Sentencia 1997-01887 de febrero 13 de 2013

 

Sentencia 1997-01887 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 05001-23-31-000-1997-01887-01 (24.590)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Yaneth Cifuentes Ardila y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de agosto de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. La caducidad es el fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción por no haber ejercido su derecho dentro de la oportunidad legal, ello ocurre cuando el plazo concedido por el legislador para formular una demanda vence sin que se haya hecho ejercicio del derecho de acción, este lapso está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no.

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En esa perspectiva, el legislador ha establecido unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a efectos de que el juez competente defina el litigio o controversia.

Así las cosas, la ley asigna una carga a los ciudadanos para que, ante la materialización de un determinado hecho dañoso, actúen con diligencia en la reclamación efectiva de los derechos reconocidos sustancialmente por las disposiciones jurídicas.

2. Con relación a la caducidad de la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998— establece lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por acusa [sic] de trabajo público o por cualquier otra causa”.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta corporación(1) ha reiterado que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa que causó el perjuicio, pues al encontrar su fundamento en la existencia del daño cuya indemnización se reclama, el cómputo de la caducidad se inicia una vez configurado el hecho o acontecimiento generador de aquel.

Sin embargo, debido a la complejidad de las relaciones sociales, no siempre se puede determinar con precisión la fecha del hecho dañoso, o si fue uno solo el causante del mismo, o por el contrario, si obedeció a una multiplicidad de causas. Así las cosas, se ha sostenido que en algunos eventos, el término de caducidad debe ser contabilizado a partir de la fecha en la que los actores tuvieron conocimiento del suceso que produjo el daño. Es así que, en los casos en los que no se puede determinar con exactitud la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, el término de caducidad debe ser computado a partir del momento en que se tenga pleno conocimiento de la lesión a un bien o interés jurídico, y principalmente, desde que se tiene certeza de la entidad del mismo. Si bien, en algunos eventos, se conoce el hecho que produjo el daño, lo cierto es que no siempre se tiene conciencia de la relación entre ambos, lo que le imposibilita al interesado establecer una conexión entre el daño y su causa.

Es de resaltar que este desconocimiento se predica del perjuicio mas no del responsable individualmente considerado, toda vez que nada impide al afectado demandar a todas las entidades que considere, eventualmente, estarían llamadas a reparar el daño.

3. En el caso sub examine, se tiene que en demanda presentada el 24 de julio de 1997, se solicitó declarar responsable a la Policía Nacional a título de falla en el servicio por la muerte de dos concejales del municipio de Yondó y de su conductor.

Con fundamento en lo expuesto en el libelo demandatorio, se tiene que los demandantes estuvieron presentes en el lugar de los hechos, poco tiempo después de su ocurrencia, de lo cual se concluye que tuvieron conocimiento del daño el mismo día, esto es, el 7 de febrero de 1991.

Para la Sala, no es de recibo la solicitud de contabilizar el término de caducidad de la acción a partir del año 1995, comoquiera que, contrario a lo alegado por el demandante, no existe providencia que haya declarado la responsabilidad de un agente de policía en los hechos objeto de este litigo. Si bien, la procuraduría provincial de Barrancabermeja, mediante Resolución 110 de 1995, sancionó al agente Oliver Fontecha Duarte por su supuesta participación en los hechos descritos en el libelo demandatorio, lo cierto es que posteriormente, la procuraduría delegada para la Policía Nacional, en providencia del 3 de mayo de 1996, declaró prescrita la acción disciplinaria(2) con lo cual quedó revocada la primera providencia y concluyó la actuación disciplinaria. En ese orden, el proceso en contra del mencionado agente solo demuestra que existió una investigación en su contra.

En ese orden de ideas, en el caso sub lite, la caducidad de la acción de reparación directa comenzó a correr a partir del 8 de febrero de 1991, esto es, al día siguiente de la muerte de los señores Alirio Bermúdez, Héctor Emilio Moreno y Moisés Cortés Tabares, en consecuencia, la acción quedó caducada el 8 de febrero de 1993.

Finalmente, se advierte que durante la primera instancia el demandante fundamentó la responsabilidad en la acción de un agente del Estado en los homicidios relacionados, sin embargo, en los alegatos de segunda instancia, el apelante modificó la imputación y en su lugar alegó:

“El ejército (sic) cometió una gravísima falla del servicio por omisión, teniendo en cuenta que retuvo a las víctimas en un retén, los bajó del vehículo y luego se retiró del lugar permitiendo que varios hombres encapuchados los hicieran tender en el puso [sic] y luego les dispararan. Aquí el Estado a través de sus fuerzas militares incumplió el deber constitucional (art. 2º) de proteger la vida e integridad de estas personas, exigencia que no era difícil si se tiene en cuenta que estaban bajo su guarda...” —fls. 285 y 286, cdno. ppal.—.

Es menester aclarar que este cambio en la imputación no es procedente, comoquiera que supone una modificación de la causa petendi, no obstante, si a modo de discusión se aceptara que el Estado incurrió en una falla en el servicio por la omisión en la protección de estos ciudadanos, la consecuencia procesal, sería la misma.

Así las cosas, se modificará parcialmente la providencia apelada en el sentido de declarar probada la excepción de caducidad de la acción invocada por la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, se

FALLA:

Modifícase parcialmente la sentencia del 28 de agosto de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:

1. Declárese probada la excepción de caducidad de la acción.

2. Niégase las suplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Conforme al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el 55 de la Ley 446 de 1998, no considera la Sala que sea dable la condena en costas a la parte demandante.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: 11 de mayo de 2000, Expediente 12200; 10 de noviembre de 2000, Expediente 18805; 10 de abril de 1997, Expediente 10954, y de 3 de agosto de 2006, Expediente 32537. Autos de: 3 de agosto de 2006, Expediente 32537; 7 de febrero de 2007, Expediente 32215.

(2) Folios 105 a 110 del cuaderno del tribunal.