Sentencia 1997-00817 de junio 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad. 05001233100019970081701

Nº Interno 2028-11

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Apelación sentencia

Actor: Leticia Inés Zapata Montoya

Bogotá, D. C., trece de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala habrá de confirmar la providencia materia de apelación, por las siguientes razones:

La Constitución Política de 1991 consagró el sistema de carrera administrativa como un instrumento que responda a criterios que garanticen el verdadero desarrollo de los objetivos y programas de la organización del Estado, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad y honestidad en que debe desarrollarse la función administrativa.

En efecto, el artículo 125 ibídem prescribe que “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”, pero de igual manera la permanencia en el servicio está sujeta a la calificación satisfactoria en el desempeño del empleo y de la disciplina, sin perjuicio de otras causales de retiro previstas en la Constitución o en la ley.

En el mismo sentido, el artículo 9º de la Ley 27 de 1992, norma que regía para el momento en que se expidió el acto acusado, señala que el retiro del servicio de un empleado de carrera se produce, “cuando haya obtenido una calificación de servicios no satisfactoria, para lo cual deberá oírse previamente el concepto no vinculante de la comisión de personal. Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia procederán los recursos de ley, con los cuales se entiende agotada la vía gubernativa”.

En el caso en estudio, está probado que la actora ingresó al municipio de Sopetrán - Antioquia desde el 1º de septiembre de 1992 hasta el 25 de noviembre de 1996; y fue inscrita en el registro público de empleados de carrera administrativa mediante Resolución 626 de 8 de septiembre de 1994, en el cargo de asistente de planeación (fl. 2).

El 13 de septiembre de 1996 se efectuó la calificación de servicios de la demandante por el periodo correspondiente al 1º de septiembre de 1995 y el 31 de agosto de 1996, por parte del secretario de planeación municipal de Sopetrán, Antioquia (fl. 3). Para dicha calificación se tomaron los siguientes puntajes como base de la evaluación:

• Excelente, de 90 a100

• Bueno, de 65 a 89

• Regular, de 40 a 64

• Deficiente, de 0 a 39

Y cubría 7 factores, respecto de los cuales obtuvo los siguientes puntajes:

• Calidad del trabajo: 75.

• Cantidad de trabajo: 70

• Oportunidad: 70

• Organización: 65

• Responsabilidad: 70

• Relaciones interpersonales: 50

• Actitud frente al trabajo: 50

La suma de estos conceptos arrojó la calificación insatisfactoria de 45.

Los ítems en que obtuvo menor resultado, como ya se vio, fueron los de relaciones interpersonales “comportamiento con superiores, compañeros, compañeros de trabajo y usuarios del servicio y disposición para dar y recibir colaboración, de manera que contribuya a establecer un ambiente laboral de cordialidad y respeto” y actitud frente al trabajo “medida en que demuestre interés, entusiasmo y disposición para ejercer las funciones del cargo y para adquirir los conocimientos que posibiliten su propio desarrollo y la mejora del rendimiento” (fl. 3 vto.).

Contra la anterior calificación, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente, en su orden, mediante providencias del 19 de octubre de 1996 y 179/X/96 del 26 de octubre de 1996, cuyo argumento central fue el siguiente:

“la apreciación del trabajo de la empleada calificada se hizo en forma global, ya que ello no se opone a ninguna disposición vigente sobre la materia, apreciación que se hizo, lógicamente, en forma objetiva y de manera imparcial pues ningún interés existe en el responsable de la calificación, de atropellar los intereses del subalterno y muchísimo menos de menguar sus derechos frente a la ley. Este concepto, desde luego muy personal y válidamente no compartido por la recurrente, es el fruto de la observación del trabajo y del comportamiento de la empleada durante el respectivo periodo y del cual se deduce la calificación asignada a los diferentes aspectos” (fls. 8-9).

