Sentencia 1997-02499 de octubre 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 23 642

Radicación: 080012331000-1997-02499-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Banco Unión Cooperativa Nacional Financiera, Uconal

Demandado: Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser la demandada entidad pública, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82) y la Sala es competente para resolver el asunto, en los términos del Decreto 597 de 1988, en razón del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de la demandada por los perjuicios derivados de la supuesta falla del servicio que conllevó al “no pago de la obligación civil de Oscar Daza Maestre”.

Adicionalmente, se observa que la demanda no adolece de defecto sustantivo mayor pues si bien en el acápite de la cuantía no discriminó los montos solicitados por concepto de cada una de las pretensiones, al enunciar estas últimas sí señaló que el monto de la obligación cuyo pago no pudo obtener era de $ 57.203.984, de manera tal que, a partir de una interpretación armónica de la demanda, sí era posible establecer la cuantía del litigio para efectos de la competencia.

2. De la legitimación en la causa.

Al señalar que, por cuenta de fallas en el servicio de registro de automotores, perdió la garantía prendaria que se constituyó a su favor sobre un vehículo que fue rematado en un proceso ejecutivo adelantado por otra persona contra su deudor, lo cual le privó de la posibilidad de hacer efectivo el cobro de su acreencia, el Banco Uconal está legitimado en la causa por activa.

Por su parte, al ser la entidad que adelantó los trámites del registro del automotor en cuestión, el Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico se encuentra legitimado en la causa como extremo pasivo de la litis.

3. De la caducidad de la acción.

Según el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo —vigente al momento de la ocurrencia de los hechos—, el término para incoar la acción de reparación directa es de dos (2) años “contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, como aquéllas en las cuales el daño se produce o se manifiesta con posterioridad a la actuación o al hecho administrativo que lo causó, o cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada, se hace necesario acoger una interpretación flexible de la norma que establece el término de caducidad —fundada en el principio pro damato(3)—, con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial, pues si “el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”(4), es razonable considerar que el término de dos años previsto en la ley positiva no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es que la víctima se percata de su ocurrencia(5), o desde la cesación del mismo.

En el caso sub examine se tiene que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, el Banco Uconal no se percató de la supuesta falla del servicio, esto es, del hecho de que los documentos concernientes la prenda constituida a su favor sobre el vehículo de placas TQD 392 no figuraban en la hoja de vida del mismo, sino hasta el momento en que presentó la solicitud de reconstrucción de esta última, esto es, el 9 de mayo de 1996 —infra párr. 13 del acápite de los hechos probados(6)— y dado que la demanda fue instaurada el 3 de julio de 1997 —fL. 27, cdno. 1—, se tiene que fue presentada dentro del término previsto legalmente.

II. Problema jurídico

Debe la Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad de la entidad demandada por el supuesto perjuicio causado al Banco Uconal consistente en no haber podido obtener el pago de la obligación civil a cargo de Oscar Daza Maestre, como consecuencia de las actuaciones registrales que, según el banco, dieron lugar a que el vehículo que garantizaba dicha obligación fuera rematado en un proceso judicial adelantado por otra persona contra el deudor prendario.

Para ello es indispensable establecer si se acreditó la existencia de un daño cierto para lo cual debe determinarse si, efectivamente, la prenda constituida a favor de Uconal era sobre el mismo vehículo que fue rematado o no y si el hecho de que el bien objeto de la garantía prendaria haya sido rematado, constituye por sí mismo un detrimento patrimonial susceptible de ser indemnizado.

III. Hechos probados

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

1. Según la tarjeta de matrícula de 24 de junio de 1988, el bus Chevrolet, modelo 1988, serie PH-878401, motor GRA1-305764, manifiesto de aduana 12838, de propiedad de Leasing International S.A. correspondía a las placas TQ-43-91. Sin embargo, varios de los documentos que obran a continuación en la hoja de vida del vehículo correspondiente a las placas TQD-392, se refieren al automotor de características ya mencionadas como el identificado con esta última placa. De hecho, en varios de ellos se observa que el número de placa mecanografiado era el TQ 4391, pero que fue rayado con bolígrafo y, a mano, se anotó la placa TQD-392 (copias auténticas de la tarjeta de matrícula y de diferentes formularios obrantes en la hoja de vida del vehículo de placas TQD-392(7), fls. 207, 209-213 y 216-217, cdno. 3).

