Sentencia 1997-01514 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 30879

Consejera Ponente:

Olga Mélida Valle de De La Hoz 

Actor: Elkin Alfonso Heredia Pérez y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional y otro.

Asunto: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., abril nueve de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La ley estatutaria de administración de justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los tribunales administrativos y en segunda instancia en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

Así lo tiene sentado la jurisprudencia de la Sala, en especial en el auto del nueve (9) de septiembre de 2008, pronunciado dentro del radicado 01032600020080000900, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), mediante la cual se resolvió la antinomia que se presentaba entre lo dispuesto por el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo y lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

2.2. La responsabilidad del Estado en materia de privación injusta.

En la jurisprudencia de esta corporación, no existe discusión acerca del carácter objetivo que la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano, por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, ya porque: (i) el hecho no existió, (n) el sindicado no lo cometió, (ni) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del in dubio pro reo.

Para llegar a este punto, la corporación ha adoptado cuatro posiciones: la primera(33), “la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso. Por manera que, para su deducción —se dijo—, es irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, es decir que no interesaba averiguar si aquél actuó o no con culpa o dolo”. Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, ordenada con el lleno de los requisitos legales, se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber jurídico de soportar(34).

La segunda(35), “la carga procesal para el actor de demostrar el carácter injusto de la detención para obtener indemnización de perjuicios, consistente en probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad, fue reducida tan sólo a los casos de detención diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal porque, en relación con estos últimos, se estimó que en los tres eventos allí señalados la ley calificó que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados”.

La tercera(36), “... el carácter de injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y que, por consiguiente, frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resulta indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo”.

La cuarta(37), la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento.

La Sección Tercera de la corporación, unificó su jurisprudencia en relación con la privación injusta de la libertad, en sentencia proferida el 17 de octubre de 2013 dentro del proceso de radicación 25943, con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez cuyos apartes por su importancia y pertinencia se citan in extenso:

“(...).

2.3.1.2. El fundamento de la responsabilidad del Estado en estos eventos, por tanto, no debe buscarse —al menos no exclusivamente— en preceptos infraconstitucionales que pudieron limitar los alcances de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 superior; tal fue el argumento que la Sala, indiscutidamente, acogió con el propósito de justificar tanto la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en eventos diversos de los contemplados expresamente en el citado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —como, por ejemplo, en los casos en los cuales se produce la exoneración de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, ya citados, o en aquellos en los que la medida privativa de la libertad es diferente de la detención preventiva, verbigracia, la caución prendaria(38)— frente a supuestos ocurridos aún en vigencia de dicha disposición, como, más significativo aún, también con el fin de apartarse de interpretaciones restrictivas de la mencionada cláusula general de responsabilidad estatal, como la prohijada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996 o la que pudiera derivarse de una hermenéutica restringida en relación con los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996.

A este respecto y aun cuando los hechos materia del presente litigio acaecieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996 —razón por la cual dicho cuerpo normativo no resulta aplicable al asunto sub lite—, conviene recordar que el artículo 68 ídem se ocupa de regular la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad al disponer que “[Q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado de reparación de perjuicios” y que la Corte Constitucional, en la mencionada Sentencia C-037 de 1996, expresó, para declarar la exequibilidad del referido precepto, que “el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se tome evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”.

Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que la transcrita interpretación respecto de los alcances del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 podría conducir a entender que la referida norma estatutaria habría restringido el ámbito de posibilidades dentro de las cuales resultaría viable declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención ordenada por autoridad judicial dentro de una investigación penal, para circunscribirlo a los supuestos en los que se acredite una falla del servicio público de administración de justicia, pero además no una falla de cualquier índole, sino una acompañada de las características descritas por la Corte Constitucional en el apartado precedentemente traído a colación.

Por tal razón, la Sección Tercera de esta corporación entendió entonces y ahora reitera, que semejante conclusión no consulta la obligación del intérprete de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como en el de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, poniéndolas en contacto con aquellos preceptos de la Carta Política que no pueden soslayarse al momento de precisar su contenido y alcance, motivo por el cual “mal podría identificarse el significado del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, prescindiendo de una hermenéutica sistemática con las demás normas de la misma ley estatutaria que regulan el objeto al cual ella se refiere o, peor aún, omitiendo conectarla con el artículo 90 constitucional, piedra angular del régimen de responsabilidad del Estado operante en Colombia desde que rige la Carta Política de 1991”(39), precepto superior éste que, del mismo modo en que lo hace el artículo 65 de la Ley 270 en mención(40), “... no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la administración de justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de “daño antijurídico”, en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal —siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública—”(41).

No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente plausible, en consecuencia, sostener que un precepto contenido en un decreto con fuerza de ley —como el 2700 de 1991, concretamente en su artículo 414— y ni siquiera en una ley estatutaria, puedan contar con la virtualidad de restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Carta Política, pues según tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional lo han señalado, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados en el citado artículo 90 constitucional, los cuales bien podrían ser precisados, mas no limitados, por un dispositivo normativo infraconstitucional(42); en otros términos y “[E]n definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene”(43), por consiguiente, ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, constituyen fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales disposiciones legales precisan, pero de ninguna manera limitan y menos reemplazan la eficacia directa, vinculante y preferente de los contenidos que respecto de la misma materia se desprenden del aludido artículo 90 supremo.

(...).

Con el propósito de dar consistencia y uniformidad al conjunto de argumentos que militan en favor de la aplicación, en casos como el sub judice, de un régimen objetivo de responsabilidad sustentado en el daño especial, a continuación se exponen dichas razones, la mayor parte de las cuales han sido expresadas ya por la Sección Tercera del Consejo de Estado en anteriores pronunciamientos, según se pasa a hacer referencia.

a. En primer lugar, debe la Sala resaltar, respecto del título jurídico de imputación aplicable a los eventos de privación injusta de la libertad, que se trata de un título de imputación o de un régimen de responsabilidad cuyo fundamento debe ubicarse directamente en el artículo 90 de la Constitución Política y no en un precepto legal, hoy derogado, como el contenido en el otrora vigente artículo 414 del Decreto 2700 de 1991; éste constituía un referente normativo cuya existencia bien puede decirse que contribuía a respaldar el análisis que debe realizarse respecto de la responsabilidad del Estado por el hecho de las autoridades jurisdiccionales bajo la égida del artículo 90 constitucional, pero dicho examen ha debido —en vigencia del citado artículo 414— y debe en la actualidad —incluso al amparo de lo normado por los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, según más adelante se indicará—, centrarse en establecer si se ha producido un daño antijurídico, esto es, que la víctima no se encuentre en el deber jurídico de soportar y si el mismo resulta jurídicamente imputable a la acción o a la omisión de una autoridad pública —adscrita a la Rama Judicial, para efectos del tipo de eventos a los cuales se viene haciendo referencia—, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención.

El fundamento de la responsabilidad del Estado en estos eventos, por tanto, no debe buscarse —al menos no exclusivamente— en preceptos infraconstitucionales que pudieren limitar o restringir los alcances de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 superior.

Tal fue el argumento que la Sala, indiscutidamente, acogió con el propósito de justificar tanto la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en eventos diversos de los contemplados expresamente en el citado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —como, por ejemplo, en los casos en los cuales se produce la exoneración de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, ya citados, o en aquellos en los que la medida privativa de la libertad resulta diferente de la detención preventiva, verbigracia, la caución prendaria(44)— frente a supuestos ocurridos aún en vigencia de dicha disposición, como, más significativo aún, también con el fin de puntualizar el alcance de interpretaciones restrictivas de la mencionada cláusula general de responsabilidad estatal.

Por tal razón, la Sección Tercera de esta corporación entendió y ahora reitera que la obligación del intérprete es la de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como en el de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, con apoyo en los principios y disposiciones constitucionales que les sirven de fundamento y orientación.

No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente plausible, en consecuencia, sostener que un precepto con fuerza de ley —como el Decreto 2700 de 1991, concretamente en su artículo 414— pudiere contar con la virtualidad necesaria para restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados directamente desde el artículo 90 de la Carta Política, pues según lo han señalado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional(45); en otros términos y “[E]n definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene”(46), por consiguiente, ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni alguna otra disposición de naturaleza legal podría constituir el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales dispositivos legales podrían precisar, pero de ninguna manera limitar y menos reemplazar la eficacia directa, vinculante y preferente de los dictados que contiene el artículo 90 de la Constitución Política.

b. En línea con lo anterior, para la Sala resulta palmario que la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. Y es que la exigencia de yerros, de fallas, de actuaciones dolosas o gravemente culposas como presupuesto sine qua non exigible para que pueda configurarse la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, refleja cierta tendencia —equivocada, por supuesto, en criterio de la Sala— a confundir o entremezclar, indebidamente, los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado —previstos en el inciso primero del artículo 90 constitucional— con los de la responsabilidad personal de sus agentes —consagrados en el inciso segundo ídem—, de suerte que con evidentes inconsistencia conceptual y transgresión constitucional, se exige para la declaratoria de la responsabilidad del primero, aquello que realmente sólo cabe constatar como requisito insoslayable de cara a la deducción de responsabilidad de los segundos.

