Sentencia 1997-01366 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 05001-23-31-000-1997-00227-01 (30.858)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Daniel Valencia Marulanda y otros

Demandado: Instituto Nacional de Vías, Invías

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó —Sala de Descongestión, comoquiera que la pretensión mayor, individualmente considerada—, supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1995 tuviera esa vocación(1).

2. Previo a abordar el fondo del asunto, deben realizarse las siguientes precisiones:

2.1. Sobre las fotografías aportadas con la demanda (fls. 9-12, cdno. 1), que según se afirma, corresponden al lugar donde acaeció el accidente donde resultó lesionado el señor Daniel Valencia Marulanda y al vehículo de propiedad de la señora Marleny López Vega, no serán valoradas, pues en principio carecen de mérito probatorio, puesto que solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron captadas, ya que al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso(2). En efecto, se ha dicho sobre el particular:

“Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17, cdno. 1 y 177-185, cdno. pbas.), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, solo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso”(3).

Sin embargo, el anterior razonamiento no aplica en relación con las 13 fotografías que fueron adjuntadas con el dictamen pericial practicado en primera instancia (fls. 407-419, cdno. 1), puesto que al hacer parte del experticio, se entiende que fueron obtenidas el día en que el mismo se practicó, y en efecto corresponden a la vía donde acaeció el siniestro, razón por la cual serán valoradas.

2.2. De otro lado, no se le dará mérito probatorio al dictamen pericial rendido por los señores Walter Marín Sierra y Jaime Restrepo Vásquez, que tenía por objeto determinar los daños sufridos por el vehículo de placas ARF 956, de propiedad de la señora Marleny López, comoquiera que se fundamentó únicamente en las fotografías aportadas con la demanda las que carecen de valor probatorio conforme a las razones ut supra señaladas. Bajo esta lógica, el experticio carece de rigor y respaldo probatorio y no es útil para demostrar y cuantificar los daños sufridos por el automotor.

3. Conforme a las pruebas que fueron practicadas y recaudadas, están demostrados los siguientes hechos:

3.1. Según la historia clínica del Hospital de Caldas(4), como consecuencia del accidente de tránsito que ocurrió el 5 de diciembre de 1994, el señor Daniel Valencia Marulanda sufrió contusiones en el hemisferio superior derecho del cráneo, además de equimosis y edema en el cuello y en la clavícula derecha, siendo diagnosticado con trauma encéfalo craneano moderado y fracturas en el arco cigomático y en el tabique nasal (fls. 283 y 283 vto., cdno. 2). Igualmente, sufrió trauma máxilo-facial severo, como se indica en la hoja de diagnóstico suscrita por la doctora Colombia Quintero de Pérez, del Instituto Médico Integrado (fl. 13, cdno. 1).

3.2. Conforme a la licencia de tránsito 94-008441, para la fecha de los hechos, la señora Marleny López Vega era la propietaria del vehículo de placas ARF-956, marca Renault, modelo 1986 (fl. 446, cdno. 2).

3.3. De acuerdo con el informe de del accidente tránsito elaborado por el agente de policía Luis Francisco Vargas Piñeres, adscrito a la Inspección de Policía de La Pintada (Ant.)(5), el 5 de diciembre de 1994, aproximadamente a las 10:10 p.m., en la vía que de ese municipio conduce al de Supía (Cal.), el vehículo descrito, conducido por el señor Daniel Valencia Marulanda, colisionó con un alud de tierra que se encontraba sobre el carril izquierdo de la vía.

Así mismo, se indicó que la vía era recta, de un solo sentido, con una calzada, un carril, construida en asfalto y presentaba un derrumbe, se encontraba seca y la visibilidad estaba disminuida por la presencia de vegetación (fl. 6, cdno. 1).

Finalmente, se consignó como causa probable del accidente, “derrumbe sobre la vía sin ninguna señalización” (fl. 6 vto., cdno. 1).