2. En licencia de tránsito 600344 de 11 de octubre de 1991 figura que el vehículo de las características antes mencionadas, pero con placas TQD-391, es propiedad del señor Carlos Alfredo Durán, quien el 6 de enero de 1992 la transfirió a la Cooperativa de Transportes de la Guajira Ltda., pero esta vez bajo las placas TQD-392 (copias auténticas de la licencia y de los formularios únicos nacional y de trámite para sistematización, obrantes en la hoja de vida del vehículo, fls. 205 y 202-203, cdno. 3).

3. En certificado de tradición 11522 de 21 de agosto de 1992, aparece consignado que el vehículo de placas TQD-392, bus, marca Chevrolet, modelo 1988, color verde y blanco, motor 6RA1-305754, serie PH-878604, con manifiesto de aduana 12840, de propiedad de la Cooperativa de Transportadores de la Guajira Ltda., está gravado con prenda a favor de Uconal (copia auténtica del certificado obrante en la hoja de vida del vehículo, fl. 107, cdno. 2).

4. Según el formulario único nacional 91-1493512 del Intra en el cual no aparece la fecha, Cootragua Ltda. transfirió la propiedad del vehículo de placas TQD 392, motor GRA1-305764, chasis PH 878401, manifiesto de aduana 12840 de marzo de 1988, al señor Oscar Daza Maestre (copia auténtica del formulario obrante en la hoja de vida del vehículo de placas TQD-392, fls. 197-198, cdno. 3).

5. El 29 de septiembre de 1992, el señor Oscar José Daza Maestre y el Banco Uconal celebraron contrato mediante el cual el señor Daza Maestre —deudor prendario— constituyó a favor de Uconal —acreedor— prenda abierta sin tenencia sobre el “vehículo bus, marca Chevrolet, modelo 1988, número de motor 6RA1-305754, color verde, blanco y amarillo, tipo de carrocería metálica, servicio público, capacidad 41 puestos, número de chasis PH 878604, número de puertas una, número de placas TQD 392, número de manifiesto 12840 de Bogotá de fecha marzo de 1988”, con el objeto de garantizar al acreedor el pago hasta por la suma de $ 55.000.000, “por concepto de obligaciones a cargo del deudor prendario y a favor del acreedor” (copia auténtica del contrato aportado junto con la demanda y obrante en la hoja de vida del vehículo, fls. 2, cdno .1 y 106, cdno. 2).

6. En licencia de tránsito 803095 expedida por el Intra el 4 de noviembre de 1992 correspondiente al bus marca Chevrolet, color blanco, verde, número de motor 6RA1-305764, número de chasis PH878401, manifiesto de aduana 12840 de marzo de 1988, de placas TQD 392, de propiedad de Oscar José Daza Maestre, figura como limitación a la misma “prenda a favor del Banco Uconal” (copias auténticas de la licencia de tránsito, una aportada con la demanda y la otra obrante en la hoja de vida del vehículo, fls. 4, cdno. 1 y 108, cdno. 2).

7. En licencia de tránsito 249378 expedida por el Intra el 29 de noviembre de 1993 correspondiente al bus marca Chevrolet, color verde, blanco, amarillo, número de motor 6RA1-305754, número de chasis PH878604, manifiesto de aduana 12840 de marzo de 1988, de placas TQD 392, de propiedad de Oscar José Daza Maestre, no figura inscrita ninguna limitación a la propiedad (copia auténtica de la licencia de tránsito obrante en la hoja de vida del vehículo, fl. 183, cdno. 3).

8. El 28 de diciembre de 1993, el director del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico considerando que: i) “en las hojas de vida de los vehículos de placas TQD 391 y TQD 392 se pudo constatar que algunos folios de ambas se encontraban insertos equivocadamente en la del otro”, ii) “la situación de confusión creó desorden en los diferentes trámites realizados por el propietario de ambos vehículos, cruzándose las placas del uno hacia el otro y confundiéndose los guarismos de motor y chasis” y, por lo tanto, era necesario “ordenar las actuaciones necesarias que tiendan a aclarar la tradición, guarismos y folios que componen los historiales de los vehículos...”, resolvió ordenar que se desglosaran los documentos archivados equívocamente y que se anexaran a la hoja de vida correcta. En esa resolución quedó consignado que el automotor con placas TQD 391 era el correspondiente al motor GRA1-305754, chasis PH-878604, de propiedad de Cootragua Ltda. y que el de placas TQD 392 era el de motor GRA1-305764 y chasis 878401, de propiedad de Oscar José Daza Maestre (copia auténtica de la resolución obrante en la hoja de vida del vehículo, fl. 179, cdno. 3).

