Sentencia 1997-01134 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Radicación: 05001-23-31-000-1997-01134-01 (29.769)

Demandante: Luz Bernarda Morales de García y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional y municipio de Medellín

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de septiembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

1. Previo a entrar a resolver de fondo, la Sala se pronunciará respecto a la tacha de sospecha que la apoderada de la Policía Nacional realizó al testimonio de la señora Gladys Elena Ruiz Blandón, nuera de la lesionada.

La testigo tachada de sospechosa rindió su versión de los hechos ante el tribunal de primera instancia, el 19 de mayo de 1999. La señora Ruiz Blandón, afirmó lo siguiente:

“Yo fui la que recibí la noticia de que la habían herido, a mí me llamó Ana Delia una compañera (sic) que andaba con ella en el momento, me dijo que fuera al Pablo Tobón que la había llevado para allá, yo inmediatamente salí para allá y sí estaba herida, la herida era en la cabeza, el esposo de ella, mi suegro Marco Tulio García me dijo que fuera para la casa y que estuviera pendiente que él se quedaba allá. No sé por qué fue herida... se encontraba vacunando, estaba en una campaña de vacunación porque ella es enfermera voluntaria de la intermedia de Villa de Socorro... lo que yo tengo entendido era que era de ahí de la intermedia que es un centro de salud, de ahí fue que las mandaron a realizar la campaña de vacunación. PREGUNTA: Esa unidad intermedia de salud dónde está ubicada. CONTESTÓ: Eso le dicen varios nombres, yo tengo entendido que es por allá por Villa del Socorro otros le dicen que es la intermedia de Santa Cruz pero yo la dirección exacta no la sé. PREGUNTA: Tiene usted conocimiento si estas personas que realizaban las jornadas comunitarias de vacunación tenían alguna protección. CONTESTÓ: No sé. PREGUNTA: Tiene usted conocimiento si para mediados de mayo de 1995 la señora Luz Bernarda Morales, sus compañeros se encontraban acompañadas de miembros de la fuerza pública. CONTESTÓ: No se encontraban acompañadas... PREGUNTA: Tiene usted conocimiento de la labor que hacía físicamente, si usted vio o se dio cuenta de que ese día en que ocurrieron los hechos qué actividad desarrollaba la señora. CONTESTÓ: No porque allá visto (sic) porque yo estaba en la casa, pero tengo entendido de que (sic) estaba en una campaña de vacunación vacunando niños, de esto a mi me lo contaron (sic). PREGUNTA: Explíquenos cómo era en 1995 el orden público en el sector del Playón y Santa Cruz. CONTESTÓ: Cuando eso estaba la milicia en el barrio y era un poco pasiva porque ellos mantenían controlado el sector porque ellos estaban pendientes de que no robaran. PREGUNTA: Esa milicia era uniformada. CONTESTÓ: No. PREGUNTA: Portaban armas, en caso afirmativo de qué tipo. CONTESTÓ: Sí armas de fuego...” (mayúsculas en original) (fls. 74 a 77, cdno. 1).

Durante la audiencia de recepción del testimonio, la apoderada de una de las entidades demandadas, Policía Nacional, lo tachó de sospechoso, toda vez que la declarante tenía un vínculo familiar con la lesionada, razón por la cual su versión no era objetiva.

Ahora bien, luego de revisada detenidamente la declaración y los argumentos de la entidad demandada, se considera que el testimonio tachado de sospechoso puede ser valorado, pues en él simplemente se relata lo que según el juicio de la señora Ruiz Blandón, sucedió el 2 de mayo de 1995, pero sin ninguna manifestación en favor de la lesionada o en relación con la responsabilidad de la Policía Nacional.

Si bien, es cierto que la testigo reconoce que la señora Morales de García es su suegra, esta condición no limita su percepción de lo acontecido, y aunque su credibilidad o imparcialidad se pueda ver comprometida en razón a su cercanía con la lesionada, la Sala ha señalado que los vínculos que puedan tener los testigos con cada una de las partes del proceso no son óbice, por sí mismos, para no valorados, y que de hecho la prueba testimonial, regulada en los artículos 213 del Código de Procedimiento Civil y siguientes, en concordancia con el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, se rige en cuanto a su apreciación, por el principio de la sana crítica, de manera que el juzgador, según su buen criterio, le dará o no la credibilidad debida, lo cual aplica, incluso, tratándose de personas que tengan intereses marcados con alguna de las partes.

