Sentencia 1997-02885 de abril 15 de 2009

 

Sentencia 1997-02885 de abril 15 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 1100131030211997-02885-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., quince de abril de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «I. El litigio

1. Pide la actora se declare que le pertenece por haberlo adquirido por prescripción extraordinaria el dominio del inmueble urbano situado en la calle 9ª Nº 2-81 de esta ciudad, identificado por sus características y linderos en la demanda y, en consecuencia, se ordene inscribir la decisión en el folio inmobiliario 50C-325357 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., del que ya es propietaria de las cinco sextas (5/6) partes.

2. La causa petendi admite el siguiente compendio:

a) En el proceso de sucesión del causante Ramón Márquez Z., protocolizado mediante la escritura pública 515 de la Notaría Cuarta de Bogotá de 23 de mayo de 1916, se adjudicó el referido bien en común y proindiviso en proporción de una sexta (1/6) “parte” para cada uno, a Ramón, Rafael, Alfonso, María de las Mercedes Josefina y Ana Inés Márquez Ortiz, además de Ana María Márquez de Castro; entrando en posesión de la integridad del mismo desde esa fecha el heredero Ramón Márquez Ortiz sin la intervención de los restantes comuneros ni la oposición o molestia de nadie; el señorío consistió “en hacer mejoras, reparaciones locativas, arrendamientos, pagos de impuestos, pagos de servicios públicos y en la utilización para su propia vivienda”.

b) Respecto de las cuotas del predio indicado se han realizado los actos o negociaciones que a continuación se relacionan:

1) Rafael Márquez Ortiz le vendió “su cuota” (E.P. 1.150 de 31 de julio de 1917) a Ana Inés Márquez Ortiz, quien quedó como dueña de 2/6 “partes”.

2) En la causa mortuoria de Ana María Márquez de Castro se le adjudicó su “cuota “(1/6) a sus hijos Isabel, María Alicia, Clementina y Rafaela Castro Márquez (E.P. de protocolización 1432 de 5 de junio de 1934), “esto es a cada uno de ellos le correspondió una veinticuatroava (1/24) parte del referido inmueble”.

3) María de las Mercedes Josefina Márquez enajenó su “cuota” (1/6) a Clementina Castro Márquez (E.P. 354 de 14 de mayo de 1947), “quedando esta compradora propietaria de cinco veinticuatroavas (5/24) partes del mencionado inmueble”.

4) Alfonso Márquez Ortiz transfirió (E.P. 519 de 8 de febrero de 1963) “su sexta (1/6) parte a María Teresa Márquez Ortiz”.

5) Isabel Castro Márquez viuda de Escobar “vendió” (E.P. 124 de 28 de enero de 1969) “su cuota hereditaria, una veinticuatroava (1/24) a Alberto Castro Márquez, quedando así este, propietario de dos veinticuatroavas (2/24) partes”.

6) En sentencia proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, el 1º de marzo de 1977, en la “sucesión” de Ana Inés Márquez Ortiz le fueron asignados los derechos de la causante a Ramón Márquez Ortiz, “quedando éste como propietario de tres sextas (3/6) partes del inmueble de marras”.

7) Por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, el 5 de julio de 1978, dentro de la “sucesión” de María Teresa Márquez Ortiz, el derecho de esta “le fue adjudicado a María de las Mercedes Josefina Márquez Ortiz y Clementina Castro de Lema, en proporción de una doceava (1/12) parte a cada una”.

8) Clementina Castro de Lema le hizo la tradición (E.P. 425 de 9 de abril de 1987) de los derechos que tenía en la citada casa, “equivalentes a siete veinticuatroavas (7/24) partes de la misma al señor Alfonso Márquez Tocora”.

9) En la sucesión testamentaria de Ramón Márquez Ortiz tramitada en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad (E.P. de protocolización 0188) “le fueron adjudicados a la señora Isabel Tocora, las cinco sextas (5/6) partes del inmueble”.

10) Isabel Tocora enajenó (E.P. 4738 de 31 de julio de 1989) “a Margarita Rosa Jaramillo Salazar, las cinco sextas (5/6) partes del inmueble antes mencionado”.

11) Luis Alfonso Márquez Tocora transmitió (E.P. 5531 de 30 de agosto de 1989) “a Margarita Rosa Jaramillo Salazar, el veintidós por ciento (22%) del inmueble tantas veces mencionado”.

c) Alfonso Márquez Tocora, mediante escritura pública 1484 de 7 de mayo de 1986, “protocolizó mejoras y demostró posesión de más de veinte (20) años sobre una parte o sección del inmueble referido”.

d) Después de las numerosas ventas y adjudicaciones en distintos procesos de sucesión, a la fecha de presentación de esta reclamación y de acuerdo al certificado de tradición adjunto 50C-325357, “en la actualidad los únicos que figuran como propietarios de derechos reales son los demandados, en una sexta (1/6) parte, en razón a que las otras cinco sextas (5/6) partes, ya son de propiedad de la aquí demandante”.

e) “Desde 1970 Ramón Márquez Ortiz e Isabel Tocora hicieron vida marital y ejercieron conjuntamente la posesión de todo el inmueble citado”; al fallecer aquél, está en su calidad de heredera testamentaria del de cujus, continuó con el señorío e hizo mejoras, reparaciones locativas, pagó impuestos y servicios públicos, lo arrendó parcialmente “y finalmente lo vendió” a la actora.

f) Margarita Rosa Jaramillo Salazar “viene ejerciendo la posesión pública, pacífica, quieta e ininterrumpida ni civil ni naturalmente, sobre la totalidad del inmueble … desde el 31 de julio de 1989 y suma al tiempo de su posesión, el tiempo de posesión que sobre el mismo inmueble ejercieron Ramón Márquez Ortiz e Isabel Tocora, completando de esta manera muchísimos más de veinte años” (sic).

3. Notificados los codemandados Alfonso, Eduardo, Carlos Arturo, Alberto Octavio y Daniel Márquez Tocora intervinieron directamente a través del mismo apoderado judicial oponiéndose a los pedimentos y formulando las defensas denominadas “mala fe de la demandante” y “falta de tiempo para la usucapión” (fls. 146 a 149 y 157 a 160 del cdno. ppal.); los restantes contradictores, los conocidos y las personas indeterminadas, auspiciados por sendos curadores ad litem manifestaron que se someterían a lo que resultare demostrado.