9. El 20 de enero de 1994, Elizabeth del Carmen Caballero y Oscar José Daza Maestre celebraron contrato de mutuo por un monto de $ 24.000.000, garantizado con prenda sin tenencia del acreedor sobre el vehículo de características ya señaladas, de placas TQD-392, motor GRA1 305764, chasis PH878401, manifiesto 12840. Esta fue registrada mediante formulario único nacional 2325141 de 27 de enero de ese mismo año (copias auténticas del contrato y del formulario obrantes en la hoja de vida del vehículo, fls. 143-145 y 168-169, cdno. 3).

10. En licencia de tránsito 344909, expedida por el Intra el 7 de enero de 1994, correspondiente al bus marca Chevrolet, color blanco y verde, número de motor 6RA1-305754, número de chasis PH878604, manifiesto de aduana 12840 de marzo de 1988, de placas TQD 392, de propiedad de Oscar José Daza Maestre, figura como limitación a la misma “prenda a favor de Elizabeth del C. Caballero”. Lo mismo está inscrito en las licencias 345629, expedida el 28 de enero de 1994, aportada con la demanda y 3445622 expedida el 27 de enero de 1994, obrante en la hoja de vida del automotor, ambas correspondientes a un vehículo con las mismas placas del anterior y de similares características, aunque disímil en cuanto a: i) número de motor —GRA1-305764—, ii) número del chasis —PH-878401— y iii) manifiesto de aduana —012838 de abril de 1988— (copias auténticas de las licencias, la primera y la tercera obrantes en la hoja de vida del vehículo y la segunda aportada con la demanda, fls. 126 y 142, cdno. 3 y 5, cdno. 1).

11. Mediante oficio 739 de 16 de junio de 1994, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla ordenó al Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico que inscribiera el embargo decretado en el marco del proceso ejecutivo iniciado por Elizabeth del Carmen Caballero Pabón contra Oscar José Daza Maestre, sobre el bus de placas TQD 392, modelo 1988, motor GRA1-305764 y chasis PH 878401, manifiesto de aduana 12840 de marzo de 1988. Por oficio 4346 de 4 de agosto de 1994, el instituto respondió que la medida fue inscrita en la “hoja de vida del automotor al igual que en el libro radicador de embargos a folio 71 de agosto 4/94” (copias auténticas de los oficios obrantes en la hoja de vida del automotor, fls. 151-152, cdno. 3).

12. El 30 de junio de 1995, el señor Oscar José Daza Maestre, en calidad de deudor, y las señoras Rosa Morón Arias y Carmen Alicia Cuello Bacca, en calidad de codeudoras, suscribieron a favor de Uconal el pagaré 100005250 por un valor de $ 57.203.984, suma que debía cancelarse en 48 cuotas (copia auténtica del pagaré obrante en la hoja de vida del vehículo, fl. 113, cdno. 2).

13. Mediante auto de 4 de julio de 1996, la oficina legal del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico avocó el conocimiento para iniciar actuación administrativa de reconstrucción parcial de la hoja de vida del vehículo de placas TQD-392, de acuerdo con la solicitud elevada por el Banco Uconal el 9 de mayo del mismo año. En aquel auto la oficina legal ordenó, entre otros, la “práctica de estudio técnico y físico a los vehículos TQD 391 y TQD 392” (copias auténticas del auto y de la solicitud obrantes en la hoja de vida del vehículo, fls. 103 y 105, cdno. 2).

14. En el marco de dicha actuación, la Secretaría General de la General Motors Colmotores informó al Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico que ensambló dos vehículos buses, marca Chevrolet, modelo 1988. El primero con motor GRA1-305764, chasis PH878401 y manifiesto 12838 de marzo 22 de 1988 y el segundo con motor GRA1-305754, chasis PH878604 y manifiesto 12840 de marzo 22 de 1988 (copia auténtica del oficio de 23 de julio de 1996 obrante en la hoja de vida del vehículo, fls. 88-89, cdno. 2).

