Sentencia 1997-00734 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 05001233100019970073401 (29.600)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Héctor de Jesús Sanmartín y otro

Demandado: Departamento de Antioquia - Secretaría de Obras Públicas.

Asunto: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 28 de julio de 2004, proferida por la Sala de Descongestión de la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

1. Hechos demostrados y análisis probatorio.

En primer lugar se debe aclarar que, en relación con las fotografías que la parte actora allegó con la demanda —obrantes a folios 24 a 27 del cuaderno del tribunal—, con el propósito de demostrar las condiciones en que se encontraba el lugar donde ocurrió el hecho —así como el estado del vehículo posterior al siniestro—, no se hará valoración alguna, pues carecen de mérito probatorio, en principio, puesto que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso.

Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

1.1. De conformidad con la primera copia del informe del accidente, elaborado por el Inspector Municipal de Policía y Tránsito de Salgar —en formato 94-072379 de la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre Automotor—, se indicó que se trató del volcamiento de un vehículo tipo camión —modelo 73, marca Internacional—, rotulado para la empresa Coofederat, el cual era conducido por el señor Héctor de Jesús Sanmartín. Dio cuenta —además— de que el siniestro ocurrió a las 8:30 de la mañana en área rural del Departamento, sobre la vía que de Salgar conduce a Medellín, en el tramo del kilómetro 13 —a la altura de la finca denominada “la Florida”—, cuyas características hacen del terreno una pendiente recta de una sola calzada, con afirmado deteriorado con huecos e inundada, utilizada en ambos sentidos; a pesar de la humedad de la superficie, las condiciones meteorológicas se registraron como normales y —se resalta—, en el lugar no se encontró ninguna señalización de precaución o demarcación preventiva para su tránsito. Agregó que el conductor exhibió su licencia vigente, así como la póliza de seguro 5999472, expedida por la compañía Seguros del Estado.

Como testigos del desastre —en el formato del informe—, fueron referenciados Mauricio Vélez G., Mery González y Javier Vanegas, quienes manifestaron que el mismo se produjo debido al mal estado de la vía. El primero de ellos, quien conducía el vehículo “la Chiva”, que se desplazaba en contrasentido, hizo constar —además—, que se orilló para darle espacio suficiente al camión que ascendía, pero cuando iba cruzando, el terreno cedió a su paso y el automotor se desbarrancó hacia atrás (fl. 32, cdno. 1).

1.2. De otra parte, obran en el proceso a) el certificado de incapacidad del paciente Héctor de Jesús Sanmartín, del 7 de marzo de 1996, y b) resumen de la historia clínica —fechada el 13 de noviembre de la misma anualidad—, ambos suscritos por el médico ortopedista y traumatólogo Carlos E. Salgado Vélez —al servicio de la Clínica Medellín—, en los que hizo constar, en su orden:

a) “(…) sufrió fractura vertebral que requirió procedimiento quirúrgico. Por ello se incapacita para trabajar del 7/III/96 al 20/VII/96, inclusive (del siete de marzo al veinte de julio) (…)” (fl. 30, cdno. 1) (resaltado agregado).

b) “(…) historia clínica

Héctor de Jesús Sanmartín: Paciente de 57 años de edad, conductor, casado.

MC y EA: Paciente relata que el día 7-III-96 sufrió accidente de tránsito en Salgar Antioquia de donde fue remitido a esta institución (Clínica Medellín), con diagnóstico de fractura y aplastamiento vertebral de L1 80%, por lo cual requirió reparación quirúrgica el 13-III-96.

Nota operatoria

DX: Fractura y aplastamiento vertebral L1 80%

PX: Reducción quirúrgica con técnica de Harrington Luque con injerto.

Cirujanos:

Carlos Salgado Vélez

Álvaro Puerta

Anestesia:

Alcides Otálvaro

Se le deja dren y tiene buen movimiento distal.

Durante los días 14, 15, 16, 17 y 18-III-96 el paciente ha evolucionado muy bien, se ve tranquilo, sin dificultad respiratoria y con buen movimiento distal de las extremidades; se le toman RX de control y se observa buena posición del material con reparación parcial de la altura de los cuerpos vertebrales. Ha estado afebril sin déficit motor o sensitivo y esfínteres bien.

Se le da de alta con tratamiento y control en 10 días (…)” (fl. 31, cdno. 1).

1.3. Se constató, así mismo —recibido el 12 de enero de 2000 en el Tribunal Administrativo de Antioquia—, el concepto médico laboral, emitido por el servicio de la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social de Antioquia, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que se manifestó:

“(…) De acuerdo a su solicitud examiné al señor Héctor de Jesús Sanmartín, con el fin de determinar las secuelas y merma de la capacidad laboral dejada por “un accidente de tránsito”.

Resumen historia clínica (Clínica Medellín): “Paciente de 60 años de edad, quien manejaba un camión y accidentalmente se volcó, presentando trauma en cara y cráneo —trauma cerrado de abdomen—. No hubo pérdida del conocimiento (mar. 7/96).

Al examen presentaba: Herida no suturada en cuero cabelludo — Herida no transfixiante de párpado superior izquierdo de 2 cm, no suturada — Herida en párpado inferior izquierdo — Laceración en mejilla izquierda — Herida ya suturada submentoniana de 4 cm de longitud.

Laceración muslo derecho.

Laceración y equimosis en fosa renal derecha — refiere mucho dolor en constado.

Impresión diagnóstica: TEC moderado — Politraumatizado — Trauma cerrado de abdomen — Herida en párpado izquierdo.

Fue intervenido quirúrgicamente por cirugía plástica, practicándosele lavado, desbridamiento y cierre primario por planos.

TAC de cráneo fue reportado como normal (mar. 8/96).

El examen de resonancia nuclear magnética de columna lumbar mostró aplastamiento de L1 de un 80% (mar. 11/96).

El 13 de marzo de 1996 fue intervenido quirúrgicamente practicándosele reducción abierta de la fractura, colocación de injerto óseo y fijación con barras de Harrington.

Evolución satisfactoria”.

Al examen clínico encuentro un paciente en aparente buen estado general, que ingresa caminando normalmente al consultorio.

Hallazgos:

1. Cicatriz lineal transversal, normocrómica de 7 cm a nivel del pómulo izquierdo.

Párpados izquierdos normales, sin cicatrices. Apertura y cierre palpebral normales.

Cicatriz lineal transversal, irregular de 5 cm localizada en región submentoniana — Movimientos de cuello normales.

2. Cardiopulmonar normal — Abdomen normal.

3. Cicatriz quirúrgica mediana dorsolumbar de 16 cm

Cicatriz quirúrgica de 8 cm en región posterior de cresta iliaca derecha por toma de injerto óseo.

Limitación en los movimientos de la columna lumbar:

Flexión 0 - 70º

Extensión 0 - 10º

Laterales 0 - 20º

Rotación 0 - 30º

A nivel de miembros inferiores presenta leve atrofia en muslo izquierdo (1 cm) — Hipoestesia en región anterior del muslo derecho.

Reflejos osteotendinosos normales —fuerza segmentaria normal— marcha normal.

Concepto: Los hallazgos clínicos y radiológicos se consideran secuelas definitivas del accidente mencionado y producen en el señor Héctor de Jesús Sanmartín, una incapacidad permanente parcial y una merma en su capacidad laboral de un veintitrés punto dieciocho por ciento - 23.18% (deficiencia 11.58%; discapacidad 3.1%; minusvalía 8.5% (…)” (fls. 115 y 116, cdno. 1) (se resalta).

1.4. Se verificó, integrando el acervo de pruebas, carta de respuesta a la solicitud del apoderado de la parte demandante, expedida el 5 de septiembre de 1996 por la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Antioquia, en la que certifica:

“(…) Atendiendo a su solicitud, me permito informarle que la vía que de la troncal del Café conduce al municipio de Salgar, es del orden departamental, actualmente se adelantan trabajos de pavimentación por parte de la secretaría de obras públicas departamentales.

La vía que conduce a los municipios de Andes y Jardín es del orden nacional y su mantenimiento corresponde al Instituto Nacional de Vías (…)” (fl. 28, cdno. 1) (resaltados adicionados).

1.5. Adecuadamente allegado obra en el conjunto probatorio —a folio 70 del cuaderno del tribunal—, el historial del vehículo de placas KCB-068, que fue emitido por la Dirección Departamental de Transportes y Tránsito de la Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano del departamento de Antioquia el 17 de junio de 1999, para certificar que se trata de un vehículo de color azul, tipo camión con carrocería de estacas, marca Internacional, modelo 1973, destinado al servicio público y adscrito a la empresa Coofederant.