En este sentido señala la doctrina de manera elocuente:

“El medio radical de impedir los errores consiste en excluir los testimonios que ofrezcan garantías insuficientes. Esto parece sencillo: un testimonio vale esencialmente según la confianza concedida al testigo; si el deponente resulta indigno de ella, ¿no es más seguro descartarlo de golpe? Más, ¿qué testigos son los sospechosos hasta el punto de no quererlos oír? ¿y cómo determinar, incluso antes de verlos y oírlos, su falta de credibilidad? Para merecer una exclusión total, la incredibilidad debe ser bastante completa, versar sobre todo el conjunto del testimonio, y no solamente sobre cual o tal de sus partes. Ahora bien, sabemos que ese supuesto resulta excepcional, que la mayoría de los errores son relativos o parciales y que hasta las mentiras son con frecuencia compartimentos estancos. La exclusión practicada por anticipado debe, por lo tanto, constituir un procedimiento muy limitado. No por eso hay que dejar de estudiarlos; porque ha formado el principal aspecto negativo del sistema de la prueba legal, más o menos subsistente en todas las legislaciones(1).

No existe norma que ordene al funcionario judicial desechar las declaraciones de quienes tienen alguna relación con una de las partes del proceso judicial. Lo que ocurre es que el juez debe considerar estas circunstancias adecuadamente, y darles el valor que corresponda(2). Esta situación no desacredita a tales testigos, per se, ni la ley procesal descalifica, a priori, al testigo sospechoso, sino que, al tenor del artículo 218, advierte que el juez debe apreciarlo “de acuerdo con las circunstancias de cada caso”, lo que significa que debe examinarlo con mayor cuidado, pero puede merecerle plena credibilidad.

En este orden de ideas, en el caso sub examine, encuentra la Sala que el testimonio de la señora Gladys Elena Ruiz Blandón ofrece plena confiabilidad, su versión se presume cierta, los hechos que relata y las circunstancias que describe pueden ser tenidas en cuenta.

2. Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. Conforme a la historia clínica, la señora Luz Bernarda Morales de García, ingresó al Hospital Pablo Tobón Uribe el 2 de mayo de 1995, debido a una herida en su cráneo por arma de fuego (fls. 110 a 155, vto. cdno. 1).

2.2. En relación con los hechos ocurridos el 2 de mayo de 1995, obran en el expediente varios testimonios, entre ellos, el de la señora Gladys Elena Ruiz Blandón, que ya fue transcrito, y el del señor Augusto David Giovanni Pasqualotto Vola, director del centro hospitalario de Santa Cruz, quien expuso:

