Sentencia 1997-01813 de febrero 1º de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

REGISTRO MERCANTIL DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

Celebración de contrato con quien está nombrado representante pero no ha sido inscrito.

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Referencia: expediente 1997-01813-01

Bogotá, Primero (1º) de febrero de dos mil seis (2006).

Decídese el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 3 de marzo de 2004, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Bogotá en el proceso ordinario de Vásquez de Lizarralde y Cía. S. en C. contra Orlando Bermúdez Ibarra.

I. Antecedentes

Pidióse declarar nulo, de nulidad relativa, según lo precisó la actora al subsanar la demanda, el contrato de compraventa de que da cuenta la escritura 1589 de 19 de abril, aclarada por la 2442 de 4 de junio, ambas de 1996 y expedidas en la Notaría 38 de Bogotá, respecto de un inmueble ubicado en Girardot (Cund.) y, en consecuencia, cancelar dichos instrumentos al igual que su inscripción en el registro competente; subsidiariamente, declararlos absolutamente inoponibles a la demandante.

Como hechos adujo los siguientes:

La demandante, constituida por Diana Soraya Vásquez Herrera como socia gestora y los menores de edad Héctor Manuel y Stefanía Lizarralde Vásquez como comanditarios, adquirió el predio objeto de la venta cuestionada por escritura 8697 de 20 de diciembre de 1990.

En 1994 se reformaron los estatutos sociales, sustituyéndose a la socia gestora por Marlén Clemencia Vásquez Herrera, a quien en el mismo instrumento, que fue debidamente registrado en la cámara de comercio, le fueron restringidas las facultades como representante legal al imponerle la obligación de solicitar autorización previa y por escrito a la junta de socios para celebrar negocios que excedieran los tres salarios mínimos legales mensuales; “en desarrollo de sus facultades estatutarias” esta procedió a otorgarle poder general a Diana Soraya Vásquez Herrera.

A pesar de que al vender —con pacto de retroventa— Diana Soraya carecía tanto de autorización como de representación de la sociedad, dijo ostentar dicha calidad al suscribir la escritura, en la cual, además, no quedaron identificados correctamente ni el inmueble ni el comprador, ni señalaron el precio y el término para cumplimiento del pacto de retroventa, falencias que solo fueron suplidas en la escritura aclaratoria.

El acta de junta de socios 001 de 1995, por la cual se sustituyó nuevamente la calidad de socia gestora en Diana Soraya y suprimieron las restricciones a la representante legal, fue protocolizada en la escritura de venta tratando de legalizar lo atinente a la representación; sin embargo, esa sustitución fue desistida por la junta de socios, por lo que no cumplió ningún efecto, pues además no fue elevada a instrumento público ni tampoco inscrita en el registro mercantil.

La demandante conserva el inmueble y no ha recibido el dinero de la venta ni conoce al supuesto comprador quien nunca ha ocupado ni poseído el bien.

El demandado resistió las pretensiones, alegando “falta de causa, derecho y temeridad para demandar”.

El ad quem revocó la sentencia estimatoria de primera instancia y a cambio denegó las súplicas de la demanda.

II. La sentencia del tribunal

Persuadido de que “el tema medular y único sobre el cual se finca la acción” está en establecer si quien actuó como representante de la demandante en la negociación “era en puridad de verdad tal, o si por el contrario no lo era”, subrayó qué cosas estaban fuera de discusión.

Entre estas, la venta, la renuncia de Clemencia a su condición de socia gestora, renuncia que según el acta 001 de 1995, protocolizada con la escritura fue aceptada por la junta de socios, la designación de Diana Soraya por parte de todos los socios “como representante legal”, así como su aceptación y posesión, quedando entonces pendiente lo relativo a la suscripción de la escritura contentiva de la reforma y la inscripción en el registro competente.