Consta allí mismo que la propiedad del vehículo era de Olga Lucía Giraldo y Héctor Sanmartín y, como última observación, consigna que fue cancelado en atención a su destrucción total. Respecto a este particular, se debe anotar que —salta a la vista por la incongruencia que ello significa—, el trámite de su cancelación se certificó efectuado el 20 de mayo de 1993, es decir, poco más de tres años antes de los hechos sub examine.

1.6. A folio 74 del cuaderno del tribunal, obra un nuevo certificado expedido por la Secretaría de Obras Públicas del departamento de Antioquia, fechado el 25 de junio de 1999, en el que se informa que en dicha dirección no se halló ningún reporte de accidente —al parecer porque no estuvo involucrada ni maquinaria ni personal del departamento—, pero, en segundo lugar, confirma que “(…) la Secretaría de Obras Públicas adelantaba por esa época trabajos de pavimentación, pero en un sector muy lejano al de la ocurrencia del accidente (cercanías a Puente Restrepo) (…)”, y agregó que la señalización sólo tiene a lugar en los sitios de intervención.

1.7. Debidamente decretadas, se recibieron las declaraciones de los testigos llamados por la parte demandante, de cuyas respuestas al cuestionario se deben destacar —en primer lugar—, la rendida por Héctor Mauricio Vélez González, quien presenció los hechos y así los reconstruyó:

“(…) El día del accidente como ya hace tanto tiempo ya no me acuerdo, de eso hace ya por ahí cuatro o cinco años, sé que fue por ahí más o menos de seis y media o siete de la mañana, yo conducía un carrito aquí en Transportes Salgar e iba para Bolívar, había amanecido haciendo muy mal día y creo que todavía estaba lloviznando; en el sitio conocido como El Barroso, allá abajo vi que subía un camión, entonces yo busco un espacio junto a la barranca para que el vehículo pasara, el vehículo no había llegado a donde yo estaba para hacer el cambio y nosotros presenciamos como al camión ir voltiando [sic] o mejor subiendo se fue hacia el precipicio, entonces los que íbamos en el carro nos bajamos para tratar de auxiliar al conductor del camión, señor Héctor Sanmartín, ya de ahí llegó el grupo de rescate de Bolombolo y lo auxiliaron y lo despacharon para Medellín grave y ya de la cooperativa mandaron otro camión para que recogieran la carga que se fue por el barranco, es decir, lo poquito que quedó. El camión quedó en la mitad del rio acabado, no quedó sirviendo para nada. Las causas de ese accidente fue [sic] por el mal estado de la vía (…). Yo sé que la vía estaba muy mala porque más arriba donde ocurrió el accidente se había ido la banca o un pedazo de ella y entonces habían puesto unas guaduas y en el lugar del accidente había una obra que estaba tapada y el agua estaba corriendo por toda la vía carreteable, y fue que ese día había caído un aguacero muy fuerte, digo que esa noche antes del accidente. El vehículo tenía la carrocería muy buena, tenía un motor diesel y estaba muy bueno de latas y bueno de artillería, que para esa época podía haber valido ese carro como unos veinticinco, veintiocho o treinta millones (…). PREGUNTADO: Para qué era destinado dicho vehículo? CONTESTÓ: Para el transporte de carga, de café, abonos y varios para almacenes (…). PREGUNTADO: El señor Héctor de Jesús Sanmartín tenía ese carro con propiedad con otra persona? CONTESTÓ: Si, lo tenía en compañía con esa señora Olga Lucía Giraldo, porque don Sanmartín se entendía con don Alberto Marín, pero el carro estaba a nombre de ella y don Héctor. PREGUNTADO: Dígale al despacho qué quebrantos de salud sufrió por ese accidente el señor Héctor de Jesús Sanmartín. CONTESTÓ: Cuando el accidente tenía la cara en moretones y la cabeza, al momentico se le veía que estaba hinchado y hematomas en la cara, y tuvieron que sacarlo en una camilla de allá abajo porque se quejaba como de las costillas o la columna. Él estuvo hospitalizado me parece que fue en la Clínica Medellín como uno o dos meses y los gastos los cubrió en parte el Seguro obligatorio del carro “SOAT” (…) y el resto de la clínica lo pagó con la indemnización que le dio la aseguradora (…). PREGUNTADO: Usted sabe cuál era la situación económica del señor Héctor de Jesús Sanmartín antes de tener dicho accidente y en la actualidad? CONTESTÓ: Pues la situación la tenía estable, trabajaba, es que los carros no dan sino para la comida y para ahorrar ahí para el mantenimiento de los mismos carros y ahora él está sin trabajo y enfermo porque quedó sufriendo de la columna y no tiene entradas económicas ni nada (…). PREGUNTADO: Cuánto tiempo ha conocido usted al señor Héctor Sanmartín como conductor de vehículos, cuántos o qué clase de vehículos le conoce ha manejado, y si lo considera experto en esa profesión. CONTESTÓ: Yo que me acuerdo, él tuvo un Ford 55 aquí en Salgar, después me parece que manejó una volqueta en el municipio y después tuvo ese camión que lo tuvo como ocho o diez años, es decir que él sabe muy bien la profesión. PREGUNTADO: Si después del accidente cuando usted se bajó del vehículo le tocó ver directamente que la banca se había desmoronado. CONTESTÓ: Si me tocó ver que la vía había cedido y cuando el camión se levantó de la trompa para irse abajo porque se había hundido o cedido el terreno. PREGUNTADO: Si este accidente le ha producido a Héctor Sanmartín fuera de problemas económicos sufrimientos de tipo moral. CONTESTÓ: El señor se ha visto como achantado por los amigos tener que ayudarle (…)” (fls. 108 y 109, cdno. 1) (resaltado fuera del texto original).

Seguidamente se encontró el testimonio rendido por María Robiria Moncada Londoño quien —junto a Héctor Mauricio Vélez— fue testigo excepcional de los hechos, y así los recordó:

“(…) La fecha del accidente fue el día siete (7) de marzo de 1996, bajábamos nosotros en el carro de Mauricio (…) y nos llevaba con rumbo a Bolívar y como a mediación de las peñas nos encontramos con el camión de don Héctor Sanmartín, él nos pitó a cierta distancia, nosotros nos quedamos recostaditos a la peña para que él se pasara y cuando él iba llegando junto a nosotros como la carretera estaba en tan mal estado porque le corría un agüita por toda la carretera entonces la carretera se desmoronó y se fue con el camión abajo al Barroso, ya nosotros nos bajamos del carro y nos asomamos abajo al fondo cuando estaba allá el camión destrozado totalmente y don Héctor Sanmartín metido allá entre esa cabina de ese carro y en ese momento subió un muchacho en una moto que no me doy cuenta quién era, él se devolvió y avisó a ese grupo de rescate y vino el grupo de rescate y lo sacaron de allá a don Héctor y de una lo echaron para Medellín porque iba muy mal (…). PREGUNTADA: Cuál considera usted que fue la causa que produjo dicho accidente? CONTESTÓ: Para mí el mal estado de la carretera, en ese tiempo que estaba bien mala y ahora mucho más, la banca estaba tan remojada que al camión pasar no resistió el peso y lo tiró al abismo, como fue ese había podido ser cualesquier otro carro (…).PREGUNTADA: Se enteró usted luego del accidente qué daños sufrió el vehículo accidentado. CONTESTÓ: Estaba totalmente destruido, lo poco que quedó se lo arrastró el agua porque bajaba una borrasca muy aterradora. PREGUNTADA: Dígale al Despacho, si recuerda, qué clase de vehículo era y para qué estaba destinado. CONTESTÓ: Era un camión, lo que llamábamos ahora tiempos jaulas y ahora se llaman camiones, era destinado para trabajarlo en carga pesada, don Héctor Sanmartín era el chofer y transportaba carga como café, abonos y trabajaba para la Cooperativa de aquí de Salgar (…). PREGUNTADA: Dígale al despacho si después del accidente sufrido el señor Héctor de Jesús Sanmartín se ha visto afectado económicamente por la pérdida de dicho vehículo? CONTESTÓ: Él si se siente muy afectado porque era lo único que tenía para trabajar y entonces debe sentirse muy afectado económicamente y ahora mucho más sin trabajo, porque él siempre dice que le impide mucho la operación. PREGUNTADO: Usted sabe, para la época del accidente en cuánto estaba avaluado el vehículo accidentado? CONTESTÓ: Pues a mi concepto porque ese carro estaba en muy buen estado y era tan bueno, por ahí de veintidós a veintitrés millones valía (…). PREGUNTADA: cuando usted se bajó del vehículo, le tocó ver directamente que la banca se había desmoronado? CONTESTÓ: Si me tocó ver personalmente y la banca quedó toda desmoronada, se fueron los pedazos. PREGUNTADA: Cómo era la visibilidad en ese lugar del accidente y a qué horas ocurrió este? CONTESTÓ: La visibilidad era despejada, se alcanzaba a ver el carro que subía y bajaba porque nosotros lo alcanzamos a ver cerquita, eso fue por ahí de ocho y media a nueve de la mañana, no estaba muy transitada la carretera, estaba despejada, normal. PREGUNTADA: Si usted considera que Héctor Sanmartín para la época del accidente era experto en conducir vehículo y por qué motivo lo considera? CONTESTÓ: Él sí ha tenido mucha experiencia en manejar carro, él manejaba todo tipo de carros, porque yo lo conocí mucho años manejando carro, cuando yo vivía para la vereda la Amagaseña en este municipio, él manejaba automóvil, es decir que era una persona de mucha experiencia (…)” (fls. 107 y 108, cdno. 1) (resaltado de la Sala).

