Sentencia 1997-01925 de enero 30 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 08001-23-31-000-1997-01925-01(22318)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Jaqueline Vallejo Rodriguez y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla - Instituto para la Recreación y el Deporte

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., treinta de enero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988,(1) para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, la Sala deberá determinar si la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla son responsables del daño alegado en el libelo, consistente en la muerte del menor Charlie Michael Vallejo el 16 de agosto de 1996 en una de las entradas del estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla, minutos antes de que iniciara un concierto; o si por el contrario, el mismo se produjo por el hecho de un tercero.

3. Análisis del caso.

3.1. El daño.

Se encuentra probado que el menor Charlie Michael Vallejo falleció el 16 de agosto de 1996 en la ciudad de Barranquilla, a la edad de 16 años, pues así se consignó en el acta de defunción 3940, allegada al proceso en copia auténtica por la parte demandante (fl. 183, cdno. 1).

De acuerdo con el protocolo de necropsia que obran en el expediente en copia auténtica (fls. 103 y 104, cdno. 2), se conoce que el menor Vallejo falleció “por insuficiencia respiratoria aguda, debido a edema pulmonar severo, secundario a asfixia mecánica”.

De conformidad con las declaraciones de la señora Julver Marlene Carranza Quintero y del señor Carlos Arturo Vásquez Navarro, rendidas el 30 de octubre de 1997 ante el Tribunal Administrativo de Atlántico (fls. 76 a 81, cdno. 1), el menor Vallejo falleció en una de las entradas del estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla, como resultado de la alteración del orden público que tuvo lugar cuando las personas que no pudieron entrar al concierto, al intentar ingresar al estadio a la fuerza, lo empujaron y le pasaron por encima, asfixiándolo.

Ahora bien, está debidamente acreditado que Charlie Michael Vallejo era hijo de la señora Jaqueline Vallejo Rodríguez, pues así consta en la copia auténtica de su registro civil de nacimiento que obra en el expediente (fl. 11, cdno. 1) y que el señor Jesús Eutimio García Serna, compañero permanente de la señora Vallejo Rodríguez, prodigaba afecto al menor Charlie Michael y que existía un vínculo filial entre ellos,(2) pues, como se verá más adelante, así lo declaró la señora Julver Marlene Carranza Quintero y el señor Carlos Arturo Vásquez Navarro el 30 de octubre de 1997 ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico.

3.2. La imputación.

3.2.1. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(3).

Ahora bien, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución Política, “[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

En este sentido, el artículo 218 superior dispone que el fin primordial de la Policía Nacional “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

En efecto, respecto de las funciones de la Policía Nacional, el Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas de policía”, vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, señala que es competencia de esa institución conservar el orden público interno (arts. 2º y 34), “asegurar el orden en los espectáculos” (art. 133),(4) “garantizar que ninguna persona entre al lugar en donde se celebre un espectáculo sin billete y que el público respete las indicaciones de porteros y acomodarse” (art. 140); e “impedir los espectáculos que sometan a gran riesgo a los espectadores” (art. 144), entre otras.

De la misma forma, el artículo 315.2 de la Constitución Política precisa que son atribuciones del alcalde, “[c]onservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.

Así mismo, el artículo 91 de la Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, dispone que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo, así como las siguientes:

“B) En relación con el orden público:

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.

Sobre la responsabilidad de la administración, particularmente de las autoridades de policía por los daños causados en razón de la celebración de espectáculos públicos, la jurisprudencia ha señalado:

“Dentro de este marco legal general que describe para qué se tienen previstas las autoridades en Colombia, que posteriormente es desarrollado al detalle por normas que de allí se desprende, tales como los artículos 35, 133, 140 y 145 del Decreto 1355 de 1970, CRPM y el 20 del Decreto 2347 de 1971, todas ellas tendientes a regular la función policial, se ve que nuestro ordenamiento jurídico, coincidente por demás con el de cualquier régimen democrático, impone a su “cuerpo de policía” fundamentalmente dos tipos de obligaciones; unas, que nacen específicamente de su función preventiva y que podrían anunciarse afirmando que la policía debe obrar para impedir cualquier alteración del orden de los espectáculos públicos, y las otras, derivadas de su obligación de asegurar que una vez alterado el orden, intervendrá oportuna y eficazmente a fin de que las consecuencias de dicha alteración no acarreen peligros innecesarios para los asociados.

