Sentencia 1997-01293 de mayo 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 199701293 01 (25786)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: María Lida Pulgarín Arias y otros

Demandado: Mindefensa – Policía Nacional y otros

Naturaleza: Reparación Directa

Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

3.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, porque, para la fecha de presentación de la demanda, el monto de la pretensión mayor era de $ 25’192.800 es decir superaba la cuantía exigida para que las sentencias proferidas en acciones de reparación directa, tuviesen vocación de doble instancia ante esta corporación(1).

3.2. Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala resolver si la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional debe responder por la retención y desaparición forzada de los señores Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife en hechos ocurridos el 29 de octubre de 1996 en el municipio de Tarazá-Antioquia.

3.3. Hechos Probados.

Las pruebas documentales aportadas por las partes, en las oportunidades procesales respectivas, serán valoradas por cumplir los requisitos legales, como ocurre con el trámite disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, al igual que las declaraciones rendidas en el curso de las mismas diligencias preliminares, pues aunque fueron practicadas sin la audiencia y participación de la demandada, esta solicitó su incorporación al expediente(2).

En relación con el traslado de pruebas, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

En consecuencia, de conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, se pueden dar por ciertos los siguientes hechos:

3.3.1. El Daño.

Primer grupo familiar.

3.3.1.1. Consta que Albertano Aristizabal Duque y Luz Dary Sánchez López contrajeron matrimonio el 6 de diciembre de 1963 —copia auténtica del acta de registro civil de matrimonio visible a folio 18 del cuaderno principal— y que de dicha unión nacieron Alberto Alejandro el 9 octubre de 1964, María Yaneth el 21 agosto de 1965, José Luciano el 17 enero de 1969, Alba Luz el 29 noviembre de 1970, Gloria Liliana el 18 junio de 1967, Beatriz Angélica el 15 abril de 1972, Milton Mauricio el 17 mayo de 1974, Francisco Javier el 7 diciembre de 1975 y Albertano Aristizabal Sánchez el 21 octubre de 1977 —conforme a lo registros civiles de nacimiento aportados en copia auténtica, visibles a folios 12, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 y 32 del cuaderno principal—.

3.3.1.2. Consta que de la unión de Luis Eduardo Gamboa Zapata y Luz Dary Sánchez López nacieron Luis Fernando el 3 enero de 1980 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 33 del cuaderno principal—, Luis Eduardo el 3 enero de 1980 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 34 del cuaderno principal—, Luz Adriana el 7 de enero de 1983 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 36 del cuaderno principal— John Faber el 17 enero de 1981 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 37 del cuaderno principal— y Sandra Viviana Gamboa Sánchez, el 15 abril de 1987 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 39 del cuaderno Principal—.

3.3.1.3. De la unión de Iván de Jesús Moreno González y Luz Dary Sánchez López nacieron Silvia Patricia el 17 julio de 1989 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 40 del cuaderno principal— e Ivón Marcela Moreno Sánchez el 5 mayo de 1992 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 41 del cuaderno principal—.

3.3.1.4. María Lida Pulgarín Arias nació el 26 noviembre de 1972, hija de Carlos Enrique Pulgarín y María Lilia Arias —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 13 del cuaderno principal—.

3.3.1.5. Consta que, de la unión de Alberto Alejandro Aristizabal y María Lida Pulgarín Arias, nacieron Yeison Andrés el 24 octubre de 1990 y Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín el 23 septiembre de 1996 —registros civiles de nacimiento visibles en copias auténticas a folios 14 y 15 del cuaderno principal—.

3.3.1.6. De la unión de Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Rosa Ofelia Giraldo Ciro nació Yenny Cristina Aristizabal Giraldo el 21 agosto de 1986, conforme al registro de nacimiento expedido por la Inspección Departamental de Policía del corregimiento de Dantas (Sonsón) —Antioquia—, visible a folio 17 del cuaderno principal.

Segundo grupo familiar.

3.3.1.7. Jesús María Cano Torres y Bertina Rosa Tangarife Guiral, contrajeron matrimonio el día 16 de agosto de 1960 —copia auténtica del acta de registro civil de matrimonio visible a folio 57 del cuaderno principal— y de dicha unión nacieron Carlos Antonio el 1° septiembre de 1979, Isidro de Jesús el 14 marzo de 1961, María Del Socorro el 22 julio de 1964, Sor Hélida el 25 mayo de 1967, Luis Octavio el 4 de septiembre de 1968, María Yohana el 30 octubre de 1974, Libia Inés el 5 de julio de 1970 y Fulvia Rosa Cano Tangarife el 19 marzo de 1977 —registros civiles de nacimiento visibles en copias auténticas a folios 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 del cuaderno principal—.

3.3.1.9. Orfa Inés Cardona Castaño nació en Puerto Triunfo el 22 octubre de 1966 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 54 del cuaderno principal—.

3.3.1.9. De la unión de Luis Octavio Cano Tangarife y Orfa Inés Cardona Castaño nació Paola Andrea Cano Cardona el 02 agosto de 1991 —registro civil de nacimiento visible en copia auténtica a folio 56 del cuaderno principal—.

3.3.1.10 Obran las declaraciones de los señores Omar Joaquín Restrepo Orozco —folio 285 del cuaderno principal—, Jorge Luis Restrepo Benítez —folio 285 del cuaderno principal—, Inés Lucía Bedoya Zuleta —folio 287 del cuaderno principal— y María Lucelia Henao De García —folio 287 del cuaderno principal—, quienes depusieron sobre las relaciones de convivencia entre el señor Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y la señora Lida Pulgarín y sus tres hijos, aunados a la dependencia económica de estos últimos respecto de la víctima.

3.3.2. La imputación.

3.3.2.1. Consta la denuncia presentada por la señora María Hélida Pulgarín Arias —folio 66 del cuaderno principal—, con ocasión de la desaparición de su compañero Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez, en hechos ocurridos el 29 de octubre de 1996 en el municipio de Tarazá-Antioquia.

“Tarazá (Antioquia), Noviembre 01 de 1996

Fiscalía General de la Nación-Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia

Fiscalía Delegada ante los Jueces Penaleps y Promiscuos Municipales

Declarante: María Hélida Pulgarín Arias

Diligencia de denuncia que formula la señora María Hélida Pulgarín Arias: (…) Preguntado: Díganos cuál es el objeto de esta denuncia, manifestará también si ha sido formulada ante otro despacho jurisdiccional y otra entidad? Contestó: Mi denuncia es por el desaparecimiento de mi esposo de nombre Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez, que ocurrió el día 29 de octubre en horas de la noche por el sector de La Bomba de esta localidad. Yo me enteré de dicha desaparición por medio de la señora Beatriz, se corrige Bertina Rosa Tangarife, ella es madre de Richar Cano Tangarife, que también se perdió en la misma fecha de mi esposo, ellos andaban juntos. Ellos salieron juntos los dos de Medellín el día domingo 27 de octubre de este año con destino a Tarazá (…) Preguntada: ¿Díganos que persona le informó de Tarazá a su suegra o mejor a la madre del otro desaparecido sobre esta situación? Contestó: La voz de un hombre, pero no se sabe quién fue el que llamó, llamaron diciendo que las personas que se los llevaron vestían de civil, se desplazaban en un carro blanco como de la policía,…, que según dicen que es de la policía de Cáceres, pero vestían de civil, que los cogieron, los montaron en el carro y se los llevaron.

3.3.2.2. Obra la denuncia presentada por la señora Bertina Rosa Tangarife Guiral por la desaparición de su hijo Richard Cano Tangarife el 6 de noviembre de 1996 en la Oficina Permanente para la protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental de Antioquia —folio 3 del cuaderno de pruebas—.

Richard Cano Tangarife, hijo mío de 28 años, se había ido a pasear el lunes 28 de octubre de este año a donde unos amigos a Tarazá y a las ocho y media de la noche salió de esa casa a tomarse un fresco o gaseosa a una parte que llaman la Bomba y se estaba tomando esa gaseosa cuando llegó la Policía y los cogió y los metió al carro de la Policía de Cáceres, pero ellos estaban en Tarazá y los cogió la Policía de Cáceres, que eso es lo raro, ellos eran dos, mi hijo y otro amigo de él, sé que se llama Alejandro, no se el apellido, no sé si Alejandro viajó de aquí de Medellín o se encontró con el allá y, entonces después se dieron cuenta los amigos de él donde estaba, se fueron a averiguar y le dijeron que había sido la policía de Cáceres que se los había llevado y que dijeron que ellos no que ellos no se los habían llevado, el miércoles fueron averiguar a Cáceres y los negaron rotundamente, lo raro es porqué se los llevó la policía de Cáceres. Entre Cáceres y Tarazá solo hay siete kilómetros de distancia, no sé porque los niegan. (…). Cuando los cogieron a ellos la policía de Cáceres estaba la policía de Tarazá y no hicieron nada”.