Hernán de Jesús Mesa Santamaría —comerciante del municipio—, a pesar de no haber presenciado el siniestro, refirió acerca de los hechos y del estado de la carretera en donde ocurrieron:

“(…) Yo no vi el accidente, el estado de la carretera si lo conocía en esa época, muy mal estado, las aguas no tenían cunetas y por cualquier parte se desbordaban, es lo único que puedo manifestar (…). PREGUNTADO: indíquele al despacho, ya sea por conocimiento personal o por comentarios, qué daños de consideración sufrió el vehículo accidentado? CONTESTÓ: Yo vi el carro después del accidente y fue una pérdida total (…). PREGUNTADO: Por el conocimiento que usted tiene de la carretera donde se produjo el accidente, qué entidad cree usted que era la responsable de mantener y conservar el buen estado de la misma? CONTESTÓ: Yo considero que el accidente se produjo por el mal estado de la vía y para ese tiempo el departamento tenía las carreteras y especialmente donde se produjo el accidente, ese sostenimiento le correspondía al departamento (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestarnos, qué clase de vehículo era el conducido por don Héctor Sanmartín que se accidentó, y si está en capacidad de decirnos comercialmente qué precio podía el vehículo para la época del accidente? CONTESTÓ: Ese carro era un internacional, si mal no estoy, lo mantenía en muy buen estado (…), yo creo que comercialmente en lo que conozco como comerciante de carros, en esa época era un carro por ahí de unos veinte a unos veintitrés millones de pesos aproximadamente, este era un carro de carga. PREGUNTADO: Sírvase manifestarnos, si la vía en ese lugar tenía obras de drenaje para que las aguas lluvias o residuales se canalizaran? CONTESTÓ: Como lo manifesté anteriormente, la carretera ha tenido obras pero estaban descuidadas totalmente, las aguas corrían por la carretera y por cualquier parte. PREGUNTADO: Si a usted le tocó presenciar o ver el estado de la vía después del accidente y en caso positivo si esta presentaba desmoronamiento o hundimiento. CONTESTÓ: Lo que siempre he manifestado, la carretera estaba en muy mal estado, porque las aguas corrían por la carretera o cualquier parte, y la banca cedió porque no pudo con el carro, a eso se debió el accidente porque la banca no pudo con el carro. PREGUNTADO: Si usted conoce la situación económica de don Héctor Sanmartín con posterioridad al accidente. CONTESTÓ: Si, ha sido una persona muy honrada, muy trabajadora, pero muy pobre, él ha sido una persona que siempre lo conocí trabajando en esos carros, una persona pobre (…)” (fls. 105 y 106, cdno. 1) (resaltado adicionado).

El último testimonio, que se pasa a analizar, es el rendido por Juan José Arroyave Castaño, igualmente natural y residente del municipio de Salgar y de profesión cantinero, quien respecto de los hechos refirió:

“(…) Yo si me enteré del accidente y fue por el mal mantenimiento de la carretera, porque en el sitio donde él se volcó ahí había una obra y estaba tapada, el agua entonces corría por la carretera (…). PREGUNTADO: (…) quiere ello significar que fue el mal estado de la vía por donde transitaba en esa ocasión el vehículo conducido por el señor Héctor de Jesús Sanmartín el que arrojó el vehículo automotor al rio y no fallas humanas? CONTESTÓ: Fue por mal estado de la carretera y no fue por fallas humanas (…). PREGUNTADO: Dígale al despacho, si tiene conocimiento, en cuánto fueron avalados los daños sufridos por el vehículo accidentado? CONTESTÓ: El carro era más o menos de unos veintidós o veintitrés millones de pesos, era un carro muy bueno. Eso como que dieron diez millones de pesos por el carro, pero eso se los dieron a los dos dueños, es decir que les tocaba de a cinco millones de pesos, eso se los dio un seguro (…). PREGUNTADO: Dígale al Despacho si el dinero que usted dice recibieron los copropietarios del vehículo accidentado lo dieron para reparar el mismo, o si el vehículo se lo llevó la aseguradora respectiva. CONTESTÓ: Eso no lo dieron para reparar el vehículo, esa plata por ejemplo para Héctor fue para pagar la clínica porque él estuvo mucho tiempo en la clínica. La aseguradora les dio esa plata y ella se llevó lo que quedaba del carro (…). PREGUNTADO: Indíquele al despacho, a parte de los quebrantos de salud, si el señor Héctor de Jesús Sanmartín también sufrió mermas económicas por ese accidente porque ya él no podía trabajar por enfermo porque él siempre está muy inválido por ese accidente, ya no puede trabajar muy en forma (…). PREGUNTADO: Conoce usted la situación económica actual del señor Héctor Sanmartín? CONTESTÓ: Que él es muy pobre y vivía de ese carrito y entonces ya él está sufriendo por eso, le está yendo muy mal (…). PREGUNTADO: Si él con el dinero de la compañía como dice usted él recibió, adquirió o pudo haber adquirido otro vehículo para explotarlo económicamente? CONTESTÓ: No tenía con qué porque con lo poquito que recibió se lo gastó en la clínica y él no tenía más nada (…)” (fls. 106 y 107, cdno. 1) (resaltados ajenos al original).

De las pruebas hasta aquí valoradas es posible sentar —con total certidumbre—, varias conclusiones alrededor del caso sub lite. Para empezar, está totalmente acreditado que el 7 de marzo de 1996, en horas de la mañana, se presentó un siniestro en el kilómetro 13 de la carretera que del municipio de Salgar conduce a Medellín, en el sitio conocido como “La Peña” —a la altura de la finca “La Florida”—, en el que el señor Héctor de Jesús Sanmartín resultó gravemente lesionado, motivo por el que fue remitido de urgencia y atendido en la Clínica Medellín, donde pocos días después tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, delicada cirugía que le obligó a incapacitarse por más de cuatro meses. La recuperación de la víctima implicó grandes esfuerzos, físicos, anímicos y materiales, sin embargo, dicha onerosidad no logró evitar que se le determinara una incapacidad laboral parcial y permanente del 23,18%. Ello significa que el daño alegado se encuentra plenamente demostrado.

A partir del certificado de propiedad suscrito por el encargado de la Dirección Departamental de Transporte y Tránsito de la Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano del departamento de Antioquia, aparece debidamente comprobado que los propietarios del camión eran Olga Lucía Giraldo y Héctor de Jesús Sanmartín, lo que asegura la legitimación en la causa por activa.

Frente a este particular aspecto, se debe precisar que el certificado de propiedad emitido por la correspondiente Dirección de la Secretaría de Gobierno del departamento de Antioquia, aduce que el último trámite registrado fue la cancelación de la matrícula por destrucción del vehículo, y puntualiza que se realizó el 20 de mayo de 1993, circunstancia que —como antes se advirtió—, resulta discordante y anacrónica, pues refrenda la cancelación del historial del vehículo tres años antes del infortunado suceso en que se produjo su pérdida total, afirmación que sobresale por su incongruencia.