De las pruebas allegadas al caso sub lite, se establece de manera irrefutable que la policía no dio cumplimiento ni a una ni a otra función. En efecto, los agentes de policía que se encontraban presentes para salvaguardar el orden del estadio y en particular el de la tribuna sur, por cuanto allí, según quedó demostrado, se presentaban repetidamente hechos potencialmente peligrosos, se limitaron a seguir el curso del partido con interés similar al de cualquiera de los espectadores presentes. No existe constancia de que ni antes del evento, ni en el curso del mismo, los agentes de policía tomaran alguna medida que evitara se sucedieran los hechos previsibles que a la postre se presentaron. Esta omisión de parte suya violó el primer contenido obligacional antes descrito. De la misma manera, una vez se presentaron los incidentes, que según se expresó se dieron porque la policía omitió impedir que se dieran, esta tampoco actuó para restablecer el orden ya alterado o parar mermar o controlar las consecuencias de dicha perturbación. Limitó su función a reforzar su presencia, sin paralelamente prestar profesionalmente el servicio a su cargo. Faltó por ello a su segunda obligación funcional.

Ahora bien, de los hechos probados en el sub lite como de las normas reguladoras de la actividad policiva, encuentra la Sala establecido que los agentes de policía efectivamente contaban con los mecanismos de ley necesarios, que en su caso son los “medios del servicio”, para cumplir adecuadamente con la función a ellos asignada, medio que ni utilizaron, ni trataron de utilizar.

Además el presente proceso no aporta prueba alguna de que se haya presentado uno cualquiera de los siguientes supuestos eximentes de responsabilidad:

(...).

b. Hecho de un tercero. Efectivamente la Sala encuentra probado, y censura enfáticamente, que el comportamiento vulgar y usual de los asistentes a la tribuna sur del Estadio Pascual Guerrero de Cali se repitió el día en que se sucedieron los hechos materia del sub lite, ameritando que sus autores se hicieran acreedores de las sanciones y multas que por infringir normas penales y policivas prevén los estatutos normativos pertinentes. No obstante, es claro que esta conducta bárbara de los particulares no exime de sus obligaciones a las autoridades presentes en el evento puesto que ellas estaban asignadas a estos sitios precisamente para evitar que se presenten los desmanes de que da cuenta el caso sub lite.

(...).

c. Fuerza mayor o caso fortuito: en innumerables oportunidades han reiterado la jurisprudencia y la doctrina, que para que esta situación se configure, se requiere de la presencia simultánea de dos elementos, a saber: la imprevisibilidad y la irresistibilidad de los hechos generadores del daño. En el caso sub lite, los hechos que dieron origen a la tragedia, además de previsibles eran anunciados, y ni que decir respecto a la posibilidad de resistirlos, pues es indudable para la Sala que, de haber actuado oportunamente la policía, se podría haber evitado que un incidente menor adquiriera proporciones de tumulto para cuyo control, por demás, la policía recibe entrenamiento especial.

El anterior análisis lleva a la Sala a concluir que hubo falla del servicio por parte de la Policía Nacional al omitir tomar las medidas preventivas requeridas, y que no existen causases (sic) de exoneración de tal responsabilidad, pues bien se ha visto que frente a unos hechos que exigían su actuación se abstuvo de hacerlo, no en razón de carencia de medios del servicio para hacerlo (ausencia de normas que lo facultaran para actuar), ni porque se hubiese configurado uno cualquiera de los tres supuestos antes analizados, (culpa de la víctima, acción de un tercero o fuerza mayor o caso fortuito) sino estrictamente en virtud de su inacción y negligencia.

Por lo anterior, y por no existir en el evento sub lite prueba alguna tendiente a demostrar una cualquiera de las causases (sic) de exoneración de responsabilidad, que desdibujen u opaquen el vínculo causal demostrado entre el daño ocurrido y la omisión de los agentes de la Policía, la Sala encuentra imperativo revocar en este aspecto la sentencia apelada, condenando por falla del servicio a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional”(5).