3.3.2.3. En diligencia de ampliación practicada el 11 de marzo de 1997 en la Personería de Medellín, la señora Bertina Rosa Tangarife Leal manifestó —folio 52 del cuaderno de pruebas— manifestó:

Preguntado: Su hijo Luís Octavio Cano Tangarife, continúa desaparecido? Contestó: Si señor. Preguntado: Sabe el motivo por el cual se lo llevaron el 28 de octubre de 1996? Contestó: No, no lo sé. (…) Preguntado: Ha identificado o le han dicho quienes fueron las personas que desaparecieron a su hijo? Contestó: Me dijeron que fue el teniente Jorge Cruz de la Policía de Cáceres y el nombre de los otros policías no les recuerdo el nombre (…)”.

3.3.2.4. El 28 de septiembre de 1999, el Juez 55 de Instrucción Penal Militar informó que no cursaba investigación penal por la retención y desaparecimiento de los señores Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife —folio 79 del cuaderno 2 de pruebas— y en términos similares el 28 de octubre de 1999, el Jefe de Asuntos Jurídicos del Departamento de Policía de Antioquia informó que revisados los libros radicadores no se encontraron antecedentes por los hechos ocurridos el día 29/10/96 en el Municipio de Tarazá Antioquia, relacionados por los demandantes —folio 126 del cuaderno principal—.

3.3.2.5. El 21 de octubre de 1999, el Instituto de Medicina Legal-Seccional Antioquia informó que no ha practicado diligencia de necropsia a ningún cadáver que corresponda a los nombres de Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Luís Octavio Cano Tangarife —folio 121 del cuaderno principal—.

3.3.2.6. Mediante oficio de 7 de octubre de 1999, el Comandante de la Estación de Policía de Cáceres remitió copia de los folios correspondientes a los libros de minuta de vigilancia y de servicios —folio 253 del cuaderno principal—, los que dan lugar a establecer, se destaca:

Estación de Policía de Cáceres

Distrito Diez de Caucasia (Antioquia)

Estación Cáceres

(…).

29/10/96 18:20 horas. A esta horas salen 0-1-3- unidades así (ilegible) agente Cross, Carmona y Torres para dirigirse al corregimiento de Jardín a prestar seguridad (ilegible) salen con prendas y armamento militar o Pérez Jorge en compañía de otros agentes. La salida se hace en la Unidad 0-1-3-, la cual está regresando a las 20:000 horas con los mismos agentes.

Sale nuevamente a las 20:10, con los agentes Cross, Carmona y Torres, fin dirigirse a la carretera troncal.

23:00 horas. A esta hora regresan la unidad 0-1-3.

3.3.2.7. Según la minuta de servicios de la estación de policía de Cáceres —folio 257 del cuaderno principal—, el 29 de octubre de 1996, el agente Jorge Cross Pérez fue asignado conductor, números de placa 46596 y arma 2230 y conjuntamente con el agente Rubén Carmona López estuvieron disponibles, durante las 24 horas del día.

3.3.2.8. Por estos hechos se abrió investigación disciplinaria en averiguación por la Oficina Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, por la retención y posterior desaparición de los señores Richard Cano Tangarife y Alejandro Aristizabal Sánchez —cuaderno de pruebas—. Se destacan las siguientes decisiones:

3.3.2.8.1. Según “Informe evaluativo”, rendido por el abogado comisionado de la Procuraduría Departamental del Antioquia, Oficina Permanente de Derechos Humanos de 30 de septiembre de 1998 —folio 236 del cuaderno principal— concluidas las diligencias preliminares adelantadas por los hechos denunciados se pudo establecer:

“No se ha probado aún que algún miembro adscrito a la Policía de Cáceres y/o Tarazá, Antioquia, haya sido de una manera cierta, clara, precisa y plena el autor del desaparecimiento, al menos, de Richard y Alberto Alejandro. Pero, si hay indicios y pruebas, que se pueden debatir en el ejercicio del derecho de defensa por parte de los presuntos autores en su oportunidad, de que hubo hechos irregulares y conductas, que en comienzo, definitivamente deben investigarse por las autoridades competentes para ello.

Para llegar a esa conclusión en lo fundamental el comisionado expuso:

De lo dicho por el personero concluimos: que el día 29 de octubre de 1996 de la Estación de Cáceres salieron las unidades 0-1-3-, con los agentes Cross, Carmona y Torres, y el Cs Otálvaro (siendo las 20 y 10 horas), las 8 y 10 minutos de la noche de ese martes con destino a la carretera troncal S/N-0-0 y a las 9:00 P.M. (21 horas) regresaron. Extrañamente no se conoce con certeza quienes conducían el (los) vehículo (s). A quienes se les asignaba esa responsabilidad. Más extraño aún que el personero teniendo forma de recoger otras pruebas, en ejercicio del principio de inmediatez no lo haga.

A folios 113 a 115, el Procurador Provincial de Caucasia envía las diligencias tramitadas por estos hechos, bajo el radicado 039-001177, al Procurador Delegado de los Derechos Humanos ante la Procuraduría General de la Nación, por considerarlo asunto de su competencia.

En mayo 21 de 1988, el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, ante la necesidad de practicar otras pruebas para identificar e individualizar, la presunta participación de cada uno de los agentes de Policía uniformados y de civil de las estaciones de policía de los municipios de Tarazá y Cáceres de Antioquia, en la desaparición de Richard Cano Tangarife y Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez, prorroga por el término de seis (6) meses la presente indagación, para el perfeccionamiento de las preliminares y ordena practicar una serie considerable de pruebas en búsqueda de dar claridad a estos eventos y comisiona para ello al Procurador Departamental de Antioquia, donde arriba el proceso el 19 de junio de 1998.

(…).

Entre folios 124 y 167 aparecen 18 oficios dirigidos al Comando de la Policía de Antioquia, diferentes Fiscalías, Inspecciones de Policía, Alcaldías y Personerías de la zona donde ocurrieron los hechos (Tarazá, Cáceres y Caucasia) en búsqueda de información que lleve al esclarecimiento de los hechos.

Hasta la fecha y al cabo de un mes de enviar las diferentes solicitudes escritas, solo han arribado al proceso cuatro (4) respuestas oficiales. De ellas tres son de carácter negativo”.

3.3.2.8.2. En providencia de 23 de abril de 1999, la Procuraduría dispuso el archivo de las diligencias preliminares, por cuanto no encontró que hubiera participación de algún servidor público ni mérito para la formulación de cargos —folio274 del cuaderno de pruebas—.

3.3.2.8.3. De las declaraciones recepcionadas en el curso de las diligencias preliminares por el órgano de control, resultan de trascendencia las que a continuación se transcriben:

3.3.2.8.3.1. El señor Fabio Iván Valencia Jiménez ante la Oficina para la defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental de Antioquia —folio 70 del cuaderno principal— sostuvo:

Preguntado: Bajo gravedad de juramento, manifieste al despacho si conoce el motivo de la declaración y en caso positivo, háganos un relato detallado de los hechos que le consten, haciendo conocer circunstancias de tiempo, modo y lugar. Contestó: …, eso creo que fue un viernes, del mes de octubre de este año, en el municipio de Tarazá, cerca de la bomba de gasolina, a eso de las ocho y media de la noche, yo salí de mi casa que vivo cerca de la bomba e iba para un kiosco donde venden perros calientes, estuvimos allá, nos regresamos y al hacerlo, nos paramos cerca de un teléfono público, vimos cuando pasó el carro de la Policía de Tarazá, se parqueó a unos 100 metros arriba de la bomba, con dirección a la salida hacia esta ciudad de Medellín, pasados diez minutos aproximadamente, apareció el carro de la Policía de Cáceres, era un carro de color blanco, cerca del teléfono público, hay un kiosco de la fuente, estábamos parados cuando por detrás del kiosco vienen dos hombres, que salían por la parte de atrás de la bomba, no se les escuchaba la conversación, los dos eran civiles, cerca del kiosco de helados, estaba el carro blanco de la Policía de Cáceres, estaba el carro estacionado con un solo Policía, mientras tanto, los dos hombres se dirigían hacia el vehículo. O sea hacia la salida hacia la carrera 32, detrás de ellos venían un agente de la Policía uniformado, el Policía les hablaba, no se escuchaba lo que les decía, uno de los dos señores que venían, hacia un movimiento con la cabeza, donde se apreciaba según su movimiento decir no, llegaron hasta el carro, ya los dos policías, trataron de montarlos al vehículo, les hacían señas, tocándolos por la espalda, conversaban con ellos, nuevamente el gesto era de que no, eso duro alrededor de cinco minutos. O sea la charla con ellos, a la final, siempre montaron los dos señores al carro en la parte de atrás, en el carro de la Policía de Cáceres, no sé qué pasaría de ahí en adelante, toda vez que nosotros nos fuimos, ya que daba la impresión de que se trataba de una charla formal, una retención formal, todos actuaban en forma normal, tanto los civiles como los uniformados, hasta ahí nos dimos cuenta nosotros. Preguntado: Manifieste al despacho bajo juramento, si usted conoce la identidad de los agentes que retuvieron a esas dos personas. Contestó: En el momento distingo a uno, hace mucho tiempo lo distingo, mucho tiempo trabajó en Tarazá y ahora está en Cáceres, es de apellido Cros, no se su nombre, eso es lo que se le ve en su uniforme, vive más arriba de mi casa, sé que tiene un niño como de diez años y en estos días lo vi, o sea que seguramente está laborando allá y viviendo allí. Preguntado: háganos una descripción física del citado agente de policía. Contestó: …, del otro agente sé que de igual manera es de Cáceres, pero no conozco su identidad, pero físicamente es más delgado,…, no fueron si no esos dos, en el vehículo de la Policía del municipio de Cáceres, era una camionetita de las que montan los presos, por lo que tiene la rejita atrás, no está marcada con nada, no dice policía, no recuerdo su placa, pero ellos andan en ella para arriba y para abajo. Preguntado: Manifieste al despacho bajo la gravedad del juramento, más o menos a que distancia del lugar donde se encontraba el vehículo de la policía de Cáceres se encontraban ustedes y como era la visibilidad en el sector. Contestó: Estábamos a unos diez metros, eso es siempre oscuro, pero todo lo hicieron en forma normal. Preguntado: Manifieste al despacho bajo la gravedad de juramento, cual es el comportamiento del agente conocido por usted en el pueblo y que supuestamente participó en estos hechos. Contestó: Son comentarios de la gente del pueblo, donde se dice que supuestamente presta armas para atracos, el hombre parece que tiene una historia en el pueblo”.