Pero más absurdo todavía, resulta pretender que el certificado de propiedad emitido por la Dirección Departamental de Transportes y Tránsito de la Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano del departamento de Antioquia —respecto de la cancelación del mismo, en razón a la destrucción total del vehículo—, afirme que dicho trámite se adelantó el 20 de mayo de 1993, comoquiera que las pruebas en conjunto indican que fue en los hechos aquí expuestos —ocurridos el 7 de marzo de 1996—, cuando el señor Sanmartín se accidentó mientras conducía el camión de placas KCB-068 que, posteriormente, debido a la gravedad del accidente, fue catalogado como pérdida total y recibida por sus propietarios la indemnización bajo ese concepto de parte de la aseguradora.

Así las cosas, no cabe duda que se trata de un error de tipografía que —por un lado—, en nada afecta la certeza que ofrece el resto del documento, pero que de otro no implica que, en atención al principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ese desacierto pueda ser usado por el departamento de Antioquia. Al respecto, la Corte Constitucional discurrió:

“(…) ¿Hace parte del derecho colombiano la regla nemo auditur propriam turpitudinem allegans? Es claro que su formulación explícita no se halla en ningún artículo del ordenamiento colombiano. Pero ¿significa eso que no hace parte de él y, por tanto, que si un juez la invoca como fundamento de su fallo está recurriendo a un argumento extrasistemático? No, a juicio de la Corte, por las consideraciones que siguen.

No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fe entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están amparados por éste. Ahora bien: el artículo 83 de la Carta del 91, impone la buena fe como pauta de conducta debida, en todas las actuaciones, tanto de las autoridades públicas como de los particulares. Y los artículos 1525 y 1744 del Código Civil, tan anteriores en el tiempo a nuestra Constitución actual, constituyen sin embargo cabal desarrollo de ese principio al impedir —el primero— la repetición de lo que se ha pagado “por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, y el segundo al privar de la acción de nulidad al incapaz, a sus herederos o cesionarios, si aquél empleó dolo para inducir al acto o contrato. Ejemplar es también, en esa misma dirección, el artículo 156 del mismo estatuto, que impide al cónyuge culpable, invocar como causal de divorcio aquélla en que él mismo ha incurrido. Tales disposiciones, justo es anotarlo, eran reductibles inclusive a la Carta anterior que, no obstante, no consagraba explícitamente el deber de actuar de buena fe.

Pues bien: de esas y otras disposiciones del ordenamiento colombiano, es posible inducir la regla “nemo auditur...” que, como tal, hace parte de nuestro derecho positivo y, específicamente, de nuestro derecho legislado. Por tanto, el juez que la aplica no hace otra cosa que actuar, al caso singular, un producto de la primera y principal fuente del derecho en Colombia: la legislación (…)”(1).

En este punto del discernimiento, resulta de trasversal importancia aquilatar la carta — suscrita por el jefe de la división de conservación de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Antioquia—, que informa que la carretera en que se produjo el accidente es del orden departamental, pues se ratifica con ello la legitimación en la causa por pasiva, con las implicaciones que surjan con el debate probatorio y posteriormente, a partir del fallo.

Por otra parte, se demostró que el referenciado accidente se presentó en momentos en que, al avistarse entre sí, cuando atravesaban ese sector de la carretera — cada uno en sentido contrario—, el señor Héctor Mauricio Vélez González orilló el vehículo que conducía, calculando las dimensiones del camión enfrente — conducido por el señor Héctor de Jesús Sanmartín—, para darle el paso preferencial, toda vez que éste ascendía la pista, señal que Sanmartín atendió disponiéndose a superar el tramo, para lo que hubo de aproximar el camión a su borde respectivo de la vía, con tan mala fortuna que al paso del carguero el afirmado del terreno colapsó, dejando sin suelo el pesado automotor que, en consecuencia, se precipitó por la ladera boscosa — aproximadamente 120 metros—, hasta atracar en el rio Barroso.

Se demostró, así mismo, que el sector de la carretera en que ocurrieron los hechos era una vía aún sin pavimento, cuyo afirmado se encontró deteriorado por los huecos y la humedad que los inundaba y a pesar de lo cual carecía de señalización apropiada, toda vez que —en palabras del propio departamento—, dichas medidas logísticas de prevención eran adoptadas únicamente en los tramos que se estuvieran interviniendo, clara aceptación de que ese, en particular, carecía de planificación y mantenimiento.

En efecto, conforme se registró en el croquis levantado con ocasión del infortunio, para entonces la calzada tenía un ancho de 4,70 metros, proporción que —a lo largo de los sucesivos 11,10 metros de longitud contados desde el lugar donde se despeñó el camión—, se registró disminuida 40 centímetros, es decir, angostada a los 4,30 metros, circunstancia que permite inferir, bien la falta de planificación de la vía, o bien la agresiva erosión que la acometía, tanto como la prolongada falta de intervención. Esta bahía al aire no es más que el resultado del desprendimiento de la vía, recorte por el que se derrumbó el camión hasta el lecho del rio Barroso, y que quedó registrado en el informe del accidente.

Se contradice el departamento al afirmar que el accidente se debió a la culpa exclusiva de la víctima y que la vía era objeto de permanente mantenimiento, al tiempo que no se explica cómo alguien con toda la experiencia que afirma tener el señor Sanmartín, que transitaba con tanta frecuencia por ese sector, pudo exceder su confianza sin cerciorarse del estado de la vía; contrario a lo que afirma la apoderada de la parte demandada, la impericia e inexperiencia, aunada al exceso de confianza que presuntamente demostró el señor Sanmartín en el desempeño del ejercicio de conducción de su camión, le significaba al libelista el deber de acarrear con la carga de la prueba, pues la presunción opera en sentido inverso. No obstante, la atribución de la culpa exclusiva a la víctima no fue objeto de respaldo probatorio, y la defensa se limitó a reiterar la afirmación, como si la insistencia en el mismo argumento lo vertiera — por ese simple hecho—, al estadio de la verdad demostrada, mientras echaba de menos un peritaje exhaustivo de la vía, aún cuando era tan notorio y evidente el mal estado de la misma, que no se precisaba ningún conocimiento técnico para identificar la negligente administración y abandono del ente territorial sobre ese sector de la vía.

Lo que sí resulta lógico establecer es que, sin lugar a equívocos, el señor Héctor de Jesús Sanmartín era un profesional que gozaba de reconocida experiencia en el gremio, certificado para conducir automotores de gran factura, cuya licencia vigente al momento del desafortunado acontecimiento demuestra su aptitud e idoneidad para desempeñarse en el ejercicio. No se explica la Sala a cuáles precauciones debidas se refiere el apoderado de la parte demandada, más allá de lo que —en efecto— realizó el conductor de la chiva al orillarse y el señor Sanmartín —sin duda no era la primera vez—, al reducir la velocidad y arremeter su vehículo por el espacio en que bien apreció que cabría; ¿será que lo pretendido por el departamento de Antioquia obedecía a que todos los conductores de vehículos que se aprestaran a pasar por el sector se apearan antes para realizar un estudio topográfico en detalle que les garantizara su indemnidad?

Pero más cuestionable aún, resulta que el departamento de Antioquia sostenga en su defensa que el terreno cuya firmeza fue arrasada por la erosión del agua, era objeto de permanente intervención, para posteriormente contradecirse, excusando la ausencia de señalización apropiada en el lugar por el hecho de que para entonces en la zona no se adelantaban obras civiles para su adecuación, única afirmación que merece credibilidad.

En efecto, las declaraciones de los testigos fueron abiertas, espontáneas y proporcionales, carentes de exageraciones o apasionamientos desbordados; si bien, todos afirmaron distinguir a la víctima de mucho tiempo, ninguno declaró una relación cercana, no ocultaron su tribulación por los hechos ni pretendieron acrecentar su drama, tampoco se evidenció que ajustaran sus respuestas con excesiva reflexión ni evasiva discreción, lo que crea alrededor del testimonio un halo de seguridad y confianza.

Coinciden los testigos al afirmar que el estado de la carretera en ese tramo era deplorable, puesto que no contaba con la adecuación pertinente para el drenaje y canalización del agua, lo que sumado a la época de invierno permitió que, previsiblemente, el terreno se tornara deleznable e inseguro. Así mismo, todos dieron cuenta de la amplia trayectoria del señor Héctor de Jesús Sanmartín, de quien aseguraron ejerció la profesión de conductor durante muchos años y lo antecedía una amplia experiencia y reconocimiento en ese gremio.

