Sentencia 1997-01063 de junio 22 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 76001-23-31-000-1997-01063-01 (18229)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Edinson Delgado Ruiz y otros.

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia).

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala a resolver el recurso de apelación que formulara la parte demandante, en juicio de dos instancias, con el objeto de que revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Para resolver el asunto sometido a conocimiento de la Sala, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) aspectos procesales previos; 2) el objeto del recurso de apelación y la decisión de primera instancia; 3) presupuestos para la responsabilidad extracontractual; 4) la responsabilidad del estado por la conducción de la energía eléctrica; 5) los hechos probados; 6) problema jurídico; 7) el daño antijurídico y; 8) la imputación de la responsabilidad.

1. Aspectos procesales previos.

Previo a abordar el análisis respecto al objeto del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala advierte que con la demanda se aportaron veinticinco fotografías, con las cuales se pretende establecer “las refacciones realizadas, la ubicación del transformador que reemplazó al quemado”. Estos documentos fotográficos no llenan los requisitos legales para ser valorados. En efecto, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que,

“… En este caso son privados, pues la demanda es indicadora indirecta de que tienen origen en la propia parte que las allegó (CPC, art. 251); de todas maneras tienen dicha calidad porque en ellos no consta el funcionario que las tomó o filmó. Para cuando se aportaron dichos elementos probatorios regía el artículo 25 del Decreto-Ley 2651 de 1991 según el cual “Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieron o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación (…)” lo cierto es que la sola presunción de autenticidad de los mismos no define las situaciones de tiempo y modo de lo que ellas representan. Esto por cuanto la fecha cierta de un documento privado, respecto de terceros, se cuenta a partir de uno de los siguientes hechos: o por el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado al proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia (CPC, art. 280). Desde otro punto de vista, la doctrina se ha pronunciado sobre el valor probatorio de las fotografías como documentos representativos que son; dice que las fotografías de personas, cosas, predios, etc. sirve para probar el estado de hecho que existía al momento de haber sido tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez y que son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en ella o en ellas el lugar o la cosa que dice haber conocido. Por consiguiente y para el caso como la fecha cierta de las fotografías es la de presentación de la demanda, porque se aportaron con ésta, el 26 de julio de 1995, de nada sirve para la eficacia probatoria que se reputen auténticas”(1).

En ese orden y comoquiera que en el caso concreto los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 1994 y que se reputa como fecha cierta de las fotografías la de la presentación de la demanda, esto es el 18 de febrero de 1995, las mismas carecen de toda eficacia probatoria.

Ahora, respecto de las declaraciones extraproceso (fls. 5 a 7, cdno. 1) rendidas por los señores Eudoxia Antonia Hurtado de Riascos, Pompilia Benítez y Samuel Antonio Aguirre Valencia, se advierte que éstas declaraciones no pueden ser valoradas en cuanto esa prueba no cumple con lo establecido en los artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil, en virtud a que no fueron ratificadas en el proceso en el que se pretenden hacer valer y se obtuvieron sin audiencia de la contraparte, por lo que carecen de eficacia probatoria(2).

Asimismo, carecen de eficacia probatoria los recortes de periódico que se aportaron con la demanda (fl. 4, cdno. 1), los cuales solo tienen valor probatorio para efectos de considerar que esa fue la noticia que se publicó, pero en manera alguna permiten acreditar la ocurrencia de los hechos que allí se exponen(3).

De igual forma, no se tendrán en cuenta las declaraciones sobre los hechos, rendidas por Luz Nidia Martínez Oliveros y Edinson Delgado Ruiz (fls. 389 a 396, cdno. 1), ya que por su condición de demandantes no pueden ser testigos, conforme al artículo 217 del Código de Procedimiento Civil.

2. Objeto del recurso de apelación.

Resulta necesario precisar que el recursos de apelación interpuesto por la parte demandante está encaminado, de un lado, a que se revoque la decisión por considerar que el a quo aplicó para el caso concreto el régimen de responsabilidad de falla del servicio cuando lo procedente era encajar la responsabilidad del estado bajo el régimen del riesgo excepcional. Agregó, además que el tribunal no valoró en debida forma la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso.

3. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

1. Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(4) de la responsabilidad del Estado(5) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(6) y de su patrimonio(7), sin distinguir su condición, situación e interés(8). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(9); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(10).

2. Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(11) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(12) tanto por la acción, como por la omisión.

3. En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la,

“… antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. De otra lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración pública”(13).

Así pues, el precedente jurisprudencial constitucional ha señalado,

“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(14).

De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(15).

Así mismo, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(16). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(17), anormal(18) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(19).

4 Ahora bien, en cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene,

“La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(20).

5. Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(21), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(22). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(23).