Lo anterior si se tiene en cuenta que la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política impone diferenciar, necesariamente, entre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado por razón del daño antijurídico imputable a la acción u omisión del poder jurisdiccional, de un lado y los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, de otro, habida cuenta de que aquellos y éstos divergen sustancialmente; ese deslinde se torna imprescindible con el propósito de no limitar el sentido lógico y las condiciones de operatividad de cada uno de los referidos ámbitos de responsabilidad, pues tratándose del primero de ellos —el juicio de responsabilidad al Estado— no resulta constitucionalmente válido, según se ha expuesto, introducir restricciones sustanciales al alcance de la cláusula general de responsabilidad, con desmedro de la adecuada protección de las víctimas del daño antijurídico.

De otro lado, como en anteriores oportunidades lo ha expuesto la Sala, resulta pertinente explicar por qué que(sic) no se requiere, ineludiblemente, la concurrencia de un error jurisdiccional o de una detención arbitraria u ordenada mediante providencia contraria la ley para que se pueda abrir paso la declaratoria judicial de responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona, puesto que a tal efecto lo único que se hace menester, atendiendo a lo preceptuado por el varias veces mencionado artículo 90 constitucional, es que se acredite la causación de un daño antijurídico a la persona privada de su libertad y que ese detrimento resulte imputable a la acción o a la omisión de la autoridad judicial respectiva.

Lo anterior resulta igualmente predicable de aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sindicado privado de su libertad se sustenta en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta que en la mayor parte de tales casos, lo que se apreciará es que las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo resultan rigurosamente ajustadas a derecho. Empero, la injusticia de la privación de la libertad en éstos —como en otros— eventos no deriva de la antijuridicidad o de la ilicitud del proceder del aparato judicial o de sus funcionarios, sino de la consideración consistente en que la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar los daños que le irroga una detención mientras se adelantan la investigación o el correspondiente juicio penal pero que a la postre culmina con la decisión absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente que pone en evidencia que el mismo Estado que ordenó esa detención no pudo desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre al afectado:(sic) antes, durante y después de los aludidos investigación o juicio de carácter penal.

c. Como corolario de y en estrecha conexión con lo expuesto, resulta relevante igualmente destacar que la posibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona, en casos en los cuales ha sido exonerada de responsabilidad penal como resultado de la aplicación del principio in dubio pro reo, sin sustento en o sin referencia a yerro, falla o equivocación alguna en la cual hubieren incurrido la administración de justicia o alguno de sus agentes, con base en un régimen objetivo de responsabilidad, en modo alguno torna más gravosa la situación del(los) servidor(es) público(s) que hubieren intervenido en la actuación del Estado —y que, por ejemplo, hubieren sido llamados en garantía dentro del proceso iniciado por la víctima del daño en ejercicio de la acción de reparación directa—, como tampoco coarta o dificulta el cumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación o a la jurisdicción penal en cuanto que con ello supuestamente se estuviere atentando contra la autonomía e independencia de los jueces penales o de los fiscales y contra la facultad de los mismos para recaudar elementos demostrativos que permitan el esclarecimiento y la imposición de las penas que amerita la comisión de hechos punibles.

Ello con fundamento en los efectos y en las consecuencias que se desprenden de la anotada distinción entre los presupuestos que gobiernan la responsabilidad patrimonial del Estado y los que determinan la responsabilidad personal del agente judicial, comoquiera que esta última solamente se verá comprometida, de conformidad con lo normado por el inciso segundo del artículo 90 constitucional, cuando el funcionario judicial obre prevalido de dolo o de culpa grave, cosa que en principio no tiene por qué ocurrir en los supuestos en los cuales la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona se declara a pesar de que el desenvolvimiento del proceso penal, en el caso concreto, no merezca reproche alguno en punto de su conformidad a derecho. Sobre este extremo habrá de retornar más adelante la Sala al pronunciarse respecto de la responsabilidad de los llamados en garantía en el asunto sub judice.

d. Todos los argumentos hasta ahora desarrollados cobran mayor fuerza si se tiene en cuenta que tanto el fundamento como los intereses o derechos que se encuentran en juego en asuntos como el sub examine, radicado en cabeza de la persona preventivamente privada de la libertad mientras se surten la investigación penal o el correspondiente juicio, cuya absolución posteriormente se decide en aplicación del beneficio de la duda, corresponde, ni más ni menos, que a la presunción constitucional de inocencia, como garantía consustancial a la condición humana y de la cual, en este tipo de casos, el sindicado goza al momento de ser detenido, la mantiene durante todo el tiempo por el cual se prolonga su privación de la libertad y, en la medida en que nunca puede ser desvirtuada por el Estado, cuando se pone término, definitivamente, al procedimiento penal, la conserva incólume, de manera tal que, sin solución de continuidad, una persona a la que la Carta Política le atribuye y le ha mantenido, sin ambages, la condición de inocente, tuvo que soportar —injusta y antijurídicamente— quizás la más aflictiva de las restricciones a su derecho fundamental a la libertad.

Además, desde la perspectiva de la presunción constitucional de inocencia resultaría abiertamente contradictorio sostener, de una parte, que en materia penal al procesado que estuvo cautelarmente privado de su libertad y que resultó absuelto y, por tanto, no condenado —cualquiera que hubiere sido la razón para ello, incluida, por supuesto, la aplicación del principio in dubio pro reo, pues como lo ha indicado la Sección Tercera, no existen categorías o gradaciones entre los individuos inocentes (total o parcialmente inocentes)(47)— el propio Estado lo debe tener como inocente para todos los efectos, acompañado siempre por esa presunción constitucional que jamás le fue desvirtuada por autoridad alguna y por lo cual no podrá registrársele anotación en sus antecedentes judiciales con ocasión de ese determinado proceso penal; sin embargo, de otra parte, en el terreno de la responsabilidad patrimonial, ese mismo Estado, en lo que constituiría una contradicción insalvable, estaría señalando que el procesado sí estaba en el deber jurídico de soportar la detención a la cual fue sometido, cuestión que pone en evidencia entonces que la presunción de inocencia que le consagra la Constitución Política en realidad no jugaría papel alguno —o no merecería credibilidad alguna— frente al juez de la responsabilidad extracontractual del Estado e incluso, en armonía con estas conclusiones, se tendría que aceptar que para dicho juez tal presunción sí habría sido desvirtuada, aunque nunca hubiere mediado fallo penal condenatorio que así lo hubiere declarado. Tal la razón por la cual ahora se reiteran los planteamientos que en este sentido ha formulado en anteriores oportunidades esta misma Sección Tercera:

“Por lo demás, sostener lo contrario conduciría a admitir el evidente contrasentido consistente en que una persona respecto de quien nunca pudo desvirtuarse su condición de inocente —presumida constitucionalmente— para efectos penales, paradójicamente tendría que avenirse a que, para fines patrimoniales o del análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado, en la práctica a esa presunción de inocencia no se le atribuyan las mismas consecuencias que en el ámbito penal, pues no ordenar la indemnización de los perjuicios que antijurídicamente se le han irrogado en la medida en que —según se explicó— penalmente siempre debió entenderse que es inocente, supondría indirecta y antitéticamente, afirmar que en el terreno de la responsabilidad patrimonial, sí ha de reputarse culpable.

(...).

La anterior conclusión —bueno es reiterarlo— es la que se deriva de advertir que, en ningún momento, la presunción de inocencia de la señora Ortegón fue desvirtuada por la autoridad judicial, esto es, que la ahora demandante fue tan inocente al tenor de lo normado por el artículo 29 constitucional, al instante de ser vinculada a la investigación penal, como lo continuó siendo a lo largo de la misma y durante el transcurso del lapso en el cual permaneció privada de la libertad, al igual que, por supuesto, se concluyó definitivamente que lo era —inocente, se insiste— al declararse, en su favor, la preclusión de la investigación y su inmediata puesta en libertad.

Así pues, si en ningún momento, entonces, pudo ser enervada, por la administración de justicia, la presunción de inocencia de la actora y no hay justificación objetiva y razonable alguna que sustente la conclusión de acuerdo con la cual la señora Ortegón se encontraba en el deber jurídico de soportar la privación de la libertad de la que fue objeto, al atribuirle y reconocerle a la garantía constitucional en mención todos los efectos que su consagración en la Carta significa, se impone entonces reconocer la antijuridicidad del daño causado a los demandantes, reconocimiento que necesariamente conlleva la orden de proceder a su consecuente indemnización”(48).