15. En oficio de 21 de octubre de 1996, el Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico comunicó al Juez Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla la apertura de la actuación administrativa de reconstrucción parcial de la hoja de vida del vehículo de placas TQD-392 (copia auténtica del oficio obrante en la hoja de vida del vehículo, fls. 65-66, cdno. 2).

16. Mediante oficio 1235 de 8 de noviembre de 1996, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar solicitó al director de tránsito departamental del Atlántico que inscribiera el embargo decretado sobre el vehículo de propiedad de Oscar Daza Maestre “bus marca Chevrolet, modelo 1988, motor 6RAT-305764, chasis PH-878401, tipo de carrocería metálica, servicio público de placas TQD-392, color blanco, verde, con licencia de tránsito 803095”, en auto de 7 de noviembre de 1996, proferido dentro del proceso ejecutivo adelantado por el Banco Uconal contra Oscar Daza Maestre, Carmen Cuello Baca y Rosa Morón Arias. A dicha solicitud se respondió negativamente mediante oficio fechado el 12 de diciembre de 1996, por cuanto el automotor mencionado “presenta embargo por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, oficio 739 de fecha junio 16/94” (copias auténticas de los oficios obrantes en la hoja de vida del vehículo, fls. 55-56, cdno. 2).

17. Mediante Resolución 486 de 26 de diciembre de 1996, el jefe de la oficina legal del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico resolvió:

Primero. Reconstruir parcialmente la hoja de vida del vehículo de placas TQD-392, clase bus, marca Chevrolet, modelo 1988, motor 6RA1305764, chasis PH878401, color blanco y verde, servicio público, manifiesto de importación 12838 del 22-03-88 de propiedad de Oscar Daza Maestre identificado con cédula de ciudadanía 12.719.432 expedido en Valledupar.

Segundo. De conformidad con el artículo 1º archívese en la hoja de vida del vehículo de placas TQD-392, los documentos aportados por el peticionario la que será utilizada como hoja de vida provisional.

Tercero. Demándese ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el acto de inscripción de la prenda legalizada mediante formulario único nacional 93-2325141 con fecha 3 de marzo de 1994, a favor de la señora Elizabeth del Carmen Caballero Pabón, reposando a folio 67 de la hoja de vida del vehículo descrito en el artículo anterior.

Cuarto. Ofíciese a la coordinación de sistemas a fin de ser inscrito pleito pendiente en la hoja de vida del vehículo de placas TQD-392, hasta tanto no sea resuelta su situación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Quinto. Remítase copia de la presente resolución a la oficina de recursos humanos para que se investigue la posible comisión de faltas disciplinarias.

Sexto. Remítase copia de la presente resolución a la Fiscalía General de la Nación, seccional Atlántico, para que se investigue la posible comisión de faltas disciplinarias.

Séptimo. Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante el jefe de la oficina legal y de apelación ante el director del IDTTA dentro de los cinco días siguientes a su notificación (copia auténtica de la resolución obrante en la hoja de vida del vehículo, remitida por la demandada, fls. 52-54, cdno. 2).

18. Esta resolución fue proferida con fundamento en que: i) los documentos aportados por el Banco Uconal junto con la solicitud de reconstrucción no obraban en la hoja de vida del vehículo, ii) que en los libros radicadores de pignoraciones y despignoraciones sí aparece la inscripción de la prenda constituida sobre el vehículo a favor del Banco Uconal, y iii) “... ante la imposibilidad de la coexistencia de ambos gravámenes y ante la inexistencia de la autorización expresa del titular del derecho para la revocatoria directa, este instituto demandará los actos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dando aplicación a la sentencia del 2 de mayo de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera”. Esta resolución fue notificada personalmente a los apoderados del Banco Uconal y de la señora Elizabeth del Carmen Caballero Pabón el 7 y el 4 de enero de 1997, respectivamente, y salvo la remisión a la coordinadora de recursos humanos, no obra constancia del trámite dado a lo allí ordenado (copia auténtica de las constancias de notificación y del oficio remisorio obrantes en la hoja de vida del vehículo, fls. 34, 48, 49 y 53, cdno. 2).