“Cuando yo ingresé a la unidad de Santa Cruz el suceso ya había acontecido conocí a la señora o me presentaron en un corredor de la unidad no recuerdo muy bien la fecha y me contaron qué fue lo que sucedió con la señora, en esa oportunidad iba a la unidad a solicitar un servicio un cambio de una sonda o algo por el estilo, la única vez que la vi y cómo me enteré de los hechos, hace aproximadamente un año o año y medio me llegó un exhorto para contestar unas preguntas y ahí fue cuando profundicé un poquito más en los hechos, con relación al papel de las voluntarias en el hospital ellas pertenecen a una asociación AVHOS y prestan algunos servicios en la unidad hospitalaria de Santa Cruz bajo la coordinación de una enfermera profesional ... la actividad que se llevó ese día es una barrido (sic) para un caso parálisis flácida esta actividad es una actividad de vigilancia epidemiológica que se considera de extremada urgencia porque ese caso sospechoso se puede convertir en una epidemia que podría ser funesta para la ciudad de Medellín. Cuando se detecta en una persona que hay un compromiso kotor (sic) y/o sensitivo de alguna parte del cuerpo inmediatamente se clasifica como parálisis flácida esos signos inicialmente inespecíficos se consideran de alarma y en vista de que la enfermedad puede progresar hacia una polio se desencadena este sistema de alarma y de intervención en una comunidad, específicamente en la unidad le habían reportado un caso de parálisis flácida en un menor en el sector lo cual desencadenó el proceso para evitar la posible propagación de la enfermedad. Para estas operaciones simpre (sic) se cita al personal vinculado a la institución que son los médicos y el personal de enfermería y ocasionalmente algún otro tipo de personal administrativo que básicamente iban en funciones de anotar y difundir información. Cuando los hospitales disponen de personal voluntario o personal que vaya a desempeñar alguna función en salud complementa estas funciones de tipo administrativo ayudando a informar a la comunidad de qué es lo que se está haciendo revisando los carnets de vacunación de los niños y anotando el número de dosis aplicado en esa operación barrida, por lo que me contaron ella participó como voluntaria en esas actividades. PREGUNTA: Este personal de voluntarios tiene algún vínculo laborar (sic) o estatutatio (sic) con el ente hospitalario que usted dirige. CONTESTÓ: No. PREGUNTA: Este personal de voluntarios si usted sabe o conoce pertenece o están agrupados por alguna asociación. CONTESTO: Ellos pertenecen a AVHOS. PREGUNTA: El personal que se dirija a una de estas operaciones en qué es transportado y en qué es recogido cuando termina. CONTESTÓ: Usualmente no se utiliza ningún tipo de transporte porque Metrosalud tiene sus centros hospitalarios estratégicamente ubicados en la zona lo que le permite que las distancias que haya que cubrir sean relativamente pequeñas, en caso de ser un lugar retirado o de difícil de llegar (sic) o los hospitales disponen de un carro administrativo el cual transporta a los funcionarios a un lugar específico y posteriormente cuando ellos llamen el carro los recoge si fuere necesario. PREGUNTA: El hospital dota de algún implemento como delantales, carné de identificación a los voluntarios de salud. CONTESTÓ: DOTACIÓN (sic) no se le entrega de ninguna índole para efectos como identificación hay una tarjeta que identifica a la persona a donde (sic) aparece el nombre de la persona. PREGUNTA: Esta asociación de voluntarios en algún momento si usted se ha dado cuenta los coordina a los agrupa, los llama, les da capacitación, alguna cosa administrativa que les permita ejercer sus funciones. CONTESTÓ: No conozco. PREGUNTA: Cómo ha sido desde usted que está(sic) de director el comportamiento de orden público en la zona. CONTESTÓ: Yo diría que es muy variable como en toda la ciudad y como en todo el país hay momentos en los que se presentan algunos enfrentamientos, sin embargo, la vida transcurre normal, hay unos episodios ocasionales, yo llevo 12 años en la zona últimamente los hechos han disminuido en relación con años previos diría yo hace 5 o 6 años...” (mayúsculas en original) (fls. 171 a 174, cdno. 1).

De otro lado, la señora María Margarita Moncada de Álvarez, afirmó:

“Por terceras personas me di cuenta del accidente, las personas que andaban con elle (sic) ese día, compañeras de ellas (sic) en barrida de vacunación, haciendo una vacunación en todo el barrio Andalucía La Francia, me contaron que andaban haciendo una barrida de vacunación, cuando se presentó una balacera y entonces en ese momento resultó herida LUZ BERNARDA con un balaso (sic) en la cabeza y entonces inmediatamente la echaron para el hospital grave, grave, grave, en el bordo de la sepultura y entonces el señor le devolvió la vida, pero está inmovilizada, porque a ella hay que bregarla como a un niño, hay que bañarla, hay que manejarla como un bebé ... PREGUNTADO: Sírvase informarle al despacho de si la señora LUZ BERNARDA había solicitado protección especial a alguna autoridad para desplazarse al sector de la FRANCIA. CONTESTÓ: No sé, me di cuenta, siempre andaba en compañía de muchas compañeras... En esos barrios no falta la violencia, no falta las bancadas, usted está aquí a paz y salvo y cuando salió se formó la balacera y esas resultó (sic) LUZ BERNARDA afecta, porque en esos momento (sic) iban varios, hasta un doctor iba ahí ... En esos barrios siempre hay parte más afectada, que uno las respeta mucho, todo estaba en calma. Son encuentros de ellos mismos, de las bandas...” (mayúsculas en original) (fls. 187 a 190, cdno. 1).