3.4. En el proceso se practicó una diligencia de inspección judicial al lugar de los hechos, el 17 de septiembre de 1996, a la que asistieron los apoderados de las partes y de la llamada en garantía Indumezclas Ltda., los peritos designados y el demandante Daniel Valencia Marulanda, quien según consta en el acta, no precisó con exactitud el lugar donde se registró el accidente, por lo que se acudió a vecinos del sector para obtener ese dato. Además, se consignó:

“(...) en efecto se trata de una vía completamente asfaltada, de dos carriles en buenas o excelentes condiciones de transitabilidad, una topografía plana en línea recta, con buena visibilidad en ambos sentidos tanto en dirección hacia La Felisa como cuando se transita hacia La Pintada. El Tribunal pudo constatar que sobre el sitio aledaño donde ocurrió el accidente existen señales para los usuarios sobre las características del carreteable, anunciando curvas y otros accidentes que se presentan sobre la vía. En el sitio del accidente, el despacho constata que en el flanco derecho con dirección a La Felisa existe un barranco de apreciable altura donde se puede observar que en varias oportunidades se ha derrumbado sobre el carreteable (...)” (fls. 307 y 308, cdno. 2).

En la misma diligencia, se recepcionó la declaración de la señora Julia Rosa Tabares de Muñoz, quien reside cerca del sitio donde acaeció el accidente y manifestó:

“(...) Ese día empezó a venirse el derrumbe como a la diez de lamñana (sic), pero el día del accidente de él (se refiere al señor Valencia Marulanda presente en la diligencia), eso se vino como el 27 de noviembre de 1994 (...) entonces luego se fue viniendo hasta que tapó la vía del todo, se vino mucha palizada, rocas y de todo, la máquina no daba avasto (sic), ibalimpiando (sic) y seiban (sic) viniendo las rocas, hasta por la tarde que ya vinieron hachas y machetes a quitar los palos y eso siguió así, eso viniéndose y viniéndose, por ejemplo para diciembre todavía estaba (sic) eso rodando eso lo limpiaban, todos los días cada que se venía, unamáquina (sic) pero no sé de dónde y gente con palas botando tierra, ahí ocurrían los accidentes, porque subía un carro y bajaba otro uno se arrinconada. El accidente del señor presente fue como a las siete de la noche entonces nosotros cuando oímos [el] tiestazo, se fueron los dos hijos míos porque yo de aquí no me muevo (...). Estaba obstruido el carril derecho de la Pintada-La Felisa y en uso, el carril de La Felisa a la Pintada” (fl. 309, cdno. 2, negrillas de la Sala).

A su vez, manifestó la declarante que el derrumbe estuvo desprendiéndose durante un lapso aproximado de dos meses y aseveró que existían señales que advertían sobre la existencia del obstáculo:

Sí hubo unas canecas, avisitos ahí, un aviso que decía peligro, las canecas eran de color amarillo y negro (...). PREGUNTADO: sírvase manifestar al despacho quién guiaba o advertía a los usuarios de la vía sobre la existencia de los derrumbes por la época del accidente? CONTESTÓ: Nadie los advertía de nada, ahí venía una máquina y los trabajadores del municipio sería?, estaban los avisos, ‘los peligros’ (...)” (fls. 309 y 310, cdno. 2, negrillas de la Sala).

3.5. Cinco años más tarde la señora Julia Rosa Tabares rindió testimonio una vez más, advirtiéndose que presenta notables contradicciones en relación con la primera declaración, especialmente frente a aspectos neurálgicos, como la existencia de señales que alertaran sobre la presencia del derrumbe en la vía, pues en su primera aparición juramentada, señaló que sí había señalización y que habían tratado de remover los obstáculos con maquinaria, mientras que en la segunda, manifestó que el derrumbe no estaba señalizado y además que nadie hizo nada para removerlo. Véase:

“(...) Yo lo que sé es que el 25 de noviembre de 1994 hacia las 10 de la mañana, sentimos que se movieron las cuerdas de la luz y me asomé a ver qué era y había caído una piedra a la carretera y detrás de esa piedra se vinieron unos árboles y le dieron al poste de la luz, ya se vino un deslizamiento y la carretera quedó tapada del todo, eso fue en el sitio de La Herradura, eso se quedó así durante todo el día hasta que vino mi hijo de nombre Jhon Fredy, quien con una hacha cortaba los palos en compañía de varios vecinos destaparon un poco la vía para que pudieran pasar carros pequeños pero con mucho cuidado porque eso se seguía deslizando, no destaparon sino un solo carril y como se deslizaba y volvía y tapaba la vía, nosotros en vista de ello y porque la casa mía estaba tan cerca, fuimos y avisamos a la policía que viniera a limpiar eso, avisamos a la policía de La Pintada, no pararon bolas y eso siguió y nadie fue a destapar la vía, solamente había vía para un solo carril (...) después de que el señor Daniel Valencia se accidentó ya vinieron a destapar y a abrir la vía, esto fue como a los ocho días más o menos que vinieron a destapar la vía y ya se había accidentado ese señor Daniel (...). PREGUNTADA: díganos si en el lugar del desprendimiento de tierra existían señales de advertencia sobre el material existente en la vía? (sic) CONTESTÓ: No había nada de señales de ningún tipo” (fls. 528 y 529 vto., cdno. 2, negrillas de la Sala).