19. El 4 de marzo de 1997, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla adjudicó al señor Amaury Pineda Pérez el vehículo “modelo 1988, marca Chevrolet, placas TQD 392, color blanco y verde, motor 6RA1-305764, chasis PH878401, por el valor de la postura inicial que es el 70% del valor del avalúo que da un total de treinta y cinco millones de pesos moneda legal”, en diligencia de remate. Este remate fue aprobado mediante auto de 10 de marzo de 1997 en el cual se mencionó que el manifiesto de aduana del vehículo era el número 12838 de abril de 1988 (copias auténticas del acta de la diligencia y del auto aportadas con la demanda, fls. 14-18, cdno. 1).

20. En esa fecha —mar. 10—, el mismo Juzgado Cuarto rechazó la solicitud de 4 de marzo elevada por el Banco Uconal consistente en que se suspendiera la diligencia de remate porque “sobre el vehículo a rematarse se constituyó prenda sin tenencia del acreedor a favor del Banco Uconal y hasta el momento no se ha levantado”. Fundó el rechazo en que:

Examinado el expediente y manifestado en oportunidad anterior al procurador judicial del Banco Uconal, dentro del caso bajo examen, se dictó sentencia la cual se encuentra debidamente ejecutoriada por ministerio de la ley y en ella se pone de presente la orden de pago contenida en el mandamiento ejecutivo.

Así mismo, se le ha manifestado que no existe identidad entre el vehículo automotor relacionado con la prenda del Banco Uconal, así como en la denuncia penal, y el automotor pignorado a favor de la demandante Elizabeth Caballero Pabón (copia auténtica de la providencia aportada con la demanda, fls. 19-21, cdno. 1).

21. El 3 de julio de 1997, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla desglosó del proceso ejecutivo singular seguido por Elizabeth Caballero Pabón contra Oscar José Daza Maestre, el contrato de prenda sin tenencia del acreedor suscrito entre este último y Uconal “con la constancia de que se negó la nulidad que dentro del presente proceso presentó el apoderado del Banco Uconal y el bien “vehículo” fue rematado” (original de la nota de desglose dejada sobre el contrato aportado por el demandante junto con la demanda, fl. 2, cdno. 1).

22. En el acta de la diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 3 de marzo de 1998 en la oficina de tránsito departamental se dejó constancia de lo siguiente:

La persona encargada de atender la visita pone a disposición del tribunal el libro de pignoraciones y despignoraciones con fecha de apertura septiembre de 1992 a 1993, constante de 200 folios. Observándose que a folio 37 se registra el trámite de pignoración del vehículo de placas TQ 392 en contra del señor Oscar José Daza Maestre y a favor del Banco Uconal, fecha noviembre 4 de 1992, con número de radicación 1031. No encontrándose ningún otro escrito en el cual conste que se despignoró el vehículo de que trata la pignoración (acta de la diligencia, fl. 51, cdno. 1).

IV. Análisis de la Sala

1. El daño antijurídico.

El demandante invoca como daño el “no pago de la obligación civil de Oscar Daza Maestre”, como consecuencia de las fallas en el servicio de registro de automotores. De los hechos relatados en la demanda se infiere que, a juicio de la parte actora, este daño se produjo porque, a pesar de haber sido registrada, la prenda sin tenencia constituida a favor de Uconal sobre el vehículo de placas TQD-392 no fue tenida en cuenta por la entidad demandada, razón por la cual fue posible que, sobre el mismo vehículo, se registrara otra prenda y que, posteriormente, se embargara y rematara en el marco de un proceso ejecutivo adelantado por otra acreedora del señor Daza Maestre.

Sobre el particular advierte la Sala, tal como lo hizo el a quo, que no es tan claro que el vehículo sobre el cual se constituyó la prenda que garantizaba la obligación del señor Oscar Daza Maestre fuera el rematado en el proceso ejecutivo adelantado por la señora Elizabeth Caballero Pabón (1.1) y que, aun en el caso de que lo fuera o que se considerara que la confusión entre los dos fue producto de las falencias del registro automotor, lo cierto es que, por regla general, la pérdida de la garantía de la deuda no implica por sí misma la de la posibilidad de obtener el pago de esta última, razón por la cual, para tener por cierto el daño invocado, le correspondía al demandante demostrar que, en las circunstancias particulares del caso, el hecho de que el gravamen constituido a su favor no haya sido efectivo implicó una imposibilidad real de obtener que su acreencia fuera cancelada (1.2).

En conclusión, el supuesto daño antijurídico no es cierto y real, habida cuenta que si bien es cierto el gravamen pudo ser inefectivo, de ese hecho no se puede inferir que la acreencia quedó insoluta.

1.1. La falta de identidad entre la garantía prendaria y el bien embargado y rematado en el proceso ejecutivo.

De acuerdo con el contrato de prenda abierta sin tenencia celebrado entre el señor Oscar Daza Maestre, en calidad de deudor prendario, y el Banco Uconal, como acreedor, el bien sobre el cual se constituyó el gravamen fue el “vehículo bus, marca Chevrolet, modelo 1988, número de motor 6RA1-305754, color verde, blanco y amarillo, tipo de carrocería metálica, servicio público, capacidad 41 puestos, número de chasis PH 878604, número de puertas una, número de placas TQD 392, número de manifiesto 12840 de Bogotá de fecha marzo de 1988” —supra párr. 5—, mientras el que fue objeto del contrato de prenda celebrado entre el mismo Oscar Daza y la señora Elizabeth del Carmen Caballero y, posteriormente, de las medidas de embargo y remate en el proceso ejecutivo adelantado por aquella contra este último, fue el identificado con placas TQD-392, pero que tenía motor GRA1 305764 y chasis PH878401 —supra párr. 9, 11 y 19—.

Sobre el particular es de anotar que si bien es cierto que, de acuerdo con las normas de tránsito, la placa de un vehículo es única y sirve para identificarlo externa y privativamente(8), según el parágrafo del artículo 87 del Decreto 1344 de 1970, modificado por el 1.75 del Decreto 1809 de 1990, vigente al momento de los hechos, “las características que identifican a un vehículo son las siguientes: número de motor, número de chasis o serie, línea, clase (de vehículo), marca, modelo, tipo (de carrocería), color, clase de servicio y capacidad”(9).

Así pues, se tiene que la identidad del número de placa del vehículo que fue objeto de los diferentes actos jurídicos —los contratos de prenda abierta sin tenencia, por una parte, y el embargo y posterior remate, por otra— es a todas luces insuficiente para considerar que se trata del mismo automotor, pues las características internas mencionadas en cada uno de los actos jurídicos, cuyas especificidades permiten su individualización, difieren en dos aspectos que, para efectos del registro de automotores son esenciales para su identificación: el número del chasis y el del motor. Al respecto vale la pena recordar que los artículos 105 y 106 del mencionado Decreto 1344 de 1970 prescriben un procedimiento especial para obtener la autorización para el cambio del motor o del chasis de un vehículo y consagran la prohibición de borrarlos o adulterarlos.

A lo anterior se agrega que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, sí hay dos vehículos de características similares cuya diferencia radica exclusivamente en las especificaciones señaladas, esto es, los números de chasis y motor. En efecto, en el expediente hay constancia de que: i) General Motors Colmotores ensambló dos automotores similares aunque con números de chasis y motor distintos —supra párr. 14—, ii) dichos vehículos fueron registrados con placas TQD-391 y TQD-392, pero las hojas de vida de ambos fueron mezcladas —supra párr. 8—, y iii) en los diferentes trámites adelantados respecto a uno u otro vehículo, en múltiples oportunidades se confundieron los “guarismos de chasis y motor” —supra párr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8—.

Finalmente, no sobra anotar que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla también consideró que “no existe identidad entre el vehículo automotor relacionado con la prenda del Banco Uconal, así como en la denuncia penal, y el automotor pignorado a favor de la demandante Elizabeth Caballero Pabón” —supra párr. 20—, aunque no se conozcan las razones con fundamento en las cuales llegó a dicha conclusión.

En estos términos, se tiene que, no solo existen serias razones para pensar que el vehículo objeto del contrato de prenda abierta sin tenencia celebrado en favor del Banco Uconal no es el mismo que aquel que, posteriormente, fue objeto de otro contrato de prenda(10) y de medidas de embargo y remate en un proceso ejecutivo, sino que, comoquiera que está probado que las características de uno y otro automotor corresponden efectivamente a dos vehículos diferentes, con placas distintas, aunque sus hojas de vida se hayan mezclado, no es posible dar por descontado que el gravamen constituido a favor del Banco Uconal sobre el automotor de motor 6RA1-305754 y chasis PH 878604 no figure en la hoja de vida de aquel con placas TQD-391, menos aun cuando, según la resolución de 28 de diciembre de 1993 proferida por el director de la entidad demandada, el vehículo de dichas características era precisamente aquel al cual correspondían las placas mencionadas —supra párr. 8—.

Lo anterior es cierto incluso si, como lo aceptó el jefe de la oficina legal de la misma entidad al proferir la Resolución 486 de 26 de diciembre de 1996 —supra párr. 18— y como pudo constatarse en diligencia de inspección judicial —supra párr. 22—, el gravamen constituido a favor del Banco Uconal sobre el vehículo de las características señaladas, pero con placas TQD-392, fue inscrito en el libro de pignoraciones de la entidad demandada, pues para la época de dicha inscripción —oct./92—, aún no se había proferido la resolución mediante la cual se puso de presente la confusión existente entre las hojas de vida de los dos vehículos —dic. 28/93—, de manera tal que es posible que, independientemente de lo consignado en dicho registro, los documentos relacionados con el gravamen invocado obren en la hoja de vida del automotor de placas TQD-391.

Ahora bien, al margen de lo anterior y de los interrogantes que puedan surgir sobre la incidencia que las evidentes irregularidades cometidas por la entidad demandada en el manejo del registro automotor hayan podido tener en el desarrollo de los hechos, la Sala considera oportuno precisar que, en todo caso y como pasa a explicarse, en el sub examine no se acreditó que la supuesta pérdida de la garantía prendaria constituida haya implicado la imposibilidad de obtener el pago de la deuda.

1.2. La falta de acreditación de la imposibilidad de obtener el pago de la obligación garantizada con la prenda.

El daño cuya indemnización pretende el Banco Uconal es el no pago de la obligación civil adeudada por el señor Oscar Daza Maestre y garantizada mediante el gravamen prendario constituido sobre el bien que, según dicho banco, fue embargado y rematado en el proceso ejecutivo adelantado por la señora Elizabeth del Carmen Caballero.

Al respecto la Sala advierte que, de acuerdo con el artículo 2488 del Código Civil(11), todos los bienes del deudor constituyen la prenda general de los acreedores y que, por ende, independientemente de que haya perdido la posibilidad de perseguir el bien que supuestamente garantizaba de una manera específica el pago de la deuda contraída por el señor Oscar Daza Maestre, esto es, el vehículo embargado y rematado en el proceso ejecutivo adelantado por la señora Elizabeth del Carmen Caballero, el banco conserva la posibilidad de perseguir la ejecución del deudor sobre otros bienes del patrimonio del deudor. Por tal razón, le correspondía al actor acreditar que, dadas las circunstancias particulares del caso, la pérdida de dicha garantía implicó necesariamente la imposibilidad de obtener el pago efectivo de su acreencia.

Lo anterior supone que se demuestre, por una parte, la certeza de la exigibilidad de la deuda y, por otra, la imposibilidad concreta de obtener la satisfacción de la misma, esto es, que se acredite que, habiendo intentado los mecanismos jurídicos con que disponía para efectos de conseguir el pago de la acreencia, no lo logró.

En este orden de ideas, observa la Sala que, aunque en el caso bajo análisis está demostrado que: i) el Banco Uconal adelantó un proceso ejecutivo contra Oscar Daza Maestre, Carmen Cuello Baca y Rosa Morón Arias, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, y ii) que en el marco de ese proceso se decretó el embargo del bien objeto de la prenda abierta sin tenencia, medida que resultó frustrada por cuanto estaba vigente un embargo sobre el mismo —supra párr. 16—, en el expediente no hay ningún medio probatorio que permita determinar cuál fue el resultado de dicho proceso y si, efectivamente, el Banco Uconal dejó de obtener el pago de la totalidad o de parte de la deuda(12).

Aunado a lo anterior, debe señalarse que pese al rechazo del registro de la medida cautelar de embargo sobre el bien objeto de la prenda, el actor no allega la prueba del fracaso de las demás medidas que hubiera podido solicitar, en particular, la del embargo y secuestro de los remanentes y/o de los bienes que llegaren a desembargarse dentro del proceso ejecutivo adelantado por la señora Elizabeth del Carmen Caballero en contra de su deudor, el señor Oscar Daza Maestre, medidas respecto de las cuales ni siquiera aporta la constancia de haberlas solicitado(13).

Así pues, se tiene que, aún en el evento en que se considerara que el bien objeto de la garantía prendaria fue el mismo que se embargó y remató en el proceso ejecutivo antes mencionado, el daño invocado en la demanda, esto es, el no pago de la obligación civil contraída por Oscar Daza Maestre, no puede tenerse por cierto, razón por la cual hay lugar a confirmar la sentencia denegatoria de las pretensiones proferida en primera instancia.

V. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 9 de abril de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Descongestión, mediante la cual se desestimaron las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) En el acápite de competencia y cuantía de la demanda, se estimó que esta última ascendía a la suma de $ 150.000.000, “en razón al capital más los intereses correspondientes de mora y los gastos procesales y honorarios de abogado” y dado que, en las pretensiones, se señaló que el total del capital era de $ 57.203.984, se infiere que esta es la pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por concepto de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, monto que supera la cuantía requerida en 1997 —año de presentación de la demanda— ($ 13.460.000), para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado como de doble instancia. Se aplican en este punto los artículos 129 y 132.10 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988.

(3) La aplicación del principio pro damato “implica un alivio de los rigores de la caducidad con respecto a las víctimas titulares del derecho a resarcimiento”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 10 de 1997, Expediente 11.954, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y auto de 7 de marzo de 2002, Expediente 21.189, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) En este sentido se pronunció la Sala en providencia de 7 de septiembre de 2000, Expediente 13.126. C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase la sentencia de septiembre 13 de 2001, Expediente 13.392, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(5) Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 30 de abril de 1997, Expediente 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, Expediente 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, Expediente 15.785, C.P. María Elena Giraldo y 27 de abril de 2011, Expediente 15.518, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) De ahora en adelante debe entenderse que todos los reenvíos a números de párrafos corresponden a los del acápite de hechos probados.

(7) Cada vez que se mencione la hoja de vida del vehículo debe entenderse que es el de placas TQD-392 que fue el único del cual se aportó dicha hoja de vida.

(8) Artículo 2º del Decreto 1344 de 1970, modificado por el 1.1 del Decreto 1809 de 1990. En el mismo sentido, el artículo 2º del actual Código Nacional de Tránsito Terrestre.

(9) Es oportuno aclarar que esta manera de identificar el vehículo no ha cambiado pues el artículo 38 de la Ley 769 de 2002, actual Código Nacional de Tránsito Terrestre, consagra que la licencia de conducción debe contener, junto con el número de placa, las “características de identificación del vehículo, tales como: marca, línea, modelo, cilindrada, potencia, número de puertas, color, número de serie, número de chasis, número de motor, tipo de motor y de carrocería”.

(10) Es de anotar que, contrario a lo afirmado por el actor, sí era posible registrar un segundo contrato de prenda sin tenencia sobre el mismo bien aunque, por ser posterior, debía quedar en el segundo orden de prelación. En efecto, al tenor del artículo 1211 del Código de Comercio “Cuando sobre una misma cosa se constituyan varias prendas, se determinará su orden de prelación por la fecha del registro”.

(11) A cuyo tenor: “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677”.

(12) En un sentido similar ver, por ejemplo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 22 de noviembre de 2012, Expediente 24258, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth en donde se señala que, al no haber demostrado que “en el proceso ejecutivo se hubiera dictado auto ordenando seguir adelante con la ejecución, pero que no pudo hacer efectivo el crédito por la insolvencia del deudor, quien carecía de otros bienes con los cuales pudiera dar cumplimiento a la obligación (…), el demandante no acreditó que por el hecho de no haberse logrado el embargo del bien inmueble de que trata este proceso, le fue imposible obtener la satisfacción del crédito”.

(13) Situación diferente a aquella en la cual el bien que garantiza el pago de la deuda está embargado y secuestrado en un proceso ejecutivo en el cual ya se ha proferido sentencia pues, en este caso, hay certeza sobre la exigibilidad de la deuda y sobre el hecho de que la pérdida del bien objeto de la medida cautelar implica una imposibilidad efectiva de obtener la satisfacción de la acreencia.