Sentencia 1997-01961 de febrero 19 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 1997-01961

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actora: Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. —Tampa S.A.—

Recurso de apelación contra la sentencia de 30 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil nueve.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la actora, contra la sentencia de 30 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. —Tampa S.A.—, actuando mediante apoderado, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. Son nulas las resoluciones 000323 y 000120 de 7 de octubre de 1996; y 022 de 31 de marzo de 1997, mediante las cuales se declaró de contrabando y consecuentemente se ordenó el decomiso administrativo de una mercancía consistente en 10 unidades de químico afiller kit 3154310, 20 unidades de tornillos 1490302 y 20 tuercas 1490303, que se encuentra bajo custodia y responsabilidad del Almacén General de Depósito Almadelco S.A., con documento único de aprehensión DUA 3412100155 de marzo 4 de 1996; y se declaró responsable de la no presentación en debida forma del manifiesto de carga por toda la mercancía transportada en el vuelo 707-8904 imponiéndosele una multa de once millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos ($ 11.283.647).

2. Que como consecuencia de lo anterior se declare que la actora no adeuda suma alguna a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por concepto de sanciones, ni ha incumplido ninguna obligación legal.

3. Se condene a la DIAN al pago del daño emergente, en la suma de once millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos ($ 11.283.647), más la suma de doscientos doce mil pesos ($ 212.000), como valor de la mercancía decomisada a nombre de la demandante; al lucro cesante, consistente en la actualización de las sumas anteriores según el IPC hasta el día en que se realice el pago; y por daños morales, la suma de un mil quinientos gramo oro en su equivalente en pesos.

I.2. La actora fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos:

Que el 21 de febrero de 1996 arribó al aeropuerto de Medellín el vuelo 707-8904 de Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. —Tampa S.A.—, transportando mercancías de diferentes propietarios, las cuales fueron aprehendidas según Acta 110096600662, porque no se encontraban en los manifiestos de carga presentados.

Afirma que mediante autos 11 48 74 5 413 del 13 de mayo de 1997, la división de fiscalización le formuló cargos a la sociedad Tintas y Pinturas Especiales Ltda., 11 48 74 5 0413 a la sociedad Anglo Trading Ltda., 11 48 74 5 0411 a la sociedad Manufacturas Mesace Ltda. y 11 48 74 5 0410 a Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. —Tampa S.A.— de 3 de junio de 1996, por presunta infracción al artículo 5º del Decreto 1105 de 1992, proponiendo el decomiso de la mercancía, según el artículo 2º del Decreto 2274 de 1989 y 80 del Decreto 1909 de 1992.

Aduce que los pliegos de cargos fueron contestados oportunamente.

Informa que mediante las resoluciones 0007324, 000325, 000322, 000323 y 0120 de 7 de octubre de 1996, el jefe de la división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas de Medellín, resolvió decretar el decomiso de la mercancía, imponiéndole una multa a la actora, equivalente al 100% del valor de la mercancía.

Indica que contra las anteriores resoluciones se interpuso el recurso de reconsideración, el cual fue resuelto desfavorablemente.

I.3. La actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Afirma que la administración vulneró los artículos 29 y 83 de la Constitución Política; 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo; 981 a 1035 del Código de Comercio; 4ºy 5º del Decreto 1105 de 1992; numeral 1º de la Instrucción 027 de 1992 de la DIAN; la orden administrativa 0001 de 1992 de la DIAN en cuanto a su objetivo y principios rectores; Decreto 1800 de 1994 y demás normas concordantes y subsiguientes.

Sostiene que la única forma en que se puede castigar con el decomiso de las mercancías, es que la administración demuestre que la falta en el proceso de presentación de las mismas a su arribo al país, constituya una operación de contrabando, aplicando el numeral 1.1. de la Instrucción 027 de 1992, según el cual:

“... En estos eventos existiría acuerdo de voluntades entre el importador y el transportador para defraudar los intereses del fisco nacional y tendría que ser demostrado plenamente dentro del proceso, como presupuesto para el decomiso.