3.3.2.8.3.2. Consta la declaración de Manuel Antonio Zapata Agudelo ante la Oficina para la defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental de Antioquia, testigo presencial de los hechos y amigo de Cano Tangarife —folio 74 del cuaderno principal—.

“Preguntado: Siempre bajo juramento díganos cuando fue la última vez que lo vio. Contestó: El día que desapareció, eso hace unos veinte días, eso fue en el transcurso de las ocho o nueve de la noche, yo estaba en un restaurante en Tarazá tomándome un jugo y al rato vi cuando llegaron las patrullas, yo estaba retirado, yo pude ver muy bien fue al otro muchacho, un amigo de él no sé el nombre, ellos eran amigos o compañeros, vi cuando los montaron a la patrulla, ahí habían dos patrullas la de Tarazá y la de Cáceres, pero a ellos los montaron fue en la patrulla de Cáceres, eso fue detrás del restaurante de la bomba de Tarazá. Preguntado: Díganos bajo juramento cuantos agentes participaron en el hecho y si había personal de civil. Contestó: Yo lo explico, primero llegó la patrulla de Tarazá y el carro se alejó, pero quedaron cuatro agentes de Tarazá, retuvieron a los muchachos y después llego la patrulla de Cáceres con dos agentes y habían otros dos agentes de Cáceres y montaron a los muchachos, en ese momento no había personal de civil. Preguntado: Díganos sin faltarle al juramento porqué identifica usted al vehículo patrulla de Tarazá y al de Cáceres. Contestó: Porque yo conozco a las dos, por ejemplo el de Tarazá en un campero negro y el de Cáceres es como una busetita pequeña blanca. Preguntado: ¿Reconoce usted a los agentes de Tarazá como a los de Cáceres? Contestó: Al que más conozco es al oficial de Cáceres, la gente toda lo conoce y hasta el nombre, él se llama Jorge Cros (sic) Pérez, y a los de Tarazá los conoce uno de vista, pero no se apellidos ni nombres. Preguntado: Bajo juramento díganos si en la retención de Octavio y su compañero se encontraba el oficial Jorge Cros Pérez. Contestó: Hombre, era uno de los que esperó a que le entregaran los muchachos. Preguntado: ¿Observó usted la retención de Octavio y de su compañero? Contestó: No solo vi cuando ya los tenían retenidos o mejor, cuando los montaron a la patrulla de Cáceres. Preguntado: Estaría usted en condiciones de identificar a los agentes que participaron en este acontecimiento tanto de Cáceres como de Tarazá, aparte del oficial Jorge Cros Pérez. Contestó: Realmente no los vi bien, si estoy seguro de Jorge Cros porque lo conozco muy bien y al cabo de Tarazá tuvo que darse cuenta porque él llevó a los cuatro agentes y los dejó allá y él se retiró, o sea tuvo que haberse dado cuenta (…)”.

3.3.2.8.3.3. Consta la declaración de la señora Alba Consuelo Idarraga Ramírez rendida ante la Unidad Local Fiscalía de Tarazá —folio 164 del cuaderno principal—:

“Preguntada: Manifieste usted a donde se encuentran Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Richard Cano Tangarife. Contestó: Pues ellos llegaron a mi casa el martes veintiocho de octubre del corriente año, al medio día y saludaron y les di almuerzo a los dos, se bañaron y me dijeron que se iban a ir para Medellín, pero no dijeron cuándo y por la noche, les di comida y estuvieron viendo una película como a las ocho y media y se fueron para la calle y no los volví a ver. Estos muchachos desaparecieron, pero no supe la forma. Lo único que he escuchado es que se los llevó la Policía de Cáceres en la bolita blanquita. No se si están vivos o están muertos”.

3.3.2.8.3.4. Obra la declaración del señor Hugo Horacio Muñoz Velásquez ante la Oficina para la defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental de Antioquia, testigo presencial de los hechos y conocido de Cano Tangarife —folio 76 del cuaderno principal—.

Preguntado: ¿sin faltarle al juramento haga una narración de los hechos, indicando circunstancias de tiempo, modo y lugar? Contestó: Yo estaba en la bomba, eran por ahí las nueve de la noche, allá en Tarazá, yo trabajo en un negocio de ahí de la bomba, Octavio estaba ahí parado en un negocio que no tiene nombre, él estaba con otro muchacho que lo distinguí ese día, ese muchacho era de aquí de Medellín y ahí llegó la patrulla de Tarazá y más atrás llegó la de Cáceres es una nissan blanca y ahí fue cuando los montaron en esa nissan blanca de Cáceres, cerraron las puertas y se los llevaron, conducía por el agente Jorge Cros Pérez y no han vuelto a aparecer. Preguntado: ¿Quién retuvo a Octavio y su compañero? Contestó: Agentes de Cáceres, pero eso iba dirigido por Jorge Cruz (sic) Pérez, yo vi cuando los retuvieron. Preguntado: ¿Cuántos agentes de Tarazá y cuantos de Cáceres participaron en el hecho? Contestó: De Cáceres había tres y de Tarazá había cuatro. Preguntado: Díganos que rumbo tomó el vehículo patrulla de Cáceres con los retenidos? Contestó: Cogió una calle del pueblo tirando a coger la central pero por otro lado y la patrulla de Cáceres se fue y más tarde de la noche volvió la patrulla de Cáceres pero de civil y ahí venía Jorge Cruz que es el conductor. Preguntado: Arrimó más arriba de la bomba, no sé a qué. Preguntado: Cuantos agentes de Tarazá y cuantos agentes de Cáceres participaron en el hecho? Contestó: De Cáceres habían tres y de Tarazá habían cuatro. Preguntado: Está usted en condiciones de reconocer a los agentes que participaron en el procedimiento? Contestó: Los de Tarazá no tienen nada que ver ahí, ellos fue un respaldo que le dieron y el cabo de Tarazá que ya se fue, no sé el nombre, él llegó muy nuevo y trabajo poco aquí, ya los demás iban por cuenta de Cros (sic), yo conozco a Cros pero a los otros no. Preguntado: Díganos que personas son testigos de éste procedimiento Contestó: Dos compañeros Manuel y mucha gente les da miedo hablar. Preguntado: Díganos por qué motivo usted identifica al agente Jorge Cross Pérez: La gente comenta que es muy malo, ha hecho ir a gente del pueblo, actúa de civil y de policía”.

3.3.2.8.4. Obra la ratificación del testimonio del señor Hugo Horacio Muñoz Velásquez rendida en el curso de la primera instancia, Se destaca —folio 279 del cuaderno principal—.