Así, para efectos de resolver el problema jurídico planteado queda claro, entonces, que los daños causados en razón de la celebración de espectáculos públicos son imputables a las autoridades de policía, cuando se compruebe el daño, la violación de las normas cuyo acatamiento hubiera evitado su producción y el nexo de causalidad entre la actuación u omisión de la administración y los perjuicios ocasionados.

3.2.2. Con base en las disposiciones indicadas y la jurisprudencia transcrita, procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado.

3.2.2.1. En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, la Sala encuentra que el menor Vallejo falleció el 16 de agosto de 1996, a la edad de 16 años, pues así se consignó en el acta de defunción 3940, allegada al proceso en copia auténtica por la parte demandante (fl. 183, cdno. 1).

De conformidad con las declaraciones de la señora Julver Marlene Carranza Quintero y del señor Carlos Arturo Vásquez Navarro, rendidas el 30 de octubre de 1997 ante el Tribunal Administrativo de Atlántico (fls. 76 a 81, cdno. 1), quienes el día de los hechos aguardaban junto al menor Vallejo en la fila de ingreso al estadio, su muerte se produjo después de que, quienes no pudieron entrar al concierto gratuito de la cantante Shakira y la banda Vilma Palma e Vampiros que tuvo lugar ese día en el estadio Romelio Martínez de la misma ciudad, al intentar ingresar al estadio a la fuerza, lo empujaron y pisotearon.

3.2.2.2. Determinadas las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, la Sala encuentra que la Policía Nacional y el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla son solidariamente responsables de la muerte del hijo de la demandante, porque las medidas de protección adoptadas para garantizar la conservación del orden público en las afueras del estadio Romelio Martínez el 16 de agosto de 1996 no fueron suficientes ni adecuadas.

En efecto, aunque se esperaba la asistencia al concierto de aproximadamente 18.000 personas, en la “orden de servicios 198 || Concierto de Shakira y Vilma Palma e Vampiros” elaborada el 8 de agosto de 1996 por el comandante del Departamento de Policía del Atlántico, coronel Lino Bernardo Pinzón Naranjo (fls. 14 a 19, cdno. 4),(6) se dejó constancia de que la seguridad del estadio estuvo a cargo de 130 miembros de la Policía Nacional, uniformados que actuaron bajo la dirección del mayor Hernando Herrera Mariño y la supervisión del teniente coronel Marino Dávila Medina.

Al respecto, la subintendente Leda Beatriz Bula Geraldino, uniformada que asistió al evento del 16 de agosto de 1996 en el estadio Romelio Martínez, afirmó ante la oficina investigadora del Departamento de Policía del Atlántico el 2 de febrero de 1998 que, efectivamente, el “personal uniformado era poco”, razón por la cual solicitó refuerzos para facilitar el ingreso seguro de los asistentes al lugar (fl. 117, cdno. 3)(7).

En igual sentido, el ex policía Juan Ramón Angarita Romero, quien también prestó servicio en el momento y lugar de los hechos, precisó el día 25 del mismo mes ante la autoridad mencionada que(8):