2.3. Así mismo, en relación con los hechos acaecidos el 2 de mayo de 1995, obra en el expediente una comunicación suscrita por Metrosalud, en la que se informa:

“5.2.5.1. El día mencionado se organizó no una jornada de vacunación, sino una operación ‘barrido’ motivada por un caso de parálisis flácida en el menor Mauricio Monsalve Parra, residente en la Calle 110 51-41.

“5.2.5.2. El personal asistente a la operación barrido de la fecha mencionada fue designado del cuadro de turnos del día 2 de mayo de 1995 (médicos y enfermeras). Para las voluntarias del listado de voluntarias activas a la fecha.

“5.2.5.3. Coordinando las actividades de vigilancia epidemiológica para la fecha era el doctor Jorge Omar Velásquez Osorio.

“5.2.5.4. Las actividades consistían en: recorrer las casas vecinas al caso del menor que presentó la parálisis flácida acorde al manual de vigilancia epidemiológica, para revisar los carnés de vacunación, avisar a los padres la necesidad de aplicar las dosis de polio adicional y/o completar el esquema de vacunación.

“5.2.5.5. La señora Luz Bernarda acompañó al equipo conformado institucionalmente en calidad de voluntaria de la Asociación Colombiana de Voluntarios Hospitalarios y de Salud, AVHOS, sucursal Antioquia, cumpliendo funciones que tuviere asignadas por su asociación.

“5.2.5.6. Fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital Víctor Cárdenas Jaramillo de Santa Cruz por una herida por arma de fuego, se le estabilizaron sus signos vitales y posteriormente remitida a un hospital de mayor complejidad para brindarle tratamiento (Hospital Pablo Tobón Uribe)” (mayúsculas en original) (fl. 113, cdno. 1).

Igualmente, se allegó un escrito suscrito por el comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, quien comunicó que para el día en que resultó herida la señora Morales de García, no se encontró información al respecto en sus archivos. En efecto, se indicó:

“... me permito comunicar que revisados los libros y archivos, tanto de los juzgados Penal-Militar adscritos a la unidad, como de la estación Santo Domingo a donde comprende la jurisdicción del lugar de los hechos, no se econtro (sic) antecedente alguno de los requeridos...” (fl. 156, cdno. 1).

2.4. Respecto al servicio de vigilancia en el sector donde al parecer ocurrieron los hechos, el comandante de la estación de policía Santo Domingo, en comunicación del 20 de octubre de 1998, señaló:

“Por medio del presente me permito informar a mi general, en respuesta al oficio de la referencia en el que se solicita se suministre información sobre qué tipo de vigilancia efectúa el personal de la estación en los sectores de los barrios El Playón, Santa Cruz y La Francia; de acuerdo a lo solicitado, le comunico que este comando en coordinación con el comando del distrito uno oriente y los comandantes de las estaciones San Blas, Manrique y Guadalupe, tenemos dispuesto una sectorización para el servicio de vigilancia de la jurisdicción de la estación Santo Domingo (se mencionan solo las patrullas comprometidas en los sectores indicados por mi general) así:

“1. La sección de vigilancia WX-2 (perteneciente a la estación San Blas) cubre el sector comprendido entre las calles 97 a la 125 y las carreras 49 a la 52.

“2. El grupo COMED ORIENTE, cubre el sector comprendido entre las calles 97 a la 125 y las carreras 34 a la 49.

“3. La sección de vigilancia UX-l (perteneciente a la estación Santo Domingo) cubre el sector comprendido entre las calles 97 con las carreras 34 a la 49.

“4. La sección de reacción UX-2 (perteneciente a la estación Santo Domingo) cubre el sector comprendido entre las carreras 34 a la 49 y las calles 111 a 125.