Preguntado: ¿Qué sabe usted de la retención y desaparecimiento de los señores antes mencionados? Contestó: Yo los vi hasta ese día que se los llevó la Policía, 29 de octubre de 1996, de ahí de la bomba de Tarazá, en la patrulla de la policía, en una bolita, se los llevaron por ahí, pero no se supo para dónde, sé que los, se corrige, sé que se los llevaron y no volvieron a aparecer más, y se buscó por todos lados, por parte de la familia, por el río, allá en la cárcel de Cáceres y no aparecieron, la familia dice, que los mataron, que los desaparecieron. Preguntado: ¿Sírvase informar al Despacho, dónde se encontraba usted, y haciendo qué, el día 29 de octubre de 1996, cuando usted dice que presenció el momento en que los señores Alberto Alejandro y Luís Octavio, fueron retenidos por la Policía? Contestó: Yo estaba tanqueando la moto, cuando la ptr, se corrige, patrulla arrimó y los saltó al carro ese, se corrige, los alzó y los montó a esa patrulla y salieron de para abajo con ellos, como yendo para Cáceres. Preguntado: Sírvase informar al Despacho, porqué razón, o como sabe usted que los señores que retuvieron y subieron al carro a los señores Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife, eran miembros de la Policía Nacional de Colombia. Contestó: Porque estaban uniformados, el uniforme que usa la Policía, y armados y andaban en la bolita que dice “Estación Cáceres”. Preguntado: Reconoce, se corrige, reconoció usted por su nombre y apellido a los agentes que usted dice retuvieron a los señores Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife, el día 29 de octubre del 96, en la estación de gasolina del Municipio de Tarazá. Contestó: Yo reconocí a un agente que se llama Jorge Cruz Pérez, que era el chofer de la bolita de la patrulla, los otros no los se identificar por nombres y apellidos. Preguntado: Sírvase informar, si en el momento de la retención de los citados señores por los miembros de la Policía, hubo algún forcejeo, discusión previa y si los retenidos fueron esposados y subidos violentamente a la patrulla. Contestó: Ellos fueron requisados, los esposaron y se montaron voluntarios.

3.3.2.8.5 Consta la declaración rendida por el ex agente de policía Jorge Cross Pérez ante la Unidad Delegada de los Jueces Penales del Circuito con sede en Tarazá de la Fiscalía General de la Nación —folio 205 del cuaderno principal—.

“Preguntado: ¿Manifiéstele al Despacho para el día 28 y 29 de octubre de 1.996 dónde prestaba sus servicios en caso de recordar? Contestó: Si, en la Estación de Policía Cáceres, me desempeñaba como conductor, yo recuerdo porque yo todos mis traslados los tengo pendientes. Preguntado: ¿Descríbale al despacho las características de los vehículos tanto del comando de Cáceres como el de Tarazá, vehículos que estuvieron asignados para el día 28 y 29 de octubre de 1996? Contestó: En Cáceres para esa época andábamos en una Panner carro cerrado como una bolita de color totalmente blanco, con dos puertas corredizas, una a la izquierda y otra a la derecha, más otra puerta en la parte trasera que levanta hacia arriba, más la puerta del conductor y la puerta del tripulante, ese vehículo no tiene insignia ya que pertenece al Municipio de Cáceres, más no a la Policía,…. Preguntado: Brevemente dígale al despacho si conoce a algún miembro de la Policía Nacional que tenga su mismo apellido y que hubiera laborado en esta región. Contestó: Que yo me recuerde Croos no. Preguntado: Dígale o indíquele al despacho si tiene conocimiento que el Comando de Policía de Tarazá hubiera tenido en alguna oportunidad de características similares a las que ha señalado en el automotor del Comando de Cáceres. Contestó: Que yo me acuerde no. Preguntado: Libremente dígale al despacho si durante el tiempo del mes de Octubre del año 1996, que trabajó usted en el Comando de Cáceres se realizó algún procedimiento en jurisdicción de Tarazá, concretamente en cercanías a la Bomba de Gasolina en el que se retuvo a dos personas, qué sabe sobre esto. Contestó: personalmente que yo me acuerde no, ya que esto acá no es jurisdicción de nosotros.

3.3.2. El delito de desaparición forzada.

Recogiendo la legislación, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional, la Sala ha sostenido que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad por cuanto involucra además de los derechos fundamentales de la víctima, la convivencia social, la paz y la tranquilidad del género humano(3). Dicha conducta se encuentra proscrita por normas de carácter internacional ratificadas por Colombia, como es el caso del artículo 2° del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional(4), incorporado a la legislación interna a través de la Ley 171 del 1994 y el artículo 75 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949, mediante el cual se reguló lo referente a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales(5).

El artículo 2° de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada define esta conducta como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”(6).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la desaparición forzada de personas constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención; se trata de un delito contra la humanidad. Además, la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención(7), pues es a él a quien le corresponde ejercer conductas positivas y negativas dirigidas a respetar y garantizar la libertad y la vida de los ciudadanos y otros derechos del mismo linaje. En esa dirección en los casos en que ha visto comprometido el derecho a la vida, dicho organismo en sentencia de 5 de julio de 2004, señaló:

“151. Finalmente, corresponde hacer referencia al respeto del derecho a la vida de las presuntas víctimas dentro de la situación de desaparición de éstas, derecho protegido en el artículo 4 de la Convención.

152. Según lo que establece el artículo 4.1 de la convención,

[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

153. La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos(8). Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él(9). El cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(10), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción(11). Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas(12). En razón de lo anterior, los Estados deben tomar las medidas necesarias, no solo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad(13).

154. La práctica de desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad absoluta, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4° de la convención(14).

En reciente oportunidad quien redacta esta ponencia sobre la conducta constitutiva de desaparición forzada sostuvo(15).

2.2.4.1. La desaparición forzada puede entenderse como la práctica criminal que consiste en la retención y ocultación ilegal de una persona con el objeto de sustraerla de todo régimen de protección jurídica y “castigarla”, casi siempre con la tortura y la ejecución extrajudicial perpetradas en clandestinidad, por su presunta o real condición de “enemigo del Estado”(16).

Los Estados Americanos, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se comprometieron a i) no practicar, permitir o tolerar la conducta, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; ii) sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores de este hecho, así como la tentativa de comisión del mismo; iii) cooperar para prevenir, sancionar y erradicar dicha práctica; iv) tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención; v) no admitir la eximente de obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. “Los Estados parte deben garantizar que toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerlas”; vi) garantizar que los presuntos responsables de los hechos solo sean juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar, entre otros deberes(17).

A lo largo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha señalado que las desapariciones forzadas implican violación múltiple y, a la vez continuada, de numerosos derechos esenciales de la persona humana, de manera especial los derechos a la libertad e integridad personal y el derecho a la vida.

En efecto, en el caso Velásquez Rodríguez, la Coridh afirmó:

En la historia de la violación de los derechos humanos, las desapariciones no son una novedad. Pero su carácter sistemático y reiterado, su utilización como una técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, momentánea o permanente de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor, ha sido relativamente reciente. Aunque ésta práctica posee carácter más o menos universal, en América Latina ha presentado en los últimos años una excepcional intensidad(18).

En el caso Nicolás Blake contra el Estado de Nicaragua, la Corte sentó las principales bases para el desarrollo de la jurisprudencia sobre la materia. Al respecto, se destaca:

(...) según lo expresado por la Comisión en su demanda, existieron por parte de autoridades o agentes del Gobierno conductas posteriores, que en su concepto implican complicidad y ocultamiento de la detención y la muerte del señor Blake, ya que el fallecimiento de la víctima, no obstante que se conocía por parte de dichas autoridades o agentes, no se dio a conocer a sus familiares a pesar de sus gestiones constantes para descubrir su paradero e inclusive se produjeron intentos para desaparecer los restos(19).

Este tribunal sostuvo, en los primeros casos de desaparición forzada que fueron sometidos a su conocimiento que dicha práctica, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que lo fundamentan(20).

En relación con la carga de la prueba en casos de desaparición forzada de personas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin su cooperación. “Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. La Comisión, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, en la práctica depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicción del Estado, de la cooperación y de los medios que le proporcione el Gobierno”(21).

(…).

En Colombia en el año 1991, con la entrada en vigencia de la Constitución Política, en el artículo 12 se estipuló que “nadie será sometido a desaparición forzada…”, recogiendo de esta forma en lo sustancial lo dispuesto en el artículo 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

A pesar del mandato constitucional, tal conducta solo fue consagrada dentro de la legislación penal hasta el año 2000, con la entrada en vigencia de la Ley 589 y luego dicha normativa fue recogida en la Ley 599 del mismo año (Código Penal), que, en su artículo 165, tipificó el delito de desaparición forzada de personas dentro del capítulo I del título III, relativo a los delitos contra la libertad individual y otras garantías. Así mismo, la descripción típica del hecho punible es muy similar a la definición contenida en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con el texto de la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidades, consagrada en la Resolución 44/162 de 15 de diciembre de 1989(22).