4. El Juzgado de conocimiento le puso fin al proceso en primera instancia a través de fallo en el que negó la declaración de pertenencia; declaró probada la “excepción de fondo denominada falta de tiempo para la usucapión” y levantó la inscripción de la demanda; decisión que recurrida en alzada fue confirmada en su integridad por el fallador de segundo grado.

(…).

Consideraciones de la Corte

1. Margarita Rosa Jaramillo Salazar, en su calidad de comunera de la casa de habitación situada en el área urbana de esta ciudad, pretende frente a los restantes copropietarios María Alicia, Rafaela y Alberto Castro Márquez; Ángel María, Alberto, Carlos Arturo, Daniel, Alfonso y Eduardo Márquez Tocora; María de las Mercedes Josefina Márquez Ortiz y personas indeterminadas que se crean con algún derecho, se declare que por prescripción extraordinaria ha adquirido el dominio de la totalidad del inmueble sobre el que ha ejercido la posesión material por más de veinte años, para lo cual suma a la suya la de sus antecesores Ramón Márquez Ortiz, Alfonso Márquez Tocora e Isabel Tocora.

2. La Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales confirmó la decisión denegatoria de los pedimentos de primera instancia, argumentando, en esencia, que si bien la actora demostró no sólo la calidad de comunera sino la condición de poseedora exclusiva del predio desde septiembre de 1989, no era procedente, para acreditar el cumplimiento del término mínimo de los veinte años, admitir la “suma de posesiones” alegada respecto de sus antecesores porque no probó el nexo jurídico, si se repara en que lo que adquirió Margarita fueron “derechos de cuota” y no el señorío que sobre el mismo tenían respecto de todo el bien “Isabel Tocora y/o Alfonso Márquez Tocora”, puesto que en este caso no obró la llamada por la doctrina “adquisición derivativa de la posesión”, razón por la cual aquélla se convirtió en copropietaria de la mayoría de él, pero no en continuadora del ánimo de señora y dueña que sobre el inmueble completo tenían aquélla como sucesora de Ramón Márquez Ortiz o este como su tradente, motivo por el que no era necesario que el a quo examinara los testimonios.

3. La censura centra su acusación en resaltar, en oposición a lo aseverado y deducido por el ad quem, que con las ventas realizadas por Isabel Tocora y Alfonso Márquez Tocora a Margarita Rosa Jaramillo Salazar celebraron negocios traslaticios no solo de las “cuotas partes” del derecho de dominio sino de la “coposesión” que ellos tenían respecto de la totalidad del bien objeto de declaración, razón por la que debe dársele validez a la agregación de “posesiones” alegada por la accionante en la forma planteada por ella.

4. En este caso es una condueña que sustentada en haber ejercido la posesión material sobre el bien raíz urbano durante más de veinte años aspira a que se declare en su favor la usucapión, para lo cual al señorío propio adjunta el tiempo que afirma tuvieron sus antecesores o tradentes.

El derecho a que la copropietaria promueva la declaración de pertenencia lo consagra el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil cuando el numeral 3º dispone que “también podrá pedirla el comunero que con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad”.

El tema ha sido tratado por la Corte en varias oportunidades, entre ellas en la Sentencia de casación 204 de 29 de octubre de 2001, Expediente 5800, en la que dijo “la comunidad también puede tener manifestación cabal en el hecho de la posesión, dando lugar al fenómeno de la coposesión, caso en el cual lo natural es que la posesión se ejerza bien por todos los comuneros, o por un administrador en nombre de todos, pero en todo caso, de modo compartido y no exclusivo, por estar frente a una ‘posesión de comunero’. Desde luego, como con claridad lo ha advertido la jurisprudencia, que tratándose de la ‘posesión de comunero’ su utilidad es ‘pro indiviso’, es decir, para la misma comunidad, porque para admitir la mutación de una ‘posesión de comunero’ por la de ‘poseedor exclusivo’, es necesario que el comunero ejerza una posesión personal, autónoma o independiente, y por ende excluyente de la comunidad”.

Agregándose más adelante en la misma providencia, citando a esta Sala, que “En sentencia de 2 de mayo de 1990, esta corporación indicó que la ‘posesión del comunero, apta para prescribir, ha de estar muy bien caracterizada, en el sentido de que, por fuera de entrañar los elementos esenciales a toda posesión, tales como el desconocimiento del derecho ajeno y el transcurso del tiempo, es preciso que se desvirtúe la coposesión de los demás copartícipes. Desde este punto de vista la exclusividad que a toda posesión caracteriza sube de punto, si se quiere; así, debe comportar, sin ningún género de duda, signos evidentes de tal trascendencia que no quede resquicio alguno por donde pueda colarse la ambigüedad o la equivocidad’, mediante actos reiterados de posesión, exteriorizados, como en otra ocasión se dijo, ‘con la inequívoca significación de que el comunero en trance de adquirir para sí por prescripción, los ejecutó con carácter exclusivamente propio y personal, desconociendo por añadidura el derecho a poseer del que también son titulares ‘pro indiviso’ los demás copartícipes sobre el bien común” (sent. ene. 24/94, CCXXVIII, vol. 1, 43).

5. El punto medular que es motivo de debate en este proceso es el relativo a la “suma de posesiones”.

La adición de “posesiones” la reglamenta el artículo 778 del Código Civil al disponer: “Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios (…) Podrá agregarse, en los mismos términos, a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores”.

Lo anterior es complementado por el artículo 2521 del mismo estatuto cuando establece que “Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción, por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 778 (…) La posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia yacente, que se entiende poseer a nombre del heredero”.