3.6. En el proceso se practicó un dictamen pericial, calendado el 22 de noviembre de 1996 y elaborado por los señores Carlos Arturo Franco Cárdenas y Mauricio González Valencia, quienes se refirieron a las condiciones técnicas y geológicas de la vía, la naturaleza de sus terrenos adyacentes, la visibilidad y las posibles causas del accidente, entre otros aspectos, en los siguientes términos:

“Las condiciones técnicas de la vía para la época de los hechos se consideran buenas, ya que es sometida a mantenimiento permanente, además es una vía de carácter nacional, asfaltada, con un ancho promedio de 7.50 m, con bermas de 1.0 m y 1.40 m a cada lado y que ha conservado sus condiciones desde el año 1.989, año en cual se terminó su refacción. (Negrillas de la Sala)

(...).

“A lo largo de la vía se ubican señales informativas (figuras 6 y 7) con la fecha de su instalación al reverso (ver figuras 8 y 9)” (fls. 399 y 400, cdno. 2).

En relación a las condiciones geológicas de los terrenos adyacentes a la vía, y en especial al del sitio del accidente, indicaron:

“Los terrenos adyacentes a la vía, en especial en el sitio del accidente, se caracterizan por poseer una pendiente cercana al 90% (ver figura 10), esto se debe al tipo de rocas existentes en el área, clasificadas como rocas hipoabisales porfiríticas, roca de origen ígneo intrusivo cuya característica es la de aflorar a manera de ‘puntas de aguja’ que sobresalen abruptamente en el paisaje que las rodea; estas rocas poseen una alta dureza, tienden a diaclasarse (fisurarse) y fracturadas de formas naturales (ver figura 11) lo cual origina desprendimientos de bloques de gran tamaño, los cuales se desprenden a causa de movimientos telúricos (temblores o terremotos), vibraciones producidas por el continuo flujo vehicular y en algunos casos por la acción de aguas de escorrentía (ver figura 12).

Lo anterior provoca que el sitio del accidente, se caracterice por la ocurrencia constante de desprendimientos de rocas de diferentes tamaños (bloques con diámetros de hasta 3 metros) y cuyo análisis tanto de campo, como de laboratorio las clasifica como rocas ígneas intrusivas hipoabisales porfiríticas (Negrillas de la Sala).

El desprendimiento de rocas, fenómeno común y constante en la zona, no es posible prevenirlo, por cuanto no existen ningún tipo de obra civil que permite prevenir, estabilizar o evitar esta clase de movimientos (Negrillas de la Sala).

“El sector tiene las características geológicas consignadas, debido a que como se explicó anteriormente, este tipo de rocas hipoabisales porfiríticas, de tipo ígneo intrusivo, es decir que emergieron a la superficie posteriormente a las rocas más antiguas de la zona, que corresponden a la formación Amagá, de tipo sedimentario; así mismo, la característica principal de las rocas ígneas intrusivas es que emergen abruptamente a la superficie conformando conos que sobresalen notoriamente en el paisaje que los rodea, estos conos ponen pendientes muy altas en sus laderas rocosas, lo que favorece el desprendimiento de fragmentos de roca que descienden por gravedad, ya sea por caída libre, en saltos o rodando.

“Como ya se mencionó con anterioridad, dadas las características geológicas y topográficas del área, no existen desde el punto de vista técnico ninguna forma de prevenir este tipo de desprendimientos de roca, en virtud de que no es posible la conformación de taludes, las (sic) disminución de la pendiente, la construcción de trinchos o muros de contensión (sic); pues la misma naturaleza de las rocas: voluminosas, de alta dureza y solamente removibles mediante la utilización de dinamita o por acción natural (desprendimientos o caídas de rocas) no lo permite” (fls. 402 y 403, cdno. 2, negrillas de la Sala).