Pero —sin duda—, la más relevante coincidencia en las declaraciones de los testigos de excepción, se refiere al momento mismo en que ocurre el siniestro, clarificada por la manera como elaboran la descripción, que refleja elocuentemente como el camión avanzó con marcha lenta, puesto que si el vehículo enfrente se tuvo que orillar para abrirle suficiente espacio, significa ello que se trataba de una maniobra lenta, máxime si se da por hecho que Héctor de Jesús Sanmartín subía la pendiente; también así, son concomitantes al referir que pocos metros antes de llegar a la intersección, el camión se desbarrancó primero por su parte de atrás, lo que dejó ver la consunción del afirmado que bajo éste se desintegró, provocando que se levantara el cabezote y todo el camión terminara rodando cuesta abajo hasta detenerse en medio del rio Barroso. Resulta entonces inescindible que el automotor se desplomó primero de la parte de atrás, lo que demuestra que no fue un error del conductor puesto que, tal como lo dibuja el croquis, ese tramo del camino trazaba un levísimo giro a la derecha —de muy pocos grados—, lo que hace improbable que —a tan reducida velocidad—, una vez superado el filo con las ruedas delanteras, el eje sobre el cual giraba —aproximado, en esas condiciones, a la rueda trasera del lado derecho—, se trasladara, en falso, fuera del camino.

Se descarta también que las condiciones climáticas a esa hora de la mañana —más allá de la humedad provocada por las lluvias y filtrada por la capa de tierra al descubierto—, impidieran la visibilidad de los transeúntes. Por el contrario, pesa en contra del departamento de Antioquia el hecho de afirmar que la naturaleza rocosa de la zona hacía de ese un terreno firme, lo que demuestra la excesiva confianza y la falta de planificación sobre una vía de tan alta afluencia, situación que la sola implementación de señalización preventiva no hubiera mitigado, pero que en todo caso ni siquiera se intentó.

Así las cosas, se concluye que era deber del departamento de Antioquia velar por el sostenimiento y mantenimiento de esa carretera —además de toda la infraestructura vial a su cargo—, para garantizar el tránsito adecuado y la seguridad de los asociados. De allí que, se revocará la sentencia impuesta en primera instancia, comoquiera que no se acreditó ninguno de las eximentes de la responsabilidad, y el daño antijurídico demostrado es totalmente atribuible al ente territorial demandado. De igual forma, previo a la liquidación de la condena, se advierte que la demandada estaba llamada a probar las excepciones de cargo que interpuso a las pretensiones, pero sus actuaciones se redujeron a contradecir la información suministrada por sus propias direcciones, sin aportar respaldo contundente que soportara la férrea oposición a las acusaciones en su contra, circunstancia que demostró la improvisación que ahora justifica la imposición de costas a su cargo.

2. Liquidación de perjuicios y condena en costas.

Previo a adelantar la liquidación por los perjuicios irrogados, es menester precisar que el dictamen pericial —obrante en el cuaderno del tribunal a folios 136 a 140—, no será evaluado para tales efectos, toda vez que el estudio realizado por los convocados no incorpora información contundente que permita complementar de manera inequívoca los fundamentos en que se debe erigir. Dicho de otra manera —de conformidad con la parte motiva—, no solo en el experticio no se presentaron criterios de mejor contundencia que aventajen técnicamente el discernimiento del fallador, sino que es a éste a quien le asiste como propio el deber de establecer la condena correspondiente, en consideración al conjunto probatorio.

No obstante, con el peritaje se aportó copia de la póliza de seguro 94132333, emitida por la compañía Agrícola de Seguros S.A., documento que, aún cuando fue anexado en copia simple y su práctica no fue individualmente decretada, será valorado para los efectos de este acápite, previas las siguientes consideraciones, sobre el valor probatorio de las copias simples.

Sobre este punto en particular, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2013, en el proceso radicado con el 1996-00659, la cual se cita in extenso:

“(…) La confianza, en el sentido filosófico y sociológico, ha sido delimitada en los siguientes términos:

“La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social. Por supuesto que en muchas situaciones, el hombre puede en ciertos aspectos decidir si otorga confianza o no. Pero una completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse en la mañana. Sería víctima de un sentido vago de miedo y temores paralizantes. Incluso no sería capaz de formular una desconfianza definitiva y hacer de ello un fundamento para medidas preventivas, ya que esto presupondría confianza en otras direcciones. Cualquier cosa y todo sería posible. Tal confrontación abrupta con la complejidad del mundo al grado máximo es más de lo que soporta el ser humano. Este punto de partida puede considerarse como referencia, como una afirmación incontrovertiblemente verdadera. Cada día ponemos nuestra confianza en la naturaleza del mundo, que de hecho es evidente por sí misma, y en la naturaleza humana. En este nivel que es el más básico, la confianza (Zutrauen) es un rasgo natural del mundo, parte integral de los límites dentro de los cuales vivimos nuestras vidas cotidianas, aunque no es un componente intencional (y, por lo tanto, variable) de la experiencia. En segundo lugar, la necesidad de confianza puede considerarse como el punto de partida correcto y apropiado para la derivación de reglas para la conducta apropiada. Si el caos y el temor paralizante son las únicas alternativas para la confianza, hay que concluir que el hombre por naturaleza tiene que otorgar confianza, aun cuando esto no se haga ciegamente y sólo en ciertas direcciones. Por medio de este método uno llega a las máximas éticas o a la ley natural (…)”(2) (resaltado del original).

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

(…).

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar(3).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

No obstante, el legislador del año 2011, al reconocer la importancia de los principios constitucionales y la función que ejercen o cumplen en la armonización de los postulados legales del orden procesal, determinó en la nueva disposición del artículo 167 ibídem, que “no será necesario acompañar su copia [la de las normas de alcance no nacional], en el caso de que las normas de carácter local que se señalen como infringidas se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad, circunstancia que deberá ser manifestada en la demanda con indicación del sitio de internet correspondiente”.

Como se aprecia, el derecho procesal moderno parte de la confianza que existe en la sociedad, se trata de una visión filosófica que encuentra su fundamento en la dimensión de la filosofía y sociología funcionalista, así como en la teoría de los sistemas sociales.

En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia —en los procesos ordinarios— la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de los extremos es la administración pública.

Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes(4).

De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza. Esta circunstancia de la superación fáctica frente a lo normativo, fue puesta de presente por la teoría del método científico del derecho (antiformalista) de Francois Geny, quien con total claridad sobre la materia, puntualizó:

“Así considerado el problema, se reduce a los términos siguientes: la legislación, esté o no codificada, y entendiéndola en su sentido más amplio, esto es, tomándola como todo acto de la autoridad que tenga por fin dictar reglas jurídicas generales en forma de imposición obligatoria, ley propiamente dicha, decretos, reglamentos legalmente dictados, el jus scriptum, en una palabra, ¿puede, en nuestro estado social y constitucional ser suficiente para la revelación del derecho, permitiendo su completa aplicación, que hace completamente inútil para la práctica toda jurisprudencia positiva? ¿No descubrimos, por el contrario, en la naturaleza y en la acción de la ley, lagunas y limitaciones esenciales, que hagan necesarias otras fuentes de derecho, tal como la costumbre, o bien cuando menos la intervención de la libre investigación científica, dirigida a la elaboración del sistema jurídico, capaz de dar satisfacción a todas las necesidades de la vida social?

“Este campo de investigación que descubrimos parece poco explorado. Y esto, si no me equivoco, procede de que se han contentado fácilmente con el principio de omnipotencia legislativa. Se ha pensado indudablemente que este dogma constitucional excluía a priori toda idea de medida de la acción del poder en materia de revelación del derecho, y se ha considerado además que en nuestro estado político y social el legislador creía manifiestamente reservar para sí solo el monopolio de toda innovación jurídica”(5).

Esta hermenéutica jurídica que permite la interacción permanente de los principios constitucionales con los aspectos legislativos, máxime si existen lagunas o puntos oscuros en el derecho, tales como saber si es posible a la luz de diáfanas y sistemáticas modificaciones normativas aplicar un sistema interpretativo en el que las copias simples tengan valor probatorio en los procesos ordinarios en materia contencioso administrativa, es lo que el neo iusnaturalismo, en cabeza de Ronald Dworkin ha señalado como la necesidad de estructuración de un sistema jurídico en el que las reglas o normas —en sentido estricto— devienen insuficientes, razón por la cual los operadores jurídicos “echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como principios, directrices políticas y otro tipo de pautas”(6).

(…).