Presentada físicamente en su totalidad la mercancía..., se descarta cualquier posible maniobra fraudulenta u operación de contrabando, máxime que antes de la llegada del vuelo al país, (...) la aerolínea debe dar aviso de llegada a la aduana, lo cual se hizo en el caso que nos ocupa, resaltándose aún más la buena fe del transportador” (fl. 46).

“Desconocimiento de la normatividad aduanera. (falsa motivación)” (fl. 47, cdno. 2).

Afirma que las mercancías trasportadas por la parte demandante, se presentaron a la aduana “...en el instante mismo de la llegada del vuelo al país y las mismas no fueron descargadas sin la autorización del funcionario aduanero, ni sin la presentación de los documentos de transporte” (fl. 47, cdno. 2).

Aduce que lo que ocurrió fue que los documentos que amparaban la carga no llegaron en forma simultánea con ella pero casi de manera inmediata fueron presentados los documentos por fax, sin ser aceptados por la autoridad aduanera. (fl. 47, cdno. 2).

Sostiene que los argumentos contenidos en los cargos son contradictorios, ya que no puede aplicarse el Decreto 2274 de 1989 concomitantemente con los decretos 1105 de 1992 y 1800 de 1994.

“El artículo 2º del Decreto 2274 de 1989, establece un decomiso totalmente diferente al establecido y definido por el artículo 80 del Decreto 1909 de 1992; el artículo 5º del Decreto 1105 de 1992 establece el procedimiento para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 4º de dicha obra, sin embargo dicho procedimiento quedó derogado expresamente por el artículo 1º del Decreto 1800 de 1994, con lo cual la fundamentación de las resoluciones atacadas es inexistente y por tal razón la nulidad es manifiesta y debe ser declarada por esa jurisdicción” (fl. 48, cdno. 2).

“3. La sanción de decomiso procede únicamente en presencia de una efectiva operación de contrabando” (fl. 48, cdno. 2).

Explica que en el contenido legal aduanero no existe la responsabilidad objetiva.

Que la demandante “...anunció con por lo menos una hora de anticipación la llegada del vuelo, presentó la totalidad de la carga ante la división operativa - oficina de recepción de documentos de vuelo y en el momento en que presentó la totalidad de la carga se le aprehendió la mercancía, aduciendo que parte de ella no contaba con los documentos de transporte...” (fl. 49, cdno. 2).

Agrega que las normas sancionan la falta de presentación de mercancías a la aduana, pero que en este caso la situación es clara, “...porque la simple ausencia de algunos documentos por sí no puede ser causal de sanción” (fl. 49, cdno. 2).

Sostiene que la sanción de decomiso de mercancías que afectan directamente el derecho de propiedad del importador “...no es para el transportador..., entonces ¿por qué sancionar al propietario de la mercancía con el decomiso de la misma por un supuesto error del transportador?

Por estas y otras razones se permite que el importador legalice sus mercancías pagando el respectivo valor del rescate que equivale al cincuenta por ciento del valor de los bienes, adicionalmente al pago de los impuestos respectivos” (fl. 50, cdno. 2).

“Violación al principio del nom bis in idem” (fl. 51, cdno. 2).

Indica que los principios del debido proceso, defensa, legalidad, buena fe, presunción de inocencia y otros, se aplican a las actuaciones administrativas, para lo cual cita algunos apartes de la Sentencia T-145 de 21 de abril de 1993 de la Corte Constitucional, con el fin de explicar las violaciones en que incurrieron los actos administrativos acusados.

Al respecto, aduce que es manifiesta la violación al principio del non bis in ídem, toda vez que se impusieron dos sanciones invocando el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992.

Que la citada norma contempla “...las conductas y sanciones de manera independiente, quiere decir que o se comete una infracción o se comete la otra pero no las dos al tiempo porque los hechos son unos solos (...) menos puede aceptarse que una sola falta (supuesta ausencia de documentos de transporte) de lugar a aplicar dos normas simultáneamente y por ende aplicar, como en efecto se hizo, dos sanciones en forma simultánea. Una el decomiso y la otra la multa al transportador por el 100% del valor de los bienes” (fl. 53, cdno. 2).

“Las normas aplicadas en la vía gubernativa se encontraban derogadas al momento de los hechos y de todo el proceso” (fl. 53, cdno. 2).