Por modo que si hubo renuncia y esta fue aceptada, es claro que siendo obligatorias las decisiones de la junta de socios a términos del artículo 188 del Código de Comercio, las cuales conservan todos sus efectos mientras no sean revocadas ni anuladas, algo que no está demostrado, Clemencia no podía ser “representante legal de la empresa”, como que esta surge por la designación legal y estatutaria del órgano facultado para ello, y la inscripción en el registro mercantil solo dota de publicidad el acto, sin perfeccionar el nombramiento. Es decir, Clemencia no pudo “fungir como representante legal dado que renunció al encargo”.

Además, el acta 001 de 1995 reúne los requisitos de fondo y forma del artículo 189 ibídem, y así no esté inscrita en la cámara de comercio, al conocerla el tercero interesado se cumplió frente a él con el requisito de la publicidad, pues distinto hubiera sido que luego de la fecha del acta y antes de la celebración del acto dispositivo se hubiese revocado la representación a Diana Soraya.

En conclusión, para la celebración del contrato Diana Soraya tenía la representación, “representación que frente a los socios y a la sociedad como tal aún sigue vigente aunque no para terceros que desconozcan el acta 001 de 1995, porque frente a ellos no se ha cumplido con el requisito de darla a la publicidad”, lo que traduce que para demandar la nulidad quien debía obrar en esa condición es Diana Soraya.

Adicionalmente, no es posible aplicar el artículo 164 ibídem, “dadas las particulares connotaciones de carácter fáctico que rodearon la negociación (...) todo ello en consonancia con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-974 de octubre 2 de 2003 que permite deducir quién es el representante legal a partir de la prueba que milita en el proceso y no únicamente del certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio”.

III. La demanda de casación

Los dos cargos formulados por la primera de las causales del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil serán despachados en forma conjunta por tener similar soporte.

Primer cargo

Acusa la violación directa de los artículos 28, ordinal 1º, 34, 112, 117, 158, 166, 188, 189, 190, 196, 326, 327, 340, 833, 837, 840, 841, 898, 899 y 901 del Código de Comercio, en cuanto que el acta 001 de 1995 no revela que Diana Soraya era y sigue siendo representante de la sociedad, ni que Marlén Clemencia dejó de serlo.

En el despliegue del cargo comenta el alcance del artículo 196 del Código de Comercio, en cuanto señala que la representación de una sociedad y la administración de sus bienes debe ajustarse a las estipulaciones del contrato social conforme al régimen y tipo societario, advirtiendo que en las comanditarias la representación y administración recae en el socio gestor, quien por ende la representa.

Por su parte, memora que el artículo 158 ídem establece que las reformas estatutarias deben reducirse a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil, sin que frente a terceros produzca efectos sin el cumplimiento de los señalados requisitos, de donde, observa, el cambio en la representación legal de las sociedades comanditas “necesariamente significa una reforma estatutaria ya que implica el cambio del socio gestor que por mandato legal le corresponde la administración”, acentuando también que las limitaciones a las facultades del representante deben constar en el contrato e inscribirse en el registro mercantil a efecto de que sean oponibles a terceros.

Explica en ese sentido, que si se cambia la representación legal en una de estas sociedades en comandita, “es decir se varía al socio gestor (...) ello implica una reforma estatutaria que deberá darse al interior (sic) de la junta de socios (...) Pero con ello no basta para predicar que se reformaron los estatutos (...) es necesario reducir la reforma a escritura pública”, y que esta sea inscrita en el registro mercantil, pues de lo contrario no producirá efecto alguno respecto de terceros (art. 158, inc. 2º).