6. Recientemente la jurisprudencia de la Sala dio un giro radical en cuanto al aludido tema, particularmente en cuanto a la agregación de posesiones irregulares. En Sentencia de casación 083 de 5 de julio de 2007, Expediente 00358-01, luego de hacer un estudio histórico sobre la forma en que se había entendido el asunto, concluyó de la manera que pasa a resaltarse:

“(…) Efectivamente, de un tiempo para acá la jurisprudencia sostuvo y viene sosteniendo que las distintas posesiones de un bien raíz sólo pueden anexarse, cuando de título singular se trata, mediante escritura pública traslativa de dominio. Que cualquier otro documento, aun la promesa de contrato misma, por carecer de aptitud traslativa de la propiedad, es impotente para dicho designio; y menos aún cualquier otra forma negocial.

“Pero poseedor así, que quiera sacar ventaja especial, en este caso la de sumar posesiones, expuesto queda para que le indaguen cómo fue que llegó al bien. No le basta el mero hecho de la posesión, porque en ese momento necesitará un agregado, cual es el de justificar el apoderamiento de la cosa. Por eso, hace poco se citaba este como uno de los eventos en que puede y debe preguntársele en ‘qué tanto derecho’ hace pie su posesión. Dirá así que él es un sucesor de la posesión, que posee con causa jurídica. Demostrará ser un heredero, comprador, donatario o cualquier otra calidad semejante; variedad hay de títulos con causa unitiva. Agregará que no es él usurpador o ladrón alguno. Que allí llegó con ‘derecho’ porque negoció la posesión con el anterior, manera única como las posesiones quedan eslabonadas, desde luego hablándose siempre de acto entre vivos. En una palabra, que tiene título que los ata. De ahí que el artículo 778, al aludir al punto, rompa marcha tan sentenciosamente, a saber: ‘Sea que se suceda a título universal o singular’. Y ya se sabe que suceder es concepto caracterizado por la alteridad, en cuanto une o enlaza necesariamente a un sujeto con otro; sucesor es quien precisamente sobreviene en los derechos de otro; quien a otro reemplaza. Eso y nada más es lo que reclama la ley, vale decir, que se trate de un sucesor.

“Por consecuencia, un título cualquiera le es suficiente. Nada más que sea idóneo para acreditar que la posesión fue convenida o consentida con el antecesor. Por ende, a la unión de posesiones no puede llegar quien a otro desposeyó. De tan notable preeminencia no podrán disfrutar ni los ladrones ni los usurpadores. Estos no cuentan con más posesión que la suya. Unos y otros no reciben de nadie nada. Y, claro, así no puede considerarse al usurpador, por ejemplo, sucesor, ni antecesor a la víctima del despojo, toda vez que eliminada de un tajo queda toda relación de causante a causahabiente.

¿Qué es lo que se negocia? Simplemente la posesión; o si se prefiere, los derechos derivados de la posesión. Y transmisión semejante no está atada a formalidad ninguna. En este punto radica todo, como luego se verá. Por modo que no tiene por qué mirarse qué cosas son las que se poseen, cuál es su naturaleza jurídica, para entrar a diferenciar entre inmuebles y muebles, y por ahí derecho exigir que el negocio asuma las características y las formas que en cada caso son pertinentes; ni que, si de posesión de bien raíz se trata, como venía señalándolo la jurisprudencia que hoy se rectifica, la transmisión por venta asuma la formalidad de la escritura pública, según la preceptiva del artículo 1857 in fine . No está bien entremezclar la transmisión de la simple posesión con la transmisión del derecho de dominio; el artículo 1857 se refiere a los títulos traslaticios de dominio, que es asunto extraño al fenómeno posesorio. El que vende posesión no está vendiendo en realidad la cosa misma; está autorizando apenas a que otro haga lo que él ha hecho hasta ahí, como es ejercer el poder de hecho; lo que se persigue así es la venia para poder hacer sobre la cosa, y no para hacerse jurídicamente a la cosa. Quien en condiciones semejantes recaba la prescripción adquisitiva no está alegando que alguien quiso hacerlo dueño, sino que alguien quiso dejarlo poseer, y que precisamente por faltarle esa condición de dueño es que viene a elevar la súplica de prescripción adquisitiva. Así que a lo suyo, lo de la posesión, no se puede exigir cosas que reclamadas están para el dominio”.

7. En los autos se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos que tienen relevancia con la decisión que se está adoptando:

a) Que son copropietarios del inmueble motivo de este litigio las personas que pasan a enlistarse: Margarita Rosa Jaramillo Salazar; Alberto, Rafaela y María Alicia Castro Márquez; Ángel María, Alberto, Carlos Arturo, Daniel, Alfonso y Eduardo Márquez Tocora, tal como consta en el texto del certificado de matrícula inmobiliaria 50C-325357 de la oficina de registro de instrumentos públicos de esta ciudad.

b) Que Margarita Rosa Jaramillo Salazar adquirió el dominio de la mayoría de las “cuotas partes” del predio, a través de los contratos de compraventa perfeccionados con Isabel Tocora y Alfonso Márquez Tocora.

c) Que a Isabel Tocora, dentro de la sucesión testada de Ramón Márquez Ortiz tramitada en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, le fueron adjudicadas, en sentencia de 4 de febrero de 1987, “las cinco sextas partes (5/6), en común y proindiviso” del citado predio, agregándose que “los derechos sobre el inmueble fueron adquiridos por el causante por adjudicación de derechos de la sucesión de Ramón Márquez Z., conforme a la sentencia judicial del 24 de marzo de 1916 del Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, y en la sucesión de Ana Inés Márquez Ortiz conforme a la sentencia judicial del 1º de marzo de 1977 del Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá. El causante tuvo la propiedad del inmueble, en común y proindiviso, con la señora Clementina Castro de Lema a quien se le adjudicó por sentencia judicial del 5 de julio de 1978 del Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, una sexta parte (1/6) dentro de la sucesión de María de las Mercedes Márquez Ortiz” (fl. 97 vuelto).

d) Que Isabel Tocora le vendió a Margarita Rosa Jaramillo Salazar (E.P. 4738 de 31 de julio de 1989 otorgada en la Notaría Primera de Bogotá), “un derecho proindiviso de cinco sextas partes (5/6) equivalentes al ochenta y tres con trescientas treinta y tres milésimas por ciento (83,333%) que tiene sobre” la casa objeto de la presente usucapión, junto con un lote contiguo con distinta matrícula inmobiliaria; explicando que los obtuvo en la causa mortuoria identificada en el literal anterior (fls. 93 a 96).