“Preguntado: este despacho continúa adelantando investigación disciplinaria sobre hechos acaecidos el 16.08.96 en esta ciudad, cuando varias personas resultaron muertas y heridas durante el concierto de Shakira y grupo Palma. Sírvase decir si para la fecha de ese concierto llevado a cabo en el estadio Romelio Martínez usted previamente le sugirió al señor mayor Herrera Mariño Hernando refuerzo de personal, en caso afirmativo ¿a qué hora le hizo usted tal requerimiento o sugerencia? Contestó: es de anotar que para el mencionado día la situación de orden público que se presentó en los alrededores del estadio pudo haber sido a causa de varios factores entre los cuales se enunciarían ciertamente la falta de personal uniformado para la prestación del servicio en dicho evento, ya que de acuerdo con la orden de servicio el personal anunciado no cubría la capacidad del evento y por ende cuando a las 19.00 horas aproximadamente que tuve contacto con el mayor [Hernando Herrera Mariño] le solicité que pidiera refuerzo de otras unidades y especialmente hago énfasis al grupo de carabineros, donde le expresaba que con cinco caballos que colocaran en esa entrada la gente correría hacia atrás y de esta forma se descongestionaría el área y se podría así mejor organizar y lograr tener un mejor control, pudo haber sido por la alteración pero el mayor me respondió en forma grosera e irrespetuosa el requerimiento que le hacía y no enfatizó más en el mismo. Preguntado: ¿sírvase decir si para la fecha de hechos en su apreciación, el personal uniformado de servicio asignado a la puerta en que registró el incidente era o no suficiente para el control de las personas que se disponían a ingresar al estadio Romelio Martínez y en qué momento u hora llegó usted a la misma y cuál fue su actitud en momentos en que registró el tumulto de gente hacia la puerta de entrada a la gramilla? Contestó: el personal asignado para dicha puerta era insuficiente para la magnitud del evento, y que recuerde si no estoy mal después en conversación con la cabo Leda [ella] me había dicho que no le habían dado sino como cinco agentes, por eso cuando el mayor me ordenó apoyar esa entrada nuestra reacción fue rápida y oportuna ya que todas las personas querían ingresar al mismo tiempo porque se había perdido ya el control de la puerta debido a la escasez de personal. Preguntado: sírvase decir si usted en la formación del personal uniformado para la distribución del servicio de seguridad en el concierto observó más de seiscientos uniformados de policía o en su defecto cuántos. Contestó: no, en ningún momento se observó esa totalidad de personal al inicio del evento, y de acuerdo con la apreciación que recuerdo si no estoy mal no había más de ciento cincuenta uniformados” (negrilla fuera del texto, fls. 8 y 9, cdno. 4)(9).

De la misma manera, la señora Julver Marlene Carranza Quintero y el señor Carlos Arturo Vásquez Navarro, precisaron el 30 de octubre de 1997 ante el Tribunal Administrativo de Atlántico, que en la entrada del estadio en que tuvo lugar la muerte del menor Vallejo no había presencia de la Policía.

En efecto, la señora Julver Marlene Carranza Quintero precisó:

“El 16 de agosto de 1996 había un concierto de Shakira y de Vilma Palma e Vampiros donde estaban regalando una entrada con la reunión de 15 o 20 tapas de [gaseosas] Link, entonces Michael Vallejo nos dijo para que fuéramos al concierto, nos pusimos de acuerdo. Nosotros llegamos allá a eso de las 7 de la noche para poder entrar temprano, entonces nos fuimos para el estadio y encontramos que había una fila muy larga y la gente decía que estaba muy lleno y que ya no se podía entrar ya que había demasiadas personas. Nosotros nos metimos en la fila de las personas que estaban ahí, no había ni un policía que estuviera a cargo de la seguridad de las personas, nos quedamos ahí para ver si nos dejaban entrar, había tres policías bachilleres y duraron unos minutos y se fueron enseguida. Luego el celador nos dijo, yo creo que sí van a poder entrar y fue cuando se formó el desorden, como no había policía la gente empezó a empujar a los que estaban primero, Michael estaba adelante, yo estaba en el medio y Carlos Vásquez Navarro estaba atrás de mi, cuando la gente empezó a empujarnos hacía el frente, se cayó la valla que estaba de seguridad, o sea, el portón que estaba ahí, tumbaron al portero y Michael se nos perdió, Carlos Vásquez Navarro me haló en ese momento para tratar de salir del tumulto de gente, (...), no encontramos a Michael, luego de que se armó ese desorden decían que había unos muertos y unos heridos, fue cuando entonces apareció la Policía y la Cruz Roja, pero cuando sucedió el hecho no había ningún policía en el sector, además el estadio estaba lleno, pero no controlaron la entrada de personal que iba a ingresar al estadio Romelio Martínez. La gente decía que ese estadio era muy pequeño para la dimensión del concierto, [que] se necesitaba uno más grande” (negrilla fuera del texto, fls. 76 y 77, cdno. 1).