Así, traído esto al caso, Diana Soraya no tenía “vocación ni aptitud” para comprometer a la sociedad. Se equivoca el tribunal al considerar que la representación surge de la designación por el órgano competente, y más aún cuando “desprecia la inscripción en el registro mercantil” al considerar que tiene una finalidad meramente publicitaria, dado que tal registro “dota de eficacia erga omnes la reforma”. La ausencia de registro, a pesar de lo que expresa la Corte Constitucional, cuya doctrina solicita rectificar, hace inoponible el acto a terceros, como lo manda el artículo 901 ejusdem, pues es la oponibilidad la que brinda seguridad jurídica al conglomerado social, estando el sistema de registro edificado para brindar seguridad jurídica y evitar situaciones como la acontecida.

Fue así como el tribunal tuvo por modificados los estatutos sociales y la representación en cabeza de Diana Soraya, yerro por el cual pide casar la sentencia y declarar la nulidad absoluta del contrato.

Segundo cargo

Por este denuncia el quebranto indirecto, por falta de aplicación, de los mismos preceptos a que alude el cargo anterior, además del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, a cuenta de errores de iure y fácticos en la apreciación de pruebas.

El de derecho se configuró, en cuanto que si bien el acta 001 de 1995 es el primer paso para reformar los estatutos, el tribunal tuvo por demostrada la modificación con base en un medio probatorio no idóneo para acreditarla, porque la ley reclama otro, violando el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

Si hubiera considerado que los estatutos no fueron modificados habría entendido que Diana Soraya no estaba en las condiciones jurídicas para obligar a la sociedad.

El fáctico, por su lado, al no ver que el acta 001 de 1995, incorporada a la escritura 1589 de 19 de abril de 1996, sí fue revocada íntegramente, cual se aprecia en acta 004 de 1995 de la junta de socios, aportada dentro del trámite de la excepción previa propuesta por el demandado, sin que fuera objetada o tachada de falsa, pretermisión evidente que condujo al juzgador a una conclusión contraria a la evidencia, al afirmar que incluso hoy en día Marlén Clemencia no es la representante de la sociedad sino Diana Soraya, con base en el acta 001 de 1995 que en su criterio no ha sido revocada ni impugnada o por lo menos en el plenario no aparece prueba.

Consideraciones

Para desarrollar y ejercer la capacidad que les asiste, las personas jurídicas han de tener establecido, legal y contractualmente, los órganos de expresión que definan el querer social (asambleas, juntas), que generalmente son los encargados de trazar los programas y las estrategias necesarias y convenientes para la obtención del fin social perseguido.

Mas, como para tales logros es necesario el interactuar de la sociedad, vale decir, poner por obra el pensamiento y la intención, a más de la existencia de esos órganos directivos y administrativos son necesarios otros que sean los encargados de dinamizar la vida del ente societario, sirviendo de vehículo frente a los terceros en el mundo propio de los negocios, señaladamente para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Háblase ya de los órganos de representación. En compendio, y parangonando un poco, aquellos deliberan y deciden la voluntad general, y estos la ejecutan; la asamblea por ejemplo no declara nada a los terceros, simplemente habla para la sociedad. Justamente, porque no es lo mismo querer que ejecutar, es por eso que se requieren órganos de aquí y de allá. En el simple querer y formar la voluntad social, habrá actos que dicen de la vida interna de la sociedad, al paso que los otros dan cuenta, permítase la metáfora, de la verdadera “vida social” de la persona en cuanto se relaciona con terceros, esto es, su vida externa. De ahí que a los órganos de representación se les conozca también con el nombre, más revelador quizá, de órganos de ejecución.

Estos últimos son los que hacen al caso, habida cuenta que no existe ahora, en el caso de hoy, mayor interés que el establecer cómo las personas jurídicas exteriorizan su voluntad, y particularmente el modo como el querer social llega eficazmente al destinatario, o sea a los terceros que con ella negocian. Es ese el punto. Tanto es así, que despejado que sea él, sin más quedará zanjada esta contienda.