Y en otra ocasión esta Sala indicó lo siguiente con el propósito de subrayar la importancia que en casos como el presente reviste reconocer la totalidad de los efectos que naturalmente le corresponden a la presunción constitucional de inocencia·—no desvirtuada en este tipo de eventos— como elemento a considerar al momento de llevar a cabo el examen en punto de la responsabilidad patrimonial del Estado:

“Si no se razonase en el sentido indicado se tendría como resultado una insostenible contradicción, puesto que el individuo en cuyo favor se pronuncia la preclusión de la investigación penal, la cesación del procedimiento o la sentencia absolutoria aparecerá como inocente ante el Estado en asuntos penales sin que por esos hechos se hubiere desvirtuado la presunción de constitucionalidad que lo ampara mientras que en un desdoblamiento inexplicable en el campo patrimonial aparecería ante el mismo Estado y por los mismos hechos como culpable o responsable, situación esta que, precisamente, determinaría la denegación de sus pretensiones resarcitorias”(49).

e. Constituye prácticamente una obviedad que la detención preventiva como medida de aseguramiento en el proceso penal comporta la más intensa afectación del principio-derecho-valor que se encuentra en la base de la organización jurídico-política que constituye el Estado social y democrático de derecho, cual es la libertad, circunstancia que impide soslayar, en este lugar, una referencia, así sea sucinta, a la trascendencia del papel que la libertad desempeña dentro del sistema jurídico vigente y, por tanto, a la evidente excepcionalidad con que deben tratarse los eventos en los cuales resulte legítima y jurídicamente viable su afectación por parte de las autoridades públicas en cuanto no se trate de la ejecución de una sanción en firme, impuesta mediante sentencia penal condenatoria.

La Constitución Política, en varias de sus disposiciones, reconoce que la libertad, en su triple condición de valor, principio y derecho fundamental, debe ser protegida y respetada tanto por los poderes públicos como por cualquier individuo. Esta premisa se desprende del preámbulo de la Carta, en el cual se señala que el Estado colombiano debe propender por asegurar a sus integrantes la libertad dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, al igual que de los artículos 13 y 28 constitucionales, los cuales consagran el derecho a la libertad, el primero de ellos al señalar que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” y el segundo al preceptuar que “toda persona es libre” y no podrá ser molestada en su ámbito personal o familiar.

Por lo demás, como ya se expresó por regla general y en línea de principio, la libertad constituye el fundamento mismo de la declaración de derechos fundamentales que contiene la Carta Política; cada derecho constituye un ámbito de decisión del individuo y, por ende, un espacio de no intromisión por parte de otros sujetos públicos o privados en la esfera de la libertad de cada persona; por ello de los preceptos constitucionales mencionados se desprende que la libertad —artículo 13— se concibe como una condición inherente al ser humano, que sólo se garantiza con un trato igualitario y no discriminatorio, además de que supone —artículo 28— una garantía de no ser perturbado en los espacios en los cuales el individuo se desarrolla, así como de no ser reducido a prisión sin el cumplimiento de los requisitos legales y sin la existencia de un motivo previamente determinado por el legislador. Dicho tratamiento constitucional a la libertad evidencia que en ella concurren las dos dimensiones clásicas de todo derecho fundamental, vale decir (í) una dimensión de carácter objetivo, que se manifiesta en la obligación de la autoridad pública cuando crea, interpreta y aplica el derecho, de tener presente la garantía de libertad consagrada en la Constitución y (n) una dimensión subjetiva, que se traduce en el reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace en favor del individuo del derecho a exigir, a través del concurso del propio aparato judicial, la protección de su libertad cuando sienta que la misma ha sido vulnerada con la acción u omisión de un sujeto público o privado, es decir, se trata de la consagración de un poder de reacción que garantiza la efectividad del derecho reconocido(50).

Y es que después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que resulte posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular todo individuo; no es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo que permite distinguir y separar las formas de Estado absolutistas o totalitarias, de los sistemas constitucionales y democráticos que naturalmente se acompasan con la fórmula del Estado de derecho, pues, en palabras del profesor Antonio Enrique Pérez Luño, “…una vez superadas las formas estatales absolutistas y totalitarias, en las que se da un status subiectionis(sic) en el que no existen libertades, aparece un status libertatis en el que se reconoce un ámbito de autonomía, una esfera de no agresión o injerencia del poder en la actividad de los particulares”(51).

Por tanto, el preponderante pero específico rol que le corresponde al principio-valor-derecho a la libertad, en el seno de todo Estado constitucional, democrático y de derecho, lo constituye en verdadero valor fundante de la organización política misma, con incidencia tanto en la concepción de los demás derechos inherentes a la condición humana, como en la configuración de la manera de ser y de proceder de las autoridades públicas, como con claridad lo ha subrayado la doctrina:

“La libertad es el referente central, clave de bóveda del fundamento de los derechos humanos, al que apoyan, completan y matizan los otros valores, igualdad, seguridad jurídica y solidaridad. Esa importancia capital deriva de su conexión con los fines últimos del hombre, expresados en la moralidad, y con su posibilidad para ofrecer un ámbito de comunicación para el intercambio de razones sobre los fines y objetivos”(52).

f. Las aludidas características que acompañan a la libertad constituyen las razones por las cuales, precisamente, es la excepcionalidad el rasgo distintivo y, al propio tiempo, el principio que informa tanto las regulaciones normativas como la aplicación de los supuestos en los cuales se encuentra jurídicamente avalada la privación de la libertad, en especial cuando a ello se procede, por parte de las autoridades judiciales, como medida precautelativa dentro un proceso penal, mientras se adelantan las etapas de investigación y/o de juicio y no se cuenta, por tanto, con sentencia condenatoria alguna que hubiere establecido, de manera cierta y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del respectivo sindicado.

Tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos(53), como la legislación interna colombiana(54), al igual que la jurisprudencia constitucional(55) y la de lo contencioso administrativo en Colombia, han subrayado reiteradamente la importancia de ese postulado de la excepcionalidad respecto de los eventos en los cuales puede haber lugar a la legítima privación de la libertad como medida distinta de la materialización de la pena impuesta en una sentencia judicial debidamente ejecutoriada; sin embargo, en relación con este extremo, baste con destacar, en este lugar, lo que a este respecto dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas —PIDCP, incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano por medio de la Ley 74 de 1968 y de aplicación preferente en el orden interno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 93 de la Constitución Política(56)—, así como lo sostenido por la Sección Tercera de esta corporación:

“PIDCP. Artículo 9º.

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.

“Por consiguiente, la privación de la libertad (y dentro de ella la medida de detención preventiva) debe ser adecuada, esto es, cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho fundamental a la libertad personal. Los condicionamientos a los que se hace referencia son:

1. Debe fundamentarse en una causa que esté previamente prevista en la ley. En otras palabras, la autoridad que asume la medida en todo momento está sujeta al más estricto principio de legalidad. Se exige como presupuesto la existencia de indicios y medios probatorios que desde un punto de vista racional arrojen una posible responsabilidad penal del individuo inculpado.

(...).

3. Al ser una medida cautelar su finalidad no es represiva, se encamina principalmente a prevenir diferentes circunstancias: la fuga del sindicado, su presencia en el proceso, la efectividad de la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva.

(...).

6. La medida debe responder al criterio de excepcionalidad. En otros términos, la detención preventiva debe asumirse cuando no existe otra forma de asegurar los objetivos señalados en el numeral 3º.

7. La detención preventiva siempre debe responder al principio de proporcionalidad, es decir que debe constituir un medio adecuado para la finalidad que se pretende alcanzar.

Aun cuando los anteriores presupuestos se cumplan, la detención provisional sigue constituyendo la intervención más delicada en el derecho de libertad personal, argumento que se encuentra plenamente demostrado porque su operatividad se desprende de la incertidumbre, como quiera que aún no existe en el proceso una sentencia en la cual se declare la responsabilidad penal”(57).

En esta misma dirección marcha lo clara y categóricamente preceptuado por el artículo 295 de la Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal colombiano—, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 295.—Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional; sólo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales” (énfasis añadido).

g. El carácter eminentemente excepcional que tanto los compromisos internacionales asumidos por Colombia y las propias leyes de la República, como la jurisprudencia nacional en diversos órdenes, que aquí se han relacionado y que de manera uniforme atribuyen e identifican como nota que debe acompañar necesariamente al instituto de la detención preventiva que respecto de un determinado individuo pueden decretar, en específicos supuestos, las autoridades judiciales competentes durante el curso de la investigación y/o del juicio penal, esa excepcionalidad —se itera— pone de relieve, por sí misma, que dicho instituto —en tanto excepcional— de ninguna manera podría considerarse entonces y menos podría llegar a convertirse en una carga generalizada que todo individuo tuviere que soportar por el solo hecho de vivir en sociedad, cuestión que evidencia, de manera palmaria, la antijuridicidad del daño que se irroga a quien se le impone dicha carga a pesar de que posteriormente se le releva de responsabilidad penal; en modo alguno podría exigírsele a un individuo que asuma como una carga social normal o jurídica una situación que por definición es excepcional y, por tanto, contraria a la regla general constituida por el principio, valor y a la vez derecho fundamental a la libertad.

h. En conclusión, si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad —cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto—, resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo.

Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad —interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la administración de justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias—, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional.