6. En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(24). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(25).

7. Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(26). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(27).

8. Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(28) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(29) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(30).

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional indica:

“… el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(31) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(32). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(33).

A lo que se agrega por el mismo precedente,

“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:

1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.

Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás.

2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(34)(35).

16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. Vg. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una población, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta mas (sic) de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no sólo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión(36). Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”(37).

9. En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo anterior esquema, se analizará el caso a resolver.

4. La responsabilidad del Estado por la conducción de energía eléctrica.

Sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la actividad de generación, distribución, conducción y comercialización de energía eléctrica, la corporación ha considerado que es en sí misma una actividad que somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo excepcional y que, por lo tanto, podría generar perjuicios. Al respecto, la Sala ha precisado que,

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. “Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

‘...Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...’(38).

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política…(39).

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(40) —resalta la Sala—.

Así mismo, en otra oportunidad en la cual se debatió la responsabilidad del Estado derivada de redes eléctricas y de alto voltaje, esta misma Sección manifestó:

“En primer término, es preciso afirmar que cuando el Estado, en cumplimiento de sus deberes y fines constitucionales y legales de servir a la comunidad y promover la prosperidad general, construye una obra o presta un servicio público utilizando recursos o medios que por su propia naturaleza generan un peligro eventual o un riesgo excepcional para la vida, la integridad o los bienes de los asociados, está llamado a responder por los daños que se produzcan cuando dicho peligro o riesgo se realice, por cuanto de no hacerlo estaría imponiendo a las víctimas, en forma ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas que están llamados a soportar todos los administrados, como contraprestación por los beneficios que les reporta la prestación de los servicios públicos.

“En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima”(41).

Sobre el tema, la Sala en sentencia de 23 de enero de 2003(42) señaló:

“En efecto, la conducción de energía eléctrica, mediante cables de alta tensión, ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y fue precisamente, en casos referidos a la existencia de daños causados como consecuencia de su realización que se dio aplicación a la teoría del riesgo excepcional, por primera vez, por parte del Consejo de Estado. No se trata de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad jurídica entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa”.

Bajo esta perspectiva se analizará el caso concreto, a efectos de determinar si el daño antijurídico se produjo como concreción o materialización del riesgo excepcional, supuestamente generado por la conducción y distribución de energía eléctrica, actividad que endilgó el actor a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

5. Hechos probados.

Respecto de los hechos que dieron origen al presente proceso, se tiene que los medios probatorios debidamente allegados y practicados en el proceso y que gozan de eficacia probatoria en el sub judice, son los siguientes:

1) De acuerdo con la escritura pública No. 2.802 de noviembre 12 de 1985, otorgada en la Notaría Única del Círculo Notarial de Buenaventura (fls. 12 y 13, cdno. 1) y el certificado de libertad y tradición expedido el 17 de noviembre de 1994, que da cuenta del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 372-0011-039 (fl. 16, cdno. 1), debidamente aportados al proceso, la Sala encuentra probado que los señores Edinson Delgado Ruiz y Luz Nidia Martínez Oliveros son el propietarios del inmueble ubicado en la carrera 50 # 3-14, barrio Galeón de la ciudad de Buenaventura.

2) El testimonios del señor Francisco Luis Chasqui Ortiz,

“(…) Este cortocircuito ocasionó el incendio y ha podido evitarse si la residencia hubiera tenido los adecuados elementos de protección residencia como lo establece la norma de la empresa. Posterior al origen del incendio y según me explicaron los técnicos de la CVC en ese momento en el afán de salvar elementos de la casa, fueron arrojados artefactos metálicos como ganchos de ropa al tendido exterior de la red de energía, lo cual produjo otro cortocircuito posterior al anterior, produciendo la rotura de un hilo neutro del sistema, desbalance de carga en el transformador y avería en el mismo, lo cual dejó sin servicio todo el sector (…) Tengo entendido que antes del incendio nombrado, se presentó una ausencia de tensión en el mismo sector por causa de una falla producida por un señor que se había conectado fraudulentamente a la red para instalar un soldador, según los técnicos esta anomalía fue corregida en las mismas horas de la mañana e informaron que el servicio había quedado normal en el sector. PREGUNTADO: Ya que usted dice que el fluido eléctrico fue interrumpido y luego restablecido habiendo hechos los operarios de la CVC los debidos correctivos. Cómo puede explicar usted técnicamente de acuerdo a lo manifestado por la parte demandante, que el servicio de energía se restableció encontrándose el transformador quemado, su neutro roto y además al no contar con sus dispositivos de cortocircuitos. CONTESTO: En esta pregunta es imposible que se haya presentado un cortocircuito en cualquier residencia de este sector, si el transformador hubiese estado quemado en ese momento, ya que eléctricamente el transformador quemado no proporciona el servicio de energía. En cuanto a que el transformador quemado hubiese tenido el neutro roto y no poseer dispositivos de seguridad no es correcto, ya que de ser así al haber un neutro roto y haber servicio de energía hubieran sido muchos los usuarios afectados. (…) al restablecer la energía esto no tuvo nada que ver con el incendio que se dio en esa casa (…) Los elementos de protección de un transformador de distribución, no son elementos de protección individual de cada residencia, estos elementos de protección de transformador son para proteger cortos externos de redes secundarias o primarias. Para la protección del servicio residencial de cada casa se disponen otros elementos de protección como son los breakers o fusibles tipo residencial, estos últimos deben operar si están bien calculados en caso de falla cortocircuito dentro de una residencia” (fls. 360 a 363, cdno. 1) (resaltados son nuestros).