“5. La sección de volantes al mando del señor ST. Angulo Morales Carlos Arturo, realizan (sic) los patrullajes permanentes por toda nuestra jurisdicción” (mayúsculas en original) (fl. 160, cdno. 1).

Igualmente, obra copia de la orden permanente de vigilancia para los comandantes de la estación Santo Domingo; en donde se afirmó:

“Se le informa a todo el personal que integra la estación de policía Santo Domingo, que a partir de la fecha, deben prestar sus servicios en los turnos de vigilancia de la siguiente manera así:

“1. UX-1 SE UBICARÁ DESDE LA CALLE 97 A LA CALLE 111 Y LAS CARRERAS 34 A LA 49.

“2. UX-2 SE UBICARÁ DESDE LA LA (sic) CARRERA 34 A LA 49 ENTRE LAS CALLES 111 Y 125.

“LAS PATRULLA (sic) DE VIGILANCIA CUBRIRÁN ESTE SERVICIO LAS 24 HORAS DEBEN ESPERAR LOS REFUERZOS EN EL SECTOR” (mayúsculas en original) (fl. 160, cdno. 1).

Así mismo, en el acervo probatorio se encuentra una comunicación suscrita por el comandante de la estación Santo Domingo, en la que se indicó:

“Se le informa a todo el personal que integra las dos secciones de reacción de la estación de policía Santo Domingo, que a partir de la fecha, el personal de de (sic) las estaciones del distrito Manrique, San Blas, Guadalupe y grupo COMED, se encontrarán ubicadas en las direcciones que más adelante se relacionan para cada una ellas, así:

“1. WX-3, se ubicará en el sector de la carrera 34 vía principal de Santo Domingo hacia Carambolas y de la calle 125 a la calle 97 a la 125, solo conocerán casos que se presenten en ese sector.

“2. WX-1, se encontrará ubicada entre las carrera (sic) 34 a la 39 y las calle (sic) 111 a la 125, debiendo responder por los casos de policía y homicidios que se sucedan en ese sector.

“3. WX-2, se ubicarán en el sector comprendido entre las carreras 49 a la 52 y las calles 97 a la 125, también responderán íntegramente por ese sector.

“4. VX-2, apoyará desde las 08:00 hasta las 20:00 horas, desde las carrera (sic) 34 (vía principal de Santo Domingo) a la 39 y las calles 111 a la 125.

“5. COMED, apoyará desde las 13:00 hasta las 23:00 horas, desde las carreras 34 hasta la 49 y la calle 97 a la calle 125.

“6. DX-1 cubrirá las calles 97 a la 111 y las carreras 34 a la 49, desde las 08:00 hasta 20:00 horas.

“7. El curso de RETROALIMENTACIÓN, apoyará con diez (10) patrulleros desde las 18:00 a las 22:00 horas desde 105 a la 112 y las carreras 34 a la 49” (mayúsculas en original) (fl. 162, cdno. 1).

2.5. En relación con las medidas de protección solicitadas para la señora Morales de García, el comandante de la estación de policía de Santo Domingo, señaló:

“Por medio del presente me permito informar a mi general, de acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia en el que se solicita se suministre información sobre si para el día 020598 hubo alguna solicitud de protección policial de parte de la señora Luz Bernarda Morales García, para realizar una brigada de vacunación en el sector de La Francia de esta ciudad, en repuesta (sic) a lo solicitado, permítome comunicarle que revisados nuestro (sic) archivo que se lleva en la estación Santo Domingo, no se encontró nada relacionado a la información solicitada” (fl. 163, cdno. 1).

2.6. De otro lado, en relación con la labor de voluntariado que al parecer ejercía la lesionada al momento de los hechos, la entidad demandada, Metrosalud, allegó varios documentos, en los que se indicó lo siguiente:

“1. El grupo de voluntarias de salud hace parte de la estrategia de atención primaria en salud mediante su participación.

“2. Líderes comunitarios de los barrios de la zona de influencia que hacen su inscripción voluntaria para recibir capacitación en áreas de salud, está sujeta a una evaluación final y aprobación.