I. Un somero vistazo a la legislación, a la jurisprudencia y a la doctrina en algunos países europeos y latinoamericanos cuya ascendencia en el sistema jurídico colombiano no ofrece mayor discusión, permitió a la Sección Tercera constatar(58), en lo atinente al título jurídico de imputación aplicable en casos de privación de la libertad ordenada por autoridad judicial competente como medida cautelar dentro del proceso penal correspondiente, la existencia o bien de una evidente tendencia a prescindir de la consideración de la concurrencia de dolo o culpa por parte del funcionario judicial al proferir la medida de aseguramiento o de la configuración de un error judicial, como requisitos para que resultare procedente deducir responsabilidad patrimonial al Estado o bien un claro direccionamiento hacia la consolidación de un título objetivo de imputación en esta especie de responsabilidad del Estado-juez, en desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas.

(...).

j. Todos los argumentos hasta aquí expuestos, los cuales apuntan a sustentar que el título jurídico de imputación a aplicar, por regla general, en supuestos como el sub judice en los cuales el sindicado cautelarmente privado de la libertad finalmente resulta exonerado de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, es uno objetivo basado en el daño especial —como antes se anotó—, no constituye óbice para que se afirme, que en determinados supuestos concretos, además del aludido título objetivo de imputación consistente en el daño especial que se le causa a la persona injustamente privada de la libertad —y, bueno es reiterarlo, la injusticia de la medida derivará de la intangibilidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado, de la excepcionalidad de la privación de la libertad que se concreta en su caso específico y a nada conduce, toda vez que posteriormente se produce la absolución, con base en el beneficio que impone el postulado in dubio pro reo, pero con evidente ruptura del principio de igualdad—, también puedan concurrir los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En tales eventos, como insistentemente lo ha señalado esta Sala cuando el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable.

Pero dicha posibilidad resulta completamente diferente a sostener que, por solo el hecho de que la privación de la libertad de un individuo se hubiere dispuesto con sujeción a los mandatos legales vigentes y, por tanto, mediante un proceder lícito, el Estado estaría eximido de responder por los perjuicios que le hubiere ocasionado a la víctima por razón de dicha detención, a pesar de que el correspondiente juicio penal hubiere concluido con la expedición de fallo de inocencia a favor del sindicado, incluso en aplicación del principio in dubio pro reo. ¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquél que justifica y explica la existencia(59) misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales —como que la limitación al ejercicio del poder público sólo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados—? ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial —fin esencial— para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?

Adicionalmente y también en la dirección de justificar la aplicación —en línea de principio— de un título objetivo de imputación de responsabilidad extracontractual al Estado, basado en el daño especial, en casos en los cuales se produce la privación injusta de la libertad de una persona posteriormente absuelta o exonerada penalmente, en particular en aplicación del principio in dubio pro reo, adviértase que es el legislador —aunque de forma mediata— el que autoriza o incluso ordena que tales daños puedan producirse, en beneficio de la colectividad que tiene interés en que la administración de justicia funcione de manera eficiente, pero con evidente ruptura del principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a las cargas públicas, en detrimento del particular afectado con la privación de la libertad; así pues, lo cierto en el fondo es que la ley que tal cosa autoriza, al tiempo que resulta plenamente ajustada a la Constitución Política, es aquélla que con su aplicación ocasiona un daño que el afectado individualmente considerado no tiene el deber jurídico de soportar y, por tanto, le debe ser reparado con base en argumentos similares a los que han permitido a esta corporación declarar la responsabilidad extracontractual del Estado también al amparo del título jurídico de imputación consistente en el daño especial por el hecho de la ley ajustada a la Carta Política(60).

Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad —especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo—, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden —y deben— ser examinadas por el juez administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá preferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa, culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado(61).

En la misma dirección de cuanto se acaba de sostener, la Sala estima oportuno destacar que ni la regulación legal de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia —contenida en la Ley 270 de 1996 y puntualmente en cuanto al extremo aquí en comento, en su artículo 70(62)—, ni el pronunciamiento de control previo de exequibilidad del proyecto de texto normativo que finalmente se convirtió en la mencionada disposición, proferido por la Corte Constitucional —Sentencia C-037 de 1996(63)—, se hizo referencia, alusión y menos análisis alguno respecto de la procedencia de la aplicabilidad, en supuestos en los cuales se examine la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del juez, de eximentes de responsabilidad diversas del hecho exclusivo y determinante de la víctima, lo cual se estima acertado comoquiera que lo jurídicamente plausible y además conveniente es que tal suerte de valoraciones sean llevadas a cabo por el juez de lo contencioso administrativo atendido el contexto fáctico de cada caso específico y no en abstracto por el legislador o por el juez constitucional, los cuales ni restringieron ni podían o debían restringir el elenco de tales eximentes de responsabilidad, en este tipo de casos, solamente al hecho exclusivo de la víctima.

Dicho examen sobre la eventual configuración de los supuestos determinantes de la ocurrencia de una eximente de responsabilidad como el hecho de un tercero o la fuerza mayor, por lo demás, debe ser realizado por el juez tanto a solicitud de parte como de manera oficiosa, no sólo en aplicación del principio iura novit curia sino en consideración a que tanto el Decreto-Ley 1 de 1984 —artículo 164— como la Ley 1437 de 2011 —artículo 187— obligan al juez de lo contencioso administrativo a pronunciarse, en la sentencia definitiva, “sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que un fallador encuentre probada”.

Adicionalmente, mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada —además de la antijuridicidad del mismo, claro está—, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al juez de lo contencioso administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales —independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada—, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora”.

Corolario de lo anterior, la Subsección acoge en su integridad la sentencia de unificación de la Sección Tercera, y decidirá este caso con fundamento en el título jurídico de imputación de daño especial.

2.3. Normatividad relevante para la solución del caso.

Ha de precisarse que en el caso de autos, la privación de la libertad y la terminación del proceso por preclusión de la investigación tuvieron ocurrencia antes de entrar en vigencia la Ley 270 de 1996, por lo tanto regía el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que regulaba lo atinente a la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

Por lo tanto, este caso se resolverá con fundamento en el artículo 90 de la Constitución en concordancia con el artículo 414 mencionado.

2.4. Los hechos probados y la solución del caso.

En relación con los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, encuentra la Sala que obra en el expediente:

Expediente 971514

1. Informe sobre los resultados de la revista de fecha 18 de junio de 1993, rendido por el oficial inspector Ricardo Gómez Salcedo (fls. 1 al 3, cdno. 1).

2. Auto cabeza de proceso emitido por el Juzgado 20 de Instrucción Penal Militar (fls. 4 a 5, cdno. 1 de 1ª instancia).

3. Diligencia de ampliación de declaración jurada rendida por el capitán Ricardo Gómez Salcedo (fls. 6 a 8, cdno. 1).

4. Providencia del 19 de octubre de 1993 proferida por el Juzgado 20 de Instrucción Penal Militar en la que se resuelve la situación jurídica de los actores decretando la detención preventiva en su contra (fls. 9 a 17, cdno. 1 de 1ª instancia).

5. Providencia del 18 de abril de 1994 proferida por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Santa Rosa de Osos, Antioquia, mediante la cual otorgan la libertad provisional a los procesados Jesús Giovanny Serna, Héctor Maldonado Londoño, Elkin Alonso Heredia Pérez, entre otros (fls. 18 a 21, cdno. 1 de 1ª instancia).

6. Mediante providencia del 9 de junio de 1995 la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Santa Rosa de Osos, Antioquia, ordenó la preclusión de la instrucción a favor de Jesús Giovanny Sorna Camayo, Héctor Alonso Maldonado Londoño, Elkin Alonso Heredia Pérez, entre otros (fls. 22 a 30, cdno. 1 de 1ª instancia).

7. A folios 31 a 34 obra diligencia de ampliación de indagatoria que rinde el SL. Ospina Ortiz Elkin de Jesús.

8. Concepto del fiscal cuarto, el cual no corresponde al proceso penal por el cual se reclama indemnización de perjuicios (fls. 35 a 43, cdno. 1).

9. Fotocopia de la autorización del subteniente José Miguel Castro Henao al soldado Elkin de Jesús Ospina Ortiz para que le cobre los haberes correspondientes al mes de noviembre de 1993.

10. Providencia del 12 de julio de 1994 proferida por el Tribunal Superior Militar por medio del cual desatan el recurso de apelación contra el auto del 25 de abril de 1997 proferido por el Juzgado 20 de Instrucción Penal Militar, en el que resuelve revocar el auto de detención recurrido y proferido contra los vinculados (fls. 36 a 46, cdno. 1 de 1ª instancia), providencia esta que no corresponde al proceso por el cual se reclama indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad.

Expediente 971520

1. Informe resultados revista de fecha 18 de junio de 1993, rendido por el oficial inspector Ricardo Gómez Salcedo (fl. 1 al 3, cdno. 1).