De otra parte, resulta pertinente destacar que la posibilidad de valorar la documentación que, encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso —y por consiguiente se ha surtido el principio de contradicción, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento).

Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)(7).

De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso.

Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido (…)”.

En los anteriores términos, la copia simple de la póliza de seguro —allegada con el informe pericial—, constituiría una circunstancia que, prima facie, la haría invalorable como medio de convicción; no obstante, conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes(8), se reconocerá valor a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, respecto de la misma se surtió el principio de contradicción, y como parte del dictamen pericial, pudo haber sido objetada en el término legal, circunstancia que no acaeció.

2.1. Daño moral.

Los demandantes solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales, correspondientes a 1.000 gramos de oro, para cada uno.

Para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral se ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado. Así las cosas, se reconocerá para Héctor de Jesús Sanmartín la cifra de 60 salarios mínimos mensuales vigentes. Sin embargo, si bien la afectación física sufrida por el señor Sanmartín soporta con suficiencia la presunción de la afectación moral que le embargó, no ocurre lo mismo en relación con la señora Olga Lucía Giraldo, de quien no se acreditó ningún parentesco con el lesionado y tampoco se aportó convicción respecto de su eventual congoja, razón por la que no se le reconocerá valor alguno por ese concepto.

2.2. Daño material.

2.2.1. Daño emergente.

Por concepto de daños materiales, en las modalidades de lucro cesante y daño emergente, los demandantes deprecaron las sumas que resultaran probadas en el proceso. Para tal efecto, se allegaron con la demanda una serie de facturas y recibos tendientes a acreditar las erogaciones a las que, con ocasión del accidente, se vio obligada la víctima, por lo que se hará necesario verificar el cumplimiento de requisitos de cada título que se pretende hacer valer con miras a su liquidación.

En primer lugar, el Código de Comercio establece los requisitos que les son comunes en general a los títulos valores, enumerados así:

“ART. 621.—Requisitos para los títulos valores. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes:

1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y

2) La firma de quién lo crea.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega”.

Como se puede apreciar, en un primer momento el código señala dos requisitos que tendrá que cumplir un documento para denominarse título valor —sin perjuicio del cumplimiento de los demás considerados particularmente para cada especie—, de donde se concluye, correlativamente y sin duda alguna, que el documento que se pretenda hacer valer y no contenga la mención del derecho que incorpora y la firma de la persona que lo crea —la cual se podrá sustituir por una mecánicamente impuesta, más no prescindir de ella—, acarreará como consecuencia su inexistencia, de allí que a aquel que adolezca de alguno de estos requisitos preliminares, le será desechada cualquier fuerza de convicción.

Posteriormente, el artículo 624 establece puntualmente:

“ART. 624.—Derecho sobre título-valor. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada” (resaltado fuera del texto original).

Es claro, entonces, que la exhibición del título valor original se trata de un requisito sine qua non para el ejercicio del derecho que en él se incorpora, de allí que, para el efecto del que aquí se ocupa la Sala, los documentos que se pretendan hacer valer deberán haber sido presentados en original, so pena de restarles el valor probatorio que pretende atribuirles el interesado. Si la copia, duplicado o similar del documento contentivo del derecho fuera suficiente para ejercitar el derecho que en él se contiene, tal supuesto habría sido de elemental alusión por parte del legislador. No siendo así, la prueba del derecho que se pretende, incorporado en un título valor, debe tener carácter de plena certeza, verosimilitud que sólo se alcanza mediante la presentación del documento original.

Así lo confirma el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, al regular lo concerniente al proceso ejecutivo singular:

“ART. 488.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia” (resaltado y subrayas fuera del texto original).

Evidentemente, tratándose de documentos que incorporan el derecho que se pretende hacer valer, no puede tener mérito probatorio alguno el título que se aporta en copia o que, en suma, carece de algunos de los requisitos de su esencia. Así también lo expresó el académico Henry Alberto Becerra León, quien al disertar sobre los requisitos de validez de los títulos valores se refirió al fenómeno de la ineficacia —regulada por el estatuto de comercio—, precisando que éstos se componen de un instrumento —llámese documento— y de la obligación que en ellos se incorpora, siendo ambos elementos susceptibles de la afectación:

“(…) En ese orden de ideas, debe advertirse que la ineficacia ataca en algunas ocasiones al instrumento y, en otras, a la obligación cambiaria, razón que obliga a clasificar las especies de ineficacia propuestas por el Código de Comercio, Así:

1. Ineficacias que perturban los efectos del instrumento, pero no atacan los efectos de la obligación: a) la ineficacia liminar, y b) la inexistencia (…).

1.3.1. La ineficacia liminar.

Está prevista en el Código de Comercio, así: ART. 897.—Cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial (…).

La ineficacia liminar o de pleno derecho atacó el instrumento, pero no perturba los efectos de la obligación, la cual sigue siendo una obligación civil (…).

1.3.2. La inexistencia.

Corresponde al grupo de las ineficacias que perturba la producción de efectos del instrumento, pero deja incólume la obligación.

Igual a como ocurre en la ineficacia liminar, la inexistencia no puede ser declarada por el juez; simplemente, el negocio jurídico inexistente nunca nació y, por ende, nunca produjo efectos (…).

El artículo 898 que nos ocupa, contempla dos causales de ineficacia por inexistencia: 1) La falta de formalidades sustanciales y, 2) La ausencia de elementos esenciales.

En punto de los títulos-valores, puede afirmarse que la formalidad sustancial es, sin lugar a dudas, le presencia del documento escrito. No existe un título valor que no conste en documento escrito. Pero, además, ese documento debe contener los requisitos esenciales generales que impone el artículo 621 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1501 del Código Civil, y los esenciales particulares que, para cada título-valor en especial, nuestra legislación exige (…)” (resaltado fuera del texto original)(9).

De otro lado, comoquiera que gran parte de los títulos aportados son facturas cambiarias —o documentos equivalentes—, es de resorte indispensable referirse a la regulación contenida en el Código de Comercio, anterior a las modificaciones que introdujera la Ley 1231 de 2008 —por la cual se unificó la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictaron otras disposiciones—.

“ART. 774.—La factura cambiaria de compraventa deberá contener además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes:

1) La mención de ser “factura cambiaria de compraventa”;

2) El número de orden del título;

3) El nombre y domicilio del comprador;

4) La denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas y la constancia de su entrega real y material;

5) El precio unitario y el valor total de las mismas, y

6) La expresión en letras y sitios visibles de que se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

La omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero ésta perderá su calidad de título-valor”. (Texto original del Código de Comercio, vigente al momento de presentación de la demanda.)

De manera complementaria, el artículo 617 del estatuto tributario, respecto de los requisitos de validez de la factura de venta, señaló:

“(…) ART. 617.—Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c. Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento.

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e. Fecha de su expedición.

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g. Valor total de la operación.

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas (…)”.

Ahora bien, no es indispensable que el documento equivalente lleve esa expresa denominación, aunque sí que cumpla con los demás requisitos que consagra especialmente la ley.

Hecha la anterior aclaración —a la luz de las disposiciones citadas—, después de realizar el respectivo análisis de los documentos aportados con la demanda, encuentra la Sala que aquellos presentados en original, cuyos restantes requisitos son susceptibles de ser evaluados para efectos de liquidar la indemnización, son los que a continuación se relacionan:

VendedorNIT o CCCompradorTítuloFechaValorRequisitosFolio
Hospital San Vicente de PaulXHéctor SanmartínX7/03/96$ 28.900NO2
Centro de Salud San JoaquínXHéctor SanmartínRecibo de caja8/03/96$ 12.000NO3
Dr. Carlos E. Salgado V.70.114.306Héctor SanmartínFactura22/03/96$ 650.000SI4
Laboratorio Clínico Gonzalo Aristizábal800.092.830-2Héctor SanmartínFactura04/04/96$ 30.000SI5
Laboratorio Clínico Gonzalo Aristizábal800.092.830-2Héctor SanmartínFactura04/04/96$ 32.250SI6
Unidad de Salud — SalgarXHéctor SanmartínX15/05/96$ 36.500NO7
Imágenes DiagnósticasXHéctor SanmartínRecibo16/05/96$ 48.000NO8
Clínica Medellín890.911.816-1Héctor SanmartínComprobante de ingreso30/05/96$ 10.000SI9
Imágenes DiagnósticasXHéctor SanmartínRecibo13/04/96$ 70.000NO10
Clínica Medellín890.911.816-1Héctor SanmartínComprobante de ingreso04/06/96$ 10.000SI11
Clínica Medellín890.911.816-1Héctor SanmartínComprobante de ingreso30/05/96$ 10.000SI12
Clínica Medellín890.911.816-1Héctor SanmartínComprobante de ingreso13/06/96$ 10.000SI13
Clínica Medellín890.911.816-1Héctor SanmartínComprobante de ingreso07/06/96$ 10.000SI14
Clínica Medellín890.911.816-1Héctor SanmartínComprobante de ingreso26/06/96$ 10.000SI15
Clínica Medellín890.911.816-1Héctor SanmartínComprobante de ingreso20/06/96$ 10.000SI16
Imágenes DiagnósticasXHéctor SanmartínRecibo02/08/96$ 48.000NO17
Dra. Luz Marina Escobar32.532.773Héctor SanmartínX26/06/96$ 12.000NO18
Dra. Luz Marina Escobar32.532.773Héctor SanmartínX21/05/96$ 15.000NO19
Clínica Medellín890.911.816-1Héctor SanmartínEstado de cuenta18/03/96$ 4’196.481SI20-23