“3. El voluntariado de Santa Cruz está afiliado a AVHOS (Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de Salud Seccional Antioquia), en sus estatutos aparecen las relaciones entre el grupo y los hospitales.

“4. El grupo tiene su estructura organizacional propias (sic), la presidenta del grupo es quien coordina las actividades del mismo, se anexa folleto donde aparecen las áreas de trabajo (incluyen campañas de vacunación).

“5. La asociación de voluntarias AVHOS posee un registro de cada una de sus afiliadas, les brindo (sic) un escudo para identificarlas, llevan el uniforme de la asociación (rosado y blanco), Metrosalud tiene un carné provisional para poderlas identificar.

“6. En los reglamentos de AVHOS se especifica la relación, cada voluntaria llena una hoja donde con su firma se compromete a cumplir fielmente los reglamentos del grupo voluntario (se anexa ficha).

“7. Se garantiza transporte, alimentación ocasionalmente, la protección policial no se le brinda ni siquiera a los funcionarios y la estructura física del hospital (sic).

“8. El vestuario sigue los lineamientos del grupo color blanco y rosado, son las mismas voluntarias las responsables de conseguir el vestuario.

“9. No tenemos conocimiento sin embargo valdría la pena averiguar si el voluntariado tiene algún tipo de póliza individual o colectiva” (mayúsculas en original) (fl. 53, cdno. 1).

Y el gerente del Hospital General de Medellín, suscribió un manuscrito en el que manifestó:

“a. La Corporación Damas Voluntarias del HGM son una persona jurídica independiente de la nuestra y está vinculada informalmente a esta entidad.

“b. El proceso de selección de las servidoras de esta corporación es absolutamente de responsabilidad de su junta directiva y con criterios definidos única y exclusivamente por ella.

“c. Todos los servicios que prestan las afiliadas a esta corporación, son eminentemente de apoyo, a través de actos de solidaridad y caridad con el usuario de la entidad y se limitan al medio interno del hospital.

“d. No devengan absolutamente ningún tipo de emolumentos, su servicio es totalmente gratuito.

“(...)” (mayúsculas en original) (fl. 57, cdno. 1).

Así mismo, se allegó un documento en el que la sección de educación para la salud y participación de la comunidad, explica el concepto del voluntariado de salud, sus características y funciones (fl. 54, cdno. 1).

3. Con los documentos relacionados se da por acreditado el daño alegado en la demanda, pues se demostró que Luz Bernarda Morales de García resultó lesionada en su cabeza por un disparo con arma de fuego.

En relación con los hechos que generaron las lesiones, el material probatorio aportado al proceso da cuenta de que al parecer se presentó un enfrentamiento armado entre grupos de delincuentes en el sector donde se encontraba la señora Morales de García ejerciendo sus labores de voluntaria, y de ese cruce de disparos, resultó gravemente herida.

No obstante, no existen declaraciones de personas que hubieran presenciado directamente las circunstancias descritas, ni obra prueba adicional que permita sustentar lo afirmado por los testigos de oídas, de allí que, no es posible demostrar los hechos donde supuestamente resultó lesionada la señora Morales de García.

Ahora bien, aun cuando del escaso material probatorio que obra en el proceso no es posible esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, es indudable que en el presente caso se configuró un daño antijurídico, por lo tanto, es necesario analizar si este deviene imputable a las entidades demandadas.

Según la parte demandante, Metrosalud tenía la obligación de proteger a las voluntarias que prestaban sus servicios en los hospitales de la ciudad, y además, la Policía Nacional, tenía el deber de vigilar a través de sus uniformados, las zonas de alta peligrosidad; sin embargo, a la señora Morales de García no se le brindó la protección necesaria para llevar a cabo sus labores.

Al respecto, se advierte que no existe medio de convicción que permita inferir que la lesionada solicitó protección a la Policía Nacional y que esta le fue negada o le fue prestada de forma deficiente, en efecto, de las declaraciones rendidas en el plenario no se demuestra que la señora Morales de García hubiera solicitado, o que las autoridades tuvieran conocimiento de amenazas en su contra.