En la actualidad, la Ley 1408 de 2010, “por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación”. Así mismo, se regula la forma de brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados. Esta normativa dispone, entre otros asuntos, que “previo acuerdo con los familiares de las víctimas que resulten identificadas, las autoridades municipales ubicarán una placa conmemorativa con el encabezado “Víctima(s) de Desaparición Forzada””, el nombre de la persona, y en caso de estar disponible, la edad aproximada, el oficio, el número de hijos y el nombre del grupo armado al que se le impute el hecho. Para los cuerpos o restos que no puedan ser identificados, aparecerá la leyenda “Persona no Identificada”. Estas placas terminarán con la frase “Nunca Más”, deberán situarse dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley y se entregarán en el marco de una ceremonia pública con participación de las víctimas. En el caso que se llegue a identificar el cuerpo o los restos de la víctima, las autoridades municipales reemplazarán la placa con la información a la que aquí se refiere (art. 13). De igual forma, el legislador dispuso que la memoria histórica de las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzadamente será objeto de conmemoración la última semana de mayo, en el marco de la semana de los detenidos–desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, con la anotación de que los establecimientos educativos públicos y privados y las autoridades nacionales, departamentales y municipales rendirán homenaje a estas víctimas esta semana con la realización de foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión referentes al derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos humanos (art. 14).

Para la Corte Constitucional el Estado colombiano dio un paso importante para la protección y vigencia de los derechos fundamentales, pues aparte de tipificar el delito de desaparición forzada de personas ha establecido una serie de medidas efectivas para prevenir, controlar y sancionar este crimen de lesa humanidad, cumpliendo de esta forma con el deber internacional de prevenir y castigar cualquier acto de dicha connotación(23).

La Sección Tercera de la corporación, por su parte, ha señalado que “(...) la desaparición forzada de personas constituye violación de múltiples derechos humanos tanto en el orden interno como en el marco del derecho internacional y por lo mismo, esta práctica abominable es considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad pues —como lo ha resaltado la Sala— esta práctica no sólo compromete los intereses de la víctima sino, que simultáneamente, atenta contra la convivencia social, la paz y la tranquilidad de la humanidad y por ello, cualquier Estado puede pretender que se investigue y sancione al infractor de la misma”(24).

Para la materialización de la conducta constitutiva de desaparición forzada y su imputación a la entidad estatal, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, como tampoco identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios de los derechos humanos(25). Es suficiente acreditar que hubo intervención, apoyo o tolerancia por parte de los agentes estatales, pues el Estado está obligado a respetar y a garantizar los derechos humanos, lo cual implica asumir conductas negativas y positivas tendientes, por un lado a no ejercer actos violatorios de tales derechos y por otro a asumir conductas dirigidas a impedir que distintas fuerzas no estatales los violen. “No olvidemos, en efecto, que los pactos internacionales obligan al Estado no solo a respetar sino también a garantizar los derechos humanos. La eficacia horizontal de los derechos constitucionales es pues un dispositivo del Estado para potenciar esa garantía en el ordenamiento interno. Por ello creo que, en el plano constitucional, tiene toda la razón la Corte Constitucional cuando señala que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales no disminuye la responsabilidad estatal sino que la acrecienta”(26).

Las conductas delictivas que comportan el delito de desaparición forzada, se ejecutan de manera sigilosa, mediante el ocultamiento de cualquier evidencia que impida imputaciones directas sobre sus autores. Por el modo en que se desarrollan los hechos, encubren, disfrazan y camuflan cualquiera de los elementos probatorios que pudieran comprometerlos.

Para la atribución de la responsabilidad estatal, en los casos de desaparición forzada, la prueba indiciaria cobra vital importancia, es la idónea para establecer los elementos que la estructuran, en tanto apreciada en su conjunto conduce a arribar a una única conclusión cierta para establecer el juicio de responsabilidad ante la falta de una prueba directa. El indicio constituye uno de los medios de prueba permitido en nuestro estatuto procesal, a cuyos términos el hecho indicador deberá estar plenamente probado en el proceso por cualquiera de los medios de convicción que generen certeza, para así inferir la existencia de otro hecho que permanece desconocido. En suma, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen a la imputación de la responsabilidad.

La Sala sobre el particular ha sostenido:

Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(27). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad(28). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido.

El juez dispone muy a menudo de conocimientos generales vinculados con el hecho a probar y útiles, de alguna manera, a los defectos de su determinación; es más, sin estos conocimientos la valoración de la prueba sería normalmente imposible. Se trata de nociones derivadas de la experiencia común que encuentran su formulación sintética en las denominadas máximas de la experiencia y que desarrollan un papel relevante en la valoración de las pruebas(29).

Al analizar un caso concreto, el operador jurídico puede verse enfrentado a la necesidad de hacer inducciones a partir de hechos probados. Al respecto, Michele Taruffo da cuenta de que “(...) no toda inferencia que vaya de un “hecho conocido” al “hecho ignorado” ofrece la prueba de éste último, dado que pueden existir inferencias dudosas, vagas, contradictorias o, en todo caso, tan “débiles” como para no ser suficientes a ese efecto; en cambio, es concebible que la prueba se obtenga cuando las inferencias formuladas por el juez sean suficientemente “seguras” y “fuertes” para deducir el margen de error y de inaceptabilidad del razonamiento presuntivo (...)”(30).

Las máximas de experiencia permiten concluir que casos similares pueden compartir elementos comunes, como el que ahora se estudia.

El Código de Procedimiento Civil establece que los indicios deberán ser apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración su gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los demás medios de prueba que obren en la actuación procesal(31). Así mismo, para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso y el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes (arts. 248 a 250)(32).

Los argumentos expuestos se cumplen en el caso que ocupa la atención de la Sala y por esa razón se declarará la responsabilidad patrimonial de la Nación Ministerio de Defensa por la retención y desaparición de los señores Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife en hechos ocurridos el 29 de octubre de 1996 en el municipio de Tarazá-Antioquia.

3.3.3. El juicio de responsabilidad.

Prima facie la Sala no se explica la razón por la que en las diligencias preliminares adelantadas por la Oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación se indagó sobre la desaparición del señor “Richard” Cano Tangarife y no por la desaparición de Luis Octavio Cano Tangarife conforme lo expuesto en la demanda y como consta en el acta de nacimiento y aunque la parte actora no justificó tal inconsistencia, se infiere que se trata de la misma persona, pues en la ampliación de la denuncia presentada por la señora Bertina Rosa Tangarife ante la Personería de Medellín se refiere a Luis Octavio Cano Tangarife, aunado a que los testigos se refirieron a Octavio Cano. Corresponde inferir, que Richard y Luis Octavio son la misma persona, hijo de Bertina Rosa Tangarife.

Ahora un análisis de todas las pruebas incorporadas, da lugar a concluir que el daño es imputable a la entidad demandada, en tanto, no hay duda que, desde el 29 de octubre de 1996, los señores Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife fueron desaparecidos, después de retenidos por miembros de la institución policial y obligados a abordar el vehículo asignado a la estación de Cáceres-Antioquía, sin que desde entonces se conozca su paradero.

Aunque por estos hechos no se adelantó investigación penal conforme da cuenta el Juez 55 de Instrucción Penal Militar, ni se puso en conocimiento del departamento de Policía de Antioquia y a la fecha no se sabe la suerte que corrieron los desaparecidos, los demás elementos que si bien no constituyen prueba directa, comportan indicios serios sobre la retención y el desaparecimiento ejecutados por miembros de las institución armada. En efecto las declaraciones de los señores Fabio Iván Valencia Jiménez, Manuel Antonio Zapata Agudelo y Hugo Horacio Muñoz Velásquez, rendidas en la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental de Antioquia, dan cuenta, por el conocimiento que tuvieron de los hechos, los dos primeros, ubicados en uno de los establecimientos de comida cerca de la estación de gasolina y el tercero porque laboraba en uno de estos que, siendo aproximadamente a las ocho y media de la noche, cerca de la bomba de gasolina que conduce a la carretera troncal arribó el vehículo perteneciente a la Policía Nacional, se parqueó a 100 metros de distancia con cuatro agentes, aguardó a otro vehículo perteneciente a la policía del municipio de Cáceres y se dio lugar a la retención. Esto por los policiales a bordo del primer vehículo, con el apoyo de los agentes ocupantes de la segunda patrulla.

En efecto Manuel Antonio Zapata Agudelo aseguró: “El día que desapareció, (sic) eso hace unos veinte días, eso fue en el transcurso de las ocho o nueve de la noche, yo estaba en un restaurante en Tarazá tomándome un jugo y al rato vi cuando llegaron las patrullas, yo estaba retirado, yo pude ver muy bien fue al otro muchacho, un amigo de él no sé el nombre, ellos eran amigos o compañeros, vi cuando los montaron a la patrulla, ahí habían dos patrullas la de Tarazá y la de Cáceres, pero a ellos los montaron fue en la patrulla de Cáceres, eso fue detrás del restaurante de la bomba de Tarazá” y Hugo Horacio Muñoz Velásquez afirmó “Yo estaba en la bomba, eran por ahí las nueve de la noche, allá en Tarazá, yo trabajo en un negocio de ahí de la bomba, Octavio estaba ahí parado en un negocio que no tiene nombre, él estaba con otro muchacho que lo distinguí ese día, ese muchacho era de aquí de Medellín y ahí llegó la patrulla de Tarazá y más atrás llegó la de Cáceres es una nissan blanca y ahí fue cuando los montaron en esa Nissan blanca de Cáceres, cerraron las puertas y se los llevaron, conducía por el agente Jorge Cros Pérez y no han vuelto a aparecer”.

Ahora, aunque existen algunas imprecisiones relativas al número de integrantes de cada patrulla, al tiempo transcurrido entre el momento en que los civiles fueron interceptados y trasladados en el vehículo oficial, al tipo de vehículos utilizados, a la distancia entre los testigos y el lugar a la aprehensión; ello no le resta veracidad, antes por el contrario infunde mayor credibilidad a los testimonios. No se puede negar que el común denominador tiene que ver con que el hecho ocurrió, aproximadamente a las ocho de la noche, en inmediaciones de una bomba de gasolina y que en su ejecución participaron dos vehículos y varios agentes, entre estos el conocido como Jorge Cross Pérez o Cruz Pérez, asignado a la policía del municipio de Cáceres, ubicado a siete kilómetros del municipio de Tarazá. Aunado a lo anterior, las minutas de vigilancia y de servicios dan cuenta de que el agente Jorge Cross Pérez estuvo disponible las 24 horas del día, en calidad de conductor de la estación y que salió a las 20 y 10 minutos en compañía de los agentes Carmona y Torres, vistiendo prendas de uso privativo de la Policía Nacional, a bordo de un vehículo oficial, con dirección a la carretera troncal y regresaron a la unidad a las 23 horas.

En ese orden de ideas, no hay duda que los agentes se dirigieron al lugar donde ocurrieron los hechos, dispusieron de la patrulla policial y por esa razón los testigos corroboran este hecho y declaran en tal sentido, pues aseguran que todos los policiales portaban su uniforme y que horas más tarde algunos regresaron de civil. A lo anterior se agrega que la señora Alba Consuelo Idarraga Ramírez manifestó que los desaparecidos estuvieron en su casa de habitación hasta las ocho y media de la noche y no regresaron ni supo más de su suerte.

Ahora, aunque la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, en providencia de 23 de abril de 1999 dispuso el archivo de las diligencias preliminares, en cuanto a su juicio la participación de los miembros de la entidad demandada no fue probada y así también lo dejó saber el informe evaluativo rendido por el abogado comisionado del ente de control en el departamento de Antioquia, se dejó constancia en el mismo que el 29 de octubre de 1996, a las 8 y 10 minutos de la noche las unidades 0-1-3-, esto es los agentes Cross, Carmona y Torres(33) salieron de la estación de Cáceres, con destino a la carretera troncal y que extrañamente no se conoce con certeza cuál de ellos conducía el vehículo, al tiempo que destacó la insuficiente labor de la Personería en el acopio de pruebas, al punto que no obstante la prórroga del término de la investigación, por seis meses más, no se logró la práctica de las pruebas decretadas.

En punto de lo dicho, cabe precisar que el Estado está en la obligación permanente de realizar todas las acciones necesarias tendientes a establecer el paradero de las víctimas, conocer sobre las razones de sus desapariciones e informar sobre ello a sus familiares, de modo que, cuando dicha inactividad probatoria se hace manifiesta, resulta indicativo de que se oculta la verdad de lo sucedido.

En consecuencia, las pruebas recaudadas conducen a inferir que i) los señores Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife fueron vistos por última vez el 29 de octubre de 1996, ii) que para ese día, siendo aproximadamente las 8 y 30 de la noche, fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional, iii) que fueron obligados a abordar el vehículo perteneciente a la estación de Policía del municipio de Cáceres, iv) que desde entonces no se conoce su paradero y v) que uno de los uniformados que participaron en el hecho responde al nombre de Jorge Cross Pérez.

En ese orden de ideas aunque no se conozca el nombre de todos los uniformados, lo cierto es que la desaparición de los civiles resulta imputable a la entidad demandada, dado que, fueron retenidos, obligados a abordar una patrulla policial, sin que se conozca hasta la fecha su paradero. De donde no queda sino confirmar la sentencia impugnada, pues como lo señala el a quo la entidad demandada debe responder por la desaparición forzada de los señores Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife, es decir por un delito de lesa humanidad.

3.3.4. Indemnización de perjuicios.

En este punto la Sala mantendrá la condena impuesta por el tribunal, dado el imperativo constitucional y legal de no hacer más gravosa la situación del apelante único, tratándose de reparaciones valoradas en términos económicos. Siendo así, conforme lo resuelto por el tribunal, la Nación Ministerio de Defensa- Policía Nacional pagará por concepto de perjuicios morales así:

Para Yeison Andrés Aristizabal Pulgarín, Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín y Yenny Cristina Aristizabal Giraldo, en calidad de hijos de Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez, representados por María Lida Pulgarín Arias y Rosa Ofelia Giraldo Ciro respectivamente, la suma equivalente a cien salarios minimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), para cada uno de ellos.

Para la Luz Dary Sánchez López madre de Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez la suma equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

Para los señores María Yaneth Aristizabal Sánchez, José Luciano Aristizabal Sánchez, Alba Luz Aristizabal Sánchez. Gloria Liliana Aristizabal Sánchez, Beatriz Angélica Aristizabal Sánchez, Milton Mauricio Aristizabal Sánchez, Francisco Javier Aristizabal Sánchez. Albertano Aristizabal Sánchez, Luis Fernando Gamboa Sánchez, Luis Eduardo Gamboa Sánchez, Luz Adriana Gamboa Sánchez, John Faber Gamboa Sánchez, Sandra Viviana Gamboa Sánchez, Silvia Patricia Moreno Sánchez e Ivón Marcela Moreno Sánchez, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales (50 SMLMV) para cada uno de ellos.

Para María Lida Pulgarín Arias, en su calidad de compañera permanente de Alberto Alejandro Aristizabal la suma equivalente a cien salarios minimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

Para Paola Andrea Cano Cardona, representada por su madre Orfa Inés Cardona Castaño el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

Para Bertina Rosa Tangarife Guiral y Jesús María Cano, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV) para cada uno de ellos.

Para Carlos Antonio Cano Tangarife, Isidro de Jesús Cano Tangarife, María del Socorro Cano Tangarife, Sor Hélida Cano Tangarife, María Yohana Cano Tangarife, Libia Inés Cano Tangarife, Fulvia Rosa Cano Tangarife el equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV) para cada uno de ellos.

3.3.4.1. Perjuicios materiales.

Como quedó expuesto la Sala limitará la condena a la actualización de las sumas arrojadas por concepto de perjuicios materiales, con fundamento en que la demandada es apelante único y en congruencia con el principio de la no reformatio in pejus. Aunado a lo anterior se pone de presente que la condena por tal concepto se ciñe a los parámetros fijados por la jurisprudencia. En consecuencia para efectos del reconocimiento del lucro cesante a favor de los señores María Lida Pulgarín Arias, Yeison Andrés y Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín, Yenny Cristina Aristizabal Giraldo y Paola Andrea Cano Cardona tenemos se tiene:

Perjuicios para María Lida Pulgarín Arias.

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VP = $ 56.961.910

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora María Lida Pulgarín Arias la suma de cincuenta y seis millones novecientos sesenta y un mil novecientos diez pesos moneda corriente ($ 56.961.910 m/cte.).

Perjuicios para Yeison Andrés Aristizabal Pulgarín.

 

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VP = $ 13.616.619

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Yeison Andrés Aristizabal Pulgarín la suma de trece millones seiscientos dieciséis mil seiscientos diecinueve pesos moneda corriente ($ 13.616.619 m/cte.).

Perjuicios para Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín.

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VP = $ 13.093.662

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín la suma de trece millones noventa y tres mil seiscientos sesenta y dos pesos moneda corriente ($ 13.093.662 m/cte.).

Perjuicios para Yenny Cristina Aristizabal Giraldo.

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VP = $ 7.526.159

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Yenny Cristina Aristizabal Giraldo la suma de siete millones quinientos veintiséis mil ciento cincuenta y nueve pesos moneda corriente ($ 7.526.159 m/cte.).

Perjuicios para Paola Andrea Cano Cardona.

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VP = $ 43.259.178

En consecuencia, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Paola Andrea Cano Cardona la suma de cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y ocho pesos moneda corriente ($ 43.259.178 m/cte.).

3.3.4.2. Medidas restaurativas.

Aunque en principio no cabe hacer más gravosa la situación del apelante único, conforme al principio de la no reformatio in pejus, dicho límite se fisura frente al deber estatal de reparar en integridad la afectación significativa de un derecho fundamental, caso en el que resulta posible decretar de oficio medidas de justicia restaurativa.

Lo anterior porque en el presente asunto se incurrió en una vulneración a los derechos fundamentales a la libertad y al principio de dignidad humana de los señores Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife, lo que impone su protección desde el ámbito subjetivo y objetivo del derecho vulnerado. En este punto cabe advertir que la jurisprudencia ha señalado que es posible decretar de oficio medidas de justicia restaurativa, al margen de los principios de congruencia y de no reformatio in pejus, en los casos de i) grave violación a derechos humanos por parte del Estado —acción u omisión— o por la actividad de terceros pero imputable al primero y ii) la afectación significativa a un derecho fundamental de los reconocidos a nivel constitucional.

Aunado a lo expuesto, la corporación ha precisado que si se presenta colisión entre el principio de reparación integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción rogada, estos últimos deben ceder frente al primero, en cuanto concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales es el único contenido del principio de reparación integral que se encuentra amparado por los citados principios del proceso que tienden a garantizar el derecho de defensa del demandado(34). En consecuencia, siempre que se trate de asuntos en los cuales se esté frente a la grave vulneración de los derechos humanos o la afectación significativa de un derecho fundamental, como ocurrió en el caso concreto, la garantía de la congruencia y de la no reformatio in pejus, se soslaya para darle paso a una verdadera reparación integral, desde una dimensión material y efectiva.

En suma, en los eventos en los que sea evidente la alteración grave de un derecho fundamental, es posible que se adopten medidas distintas a la indemnización de perjuicios, todas ellas como instrumentos de la justicia restaurativa(35), encaminadas a la garantía y amparo del núcleo esencial del derecho afectado, para darle contenido al principio de reparación integral en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998(36).

Al respecto, la Sección ha precisado(37):

i) En todo proceso en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, será posible deprecar medidas de reparación integral, con miras a que se restablezca el statu quo preexistente a la producción del daño.

En consecuencia, siempre será posible que en las demandas de reparación directa los demandantes formulen pretensiones dirigidas o encaminadas a la reparación in integrum del perjuicio, incluso reparaciones in natura. No obstante, en estos supuestos, el juez estará siempre vinculado por el principio de congruencia procesal y de la no reformatio in pejus.

ii) Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una reparación integral del perjuicio.

Este importante avance de la jurisprudencia nacional, ha sido reconocido expresamente en un reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al puntualizar:

(…).

El tribunal reconoce tales esfuerzos efectuados por Colombia en cuanto a su deber de reparar y los valora positivamente. Asimismo, el Tribunal valora lo señalado por el perito Alier Hernández en la audiencia pública, en el sentido de que el Consejo de Estado ha señalado desde el 2007 que “el resarcimiento económico no es suficiente, [lo cual] abre la posibilidad para las víctimas en sus demandas [en procesos contencioso administrativos] formulen unas peticiones de reparación distintas del simple resarcimiento económico. La Corte considera que de darse dicho desarrollo jurisprudencial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo colombiana, podría llegar a complementar las otras formas de reparación disponibles en distintas vías jurisdiccionales o de otra índole a nivel interno con el propósito de obtener, en su conjunto, la reparación integral de violaciones de derechos humanos. Al respecto, el Tribunal reitera que una reparación integral y adecuada, en el marco de la Convención, exige medidas de rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición…

203. Asimismo, la Corte Observa, tal y como lo ha hecho en otros casos contra el Estado colombiano, que si bien la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la convención no puede ser reducida al pago de una compensación, las indemnizaciones dispuestas en los procesos contencioso administrativos pueden ser consideradas al momento de fijar las reparaciones pertinentes, “a condición de que lo resuelto en esos proceso haya hecho tránsito a cosa juzgada y que sea razonable en las circunstancias del caso(38)(39).

En el caso concreto, es evidente la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad y dignidad de las víctimas, a haber sido objeto del delito de desaparición forzada, que devino, por falla en la prestación del servicio, consistente en la retención y posterior desaparecimiento sin que a la fecha se conozca su paradero, lo cual genera a todas luces una vulneración significativa y representativa de los derechos aludidos. Además, se trata de una conducta reprochable que no puede ser avalada desde ningún punto de vista y menos por el juez de la responsabilidad patrimonial del Estado, dados los compromisos constitucionales.

En ese orden, en la parte resolutiva del fallo se dispondrá la adopción de las siguientes medidas de justicia restaurativa:

3.1.5.3.1.(sic) Satisfacción.

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional ofrecerá excusas, si las víctimas estiman que ello es necesario, en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, a los señores Yeison Andrés y Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín; Yenny Cristina Aristizabal Giraldo, María Lida Pulgarín Arias, Luz Dary Sánchez López, Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez, María Yaneth, José Luciano, Alba Luz, Gloria Liliana, Beatriz Angélica, Milton Mauricio, Francisco Javier, Albertano Aristizabal Sánchez; Luis Fernando, Luis Eduardo, Luz Adriana, John Faber y Sandra Viviana Gamboa Sánchez; Silvia Patricia e Ivón Marcela Moreno Sánchez; María Lida Pulgarín Arias; Paola Andrea Cano Cardona; Bertina Rosa Tangarife Guiral; Jesús María Cano; Carlos Antonio, Isidro de Jesús, María del Socorro, Sor Hélida Cano, María Yohana, Libia Inés y Fulvia Rosa Cano Tangarife, por los hechos ocurridos en octubre de 1996. Las excusas se centrarán principalmente en el hecho de haber sido retenidos injustificadamente y luego desparecidos los señores Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife por miembros de la institución armada.

3.1.5.3.3. Garantías de no repetición.

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en su página web, establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. Por lo tanto, la entidad demandada, en el término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo link durante un lapso de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de información.

De las medidas de justicia restaurativa se hará llegar constancia de su realización al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, quien se encargará de verificar su cumplimiento de las mismas.

No se condenará en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida el 13 de junio de 2003, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional por la retención y desaparición forzada de los señores Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife.

2. Condénase a la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

— Para Yeison Andrés Aristizabal Pulgarín, Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín y Yenny Cristina Aristizabal Giraldo, en calidad de hijos de Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez, representados por María Lida Pulgarín Arias y Rosa Ofelia Giraldo Ciro respectivamente, la suma equivalente a cien salarios minimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), para cada uno de ellos.

— Para la Luz Dary Sánchez López madre de Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez la suma equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

— Para los señores María Yaneth Aristizabal Sánchez, José Luciano Aristizabal Sánchez, Alba Luz Aristizabal Sánchez. Gloria Liliana Aristizabal Sánchez, Beatriz Angélica Aristizabal Sánchez, Milton Mauricio Aristizabal Sánchez, Francisco Javier Aristizabal Sánchez. Albertano Aristizabal Sánchez, Luis Fernando Gamboa Sánchez, Luis Eduardo Gamboa Sánchez, Luz Adriana Gamboa Sánchez, John Faber Gamboa Sánchez, Sandra Viviana Gamboa Sánchez, Silvia Patricia Moreno Sánchez e Ivón Marcela Moreno Sánchez, la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales (50 SMLMV) para cada uno de ellos.

— Para María Lida Pulgarín Arias, en su calidad de compañera permanente de Alberto Alejandro Aristizabal la suma equivalente a cien salarios minimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

— Para Paola Andrea Cano Cardona, representada por su madre Orfa Inés Cardona Castaño el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV).

— Para Bertina Rosa Tangarife Guiral y Jesús María Cano, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV) para cada uno de ellos.

— Para Carlos Antonio Cano Tangarife, Isidro de Jesús Cano Tangarife, María del Socorro Cano Tangarife, Sor Hélida Cano Tangarife, María Yohana Cano Tangarife, Libia Inés Cano Tangarife, Fulvia Rosa Cano Tangarife el equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV) para cada uno de ellos.

3. Condénase a la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora María Lida Pulgarín Arias la suma de cincuenta y seis millones novecientos sesenta y un mil novecientos diez pesos moneda corriente ( $ 56.961.910 m/cte.). A favor de Yeison Andrés Aristizabal Pulgarín la suma de trece millones seiscientos dieciséis mil seiscientos diecinueve pesos moneda corriente ($ 13.616.619 m/cte.). A favor de Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín la suma de trece millones noventa y tres mil seiscientos sesenta y dos pesos moneda corriente ($ 13.093.662 m/cte.). A favor de Yenny Cristina Aristizabal Giraldo la suma de siete millones quinientos veintiséis mil ciento cincuenta y nueve pesos moneda corriente ($ 7.526.159 m/cte.). A favor de Paola Andrea Cano Cardona la suma de cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y ocho pesos moneda corriente ($ 43.259.178 m/cte.).

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

5. A título de medidas de justicia restaurativa, Condenar a la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional, al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Satisfacción.