e) Que Alfonso Márquez Tocora enajenó a favor de Margarita Rosa Jaramillo Salazar (E.P. 5531 de 30 de agosto de 1989 de la Notaría Primera de esta ciudad), “un derecho proindiviso del veintidós por ciento (22%) aproximadamente sobre el lote de terreno con una casa de habitación”, precisando que la negociación comprende “todos los derechos (sic) tiene o llegue a tener” en él y que los adquirió por medio de la escritura 725 de 9 de abril de 1987 de la notaría diecinueve “que anteriormente pertenecieron a Clementina Castro de Lema en la sucesión de Ana María Márquez de Castro y los derechos adjudicados a la misma señora en la sucesión de María Teresa Márquez Ortiz, así como los derechos comprados por la señora Clementina Castro de Lema a la señora Josefina Márquez Ortiz” (fls. 23 a 25).

f) Que en la venta que hizo Isabel Tocora a la accionante se indicó expresamente que consistía en “un derecho proindiviso de cinco sextas partes” sobre el inmueble en litigio.

g) Que en la enajenación de Alfonso Márquez Tocora a la actora explícitamente se mencionan como objeto de la transferencia “todos los derechos” que tiene o llegare a tener en el predio.

h) Que a partir del 30 de agosto de 1989 y hasta la fecha de presentación del libelo, 21 de noviembre de 1997, la única poseedora de la totalidad del bien ha sido Margarita Rosa Jaramillo Salazar, lo que incluso reconocen expresamente como tal los contradictores conocidos que respondieron la demanda resistiendo las pretensiones (fls. 147 a 149 y 158 a 160). Además, lo ratifican los testimonios de Richard Jhon Good (fls. 181 a 186) Martha Cecilia Zarama de Troya (fls. 206 a 210), Clemencia Probst Bruce (fls. 210 a 214), Julia Zarama de Rosero (fls. 214 a 217) e Isabel Tocora (fls. 226 a 231).

j) Que el tiempo de “posesión” exclusiva de la accionante y comunera prescribiente asciende a ocho (8) años, dos (2) meses y veintiún (21) días.

8. Margarita Rosa Jaramillo Salazar, tal como ha quedado demostrado es copropietaria del inmueble motivo de controversia, es la titular de la mayoría de las “cuotas partes” de él, pero al mismo tiempo lo tiene en su poder como señora y dueña de manera exclusiva, con prescindencia de los restantes condómines por el término ya indicado, casi nueve años, el que es bastante inferior al mínimo de los veinte que se requieren para el buen suceso de la declaración de pertenencia estudiada, conforme a la legislación aplicable en su momento.

Como a su propia posesión está agregando la de sus antecesores Ramón Márquez Ortiz, Alfonso Márquez Tocora e Isabel Tocora debe hacerse el estudio pertinente para establecer si en el plenario, contrario a lo sostenido por el ad quem, se encuentran reunidos los requisitos legales que viabilizan la procedibilidad de la materizalización(sic) del fenómeno jurídico de la “suma de posesiones”.

El caso planteado debe estudiarse a la luz de la nueva doctrina de la Corte en relación con la libertad probatoria existente para “sumar posesiones” vinculadas a un bien raíz. Aquí, a pesar de obrar en los autos los títulos a través de los cuales la demandante se hizo propietaria de las “cuotas partes” que Isabel Tocora y Alfonso Márquez Tocora, tenían sobre el mismo, es preciso determinar si del texto de tales documentos y de los restantes medios de convicción se comprueba que las referidas negociaciones involucraron también los respectivos señoríos que estos tenían respecto del inmueble.

Aunque el inicial instrumento guarda silencio sobre el punto, hay en los autos pruebas inequívocas que conducen a entender que las voluntades de la vendedora (Isabel) y la compradora (Margarita Rosa) estaban dirigidas y apuntaban a comprender en la convención perfeccionada por ellas, la posesión que venía ejerciendo y compartía sobre el predio con Alfonso Márquez Tocora, de lo cual dan cuenta un número plural de testigos.

Por consiguiente, dada la amplitud para probar la referida adjunción que hoy consagra la jurisprudencia de la Corte, es del caso inquirir si las restantes probanzas acreditan que adicionalmente a la propiedad de las cuotas partes mencionadas la negociación abarcó la coposesión que sobre la totalidad del inmueble detentaba Isabel Tocora desde 1985 y la que ésta había recibido de Ramón Márquez Ortiz, en virtud de la adjudicación en su sucesión y que se remontaba a 1970.

Los testimonios y el interrogatorio de parte rendido dan cuenta de lo que a continuación se relieva:

Richard Jhon Good, extranjero residente en el sector de La Candelaria desde 1974. Manifestó conocer a Ramón desde esa época viviendo en la casa y a Margarita a partir de 1988 ó 1989 “entendí es que ella estaba comprando la casa a los herederos de Márquez, que había un proceso después de su muerte… yo creo que Margarita compró de buena fe las sucesiones o derechos… compró los derechos, ocupó el inmueble y entró en obra… en mi conocimiento Margarita obró de buena fe no sabiendo de las dimensiones y los problemas de una herencia o sucesión… No conozco a nadie que haya tratado de alegarle algo sobre el inmueble a mi me sorprende este proceso… esta casa siempre ha estado referida como la casa de Márquez, cuando Rosita me explicaba la dinámica del barrio de quién vive, me decía que esta era la casa de Márquez entonces nunca dude(sic) de su cómo se llama, nunca dude(sic) que era él dueño” (sic); no sabe quién siguió con la posesión cuando murió Ramón, “entendimos como vecinos que entró en sucesión”; la posesión desde 1989 la tiene Margarita “porque vive aquí y (sic) inició obra, y en esta época nadie invertía en una restauración sin ser la dueña” (fls. 181 a 186).

