CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 7600123310001997025332 01

Interno: 24783

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Azael Antonio Velásquez Salgado y otros

Demandado: Municipio de Pradera y otros

Asunto: Apelación sentencia. Reparación directa.

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 1º de noviembre de 2002, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los entes públicos demandados y, en consecuencia, se denegaron las pretensiones de la demanda.

La referida sentencia amerita confirmación, por cuanto los entes públicos demandados, como ellos lo afirmaron y lo consideró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, carecen de legitimación en la causa por pasiva, tal como se pasa a exponer.

1. Legitimación en la causa por pasiva.

En efecto, el municipio de Pradera, el departamento del Valle del Cauca y la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ESP, Acuavalle, no están legitimados, materialmente, en la causa por pasiva. Al respecto, esta sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha sostenido:

“(…) la legitimación en la causa puede ser de hecho o material, siendo la primera aquella relación que se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, mientras que la segunda, corresponde a ‘... la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas’, por lo cual la ausencia de esta última clase de legitimación, por activa o por pasiva, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido.

La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado; el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(1) (resaltados del original).

Ahora bien, tanto la entidad demandada, departamento del Valle del Cauca, como el juzgador de primera instancia consideran, de manera equívoca, que la falta de legitimación en la causa constituye una excepción de fondo; al respecto esta subsección debe reiterar que:

“… constituye una postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(2).

Clarificado entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable, bien a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(3). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda y/o a la titularidad del derecho reclamado, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o no hayan sido demandadas(4). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo (…).

(...).

Así pues y dado que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— la cual nace con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal faculta a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos y/o derechos constitutivos del litigio, bien porque resultaron perjudicadas, bien porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses o derechos inmiscuidos en el mismo, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés o derecho jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(5).

(....).

En conclusión, cuando se ha probado, como en este caso, la falta de legitimidad en la causa por activa al no acreditarse la titularidad del derecho por cuya indemnización se reclama será necesario denegar las pretensiones de la demanda, razón por la cual así se decidirá previa revocatoria de la sentencia de primera instancia”(6) (resaltados y subrayas fuera del texto original).

Ahora bien, en el presente caso obran los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de la Resolución 9 de diciembre 30 de 1996, dictada por la Alcaldía de Pradera, en virtud de la cual se otorgó una licencia ambiental a la Sociedad Cepapo Ltda., de conformidad con las siguientes consideraciones:

“a. Que la doctora Luz Marina Soto, aprobó en mayo 5 de 1995 el proyecto urbanización “Serrezuela”, de propiedad de la Sociedad Cepapo Ltda. gerenciada por el señor Enrique Posada Patiño.

b. Que el proyecto urbanístico en mención, está contenido en el plano de loteo urbanístico 1 y 2, etapa escala 1:500 de noviembre/94, aprobado por la Doctora Luz Marina Soto Acevedo, en su condición de Directora de Planeación en mayo 5/95, consistente en la primera etapa de 177 lotes y la segunda etapa de 364 lotes para un total de 541 lotes en un programa de “lotes con servicios”.

c. Que para la urbanización “Serrezuela” existe la disponibilidad de servicios de: acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, cuyos proyectos fueron aprobados por Acuavalle y EPSA respectivamente previa cancelación de los derechos correspondientes.

d. Que la dirección general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, mediante auto de octubre 8 de 1996, suspende el trámite de la licencia ambiental ordinaria, solicitada inicialmente por la Sociedad Cepapo Ltda., para el desarrollo del proyecto de urbanización “Serrezuela”.

e. De conformidad al Decreto 1421 de agosto 13 de 1996, artículo 3º numeral 13, el desarrollo de parcelaciones, loteos, condominios y conjuntos habitacionales dentro del perímetro urbano de los municipios, no requieren licencia ambiental; bastará la presentación del plan de manejo ambiental ante la autoridad ambiental competente, sin que medie autorización alguna, para dar inicio al proyecto, obra o actividad.

f. Que la Sociedad Cepapo Ltda. anexó la póliza 322222 C de Latinoamericana de Seguros S.A. asegurando al municipio de Pradera y garantizando el cumplimiento de la ejecución de obras de acueducto y alcantarillado sanitario, aguas lluvias, obras de infraestructura eléctrica, conformación de andenes y sardineles.

RESUELVE:

ART. 1º—Otorgar la licencia urbanística a la Sociedad Cepapo Ltda. (…) para el desarrollo del proyecto denominado urbanización Serrezuela y contenido en el plano de loteo urbanístico 1 y 2 escala 1:500 de noviembre de 1994, aprobado por la Doctora Luz Marina Soto Acevedo en su condición de directora de planeación en mayo 5/95, consistente en la primera etapa de 177 lotes y la segunda etapa 364 lotes, para un total de 541 lotes en un programa de lotes con servicios.

(…).

ART. 4º—El titular de la presente licencia será responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros con motivo de la ejecución de las obras [de] desarrollo de las mismas.

ART. 5º—La Sociedad Cepapo Ltda. en el desarrollo de la urbanización Serrezuela, se obliga a cumplir cada una de las condiciones que imponga el departamento de planeación municipal o las demás autoridades que tengan que ver con la expedición de la presente licencia y su desacato lo hará acreedor a las sanciones establecidas en la normatividad vigente

PAR. 1º—La urbanización Serrezuela durante la ejecución del proyecto urbanístico deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la aprobación del plan de manejo ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

ART. 6º—Las obras amparadas con la presente licencia, deberán ser ejecutadas de forma tal que se garantice tanto la salubridad de las personas, como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

ART. 7º—El municipio de Pradera por conducto de sus agentes, ejercerá la vigilancia y control, durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de la licencia de urbanismo y de las demás normas y especificaciones técnicas, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías, en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos de la sociedad en general.