Respecto del último documento, vale la pena precisar que, aún cuando incorpora una aclaración advirtiendo que no se trata de una factura de cobro, está claro que reúne los requisitos indispensables de la misma, y además de adecuada y pertinente para efectos de acreditar las erogaciones en las que hubo de incurrir la víctima, de su presentación se deduce la ajustada expedición y contabilización en los registros de la Clínica Medellín, entidad que lo expidió y lo certificó. Finalmente, no resulta del caso descontar de su valor total las sumas pagadas por el seguro obligatorio, ya que resulta improcedente comoquiera que dicho pago lo asumió el SOAT, sin que exista relación entre éste y las entidades demandadas, es decir que ese emolumento se debe al propio esfuerzo de la parte actora, lo que no exime a la entidad causante de su deber de reparar los perjuicios, ya que las causas tienen un origen diferente y por lo tanto no constituyen pago expreso del daño causado.

Al respecto, doctrinariamente(10), con observación de la jurisprudencia de esta corporación —que al referir “…que no es cierto que un delito o cuasidelito, no puede ser motivo de enriquecimiento para la víctima. Este resultado se dará (…) cuando exista un título o causa que justifique ese enriquecimiento…”(11)—, ha conducido a aceptar que el lucro o la ventaja que la víctima recibe a través del daño puede superar el valor de este. En efecto, así se ha discernido:

“(…) Se combate así la idea de quienes consideran que la víctima frente a su daño sólo puede quedar máximo en situación idéntica a la que se tenía antes de su advenimiento, porque una víctima si puede enriquecerse a raíz de un daño. El ejemplo típico es el cobro de un seguro de personas o el caso de donaciones realizadas por piedad al dañado, que provengan de personas distintas al responsable, en las cuales quien sufre el daño puede quedar en una situación económica que supere a la entidad real de su daño (…)”.

“el problema consistirá entonces, como bien se observa en la sentencia citada, en que la causa o título que justifica la mejoría de la víctima no se excluya con la indemnización del proceso de responsabilidad. Dentro de esta óptica se plantea de una manera diferente la regla de la indemnización plena del daño: no se trata de discutir si la víctima tiene derecho a quedar en mejor situación porque existen causas que lo justifican. A este propósito se puede sentar la siguiente regla: si existe un título o causa que justifica el cúmulo de compensaciones, por ejemplo —un seguro, una pensión, una donación, etc.—, y si, además, dicha causa o título no se excluye con la propiamente indemnizatoria debida por el directamente responsable, procede aceptar la acumulación. Si el cúmulo de compensaciones se acepta porque proviene de causas o títulos diferentes que no son excluyentes entre sí, no se viola la regla de la indemnización plena de solo el daño. Nótese que se habla de cúmulo de compensaciones y no necesariamente de indemnizaciones, porque bien puede ocurrir que no todos los ingresos que tenga la víctima a raíz del daño sean indemnizatorios (…)”(12).

Así las cosas, se concluye que los documentos que se resaltan son los únicos que cumplen con los requisitos de ley a efectos de su declaración como títulos que incorporan un derecho a reconocer, cuyo valor se pasará a actualizar, con apego a los índices de precios al consumidor de sus meses respectivos, así(13):

Nombre del emisorTítuloFechaValorIPCValor presente
Dr. Carlos E. Salgado V.Factura22/03/96$ 650.00034,00$ 2’189.544
Laboratorio Clínico Gonzalo AristizábalFactura04/04/96$ 30.00034,68$ 99.074
Laboratorio Clínico Gonzalo AristizábalFactura04/04/96$ 32.25034,68$ 106.504
Clínica MedellínComprobante de ingreso30/05/96$ 10.00041,77$ 27.419
Clínica MedellínComprobante de ingreso04/06/96$ 10.00042,27$ 27.094
Clínica MedellínComprobante de ingreso30/05/96$ 10.00041,77$ 27.419
Clínica MedellínComprobante de ingreso13/06/96$ 10.00042,27$ 27.094
Clínica MedellínComprobante de ingreso07/06/96$ 10.00042,27$ 27.094
Clínica MedellínComprobante de ingreso26/06/96$ 10.00042,27$ 27.094
Clínica MedellínComprobante de ingreso20/06/96$ 10.00042,27$ 27.094
Clínica MedellínEstado de cuenta18/03/96$ 4’196.48134,00$ 14’135.969
Total $ 16’721.399

En consecuencia, por concepto de daño emergente, para el señor Héctor de Jesús Sanmartín se concederá la suma de $ 16’721.399.

Finalmente, en lo que atañe a esta modalidad, tal como se advirtió frente a las deducciones de las sumas cubiertas por el SOAT, tampoco es posible —por improcedente— practicar el descuento al valor de la condena de las sumas pagadas por el seguro de riesgos, toda vez que del pago se encargó el amparo del camión, igualmente, sin que medie relación entre éste y la demandada. En otras palabras, dicho estipendio obedece al propio esfuerzo de la parte actora, lo que no implica la exención al departamento de Antioquia —como causante de los perjuicios—, de su deber de repararlos, ya que —se insiste—, las causas tienen un origen diferente y por lo tanto no constituyen pago expreso del daño causado.

Sin embargo, comoquiera que ninguna de las referencias identificadas en el acervo probatorio aportó suficiente certeza sobre el valor del vehículo, para efectos de su valoración se tendrá como precio del mismo el valor asegurado en la póliza que terminó haciéndose efectiva —es decir $ 15’000.000—, en razón a que se trata del valor acreditado que mejor se aproxima al precio real del mismo.

De esta manera, el valor del camión cuya propiedad compartían los demandantes, y en el que el señor Héctor Sanmartín sufrió el accidente, se colige en $ 15’000.000, cifra que traída a valor presente(14)se totaliza en $ 50’527.941. Así las cosas, a cada uno de los propietarios le corresponde el 50% del valor a indemnizar, es decir, $ 25’263.970,5 para Olga Lucía Giraldo e igual cifra para Héctor de Jesús Sanmartín.

2.2.2. Lucro cesante.

Para efectos de acreditar los ingresos de los demandantes —y el monto producido por el camión—, se allegó certificado expedido por la Cooperativa de Caficultores de Salgar, fechada el 24 de junio de 1999, en la que certificó:

“(…) Con el ánimo de dar respuesta a exhorto número 425, correspondiente al proceso 970.734-11, me permito informarle que la Cooperativa de Caficultores de Salgar Ltda., canceló al señor Héctor Sanmartín, conductor del vehículo de placa kcb-068, entre el 7 de diciembre de 1996 y el 7 de marzo de 1997, la suma de $ 6’048.752 por concepto de fletes, así:

FechaNº comprobanteValor
Diciembre 26/9622581$ 1’047.996
Enero 9/9722669$ 920.050
Enero 31/9722788$ 2’130.772
Marzo 3/9723131$ 1’637.288
Marzo 22/9723333$ 312.646
Total$ 6’048.752

Salta a la vista el anacronismo entre las fechas en que se certifican los pagos —o su causación—, y la de ocurrencia del siniestro en el que el camión conducido por el señor Héctor de Jesús Sanmartín quedó destrozado, ya que este aconteció un año antes de las relacionadas en la tabla. Sin embargo, una vez establecida con certeza la ocurrencia del hecho y sus consecuencias, resulta imposible que después de un año el camión que se dio por pérdida total estuviera generando ingresos, tanto como que el señor Sanmartín —a quien se le certificó una incapacidad laboral del 23,18%—, lo estuviera explotando y recibiendo réditos por cuenta de la misma actividad. Así las cosas, la dimensión de la incongruencia evidenciada no se puede tratar más que de un error de escritura en la solicitud de la prueba, tal como la elaboró la parte demandante. Sin embargo, no es por ello que se debe desestimar el valor probatorio del documento, sino porque, además de que el certificado reproduce el error en que se incurrió en la demanda —lo que confirma el desapego de la constancia a la información contable en que debió respaldarse—, su contenido es parcial y escueto, no se justifica la cifra a la que ascienden los fletes, ni se allegan títulos valores que los sustenten, y sólo se aporta el promedio solicitado —por demás bastante irregular— de pagos de los meses de diciembre a marzo, sin que comporte suficiente vigor y certidumbre para liquidar con la precisión que se requiere; en síntesis, faltó la parte demandante a su deber de acreditar este hecho particular, por lo que el lucro cesante del vehículo se tiene por no probado.