Pues bien. El hecho de que las personas jurídicas se valgan de órganos de ejecución para difundir su querer, hace elemental pensar que ellas requieren la seguridad de que quienes las contacte con terceros sean verdaderos portadores de la voluntad social, y que, por lo mismo, tengan la certeza de que el vínculo jurídico que pretendan crear esos terceros será, no con quien física y materialmente les hable, sino con la persona jurídica; y mayormente de cuándo se la está obligando válidamente. Lo menos que podía hacer la ley en esa dirección, era exigir que el contrato social empiece por despejar las dudas, señalando con certeza cuáles las potestades y las limitaciones de los administradores (C.C., art. 110, num. 6º).

Pero igual seguridad, o quizás mayor, requieren los terceros, toda vez que es de interés público que ellos tengan la evidencia de que contratan es con la sociedad. Se les debe garantizar de alguna manera el saberlo con certeza, de tal suerte que la sociedad no tenga luego modo de desconocerlo. Y con ese fin no se ideó mejor garantía y protección para ellos que el del registro mercantil; sí, es común opinión la de la conveniencia de que se publicite y divulgue quiénes son los representantes o administradores de la sociedad (art. 164 in fine).

Desde luego que tal publicidad, por sus propias connotaciones, no podría llevarse de cualquier modo, sino mediante la creación de un sistema organizado, serio y responsable. Esa función fue encomendada inicialmente a los jueces, mas hoy se lleva a efecto a través de las cámaras de comercio; y porque busca asegurar la credibilidad y la confianza en el comercio, es evidente que se trata de una función pública, que precisamente permite a la comunidad tener acceso a la información sobre los hechos, actos, contratos y documentos que a los ojos de la ley revisten mayor trascendencia en la vida de los comerciantes, los cuales pueden ser consultados y hasta obtener copias de ellos (art. 26 de la misma codificación). La inscripción correspondiente genera la fe pública. Y como los certificados que expidan las cámaras de comercio están llamados a reflejar la realidad de lo que acontece en el interior de las sociedades, bien vale poner de resalto que, más allá de la posibilidad que brinda en torno al acceso de información, la inscripción está dotada de tal virtud publicitaria que a nadie es permitido escapar de sus efectos vinculantes, pues se presume que ha sido de conocimiento general. Dicho en breve, nadie puede pretextar que desconocía el hecho o acto que fue inscrito debidamente. La inscripción, itérase, crea la ficción de que todos lo conocen.

Que la inscripción cumple fines publicitarios, nadie lo discute. Lo que se disputa es si algunas veces está llamada a cumplir un rol polivalente, y particularmente si por encima de la simple divulgación ostenta también un efecto constitutivo. Dícese, en efecto, que hay actos sin cuya inscripción se resienten en su validez y eficacia; lo que es decir, que la inscripción es necesaria para su perfeccionamiento jurídico.

En medio de ese debate, empero, una cosa es digna de destacar, pues consideración de mayor aprecio es el pensamiento que en la exposición de motivos plasmaron los redactores del proyecto de código de 1958, sustancialmente igual al definitivo, idea que sin duda es bastante esclarecedora al respecto.

Díjose allí ciertamente:

“La comisión se aparta, pues, de la concepción del registro como requisito necesario para la validez de determinados actos y lo concibe como simple requisito de publicidad, a tono con una tendencia ya muy bien definida en el derecho comercial moderno y de la que son muestras elocuentes el sistema de registro del código italiano de 1942 y el del decreto francés de 9 de agosto de 1953”.

Y para mayor claridad agregó:

“Con esto se da unidad al sistema y se corrige el del derecho escrito del país, en el que el registro mercantil cumple a veces una función sustantiva de elemento esencial de la validez de determinados actos jurídicos, y en otras ocasiones cumple simplemente una función de publicidad”.

Tan contundente teleología es imposible desconocerla. A lo menos, ella será sin duda la pauta a seguir a la hora de las definiciones, porque es el principio rector sobre el que gravita la materia. Bien pudiera ser, entonces, que tal o cual evento llamase a discusión e incluso diera pie para pensar en una función constitutiva del registro, pero en todo caso serían verdaderas excepciones.