3) El testimonio de Oscar Manuel Libreros Vallejo,

“(…) procedieron a cerrar el cortacircuito (sic) que tenía un fusible quemado, aproximadamente a la hora un nuevo llamado informando acerca de un incendio, llegaron la misma pareja al sitio y encontraron de nuevo el fusible quemado. A las 3.30 p.m. un nuevo llamado tefónico (sic) para restablecer el servicio porque el incendio ya había sido controlado, encontrándose una línea reventada y el transformador quemado. Se empalmó la línea secundaria, se verificó que el transformador estaba quemado, el cual fue cambiado al siguiente día por la cuadrilla de mantenimiento. (…) No hay línea reventada de acuerdo al informe de las parejas, el transformador tiene un cortacircuito (sic) a la entrada del barrio y or(sic) restablecerse el servicio técnicamente no podía estar quemado el transformador ni haber ninguan (sic) anomalía en las líneas secundarias porque se volvería a quemar el fusible. PREGUNTADO De acuerdo a los análisis técnicos que ustedes hicieron pudo esto ocasionar el incendio en la residencia del Dr. Edinson Delgado Ruiz. CONTESTO El equipo que presentó la falla (aire acondicionado) es a 220 voltios y en el caso de que hubiera una fructuación de voltage, (sic) este no hubiera tenido ningún problema, además el fusible del transformador se restableció sin rechazarse el mismo, por este motivo no es causa del incendio el daño del transformador.(…) PREGUNTADO Podría usted explicarnos técnicamente de acuerdo a los informes suministrados en el proceso, por qué se presentaron daños únicamente en la residencia del señor Edinson Delgado Ruiz y no en las casas circunvecinas, siendo que estaban alimentadas por el mismo transformador. CONTESTO En el caso que el transformador del sector huibiera (sic) presetado (sic) fallas o sobrevoltajes hubiera afectado indistintamente a los usuarios del sector por tal motivo opino que la falla fue individual y únicamente en el aire acondicionado.(…) La falla del aire acondicionado se produce por recalentamiento en el bobinado, lo cual conduce a un cortocircuito y la quema del artefacto, cuando esto sucede se aumenta al amperaje en el sistema y los dispositivos de protección (breaker), se debe accionar para evitar que el cortocircuito sea mayor” (fls. 364 a 369, cdno. 1) (Las negrillas y subrayado son nuestras)

PREGUNTADO Explique al despacho, por qué razón usted manifiesta que dicho transformador contaba con todos sus dispositivos de seguridad el día del suceso y sinembargo (sic) los testigos que concurrieron al momento de la conflagración como son la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y su perito electricista como otras personas, afirman todo lo contrario manifestando en primer lugar que dicho transformador en el sitio en que está instalado no tenia (sic) el cortacircuito, ni el pararrayos. CONTESTO Las protecciones no estaban ubicadas en el mismo poste donde se encontraba el transformador, pero si existían en el arranque primario en la salida de dicho barrio y aplica sus mismas funciones de protección. Nunca he pensado eso no digas eso. (…) No se encontró línea reventada cuando se restableció el servicio, además técnicamente si hubiere una libnea (sic) reventada el dispositivo de protección (cortacircuito) (sic) hubiera rechazado el cierre y por consiguiente no sería posible energizar el sector” (fls. 371 y 372, cdno. 1).