Y días después mediante Decreto 081/XI/96 de 25 de noviembre de 1996 fue declarada insubsistente con base en los siguientes argumentos:

“a) Que la señora Leticia Inés Zapata Montoya identificada con la cédula de ciudadanía Nº 43.061.550 expedida en Medellín, fue calificada insatisfactoriamente en el cargo de asistente de planeación municipal.

b) Que la señora Zapata Montoya interpuso recurso de reposición en contra de la providencia que calificó sus servicios, recurso que no prosperó tal como consta en la providencia emitida por parte de la secretaría de planeación municipal, de fecha octubre 19 de 1996.

c) Que la señora Zapata Montoya interpuso recurso de apelación en contra de la providencia que calificó sus servicios en forma insatisfactoria; ante el señor alcalde municipal, recurso que no prosperó tal como consta en la Resolución 179 de 26 de octubre de 1996.

En vista de lo anterior, se observa que contra la calificación y la declaratoria de insubsistencia fueron interpuestos los recursos en la vía gubernativa, los cuales fueron decididos en su oportunidad, razón por la cual se observa que la entidad demandada respetó el debido proceso y el derecho de defensa de la actora, por lo que no se configura ninguna irregularidad al respecto.

En conclusión, tenemos en el caso concreto que la demandante era una funcionaria de carrera que fue evaluada insatisfactoriamente para el cargo que desempeñaba y se determinó que el servicio que prestaba era deficiente, luego era claro que lo que se calificó fue su trabajo como secretaria en la secretaría de planeación del municipio de Sopetrán.

En efecto, las normas constitucionales y legales establecen la evaluación del desempeño del funcionario escalafonado, y esta se predica respecto de las funciones que el mismo cumple, por lo que, si a la señora Zapata Montoya se le evaluó por la labor desarrollada en el cargo en mención, y la calificación resultó insatisfactoria, al nominador le competía retirarla del servicio.

La motivación del acto demandado se contrae entonces, a la calificación insatisfactoria recibida, aspecto debidamente ejecutoriado y que por su objetividad no tendría punto de discusión, por ser prácticamente una consecuencia obligada, impuesta al nominador en virtud de la ley.

Ahora bien, alega la demandante que los actos enjuiciados adolecen de desviación de poder, por cuanto la calificación no se compadece con la realidad de los hechos, pues durante el periodo materia de evaluación nunca fue objeto de sanciones o llamados de atención por el incumplimiento de su trabajo o de sus relaciones con sus demás compañeros de labores; por el contrario “la prueba documental que obra en el expediente da cuenta que la administración, al evaluar el servicio de la actora, no se ajustó a las previsiones legales” (fl. 244).

Sobre el particular, es preciso señalar que por disposición legal y constitucional, el objetivo perseguido por la administración al evaluar el desempeño de un empleado de carrera, no es otro que calificar de manera objetiva la labor desarrollada por el mismo, con fundamento en factores tales como la calidad del servicio que presta, la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, el compromiso con el trabajo, o la capacidad para trabajar en equipo con sus superiores y subalternos. Y la consecuencia directa de esta calificación puede ser el mejoramiento del funcionario con la adquisición de un ascenso o de los derechos de carrera, o haciéndose acreedor de estímulos tales como becas, comisiones de estudios o programas de capacitación; o por el contrario, puede ser definitivo a la hora decidir su permanencia en el servicio.

En consecuencia, por tratarse de actos administrativos que gozan de la presunción de legalidad, en la medida que parten del fundamento según el cual el servicio que prestaba la empleada era deficiente, le correspondía a la parte interesada desvirtuar durante el trámite del proceso dicha presunción, acreditando la finalidad arbitraria, retaliativa y/o desviada del calificador o del nominador, lo cual no ocurrió, pues el expediente carece de prueba documental, testimonial o indiciaria que lleve a la Sala a la convicción de ello.

Las consideraciones antes expuestas se constituyen en la base jurídica y fáctica para concluir que los actos administrativos demandados no contienen los vicios endilgados por la actora; por el contrario, ratifican que fueron expedidos conforme a las normas constitucionales y legales que regían para el momento de su retiro.

Como consecuencia de ello, la Sala habrá de confirmar la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMASE la sentencia proferida el trece (13) de abril de dos mil once (2013) por el Tribunal Administrativo de Antioquia que denegó las súplicas de la demanda en el proceso promovido por Leticia Inés Zapata Montoya.

Notifíquese y cúmplase.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».