Afirma que el Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que el Decreto 1105 de 1992 se encuentra derogado desde el 27 de noviembre de 1992, fecha en la cual se expidió el Decreto 1909 que en su artículo 72 reguló la misma materia de presentación de mercancías contempladas en el artículo 4º del primero de los citados decretos, para lo cual se apoya en el auto de 11 de julio de 1996 de la Sección Primera del Consejo de Estado, Expediente 3949, consejero ponente Juan Alberto Polo Figueroa, y en la sentencia del 24 de septiembre de 1993, Expediente 2192, consejero ponente Yesid Rojas Serrano.

Lo anterior, por cuanto el Decreto 1105 se encuentra derogado desde el 27 de noviembre de 1993 y los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 1996.

I.4. La Administración de Aduanas Nacionales de Medellín, por medio de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a las pretensiones de la parte actora adujo lo siguiente:

Que en el presente caso las normas aduaneras entrañan sanciones de igual carácter, es decir, la responsabilidad se da no por la demostración de aspectos dolosos o culposos, sino a título de responsabilidad objetiva, para lo cual se apoya en sentencias del Consejo de Estado (1) , doctrina y conceptos de la subdirección jurídica de la DIAN.

Resalta que desde el momento en que llegue la mercancía al país y previo al descargue de la misma, el transportador está obligado a presentar los documentos correspondientes a la aduana, y que de no ser así se genera una sanción de multa para el transportador y se procede a la aprehensión y posterior decomiso de aquella.

Que es claro que no se trata de una doble sanción y, por lo tanto, no puede entenderse violado el principio del non bis in ídem.

Agrega que en el presente caso la parte demandante no presentó el manifiesto de carga ni los documentos de viaje al arribo de la aeronave al país, situación que está en contravía de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1909 de 1992.

Precisa que solo con el Decreto 1960 de 4 de agosto de 1997, se autoriza que antes del descargue de la mercancía el transportador presente por vía fax o cualquier otro medio electrónico los documentos de transporte mientras entrega los definitivos, para lo cual cuenta con un plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción del manifiesto de carga.

En lo que atañe a la improcedencia aludida por la parte demandante sobre la aplicación concomitante de los decretos 2274 de 1989, 1105 de 1992 y 1800 de 1994, afirma que “...debe anotarse que simplemente se hace alusión al Decreto 2274 ya que en su artículo 2º define el decomiso (...). La norma en comento no ha sido derogada pues no obstante estar contenida en un Decreto que modificaba el estatuto penal aduanero, contiene una definición genérica del contrabando...” (fl. 75, cdno. 2).

Sostiene que tampoco existe razón alguna para entender que se han violado los fundamentos del contrato de transporte de que trata el Código de Comercio, “...cuando es claro que si bien el contrato es ley para las partes, no pueden estas pactar en contra de normas de orden público como las aduaneras; de modo que una es la responsabilidad contractual entre el transportista y el dueño de la mercancía y otra bien distinta la responsabilidad que cada uno de los sujetos en la operación aduanera tengan eventualmente frente al Estado” (fl. 76, cdno. 2).

En lo atinente a la violación de los principios enunciados por la parte demandante en su demanda, anota que el principio de justicia “...dado en ejercicio de la función pública, no hace relación a la posibilidad de un fallo en equidad, en donde el fallador tiene la potestad legal de previo análisis de una conducta, determinar el grado de responsabilidad del implicado, acogiéndose a las reglas dadas por su propio criterio” (fl. 77, cdno. 2).

En lo concerniente a las normas derogadas que dice la parte demandante aplicó la DIAN, señala que en la sentencia referenciada de 24 de septiembre de 1993, Expediente 2192, consejero ponente Yesid Rojas Serrano, cuyo contenido fue ratificado en la sentencia de 11 de julio de 1996, consejero ponente Juan Alberto Polo Figueroa, “...El Consejo de Estado desestimó las súplicas de la demanda en relación con la nulidad del Decreto 1105 de 1992 y en parte alguna se refirió a la derogatoria que se hiciera a ese decreto por parte del Decreto 1909 de 1992” (fl. 77, cdno. 2).