Martha Cecilia Zarama de Troya, 55 años de edad, residente de la Candelaria, vive al frente de la casa en litigio. Expresó: conozco a Margarita desde 1989 ó 1990 cuando entró a detentar el inmueble; también a los codemandados Eduardo, Alfonso, Daniel y María Alicia Márquez Tocora y a su tío Ramón Márquez Ortiz, quien era su vecino; fallecido este “quedó viviendo Isabel Tocora… que yo recuerde vivió ahí aproximadamente unos 4 ó 5 años aproximadamente, oía yo que ella se fue porque había tomado la casa doña Margarita Jaramillo”; sabe que esta “no se entró a la fuerza, ni se lo regalaron, solamente se que ella tomó esa casa, no sé en que calidad nada más… que yo sepa si lo compró o no el inmueble no lo sé. Y no se la calidad como ya dije porque a mi nadie me lo ha comunicado y las condiciones” (sic); conoció el predio antes de habitarlo Margarita ocupado por Ramón Márquez, Isabel Tocora y Alfonso Márquez Tocora; sabe que Ramón hizo reparaciones y arreglos; Alfonso “ocupaba las habitaciones del frente el apartamento del frente con ventanas a la calle y él abría las ventanas… él vivía como sobrino del señor Ramón Márquez Ortiz hijo del señor Márquez Ortiz… como persona mayor era don Ramón autoritario antes sus sobrinos, mientras él vivía no iba a permitir que lo vayan a desautorizar en lo que él dijera. En sus cosas. Él mandaba la parada como él dueño de eso y los otros eran los sobrinos y herederos de la casa” (sic); después del deceso de Ramón la casa quedó en poder de Isabel y Alfonso porque era habitable (fls. 206 a 210).

Clemencia Probst Bruce de 48 años, abogada y anticuaria, residente de La Candelaria, es hija de José Joaquín Castro Márquez, aunque luego fue adoptada por otra persona y visitó asiduamente en vida de Ramón la aludida “casa”. Dijo que inicialmente en ella residieron este y sus hermanas pero fallecidas ellas vino a cuidarlo Isabel, “cuando murió Ramón aproximadamente hacia el año 1985 Isabel Tocora permaneció en el inmueble hasta cuando la señora Margarita Jaramillo Salazar le compró los derechos que de acuerdo con una asignación testamentaria tenía sobre la casa la señora Isabel Tocora… ostentaba la posesión con ánimo de señor y dueño primero, Ramón y luego Isabel… en todo caso en la familia siempre nos referimos a la casa como la casa de Ramón… Ramón hacía las reparaciones locativas, pagaba los impuestos, obviamente no recuerdo si estaba exento en esa época, pagaba los servicios públicos, contrataba los servicios de jardinero, los servicios de una empleada de servicio doméstico para la limpieza del inmueble… Alfonso Márquez como uno de los tantos sobrinos de Ramón visitaba la casa, es decir entraban y salían sobrinos y se quedaban por temporadas días, pero a manera exclusiva de visitantes”; no le consta que Alfonso haya ejecutado actos de dueño o reparaciones; entre 1970 y 1989 los “poseedores” fueron Ramón e Isabel porque la última “le ayudaba en todo lo relacionado con el inmueble”; Alfonso no habitaba ninguna sección del bien; la relación entre éste y su tío “no era mala sino pésima, puesto que Ramón estaba sumamente disgustado con las visitas según él las visitas tan inoportunas” que le hacía; el bien fue mejorado por Margarita; desconoce la venta que a ésta le haya efectuado Alfonso (fls. 210 a 214).

Julia Zarama de Rosero, ama de casa de 62 años, vecina de la Candelaria, expresa que su hermana de nombre Martha residía al frente del inmueble de este pleito, y Ramón vivía allí, “yo sé que él era el dueño por comentarios que escuché de mi hermana, en esa casa no estoy muy enterada con quién vivió pero de vista conocí a la señora Isabel que ella lo cuidaba, más no sé más”; la “casa” estaba muy desmejorada pero Margarita la renovó “en toda la extensión de la palabra, tanto por fuera como por dentro y los jardines…”; entre 1979 y la época en que entró a vivir en el bien Margarita conoció haciendo actos de señor y dueño “de concreto a don Ramón únicamente”; respecto de Alfonso Márquez “no tengo conocimiento de que fuera el dueño o tuviera posesión, solo sé que era el sobrino del señor Ramón Márquez y que él habitaba ahí con él, es lo único que me consta”; Margarita le hizo cambios, “dejó la casa completamente reparada… cuando yo la conocí ella ya vivía en la casa y cuando yo entré de nuevo me quedé abismada de lo linda de lo hermosa que tenía la casa con sus jardines”, escuchó que a esta le “había vendido Isabel Tocora y un señor de apellido Cervantes”; antes de 1989 “no tengo conocimiento quién lo habitaba, qué persona”, aclarando que su respuesta se refería a otras personas distintas de Ramón (fls. 214 a 217).