(…)” (fls. 52-55, cdno. 1) (se resalta).

— Copia auténtica de la Resolución 3 de 20 de enero de 1997, dictada por la Alcaldía de Pradera, mediante la cual se dispuso:

“a. Que el Acuerdo 79 de diciembre de 1996 ítem 107 faculta a la oficina de planeación municipal para conceder la autorización sobre rotura de calles.

b. Que el señor(a) Enrique Posada P., Gerente de la Empresa Cepapo Ltda., ha solicitado a la oficina de planeación municipal mediante oficio de enero 20 de 1997, su autorización para adelantar unos trabajos en el sector comprendido entre la esquina del Colegio Francisco Antonio Zea y la primera esquina de la urbanización “Villa Marina” con el fin de poder conectar los dos tramos ya instalados de alcantarillado sanitario (...).

RESUELVE:

ART. 1º—Autorizar como en efecto se hace al señor(a) Enrique Posada - gerente de la empresa Cepapo Ltda., la rotura de la vía en el sector comprendido entre la esquina de la urbanización “Villa Marina” para adelantar los trabajos de conexión de redes de alcantarillado.

ART. 2º—El señor(a) Enrique Posada, deberá tomar las medidas preventivas necesarias para evitar posibles accidentes con motivo de la rotura de la mencionada vía e igualmente se compromete a realizar los trabajos de reparcheo en un término de 15 días a partir de la fecha, dejando el pavimento en su estado inicial.

ART. 3º—Las obras amparadas con el presente permiso, deberán ser ejecutadas de forma tal que se garantice tanto la salubridad de las personas, como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

ART. 4º—El titular del presente permiso será responsable de todas las obligaciones adquiridas con ocasión de su expedición y extracontractualmente por los perjuicios que se causaren a terceros con motivo de la ejecución de obras.

(…)” (fls. 60-61, cdno. 1) (resaltados fuera del texto original).

— Original del contrato de obra celebrado entre la Sociedad Cepapo Ltda., y el técnico hidráulico Luis Álvaro Prada, el 4 de diciembre de 1996, en el cual se precisó lo siguiente:

“Precios contratados y pactados hoy cuatro de diciembre de 1996, de todas las obras a ejecutar en la urbanización Serrezuela de propiedad de Inversiones Cepapo S.A. — los precios unitarios y valores que a continuación se describen, serán respetados durante la ejecución de la obra, años 1996 y 1997.

Los desembolsos entre el contratante y el contratista, tendrán unos cortes periódicos quincenales, sobre los cuales será la base para la retención en la fuente a que de lugar.

El contratista a su vez, con recursos propios, se compromete a pagar al personal que él haya contratado, semanalmente los días sábados, antes del mediodía.

La responsabilidad ante las EPS o seguridad social, corren por cuenta y riesgo del contratista, sin tener nada que ver en este caso la empresa. Con respecto a algún accidente de trabajo, cabe anotar, que la empresa contratante colaborará y prestará los servicios de urgencia en caso de ausencia del contratista.

Los materiales o elementos que se dañen o quiebren en la ejecución de la obra serán repuestos por el contratista.

Los tramos de obra de acueducto, alcantarillado aguas lluvias, alcantarillado, aguas negras, una vez colocados y que por alguna razón no sean recibidos a satisfacción por cuenta del contratista. (…)” (fls. 209-211, cdno. 1) (se resalta).

— Certificación expedida por la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A., ESP, en la cual se hizo constar que:

“Las redes de alcantarillado sanitario de la urbanización “Serrezuela” en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, se reciben a entera satisfacción, a partir de la cámara de inspección 48 hasta la totalidad de los tramos internos de la referida urbanización, incluyendo las cámaras de inspección que corresponden a 48 unidades completas.

Pendiente de entrega por parte de la constructora, se tiene que deben continuar la extensión de la red de alcantarillado de 12” a la cámara siguiente en la urbanización “Villa Marina”, donde se debe conectar en 12”, tal como entregar el sistema se presentará cuello de botella en 10”. La ampliación implica 40 metros de tubería de 12 únicamente.

Igualmente falta por instalar las acometidas domiciliarias de los lotes a desarrollar en toda la urbanización.

Falta por entregar el plano de construcción de las redes de alcantarillado sanitario” (fl. 214, cdno. 1) (se resalta).

— Oficio DAPM-008, remitido por la Alcaldía de Pradera el 18 de febrero de 1997, en el cual se dejó constancia de lo siguiente:

“Doy contestación a su oficio fechado febrero 7/96 y recibido en la alcaldía municipal bajo la radicación 3158 de febrero 10 de 1997, permitiéndome informarle que el municipio de Pradera, Valle, para el mes de enero del año en curso no realizó ninguna obra o trabajo en la intersección de la calle 6ª con calle 7ª de la actual nomenclatura - salida a la ciudad de Palmira, Valle.

El trabajo que por esa época se efectuó de conexión de alcantarillado en ese sector estuvo a cargo de la empresa Cepapo Ltda. gerenciada por el señor Enrique Posada P., quien adelanta el proyecto urbanístico denominado “Serrezuela” (fl. 17, cdno. 1) (se resalta).

