Sentencia 1997-00969 de febrero 9 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 18001-23-31-000-1997-00969-01(19460)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Lilia Montero Viuda de Calderón

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil once.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá el 12 de octubre de 2000, en la cual se hicieron las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad administrativa de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL en la muerte de ROCÍO CALDERÓN MONTERO, ocurrida en las condiciones de tiempo, modo y lugar señaladas en las consideraciones de esta sentencia.

“SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a pagar por perjuicios morales a favor de los demandantes en la siguiente forma:

A. Para la progenitora, señora LILIA MONTERO VDA. DE CALDERÓN, el equivalente en pesos de MIL (1.000) gramos oro.

B. Para cada uno de los hermanos: MARÍA VICENTA, CANDELARIA Y TEÓFILO CALDERÓN MONTERO, MELIAR MARÍA, CARLOS EMIR Y ADRIANA PATRICIA MONTOYA, el equivalente en pesos de TRESCIENTOS (300) gramos oro.

“TERCERO: ABSOLVER a la entidad demandada de las demás pretensiones de la demanda.

“Cuarto: ORDENAR que una vez en firme esta decisión se expida copias de ella con sus constancias de notificación y ejecutoria en los términos del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, con destino a la parte actora y para efectos de obtener su cumplimiento” (fl. 105, cdno. 2).

I. Antecedentes

El 17 de febrero de 1996, por intermedio de apoderado judicial, los señores Lilia Montero Vda. De Calderón, María Vicenta, Candelaria y Teófilo Calderón Montero, Adriana Patricia, Meliar María y Carlos Emir Montoya Montero, interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos con ocasión de la muerte de la señora Rocío Calderón Montero, ocurrida el 25 de abril de 1996, en el municipio de San José del Fragua (Caquetá).

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes y, por concepto de perjuicios materiales a favor de la madre de la occisa, la suma de $ 500.000.000 (fls. 18 a 27, cdno. 1).

Como fundamentos de hecho de la demanda, los actores narraron que el día 25 de abril de 1996 se presentó una incursión guerrillera en el municipio de San José del Fragua (Caquetá), hecho que generó enfrentamiento armado entre los miembros de la Policía Nacional acantonados en ese municipio y los alzados en armas, dando como resultado la muerte de la señora Rocío Calderón Montero (fls. 18 a 27, cdno. 1).

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caquetá el 6 de marzo de 1997, decisión que fue notificada en debida forma a la entidad pública demandada (fls. 29, 30 y 32, cdno. 1).

La Policía Nacional se opuso a todas la pretensiones de la demanda y manifestó que los hechos sucedidos el 25 de abril de 1995 en los que resultó muerta la señora Rocío Calderón Montero no pueden ser catalogados como una falla en el servicio pues los causantes de la toma guerrillera, el hurto de material de guerra, las lesiones a miembros de la Policía Nacional y la muerte de la Señora Calderón fueron los frentes XIII, LX y IL de las autodenominadas Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia FARC, por lo que consideró se estaba frente a una de las causales de exoneración de responsabilidad como es el hecho de un tercero. Igualmente planteó la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración, aduciendo que la señora debió proteger su vida manteniéndose en su vivienda y no salir a hacerle frente al ataque guerrillero (fls. 34 a 36, cdno. 1).

Vencido el período probatorio previsto en providencia del 20 de mayo de 1997 y fracasada la etapa conciliatoria, el 30 de septiembre de 1999, el Tribunal a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 79, cdno. 1).

La demandada insistió que en el presente asunto se configuraron las causales de exoneración consistentes en el hecho de un tercero y la culpa exclusiva de la víctima (fls. 81, cdno. 1).

Por su parte la demandante consideró que existían en el proceso pruebas suficientes que evidenciaban la falla del servicio en que incurrió la demandada.