Marina del Carmen Troya Zarama, abogada litigante de 48 años, residió en frente de la casa de este pleito, ha tenido una relación personal y profesional con Alfonso y Eduardo Márquez Tocora, conoció a Ramón viviendo en el inmueble desde 1976. Manifestó que “ejercían actos de señor y dueño valga la rebundancia los dueños, como era don Ramón, doña Inés y Clementina en vida, y los sobrinos de don Ramón o sea los hijos de don Daniel osea el padre de Alfonso Márquez, Eduardo, Ángel María. También estaba ahí la señora Isabel Tocora que era o es hija de un tío de Alfonso Márquez. Ejercía los actos de señor y dueño todos porque estaban pendientes de la pintura y arreglos de la casa” (sic); Ramón falleció más o menos en el 83 ó 84 quedando en el bien “Alfonso Márquez e Isabel Tocora, y seguían viniendo los demás herederos como eran Eduardo, Ángel María y Daniel Márquez”; se enteró que en 1989 Margarita “había comprado los derechos herenciales tanto de Isabel Tocora como de Alfonso Márquez; la casa era de la “Familia Márquez… en el inmueble habitaba el señor Ramón Márquez Ortiz a quien se le conocía principalmente, a él se le conocía como dueño desde el año más o menos sesenta y pico 65 ó 66 aproximadamente… también como se dijo anteriormente, en esa casa vivió (sic) los demás herederos principales como eran Inés y Clementina se fue a vivir a otro lugar, es decir que de los principales dueños en este inmueble solo quedó el señor Ramón Márquez Ortiz y como dueños digamos herenciales vivieron por un tiempo Ángel María, Daniel, Eduardo, Alfonso Márquez y a lo último llegó el señor William Márquez sobrino de los anteriormente citados… hasta el año 1998 más o menos habitó en el citado inmueble el señor Alfonso Márquez él hasta esa fecha pudo habitar en este inmueble ya que se presentaron diferentes problemas inclusive hasta judiciales con la señora Isabel Tocora en los cuales yo le apoderé y él debió salir de ese inmueble para proteger su integridad”; los servicios e impuestos los pagaban Ramón y Alfonso después de la muerte de las hermanas de aquél; éste tuvo la posesión desde 1974 ó 1975 cuando lo visitó en compañía de un novio suyo que estudiaba ingeniería de petróleos y lo hizo “hasta el año de 1997 ó 1998”; le vendió los derechos herenciales a Margarita; los arreglos anuales los hacían conjuntamente Ramón y Alfonso, “en cuanto a que en vida de Ramón Márquez Ortiz se arrendara parte del inmueble es una mentira, porque como dije anteriormente el señor Márquez Ortiz era muy receloso en entrar gente extraña a su casa y además no tenía necesidad”; Alfonso mejoró el predio con la habilitación de “una ventana como puerta y unió la alcoba de él con otra que le seguía y mando a colocar un baño privado… le consta que las pagó directamente de su propio peculio”; Alfonso fue coarrendatario de la oficina que utilizaba para ejercer la profesión; Isabel Tocora y Alfonso Cervantes obligaron a aquél a “habilitar una ventana que daba a la calle convirtiéndola en portón”, pues en varias ocasiones cerraban la puerta principal o le cambiaba la clave, le quitaban el agua, “el pedía permiso en nuestra casa para ocupar tanto el baño como el sanitario, debido a la perturbación en la posesión presentada en esta forma como también la violación de domicilio”; la contrató para iniciar querellas pidiendo protección por los atropellos que ocurrieron de 1982 a 1987 (fls. 219 a 226).

Isabel Tocora quien llegó a vivir a la casa en referencia en el año de 1970, la cual era habitada por Ramón Márquez Ortiz al que cuidó hasta el momento de su muerte en 1985 y heredó en testamento sus derechos sobre ella. Expresó que “lo que dije anteriormente es todo cierto, porque yo le vendí en el 89 mis derechos y yo vivía desde el 70 en la casa como lo dije anteriormente en 1970, que fueron heredados por mi en la sucesión testada de Ramón Márquez Ortiz el cual era el casi total dueño y poseedor del inmueble, y digo casi total porque había una partecita mínima… que no le correspondía a Ramón Márquez, creo que era muy mínima según me decía Ramón. Ramón me decía creo que habían unos Castro Márquez que eran sobrinos de él y los otros sobrinos los Márquez Tocora”; fallecido su tío quedó prácticamente sola en la casa, pero su primo Alfonso Márquez Tocora “vivía también en la casa… el vivía esporádicamente porque el trabajaba fuera de Bogotá… el tenía una cama ahí de él nada más, el resto era todo de Ramón… nosotros no teníamos nada… él iba y venía hasta más o menos el año 89 fue cuando yo le vendí esos derechos míos a la señora Margarita Jaramillo, cuando le vendí esos derechos yo le expliqué a Margarita que si quería comunicarse con algunos de mis familiares que tenían algún derecho ahí, tengo entendido que ella se comunicó con Alfonso Márquez Tocora le compró un derecho mínimo que él tenía en la casa y él le entregó la posesión y se fue de la casa a partir de esa fecha que fue en el mismo año 89 en que yo vendí mis derechos, y Margarita fue la única que quedó en la casa porque fue la persona que compró y yo le hice entrega material de la casa, creo que en el mismo año que le vendí yo le vendió Alfonso. Yo le entregué a ella la casa y yo me fui de la casa”; estima que desde 1970 hasta su deceso el señor y dueño único fue Ramón, “creo que desde que nació ya que cuando llegué él estaba ahí era el que mandaba en la casa en los aspectos económicos… la casa jamás fue arrendada a nadie no le gustaba que entrara nadie a la casa incluso hasta la familia… era una mínima parte que no era de él, pero yo digo que él era el dueño porque él era el señor de la casa, era el que mandaba y disponía de la casa y todo lo que tenía que ver con los servicios e impuestos los pagaba era él”; después de la muerte de su tío se considera como “poseedora” porque siguió viviendo en ella sin compartirla con ninguna otra persona, “me consideré como dueña y poseedora de la parte mayor que ya especifiqué… pero como única poseedora sí fui yo porque como dije yo quedé solita en la casa… yo era la única poseedora, yo vivía allí”; Alfonso la ocupaba “no entraba por la puerta de la casa… porque él… había quitado una ventana de la fachada de la casa en contra de mi tío Ramón que él era señor poseedor y mayor dueño de la casa, el no entraba por la puerta sino por una ventana que quitó y puso una puerta, y mi tío no estaba de acuerdo y creo que tuvo que ir una Inspección, porque él no era el dueño de la casa”; la puerta no le daba acceso a todo el predio “sino únicamente a una parte que quedaba en la sala ya que la puerta que daba acceso al resto de la casa o al interior de la casa Alfonso Márquez la selló con ladrillo, y él quedaba totalmente independizado del resto de la casa… después de que él le vendió a Margarita en el 89 los derechos Margarita me comunicó que él le había entregado la parte de la cual nos estamos refiriendo o sea la sala”; tuvo el ánimo de señora y propietaria desde el 85 hasta el 89 cuando le “vendí a Margarita”; Alfonso no tuvo la “posesión” lo que hizo fue el daño de la ventana, “él lo único que hizo fue cambiar la ventana por la puerta para meterse a la fuerza” (fls. 226 a 231).