— Certificación expedida por la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A., ESP, el 12 de octubre de 1999, según la cual:

“1. Acuavalle S.A. ESP no era la encargada de adelantar y ejecutar las obras de instalación de tubería para el alcantarillado de la urbanización Serrezuela en el municipio de Pradera, Valle del Cauca.

Por tratarse de una urbanización, las redes de acueducto y alcantarillado deber ser construidas por el urbanizador previa aprobación de los proyectos por parte de Acuavalle S.A. ESP.

2. La interventoría ejercida por Acuavalle S.A. ESP a la obra es meramente una interventoría técnica a materiales y mano de obra, la cual, nos permite recibir la obra a entera satisfacción y hacernos cargo de su mantenimiento a perpetuidad. La principal función de esta interventoría es hacer cumplir lo aprobado en el respectivo proyecto por el urbanizador: calidad de materiales, niveles, alineamiento y acoplamiento [de] tubería, calidad del concreto de cámaras, acero de refuerzo de losas, compactación de rellenos, etc.

3. El ingeniero Juan de Dios Moreno, en su calidad de jefe del distrito operativo 1, que incluye la seccional de Pradera, no está facultado para ordenar al contratista, subcontratista, empleados o trabajadores, la forma en que se debe manejar el personal a cargo de estos.

Los métodos constructivos, equipos, herramientas, horarios de trabajo, salarios, prestaciones sociales, servidumbres, afectación a terceros, medición de obra, precios unitarios, forma de pago, etc., son de exclusiva responsabilidad del contratante y contratista” (fls. 4-5, cdno. 2) (resaltados adicionales).

— Oficio remitido por la Sociedad Cepapo Ltda., el 27 de octubre de 1999, en el cual manifestó que:

“1. Jamás la Sociedad Cepapo Ltda., celebró contrato alguno con el municipio de Pradera (V) para la ejecución de la obra urbanización Serrezuela, y por tal motivo estoy en imposibilidad de enviar con destino al proceso citado la copia del “contrato” que se me pide, porque no existe (...)” (fls. 3-4, cdno. 3).

— Certificado de existencia y representación de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A., ESP, Acuavalle, (fls. 79-81, cdno 1).

— Certificado de existencia y representación de la Sociedad Cepapo Ltda. (fls. 106-109, cdno. 1).

Pues bien, en el presente caso la demanda se dirigió en contra del municipio de Pradera, del departamento del Valle del Cauca, de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ESP, Acuavalle, y de la Sociedad Cepapo Ltda.; sin embargo, se encuentra que el hecho dañoso por el cual se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado consiste en el fallecimiento del señor José Edgar Velásquez Ramírez el día 23 de enero de 1997(7), quien al desarrollar trabajos para la construcción del alcantarillado de la urbanización Serrezuela del municipio de Pradera resultó lamentablemente sepultado como consecuencia del desprendimiento de unas paredes de tierra en la excavación respectiva, hecho que no le resulta atribuible a alguno de los entes públicos accionados por cuanto no tuvieron injerencia en la producción del daño por el cual se demandó.

Ciertamente, la actuación del municipio de Pradera se contrajo a la expedición de la Resolución 9 de diciembre 30 de 1996, mediante la cual le otorgó la licencia urbanística a la Sociedad Cepapo Ltda., para el desarrollo del proyecto denominado “Urbanización Serrezuela”.

Posteriormente, dicho ente territorial, en virtud de la Resolución 3 de enero 20 de 1997, emitió una autorización a favor de la Sociedad Cepapo Ltda., para que efectuare la rotura de la vía en el sector comprendido entre la esquina del Colegio Francisco Antonio Zea y la primera esquina de la urbanización Villa Marina, con el fin de adelantar los trabajos de conexión de redes de alcantarillado, en la urbanización Serrezuela del municipio de Pradera.

Se destaca que dentro de ambos actos administrativos se le impuso a la Sociedad Cepapo Ltda., la obligación de adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar posibles accidentes con motivo de la ejecución del proyecto denominado “Urbanización Serrezuela” y de la rotura de la vía referida anteriormente.

Con ocasión de la ejecución de la obra, la Sociedad Cepapo Ltda. contrató al técnico hidráulico Luis Álvaro Prada, para que efectuare la construcción del acueducto y alcantarillado de aguas negras y de aguas lluvias de la urbanización Serrezuela en el municipio de Pradera, tal como lo demuestra el contrato civil de obra celebrado entre dichas personas particulares.

En el referido contrato de obra, la Sociedad Cepapo Ltda., en su calidad de contratante, estipuló que el contratista, con recursos propios, se comprometía “a pagar el personal que él haya contratado” y que en materia de salud y/o seguridad social de los empleados que se encontraren a cargo de dicha sociedad que:

“corren por cuenta y riesgo del contratista, sin tener nada que ver en este caso la empresa” (fls. 209-210, cdno. 1).

De otra parte, a folio 79 del cuaderno 1, obra el certificado de existencia y representación de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ESP, Acuavalle, en el cual se indicó que el objeto social dicha entidad consistía en:

“el estudio, diseño, planeación, construcción, prestación y administración de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios del Valle del Cauca, así como la prestación de servicios, construcción, administración de servicios públicos, consultoría y asesoría a las municipalidades y entidades del sector público que lo requieran en este campo. Se entienden incluidos en este objeto los actos directamente relacionados con él y los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia o funcionamiento de la sociedad (…)”.