4) El testimonio del señor Samuel Antonio Aguirre Valencia,

“(…) me dirigí al lugar del problema para coadyuvar en lo que se tuviera a bien. Observé que el neutro del secundario cerca al transformador de energía que alimenta esta residencia estaba haciendo contacto con una fase del secundario del sistema que alimenta la casa del problema de energía eléctrica. Al otro día en vista de que no se le había dado servicio de energía eléctrica al sector pedí a la EPSA que viniera a restablecer servicio, debido a quer (sic) ya había pasado el insuceso y tuvimos que esperar varios días para que el transformador que se había quemado no por incendio, sino por sobrevoltage (sic) viniera a ser cambiado; quiero aclarar de que fui ingeniero de redes de la zona de EPSA o CVC. Buenaventura, y por lo tanto como conocer del tema había epdido (sic) con antelación para que la zona de Buenaventura en su Almacén estuviera dotado de transformadores monofásicos, cortacircuitos, pararrayos, varillas de cobre y alambres para poner a tierra los diferentes aparatos de montar; además había recomendado de que era necesario cambiar el sistema arcaico y riezgoso (sic) de llevar una línea de alta tensión y el transformador, colocarlo a tierra para dar el voltage (sic) de 7.520 voltios o 2.400 voltios. La CVC o EPSA, siempre a los sectores mas (sic) deprimidos les ha dado alimentación por alta tensión con los riesgos que he señalado; además de los servicios trifásicos con el sistema de dos transformadores en vez de uno que se llama delta abierta y que se utiliza en caso de emergencia apara (sic) adar (sic) servicio a un sector a 220 voltios o la supresión de protecciones a los transformadores (eliminación de corta-circuitos y pararrayos) que fue una de las cosas que acarrearon la conflagración (…) Si se observa la red podemos ubicar los corta-circuitos y pararrayos que habían en la Autopista Simón Bolívar y el transformador sin protección se encontraba a una gran distancia, esto quiere decir, que en caso de responder la protección no se había quemado el transformador; por lo que se quemó podemos colegir que no existía protección real ni sincronización de protecciones, por lo tanto este método antitécnico no es válido y en la práctica ya ha demostrado con incendio, con quema de electrodomésticos y personas electrocutadas que la CVC o EPSA, debe corregir estas fallas para que la comunidad no sea afectada en sus bienes, ni en riesgo de vidas. Quiero ser reiterativo que se violaron las normas de Icontec en este aspecto en todos sus incisos y que el ente prestador del servicio debe asumir los perjuicios que causen. (…) PREGUNTADO Sirvase (sic) manifestar al despacho por qué razón el Ingeniero Francisco Chasqui en declaración rendida el 7 de octubre del presente año, expresa que los motivos del incendio de la residencia del Dr. Edinson Delgado, se debió a un corto-circuito que no ha debido de ocurrir si la residencia hubiese tenido todas las protecciones establecidas por la empresa EPSA. CONTESTO Es como pedir a los usuarios que deben colocar protecciones tales como pararrayos y corta-circuitos en las redes para evitar que los sobre-voltages (sic) entren a sus casas. Estas protecciones le toca a la empresa distribuidoara (sic) de energía, a los usuarios le tocan las cuchillas de corte, los fusibles y los breker para sobre-corrientes (esta casa las tenía y bien calculadas), pero no así la empresa distribuidora” (fls. 377 a 380, cdno. 1) (Las negrillas y subrayado son nuestras).

5) Informe del Departamento de Policía Valle Séptimo Distrito “SUBSIJIN2” del 19 de octubre de 1994, en el que se relató,

“(…) los móviles se debieron a imprudencia de un operario de soldadura que trabajaba en un inmueble vecino, lo que produjo unasobrecarga (sic) de energía sobre los electrodomésticos que seencontraban (sic) conectados en la residencia del Burgomestre. Las perdidas (sic) materiales están avaluadas en la suma de $ 15.000.000 de pesos; no presentándose desgracias personales en el seno de distinguida familia” (fl. 3, cdno. 2).

6) El testimonio del señor Jhon García Cuero, agente de la Policía Nacional, testigo presencial de los hechos quien indicó,

“El día que ocurrieron los hechos me encontraba haciendo seguido turno de vigilancia de diez y media a once de la mañana del año de(sic), aclaro, no me acuerdo, se encontraban unos muchachos haciendo unos trabajos en la casa del Dr. Roldan de soldadura, cuando de un momento a otro se ocasionó un corto cayéndose una de las cuerdas de la energía de los postes de la calle; yo lo vi porque estaba, al frente, pues Inmediatamente como allá tienen teléfono llamaron a los funcionarios de la CVC, para que restablecieran el fluido después de una media hora o cuarenta minutos llegaron los funcionarios de la CVC, para arreglar el daño. Ellos arreglaron el daño y creo que no se percataron de la cuerda que estaba caída(sic) y restablecieron de nuevo el fluido, creo que cuando este —llego, llegó con mucha fuerza entonces ahí(sic) fue que llegó la sobre carga al aire acondicionado, ocasionándose un corto en la parte interna de la casa del Dr. Edinson, formándose el incendio, es todo. Cuando ocrrio(sic) el accidente los funcionarios de la CVC, iban saliendo del barrio, iban cogiendo la Autopista después(sic) se llamaron a los bomberos y nosotros los que nos encontrábamos allí empezamos a evacuar Las cosas de la residencia, posteriomente llego la policía en compañía de los Bomberos y periodistas, ahí(sic) los bomberos procedieron a pagar el incendio.