Igualmente, el señor Carlos Arturo Vásquez Navarro afirmó:

“La tragedia fue el día 16 de agosto de 1996, a las 7 y 30 de la noche aproximadamente, en el concierto de Shakira con Vilma Palma e Vampiros, el joven Michael Vallejo reunió 20 tapas del producto de Bavaria para obtener la boleta de entrada, la fila comenzó a las 4 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche aproximadamente ya el estadio estaba lleno de espectadores, ahí no había control, o sea, no se veían los organizadores del concierto que controlaran el orden. Cuando estábamos en la cola (sic) Michael Vallejo se encontraba en la fila con la compañera Julver Carranza y mi persona, más tarde cuando abrieron la puerta para volver [a] dejar entrar fue cuando se formó el desorden por la falta de ausencia (sic) de seguridad, porque ahí en ese lugar no había policía ni defensa civil. Cuando el portero estaba en la entrada, él también cayó, lo mataron ahí mismo, fue cuando el compañero Michael cayó. Si hubiese Cruz Roja o alguien que lo auxiliaran (sic) en el momento, pero ahí no había nada, fue cuando yo logré halar a la compañera del brazo, (...), eso sucedió porque el establecimiento donde se realizaba el evento no era apto para la multitud de fanáticos” (negrilla fuera del texto, fls. 79 y 80, cdno. 1).

Con base en los medios de prueba indicados, la Sala concluye que la causa adecuada del daño acaecido,(10) fue el desconocimiento de la Policía Nacional de lo dispuesto en los artículos 2º y 218 de la Constitución Política y 2º, 34, 133, 140 y 144 del Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas de Policía”, vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, pues es claro que a pesar de contar con los medios de servicio exigidos para el efecto, solo dispuso la presencia de 132 policías para garantizar la seguridad de los 18.000 asistentes al evento, de manera que, pudiéndolo hacer, no previno en debida forma la alteración del orden público que causó la muerte del menor Vallejo.

En este sentido, a diferencia de lo estimado por el a quo, la Sala considera que, dada la magnitud del espectáculo, los artistas participantes y el carácter gratuito del mismo, la Policía Nacional sí tenía el deber de adoptar medidas de protección especiales para garantizar la conservación del orden público en el estadio, comoquiera que la asistencia masiva al evento era predecible. Además, aunque la muerte del menor se produjo en el momento en que las personas que no pudieron entrar a lugar, lo empujaron y lo tumbaron al suelo, es evidente que la conducta de los particulares no exime del cumplimiento de sus obligaciones a la Policía Nacional, habida cuenta que, justamente, esa institución tiene el fin primordial de evitar que se presenten desmanes como los indicados en precedencia.

La Sala también considera que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla es responsable de lo ocurrido el 16 de agosto de 1996 en el estadio Romelio Martínez, en la medida en que aunque los artículos 315.2 de la Constitución Política y 91 de la Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, asignan competencias a los municipios en relación con la conservación del orden público en su jurisdicción, en el expediente no obra prueba de que el distrito demandado tomara alguna medida que evitara los hechos previsibles que a la postre se presentaron.

Así, entonces, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla son solidariamente responsables del daño alegado en la demanda, pues está demostrado que de haber adoptado medidas de seguridad preventivas acordes con las características del espectáculo que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1996 en el estadio Romelio Martínez, la muerte del menor Vallejo se hubiera podido evitar.

En virtud de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 29 de mayo de 2001 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Atlántico, Sala de Descongestión con Sede en Medellín, Sala Uno de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda incoada.

4. La indemnización por perjuicios.

4.1. La indemnización por el perjuicio moral.

En la demanda se solicitó el pago de mil (1000) gramos oro a favor de la señora Jaqueline Vallejo Rodríguez, en calidad de madre de la víctima, y quinientos (500) gramos oro a favor del señor Jesús Eutimio García Serna, “en su condición de padrastro” del menor fallecido.