Margarita Jaramillo al rendir interrogatorio indicó que tiene la “posesión” de todo el inmueble y que a la suya suma la de Isabel Tocora quien la había recibido de Ramón Márquez Ortiz e incluso de Ramón Márquez Z. en 1916; no ha tratado de negociar con ningún heredero “por cuanto no creo que haya nadie más que tenga el derecho que yo tengo…nunca he conocido que haya otras personas con derechos sobre la casa que yo poseo”; Alfonso nunca tuvo la posesión y por eso no le hizo entrega de ella; “sí le compré la fracción que él tenía de propiedad mas no de posesión”; le sorprende que después de vender diga que es “poseedor”; hizo las mejoras por ser dueña y poseedora, para lo cual obtuvo los permisos respectivos (fls. 233 a 237).

A juicio de la Sala, en este caso específico con la declaración rendida por Isabel Tocora, vendedora de las “cuotas partes” del inmueble, queda demostrado que la convención no sólo involucró la propiedad específica respecto de tales derechos, sino también el aspecto relativo a la coposesión que ella tenía en él. Su versión es clara y precisa sobre este aspecto y debe aceptarse por provenir de alguien directamente comprometida, a pesar de que las otras personas que testificaron no saben o no tienen conocimiento de las transferencias, circunstancia que no desmerece el crédito que se le otorga porque lo aseverado está en consonancia con su conducta, pues obsérvese que, una vez se perfeccionó el contrato procedió inmediatamente a desocupar la casa y a entregársela materialmente a la adquirente para que según su voluntad, procediera a ejercer sobre ella el señorío absoluto e integral, lo que se pone de relieve con los arreglos y mejoras sustanciales que le hizo sin pedir consentimiento o autorización de nadie, salvo lo relativo a los permisos de las autoridades encargadas de las regulaciones urbanísticas de la ciudad y especialmente del sector de La Candelaria.

En lo que atañe al negocio celebrado entre la accionante y Alfonso Márquez Tocora, es claro que se extendió no sólo a los “derechos de cuota” que tenía en el predio sino a la coposesión que este señala venía ejerciendo con Ramón Márquez Ortiz hasta cuando murió, luego con su sucesora testamentaria Isabel Tocora y por último con la propia Margarita Rosa.

Si bien la posesión es un hecho, este conduce a que el legislador la proteja como generadora de un derecho, hasta el punto de garantizar que no puede ser objeto de perturbaciones ni mucho menos de despojo y permitiendo que por su perseverancia y continuidad sirva para adquirir el dominio del bien sobre el cual se ejerce con el transcurso del tiempo estipulado para cada caso en el ordenamiento jurídico vigente y aplicable en determinado momento histórico.

Repárese en este evento que la intención clara y contundente de Alfonso Márquez Tocora, según quedó expresamente consignado en el título (E.P. 5531 de 30 de agosto de 1989 de la notaría primera de esta ciudad), fue la de vender “todos los derechos (sic) tiene o llegue a tener” sobre el bien y que había obtenido de sus antecesores y a quienes identifica plenamente. “Todos los derechos” es una expresión integradora y totalizadora, la que leída de otra manera tiene como significado inequívoco que ninguno de los que tenía el tradente quedó por fuera de la venta o se reservó para sí o para una tercera persona. De donde es lógico comprender que si uno de ellos era la aludida coposesión, la misma fue entregada en ese momento, 30 de agosto 1989 a la adquirente y ahora usucapiente.

Adicionalmente, Isabel Tocora en su versión manifestó que conoció la celebración de la venta de una pequeña parte o cuota que Alfonso Márquez Tocora le hizo a la demandante, adicionando que “él le entregó la posesión y se fue de la casa a partir de esa fecha que fue en el mismo año 89 en que yo vendí mis derechos, y Margarita fue la única que quedó en la casa porque fue la persona que compró y yo le hice entrega material de la casa, creo que en el mismo año que le vendí yo le vendió Alfonso” (fls. 226 a 231). Afirmación que sirve para ratificar que el querer del vendedor fue el de desprenderse a favor de la adquirente tanto de su derecho de propiedad como de la coposesión que aseguró venía ejerciendo primero con Ramón, después con Isabel y por último con la propia compradora.

Por consiguiente, el tribunal incurrió en los errores que le imputa la censura, toda vez que no tuvo en cuenta que en los autos sí existía la prueba indispensable para “sumar posesiones”, en prescripciones irregulares, la que cabe resaltar hoy no tiene la solemnidad de la escritura pública en tratándose de inmuebles, ya que en estos momentos la mencionada agregación se puede comprobar mediante cualquier medio de convicción, siempre claro está que se pueda unir la una a la otra.

Es indisputable que la promotora de la reclamación logró demostrar de manera idónea que podía válida y legalmente anexar a su propia “posesión” la que tuvieron sus antecesores en ella, como fueron Ramón Márquez Ortiz, Isabel Tocora y Alfonso Márquez Tocora.

El ad quem, en este evento cometió los yerros de estimativa probatoria que han quedado ampliamente analizados y que denunció la censura en la acusación estudiada. De haber actuado en sentido contrario, esto es, dándole a las indicadas probanzas la fuerza demostrativa lógica e inequívoca que evidenciaban, tendría que concluir que estaba debidamente comprobada la idoneidad de la “suma de posesiones” invocada por la usucapiente.

9. El cargo, entonces, está llamado a prosperar, razón por la cual se casará el fallo combatido.

Sentencia sustitutiva

1. Ante la prosperidad del ataque, la Sala situada en segunda instancia procede a desatar el recurso de alzada interpuesto por la parte accionada.

2. Los presupuestos procesales se hallan reunidos a cabalidad en este asunto.

3. Al proceso se convocó innecesariamente a “Josefina Márquez Ortiz” o “María de las Mercedes Josefina Márquez Ortiz”, quien ya había fallecido y cuyos derechos sobre el bien disputado se les adjudicaron “en común y proindiviso” a sus herederos Ángel María, Alberto, Carlos Arturo, Daniel, Alfonso y Eduardo Márquez Tocora, también demandados en esta litis.