Respecto a la visibilidad de la carretera, se hizo el siguiente análisis en el experticio, distinguiendo entre las condiciones diurnas y nocturnas, así:

“Diurno:

“Se tomaron medidas con cinta métrica en el sentido La Pintada - La Felisa (Trayecto que cubría el automóvil accidentado), desde la curva (punto a partir del cual se observa el sitio donde ocurrió el accidente, punto 1) hacia la recta, donde se tiene una visibilidad del 100% que permite una visión total de la misma, y por todo el centro de la vía, determinándose una longitud de 250 m; así mismo se estableció una distancia de 160 metros entre el punto 1 (punto desde donde empieza a observar un obstáculo localizado en el punto 2) y el sitio donde ocurrió el accidente (ver figura 13). —Negrillas de la Sala—.

“Nocturna:

“De acuerdo con las observaciones realizadas en campo, la visibilidad en la noche disminuye en un 40%, es decir que al ingresar a la recta, el vehículo tiene una visibilidad de 96 metros sobre el obstáculo, teniendo en cuenta que el obstáculo contra el cual chocha el automóvil (escombros de roca) se encuentra a 160 metros. En otras palabras, el conductor observa el obstáculo a una distancia de 96 metros y es esta la distancia de que dispone para parar y no chocar” (fls. 403 y 404, cdno. 2, negrillas de la Sala).

Llama poderosamente la atención de la Sala, el análisis que realizaron los peritos sobre las posibilidades de maniobra que tenía el accionante para esquivar el obstáculo que se encontraba en la carretera, señalando que si transitaba a la velocidad máxima permitida —80 KM/hora—, habría podido evitar la colisión, conclusión a la que arribaron fundamento en los siguientes cálculos:

“Teniendo en cuenta que,

“Visibilidad del conductor: 96 metros (en la noche)

“Velocidad máxima permitida: 80 kilómetros/hora

“Y empleando la fórmula:

“D: V2/254 F Fórmula para hallar la distancia de frenado para Colombia, como resultado de la experiencia en estudios estadísticos de accidentes, en la cual:

“D: Distancia de frenado

“V: Velocidad a la cual se desplaza el auto (80 KM/h)

“F: Coeficiente de fricción (0.35, valor suministrado por el Ministerio de Transporte de Caldas)

“254: Es un valor constante para la fórmula

“D: 802/254 x 0.35: 6400/88.9= 71.99 metros

Según lo anterior, si el auto se desplaza a 80 Km/h, gastará 71.99 metros de distancia para detenerse, por lo tanto, la maniobra es exitosa y el vehículo no chocará, puesto que 71.99 m<96 m (Negrillas de la Sala).

96 metros es la distancia a la cual el conductor observa claramente el obstáculo (Negrillas de la Sala).

A su vez, con base en el análisis citado, establecieron que Daniel Valencia Marulanda se desplazaba a una velocidad superior a la máxima permitida:

“Según el resultado del punto 7, en el cual la distancia de frenado es igual a 71.99 metros a una velocidad de 80 KM/h, se establece que existe una distancia de 24 metros entre el auto y el obstáculo al detenerse este, no hay colisión, por lo tanto; para que se produzca la colisión se tendría que aumentar la velocidad por encima de 80 km/h, y entonces en este caso se tiene por lo tanto exceso de velocidad del auto, debido a que la velocidad máxima permitida es de 80 km/h” (fls. 404 y 404A, cdno. 2, negrillas de la Sala).

Igualmente, se anexaron 13 fotografías, de las que se resalta la 13, en la que se registró el punto 1, partir del cual el conductor que sale de la curva e ingresa a la recta tiene 100% de visibilidad sobre el punto 2, en el que se encontraba el obstáculo con el que colisionó el vehículo, especificando que la distancia entre ambos puntos es de 160 metros (fl. 419).

3.7. Finalmente, está demostrado que el 28 de septiembre de 1989, se celebró entre el Invías y la sociedad Indumezclas Ltda., el contrato 661 de 1989, en virtud del cual esta última firma se obligó a ejecutar “las obras necesarias para la rehabilitación del sector Supía-La Pintada de la carretera Cerritos-La Pintada-Medellín (...)” (fls. 325 y 326, cdno. 2). El contrato fue prorrogado de manera sucesiva, mediante los contratos 51 del 22 de febrero de 1993, 906 del 12 de noviembre del mismo año, 18 del 22 de febrero de 1994, 230 del 6 de mayo, 401 del 15 de julio y 624 del 24 de octubre del mismo año (fls. 335-352, cdno. 2), extendiéndose hasta el 30 de noviembre de 1994, según se señaló en el oficio 27341 del 24 de septiembre de 1996, expedido por la oficina jurídica del Invías (fls. 396-397, cdno. 2).

