es decir, si el demandante una vez tuvo conocimiento de la declaratoria de utilidad pública del edificio Vásquez, entendía que se le estaba vulnerando un derecho, debió ejercer esta acción para que se declarara la nulidad del acto administrativo respectivo y se le restablecería el derecho vulnerado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia del 10 de diciembre de 2004, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó por la razones expuestas en la parte motiva.

2. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Auto de unificación del 25 de junio de 2014. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Enrique Gil Botero. Exp. 49.299.

(2) M.P. Enrique Gil Botero, seis (6) de agosto de dos mil catorce (2014), Exp. 50.408.

(3) Fls. 26 a 30, cdno. 2.

(4) Fl. 31, cdno. 2.

(5) Fl. 37, cdno. 2.

(6) Fls. 99 y 100 cdno 2

(7) Orgaz Alfredo. El daño resarcible. 2ª Edición. Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires. Pág. 36. En ese mismo sentido Vásquez Ferreira Roberto en su obra Responsabilidad por daños. Ed. Depalma, Buenos Aires. Pág. 174 lo definió así: “El daño es la lesión a un interés jurídico”.

(8) De Lorenzo Miguel Federico. El daño injusto en la responsabilidad civil. Ed. Abeledo - Perrot, Buenos Aires. Pág. 17.

(9) Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit., pág. 170.

(10) Nota del original: “Cfr. Ataz López, J.: Los médicos y la responsabilidad civil, Ed. Montecorvo, Madrid, 1985, p. 319”.

11 (11) Nota del original: “Vid., entre otros, Yzquierdo Tolsada, M.: Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Reus, Madrid, 1993, Vol. I, p. 182”.

(12) Nota del original: “De Cupis, A.: Ill danno. Teoria generale della responsabilità civile, Giuffrè Editore, Milano, 1996, vol. I, p. 7. Términos curiosamente coincidentes con los empleados por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como sinónimos de “nocimiento”; cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Espasa-Calpe, edic. 1984 (20ª edición), t. II, p. 956: “Nocimiento. (De nocir), Daño o perjuicio””.

(13) Nota del original: “Cfr. Larenz, K.: Derecho de obligaciones (traducción española de Santos Briz), Edersa, Madrid, 1958, t. I, p. 193. Definición recogida por Santos Briz, J. en sus obras: Derecho de daños, Edersa, Madrid, 1963, p. 107 y La responsabilidad Civil. Derecho sustantivo y derecho procesal, Montecorvo S.A., Madrid, 1993 (7ª edic.), t. I, p. 144; por Pascual Estevill, L.: La responsabilidad extracontractual, aquiliana o delictual, Bosch, Barcelona, 1990-92, T. II, vol. 2º, Parte Especial (cont.), p. 647”.

(14) Nota del original: “Cfr. Mazeaud, H., L. y J.: Lecciones de derecho civil (traducción de Luis Alacalá-Zamora y Castillo), ED. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960, Parte segunda, vol. II, p. 60.

(15) Nota del original: “Vid. Patti, S.: Il danno patrimoniale, UTET- Libreria, Torino, 1989, p. 9; De Cupis, A.: “Danno (dir. vig.)”, en Enc. Dir., t. XI, Milano, 1962, pp. 622 y ss.”.

(16) Nota del original: “Vid. Von Caemmerer, E.: Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht, Freiburg i. Br., 1956.

(17) Bustos Lago José Manuel. La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual. Ed. Tecnos. Madrid. Pág. 40.

(18) El Consejo de Estado, ha definido el daño así: “El daño, como otro de los elementos de la responsabilidad, es la lesión o pérdida causada por una conducta lícita o ilícita, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, y la cual no tiene por qué soportar el lesionado (art. 90 constitucional)”, sentencia del 19 de mayo de 2005, Expediente 15001-23-31-000-2001-01541-03, M.P. María Elena Giraldo Gómez; “El daño, en “su sentido natural y obvio“, es un hecho, consistente en “el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien“, “... en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc….” y “... supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Expediente. 11.499, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(19) Término que ha sido aceptado por un sector de la doctrina como sinónimo de injusto, y en ciertos eventos de ilícito.

(20) Bustos Lago José Manuel, Ob. cit., pág. 45.

(21) Nota del original: “Cfr. Bueres, A. J.: “El daño injusto y la licitud” op. cit., p. 149. En el mismo sentido, entre otros, Rodriguez Mourullo, G.: Derecho Penal. Parte General, Op cit., p. 343: “Para la determinación de la antijuridicidad resulta decisivo el ordenamiento jurídico en su conjunto””. Bustos Lago José Manuel. Ob. cit,. pág. 50.