2. Auto cabeza de proceso emitido por el Juzgado 20 de Instrucción Penal Militar (fls. 4 a 5, cdno. 1 de 1ª instancia).

3. Diligencia de ampliación de declaración jurada rendida por el capitán Ricardo Gómez Salcedo (fls. 6 a 8, cdno. 1).

4. Providencia del 19 de octubre de 1993 proferida por el Juzgado 20 de Instrucción Penal Militar en la que se resuelve la situación jurídica de los actores decretando la detención preventiva en su contra (fls. 9 a 17, cdno. 1 de 1ª instancia).

5. Providencia del 18 de abril de 1984 proferida por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Santa Rosa de Osos, Antioquia, mediante la cual otorgan la libertad provisional a los procesados Jesús Giovanny Serna, Héctor Maldonado Londoño, Elkin Alonso Heredia Pérez, entre otros (fls. 18 a 21, cdno. 1 de 1ª instancia).

6. Mediante providencia del 9 de junio de 1995 la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Santa Rosa de Osos, Antioquia, ordenó la preclusión de la instrucción a favor de Jesús Giovanny Serna Camayo, Héctor Alonso Maldonado Londoño, Elkin Alonso Heredia Pérez, entre otros (fls. 22 a 30, cdno. 1 de 1ª instancia).

7. A folios 31 a 34 obra diligencia de ampliación de indagatoria que rinde el SL. Ospina Ortiz Elkin de Jesús.

8. Concepto del Fiscal Cuarto, el cual no corresponde al proceso penal por el cual se reclama indemnización de perjuicios (fls. 35 a 43, cdno. 1).

9. Fotocopia de la autorización del subteniente José Miguel Castro Henao al soldado Elkin de Jesús Ospina Ortiz para que le cobre los haberes correspondientes al mes de noviembre de 1993.

10. Providencia del 12 de julio de 1994 proferida por el Tribunal Superior Militar por medio del cual desatan el recurso de apelación contra el auto del 25 de abril de 1997 proferido por el Juzgado 20 de Instrucción Penal Militar, en el que resuelve revocar el auto de detención recurrido y proferido contra los vinculados (fls. 36 a 46, cdno. 1 de 1ª instancia), providencia esta que no corresponde al proceso por el cual se reclama indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad.

Los anteriores medios de prueba que también obran en los expedientes radicados bajo los números 971520 y 971433, fueron solicitados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados en el período probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, por lo que serán valorados, conforme a los principios que informan la sana crítica.

No sucede lo mismo con los medios de prueba contenidos en los cuadernos 2 y 5 los cuales no corresponden con la controversia planteada en este proceso, por lo tanto no se valorarán en atención a que nada tienen que ver con el tema materia de prueba resultando por tanto impertinentes.

De los medios de prueba relacionados, infiere la Sala que los ciudadanos Elkin Alonso Heredia Pérez, Jesús Giovanny Serna Camayo y Héctor Alonso Maldonado Londoño, fueron vinculados por el Juzgado Veinte de Instrucción Penal Militar a una investigación penal, en la cual le profirieron medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, y cerrada la investigación la Fiscalía General de la Nación les dictó resolución de preclusión de la instrucción.

Así mismo, encuentra la Sala que efectivamente los mencionados señores permanecieron privados de la libertad desde el 13 de octubre de 1993 hasta el 18 de abril de 1994, cuando les fue concedida la libertad provisional por la Fiscalía General de la Nación —Unidad Santa Rosa de Osos—, por vencimiento de términos.

Previo a analizar el caso concreto, la Sala precisa que, en el presente asunto se vinculó también al Ministerio de Defensa, el cual si bien no hace parte de la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar cumple con la función pública de administrar justicia en un ámbito restringido, cual es, los miembros de la fuerza pública y de la Policía Nacional.

Para la Sala, preciso es determinar i) si efectivamente se causó un daño antijurídico en contra de los demandantes, ii) de encontrarse acreditado, si le es imputable tanto fáctica como jurídicamente a la demandada.

El derecho a la libertad es un derecho fundamental connatural al ser humano, que posibilita el goce o ejercicio de otros derechos, por lo tanto, no cabe duda que, cuando se limita o priva de ese derecho a una persona inocente, se genera un daño, el cual resulta ser antijurídico pues, no existe norma en el ordenamiento jurídico colombiano que obligue a un ciudadano inocente a tolerar o soportar el daño que emana de la privación de la libertad dentro de un proceso penal en el cual no se le desvirtuó la presunción de inocencia.

En este concreto caso, tal daño antijurídico le es imputable fácticamente al Ministerio de Defensa, por cuanto por intermedio de la Justicia Penal Militar, concretamente el Juzgado Veinte de Instrucción Penal Militar, fue la encargada de adelantar la investigación penal y de adoptar, las decisiones que dieron al traste con el derecho a la libertad de los procesados, al iniciar la investigación penal y privarlos de la libertad al momento de resolverles la situación jurídica.

Ahora bien, no sucede lo mismo con la imputación jurídica, por cuanto encuentra la Sala que los procesados dieron lugar con sus conductas gravemente culposas a que se les profiriera medida de aseguramiento, al portar armas distintas a las de dotación oficial y reclamarlas ante la fiscalía aduciendo que eran de dotación oficial.

En efecto, lo anterior se desprende de la providencia de fecha octubre 19 de 1993, aportada por la parte demandante, la cual obra en los tres procesos que luego fueron acumulados, en la que se dice:

“Se allegaron algunos documentos sobre calidad militar de los sindicados, los cuales fueron escuchados en indagatoria, quienes en términos generales, niegan tener relación con la muerte y desaparición de los particulares. Dicen sí, que el señor Cañas fue a la base militar, a solicitar protección porque estaba siendo amenazado de muerte, por eso fueron a acompañarlo los soldados Maldonado y Heredia Pérez, que estando en la finca fueron unas personas buscando a Arnulfo Cañas, para averiguarle por otras personas que no aparecían, luego llegó la Policía y los retuvo y llevó a Santa Rosa. Allá los soltaron por ser soldados. Que por intermedio del SS. Serna Camayo, se solitó (sic) la devolución de dos revólveres que le habían sido incautados a los dos soldados citados, armas que pertenecían a Arnulfo Cañas, y a éste se le devolvieron. (...).

(...).

Leídas y analizadas las pruebas que obran en autos, este despacho infiere lo siguiente:

El 17 de abril de 1993, visitaron al señor Arnulfo Cañas, los señores Leonardo Gamarra, un niño hijo de éste, y Hermes Jaramillo, fueron a cobrarle a Cañas, un dinero que presuntamente éste le debía a Gamarra. Esto lo informa el propio Cañas y la señora de Gamarra.

El 26 del mismo mes, regresaron Gamarra, Hermes, Guillermo Moreno y Dorian Ricardo Correa, a cobrarle el dinero a Cañas pero desde esa fecha desaparecieron. Fue por ello que sus familiares se dedicaron a buscarlos y llegaron el 28 de abril, a la finca de Cañas, como no obtuvieron ninguna información pero sospecharon de que podían estar en la finca, por el trato que se les dio y por algunos detalles que observaron, entre ellos, huellas de moto, acudieron a la Fiscalía de Santa Rosa de Osos, y se practicó allanamiento donde fueron retenidos los soldados Maldonado y Heredia, quienes portaban sendos revólveres. Se supo entonces, que estaban prestándole seguridad a Arnulfo Cañas, porque presuntamente era víctima de extorsión.

Se sabe que a este señor lo acompañaba personal militar, por orden del capitán Guaquez, desde fecha anterior al 26 de abril, esto se infiere de lo dicho por Cañas, de lo afirmado por el soldado Maldonado ante la Policía Judicial de Santa Rosa, y del contexto general de la prueba documental e indagatorias.

(...).

La Fiscalía de Santa Rosa de Osos, y la procuraduría inician investigación por la desaparición de las cuatro personas, hechos en los cuales aparece directamente relacionado personal militar. Tuvo conocimiento este personal que, el 26 de abril de este año, el señor Arnulfo Cañas sería visitado por unos presuntos extorsionistas, por ello se le suministró seguridad con unos soldados que lo acompañaban.

(...).

Por último está el señor SS. Jesús Giovanni Serna Camayo, indagado también en este proceso. Es un hecho cierto, que como comandante del pelotón Lobo Uno, tuvo conocimiento directo de las actividades de su capitán Guaquez, y de los soldados sindicados de los cuales era su comandante inmediato.

Además está el hecho, no claro hasta ahora, de haberse presentado a la Fiscalía de Santa Rosa de Osos, a reclamar los revólveres que le fueron incautados a los soldados Maldonado y Heredia, aduciendo, según la propia expresión del fiscal, que se trataba de armas de uso oficial, y a sabiendas de que se le entregaron en forma provisional, hizo entrega de éstos, según su decir, a Cañas, con quien no había tenido ninguna relación, ni entrevista, como lo anota en su indagatoria.

Pero hay que anotar al respecto que, aparece en autos que, al menos un revólver de éstos, no tenía salvoconducto, y esto se deduce del hecho de que, no tenía número. Qué interés tenía Serna en rescatar, por decir lo menos, esas armas de la fiscalía y entregarlas presuntamente a Cañas.