Prueba palpable de todo ello es que la inscripción no está de ordinario sujeta a término alguno, y que, antes bien, puede ser solicitada “en cualquier tiempo”. Mientras se inscribe ¿qué sucede entonces? Pues que el acto no produce efectos respecto de terceros, cual paladinamente lo indica el numeral 4º del artículo 29 ejusdem, y también lo hacen, ya de modo particular, otras tantas normas. Si esa es la única consecuencia que la ley misma tiene prevista, fuerza es colegir que el registro ni le quita ni le pone validez al acto, porque solo juega para saber cuál es el radio de acción de sus efectos, si más acá o más allá. Evidentemente, sin registro, sus efectos son de corto espectro, pues solo alcanza a las partes que en él consintieron; en cambio, efectuada la inscripción adquiere efectos erga omnes, incluidos los terceros que no participaron en su creación.

Cuando tal sucede, entonces, no se está en el campo de la nulidad o ineficacia sino en el de la inoponibilidad. Vale decir, según que los actos, hechos, documentos o circunstancias hayan sidos dados a conocer públicamente, o no, así mismo serán oponibles o inoponibles a los terceros. Ahí se nota que donde se diga publicidad se dice al propio tiempo oponibilidad, y viceversa, como que, según el artículo 901 del mismo cuerpo normativo, “será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija” (se destaca adrede).

Algunos han creído ver en la inscripción de los órganos de representación de la sociedad una excepción al citado postulado, y que tiene entonces efectos constitutivos. Empero, no hay razones que fundadamente lleven a esa conclusión, acorde con las siguientes reflexiones.

Ello aunque la Corte pensase por un instante en que, por cierto, los órganos de representación son los que proyectan la sociedad extrínsecamente —gestión externa que se llama—, y ello autorice perfectamente a decir que la connotación de la inscripción mercantil adquiera en esa esfera visos de mayor trascendencia. No es lo mismo, de veras, la inscripción de las decisiones emanadas de los órganos de administración o de fiscalización, llamados como se sabe a gobernar y regular la vida doméstica de la sociedad, pues en estos casos el conocimiento interno de lo sucedido se da por hecho, y difícilmente puede imaginarse una distorsión de la realidad; sucedido el hecho parece que nadie lo debe ni puede desconocer. Algo diferente cuando las decisiones a inscribir tienen vocación para franquear las líneas internas de la sociedad, pues los terceros, sus destinatarios, no han participado en ellas, y es lógico que no tengan porqué, y a veces ni cómo, saber de la verdad verdadera; y, claro, bien podría ser que una sea la realidad y muy otra la apariencia. Es entonces cuando la necesidad de la inscripción ya no admite discusiones. En efecto, llegado el momento en que la dinámica social del ente colectivo no mira hacia adentro sino afuera, y que por lo tanto los lazos y vínculos pretenden formarse con extraños —en una zona caracterizada señaladamente por adquirir derechos y contraer obligaciones—, es forzoso eliminar la equivocidad, para así tutelar principalmente los derechos de los terceros.

Pero ni aun así, insístese, fuera posible pensar que el asunto escape a la regla general, y que la inscripción adquiera connotación constitutiva, por lo siguiente:

Bien es cierto que el artículo 164 del código dice que quien aparezca inscrito como representante lo seguirá siendo mientras no se cancele con una nueva inscripción, y que además añada que así es para todos los efectos legales. Mas nada diferente puede descubrirse allí que el mero efecto de la inoponibilidad, y como se dijo, para seguridad de los terceros. Estos se atienen a lo que aparezca publicado, y la sociedad no podría imponerles lo que ella haya decidido pero sin anunciarlo. Por modo que si, con observancia plena de las normas a seguir, se produce un nombramiento o remoción de un administrador o representante, existe —ni por lumbre podría desconocerse— una voluntad social en el sentido de remover al que aparece inscrito, pero mientras materializa la publicidad a que está obligada, su representante, a los ojos de los terceros, es quien aparezca inscrito en el registro mercantil. Mientras el ente societario no exteriorice legalmente su voluntad interna, de ella no puede valerse para derivar efectos contra terceros. Por donde se viene el pensamiento que si la sociedad quiere que su voluntad real coincida con la aparente que refleja el registro, tiene la carga de hacer la inscripción. No hay término, ya se dijo, para satisfacer la carga registral; pero en el entretanto, asume las consecuencias.