El Ministerio Público consideró que se está frente a un daño antijurídico porque la víctima no tenía el deber de soportar los daños que se generaron con motivo de la defensa del orden institucional, pues si bien el actuar de la administración en estos eventos es lícito ello no la libera de indemnizar los daños que cauce con tal motivo, concluyó afirmando que la responsabilidad de la administración solamente se neutralizaría con la demostración de algunas de las causales de exoneración lo cual no sucedió en el presente caso.

II. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caquetá profirió sentencia el 12 de octubre de 2000 en la que declaró la responsabilidad de la entidad demandada en los términos transcritos al inicio de esta providencia.

Para arribar a tal decisión señaló que, de conformidad con el acervo probatorio recaudado en el proceso, pudo concluirse que la señora Rocío Calderón Montero soportó un riesgo excepcional y una carga superior a la del común de la población pues la acción guerrillera acabó con su vida.

En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el Tribunal los negó porque en el plenario no obran pruebas para demostrar los gastos realizados por los actores por concepto de servicios funerarios, diligencias judiciales y honorarios de abogado. En igual sentido decidió frente a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante pues consideró que no se demostró la dependencia económica de la madre con la señora Calderón.

Respecto de la indemnización por los perjuicios morales reclamados, el a quo reconoció la suma equivalente en pesos colombianos a 1000 gramos de oro a favor de la madre y de 300 gramos de oro para cada uno de los hermanos de la víctima (fls. 98 a 105, cdno. 2).

III. Recurso de apelación

Inconforme con lo resuelto por el a quo, la parte demandante interpuso recurso de apelación (fl. 107, cdno. 2) que fue concedido por el Tribunal en auto de 3 de noviembre de 2000 (fl. 109, cdno. 2) y admitido por esta Corporación mediante providencia de 6 de abril de 2001(fl. 120, cdno. 2).

Solicitan los demandantes que se modifique el literal b) del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de reconocer la suma equivalente a 500 gramos de oro para cada uno de los hermanos de la víctima, lo anterior respetando las pautas jurisprudenciales de esta Corporación.

En relación con el perjuicio material consideró que obra en el proceso prueba suficiente que demuestra la ayuda dada por la hija a su madre, que el fallador de primera instancia solicitó un requisito no contemplado por la jurisprudencia ni la ley, como es que para el reconocimiento del lucro cesante se debe probar que ambas personas, madre e hija, convivían bajo el mismo techo (fl. 113 a 116, cdno. 2).

En esta instancia se le dio el trámite de rigor al recurso. Durante el término concedido para alegar de conclusión y rendir concepto la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio. La parte demandada manifestó en esta oportunidad que no se encuentra demostrado el nexo de causalidad entre el hecho y el daño (fl. 142, cdno. 2).

IV. Consideraciones.

La Sala modificará la sentencia proferida por el Tribunal a quo, para lo cual abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) La competencia; 2) El ejercicio oportuno de la acción; 3) El incremento de los perjuicios morales reconocidos a los hermanos de la víctima; 4) El reconocimiento de perjuicios materiales a favor de la madre demandante y 5) Costas.

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso de doble instancia, pues la pretensión mayor, correspondiente al perjuicio material a favor de la madre de la víctima, se estimó en $ 500.000.000, mientras que el monto exigido para el año 1997 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $ 13.460.000(1).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

En el presente caso la pretensión resarcitoria que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión del deceso de su familiar durante un ataque guerrillero al municipio de San José del Fragua (Caquetá) el 25 de abril de 1996, lo que significa que tenían hasta el día 25 de abril de 1998 para presentarla y, como ello se hizo el 17 de febrero de 1997, resulta evidente que el ejercicio de la acción fue dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

3. El incremento de los perjuicios morales reconocidos a algunos de los demandantes.

Se contrae la protesta de los recurrentes frente al monto indemnizatorio reconocido en su favor, razón por la cual enderezan su pedimento a obtener se incremente dicho monto en cuanto hace a lo reconocido a favor de los hermanos de la víctima a título de indemnización de perjuicios morales que solicitan se eleve al equivalente a 500 gramos de oro para cada uno de ellos.