(22) Sobre el concepto de daño antijurídico resulta ilustrativo, la breve reseña que sobre el mismo presentó, Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit., pág. 128: “En una primera aproximación, Compagnucci de Caso define a la antijuridicidad como “el acto contrario a derecho, considerado este último concepto como una concepción totalizadora del plexo normativo”.
“Gschnitzer entiende por antijuridicidad “una infracción de una norma, ley, contrato, ya norma expresa, ya atentado a la finalidad que la norma persiga o lesiones principios superiores”.
“En el campo penal, Mezger define la antijuridicidad —injusto— como el juicio impersonal-objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico”.

(23) Bustos Lago José Manuel. Ob. cit., págs. 51 a 52.

(24) Nota del original: “así lo expusimos en nuestra obra La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo, ED. Vélez Sarsfield, Rosario, 1988, p. 67. Ver también Alberto Bueres en El daño injusto y la licitud..., ob. cit., p. 149, y Omar Barbero, Daños y perjuicios derivados del divorcio, Edit. Astrea, Bs. As., 1977, p. 106”.

(25) Vázquez Ferreira Roberto. Ob. cit., pág. 131.

26 (26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de mayo de 1995, expedientes 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, M.P. Juan de Dios Montes Hernández, reiterado en sentencia del 6 de junio de 2007, Expediente 16.460, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(27) Nota del original: “Sentencia del 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, entre muchas otras”.

(28) Nota del original: “Sentencias del 11 de noviembre de 1999, expediente 11499 y del 27 de enero de 2000, Expediente 10867”.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, Expediente 12.158, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Ver entre otras:
“En el bien entendiendo que la expresión lesión tiene un significado más estricto que la palabra daño. No cualquier daño será indemnizado, sino solo aquellos daños jurídicos, aquellos daños a los que el derecho les de alguna relevancia, aquellos daños que no deban ser normalmente soportables: el cambio de lugar de una parada de los autobuses urbanos, el tiempo que hay que aguantar en la cola en la ventanilla de una oficina pública, son consideraciones así como supuestos en los que las posibles molestias de los ciudadanos no alcanzan la categoría de ‘lesión’”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 1991, Expediente 6334, M.P. Daniel Suárez Hernández.
“Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de “causales de justificación.
“(...).
“Por lo anterior, no hay duda de que el fundamento de la responsabilidad del Estado se desplazó de la ilicitud de la conducta causante del daño (falla del servicio o culpa del Estado) al daño mismo, siempre y cuando este fuese antijurídico”. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Expediente 11.499, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(30) Bustos Lago José Manuel. Ob. cit., pág. 51 a 52.

(31) Gil Botero Enrique. Responsabilidad extracontractual del Estado. Quinta Edición. Ed. Temis. Pág. 28.

(32) ART. 11.—Sustituido. Artículo 59 Ley 388 de 1997 decía así: La Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles urbanos o suburbanos para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 de la presente ley. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental y municipal, que estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades previstas en el artículo 10 de la presente ley, también podrán adquirir o decretar la expropiación de inmuebles urbanos o suburbanos, para el cumplimiento de dichas actividades.
Para los efectos de la presente ley, son entidades públicas las enumeradas en el inciso anterior. Ver artículo 29 Ley 3º de 1991 sistema nacional de vivienda de interés social.

(33) ART. 451.
Demanda. La demanda de expropiación deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. A la demanda se acompañará copia de la resolución que decreta la expropiación, los documentos que para el caso exija ley especial, y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ellos, por un período de veinte años, si fuere posible.
2. La demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes y si estos se encuentran en litigio, también contra todas las partes del respectivo proceso.
Igualmente se dirigirá contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura pública inscrita y contra los acreedores hipotecarios y prendarios que aparezcan en el certificado de registro.
ART. 453.
Excepciones. En este proceso no son admisibles excepciones de ninguna clase, pero en la sentencia el juez se pronunciará de oficio sobre las circunstancias contempladas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º y 7º del artículo 97, y si encontrare establecida alguna, así lo expresará y se abstendrá de resolver la expropiación.
ART. 454.
Sentencia y notificación. Vencido el término de traslado el juez dictará sentencia, y si decreta la expropiación ordenará cancelar los gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre los bienes.
La sentencia se notificará personalmente, pero si ello no fuere posible dentro de los tres días siguientes a su fecha, la notificación se hará por edicto que se fijará por un día en la secretaría.
ART. 456.
Avalúo y entrega de los bienes. El juez designará peritos que estimarán el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados. En firme el avalúo y hecha por el demandante la respectiva consignación, se procederá así:
3. Cuando en el acto de la diligencia se oponga un tercero que alegue posesión material o derecho de retención sobre la cosa expropiada, la entrega siempre se efectuará; pero se advertirá al opositor que puede presentarse al proceso dentro de los diez días siguientes a la terminación de la diligencia, a fin de que mediante incidente se decida si le asiste o no el derecho alegado.
Si el incidente se resuelve a favor del opositor, en el auto que lo decida se ordenará a los mismos peritos que avalúen la indemnización que le corresponde, la que se le pagará de la suma consignada por el demandante. El auto que resuelva el incidente es apelable en el efecto diferido.