Son estas las razones que llevan a este despacho, a considerar que el S.S. Serna Camayo, tiene relación grave, con los hechos investigados”.

Luego, en cuanto tiene que ver con los demandantes Elkin Alonso Heredia Pérez y Héctor Alonso Maldonado Londoño, en sentir de la Sala, fueron ellos quienes con su actuar dieron lugar no solo a que se les capturara en la diligencia de allanamiento en la propiedad de Arnulfo Cañas, sino a que les fuese proferida medida de aseguramiento como presuntos responsables del delito de homicidio, debido a que estando de civil portaban armas que no eran de dotación oficial, sin tener autorización de las autoridades competentes para su porte —salvoconducto— y que a la postre resultaron ser propiedad de Arnulfo Cañas, en cuyo predio fueron capturados.

Para la época de los hechos portar armas de fuego sin autorización de autoridad competente constituía un delito, tipificado en el artículo 201 del Decreto-Ley 100 de 1980, cuyo tenor era:

“ART. 201.—Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones. Modificado Decreto 2266 de 1991, art. 1º. El que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones, o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y en el decomiso de dicho elemento.

(...)”.

También el Código Penal Militar de la época —Decreto 2550 de 1988—, tipificó el porte ilegal de armas en artículo 151, cuyo tenor era:

“ART. 151.—<Decreto derogado por el artículo 606 de la Ley 522 de 1999>. Fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos. El que sin justa causa introduzca al país, saque de éste, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera o suministre a cualquier título, o porte armas, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

Si las armas, municiones o explosivos son de uso privativo de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, la pena será de prisión de dos (2) a cinco (5) años”.

Asimismo, en la resolución por la cual se precluyó la investigación a favor de los procesados se corrobora lo dicho al momento de resolverse la situación jurídica, cuando se plasmó:

(...) sostiene Cañas Arango que pidió protección al Ejército un domingo porque como a las dos de la tarde al salir para la finca, en Id variante apareció detrás de él una camioneta verde y blanca, al llegar a la base militar se encontró con el comandante que acababa de llegar en compañía de un soldado de civil, le asignaron dos soldados para que lo acompañaran a la finca. A ellos les dejó un campero Suzuki y dos revólveres no amparados que guardaba en su casa de tiempo atrás, ambas calibre 38L. (...).

Posteriormente se dice en la misma providencia:

“Se sabe que por orden del capitán Guaquez Calderón los soldados Maldonado Londoño y Heredia Pérez se encontraban en la finca de Arnulfo Cañas prestando servicio de escoltas dada la solicitud formulada por éste. Inclusive allí fueron encontrados por los familiares de las víctimas y luego por el personal de la Sijin que practicó el allanamiento y los retuvo, decomisándoles dos revólveres que resultaron ser de Arnulfo Cañas”.

Tipificado como delito el porte de armas sin el permiso correspondiente, es claro en primer término que portar armas sin salvoconducto y sin usar el uniforme del Ejército Nacional, a más de constituir una conducta descrita por el legislador como típica, se exponían de manera por demás descuidada a que fueran capturados y judicializados por la mera conducta del porte ilegal de armas, conducta esta que sumada a la denuncia de los familiares de los desaparecidos, a encontrar sin vida a dos de estos, al informe del capitán del Ejército sobre irregularidades al interior de la institución castrense y a los demás medios de prueba valorados en la providencia por la cual se les resolvió la situación jurídica, dieron lugar a que se les profiriera medida de aseguramiento, siendo claro para la Sala, que fue la conducta típica por una parte y gravemente culposa de otra, desplegada por los aquí demandantes, la que dio lugar a que se les capturara, judicializara y posteriormente se les profiriera medida de aseguramiento de detención preventiva al resolvérseles la situación jurídica, lo cual constituye culpa exclusiva de la víctima al tenor del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual es del siguiente tenor:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.

Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” (se resalta).

Sobre el dolo o la culpa grave del procesado en la producción de la medida de aseguramiento, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, esta corporación ha sostenido en recientes pronunciamientos(64):

“De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso de la referencia, se encuentra demostrado que la señora Diana Patricia Pérez Tobón estuvo vinculada en un proceso penal por el secuestro de un ciudadano. De igual forma, quedó demostrado que ella conocía de la retención arbitraria del plagiado, así como que dialogó con aquél.

En esa línea de pensamiento, el daño es imputable única y exclusivamente al comportamiento gravemente culposo o doloso de encubrir a los secuestradores del señor Guerrero Suárez, pues el haber omitido denunciar un hecho tan grave como la retención ilegal e ilícita de una persona fue el comportamiento determinante que originó que se hubiera adelantado un proceso en su contra.

Y si bien, existió una nulidad que invalidó el proceso y, por consiguiente, generó que se tuviera que reiniciar la investigación criminal, lo cierto es que esa circunstancia no fue la que generó o produjo el daño consistente en la privación de la libertad de la señora Diana Patricia Pérez Tobón. En efecto, fue ella con su comportamiento la que incidió de manera definitiva y directa en la investigación que se adelantó en su contra, pues resulta incuestionable que concurrió en varias ocasiones al sitio donde se encontraba secuestrado el señor Guerrero Suárez, y tuvo pleno conocimiento del delito que se estaba cometiendo.

En ese orden de ideas, la falta de solidaridad y el desconocimiento del principio de confianza —esto es, el cumplimiento de los roles asignados por el hecho de vivir en sociedad— es lo que genera la atribución del daño a la actuación exclusiva y directa realizada por Diana Patricia Pérez Tobón.

Una posición contraria supondría desconocer la participación que tuvo la víctima en la generación del daño antijurídico, y compelería a que el Estado se convirtiera en un asegurador universal puesto que se desencadenaría su responsabilidad con independencia de la imputación fáctica y jurídica de la lesión.

En el caso concreto, la lectura de la providencia de preclusión de la investigación a favor de Diana Patricia Pérez Tobón, proferida por la Fiscalía Especializada de Medellín, es suficiente para arribar a la conclusión de que el daño en el caso concreto no es imputable a la administración de justicia, puesto que fue el comportamiento inadecuado y reprochable de la víctima lo que desencadenó que se iniciara una investigación penal en su contra, máxime si el propio secuestrado dijo haber visto y dialogado con la señora Pérez Tobón en varias ocasiones durante su cautiverio, lo cual quedó demostrado en las diligencias penales”.

En otra decisión más reciente, también se ha dicho por esta corporación sobre este tópico(65)

“Establecido lo anterior, entra la Sala a estudiar la conducta desarrollada por el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, de cara a establecer si puede considerarse como el hecho determinante que contribuyó a la producción del daño, esto es, que se le haya proferido medida restrictiva de su libertad.

Debe precisar la Sala que lo anterior no comporta en manera alguna una revaloración probatoria del proceso penal, ni mucho menos ello tiene la posibilidad siquiera de menoscabar el efecto de cosa juzgada penal tanto formal como material, que de suyo tiene la decisión de preclusión de la investigación penal a favor del aquí demandante.

Sólo que desde el campo de In responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y concretamente desde la preceptiva del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, exige el estudio previo de la conducta del procesado frente a la medida de aseguramiento impuesta a efectos de dilucidar de una parte si ha de considerarse gravemente culposa o dolosa y de otra, si fue la causa de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y dependiendo de la afirmación o negación de estas dos exigencias procederá la exoneración o responsabilidad del Estado.

En tal cometido, observa la Sala que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, tiene a más de una formación militar en el campo de la aviación, la de piloto comercial y aún la de instructor en esta materia, así como la experiencia en dicho campo, todo lo cual le imponía el deber de verificar que quien lo contratara en su profesión de piloto de aviación comercial, fuese el “explotador” de la aeronave a pilotear o la persona que según las normas encargadas de su regulación pudiese realizar tal labor, como también debía transportar sólo elementos permitidos según las normas aeronáuticas.

En este concreto caso, se encuentra acreditado que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, de un lado contrató como piloto el encargo de transportar desde la ciudad de Medellín hasta Bogotá una aeronave con persona distinta de el “explotador”, o de la persona que según este, administraba todo lo relacionado con la susodicha aeronave, y de otra parte, transportó o llevó consigo un tanque en fibra de vidrio que sirve como tanque auxiliar de combustible, que se utiliza para aumentar la autonomía de vuelo de una aeronave, ignorando a quien lo entregaría en la ciudad de Bogotá, y sin establecer con certeza la persona de la cual recibió tal encargo.

Dada la formación profesional y la experiencia específica del señor Gerardo Enrique Rojas Neira, permite inferir que era conocedor de la irregularidad de la propia conducta, que aunada a los hallazgos realizados al interior de la aeronave dio lugar o fue la causa determinante de la imposición de la medida de aseguramiento que restringió su libertad, al ser indicativos de encontrarse ante una presunta conducta punible, de tal suerte que el daño a él irrogado con la privación de su libertad, y puesto de manifiesto en la ulterior resolución de preclusión de la investigación, no le es imputable jurídicamente al Estado, por colmarse la causal de exoneración consagrada en la parte final del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991”.