La relación jurídico-procesal aparece conformada por las partes habilitadas para serlo, de un lado, la poseedora y del otro los titulares del derecho real de dominio.

4. Debe recordarse que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, Cundinamarca, denegó la usucapión deprecada, ordenó el levantamiento de la inscripción de la demanda y condenó en costas a la promotora del proceso, en esencia porque no se probó que Ramón Márquez Ortiz, Isabel Tocora y Alfonso Márquez Tocora hayan “ejercido la posesión sobre el inmueble y que exista vínculo jurídico mediante el cual” éstos le hayan “transmitido el derecho de posesión por acto entre vivos” a Margarita Rosa Jaramillo Salazar (fl. 286 a 305, cdno. ppal.).

5. La parte desfavorecida, en extenso escrito de apelación, aduce que fue equivocada y desacertada la valoración probatoria que hizo el a quo por cuanto es indiscutible que sí probó la existencia de nexo jurídico relativo a las posesiones que pretende sumar junto con los actos de señor y dueño efectuados por sus antecesores y tradentes del indicado señorío.

6. La jurisprudencia de la Corte tiene definido de manera uniforme los requisitos de procedibilidad que habilitan al comunero para obtener en su beneficio la prescripción adquisitiva de dominio, entre otras en la sentencia de casación de 2 de mayo de 1990, siendo ellos:

a) “Posesión exclusiva del comunero usucapiente, referida a la explotación económica de todo o parte del bien común”.

b) Esta “posesión no debe tener por causa, bien sea el acuerdo entre comuneros o la disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad”.

c) El “transcurso del tiempo, que en todo supuesto ha de ser el necesario para la prescripción extraordinaria, vale decir, veinte años según el artículo 1º de la Ley 50 de 1936”, modificatorio del artículo 2531 del Código Civil.

En este caso se aplica la legislación anterior y no la que corresponde a la reforma que al citado precepto le hizo la Ley 791 de 2002, que rebajó, en tratándose de la prescripción extraordinaria, el tiempo de “posesión” de veinte a diez años, por cuanto los hechos ocurrieron antes de entrar en vigencia y porque el nuevo período debe cumplirse íntegramente con posterioridad a dicho mojón, a menos que por ser más favorable, lo que no sucede aquí, expresamente el reclamante prefiera que la normatividad que rija su situación posesoria sea la regulada en dicho ordenamiento jurídico.

7. Ya cuando se expusieron las razones que condujeron a quebrar la providencia confirmatoria de la desestimación de los pedimentos de la usucapiente, se consignaron ampliamente los motivos por los cuales, en este caso concreto, la accionante acreditó ser copropietaria con “posesión” exclusiva del inmueble con prescindencia de los restantes condueños y que a su propia “posesión” podía sumar la de sus antecesores. La Sala se remite a lo allí expresado y no lo repite en respeto y aplicación del principio de la economía procesal.

En síntesis, el buen suceso de la declaración de pertenencia está sustentado en que Margarita Rosa Jaramillo Salazar, ha ejercido sobre el bien raíz plenamente identificado en el curso de la inspección judicial y absolutamente coincidente con el descrito en la demanda y relacionados en los diversos títulos escriturarios, la “posesión” material exclusiva por más del lapso mínimo exigido por el legislador, que para el caso es de veinte (20) años.

En efecto, agregando a su propia “posesión” la de sus predecesores Ramón Márquez Ortiz, Isabel Tocora y Alfonso Márquez Tocora su “señorío” sobre el predio supera con creces el tiempo legal establecido para ganar por prescripción adquisitiva extraordinaria el dominio del mismo.

La explotación económica de la condómine poseedora es evidente si se aprecia que lo tiene en su poder ocupándolo y utilizándolo en su personal beneficio.

8. Las defensas aducidas por los demandados que intervinieron directamente, Alfonso, Eduardo, Carlos Arturo, Alberto y Daniel Márquez Tocora (fls. 146 a 149 y 157 a 160, cdno. ppal.) y denominadas, en su orden, “mala fe de la demandante” y “falta de tiempo para la usucapión”, están llamadas a fracasar.

Baste para despacharlas desfavorablemente que no se puede acusar a la actora de incurrir en “mala fe” por el hecho de reclamar un derecho, el de adquirir por el modo de la prescripción extraordinaria, cuando demostró satisfactoriamente que reunía los requisitos para obtener la tutela jurídica, tal como quedó patente en el estudio que contiene esta providencia, debiéndose resaltar que como único argumento para oponerse se esgrimió que “los comuneros son las personas que han tenido la posesión…entre ellos Alfonso Márquez Tocora”. Los reproches de los opositores carecen de fundamento y razonabilidad.

9. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 392, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandada.

10. Complementariamente, se ordenará la inscripción de este fallo en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar de localización del inmueble.

El juez de conocimiento atenderá de manera cuidadosa lo relacionado con la aplicación, si es del caso, de lo dispuesto en el articulo 690 ibídem.

IV. Decisión

En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 24 de abril de 2007, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Caldas, dentro del proceso ordinario seguido por Margarita Rosa Jaramillo Salazar contra María Alicia, Rafaela y Alberto Castro Márquez; Ángel María, Alberto, Carlos Arturo, Daniel, Alfonso y Eduardo Márquez Tocora; María de las Mercedes Márquez Ortiz y personas indeterminadas, y en su lugar,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Facatativá, Cundinamarca, el 30 de julio de 2004 dentro del presente proceso.

2. Declarar que Margarita Rosa Jaramillo Salazar adquirió por prescripción extraordinaria el dominio del bien inmueble situado en la ciudad de Bogotá, sector de La Candelaria, en la calle 9ª Nº 2-81, identificado por las características y linderos que aparecen en la demanda, en los títulos, el certificado de tradición 50C-325357 de la oficina de registro de instrumentos públicos de esta ciudad y en la inspección judicial.

3. Inscribir esta sentencia en el folio inmobiliario citado y ordenar el levantamiento de la medida cautelar decretada, debiéndose oficiar a la oficina de registro de instrumentos públicos respectiva.

4. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada.

5. Sin costas en casación ante la prosperidad del recurso.

Notifíquese y devuélvase».

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