De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 -—Expediente 13.232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos,(11) de conformidad con los siguientes parámetros(12): (i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(13); (ii) el perjuicio se tasa con fundamento en el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) se tiene en cuenta, cuando sea del caso, lo ordenado en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

Ahora bien, como ya se explicó, está debidamente acreditado que el menor Charlie Michael Vallejo era hijo de la señora Jaqueline Vallejo Rodríguez, pues así consta en la copia auténtica de su registro civil de nacimiento que obra en el expediente (fl. 11, cdno. 1) y que el señor Jesús Eutimio García Serna, compañero permanente de la señora Vallejo Rodríguez, prodigaba afecto al menor Charlie Michael y que existía un vínculo filial entre ellos, pues así lo declaró la señora Julver Marlene Carranza Quintero el 30 de octubre de 1997 ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico:

“Preguntado: explique cómo era el trato que tenía Charles Michael Vallejo con su madre, Jaqueline Vallejo, sus hermanitos (...), su padrastro Jesús García. Contestó: todos lo querían bastante porque él se dejaba querer, era bastante cariñoso con sus hermanos y la mamá, nunca le gustaba salir sin antes pedirle permiso a su mamá o a su padrastro. Toda la familia de él sufrió bastante por su muerte en el concierto de Shakira y Vilma Palma e Vampiros, todavía es la hora y están tristes por la muerte de él y esto ha originado un sufrimiento a toda su familia” (fl. 77, cdno. 1).

Sobre el mismo punto, el señor Carlos Arturo Vásquez Navarro aseguró en la oportunidad mencionada que:

“Preguntado: ¿qué relaciones tenía Charles Michael Vallejo con su mamá, hermanos y padrastro? Contestó: era una relación excelente, se comprendían con su mamá, padrastro y hermanos y su tía Libia Vallejo, les dolió mucho la muerte de su hijo. Eso me consta porque yo era vecino de ellos de aproximadamente dos años [atrás]” (fl. 80, cdno. 1).

En este sentido, de conformidad con las reglas de la experiencia y los testimonios trascritos se concluye que la señora Vallejo Rodríguez y el señor García Serna sufrieron congoja y aflicción por el fallecimiento del menor Charlie Michael Vallejo, dada su calidad de madre y padre de crianza del menor.

En correspondencia con lo anterior, la Sala estima necesario reconocer a favor de los antes nombrados las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicio moral:

1. Se condenará a pagar a favor de la señora Jaqueline Vallejo Rodríguez, en calidad de madre de la víctima, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

2. Se condenará a pagar a favor del señor Jesús Eutimio García Serna, en calidad de padre de crianza de la víctima, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

4.2. La indemnización por el daño material.

4.2.1 Por daño emergente

En la demanda se solicitó el pago de los “gastos de entierro” en que incurrieron los demandantes en virtud de la muerte del menor Vallejo, por valor de un millón de pesos ($ 1.000.000).

Sin embargo, en el expediente no obra prueba que acredite que la suma alegada hubiese sido efectivamente pagada en razón del concepto aludido. Únicamente, a folio 12 del cuaderno uno (1) del expediente obra en original el “recibo de caja oficial 18850” suscrito el 18 de agosto de 1996 por el establecimiento de comercio Sociedad Hermanos de la Caridad Cementerio Universal a nombre del señor Jesús Eutimio García Serna, “por concepto de inhumación de Charlie Michael Vallejo”, por valor de ciento cuarenta y cinco mil pesos ($ 145.000).

Es claro que los gastos exequiales en razón del fallecimiento de la víctima constituyen un daño emergente que debe ser reparado, en la medida que se compruebe el pago realizado por ese concepto.

Con base en lo anterior, en atención a que está probado que el señor Jesús Eutimio García Serna pagó al establecimiento de comercio Sociedad Hermanos de la Caridad Cementerio Universal por concepto de servicios exequiales, la suma de ciento cuarenta y cinco mil pesos ($ 145.000) por la muerte de Charlie Michael Vallejo el 16 de agosto de 1996, se accederá a la pretensión aludida así:

Ra = RhIpc (f)
 ______
Ipc (i)

 

Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Renta actualizada $ 145.000
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 109,16 que es el correspondiente a diciembre de 2011.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 36,56 que es el que correspondió al mes de agosto de 1996.

Ra= $145.000 109,16
 ________
 36,56

= $ 432.937

Así, se accederá a la pretensión en cuestión y se condenará solidariamente a las demandadas a reconocer la suma de cuatrocientos treinta y dos mil novecientos treinta y siete pesos ($ 432.937) a favor del señor Jesús Eutimio García Serna.