(…).

Ellos arreglaron el daño y creo que no se percataron de la cuerda que estaba caída y restablecieron de nuevo el fluido, creo que cuando este llego, llegó con mucha fuerza entonces ahí fue que llegó la sobre carga al aire acondicionado, ocasionándose un corto en la parte interna de la casa del Dr. Edinson, formándose el incendio, es todo” (fl. 26, cdno. 2).

Frente a la posible causa del origen de la conflagración respondió:

“Según la información que daba el comandante de los Bomberos teniente o capitán Benítez, decía que la conflagación (sic) posiblemente había sido causa de no haberse percatado del neutro que estaba caído, entonces cuando llegó el fluido la energía llega con sobre carga porque el neutro es el que regula la entrada de la energía” (fl. 27, cdno. 2).

7) El testimonio del señor Carlos Augusto Roldan Yacup, quien en su declaración como vecino del señor Edinson Delgado Ruiz, afirmó que entre los testigos técnicos, se habló de que el siniestro fue producto de que el transformador carecía de implementos o artefactos que regulaban la intensidad de la energía cuando es colocado nuevamente después de haber sido suspendido, y este no controló la intensidad o el voltaje, lo que produjo que el equipo de aire acondicionado se afectara produciendo así el incendio (fls. 28 y 29, cdno. 2).

8) El testimonio del señor Juan Gregorio Benítez López, Comandante de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, en su declaración manifestó que se hizo una evaluación de pérdidas y se investigó la causa de la conflagración, obteniendo como resultado,

“Encontramos inicialmente que ala (sic) alcoba principal de esta vivienda había sido consumida por las llamas en un 80%, lo mismo los elementos que en ella normalmente se encuentra (televisor, grabadora, closet con la ropa incluida) aproximadamente se estima el valor de las perdidas en 15 Millones depesos (sic), luego adelantamos la revisión de motivos o causales de este insucesos (sic), comprobando lo siguiente: a una distancia aproximada de 70 mtrs, pudimos observar un equipo de soldadura más específicamente en la residencia del Dr. Carlos A. Roldán Yacúp, este equipo de soldadura haía (sic) sido instalado por el operario en las cuerdas de servicio deenergía (sic) de servicio públicos instalados por la CVC en este sector, comprobándose que la cuerda que lleva la energía negativa (neutro) se había roto cayendo en la línea primaria causando el corte de energía en este sector. Luego por información de los vecinos del sector, pudimos comprobar que los operarios de la CVC, alrestablecer (sic) el fluido eléctrico no se percataron que esta línea (negativa) todavía se encontraba superpuesta en la línea positiva, generando esto una sobretensión de energía porque ambos polos se vuelven positivos, dando origen a una carga de energía, sin control y la misma generó la explosión del aire acondicionado de la residencia en mención” (fls. 31 y 32, cdno. 2).

9) El testimonio de la señora Pompilia Benítez, quien frente a los hechos acaecidos el 19 de octubre de 1994, manifestó que el incendio se había producido por un corto, cuando una cuerda se “prendió” y cayó encima de las otras cuerdas, enseguida se fue la luz y cuando se restableció se generó el incendio (fls. 34-35, cdno. 2).

10) El testimonio del señor Juan Pablo Romero Rentería, relató lo sucedió el día de la conflagración, de la siguiente forma:

“(…) atiende la situación el señor Marcos Micolta, éste revisa el sector encontrando el neutro de la red secundaria roto, además dice Marcos Micolta que encontró un gancho metálico de colgar ropa en la primera fase de la red secundaria, pero esta no se había roto. Procede a empalmar o sea pegar el neutro que estaba roto y aprobar el transformador, el cual estaba quemado, estamos hablando después del incendio esto fue después de las tres y media cuando ya entra el otro turno. Técnicamente cuando falla el neutro de la red secundaria los voltajes de las fases o léneas (sic) positivas se elevan casi al doble de lo que nominalmente está establecido, es decir a una casa que le entran 110 voltios al sucederse este daño le quedan entrando 220 voltios” (fl. 40, cdno. 2).

“Si, es posible que haya fallado las conexiones de la acometida a la vivienda del Dr. Edinson Delgado Ruíz, sin que esto indique que se deban afectar las demás viviendas. Cuando falla el neutro en la acometida de una vivienda y sólo se afecta ésta vivienda y cuando falla el neutro de la red secundaria del sector se afectan todas las viviendas que estén conectadas de dicho sector, si el neutro del transformador falla se afectan todas las viviendas del sector, pero en este caso debió fallar el neutro de la acometida a la vivienda del Dr. Edinson Delgado” (fl. 42, cdno. 2).