Lo que conduce a sostener, entonces, que mientras el comerciante no cumpla con la obligación mercantil que supone el registro, asume “las consecuencias adversas derivadas del ordenamiento jurídico, entre otras, (...) la inoponibilidad de los actos, hechos o circunstancias sometidas a registro”, pues el registro, en cuanto toca con el representante, administrador y revisor fiscal, es “un medio de oponibilidad y de protección a los terceros [los que si bien] no podrán lograr una pena o castigo respecto del inscrito (por ejemplo, una sanción tributaria o procesal), (...) podrán tenerlo como tal para otros efectos, verbi gratia, para otorgar eficacia a las relaciones mercantiles a través de la aplicación de la teoría de la apariencia”, cual lo ha puesto de presente la doctrina constitucional al analizar el punto (sent. T-974/2003), o, como también lo ha expresado a propósito de la falta de inscripción de la designación del revisor fiscal en el registro público mercantil la jurisprudencia contencioso-administrativa, puntualizando que esta “no afecta o supedita la existencia y validez del acto de nombramiento, pues una vez elegido (...) debe iniciar el cumplimiento de sus funciones y asumir las obligaciones y responsabilidades propias de su cargo, por ello se dice que el registro mercantil es un acto declarativo, mas no constitutivo (C.E., Sec. Cuarta, sent. jun. 14/2001).

De todos modos, la singularidad del tema hoy propuesto a la Corte, exige hacer todavía algunos análisis adicionales, como se verá en las líneas que siguen. A todas estas cabe preguntarse ya: ¿conforme a lo dicho, qué sucede si el tercero contrata con quien está nombrado debidamente como representante, pero no ha sido inscrito? Una primera aproximación al asunto, denota sin ambages que nadie debiera elevar la voz, pues nadie está llamado a engaño. No la sociedad, habida cuenta que, antes bien, su voluntad ha sido atendida y acatada; qué más quisiera que su querer, el real, entre a derechas, sin formalismos; esto es, no necesitó publicitar lo que quería. Tampoco el tercero, porque también él sabe la realidad verdadera y no requirió de publicación para enterarse. Por encima del conocimiento ficto que genera la publicidad conoce es la verdad entera. Tal vez aventaja a los demás que apenas si cabalgan sobre la ficción y la presunción. Presunción que muy a propósito es apenas juris tantum, y por consiguiente es de su naturaleza el ser esencialmente desvirtuable. Total, parece irrecusable que en condiciones semejantes ninguno de los contratantes estaría asistido de interés jurídico para accionar, pues tendría que hacer pie no más que en vacuos formalismos, que ciertamente no reflejan la verdad. El desaliento no podría ser mayor al comprobarse así el divorcio absoluto entre el mundo legal y el real.

Amén de que de otro modo sería una inadecuada aplicación de la teoría de la inoponibilidad, la cual, dicho al paso, no ha gozado en la práctica de cierta exactitud y precisión. En el propósito de procurarlo, es dable asegurar con llaneza que no bien se menciona la inoponibilidad y salta a punto la idea de que hay alguien a quien proteger. Alguien que por no ser partícipe en el asunto, se pone a cubierto de sus efectos. Evidentemente, ruda ofensa contra la libertad negociadora fuese la de vincular a quien no ha consentido. Contra su voluntad, pues, nada se puede. Allá entre quienes prestaron su consentimiento, que no es otra cosa sino los efectos inter-partes.