En el mismo orden, toda vez que no se aportó certificado del salario devengado por la actividad del señor Héctor de Jesús Sanmartín como conductor del camión del que era copropietario, contrario a lo decidido por el a-quo, hay lugar para aplicar la presunción que indica que toda persona en edad productiva que desempeñe una labor devenga un ingreso que, al no ser acreditado, no puede ser inferior al tope mínimo establecido por la ley. En consecuencia, la liquidación se efectuara en consideración al ingreso mínimo legal vigente para la época del siniestro, es decir, $ 142.125. No obstante, una vez determinado que la actualización del salario mínimo del año 1996 es inferior al salario mínimo actual, se tendrá como base para la liquidación el más reciente, que asciende a $ 616.000.

La suma de $ 616.000 debe ser adicionada en un 25%, por el valor de las prestaciones sociales, lo que totaliza el salario base de liquidación en $ 770.000 Además, se tendrá en cuenta el porcentaje de incapacidad laboral del 23,18% y la edad de 57 años del señor Sanmartín, a la fecha del accidente.

Lucro cesante a favor de Héctor de Jesús Sanmartín:

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

nnn189
 

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta actualizada que equivale a $ 770.000.

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el día de los hechos (mar. 7/96) hasta la fecha en que se profiere la presente sentencia, esto es, 214,66 meses.

nnn191
 

S= $ 290’390.403

Del valor total del lucro cesante consolidado, se deberá descontar el porcentaje de incapacidad laboral permanente, calculada en 23,18%, lo que arroja como resultado la suma de $ 67’312.495

Liquidación de la indemnización futura o anticipada, que corre desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable del lesionado(15), para un total de 48 meses, de lo cual resulta:

nnn192
 

nnn193
 

S = $ 32’889.221.

Descontado el valor de la incapacidad laboral permanente, tasada en 23,18%, el lucro cesante futuro arroja como resultado la suma de $ 7’623.721

Así las cosas, la indemnización por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, a favor del señor Héctor de Jesús Sanmartín, asciende a un valor total de $ 74’936.216

Para concluir, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, se condenará en costas a la parte demandada, por cuanto —con fundamento en el análisis probatorio—, se evidenció que actuó con temeridad y mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 28 de julio de 2004, proferida por la Sala de Descongestión de la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, y en su lugar se decide:

1. Declárase administrativa y patrimonialmente responsable al departamento de Antioquia —Secretaría de Obras Públicas Departamentales—, por la falla en el servicio de mantenimiento y planificación de la vía que del municipio de Puerto Salgar conduce a Medellín, lo que originó el accidente de tránsito ocurrido el 7 de marzo de 1996, en jurisdicción del municipio de Puerto Salgar, en el sitio conocido como “la Peña”, a la altura de la finca “la Florida”.

2. Condénase al departamento de Antioquia —Secretaría de Obras Públicas Departamentales—, a pagar a las personas que a continuación se relacionan, las siguientes sumas de dinero:

Por perjuicios morales, para Héctor de Jesús Sanmartín, la suma de 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor de Héctor de Jesús Sanmartín, la suma de dieciséis millones setecientos veintiún mil trescientos noventa y nueve pesos ($ 16’721.399.). Así mismo, para Héctor de Jesús Sanmartín y Olga Lucía Giraldo, la suma de veinticinco millones doscientos sesenta y tres mil novecientos setenta pesos y cinco centavos ($ 25’263.970,5), para cada uno.

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Héctor de Jesús Sanmartín, la suma de setenta y cuatro millones novecientos treinta y seis mil doscientos dieciséis pesos ($ 74’936.216.).

3. Condénase al pago de las costas del proceso al departamento de Antioquia.

4. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

5. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-083 del 1º de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(2) Luhmann, Niklas “Confianza”, Ed. Anthropos, Ciudad de México, 2005, págs. 5 y 6.

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 1999-01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda” (resaltados adicionales).

De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, expediente 20171, M.P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”.

(4) “Concierne por igual a los filósofos y a los juristas la cuestión de determinar los requisitos que un ordenamiento jurídico tiene que llenar para poder ser considerado como un “derecho justo” o, lo que es lo mismo conforme con la justicia en la medida de lo posible. Concierne esta cuestión a los filósofos, porque por lo menos desde Platón el tema de los contenidos de justicia y de la ordenación “justa” de la convivencia humana es uno de los problemas centrales de la ética. Y concierne a los juristas, porque, si bien es cierto que los juristas pueden limitarse a cumplir las normas de un concreto derecho positivo, o las decisiones judiciales que en ese derecho positivo sean vinculantes, no pueden evitar que se les coloque incesantemente ante el problema de saber si lo que hacen es o no “justo”, sobre todo cuando las relaciones vitales cambian y los casos no se plantean ya de un modo igual. La perspectiva que en esta materia arroja más luz es, sin embargo, otra. De acuerdo con una larga tradición de la filosofía occidental, la tarea de los filósofos consiste en buscar la “unidad” que subyace bajo la multiplicidad de las normas y de las decisiones, en buscar dónde está la razón última de la validez. La tarea del jurista, en cambio, consiste en encontrar decisiones justas de casos concretos. De esto modo los unos apenas tienen noticia de lo que los otros hacen y ello es igualmente nocivo para ambos. Si los filósofos hubieran tenido en cuenta el material que los juristas han puesto a su disposición al reflexionar sobre puntos de vista que tienen que utilizar en la búsqueda de decisiones “justas”, hubieran podido ofrecernos algo más que unas formulaciones de una indeterminación tan grande que no siempre sin razón se les reprocha ser poco más que simples “fórmulas vacías”. Y si los juristas hubieran contemplado los puntos de vista que buscan y que utilizan, desde la perspectiva de una ética jurídica que vaya más allá de cada concreto derecho positivo, hubieran apreciado mejor y más conscientemente el “valor” de tales puntos de vista. Hace falta, pues, tender un puente…” Larenz, Karl “Derecho Justo”, Reimpresión, Ed. Civitas, Madrid, 1985, proemio.

(5) Geny, Francois “Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo”, Ed. Biblioteca de autores españoles y extranjeros, 2ª edición, Madrid, 1925, pág. 111.

(6) Dworkin, Ronald “Los derechos en serio”, Ed. Ariel, Barcelona, 1999, pág. 72.

(7) “Las pruebas formales tienen y cumplen una función eminentemente procesal: llevarle al juez el convencimiento sobre determinados hechos. Las pruebas ad solemnitatem o ad sustanciam actus, además, de cumplir la finalidad que cumplen las pruebas indicadas, son requisitos de existencia y validez de determinados actos de derecho material. Un escrito en donde consta que alguien debe $ 20.000,oo no sólo sirve para demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compraventa de inmuebles)”. Parra Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”, Ed. Librería del Profesional, 17ª edición, Bogotá, 2009, pág. 172.

(8) Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero.

(9) Becerra León, Henry Alberto - Derecho Comercial de los Títulos Valores 3ª edición. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá, 2004.

(10) Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, Bogotá - Editorial Temis, 2011, págs. 222 y 223.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de septiembre de 1991 (Esp. 6.572).

(12) Henao, Juan Carlos - El Daño. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, págs. 51 y 52.

(13)

nnn194

(14)

nnn195

(15) De conformidad con la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria, el tiempo de vida probable del señor Héctor de Jesús Sanmartín - contada desde la fecha de los hechos, es de 21,84 años más, que así proyectada se prolongaría hasta enero de 2018 (fls. 84 y 85, cdno. 1).