11) El testimonio del señor Vicente Eudoxio Ocoro Grueso, técnico en electricidad, hizo referencia a la posible causa del incendio manifestando que la línea del neutro del transformador estaba desprendida, y como electricista dedujo que al caerse esta línea deben subirse los voltajes.

12) Los testimonios de los señores Pedro Iván Guerrero y Marcos Micolta, quienes hicieron énfasis en que: restablecieron el fluido eléctrico, momentos después se ocasionó el incendio y cuando regresaron se dieron cuenta que el fusible en el cortocircuito del transformador estaba quemado. Se le cuestionó si la fluctuación de voltaje que ocasiono el equipo de soldadura pudo haber originado el corto circuito y el incendio en la residencia mencionada, a lo que aclaró que si esto ocurriera todas las viviendas que estuvieran conectadas a un transformador se quemarían muchas de ellas y varios electrodomésticos y habría que establecer, en el caso en particular, si hubo otras fallas al interior de la vivienda (sistema de protección), esto generaría daños de electrodomésticos y no una conflagración como tal, a menos de que hubiese elementos de combustión (fls. 46 a 57, cdno. 2)

13) El testimonio de señor Juan Gregorio Benítez López, Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Buenaventura quien manifestó que,

“…luego adelantamos la revisión de motivos o causales de este insucesos, comprobando lo siguiente: a una distancia aproximada de 70 mtrs, pudimos observar un equipo de soldadura más específicamente en la residencia del Dr. Carlos A. Roldan Yacúp, este equipo de soldadura había sido instalado por el operario en las cuerdas de servicio de energía de servicio público instalados por la CVC en este sector, comprobándose que la cuerda que lleva la energía negativa (neutro) se había roto cayendo en la línea primaria causando el corte de energía en este sector…” (se resalta).

14) Corroborado por el testimonio de Pedro Iván Guerrero quien depuso que,

“…una vez hecha la revisión lo que se encontró anormal que ameritó la suspensión de la energía en ese sector fueron unos cables en cobres que alimentaban un soldador hechizo (llamado cucarrón) en la casa del doctor Carlos Soldán Yacup, estaban unos señores Cerrajeros haciendo un uso indebido de la toma eléctrica aerea(sic), nos dirigimos hacia ellos para advertirles que suspendieran ese proceder por que(sic) habría consecuencias…” (se resalta)

15) Y Marcos Micolta quien dijo,

“…me desplace al lugar encontramos el neutro segundario roto, procedí hacer el respectivo empalme encontramos en el tendido segundario un gancho de alambre que tenia(sic) una fase segundaria a punto de romperse, también(sic) encontramos una líneas(sic) clandestinas tiradas en el piso al parecer era para un soldador clandestino…” (se resalta).

16) El testimonio del señor José Ramiro Sánchez Suarez, maestro de construcción, ratificó la existencia de un contrato civil de obra Nº CO-0545532 el cual tuvo un valor de ($ 5.000.000) y el objeto del mismo, consistió en la reestructuración del cielo raso, techo, pisos baños de la alcoba principal de la vivienda, los cuales se deterioraron con el incendio (fl. 54, cdno. 2).

17) De igual modo el señor Vicente Eudoxio Ocoro Grueso, electricista, ratificó la existencia del contrato civil de obras Nº CO-0545534 que consistió en la reparación del sistema eléctrico del inmueble del señor Edinson Delgado Ruíz. (fl. 55, cdno. 2)

18) Relación de enseres destruidos por la conflagración ocurrida el día 19 de octubre de 1994 en la residencia del señor Edinson Delgado Ruíz (fls. 57-58, cdno. 2)

19) El 29 de julio de 1996 los peritos contadores Roger Antonio Echeverri Marín y Jairo Orlando Abrigos Nieto, rindieron experticia de la liquidación del daño emergente que se presentó con motivo de la conflagración (fls. 65-69, cdno. 2).

20) Memorando de la CVC del día 14 de diciembre de 1994 el cual describe el informe técnico sobre incendio de la casa del accionante el día 19 de octubre de 1994. Se hizo una relación de los hechos, en los cuales se encontró lo siguiente:

“También se encontraron en unas fases ganchos metálicos de ropa que habían sido arrojados al tendido y que para la parte técnica de la CVC es la causa de rotura de neutro y quema del transformador por presentarse un cortocircuíto (sic) en el tendido secundario. Igualmente encontraron unas líneas directas conectadas a un soldador clandestino. Este transformador fue cambiado y restablecido el servicio al día siguiente.