Así mismo, dentro del expediente reposa una certificación expedida por la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ESP, Acuavalle, según la cual no era la encargada de la instalación del alcantarillado de la urbanización Serrezuela del municipio de Pradera, por cuanto ello le correspondía ejecutarlo al dueño de la urbanización, lo cual se corrobora, precisamente, con el contrato —netamente de derecho privado— celebrado entre la Sociedad Cepapo Ltda., y el señor Luis Álvaro Prada, para tal efecto.

De igual forma, sostuvo Acuavalle que la interventoría que ejerció respecto de la obra mencionada, básicamente se limitó a una interventoría técnica de los materiales y de la mano de obra utilizados en la construcción del pluricitado alcantarillado.

En cuanto al departamento del Valle del Cauca, no se encuentra elemento de convicción alguno que permita establecer cuál habría sido su solución —directa o indirecta— con la obra antes descrita.

Se reitera que en el proceso que ahora se estudia se acreditó la celebración de un contrato, de carácter privado, cuyo objeto consistía en la construcción del acueducto y alcantarillado de aguas negras y aguas lluvias en el proyecto urbanístico “Serrezuela” (fls. 209-211, cdno. 1), el cual fue suscrito el 4 de diciembre de 1996, entre la Sociedad Cepapo Ltda., y el técnico hidráulico Luis Álvaro Prada.

Ahora bien, aunque dentro del expediente no obra elemento probatorio alguno que indique que la víctima directa del daño hubiere sido contratado por el referido contratista para la ejecución de la obra mencionada, lo cierto es que según las declaraciones de los señores Henry Martínez Rivera, Everth Mosquera Gómez y Jorge Iván Lucumí dan cuenta que el señor José Edgar Velásquez Ramírez se encontraba laborando en dicha construcción, lo cual permite inferir que su actividad laboral provenía del vínculo existente entre él y el técnico hidráulico contratado por Cepapo Ltda., es decir sin relación alguna para con los entes públicos demandados.

En gracia de discusión, esto es, en el evento en el cual la víctima directa del daño hubiese tenido una relación contractual directa con Cepapo Ltda., ello en modo alguno comprometería la actividad de las entidades públicas accionadas, por la sencilla pero suficiente razón de que dicha compañía no era contratista del Estado, sino que, dentro de su objeto social, ejecutó una obra, todo por su cuenta como persona jurídica de derecho privado.

Así las cosas, la subsección estima que el municipio de Pradera, el departamento del Valle del Cauca y la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A., ESP, Acuavalle, carecen de legitimación en la causa por pasiva dentro del asunto sub judice, pues por un lado no tuvieron injerencia alguna en la obra de construcción del acueducto y alcantarillado de la urbanización Serrezuela del municipio de la Pradera; de otra parte, según se dejó indicado, el referido contrato de obra, en el cual lastimosamente falleció el señor José Edgar Velásquez Ramírez, fue suscrito y celebrado entre la Sociedad Cepapo Ltda., y el técnico hidráulico Luis Álvaro Prada, esto es sin nexo alguno con la actividad estatal.

Ahora bien, al haber determinado que en relación con las entidades públicas demandadas no resulta posible predicar su legitimación en la causa —por pasiva— dentro de este asunto, queda entonces como única parte demandada la Sociedad Cepapo Ltda., la cual, según el certificado de existencia y representación legal tiene su capital societario constituido por aportes de carácter privado.

2. El factor de conexión como criterio determinante de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del proceso cuando uno de los demandados es una persona natural o jurídica de derecho privado(8). 

La jurisprudencia de esta corporación ha definido la competencia como la facultad que le asiste a un juez para ejercer, por autoridad de la ley y en determinado asunto, la jurisdicción que corresponde a la República(9) o como la medida que se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades que la integran y cuya determinación atiende a factores universales que garantizan que el asunto debatido será conocido por el juez más cercano a quienes aspiran a obtener un pronunciamiento de la Rama Judicial del poder público(10).

Tales factores guardan relación con la naturaleza del proceso y la cuantía de la pretensión —objetivo—; la calidad de las personas que han de ser partes dentro de la litis —subjetivo—; la distribución de los asuntos entre las diferentes jerarquías de funcionarios dentro de la jurisdicción, como corolario del principio de la doble instancia —funcional—; el reparto de los negocios según el lugar geográfico dentro del cual el juez o tribunal tiene atribuida la iuris dictio —territorial— o la acumulación de una pretensión a otra, cuando entre ellas existe conexión y un juez que en principio carece de competencia para conocer alguna de las acumuladas puede asumir la obligación de decidir todas por ser legalmente competente para resolver una de las reclamaciones formuladas —conexión—.

De manera más prolija, en relación con este asunto, ha dicho esta corporación:

“En ese plano de esencial intelección y dentro del ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en no pocos puntos distintos a los contenidos procesales del jus privatum, los preanotados factores de determinación de la competencia tienen cabal aplicación, como que el factor objetivo explica la facultad de conocer por la naturaleza de la manifestación de voluntad administrativa, hecho u operación de idéntica índole, como acontece, exempli gratia, con los asuntos relativos a la propiedad industrial, las contenciones promovidas sobre aspectos petroleros en que sea parte la Nación, las controversias sobre actos eleccionarios del Presidente de la República, representantes y senadores que lo son de conocimiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo en única instancia, los eventos aludidos contemplados en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo.