Que de todo lo anterior “...se puede concluir que el procedimiento seguido en el caso a estudio obedeció a un estricto cumplimiento de la normatividad aduanera vigente y que en él se respetaron los principios del debido proceso, justicia, eficiencia y todos los demás que deben inspirar las actuaciones administrativas” (fl. 80, cdno. 2).

II. Fundamentos de la sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda, para lo cual, en síntesis, sostuvo lo siguiente.

Aclara el tribunal que en reiteradas oportunidades ha manifestado que una es la responsabilidad del importador —propietario de la mercancía— y otra la del transportador, pues en materia sancionatoria la responsabilidad es personal e individual y cada sujeto debe responder por los actos que le son imputables.

Aduce que las pretensiones no están llamadas a prosperar por las siguientes razones:

Que no puede hablarse de violación del principio del non bis in ídem, por cuanto se trata de dos faltas distintas.

Además que la sociedad actora actuó, desde el mismo momento en que comenzó el procedimiento administrativo, sin que adujera la circunstancia de que el importador o propietario de los bienes era una persona distinta, lo cual se demuestra con la contestación de los cargos y el otorgamiento del seguro de cumplimiento en reemplazo de la aprehensión. Por lo tanto, la actora no puede evadir su responsabilidad, alegando que no es propietaria de la mercancía y que no tiene responsabilidad alguna.

Que también resulta incongruente pretender la nulidad que ordena el decomiso de una mercancía “sobre la cual dice no tener ningún derecho, porque solo se limitó a transportarla” (fl. 138, cdno. 2), ya que si fuera así, entonces sería obvio que la actora no estaría legitimada para demandar tales actos.

Agrega que igual juicio puede realizarse respecto de la multa impuesta a la actora en su calidad de transportadora de la mercancía.

Arguye que del cotejo del artículo 4º del Decreto 1105 con el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, se colige la coexistencia y complementariedad de los mismos, y que la primera de las citadas normas no fue derogada expresamente.

Que “Acorde con la conducta adoptada por la sociedad durante el procedimiento administrativo, con lo dicho en los apartes anteriores y con las obligaciones y derechos del transportador, que bien puede y debe... constatar la naturaleza, valor, número, peso y volumen de las cosas, puede afirmarse, sin riesgo de equivocación, que esta es imputable a la firma transportadora y que no acreditó ninguna causa que explicara tal exceso de peso y bultos.

En ese orden de ideas la sanción se encuentra ajustada a derecho.

III. Fundamentos del recurso

La actora finca su inconformidad, principalmente, en lo siguiente:

Que en la providencia de primera instancia solo se contempló la violación al principio del non bis in idem, el cual consideró el a quo que no está probado y procedió a negar las pretensiones de la demanda y en este sentido se viola el derecho constitucional a la defensa.

Reitera que la DIAN al imponerle una multa por $ 11.283.647, aplicó en forma indebida el artículo 4º del Decreto 1105 de 1992, ya que en todo el proceso de vía gubernativa la conducta investigada era la no presentación de documentos al ingreso de la carga al país.

La actora reitera lo sostenido en el libelo de la demanda en cuanto a los demás cargos expuestos contra los actos administrativos de la DIAN.

Agrega que debe tenerse en cuenta que en el fallo de primera instancia, “...no se cita la norma que da respaldo legal a la imposición de la sanción al transportador por la no presentación de los documentos a la aduana al ingreso al país, simplemente porque ella no existe en las normas aduaneras aplicadas en vía gubernativa.

Sostiene que no es admisible que el tribunal confunda ausencia de documentos con exceso de peso, cuando existe abundante jurisprudencia en el tema aduanero. Que estos aspectos son fácilmente diferenciables, con base en las normas y en el sentido común.

IV. Alegato del Ministerio Público

La agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V. Consideraciones de la Sala

Según se lee en el texto de la Resolución 000120 de 7 de octubre de 1996, a la actora se le declaró responsable de la no presentación en debida forma del manifiesto de carga por toda la mercancía transportada en el vuelo 707-8904, razón por la cual se le impuso multa por valor de $ 11.283.647, por incurrir en la infracción del artículo 4º del Decreto 1105 de 1992.