4.2.2. Por lucro cesante.

Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, en la demanda se solicitó el reconocimiento de la indemnización debida y futura.

Aunque en el expediente no obra prueba que permita concluir que, efectivamente, al momento de su deceso el menor Vallejo devengara un salario mínimo, de conformidad con las reglas de la experiencia, es posible inferir que cuando el menor Vallejo cumpliera la mayoría de edad, esto es, el 22 de febrero de 1998 (cfr. registro civil de nacimiento, fl. 11, cdno. 1), el joven Charlie Michael contribuiría al sostenimiento de su madre y padre de crianza con el 50% de sus ingresos, contribución que, se infiere, haría hasta que cumpliera 25 años de edad (feb. 22/2005). Igualmente, que el 50% restante, lo destinaría para sus gastos propios.

Así, para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia ($ 566.700), ante la falta de cualquier otro elemento de juicio que permita deducir suma distinta para efectuar la liquidación, más el 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 141.675):

$ 566.700 + $ 141.675 = $ 708.375 - 50% = $ 354.187 / 2 = $ 177.093

4.2.1.1. Indemnización debida:

S= Ra (1 + i)n - 1
 _________
 i

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener
Ra=Renta actualizada, es decir $ 177.093,75
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el momento en que la víctima cumpliera 18 años de edad —22 de febrero de 1998— hasta la fecha en que cumpliera 25 años de edad —22 de febrero de 2005—, es decir, 84 meses.
1=Es una constante.

S = $ 177.093(1 + 0,004867)84 - 1
___________________
 0,004867

= $ 18.322.814

De esta manera, se accederá a la pretensión aludida y se condenará solidariamente a las demandadas a reconocer la suma de dieciocho millones trescientos veintidós mil ochocientos catorce pesos ($ 18.322.814) a favor de cada uno de los demandantes.

4.2.1.2. Indemnización futura.

La Sala no accederá a la pretensión relativa al pago de lucro cesante bajo la modalidad de indemnización futura, habida cuenta que, de acuerdo con las reglas de la experiencia y la jurisprudencia de esta corporación,(14) la Sala estima que el menor Vallejo contribuiría al sostenimiento de su madre y padre de crianza hasta que cumpliera 25 años de edad, pues de ordinario a esta edad se deja la casa materna para organizar el hogar propio. En este sentido, en el plenario no obran pruebas que desvirtúen las reglas de la experiencia.

Así, dado que el menor Vallejo cumpliría 25 años de edad el 22 de febrero de 2005, fecha anterior a la aprobación de la presente sentencia, no es procedente reconocer la indemnización futura, pues la misma fue incluida en la indemnización debida.

5. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2001 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Atlántico, Sala de Descongestión con Sede en Medellín, Sala Uno de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR patrimonial y solidariamente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por los perjuicios materiales y morales que sufrieron la señora Jaqueline Vallejo Rodríguez y el señor Jesús Eutimio García Serna, por la muerte del menor Charlie Michael Vallejo el 16 de agosto de 1996.

3. CONDENAR a las demandadas a pagar solidariamente a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

1. A favor de la señora Jaqueline Vallejo Rodríguez, en calidad de madre de la víctima, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

2. A favor del señor Jesús Eutimio García Serna, en calidad de padre de crianza de la víctima, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo.

4. CONDENAR a las demandadas a pagar solidariamente al señor Jesús Eutimio García Serna por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de cuatrocientos treinta y dos mil novecientos treinta y siete pesos ($ 432.937).

5. CONDENAR a las demandadas a pagar solidariamente a la señora Jaqueline Vallejo Rodríguez y al señor señor (sic) Jesús Eutimio García Serna, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de dieciocho millones trescientos veintidós mil ochocientos catorce pesos ($ 18.322.814), a cada uno.

6. Las demandadas darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, remítase la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El 18 de diciembre de 1996, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocido en segunda instancia por esta corporación era de $ 13.460.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 47.474.906 a favor de cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante (“indemnización futura”).