Análisis de los hechos: Analizando estos hechos se concluye lo siguiente: El transformador se quemó por un corto en la red secundaria (externa) y las sobrecorrientes momentáneas producidas allí técnicamente no penetran hacia las residencias del sector sino que se dirigen hacia el transformador, por lo cual éste se quemó. Esto se demuestra porque en el resto de las residencias del sector, algunas más cercanas al transformador que la del señor Alcalde no sufrieron (sic) incendio ni daños en sus sistemas eléctricos internos. (…)” (fl. 6, cdno. 4).

21) Copia del Código Eléctrico Nacional del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). (fls. 1-430, cdno. 4).

22) Dictámenes periciales rendidos por los señores Omar ortega Muñoz (fls. 1 a 33, cdno. 5) Octavio Novoa Restrepo (fls. 34 a 60, cdno. 5) y José Guillermo Montoya (fls. 66 a 105 y 108 a 116, cdno. 5).

6. Problema jurídico.

De lo anterior se puede plantear como problema jurídico: a) determinar si está probado el daño antijurídico, para así establecer si cabe imputar a la entidad demandada, habida cuenta de que se trató de un incendio que afectó la vivienda de los demandantes, respecto de los cuales se prestó el servicio público de energía eléctrica por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.

7. Daño antijurídico.

Del acervo probatorio, se constata la existencia de un daño, consistente en la destrucción del inmueble ubicado en carrera 50 # 3-14 de la ciudad de Buenaventura, como consecuencia del incendio acaecido 19 de octubre de 1994.

Se trata, entonces, de un daño antijurídico, toda vez que se afectó el patrimonio económico del demandante, como bien o interés jurídico legalmente protegido y que no tenía el deber jurídico de soportar(43).

8. Imputación de la responsabilidad.

En cuanto a la imputación del daño antijurídico endilgado por la parte actora a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, la Sala advierte que examinará tal aspecto bajo el régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional, en el cual, bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad jurídica entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa de la conducción y distribución de energía eléctrica.

En efecto, el actor señaló, en primer término, que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, era responsable de la incineración de su inmueble, debido al defectuoso estado del transformador con que prestaba el servicio público de energía, el cual generó “…una sobretensión de energía eléctrica que penetró a esta libremente por no tener el transformador del sector el dispositivo de corto circuito (o vela) ocasionando internamente en el sistema de aire acondicionado, un corto circuito, prendiendo la cortinas de la alcoba…”, consecuencialmente, la conflagración que dejó en ruinas el segundo piso de la vivienda.

De esta forma, las declaraciones rendidas en el proceso dan cuenta de que, el 19 de octubre de 1994, se presentó un incendió en la vivienda de los señores Edinson Delgado Ruiz y Luz Nidia Martínez Oliveros ubicada en la carrera 50 # 3-14 de la ciudad de Buenaventura, además, son consistentes en afirmar que las flamas incendiarias se generaron o surgieron en el interior de la residencia del demandante. En este sentido, Jhon García Cuero señaló que, “…llegó con mucha fuerza entonces ahí(sic) fue que llegó la sobre carga al aire acondicionado, ocasionándose un corto en la parte interna de la casa del Dr. Edinson, formándose el incendio, es todo…”; en términos similares, Eudoxia de Riascos expuso que “…el incendio comenzó en la alcoba del doctor Edinson...”; por último, Pompilia Benítez expresó que, “y ahí fue que se formó el incendio, en eso llegó la abuela y llamó al nieto o sea(sic) al hijo del Dr. Edinson de ahi(sic) subio al segundo piso, y ahí se formo(sic) el incendio de ahi(sic) salimos a mirar…”.

Por consiguiente, se concluye que el incendio se generó en el interior de la vivienda y no en el transformador ubicado al exterior del inmueble incinerado, y que las flamas allí originadas se dirigieron a los distintos bienes muebles que resultaron afectados, razón por la cual, no es dable inferir que el riesgo por la conducción de energía eléctrica alegado por el actor se concretó en cabeza de la demandada, como quiera que no se produjo en elementos externos (trasformador, redes de conducción, etc.) inherentes a la conducción y distribución de la energía eléctrica y bajo la guarda material de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC sino al interior del inmueble.

En ese orden, la Sala advierte que en el proceso no obra prueba alguna que dé cuenta que efectivamente el transformador presentaba algún desperfecto pues si bien reposan en el expediente tres dictámenes periciales rendidos por los señores Omar Ortega Muñoz (fls. 1 a 33, cdno. 5) Octavio Novoa Restrepo (fls. 34 a 60, cdno. 5) y José Guillermo Montoya (fls. 66 a 105 y 108 a 116, cdno. 5), lo cierto es que los mismos no logran determinar la causa del siniestro ni la incidencia en éste del mencionado transformador.

Sin embargo, sí se demostró que el referido componente de distribución de energía carecía de algunos elementos de seguridad, mas no se acredito que el daño se concretarse, justamente, a raíz de la inexistencia del dispositivo de corto circuito (o vela) del transformador; por el contrario, la prueba técnica estableció que una sobrecarga eléctrica no podría llegar a afectar, a nivel interno de una vivienda, al grado de producir un incendio, siempre que estuvieran idóneamente conectados los dispositivos de seguridad del inmueble, bien en la modalidad de breakers o cuchillas.

No de olvidarse, que como lo establece el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 en materia de prestación del servicio de energía eléctrica operan dos reglas concretas: la primera indica que este servicio debe prestarse de buena calidad, y que en caso de incumplirse lo anterior se estará ante u supuesto de “falla en la prestación del servicio”, circunstancias que no fueron invocadas, ni demostradas en el presente proceso. Así mismo, conforme a lo consagrado en el artículo 4º de la Ley 143 de 1994, tanto el estado, como los particulares en relación con el servicio de electricidad deberán cumplir como objetivo el mantenimiento y operación de sus instalaciones preservándose la integridad de las personas, bienes y medio ambiente, lo que tampoco ha quedado plena y suficientemente demostrado en el plenario.

Así las cosas, y considerando que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil exige a las partes la carga de probar los hechos alegados, la Sala concluye que, al no demostrarse en el proceso la concreción del daño en cabeza de la demandada aspecto que correspondía al demandante, es imposible imputar el daño antijurídico a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, pues al no tener certeza sobre nexo entre el daño y la actividad de la administración, se presenta una clara ausencia de imputación, ya que el daño no es atribuible a la actividad del Estado.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas, razón por la cual se modificará en ese aspecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMASE la sentencia de 15 de junio de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ABSTIÉNESE de condenar en costas a la parte demandante.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.»

(1) Consejo de Estado, sentencia del diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004), expediente 14452.

(2) Ver en ese sentido, sentencia de 17 de junio de 2004, expediente 44001-23-31-000-1996-0825-01(15183) y providencia de 19 de noviembre de 2008, expediente 07001-23-31-000-2000-00348-01(28259), proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

(3) En relación con el valor probatorio de las publicaciones en periódicos la Sala, en sentencia de 10 de junio de 2009. expediente 18.108, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expuso el siguiente criterio: “Y, de otra parte, unos periódicos que según la parte demandante corresponden a publicaciones realizadas en los periódicos El Tiempo y El Nuevo Día, respectivamente, con los cuales pretendió demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente y la responsabilidad de la entidad demandada. No obstante, esos documentos carecen por completo de valor probatorio, porque se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fueron suministradas ante un funcionario judicial, no fueron rendidas bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC, art. 227), y por el contrario, éste tenía el derecho a reservarse sus fuentes. Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial”. Sobre el valor probatorio de los artículos de prensa, ver sentencia de 15 de junio de 2000, expediente 13.338.

(4) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(5) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(6) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, pág. 49.

(7) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(8) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

(9) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120.

(10) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. Ob. cit., págs. 120-121.

(11) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

(12) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

(16) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sentencia de 9 de febrero de 1995. Expediente 9550.

(17) Sentencia de 19 de mayo de 2005. Rad. 2001-01541 AG.

(18) “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Expediente 12166.

(19) Sentencia de 2 de junio de 2005. Radicación 1999-02382 AG.

(20) Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

(21) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(22) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(23) “Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7.

(24) “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, págs. 77 ss.

(25) Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

(26) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.

(27) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Expediente 14170.

(28) “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización... En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62.

(29) “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 64.

(30) Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Ángeles, Berkeley, 1998, pág. 430.

(31) Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, pág. 31.

(32) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs. 1 y ss.

(33) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(34) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993. Págs. 796 y ss.

(35) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(36) Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlin 1999. Pags. 51 y ss Kurt Seelmann. Grundlagen der Strafbarkeit. Komentar zum Strafgesetzbuch. Band 1. Reihe. Alternativkommentare. Luchterhand. Neuwied. 1990.Pag.389.

(37) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(38) Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

(39) Cita original: Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, expediente 10024.

(40) Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12.696.

(41) Sentencia de 15 de marzo de 2001, expediente 11.162.

(42) Sentencia 12955, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(43) Acerca del contenido y alcance del concepto de daño antijurídico en la teoría jurisprudencial colombiana, es posible consultar, entre otras, las siguientes providencias proferidas por esta misma Sección: Sentencias de 8 de mayo de 1995, expediente 8118; 5 de agosto de 2004, expediente 14.358 y, 7 de diciembre de 2005, expediente 14.065.