Es preciso señalar que los hechos que dieron lugar a la referida sanción tuvieron ocurrencia en el año de 1996 y que, como lo advirtió la demandada al contestar la demanda, solo con el Decreto 1960 de 4 de agosto de 1997, se autoriza que antes del descargue de la mercancía el transportador presente por vía fax o cualquier otro medio electrónico los documentos de transporte mientras entrega los definitivos, para lo cual cuenta con un plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción del manifiesto de carga.

En este caso, se repite, a la actora se le endilgó la conducta consistente en la no presentación oportuna del manifiesto de carga.

El artículo 4º del Decreto 1105 de 1992, es del siguiente tenor:

Sanciones relativas al manifiesto de carga. La empresa transportadora responderá por la presentación en debida forma de la información contenida en el manifiesto de carga y demás documentos anexos suministrados a la Dirección General de Aduanas.

Las mercancías que constituyan la carga, incluyendo las mercancías a granel, a bordo de un medio de transporte que ingrese a territorio colombiano, deberán estar relacionadas en el manifiesto de carga, salvo que estén amparadas con documentos de destino a otros puertos.

Cuando la empresa transportadora no presente manifiesto de carga o se hallare mercancía no relacionada en él, la mercancía se aprehenderá de inmediato para proceder a declarar su decomiso.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, cuando se presenten diferencias en el número de bultos o en el peso de la mercancía, y este hecho fuere imputable a la transportadora y no existiere una explicación satisfactoria, se impondrá a la empresa transportadora una multa equivalente al ciento por ciento (100%) del valor determinado por la aduana para la mercancía aprehendida.

Cuando se presente el manifiesto de carga sin los requisitos básicos contemplados en el reglamento, la multa a la empresa transportadora será hasta de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales” (la subraya y negrilla fuera de texto).

El artículo 12 del Decreto 1909 de 1992, que también sirve de sustento a los actos acusados (fl. 13), señala que la oportunidad de la empresa transportadora para presentar los documentos de transporte es al arribo del medio de transporte y antes del descargue de la mercancía.

Por su parte, el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, prevé:

“Mercancía no declarada o no presentada. Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.

Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción se realizó por un lugar no habilitado del territorio nacional, o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la aduana.

En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso 1º del artículo 3º del citado decreto, equivalente al 50% del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión o decomiso, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate” (negrilla y subraya fuera de texto).

Resulta oportuno traer a colación que esta corporación en sentencia de 13 de febrero de 2003, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, sostuvo:

“...Por último, cabe señalar que si bien es cierto que la conducta sancionada es atribuible a la empresa transportadora, no lo es menos que, conforme se deduce del texto de los artículos 4º del Decreto 1105 de 1992 y 72 del Decreto 1909 del mismo año, la no presentación de los documentos de transporte da lugar no solo a multa para el transportador, sino a decomiso. Y si la mercancía le pertenece al importador o propietario, debe entenderse que la sanción de decomiso va dirigida contra estos. En consecuencia, sí es jurídicamente posible que por un mismo hecho se sancione a dos personas diferentes, como ocurrió en este caso. Desde luego que esta circunstancia no impide que el importador o propietario de la mercancía pueda repetir contra el transportador, si por negligencia suya le fue decomisada la mercancía...”.

La tesis planteada por la corporación en el caso citado, tiene estrecha relación con el asunto que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad, razón por la cual debe reiterarse.

Ahora, el fundamento central del cargo de violación del principio del non bis in idem descansa sobre la afirmación de la actora referente a que “...los actos administrativos demandados multaron al transportador (...) e impusieron otro decomiso adicional, en la medida que multar con el 100% del valor de una mercancía equivale a otro decomiso...”.

Al respecto, cabe señalar que la Sala en sentencia de 28 de junio de 2001, Expediente 6339, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, precisó:

“...De otra parte, tampoco asiste razón a la demandante en cuanto alega la violación del principio del non bis in idem, pues conforme a los artículos 4º y 5º del Decreto 1105 existen dos sanciones para dos sujetos diferentes: la multa para el importador y el decomiso de la mercancía para el propietario de la misma. En este caso, a la sociedad Glaypat y Cia Ltda., según se desprende de los documentos obrantes a folios 185 a 191, se impuso dicha sanción en su calidad de propietaria.