4. Conforme a los medios de convicción relacionados, está demostrado el daño, consistente en las lesiones que sufrió el señor Daniel Valencia Marulanda, con motivo del accidente de tránsito que ocurrió en las horas de la noche del 5 de diciembre de 1994 en el sector conocido como “La Bocana”, en la vía que conduce del municipio de La Pintada a Supía, al estrellarse con un alud de tierra que se encontraba sobre uno de los carriles de la calzada.

En la sentencia de primera instancia, se negaron las pretensiones de la demanda, al encontrar demostrada la excepción de hecho de la víctima, toda vez que según las pruebas, el conductor se desplazaba por la carretera con exceso de velocidad, decisión de la que difiere la parte demandante, pues a su juicio está acreditada la falla en el servicio de la entidad, con fundamento en los siguientes elementos: i) el informe del accidente, según el cual el derrumbe con el que colisionó el señor Valencia no había sido señalizado y además, la visibilidad de la vía estaba disminuida; ii) la historia clínica, que a su modo de ver, no solo da cuenta del daño, sino también de las causas del accidente; y iii) el testimonio de la señora Julia Rosa Tabares.

Ahora bien, la sentencia recurrida será confirmada, comoquiera que del acervo probatorio, se concluye indubitablemente que en efecto, se encuentra probada la excepción de hecho o culpa de la víctima, en atención a que el demandante conducía su vehículo a una velocidad superior a la permitida en la vía por la que transitaba, como se verá a continuación.

Sea lo primero relievar que contrario a lo señalado por los apelantes, el informe de tránsito no basta para construir el juicio de imputación, ni constituye la prueba única para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaeció el accidente. Al respecto, conviene recordar que según la sentencia de la Corte Constitucional, C-429 de 2003, —que sea dicho de paso, fue citada por la parte demandante para apoyar su argumento—, este documento se presume auténtico en relación a la persona que lo elaboró y su fecha, pero su contenido puede ser desvirtuado en el respectivo proceso. Véase:

“Es preciso tener en cuenta también, que un informe de policía al haber sido elaborado con la intervención de un funcionario público formalmente es un documento público8 y como tal se presume auténtico, es decir, cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, y hace fe de su otorgamiento y de su fecha; y, en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial respectivo (Negrillas de la Sala).

“Este informe de policía entonces, en cuanto a su contenido material, deberá ser analizado por el fiscal o juez correspondientes siguiendo las reglas de la sana crítica y tendrá el valor probatorio que este funcionario le asigne en cada caso particular al examinarlo junto con los otros medios de prueba que se aporten a la investigación o al proceso respectivo, como quiera que en Colombia se encuentra proscrito, en materia probatoria, cualquier sistema de tarifa legal (Negrillas de la Sala).

De acuerdo con la sentencia que se viene de citar, no le asiste la razón a los demandantes, en cuanto afirman que el informe de tránsito por sí solo es suficiente para concluir que el accidente obedeció a la falta de señalización del derrumbe, pues aunque el juez puede apoyarse en él para establecer datos como la hora, el lugar, las condiciones de la vía, entre otros, también puede contrastarlo con los demás medios de convicción que obren en el proceso.

De otro lado, en relación a la historia clínica, debe precisarse que contrario a lo afirmado por la parte apelante, tampoco es este el medio idóneo para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, pues aunque en la misma se consigne en muchas ocasiones los motivos por los que ingresa el paciente, no se trata de una información específica y la mayoría de las veces proviene de él mismo.

Ahora bien, según se colige de las pruebas, está demostrado que el 5 de diciembre de 1994 a las 10:10 p.m., Daniel Valencia Marulanda, conducía el vehículo de placas ARF-956, por la vía que conecta los municipios de La Pintada y Supía, cuando colisionó con un derrumbe que cubría uno de los carriles de la calzada. De acuerdo con el informe, el obstáculo no se encontraba señalizado y la vegetación impedía avistarlo con antelación, lo que en un principio podría dar lugar a concluir que el daño es imputable al Invías, sin embargo, un análisis más detenido de las pruebas permite inferir lo contrario.

Del dictamen pericial elaborado por los señores Carlos Arturo Franco Cárdenas y Mauricio González Valencia, se desprende que no era posible para la entidad prevenir o impedir el desprendimiento de tierra sobre el tramo de la vía donde acaeció el accidente, debido a las características de las rocas que afloran en el barranco, que según manifestaron los peritos, “dadas las características geológicas y topográficas del área, no existen desde el punto de vista técnico ninguna forma de prevenir este tipo de desprendimientos de roca, en virtud de que no es posible la conformación de taludes, las (sic) disminución de la pendiente, la construcción de trinchos o muros de contensión (sic)”; además, en el experticio se señaló que la carretera era sometida a constantes mantenimientos, lo que también encuentra respaldo en el contrato suscrito entre el Invías y la firma Indumezclas Ltda., que fue prorrogado en múltiples oportunidades, extendiéndose entre el 28 de septiembre de 1989 y el 30 de noviembre de 1994 y que tenía por objeto la rehabilitación y mantenimiento de la vía.

Así mismo, se logró establecer en el experticio que las condiciones de visibilidad en la vía eran óptimas durante el día y en la noche disminuía en un 40%, advirtiendo que existía una distancia de 160 metros entre el punto desde el cual lograba observarse el alud de tierra y el punto en que el mismo se encontraba, concluyendo finalmente, que si el conductor se desplazaba a la velocidad máxima permitida, esto es, 60 kilómetros por hora(6), no solo le era posible observar el obstáculo, sino también esquivarlo o detenerse antes de colisionar con él, quedando a una distancia de 24 metros, de manera tal que para que se produjera la colisión, “se tendría que aumentar la velocidad por encima de 80 km/h”. Bajo esta lógica, se tiene que fue el exceso de velocidad con que se desplazaba el demandante, lo que provocó el accidente y no la falta de señalización ni la falta de visibilidad. Así, aun cuando en el informe del accidente se consignó como causa probable del mismo “derrumbe sobre la vía sin ninguna señalización”, la prueba técnica permite inferir lo contrario, toda vez que la pregunta que debe hacerse la Sala es ¿si aun cuando el alud hubiera estado señalizado se habría podido evitar el accidente? La respuesta a este interrogante es positiva, lo que impide imputar el daño alegado a la demandada.

En relación al testimonio de la señora Julia Rosa Tabares, que según los recurrentes constituye prueba de la falla en servicio, se advierte, como ya se indicó en apartes precedentes de este proveído, que el mismo presenta insalvables contradicciones sobre aspectos relevantes para la litis, que no pueden pasarse por alto, bajo el argumento del tiempo que transcurrió entre la fecha del accidente y aquella en que se recibieron las declaraciones. Así, en la primera declaración que rindió en la diligencia de inspección judicial que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1996, —casi dos años después del hecho—, la señora Tabares manifestó que el alud se había desprendido días antes, aproximadamente el 27 de noviembre, pero que diariamente una máquina acudía al lugar para despejar la vía: “eso lo limpiaban, todos los días cada que se venía, unamáquina (sic) pero no sé de dónde y gente con palas botando tierra”; además manifestó que el obstáculo sí estaba señalizado: “Sí hubo unas canecas, avisitos ahí, un aviso que decía peligro, las canecas eran de color amarillo y negro. Sin embargo, no se explica la Sala como en el testimonio que rindió 5 años más tarde, aseveró todo lo contrario, es decir, que una vez se presentó el derrumbe, nadie fue a removerlo y además carecía de señales que alertaran sobre su presencia. Si bien, es cierto, entre la fecha del hecho y ambas declaraciones transcurrió un período considerable, esa circunstancia no puede socavar en la memoria aspectos tan relevantes como aquellos sobre los que recaen las contradicciones de la deponente, por lo que su versión, al carecer de precisión no puede servir de fundamento para imputar el daño. Por demás, si se fuera a tener en consideración una de las dos declaraciones, sería la primera de ellas, por ser la más cercana a la fecha del accidente, y en ella afirmó la testigo que sí se realizaron trabajos para remover la tierra y además que el obstáculo estaba señalizado, lo que deja sin sustento los argumentos de la parte impugnante.