Por el valor de la controversia y la existencia o inexistencia de una cuantía, será determinante en otros eventos de procesos; verbi gratia, en las acciones de restablecimiento del derecho en que se enjuicien actos del orden nacional, que la competencia sea de la Sala de lo Contencioso Administrativo o de un tribunal administrativo.

El factor subjetivo fija la competencia, salvo los respectivos casos previstos en los artículos 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo, en asuntos en que es parte la Nación o las entidades descentralizadas del orden nacional; en razón a que el Consejo de Estado es, por principio, el juez de la Nación y del tipo de los entes precisados; y por ese factor, igualmente radica la competencia en los tribunales administrativos para avocar el conocimiento de las controversias en que sean parte las entidades territoriales (departamentos, intendencias, comisarías, distrito, municipios).

Por el factor territorial, dentro del mismo plano de ejemplificación, ordena el legislador fijar la competencia por el lugar en donde se ejercieron las funciones por el empleado público (acción de nulidad con restablecimiento del derecho de carácter laboral); donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato (acción contractual); donde se produjo el hecho o situación que compromete la responsabilidad del Estado (acción de reparación directa); etc.

La multicitada figura de la competencia se fija en el factor de conexión para el conocimiento de ciertas controversias administrativas denominadas conexas, entre las cuales, como lo indica el nombre y ya se ha dicho, existe un elemento de sustancial ligazón que determina o hace indispensable el ejercicio de la respectiva acción dentro de un solo proceso, como pudiera eventualmente acontecer por la existencia de responsabilidad conjunta entre un ente de derecho público y un sujeto de derecho privado (Estado y contratista; Estado y funcionario o exfuncionario público).

Por último, por el factor funcional, las contenciones administrativas se conocen a través de las respectivas instancias, al adscribir la ley a funcionarios diferentes la cognición de los asuntos, sobre la base, como ya se indicó, de existir diversos grados jerárquicos, tal como ocurre con los procesos de nulidad instaurados contra actos administrativos dictados por funcionarios y organismos administrativos del orden departamental, intendencias, comisarial y distrital; atribuidos a los tribunales administrativos en primera instancia; o de restablecimiento del derecho de carácter laboral que son decididos en única o primera instancia por aquellas corporaciones jurisdiccionales según la cuantía, correspondiendo al Consejo de Estado su conocimiento el segunda instancia, también de acuerdo con determinada cuantía”(11) (se deja resaltado).

El factor de conexión, que es aquel que centra la atención de la Sala en el presente asunto, implica que cuando se demanda a una entidad pública en relación con la cual el competente para conocer de los juicios en que deba dilucidarse su responsabilidad es el juez administrativo, en conjunto con otra u otras entidades o incluso con particulares, respecto de quienes la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados en principio corresponde a otra jurisdicción, por aplicación del “factor de conexión”, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

La Sala se ha ocupado ya de explicar la justificación de la existencia del mencionado factor de conexión, en los siguientes términos:

“Sobre el mismo punto la doctrina ha indicado:

Aun cuando se discute la naturaleza del criterio de conexión como determinante de la competencia, lo cierto es que tiene, en lo que a sus efectos se refiere, consecuencias similares a las de los demás factores, pues sirve para indicar en ciertos casos qué juez conocerá de determinado proceso; de ahí que se acepte como uno de los factores que fijan la competencia, por cuanto se identifica con los otros cuatro en lo tocante a sus efectos prácticos dado que contribuye para efectos de adscribir el conocimiento de un proceso a determinado juez.

El factor de conexión encuentra su principal motivo de ser en el principio de la economía procesal, que se refleja, entre otras muchas formas, en el fenómeno de la acumulación de pretensiones y de procesos, casos en los cuales el juez competente para conocer de un proceso en el que existen pretensiones acumuladas o varios procesos que se van a acumular, será el juez que puede conocer del proceso de mayor valor, pues se aplica el conocido aforismo romano de que lo accesorio sigue a lo principal; se tendrá que lo accesorio, en este caso, es lo de menor valor.

Constituye también una clara aplicación del factor de conexión, como determinante de la competencia, el previsto en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, que faculta para ejecutar una sentencia al mismo juez que la profirió. Así, si un juez de circuito acoge parcialmente las pretensiones de una demanda, pretensiones que eran de mayor cuantía, e impone condena y la cifra señalada está dentro de los límites de la menor cuantía, es posible adelantar una ejecución de menor cuantía ante un juez del circuito, el mismo que dictó el fallo, por cuanto el ipso de conexión así lo permite.

Así mismo un evento donde interviene el factor de conexión para radicar la competencia lo atinente a que el juez que conoce del proceso de sucesión también lo hará de los procesos por causa o en razón de la herencia.

Es también desarrollo del factor de conexión las normas acerca de la denuncia del pleito y el llamamiento en garantía que permiten a determinados jueces conocer de procesos que de haberse dado por separado no les hubieran correspondido’(12).

Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esa jurisdicción y a otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas(13).

En este caso, la entidad y el hecho por el que se demanda son los mismos; además, tanto en el caso del trabajador, como en el de los demás demandantes, las pretensiones son indemnizatorias, a pesar de que las acciones para solicitarlas son diferentes. Aplicando el factor conexión, el vínculo entre esas pretensiones es lo suficientemente razonable para justificar, por razones de economía procesal, que se decidan en este proceso la responsabilidad de la entidad demandada, tanto en su calidad de patrono del lesionado, como de entidad pública, respecto de los otros damnificados por ese daño. Por las anteriores razones no prospera la excepción propuesta por las Empresas Públicas de Pereira”(14) (resaltados adicionales).

Ahora bien, la Sala, en cuanto al mencionado factor de conexidad en materia de competencia y, por ende, frente al denominado fuero de atracción, ha precisado(15):

“Sin embargo, en relación con el factor de conexión —el cual, como se advierte, es el que da lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción”— la Sala estima oportuno destacar que su operatividad resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir —y mantener— la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción —fuero de atracción—, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito, atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos.

La anterior conclusión resulta imperiosa comoquiera que de admitirse la aplicación del multicitado factor de conexión o fuero de atracción con la simple convocatoria ante la jurisdicción contencioso administrativa de una persona —pública o privada— respecto de la cual la ley ha atribuido a aquella la competencia para conocer de los litigios en los cuales se vea inmersa, independientemente de una valoración, así sea meramente liminar, de las probabilidades de condena en su contra, acabaría por consentirse que los particulares, a su antojo, eligiesen el juez de sus preferencias para asumir el conocimiento de los asuntos que decidan ventilar ante la jurisdicción, con lo cual se desconocería el carácter de orden público de las disposiciones legales que distribuyen la competencia entre los diversos órganos judiciales y todas las razones que condujeron al legislador a efectuar dicho reparto de la forma como quedó consignado en la ley. Suscribe la Sala, por tanto, lo afirmado por la jurisprudencia de la corporación en el siguiente sentido:

“En este caso, la Sala decidió conocer de la controversia y juzgarla, dando aplicación al denominado ‘fuero de atracción’, teniendo en cuenta que, al tiempo con la indicada empresa, fueron demandadas la Nación-Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Es cierto que si se demanda a una entidad pública de cuya responsabilidad debe conocer el juez administrativo, en conjunto con otra u otras —o incluso con particulares— cuyo conocimiento está atribuido a otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el primero adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

La operancia del fenómeno, sin embargo, no puede quedar librado (sic) a la libérrima voluntad del demandante, de modo que seleccione, a su antojo, las entidades demandadas escogiendo, de esa manera, la jurisdicción que más le conviene para que le resuelva el asunto. Es menester, como lo ha reiterado la sala, que la vinculación de tales entidades al proceso tenga fundamento serio, es decir que, en la demanda, se invoquen acciones u omisiones que, razonablemente, conduzcan a pensar que su responsabilidad pueda quedar comprometida. De otra manera, se tratará de una vinculación carente de todo sustento y con el solo propósito de variar la jurisdicción legal, conducta que no puede ser recibida por el juez administrativo y por ningún juez(16).

Lo dicho supone destacar la trascendencia de la valoración que, en el referido sentido, se encuentra obligado a efectuar el juez de primera instancia al momento de resolver sobre la admisión de la demanda, instante procesal en el cual debe proceder a realizar el aludido juicio sobre la seriedad de la vinculación de la entidad o entidades sujetas al control del juez de lo contencioso administrativo, comoquiera que tal sería el lugar —el auto admisorio o inadmisorio de la demanda— en el cual, idealmente, debería señalarse a la parte actora —quien es, de todas formas, la responsable última de la elección del cauce procesal a través del cual decide someter sus litigios a la jurisdicción— si resulta viable la aplicación del tantas veces mencionado fuero de atracción” (resaltados y subrayas fuera del texto original).

Con anterioridad a la expedición del fallo recién citado, la Sección Tercera del Consejo de Estado también se había referido al tema del fuero de atracción en esa misma línea de pensamiento, tal como lo refleja el auto proferido el 19 de julio de 2006, dentro del Expediente 30.836, a saber:

“Establecido el marco o campo de acción del juez administrativo, debe examinarse si de acuerdo con los hechos narrados en la demanda, al amparo del fuero de atracción es viable examinar una eventual responsabilidad del Ministerio de la Protección Social por los daños ocasionados a los demandantes, hecho que entonces permitirá determinar si la providencia censurada se ajustó o no a derecho.

Para ello debe establecerse, de entrada, que el fenómeno del fuero de atracción, explicado ampliamente por la jurisprudencia y la doctrina, se configura o tiene ocurrencia en aquellos eventos en que un daño pudo haber sido causado o puede resultar imputable a una entidad pública y a uno o varios particulares que cumplen funciones públicas, situación en la que la jurisdicción contenciosa asume en forma preferencial el conocimiento del litigio, independiente de que se prediquen otras causas atribuibles a los particulares demandados, cuyo juzgamiento, en principio, correspondería a la jurisdicción ordinaria.

Pero desde luego que para la estructuración del fuero de atracción no es suficiente con que en la demanda se haga una simple imputación de responsabilidad a una entidad pública para que la contienda se resuelva mediante al procedimiento contencioso administrativo, porque en cada caso el juez debe examinar que la fuente del perjuicio esté relacionada en forma eficiente con las conductas que son de conocimiento del juez especializado, para entonces sí dar aplicación a dicha figura, ello sin perjuicio de que en la sentencia se absuelva o se condene solamente al ente oficial” (se deja resaltado en negrillas).