En efecto, el artículo 5º establece que “Una vez aprehendida la mercancía se formulará pliego de cargos a quien tenga derecho sobre la mercancía y a la empresa transportadora, cuando sea el caso...”.

“...claramente se advierte que el artículo 4º está regulando concretamente la conducta relativa al manifiesto de carga frente al transportador; en tanto que el artículo 72 alude a conductas, no solo concernientes a dicho manifiesto sino a la declaración de importación, donde está involucrado directa y únicamente el propietario de la mercancía, el que solo puede ser sujeto pasivo de la sanción de multa del 50% del valor de la misma y además de decomiso, pues la mercancía le pertenece es a él; y es el único interesado en legalizarla mediante rescate, circunstancias estas a que alude la norma en mención.

Obsérvese cómo las normas aduaneras cada vez sancionan más drásticamente a todos los sujetos que intervienen en faltas administrativas.

Es así como al transportador, por las conductas analizadas, se le impone una multa del 100% del valor de la mercancía no amparada (D. 1105/92, art. 4º); al propietario de la mercancía, en el Decreto 1750 de 1991 y en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, además del decomiso, se le impuso multa del 50% del valor de la mercancías; en caso de no poderse efectuar la aprehensión, según el artículo 73, ibídem, procedía una multa del 50% del valor de la mercancía, pero con la expedición del Decreto 1800 de 1994 (art. 12) se elevó al 200% de dicho valor; y no obstante la voluntad de legalizar la mercancía mediante el rescate, el propietario debe pagar, además de los tributos aduaneros, el 50%, 75% o 30% del valor de la misma, dependiendo del momento en que haga uso de dicho mecanismo (D. 1909/92, art. 82).

De manera pues, que no existe fundamento válido alguno que permita inferir que la multa para el transportador, a que se refiere el artículo 4º del mencionado Decreto 1105 desapareció o fue rebajada a un 50% pues, se repite, la tendencia de la legislación aduanera ha sido la de reprimir cada vez con mayor drasticidad las conductas que contribuyan a la evasión de tributos, dada la marcada incidencia que estos tienen en la economía y desarrollo del país”.

En consecuencia, la no presentación de los documentos de transporte da lugar no solo a multa para el transportador, sino a decomiso y en tal virtud, considera la Sala que no existió violación al principio mencionado.

También deben traerse a colación apartes de la sentencia de esta Sección, de fecha 18 de agosto de 2005 con ponencia del consejero Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, en otra controversia surgida entre la empresa aquí demandante y la DIAN, frente a circunstancias similares, en la cual se señaló que:

“...Finalmente, es menester advertir que el punto del non bis in ídem ha sido dirimido por la Sala, entre otras, en la sentencia atrás citada, y justamente en los términos de los apartes que de ella se transcriben, en los cuales queda claro que no se está imponiendo una doble sanción por el mismo hecho, sino que “sencillamente se hacen efectivas las consecuencias jurídicas que el hecho genera de modo diferente para cada uno (transportador e importador), en virtud de la regulación específica aplicable a ese hecho”, tal como se señala en la misma sentencia, refiriéndose a los alcances del comentado artículo 72”.

Las consideraciones que han quedado reseñadas en los apartes transcritos, que la Sala prohíja en esta oportunidad, ponen en evidencia la improsperidad de los cargos de la demanda pues, de una parte, el Decreto 1105 de 1992 no se encuentra derogado; no se presentó la violación del principio del non bis in idem; amén de que, del acervo probatorio allegado al proceso se demuestra que los actos expedidos por la administración fueron proferidos en debida forma, respetando los principios del debido proceso y de defensa, lo que conduce a la Sala a confirmar la sentencia de primer grado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión del 19 de febrero de 2009.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, Presidente—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—María Claudia Rojas Lasso—Martha Sofía Sanz Tobón.

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de julio de 1994, Expediente 4091, consejero ponente Delio Gómez Leyva.

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