Además de lo anterior, obsérvese que según la demanda, el señor Valencia Marulanda acostumbraba viajar por la vía donde se accidentó, por lo que es apenas lógico inferir que conocía cuáles eran sus puntos críticos, lo que exigía de su parte mayor cuidado y diligencia, máxime cuando según los hechos, estaba emprendiendo su viaje de regreso y si se tiene en cuenta que el derrumbe se había desprendido días antes, la existencia del obstáculo ya era conocida por él.

De lo anterior se concluye aún con más fuerza que fue el hecho o culpa de la víctima la causa del daño, sin que pueda atribuirse este a la falta de señalización, pues aunque es cierto que la entidad pudo incurrir en una falla por esa circunstancia, no fue esa la génesis del accidente; se insiste aun cuando en la vía hubiesen existido las señales que alertaran sobre la presencia del obstáculo, el resultado habría sido el mismo. En este punto, cabe recordar que no siempre que se demuestre la falla en el servicio, existirá responsabilidad patrimonial del Estado, en razón a que aunque se trate de un hecho reprochable y sancionable desde el punto de vista moral, social y reglamentario, el derecho de daños no tiene un carácter sancionador.

Para el caso sub judice, resulta pertinente traer a colación la sentencia del 26 de septiembre de 2013, con ponencia de quien funge igualmente como ponente en este caso también, en la que la Sala se pronunció sobre un evento en el que un particular que conducía en estado de ebriedad, colisionó con un vehículo oficial que realizó un giro prohibido, concluyéndose que si bien, el particular estaba bajo los efectos del alcohol, conducta a todas luces descuidada y reprochable, no por ello debía declarase probada la excepción del hecho o culpa de la víctima, en tanto la causa del daño no fue esta, sino la maniobra prohibida que ejecutó el conductor del vehículo oficial:

“En el caso sub examine, el señor Angarita Jiménez condujo un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, esto es, con sus capacidades motoras y mentales seriamente disminuidas(7), tal decisión, a todas luces insensata, demuestra falta de cuidado, precaución y previsión de su parte, lo cual es entitativo de culpa y, por ello, su conducta deviene censurable desde todo punto de vista; sin embargo, pese a la existencia de la culpa en sí misma, esta circunstancia no tuvo incidencia en la producción del daño o resultado, el cual solo le es atribuible al conductor de la ambulancia que hizo el giro prohibido impactando la motocicleta.

(...).

“En el caso sub examine, es indiscutible que el comportamiento que incrementó el riesgo permitido fue el comportamiento del conductor del vehículo oficial, ya que materialmente el giro realizado fue el factor determinante y exclusivo en la producción del daño, motivo por el que es imputable en el plano fáctico a la entidad demandada.

“Sea la oportunidad para reiterar que en el derecho de la responsabilidad es imprescindible que se verifique la concreción o materialización de una lesión antijurídica para que pueda predicarse el derecho al resarcimiento. De modo que, la simple realización de una conducta culposa —manejar un vehículo en estado de ebriedad— no supone, per se, la operatividad de un escenario propio del derecho de daños.

Es preciso que la responsabilidad extracontractual —a diferencia de lo que viene ocurriendo con el derecho penal, a partir de la influencia del funcionalismo alemán— no se contagie por lo que la filosofía moderna ha denominado popularmente como el “neopuritanismo”, es decir, derivar consecuencias jurídicas a circunstancias que si bien son reprochables aún no han producido daños o modificaciones en el mundo exterior (Negrillas de la Sala).

Por lo tanto, el derecho de daños no puede —bajo ningún modo— ser un elemento sancionatorio de conductas peligrosas consideradas en sí mismas; a contrario sensu, es imprescindible que el operador judicial valore el acervo probatorio para determinar si el comportamiento de la víctima —por más reprochable que haya sido— fue realmente esencial en la producción del daño. Una postura contraria supondría trasladar a la víctima total o parcialmente las consecuencias negativas del daño, cuando lo cierto es que su acción no fue definitiva en la materialización del hecho (Negrillas de la Sala).

(...).

“A partir de la identificación del autor del daño, se podrá seguir con el juicio de imputación jurídica para identificar si existe un fundamento normativo que compela al demandado a la reparación integral del daño, evento este último en el que sí tendrá relevancia —salvo los escenarios de responsabilidad objetiva— la naturaleza del comportamiento desplegado”(8).