Por lo tanto, se procederá a determinar si la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuenta, o no, con competencia para pronunciarse respecto de la responsabilidad patrimonial que se le atribuye a la Sociedad Cepapo Ltda., por la muerte del señor José Edgar Velásquez Ramírez, no obstante tratarse de un ente de derecho privado.

Ocurre que al efectuar dicho análisis, no se requiere de mayor esfuerzo para concluir que frente a las entidades públicas demandadas —municipio de Pradera, departamento del Valle del Cauca y la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ESP, Acuavalle, no existió realmente una imputación frente a alguna de ellas —o a ambas— para efectos de atribuirle(s) el daño causado a los demandantes.

En efecto, si bien es cierto que la parte demandante pretendió que las tres personas jurídicas de derecho público aquí demandadas resultaren condenadas en forma solidaria al pago de las indemnizaciones solicitadas en el libelo demandatorio, no lo es menos que dicha parte actora no efectuó señalamiento alguno frente a las entidades públicas para tratar, al menos fácticamente, de endilgarles el daño, pues la única imputación jurídica que en realidad se formuló en la demanda —de lo cual solo dan cuenta los hechos 7 y 9 de la demanda— se efectuó en los siguientes términos:

“7. En este orden de ideas se ve claramente la falla o falta en el servicio, por estos motivos: El municipio de Pradera que es el ente público que debe velar por el buen desarrollo de las obras que se ejecutan dentro del municipio (nunca se hicieron presentes); como segundo responsable es la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. la cual supervisa las obras que se ejecutan en el municipio de Pradera, los cuales debían enviar un ingeniero interventor para el chequeo de las obras, de acueducto y alcantarillado en las urbanizaciones que realizan los particulares (no realizaron ningún chequeo). Como tercero responsable, la empresa Cepapo Ltda., gerenciada por el señor Enrique Posada P., los cuales no tomaron las medidas del caso, para evitar esta tragedia (actuaron en forma negligente).

(…).

9. Hechas las averiguaciones, tales obras eran adelantadas por Cepapo Ltda., tendiente a introducir tubos para alcantarillado sin que el municipio de Pradera otorgara la licencia pertinente y sin que Acuavalle hubiese cumplido con sus funciones de ejercer vigilancia sobre el particular para que tuviesen el cuidado necesario o para que no se adelantasen las obras en altas horas nocturnas, habiendo permitido que se derrumbaran las paredes en forma irresponsable, a pesar de que dichas labores ya se prolongaban por varios días, actuaciones omisivas de las entidades oficiales mencionadas, que son constitutivas de falla presunta y probada en el servicio, falla que se extiende hasta la entidad particular por el fuero de atracción”.

Pese a que la parte actora pretendió atribuir la supuesta falla en el servicio a los tres entes por ella demandados, fácil resulta establecer que la responsable de la construcción del acueducto y alcantarillado de la urbanización Serrezuela del municipio de Pradera era la Sociedad Cepapo Ltda., entidad que en virtud de la Resolución 9 de diciembre 30 de 1996 contaba con licencia para el desarrollo del proyecto urbanístico aludido y, adicionalmente, estaba autorizada para efectuar la rotura de la vía en el sector comprendido entre la esquina del Colegio Francisco Antonio Zea y la primera esquina de la urbanización Villa Marina, con el fin de adelantar los trabajos de conexión de redes de alcantarillado.

En consecuencia, la Sociedad Cepapo Ltda., celebró un contrato de obra con un técnico hidráulico a efectos de que llevare a cabo la construcción del acueducto y alcantarillado de aguas negras y lluvias de la urbanización Serrezuela en el municipio de Pradera, en cuyo desarrollo se produjo el hecho dañoso, pero en modo alguno un vínculo con el Estado.

Así las cosas, ante la ausencia de probabilidades mínimas de condena en contra de los entes públicos aludidos, para cuyo propósito ningún esfuerzo se hizo siquiera en la estructuración misma de la causa petendi dentro de la propia demanda, lo cual derivó en la evidente falta de imputación fáctica y jurídica del daño a alguno de ellos, se descarta en este caso la posibilidad de predicar el denominado fuero de atracción y, por ende, se desecha la posibilidad de efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones formuladas en contra la Sociedad Cepapo Ltda., persona jurídica de derecho privado en contra de la cual las pertinentes reclamaciones en sede judicial debieron formularse ante la jurisdicción ordinaria.

En este sentido se pronunció la Sala en el plurimencionado fallo de 29 de agosto de 2007 (Exp. 15.526), así:

“La anotada ausencia de unas probabilidades mínimamente serias de condena en contra de los entes públicos aludidos, cuya vinculación al proceso determinaba que el conocimiento del mismo correspondiese a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, descarta, según se explicó en el apartado 2.2 del presente proveído, la aplicabilidad del factor de conexión o ‘fuero de atracción’ para establecer que el juez administrativo, de todas formas, podría mantener la competencia para pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones formuladas en contra del Hospital de la Misericordia, persona jurídica de derecho privado en contra de la cual las pertinentes reclamaciones en sede judicial debieron formularse ante la jurisdicción ordinaria.

El panorama descrito en el párrafo precedente no se modificó tras haberse evacuado la etapa probatoria del proceso, de manera que, en consecuencia, de acuerdo con los lineamientos señalados en el apartado 2.3 del presente fallo, no existe fundamento jurídico o fáctico alguno con base en el cual se hubiere podido contemplar, así hubiere sido remotamente, la posibilidad de declarar patrimonialmente responsable al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud de Bogotá D.C. o al servicio seccional de salud del departamento de Cundinamarca, por los hechos como consecuencia de los cuales se produjo el fallecimiento de la niña Diana Yaneth Salguero Baquero, el día 13 de octubre de 1993, mientras era sometida a tratamiento médico en el Hospital de la Misericordia de la ciudad de Bogotá, D.C.