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional ofrecerá excusas, si las víctimas estiman que ello es necesario, en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, a los señores Yeison Andrés y Alberto Alejandro Aristizabal Pulgarín; Yenny Cristina Aristizabal Giraldo, María Lida Pulgarín Arias, Luz Dary Sánchez López, Alberto Alejandro Aristizabal Sánchez, María Yaneth, José Luciano, Alba Luz, Gloria Liliana, Beatriz Angélica, Milton Mauricio, Francisco Javier, Albertano Aristizabal Sánchez; Luís Fernando, Luis Eduardo, Luz Adriana, John Faber y Sandra Viviana Gamboa Sánchez; Silvia Patricia e Ivón Marcela Moreno Sánchez; María Lida Pulgarín Arias; Paola Andrea Cano Cardona; Bertina Rosa Tangarife Guiral; Jesús María Cano; Carlos Antonio, Isidro de Jesús, María del Socorro, Sor Hélida Cano, María Yohana, Libia Inés y Fulvia Rosa Cano Tangarife, por los hechos ocurridos en octubre de 1996. Las excusas se centrarán principalmente en el hecho de sido retenidos injustificadamente y luego desparecidos los señores Alejandro Aristizabal Sánchez y Luis Octavio Cano Tangarife por miembros de la institución armada.

Garantías de no repetición.

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en su página web, establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. Por lo tanto, la entidad demandada, en el término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo link durante un lapso de 6 meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de información.

6. DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. SIN COSTAS en la presente instancia, pues no aparecen probadas.

9. (sic) En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(1) Para la fecha de presentación de la demanda —22 de mayo de 1997— la cuantía para que un asunto tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000.

(2) La parte actora solicitó el traslado del proceso disciplinario adelantado por los hechos y, la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional puso de manifiesto su adhesión a las pruebas solicitadas por el actor en la contestación de la demanda.

(3) Al respecto véase la Sentencia de 22 de abril de 2004, Expediente Radicado al número 14.240., auto de 19 de julio de 2007, Expediente Radicado con el número 31135.

(4) Protocolo II.

(5) Protocolo I.

(6) En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, aprobado mediante Ley 742 de 2002, se determinó esta conducta como “...la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

(7) Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C 70, párrs. 128 y 129; Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C 36, párr. 65;y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C 6, párrs. 147 y 152.

(8) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 152; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 147, párr. 144.

(9) Cfr. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 en Compilation of General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev 1 en 6 (1994) y cfr. también Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 14/1984, párr. 1 en Compilation of General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev 1 en 18 (1994); y Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 152; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 147, párr. 144.

(10) Cfr. Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 153; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 111; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 110.

(11) Cfr. Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 153; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 111; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 110.

(12) Cfr. U.N.Doc.CCPR/C/SR.443, párr. 55.

(13) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 153; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 110; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 151, párr. 172. En igual sentido, Comentario General 6 (Décimo sexta sesión, 1982), parr. 3, supra nota 123; María Fanny Suárez de Guerrero v. Colombia. Comunicación R.11/45 (5 de febrero de 1979), U.N.Doc. Supp. 40 (A/37/40) en 137 (1982), pág. 137.

(14) Cfr. Caso Bámaca Velásquez, supra nota 151, párr. 130; Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C 34, párr. 73; y Caso Godínez Cruz, supra nota 148, párr. 165.

(15) Sentencia de 29 de octubre de 2012. Proceso 21806. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección “B” M.P. Stella Conto Díaz del Castillo

(16) Valencia Villa, Hernando, Diccionario Espasa de Derechos Humanos. Ob. Cit. pg. 140.

Mediante Resolución 47/133 de 1992 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas —ONU— adoptó la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Según el documento, la conducta se configura cuando concurren la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado, por grupos organizados o por particulares que actúan a nombre de la administración o con su apoyo, autorización o asentimiento y la negativa a revelar su suerte o paradero, sustrayéndola así de toda protección legal (Preámbulo).

En este orden de ideas, las Naciones Unidas, al adoptar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y con el objeto de proteger los bienes jurídicos mencionados, la incluyó -en el artículo 7.2 literal i)- dentro de los crímenes de lesa humanidad. Bajo la misma perspectiva, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos —OEA— en la Resolución AG/RES. 666 (XII-0/83) declaró “que la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad” (Cita en Huertas Díaz, Ómar; Ramírez Zárate, Óscar Giovanni; García Moreno, Fabián Andrés; Segura Penagos, Albino y Pinzón Franco, Boris Alberto, El Derecho a la Vida en la Perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Edit. Ibáñez, Corporación de Juristas siglo XXI, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, 2007, pg. 113.). El 9 de junio de 1994, los Estados miembros de la OEA —entre ellos Colombia— suscribieron la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, hecha en Belém do Pará, Brasil (C. Const., Sent. C-317/2002).

Dentro del marco legal internacional se encuentra la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En la primera, el artículo 1.1 precisa que:

Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas de Derecho Internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola además el derecho a la vida o lo pone en grave peligro.

Con similares características en el artículo II de la Convención Interamericana define la desaparición forzada como:

La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometidas por agentes del Estado o por grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, lo cual impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

El preámbulo de la Convención reafirma preceptos importantes de la doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano, reconociendo en particular la desaparición como la violación de múltiples derechos esenciales de la persona, como una afrenta a la conciencia del hemisferio y grave ofensa a la dignidad intrínseca de la persona humana, contradicción de los principios y propósitos de la Carta de la OEA y cuando es practicada en forma sistemática constituye un crimen de lesa humanidad (Resolución 666 (XIII/83), cita en Huertas Díaz, Ómar; Ramírez Zárate, Óscar Giovanni; García Moreno, Fabián Andrés; Segura Penagos, Albino y Pinzón Franco, Boris Alberto, El Derecho a la Vida en la Perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Edit. Ibáñez, Corporación de Juristas siglo XXI, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, 2007, pg. 117).

(17) Cita en Huertas Díaz, Ómar; Cáceres Tovar, Víctor; Chacón Triana, Nathalia; Gómez Carmona, Waldina; Castellanos Roso, Eduardo; Sanabria Rincón, José; Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperación de la Memoria Histórica, 1995-2006. Bogotá, Ediciones Jurídicas Ibáñez, 2006, pg. 125.

(18) Coridh, Caso Velásquez Rodríguez contra el Estado de Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C 4, párr. 149.

(19) Coridh, Caso Blake vs Guatemala, sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C 27, párr.33-40.

(20) Coridh, Caso Velásquez Rodríguez contra el Estado de Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C 4, párr. 155-158.

(21) Coridh, Caso Neira Alegría y otros vs Perú, sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C 20, párr.65.

(22) Cita en Huertas Díaz, Ómar, Cáceres Tovar, Víctor; Chacón Triana, Nathalia, Gómez Carmona, Waldina, Castellanos Roso, Eduardo, Sanabria Rincón, José, Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperación de la Memoria Histórica, 1995-2006. Bogotá, Ediciones Jurídicas Ibáñez, 2006, pg. 126.

(23) Sentencia C-317 de 2002. Lo anterior, al respecto de la sentencia proferida en el caso conocido por la Coridh de Caballero Delgado y Santana vs Colombia, sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C 31, párr. 16, en el que se condenó al Estado colombiano por incumplimiento de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, al no haber tipificado dicha práctica –para la fecha de los hechos, 7 de febrero de 1989- dentro de la legislación interna del país, “(..) debido a que el Estado no garantizó por disposiciones legislativas o de otro carácter la no violación de los derechos que quebrante la desaparición forzada”.

(24) Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Rad.: 70001-23-31-000-1993-4561-01(12812), M.P. Ricardo Hoyos Duque. Reiteración en auto de 3 de marzo de 2010, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, Exp. 36282.

(25) Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 3, párr. 41; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 147, párr. 75; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C 37, párr. 91.

(26) Rodrigo Uprimny Yepes. “Algunas Reflexiones sobre la responsabilidad por la violación de los derechos humanos. Bogotá Universidad Nacional, 1996.

(27) “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquel y este. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba, distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, págs. 458 y ss.).

(28) Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, Exp. 16337.

(29) Taruffo, Miguel, “La Prueba de los Hechos”, Ed. Trotta, Madrid, pág. 219.

(30) Ibídem.

(31) “La gravedad es el requisito que mira al efecto serio y ponderado que los indicios produzcan en el ánimo del juzgador; la precisión dice relación al carácter de indicio que conduce a algo inequívoco como consecuencia y la conexidad o concordancia, a que lleven a una misma conclusión o inferencia todos los hechos indicativos” (Notas de Óscar Eduardo Henao Carrasquilla, Código de Procedimiento Civil, Editorial Leyer).

(32) Sentencia de 29 de octubre de 2012. Proceso 21806. Consejo de Estado. Sección Tercera. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo

(33) Conforme se observa en la minuta de vigilancia.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 16996, M.P. Enrique Gil Botero.

(35) Al respecto, se puede consultar la sentencia del 19 de agosto de 2009, Exp. 18364, M.P. Enrique Gil Botero.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, Exp. 36912, M.P. Enrique Gil Botero.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

(38) CIDH, caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 21, párr. 214. En igual sentido, Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 21, párr. 219 a 222.

(39) CIDH, caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, párr. 202 y 203.