Decíase entonces que hay un sujeto —tercero de cara a la relación de otros— que es digno de protección. Todo para denotar que la figura de la inoponibilidad es un derecho, un beneficio para el tercero. Lo que quiere decir, en buenas cuentas, que los actos inoponibles no se pueden hacer valer contra él. Eso y nada más. Así está él a salvo de que con ello se le pueda causar perjuicio. En consecuencia, se desnaturaliza el fenómeno de la inoponibilidad cuando se cree que también constituye una obligación para el tercero, en el sentido de que del acto inoponible no puede hacer cuenta ni para bien ni para mal; que así como no lo pueden utilizar en su contra, tampoco él puede tomarlo en consideración; visto desde otra perspectiva, que para él no existe más que el acto que le es oponible, vale decir, el que sí cumplió con el requisito de publicidad, que le resulta así ineluctable porque para él no hay más que lo registrado, y que por consiguiente todo lo que haga con desatención de ello le es adverso o nugatorio. No. Esa no es en verdad la recta inteligencia de la inoponibilidad; ella, repítese, simplemente dice que al tercero no le pueden deducir consecuencias contra su voluntad. Acaso el ejemplo de la simulación venga oportuno para destacar que los terceros se atienen, como no podía ser de otro modo, a la voluntad externa, a la conocida, e inmunes quedan respecto de la verdadera intención que los contratantes tuvieron a bien guardarse; el pacto secreto jamás puede ir contra ellos; pero, dado el caso, pueden valerse de la voluntad interna si es que cuadra a sus intereses. En una palabra, estarán a lo que mejor les convenga, al pacto secreto o al público; a ello se someten los simuladores, justamente a decir de Josserand por soplar “frío y caliente” al propio tiempo.

Así que volviendo la mirada al caso particular en estudio, se tiene lo siguiente: está admitido que cuando Diana Soraya vendió el inmueble había sido en verdad designada como socia gestora, según acta 001 de 1995. Y como tal designación no había sido objeto de inscripción en el registro mercantil, en este figuraba aún como representante otra persona. Claro era entonces que la sociedad aún no había cumplido con la carga de la inscripción, y así estaba asumiendo las consecuencias de la inoponibilidad, pues en caso tal los terceros se atienen al registro mercantil, sin que aquel nombramiento pudiera surtir efectos contra ellos. Pero igualmente si Bermúdez contrató con quien estaba nombrada como socia gestora, lo que ello significa es que tanto la sociedad como el tercero actuaron acordemente, y sobre todo con fundamento en la realidad misma de las cosas. Allí nadie estuvo engañado, pues se hizo la voluntad tanto del uno como del otro. Nadie fue defraudado en ese preciso aspecto. Incluso la sociedad había otorgado, por otro lado, poder general a la misma Diana Soraya.

Por tanto, no es de recibo que ahora la sociedad pretenda sacar partido de su omisión —precisamente cuando dejó de registrar el citado nombramiento—, y que, desnaturalizando toda la fenomenología dicha, aduzca que Bermúdez no podía contratar sino con el representante inscrito. Es, como se dejara establecido, un equivocado entendimiento de la inoponibilidad. Y por efecto de la funcionalidad de esta figura jurídica, no podría tampoco la sociedad pretextar válidamente que dicho nombramiento había sido revocado en acta posterior, pues sin contar que esta, que traída fue a última hora, carece de elementos que digan relación con el tiempo de su ocurrencia, el caso es que esa sí no podría oponerse contra el tercero, y hasta ignora el conocimiento y la voluntad que este haya tenido en ello.

Por tanto, el cargo no florece.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha anotadas.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la impugnante. Tásense.

Notifíquese y devuélvase tempestivamente al tribunal de procedencia.

Edgardo Villamil Portilla—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—César Julio Valencia Copete. 

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