Todas las alegaciones efectuadas y la actividad probatoria desplegada por la parte actora a lo largo del plenario se encaminaron a demostrar la existencia de una falla en el servicio médico prestado por el Hospital de la Misericordia a la menor Diana Yaneth Salguero Baquero y no a justificar en qué consistieron y cómo se encuentran acreditadas las omisiones endilgadas a los entes públicos demandados. Sin embargo, por las razones que se han explicado y que conducen a concluir en la incompetencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones planteadas en contra del referido hospital, la Sala confirmará la decisión inhibitoria que, en relación con las mismas, profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo apelado.

Idéntica suerte correrá la providencia impugnada —esto es, su confirmación—, en cuanto resolvió denegar las súplicas de la demanda, toda vez que en cuanto atañe a las entidades públicas convocadas al proceso no existe elemento fáctico ni jurídico alguno que permita concluir que por parte de ellas hubieren sido inobservadas sus funciones en materia de inspección y vigilancia del centro asistencial aquí también demandado y que dicha omisión hubiere fungido como causa adecuada del fallecimiento de la niña Diana Yaneth Salguero Baquero.

Sin embargo, estima la Sala que en el presente caso, con el propósito de hacer efectivas las garantías constitucionales del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia —el cual incluye y comprende el de obtener un pronunciamiento de fondo por parte de esta— (C.N., art. 229) y de la prevalencia del derecho sustancial en el ejercicio de la función judicial (C.N., art. 228), la sentencia apelada debe ser adicionada disponiendo la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria, con el propósito de que se pronuncie de fondo sobre las pretensiones formuladas por los actores en contra del Hospital de la Misericordia, en aplicación analógica al sub lite de la previsión efectuada por el inciso cuarto del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor:

‘En caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada, el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión’” (se deja resaltado en negrillas y en subrayas).

Así las cosas, se modificará el numeral primero de la decisión apelada en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación con el municipio de Pradera, el departamento del Valle del Cauca y la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Departamento del Valle del Cauca S.A. ESP, Acuavalle, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Adicionalmente, se dispondrá, con fundamento en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, y en atención a los derechos-principios fundamentales mencionados en el proveído recién transcrito, la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria, para que se pronuncie de fondo acerca de las pretensiones formuladas por los actores en contra de la Sociedad Cepapo Ltda., frente a la cual, por elemental sustracción de materia, no puede adelantarse en el juicio propuesto en esta jurisdicción.

3. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes y, así mismo, comoquiera que la providencia apelada será confirmada, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 1º de noviembre de 2002, la cual quedará así:

“DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda”.

2. INHÍBESE de resolver acerca de las pretensiones formuladas en la demanda en contra de la Sociedad Cepapo Ltda., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. DISPÓNESE el envío del expediente al Juzgado Civil del Circuito de Palmira (reparto), comoquiera que en el municipio de Pradera no existe esta categoría de juzgados, con el propósito de que se sirva dar trámite al proceso que conduzca a resolver de fondo las pretensiones formuladas en el presente caso en contra de la Sociedad Cepapo Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencias del 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.356, M.P. María Elena Giraldo Gómez; de 27 de abril de 2006, Expediente 15.352, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre muchas otras decisiones.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13356.

(3) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.

(5) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

(6) Sentencia de julio 22 de 2009, Expediente 15.628.

(7) Según lo indicado en el registro civil de defunción obrante a folio 6 del cuaderno 1 del expediente.

(8) Se reafirman las consideraciones expuestas por la subsección en la sentencia de 23 de junio de 2011. Expediente 72001233100019978315 - 01 (19.608).

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de 1991; C.P. Rodrigo Vieira Puerta; Radicación: 1170.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de marzo 30 de 2001; Radicación: 11687.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de 1991; C.P. Rodrigo Vieira Puerta; Radicación: 1170, reiterada por esta Sección del Consejo de Estado a través de sentencia de 29 de agosto de 2007, Expediente 15.526.

(12) Nota original de la sentencia citada: Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, parte general, tomo I, Bogotá, Dupré Editores, 9ª edición, 2005, págs. 222 y 223. Ver también: Hernando Devis Echandía, Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso, tomo I, Bogotá, Editorial ABC, 14ª edición, 1996, pág. 135.

(13) Nota original de la sentencia citada: Ver sentencias del 4 de febrero de 1.993, Expediente 7.506; 25 de marzo de 1993, Expediente 7.476; 12 de septiembre 1997, Expediente 11.224; 30 de abril 1997, Expediente 12.967.

(14) Sección Tercera, sentencia de diciembre 5 de 2005; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Expediente 14.731, reiterada en sentencia de 29 de agosto de 2007, Expediente 15.526.

(15) Sentencia de 29 de agosto de 2007, Expediente 15.526.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de marzo treinta (30) de dos mil uno (2001); C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; Radicación: 25000-23-27-000-2000-0668-01(11687). En el mismo sentido, véase el salvamento de voto suscrito por el consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez, a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de fecha seis (6) de julio de dos mil cinco (2005); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente: 15260.