Sobra precisar que el mismo razonamiento cabe cuando los roles se invierten, esto es, cuando como en el caso sub lite, pese a existir una omisión de parte de la entidad demandada, no es esta la causa del daño, aspecto que se puso de relieve en la misma sentencia que se viene de citar:

Mutatis mutandi, es posible que se verifiquen escenarios en los que exista una indiscutible falla del servicio que no sea el factor material o fáctico en la producción del daño; eventos en los que se dan situaciones donde el agente estatal incurre en una falla del servicio pero la misma no se vincula o relaciona con el daño y, por lo tanto, es irrelevante en materia de la responsabilidad porque no contribuyó a ocasionar el resultado(9)(10).

De modo que, endilgarle en este caso el daño al Invías, supondría trasladarle la consecuencias negativas de un hecho en el que no tuvo injerencia alguna, pues fue la conducta imprudente de la víctima la que desencadenó el resultado final, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 19 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Caldas y Chocó - Sala de Descongestión.

2. En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 De acuerdo con la demanda, el valor de la pretensión mayor ascendía a $ 30.912.000, suma que corresponde a los perjuicios fisiológicos solicitados a favor del señor Daniel Valencia Marulanda y excedía para el año en que fue presentada —jun. 14/95— la establecida en el numeral 10 del artículo 132 del Decreto 1 de 1984, subrogado por el Decreto 597 de 1988.

2 Sobre el valor probatorio de las fotografías, véase las sentencias 12497 de 2 de marzo de 2000, AP-263 del 21 de agosto de 2003, y 13811 de 25 de julio de 2002.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 5 de diciembre de 2006, expediente radicado al 19001-23-31-000-1999-02088-01(28459).

4 Remitida por el Hospital de Caldas, mediante oficio SBGHC.178.96 del 9 de agosto de 1996, en respuesta al exhorto 986 (fl. 272).

5 Aportado en copia auténtica con la demanda.

6 De acuerdo con el artículo 148 del Decreto 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito vigente para la época de los hechos, “en las carreteras la velocidad máxima permitida es de sesenta kilómetros por hora, salvo cuando el Ministerio de Obras Públicas por medio de señales adecuadas, indiquen un límite superior o inferior”.

7 “Las principales alteraciones por el efecto del alcohol son del sistema nervioso central, ya que el alcohol actúa como depresor de él, dependiendo de la cantidad ingerida.
“El paciente embriagado no puede ocultar o alterar los signos y síntomas neurológicos porque no depende de la voluntad de la persona.
“(...).
“Los principales {síntomas} son:
“— Pérdida de la conciencia, inicialmente en forma leve (somnolencia), luego entra en confusión, estupor y coma hasta llegar a la muerte.
“— Incoordinación motora que pasa de leve, a moderada y grave, siendo incapaz de realizar movimientos finos.
“— Trastornos del lenguaje por la acción del alcohol sobre los núcleos basales del cerebro, manifestados en disartria cada vez más notoria, hasta que ya no es capaz de articular palabras.
“— Pérdida de la coordinación ocular. Por el efecto del alcohol sobre los núcleos basales cerebrales se pierde el control sobre los movimientos oculares presentando nistagmus, es decir, alteración sobre los movimientos horizontales de los ojos, además hay estrabismo. Las pupilas presentan miosis, es decir, contracción pupilar, pero en las intoxicaciones graves hay midriasis (se dilatan las pupilas).
“— El paciente pierde el equilibrio, teniendo que aumentar el polígono de sustentación (miembros inferiores abiertos), por el efecto del alcohol sobre el sistema cerebeloso.
“— El sistema parasimpático produce rubicundez facial o palidez, inyección conjuntival, hiperhidrosis (sudor exagerado).
“— Aliento alcohólico dado por la volatibilidad del etanol que se elimina por la respiración.
“— Manifestaciones psicológicas con locuacidad, verborrea, euforia inmotivada, confianza con el examinador, jocosidad, llanto, agresividad…” SOLÓRZANO NIÑO, Roberto. Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados. Editorial Temis. 2009. Págs. 606 y 607.

8 Proceso 27.302.

9 Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: del 7 de noviembre de 2012, exp. 37046 y 15 de febrero de 2012, exp. 21109, M.P. Enrique Gil Botero.

10 Ibídem.