Para la Sala no cabe duda que los demandantes Elkin Alonso Heredia Pérez y Héctor Alonso Maldonado Londoño, dieron lugar con sus conductas gravemente culposas a que se les capturara, judicializara y profiriera medida de aseguramiento, por lo tanto el daño que en consecuencia se les irrogara le es imputable a ellos y no a las demandadas.

Lo propio sucede con el demandante Jesús Giovanny Serna Camayo, pues viene demostrado que se presentó a la Fiscalía de Santa Rosa de Osos a reclamar los revólveres que le fueron incautados a los soldados Maldonado y Heredia, aduciendo que se trataba de armas de uso oficial, y una vez recibidas, le hizo entrega de dichas armas a su propietario Arnulfo Cañas, pese a que se le habían entregado de manera provisional y que al menos una de ellas no tenía salvoconducto.

Nada distinto puede desprenderse de lo vertido en la resolución de situación jurídica, la cual fue aportada por la parte demandante a este proceso, cuando en ella se plasmó:

“(…).

Por último está el señor SS Jesús Giovanni Serna Camayo, indagado también en este proceso. Es un hecho cierto, que como comandante del pelotón Lobo Uno, tuvo conocimiento directo de las actividades de su capitán Guaquez, y de los soldados sindicados de los cuales era su comandante inmediato”.

Además está el hecho, no claro hasta ahora, de haberse presentado a la Fiscalía de Santa Rosa de Osos, a reclamar los revólveres, según la propia expresión del fiscal, que se trataba de armas de uso oficial, y a sabiendas de que se le entregaron en forma provisional, hizo entrega de éstos, según su decir, a Cañas, con quien no había tenido ninguna relación, ni entrevista, como lo anota en su indagatoria.

Pero hay que anotar al respecto que, aparece en aulas que, al menos un revólver de éstos, no tenía salvoconducto, y esto se deduce del hecho de que, no tenía número. Qué interés tenía Serna en rescatar, por decir lo menos, esas armas de la fiscalía y entregarlas presuntamente a Cañas”.

De lo expuesto, para la Sala es claro que el S.S. Jesús Giovanni Serna Camayo, actuó de manera imprudente en extremo al solicitar la entrega de los revólveres decomisados a los soldados, esgrimiendo que los mismos eran de uso oficial sin serlos y proceder una vez recibirlos de manera provisional, a entregárselos a su propietario quien —como se sabe— manifiesta que no tenían amparo alguno.

Tal conducta dio lugar a que se le judicializara y se le profiriera medida de aseguramiento por los delitos investigados, amén de que el sólo hecho de hacer manifestaciones a la fiscalía distantes de la verdad acerca del uso oficial de las armas de fuego y hacer entrega posterior a Arnulfo Cañas, constituían per se conductas tipificadas como delito, con las cuales se expuso de manera por demás imprudente a que se le profiriera medida de aseguramiento, siendo a él imputables los daños que tal decisión le hubiese irrogado.

Establecido lo anterior, encuentra la Sala que la conducta desarrollada por el señor Elkin Alonso Heredia Pérez, Jesús Giovanny Serna Camayo y Héctor Alonso Maldonado Londoño, fue determinante en la producción del daño, esto es, que se le haya proferido medida restrictiva de su libertad.

Debe precisar la Sala que lo anterior no comporta en manera alguna una revaloración probatoria del proceso penal, ni mucho menos ello tiene la posibilidad siquiera de menoscabar el efecto de cosa juzgada penal tanto formal como material, que de suyo tiene la decisión de absolución de la investigación penal a favor del aquí demandante(66).

Sólo que desde el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y concretamente desde la preceptiva del artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, exige el estudio previo de la conducta del procesado frente a la medida de aseguramiento impuesta a efectos de dilucidar de una parte si ha de considerarse gravemente culposa o dolosa y de otra, si fue la causa de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y dependiendo de la afirmación o negación de estas dos exigencias procederá la exoneración o la responsabilidad del Estado.

En este caso, la Sala es del criterio que los demandantes actuaron con culpa grave o dolo y que sus comportamientos fueron determinantes para que se les profiriera medida de aseguramiento de detención preventiva.

La culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

En el caso bajo estudio, observa la Sala que el señor Elkin Alonso Heredia Pérez, Jesús Giovanny Serna Camayo y Héctor Alonso Maldonado Londoño, actuaron contra expresa prohibición legal, al portar armas de fuego que no eran las de dotación oficial, sino pertenecientes a un particular sin encontrarse amparadas, y de reclamarlas ante la fiscalía como si fuese de uso oficial y luego entregarlas a Arnulfo Cañas quien se las había entregado a los soldados y manifestó que no tenían permiso de autoridad competente para su porte, lo que pone de relieve un actuar descuidado en extremo, que permitía prever que ante una situación como la que sucedió, se vieran involucrados en un proceso penal y de las cuales se podría derivar elementos materiales probatorios con los cuales le edificaran una medida de aseguramiento como en efecto sucedió.

Luego, no existe la menor duda que el daño es imputable única y exclusivamente a la conducta descuidada por demás de los soldados y el sargento segundo del Ejército, que en este proceso fungen como demandantes, quienes asumieron el riesgo de que al encontrarse en su poder armas de fuego sin el permiso correspondiente y luego proceder a reclamarlas como de uso oficial sin serlo y entregarlas a quien se las había proporcionado a los soldados, se les tuviese tal proceder como prueba en contra de ellos, a efectos de que se le fulminase medida de aseguramiento, encontrándonos en presencia de una culpa exclusiva de la víctima, en la forma prevista en el artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991.

Entonces, fuerza concluir que fue Elkin Alonso Heredia Pérez, Jesús Giovanny Serna Camayo y Héctor Alonso Maldonado Londoño, quienes con sus comportamientos inadecuados, descuidados en extremo, incidieron de manera directa y determinante en que se les profiriera medida de aseguramiento de detención preventiva, por lo que se revocará la sentencia venida en apelación, por las razones anotadas en precedencia.

Todo lo anterior, con fundamento en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, según el cual el ad quem debe pronunciarse, sobre todas las excepciones que se encuentren probadas, hayan sido propuestas o no.

5. Condena en costas.

En atención a que no existió temeridad por las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia de noviembre 16 de 2004, proferida por la Sala Primera de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.

2. Declarar de oficio que en este caso existe culpa exclusiva de la víctima, según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

3. Sin costas en la instancia.

4. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su archivo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(33) Sentencia de 30 de junio de 1994, expediente 9734. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 131168.

(34) Sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.

(35) Sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 8666 cit. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13168.

(36) Sentencia del C. de E., expediente 13.606, sentencia del 14 de marzo de 2002 expediente 12.076 citadas en la sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13168.

(37) Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(38) En este sentido, la Sala ha sostenido lo siguiente: “La garantía a los derechos de libertad consignada en el artículo 90 C.P. en consonancia con otros mandatos fundamentales no puede verse reducida a la detención injusta, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal no fueran objeto de indemnización en abierto desconocimiento de dicha preceptiva constitucional.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal a pesar de estar dirigida concretamente a normativizar los casos de detención injusta, sirve también como parámetro para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del trámite del juicio penal, y que igualmente pueden desencadenar la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, derivada de que no cometió el hecho, o de que el hecho no era delito, o de que el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 constitucional arriba analizado”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; radicación 73001-23-31-000-1997-05503-01(16075); actor: Álvaro Delgado Cruz; Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Fiscalía General de la Nación.

(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; radicación 20001-23-31-000-3423-01; expediente 15.463; actor: Adieta Molina Torres y otros; demandado: Nación - Rama Judicial.

(40) De acuerdo con el cual “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”.

(41) Cfr. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; radicación 20001-23-31-000-3423-01; expediente 15.463, antes citada. En el mencionado pronunciamiento se pone de presente, además, cómo también la propia Corte Constitucional, de manera que no deja de resultar algo paradójica —pues lo afirma en la misma Sentencia C-037 de 1996 aludida—, subraya que los alcances del artículo 90 de la Constitución Política no pueden ser restringidos por una disposición legal: “Este es, por lo demás, el entendimiento de la propia Corte Constitucional que, al valorar si el proyecto del referido artículo 65 de la Ley 270 de 1996 se avenía o no al ordenamiento fundamental, sostuvo que “el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado —a través de sus agentes judiciales— por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia”, añadiendo, a continuación, que “…el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo daño antijurídico del Estado —sin importar sus características— ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política” (resalta la Sala)”.

(42) La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo demás, así lo explicitó, de manera rotunda, en pronunciamiento posterior a la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 —Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero— en el cual dejó claro que, frente a las previsiones legales que regulen la responsabilidad del Estado, siempre puede —y debe—·ser aplicado, directamente —cuando sea necesario—, el artículo 90 de la Constitución como pilar fundamental del régimen colombiano de responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas. Las disposiciones contenidas en normas infraconstitucionales que regulen la materia no excluyen, por tanto, la posibilidad —que es, al mismo tiempo, obligación— de que el juez de lo contencioso administrativo aplique todos los regímenes de responsabilidad que encuentren arraigo directo en el artículo 90 constitucional, en todos los casos, asimismo. encuadrables directamente en el tantas veces referido mandato superior: “En tales circunstancias, y conforme a todo lo anterior, se concluye que frente a la norma impugnada [que lo era el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con el cual “Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas”] son totalmente pertinentes las reflexiones efectuadas por la Corte al declarar la exequibilidad del artículo 65 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

(…).