Ahora bien, respecto a la protección que le debía brindar Metrosalud por hacer parte del grupo de voluntarias que colaboraba con los diferentes hospitales de la ciudad, es preciso advertir, que a esta entidad no se le podría exigir una protección o vigilancia especial, teniendo en cuenta que los hechos donde al parecer resultó lesionada la señora Morales de García, sucedieron fuera de su órbita de acción.

Situación diferente sería que la voluntaria hubiere resultado lesionada cuando prestaba sus servicios al interior de algún centro hospitalario, toda vez que en este evento, la entidad demandada podría ser responsable de lo que le sucediera en las instalaciones de un hospital que estuviere a su cargo.

Así las cosas, en el supuesto que se tuviera como cierta la versión según la cual la señora Morales de García resultó lesionada en un enfrentamiento entre grupos armados —aunque, se insiste, esto no se acreditó adecuadamente en el plenario—, ninguna actuación de las entidades demandadas generó este riesgo, así como tampoco se les puede imputar omisión alguna al respecto.

En este orden de ideas, dada la inexistencia de soporte probatorio suficiente, no es posible, siquiera al menos, derivar el daño antijurídico de una determinada acción u omisión de las entidades públicas demandadas.

Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en consecuencia, los demandantes debían probar no solo el daño alegado sino la imputación del mismo al Estado como era su deber, por ser norma de conducta para las partes y regla de juicio para el juez, que de un lado le indica a aquellas cómo debían actuar so pena de sufrir las consecuencias de no hacerlo así, y de otro lado le señala al juez que debe fallar contra la parte que debía probar y no probó.

Así las cosas, se reitera, para la Sala se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación(3), comoquiera que el daño no es atribuible a conducta alguna de la administración pública, razón por la cual se confirmará por las razones expuestas, la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmase la sentencia del 21 de septiembre de 2004, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

2. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen».

(1) Gorphe, Francois. De la apreciación judicial de las pruebas. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1955. p. 12.

(2) En esa misma línea, continúa el autor en comento: “Aquí, como en los demás aspectos de la apreciación de las pruebas, la reglamentación legal, por fundada que pareciese estar, nunca da más que un resultado muy limitado, y a menudo resulta contraproducente. En primer término, solo puede operar de forma negativa, por vía de eliminación. Ahora bien, de ese modo solo se pueden eliminar algunos casos típicos de testimonios sospechosos; para intentar ser más o menos completo, ¿qué lista sería necesaria? Esto ya lo hemos visto en ciertas tentativas de legislaciones antiguas. Si se debiesen descartar todos los testimonios sobre los que hubiera sospechas, ¿qué quedaría en algunos casos? A la inversa, se corre el peligro de descartar buenos testigos. No se podría fijar a priori una noción tan compleja y variable como la de la credibilidad o incredibilidad, que depende de múltiples factores y comporta numerosos grados. La división de testigos en buenos y malos es, fuera de los casos extremos, superficial y artificial. Las declaraciones lo mismo que los documentos, no forman generalmente un todo indivisible y de igual valor: el tamiz de la crítica de aplicarse principalmente a su contenido para retener lo que merece confianza, rechazar lo sospechoso y dejar en suspenso lo incierto. Son muy pocas las deposiciones que no contienen una parte de verdad, que no son utilizables...” (Ib. págs. 426 y 427).

(3) En la lógica tradicional, correspondería a la mal llamada ruptura del nexo causal, por la configuración de una causa extraña, que en sentir de la más calificada doctrina es un absurdo, pues la causalidad o existe o no existe, pero no se rompe. Al respecto, Oriol Mir Puigpelat señala: “... un nexo causal existe o no existe, pero no se puede interrumpir. La expresión “interrupción del nexo causal”, tan entendida en la ciencia y la jurisprudencia administrativa de nuestro país, es, pues, incorrecta, y está haciendo referencia, en realidad, a la interrupción (a la exclusión, mejor) de la imputación...” (La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, organización, imputación y causalidad. Primera edición, Ed. Civitas Madrid, 2000, pág. 239).