En relación con tales perjuicios consideró el a quo en la sentencia que los demandantes tenían derecho a la indemnización porque estaba demostrado el vínculo de consanguinidad, pero que, como “…no se demostró la convivencia y continuada relación entre la occisa y sus hermanos”, resultaba procedente el reconocimiento indemnizatorio reclamado en favor de éstos pero reducido a la suma equivalente a 300 gramos de oro, para cada uno.

La jurisprudencia de esta Corporación, vigente al momento de la sentencia de primera instancia, había adoptado como criterio general una indemnización equivalente a 1.000 gramos de oro a favor de los padres, hijos y cónyuges de las víctimas, y 500 gramos de oro a favor de los hermanos, en los casos de mayor intensidad del dolor, como viene a ser el que resulta de la muerte o lesiones invalidantes, indemnización que podía ser reducida o incrementada, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso.

Al respecto, oportuno resulta precisar que, de conformidad con lo expuesto por esta Corporación en sentencia del 6 de septiembre de 2001(2), el criterio de tasar el monto de los perjuicios morales en gramos de oro se abandonó y se determinó que su reconocimiento deba hacerse con base en el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha en que se profiera la sentencia.

Ahora bien, como en el sub judice no aparece demostrado que el daño sufrido por los hermanos de la señora Rocío Calderón Montero haya sido superior al que normalmente se ha considerado que se sufre con el deceso del consanguíneo la Sala, atemperándose a los lineamientos generales que la jurisprudencia ha decantado para casos semejantes, encuentra pertinente ajustar el monto indemnizatorio a reconocer en favor de aquéllos al equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno, tal y como la jurisprudencia de esta Corporación lo tiene hoy establecido.

4. El reconocimiento de perjuicios materiales a favor de la madre demandante.

Se endereza el recurso de alzada, además, a solicitar se reconozca en esta instancia en favor de la madre de la víctima el perjuicio material en la modalidad de daño emergente.

Ciertamente en el expediente obra prueba testimonial que da fe de que Roció Calderón Montero tenía trabajos ocasionales en casas de familia o almacenes cuando vivía en Agustín Codazzi (Cesar), así, en efecto depusieron bajo la gravedad del juramento Nubia Cerda (fls. 86 y 87, cdno. 3), Ramón Ortiz (fls. 88 y 89, cdno. 3) y Jorge Iván Ardila Noreña (fls. 90 y 91, cdno. 3).

Sin embargo, para el momento de los hechos la señora Rocío Calderón residía en San José de Fragua (Caquetá) con su compañero permanente Cabo Ramiro Mora Preciado, además no obra en el plenario prueba alguna que nos permita confirmar lo dicho en la demanda en relación con la actividad económica desarrollada por ella en el momento de su muerte.

No empero lo anterior y que en tales declaraciones se hace referencia de manera genérica al destino que pudiese haberle dado al dinero que obtenía de manera ocasional, tales dichos no reflejan con certeza y de manera responsiva que la madre dependiera o, al menos, recibiera la ayuda económica de la ahora occisa, por manera que forzoso resulta a la Sala prohijar la decisión a la que en esta materia llegó el a quo y negar el pedimento indemnizatorio por este concepto.  

5. Costas.

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá el 12 de octubre de 2000 en su SEGUNDO ORDENAMIENTO, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional de los hechos en que se produjo la muerte de la señora Rocío Calderón Montero, ocurrida el 25 de abril de 1996, en el municipio de San José del Fragua (Caquetá).

SEGUNDO. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por perjuicios morales, a favor de Lilia Montero Vda. de Calderón la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, a favor de María Vicenta, Candelaria, y Teófilo Calderón Montero; Meliar María, Carlos Emir y Adriana Patricia Montoya la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, a cada uno de ellos.

TERCERO. Negar las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Dar cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO. Ejecutoriada la providencia, devuélvase al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón, Presidente—Gladys Agudelo Ordóñez—Mauricio Fajardo Gómez.

1 Decreto 597 de 1988.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.