Por todo lo anterior, la Corte considera que la expresión acusada no vulnera en sí misma la Constitución, siempre y cuando se entienda que ella no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Carta al ámbito contractual. En cambio, la Disposición impugnada puede generar situaciones inconstitucionales si se concluye que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 es el único fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia contractual, por cuanto ello implicaría una ilegítima restricción del alcance del artículo 90 que, como se ha visto, consagra una cláusula general de responsabilidad que engloba los distintos regímenes en la materia. Por ello la Corte declarará la citada expresión exequible, pero de manera condicionada, pues precisará que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 no constituye el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado en el campo contractual, por lo cual el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo” (se deja resaltado).

(43) Cfr. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; radicación 20001-23-31-000-3423-01; expediente 15.463, antes citada. En el mismo sentido, puede verse la sentencia, también de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 5 de diciembre de 2007; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; radicación 25000-23-26-000-1995-00767-01(15128); Actor: Carlos Eugenio Ortega Villalba.

(44) En este sentido, la Sala ha sostenido lo siguiente:

“La garantía a los derechos de libertad consignada en el artículo 90 C.P. en consonancia con otros mandatos fundamentales no puede verse reducida a la detención injusta, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal no fueran objeto de indemnización en abierto desconocimiento de dicha preceptiva constitucional.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal a pesar de estar dirigida concretamente a normativizar los casos de detención injusta, sirve también como parámetro para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del trámite del juicio penal, y que igualmente pueden desencadenar la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, derivada de que no cometió el hecho, o de que el hecho no era delito, o de que el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 constitucional arriba analizado”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008; Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio; radicación 73001-23-31-000-1997-05503-01(16075); Actor: Álvaro Delgado Cruz; Demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Fiscalía General de la Nación.

(45) La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo demás, así lo explicitó, de manera rotunda, en pronunciamiento posterior a la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 —Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero—, en el cual dejó claro que, frente a las previsiones legales que regulen la responsabilidad del Estado, siempre puede —y debe— ser aplicado, directamente —cuando sea necesario—, el artículo 90 de la Constitución, como pilar fundamental del régimen colombiano de responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas. Las disposiciones contenidas en normas infraconstitucionales que regulen la materia no excluyen, por tanto, la posibilidad·—que es, al mismo tiempo, obligación— de que el juez de lo contencioso administrativo aplique todos los regímenes de responsabilidad que encuentren arraigo directo en el artículo 90 constitucional, en todos los casos, asimismo, encuadrables directamente en el tantas veces referido mandato superior:

“En tales circunstancias, y conforme a todo lo anterior, se concluye que frente a la norma impugnada [que lo era el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con el cual “Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas”] son totalmente pertinentes las reflexiones efectuadas por la Corte al declarar la exequibilidad del artículo 65 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

(...).

Por todo lo anterior, la Corte considera que la expresión acusada no vulnera en sí misma la Constitución, siempre y cuando se entienda que ella no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Carta al ámbito contractual. En cambio, la disposición impugnada puede generar situaciones inconstitucionales si se concluye que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 es el único fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia contractual, por cuanto ello implicaría una ilegítima restricción del alcance del artículo 90 que, como se ha visto, consagra una cláusula general de responsabilidad que engloba los distintos regímenes en la materia. Por ello la Corte declarará la citada expresión exequible, pero de manera condicionada, pues precisará que el artículo 50 de Ley 80 de 1993 no constituye el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado en el campo contractual, por el cual el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo” (se deja resaltado).

(46) Cfr. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; radicación 20001-23-31-000-3423-01; expediente 15.463, antes citada. En el mismo sentido, puede verse la sentencia, también de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 5 de diciembre de 2007; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; radicación 25000-23-26-000-1995-00767-01(15128); Actor: Carlos Eugenio Ortega Villalba.

(47) Al respecto, se ha sostenido lo siguiente: “La Sala no pasa por alto la afirmación contenida en la providencia del tribunal nacional que hizo suya el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de que la conducta de los implicados no aparecería limpia de toda “sospecha”, pues entiende, que frente a la legislación procesal penal colombiana, la sospecha no existe y mucho menos justifica la privación de la libertad de una persona.

(…).

La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es ésta precisamente a la luz del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal la base para el derecho a la reparación. Ya tiene mucho el sindicado con que los jueces que lo investigaron lo califiquen de “sospechoso” y además se diga que fue la duda lo que permitió su absolución, como para que esta sea la razón, que justifique la exoneración del derecho que asiste a quien es privado de la libertad de manera injusta.

(…).

Ante todo la garantía constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicación cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba, del principio in dubio pro reo. Pero lo que sí debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado social de derecho la privación de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofía garantística del proceso penal que ha de prevalecer. Aquí, como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontrarían soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de más de tres años al demandante, para final pero justicieramente otorgársele la libertad previa absolución” (se ha resaltado). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 1997; C.P. Daniel Suárez Hernández: expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves.

(48) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; radicación 73001-23-31-000-15879-01; expediente 15.989; Actor: Fanny Ortegón Navarro y otros.

(49) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de octubre de 2007; expediente 520012331000199607870 01; radicado 16.057; demandante: Segundo Nelson Chaves Martínez; demandado: Fiscalía General de la Nación.

(50) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010; C.P. Enrique Gil Botero; radicación 25000-23-26-000-1995-00595-01 (18960); Actor: Rogelio Aguirre López y otros. En este pronunciamiento se encuentra, adicionalmente, un cuidadoso análisis histórico, filosófico y jurídico, respecto del contenido y de los alcances de la libertad como derecho, principio y valor normativo.

(51) Pérez Lúño, Antonio Enrique, Los derechos fundamentales, sexta edición, Tecnos, Madrid, 1995, pág. 174.

(52) Peces-Barba Martínez, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Universidad Carlos NI de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, págs. 217 y 226.

(53) Repárase, en este sentido, lo preceptuado por el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos —incorporada en el ordenamiento jurídico colombiano con la Ley 16 de 1972—:

“ART. 7º—Derecho a la libertad personal.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios” (se ha resaltado).

(54) En general, en esa dirección apuntan los preceptos que, dentro de las distintas codificaciones procesales penales, se han ocupado de establecer unos requisitos rigurosos —especialmente desde el punto de vista probatorio, aunque también en cuanto a la justificación y finalidades de la procedencia de este tipo de medidas— para que se pueda ordenar una medida de aseguramiento, en particular, la de detención preventiva. Así, por ejemplo, se advierte en lo normado por el artículo 318 del Decreto-Ley 2700 de 1991 —vigente para la época en la cual ocurrieron los hechos que dieron origen al presente litigio— o en los artículos 306 a 320 de la Ley 906 de 2004.

(55) Sobre los presupuestos de la privación preventiva de la libertad pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-397 de 1997 y C-416 de 2002.

(56) Precepto de conformidad con el cual “[L]os tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

(57) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010; C.P. Enrique Gil Botero; radicación 25000-23-26-000-1995-00595-01(18960); Actor: Rogelio Aguirre López y otros.

(58) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de octubre de 2007; expediente 520012331000199607870 01; radicado 16.057; demandante: Segundo Nelson Chaves Martínez; demandado: Fiscalía General de la Nación.

(59) En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe —en el verdadero sentido de su expresión—, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizar de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y. por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que sólo se justifica y se explica en función de la protección de los derechos de los asociados, amén de que la consagración de una carta de derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico.

(60) Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de agosto de 1998; C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; expediente IJ-001; Actor: Vitelina Rojas Robles y otros; en el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de septiembre de 1998; expediente IJ-002; Actor: Leonor Fandiño de Tarazona y otros.

(61) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; radicación 20001-23-31·000-3423-01; expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación - Rama Judicial.

(62) Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

(63) En la decisión en comento la Corte Constitucional, para fundamentar la declaratoria de exequibilidad condicionada del proyecto de disposición examinado, discurrió de la siguiente manera:

“2. Consideraciones de la Corte

Este artículo contiene una sanción por el reconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la Rama Judicial. Gran parte de la responsabilidad de las faltas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible”.

(64) Sentencia de agosto 29 de 2012, M.P. Dr. Enrique Gil Botero, radicación interna 25.276.

(65) Sentencia de fecha 30 de enero de 2013, expediente 23514, actor Gerardo Enrique Rojas Neira, demandada Fiscalía General de la Nación, acción de reparación directa, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(66) Sentencia de fecha 30 de enero de 2013, expediente 23514, actor Gerardo Enrique Rojas Neira, demandada Fiscalía General de la Nación, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.