(2) Sobre el vínculo de afecto que existe entre padrastros e hijos de crianza y la reparación del perjuicio moral, en la sentencia de 14 de septiembre de 2000 (Exp. 12166, C.P. María Elena Giraldo Gómez), se indicó: “[l]as descripciones de la lesión sufrida por la víctima directa, conducen a la Sala a concluir que fue grave. Se probaron, con las declaraciones de terceros y de la parte actora, los hechos concernientes, de una parte, a la calidad de damnificados —respecto de la víctima directa— de los hijos de la compañera de Eduardo López y, de otra parte, el dolor moral que aquellos sufrieron con el accidente padecido por su padrastro. Y si bien es cierto, con esos medios de prueba no se establecieron los hechos de crianza para deducir el perjuicio moral, lo cierto es que se probó directamente este perjuicio y con él la condición de damnificados de los hijastros del señor López. Cuando la jurisprudencia exige la demostración de los hechos de crianza es con el objeto de inferir el perjuicio moral; pero si este se prueba (forma directa) no interesa que el demandante sea o no sea hijo de crianza; lo que es fundamental es la prueba real del mencionado perjuicio. Ahora bien, no es la residencia ininterrumpida bajo el mismo techo la que necesariamente debió darse para entender que se causó un perjuicio moral (apariencia formal), sino aquellos momentos de felicidad, de calamidad y de solidaridad los cuales van sustentando un vínculo que realmente existe y se hace visible con el trato de “amor interfilial”.

(3) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945. Consejera ponente María Elena Giraldo Gómez.

(4) Artículo 134 del Decreto 1355 de 1970: “[s]e entiende por espectáculo la función o representación que se celebra en teatro, circo, estadio, plaza, salón o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarlo u oírlo”.

(5) Sentencia del 20 de septiembre 1990, Expediente 5702. Consejero ponente Carlos Gustavo Arrieta Padilla.

(6) Este documento y los que se encuentran en el cuaderno dos (2), tres (3) y cuatro (4) del sub lite hacen parte del expediente contentivo de la investigación disciplinaria adelantada por la Policía Nacional por los hechos ocurridos el 16 de agosto de 1996 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. En los folios 96 a 98 del cuaderno tres (3) obra auto mediante el cual el 3 de diciembre de 1997, la Subdirección General de la Policía Nacional decreta la nulidad de todo lo actuado por la falsedad de algunas de las pruebas recaudadas —documentos y pruebas que obran a folios dos (2) a 205 del cuaderno dos (2) y uno (1) a 95 del cuaderno tres (3) del expediente del proceso contencioso administrativo— y ordena reabrir la investigación disciplinaria. El traslado de las piezas procesales pertinentes al proceso contencioso cumple las previsiones del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, pues fueron remitidas al a quo el 30 de marzo de 1998 por el jefe de asuntos disciplinarios del Departamento de Policía de Atlántico, teniente Sergio Arturo Gómez Covilla, en copia auténtica (fl. 1, cdno. 2), según lo dispuesto en el auto proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Atlántico el 8 de septiembre de 1997, en virtud de la prueba solicitada por la Nación - Policía Nacional (fls. 74 y 75, cdno. 1).

(7) Supra 6.

(8) Supra 6.

(9) Supra 5.

(10) Sobre la teoría de la causa adecuada, en la sentencia de 1º de marzo de 2006, Radicación 13764. Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, se explicó: “para que exista relación causal, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente. Así las cosas, como lo ha advertido esta Sala, para que exista relación de causalidad entre el perjuicio y el hecho, la omisión o la operación administrativa imputable a la entidad demandada, es necesario demostrar que aquellas circunstancias que le preceden al daño fueron idóneas, eficientes y adecuadas, esto es, decisivas para su producción”. Al respecto, también se puede consultar la sentencia de 26 de mayo de 2011, Radicación 19977. Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez.

(11) Sobre el particular se pueden consultar la sentencia del 16 de junio de 1994, Expediente 7445. Consejero ponente: Juan de Dios Montes Hernández; y del 11 de febrero de 2009, Expediente 14726. Consejero ponente: Myriam Guerrero, entre otras.

(12) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 de septiembre de 2011, Expediente 21350. Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth.

(13) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001. Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Expediente 13232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.

(14) Cfr. sentencia de 26 de octubre de 2011, Expediente 22700. Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo.