Sentencia 1997-02963 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 05001-23-31-000-1997-02963-01 (27.740)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Iván Darío Rengifo Gaviria y otros

Demandado: Municipio de Uramita

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. Previo a resolver de fondo, es necesario precisar que en relación con las fotografías que la parte demandante allegó con la demanda y que pretenden demostrar las condiciones en que se encontraba el lugar donde ocurrió el hecho, no se hará valoración alguna, pues carecen de mérito probatorio, en principio, puesto que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron captadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso.

De otro lado, es preciso señalar, que el proceso tiene vocación de segunda instancia, en consideración a que conforme a lo deprecado en la demanda, la pretensión mayor individualmente considerada correspondía a $ 17’062.079(1), valor que supera la cuantía que establecía el Decreto 597 de 1988(2) para que un proceso fuera susceptible de doble instancia, normativa aplicable a este asunto, toda vez que los recursos de apelación se interpusieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 del 24 de abril de 2005.

2. Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. Conforme a la historia clínica, el menor César Augusto Rengifo Higuita, ingresó al Hospital de Uramita el 4 de enero de 1996, por una lesión en su ojo derecho causada con un alambre de púas (fl. 7, cdno. 1).

Posteriormente, fue remitido al Hospital Universitario San Vicente de Paul en la ciudad de Medellín, en donde le realizaron un procedimiento quirúrgico para suturarle la córnea (fl. 14, cdno. 1).

2.2. Igualmente, obra en el expediente el dictamen médico legal, en donde se indicó:

“Paciente sexo masculino a la fecha con 12 años de edad, sufrió accidente con alambre de púa en O. (sic) derecho se presentó a consulta 5/01/97 con herida corneal en zona óptica con catarata traumática y ruptura de la cápsula anterior del cristalino. Se hospitalizó y el 6/01/97 se realizó sutura de la herida. Se evolucionó hasta el 28/07/97 de manera satisfactoria quedando pendiente por realizar una cirugía de catarata, vitrectomía anterior y posible colocación de lente intraocular para su reahabilitación (sic) final. Hoy se encuentra un joven con una agudeza visual por O. (sic) derecho de cuenta dedos (sic) a 2 metros y por ojo izquierdo de 20/20. Presenta una exotropía derecho, leucoma corneal paracentral supero-temporal con sinequias a la herida y catarata traumática, la tonometría es de 14 mmHg y se observa reflejo rojo al fondo de ojo.

“Las consecuencias del trauma han producido una diminución (sic) marcada de la AV, una desviación del ojo derecho (exotropía) por deprivación sensorial. Su rehabilitación y recuperación de la agudeza visual dependerá de la realización de nuevos procedimientos quirúrgicos facoaspiración, vitrectomía anterior y colocación de lente intraocular si su evolución es satisfactoria pero si la opacidad de la córnea impide una recuperación visual se requerirá de una keratoplastia penetrante que en los jóvenes es de alto riesgo.

“Por lo tanto para establecer el déficit visual final y verdadero se deberían agotar estas instancias mencionadas” (fls. 110 y 111, cdno. 1).

Y, en la valoración realizada por la junta regional de calificación de invalidez de Antioquia, se indicó:

“…de acuerdo a la documentación aportada, presentó traumatismo en ojo derecho con alambre de púa el 4 de enero de 1996, recibió atención de urgencias en el hospital de Uramita el día del evento traumático, registrándose en la historia clínica al examen físico como hallazgos: ‘Conjuntiva irritada y opacidad a nivel del cristalino con disminución de la agudeza visual por ese ojo y pupila poco reactiva a la luz’.

“Evaluado por el médico oftalmólogo 6 de enero de 1997 en el hospital San Vicente de Paul en la ciudad de Medellín, se anota: presenta trauma por alambre de púa en el OD (sic) el sábado 4 de enero de 1997, luego de lo cual disminución de la agudeza visual y dolor, EF (sic): agudeza visual OD (sic): cuenta dedos a 25 cm. Ojo con fibrina, cristalino, masas opacas en zona pupilar. Hacen diagnóstico de herida en córnea y catarata traumática ojo derecho.

“Es intervenido quirúrgicamente el 6 de enero de 1997, realizándole sutura de córnea.

“En control por médico oftalmólogo el 17 de febrero de 1997, se anota: Se queja de dolor en ojo derecho, agudeza visual ojo derecho: cuenta dedos a 50 m, agudeza visual ojo izquierdo 20/20, ojo derecho. Anexos normales, herida de córnea saturada, manchas en cara anterior. Hacen diagnóstico de catarata traumática, glaucoma, ordena vitrectomía.

“En evaluación oftalmológica del 8 de febrero de 2001, se anota: agudeza visual ojo derecho: cuenta dedos a 2 mts, ojo izquierdo 20/20, exotropía derecha, pupila reflejo OD (sic) 2/4, OI (sic): 4/4, biomicorscópica; ojo derecho: leucoma paracentral superior vascularizado y catarata central. Hacen diagnóstico de leucoma y catarata ojo derecho.

“Se aporta control oftalmológico del 1º de abril de 2013, que reportó: antecedente de trauma en ojo derecho en la niñez, leucoma postraumático, hipertensión ocular por lo cual ordenaron timolol, examen físico: ojo derecho: leucoma adherente, sinequia anterior en iris, catarata traumática, retina ambos ojos: normal, nistagmus vertical OD (sic). Hacen diagnóstico de cicatriz u opacidad de la córnea, catarata traumática, sospecha de glaucoma.

“En la valoración por esta junta de calificación se encuentra paciente que se desplaza por sus propios medios, orientado en las tres esferas, asiste solo a al (sic) valoración, buen estado general PA (sic) 110/80.

“Ojos: derecho: se observa leucoma paracentral, opacidad del cristalino, AV (sic) 20/800, OI (sic): 20/20. Pérdida campo visual derecho.

“Psicología conceptuó: leve ansiedad reactiva a la pérdida visual no diagnosticada no tratada.

“Diagnóstico motivo de valoración.

“Secuelas trauma ojo derecho: ojo ciego, leucoma, catarata, glaucoma.

“CALIFICACIÓN PCL (sic)

“Teniendo en cuenta lo estipulado en Decreto 917 de 1999, la junta regional de calificación de invalidez de Antioquia, conceptúa que el señor César Augusto Rengifo Higuita presenta una pérdida de la capacidad laboral del

“Deficiencia: 17,0%

“Discapacidades: 2,40%

Minusvalías: 8,25%

“Total: 27,65%” (fl. 233, cdno. ppal.)

2.3. De otro lado, en relación con la ocurrencia de los hechos, el señor Harvey Fernando Manco Saldarriaga, manifestó:

“En el lugar del accidente al frente quedaba mi local donde yo trabajaba, habían varios niños jugando en la placa polideportiva del municipio; cuando sentí un grito de un niño muchos corrimos a donde el niño estaba y ya un compañero le había sacado un alambre que tenía incrustado en el ojo. Se llevó para el centro de salud ahí mismo…El alambre se encontraba protegiendo un árbol que está detrás de la canasta o el aro de la canasta para jugar basquetbol, o sea en el paral y el alambre estaba rodeado (sic) el árbol pero con muchas puntas sueltas. Me queda a unos 10 metros del negocio. PREGUNTADO: Sírvase manifestar quien colocó el alambre que protegía el árbol? CONTESTO: El municipio PREGUNTADO: Manifieste al Despacho si fuera de el (sic) árbol estaba protegido con el alambre existían otros árboles protegidos con alambre? CONTESTO: Sí prácticamente todos los que están alrededor de la plaza y todos en mal estado PREGUNTADO: Sírvase manifestar en qué consistía el mal estado en que se encontraban los alambres entre ellos el que ocasionó el accidente a César Augusto ya que usted lo ha manifestado? CONTESTO: Es que estaban prácticamente sueltos, porque no estaban haciendo ningún cubrimiento, se colocan 3 hileras y sólo había una porque los otros estaban sujetos a la línea que estaba pegada, donde se encontraban puntas sueltas sin ajustar a los palos que los sostienen PREGUNTADO: Sírvase manifestar con qué objeto se colocaron esos alambres alrededor de los árboles y concretamente el que ocasionó el accidente? CONTESTO: Proteger me imagino el crecimiento de los árboles, pero ya los árboles estaban de un metro o don entonces yo creo que ya no justificaba tener esta protección PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho qué actitud tomó la administración municipal o la entidad encargada de la protección del medio ambiente luego del accidente a que nos hemos referido en esta declaración? CONTESTO: Unos días después procedieron a quitar el alambrado de todos los árboles PREGUNTADO: Sírvase manifestar si el sitio donde ocurrió el accidente era cerrado o abierto al público? PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho qué ocupación se le da en el mpio. (sic) de Uramita al lugar donde ocurrió el accidente que afectó a CÉSAR AUGUSTO? CONTESTO: En semana funcionar como placa polideportiva y en domingo como plaza de mercado PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho, qué actividades normales realizaba la población de Uramita en semana en la placa polideportiva? CONTESTO: Se practicaba el basquetbol, volibol, parque recreativo para los niños y actividades para los ancianos ya que al frente quedaba el ancianato PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si ud. conoció qué hacía CÉSAR AUGUSTO en el momento del accidente? CONTESTO: Estaba jugando con otros niños PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si el Mpio. (sic) de Uramita, brindaba mantenimiento a los alambres que cubrían los árboles de la placa? COTNEST (sic): No, porque como el negocio quedaba al frente yo ajustaba los alambres que veía sueltos…

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar si ud. conoce si con posterioridad al accidente sufrido por César Augusto se realizaron campañas por parte de la admón. (sic) municipal o de la Umata, en las que se instruyera a los asociados de Uramita sobre el posible peligro que podría ocasionar de que (sic) menores de edad se arrimaran a los árboles cubiertos por alambres? CONTESTO: No, ninguna campaña se hizo PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si ud. conoce el motivo que tuvo la admón. (sic) municipal para que una vez que hubiera ocurrido el accidente se desprotegieran los árboles de los alambres que los cubrían? CONTESTO: Luego del accidente, evitar más accidentes y creo que ya los árboles no requerían de la protección porque ya estaban grandes PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho, cuáles eran las características del alambre que cubrían los árboles del parque de Uramita Antioquia? CONTESTO: Alambre de púas de tres hileras con pedazos incrustados punzantes diez centímetros uno de otro PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho, si ud. conoció exactamente cuánto tiempo duró la protección de los árboles del parque? CONTESTO: Exactamente no le sabría decir, pero si fue bastante tiempo PREGUNTADO: Sírvase manifestar si la administración municipal de Uramita o alguna otra entidad del municipio, colocó alguna señal que indicara peligro en caso de que alguna persona se arrimara a los árboles que tenían la protección con púas? CONTESTO: Antes del accidente y luego de este existía solamente avisos de que no jugaran en los árboles…” (mayúsculas en original) (fls. 84 a 87, cdno. 1).

Asimismo, la señora María Rosmira Bolívar Cifuentes, señaló:

“Ahí en la cancha había unos árboles sembrados y ahí habían colocado unos alambres de púas que era como para que no dañaran los árboles entonces el niño estaba jugando y cayó sobre un alambre de esos y se rasguñó el ojo… Yo lo vi personalmente… pasaba en ese momento, en el momento del accidente… Me arrimé a mirarlo porque no recuerdo si fue el papá el que lo tenía, el que lo había ido a recoger de allá, alguien lo cogió, miramos que había sido en un ojito, me quedé aterrada de ver que era un ojo el que le había chuzado el alambre y me fui para mi casa… PREGUNTADO: Sírvase decirnos si usted sabe si después del accidente el alambre que cercaba el árbol referido, fue quitado o retirado? CONTESTO: Me parece que lo quitaron al otro día o en esa misma semana, no supe quien lo quitó ni por orden de quien PREGUNTADO: Sírvase decirnos si usted recuerda cuál era aproximadamente el tamaño del árbol protegido por el alambre CONTESTO: Ya estaba grandecito, ya estaba pegado, después de eso no volvieron a colocarle más cosas para que protegiera el árbol y ahí está el árbol todavía” (mayúsculas en original) (fls. 102 a 103, cdno. 1).

Y el señor Bernardo San Martín Agudelo, expresó:

“Se chuzó un ojo con un alambre de púas el pelaito (sic) ese… yo estaba ahí en la puerta de la oficina cuando ocurrió eso, como la oficina quedaba ahí al pie de esa cancha…yo no recuerdo cómo ocurrió…lo que habían eran unos árboles ahí pequeños que los encerraron con unas cuerdas como para que no los dañaran…estaban ahí rodeando el árbol, ellos estaban ahí puestas (sic) normal alrededor del árbol…” (fls. 105 a 106, vto. cdno. 1).

2.4. De otro lado, en relación con el mantenimiento del lugar donde ocurrieron los hechos, el señor Luis Alfredo Guzmán, afirmó:

“yo cuando eso era viverista ecológico de aquí del municipio, tenía que ver con todo lo que es jardinería y arborización, el señor GUSTAVO GÓMEZ me ordenó que fuera a quitar un alambre del parque, alambre que encerraba unos árboles y entonces fui y lo quité y ahí me enteré que era porque ese alambre le había dañado la vista a un niño…se arrimaron ahí a conversar unos señores, no recuerdo quienes, dijeron que por fin iban a quitar el alambre y entonces se arrimó otra señora y dijo que qué era lo que había sucedido, no me preguntó a mi si si (sic) no a los que estaban ahí y entonces uno de ellos dijo que era que un niño se había dañado uno ojo en ese alambre…La verdad no recuerdo el número de árboles, pongámosle unos tres, pues ya estaban grandes, según eso todavía necesitaban la protección, era como para que no amarraran bestias ahí…El árbol estaba en perfectas condiciones, estaba bueno, el alambre estaba en perfectas condiciones también…estaba pegado hacia los postes que rodeaban el árbol, había cuatro postes, el árbol estaba en el medio, el empostado (sic) estaba fino y el alambre estaba bien adaptado…” (mayúsculas en original) (fls. 103 vto. a 105, cdno. 1).

3. Con los documentos y testimonios relacionados, se tiene acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que se demostró que el 4 de enero de 1996, el niño César Augusto Rengifo Higuita resultó lesionado en su ojo derecho, con un alambre de púas que protegía un árbol ubicado en la plaza municipal.

Aun cuando existe contradicción en la forma como se presentaron los hechos, pues en el escrito de demanda se indicó que el menor se enredó con el alambre cuando iba en busca de una caneca de basura, y de otro lado, los declarantes señalaron que César Augusto se encontraba jugando momentos antes de ocurrir el incidente, no se puede desconocer que en lo que sí existe acuerdo, es que las lesiones se produjeron con un alambre de púas que rodeaba uno de los árboles ubicados en la plaza, de allí que, se pasará a verificar si el daño es imputable al ente municipal demandado.

Se advierte que el lugar donde ocurrieron los hechos era el parque o plaza del municipio de Uramita también denominado campo deportivo, razón por la cual, la administración municipal tenía la obligación de mantenimiento, seguridad, vigilancia y cuidado respecto de ese bien.

Igualmente, se acreditó que el demandado instaló varios alambres de púas para proteger algunos de los árboles que circundaban el parque, sin embargo, no se demostró la falta de mantenimiento de los mismos, pues la prueba recaudada al respecto no es contundente. Si bien, existe un testimonio que señala que el alambre estaba desajustado, esta afirmación no es suficiente para endilgar responsabilidad alguna al municipio, toda vez que los demás declarantes no señalan nada específico al respecto.

No obstante lo anterior, no se puede desconocer que el alambre de púas es un objeto peligroso que conlleva un riesgo evidente por las características que posee, de allí que, los daños derivados de este tipo de artefactos deben ser imputables a quien los utiliza ya que al hacerlo pone en evidente peligro a los demás.

Si bien, es cierto que no existe prohibición expresa en relación con la utilización de los alambres de púas como medida de protección o contención, es preciso insistir en que comportan un evidente peligro para las personas, más aún, si se encontraban ubicados en un sitio público dedicado al esparcimiento y a la diversión.

Así las cosas, en el presente caso, no es relevante si el ente municipal demandado realizó el mantenimiento de los alambres de púas que utilizó para la protección de los árboles del parque, ya que al hacer uso de un objeto que reviste peligro para las personas, debe asumir los daños que de él se deriven.

De lo expuesto, para la Sala no hay lugar a dudas que le es imputable al municipio demandado el daño alegado, comoquiera que instaló un objeto que a todas luces se considera peligroso —alambre de púas que por sus características conlleva riesgos para las personas—, por lo que, es responsable por los daños que se deriven de él.

Ahora bien, aun cuando la parte demandante elaboró la imputación del daño sobre el título de falla del servicio, esto no constituye un impedimento para decidir de fondo, en razón a que le corresponde al juez, luego de determinar si se configuró o no un daño antijurídico, dar aplicación al principio iura novit curia(3) —expone el hecho que el juez conoce el derecho—, para definir, con fundamento en las pretensiones y hechos de la demanda, cuál título de imputación se aplicará en el asunto sub examine.

Esta postura no ha sido ajena en la corporación, pues en varias oportunidades(4) se ha utilizado el referido principio con fundamento en la potestad del juez para definir y aplicar la norma y/o el régimen correspondiente, conforme los hechos alegados por la parte actora y probados en el proceso, y siempre respetando la causa petendi.

En efecto, en el presente caso se dará aplicación al título de imputación de riesgo excepcional, en consideración a que la administración a través de una actividad legítima, les impuso a los ciudadanos una carga que no tenían la obligación de soportar. En ese sentido, esta corporación en anterior oportunidad, señaló que:

“Con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, esta Sala elaboró y desarrolló los fundamentos de varias teorías o regímenes que permitían sustentar, con base en el análisis del caso concreto, la responsabilidad del Estado. “Así, se desarrolló, entre otras, la teoría del riesgo excepcional, cuyo contenido, precisado en varios pronunciamientos, fue presentado muy claramente en sentencia del 20 de febrero de 1989, donde se expresó:

“...Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio...”(5).

“Precisó el Consejo de Estado, en aquella oportunidad, que el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional podía incluirse dentro de los denominados regímenes objetivos, en los que el elemento falla del servicio no entra en juego. En efecto, no está el actor obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo de causalidad.

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que les sean imputables. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad.

“Sin embargo, reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política…(6).

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(7) (resalta la Sala).

Asimismo, en sentencia proferida por esta Subsección, se afirmó lo siguiente:

“El régimen de imputación del riesgo excepcional, en este caso concreto, halla asidero y fundamento, en el concepto de daño antijurídico (C.P., art. 90), en la medida que éste impone el reconocimiento del deber de indemnizar ante la constatación efectiva de un daño o lesión jurídica a un bien jurídicamente tutelado, que la persona no se encuentra en la obligación de soportar, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas, como quiera que, en estos eventos, se somete por parte de la administración pública —a través de una actividad lícita y/o legítima— a la persona a un riesgo de naturaleza especial, excepcional y extraordinario que desborda, necesariamente, el parámetro de riesgo permitido(8) —asumido— al interior del conglomerado social.

“Como se aprecia, la teoría del “riesgo creado” resulta aplicable a eventos en los cuales no sólo se somete a una persona a la existencia de un riesgo que desborda la normalidad, como consecuencia del uso de instrumentos o elementos para la prestación de un determinado servicio o actividad (v.gr. instalaciones públicas o de policía, armas de dotación oficial, automotores oficiales, etc.), sino que también puede, eventualmente, configurarse el título objetivo de riesgo, en aquellos eventos en que la administración pública, en desarrollo de una actividad legítima del poder público, crea y libera, en cabeza de un particular, un determinado riesgo que excede los límites de normalidad a los que generalmente se encuentra sometido y, por consiguiente, en el supuesto de que se ocasione un perjuicio, éste es el producto directo del rompimiento de las cargas públicas y, consecuencialmente, del principio de igualdad (C.P., art. 13).

“Si se analiza con detalle el fundamento de la responsabilidad por actividades peligrosas, se tiene que la misma se origina en la concreción de un riesgo derivado de la ejecución de una acción específica o del uso de elementos o instrumentos que llevan envuelta una determinada probabilidad de ocasionar un perjuicio(9).

“Entonces, la responsabilidad del Estado puede serle imputada o atribuida mediante la formulación de la teoría del riesgo, esto puede ser a través de dos vías, claramente diferenciables: i) a través del perjuicio ocasionado por la concreción de un riesgo excepcional que desborda el marco de la normalidad —por parte de la administración, bien derivado de determinada cosa o instrumento, o el advenido de una específica actividad pública— o ii) mediante la realización de un daño derivado de la materialización del riesgo que emana de una actividad peligrosa”(10).

En el presente caso, las lesiones del menor causadas con un alambre de púas que fue instalado por la administración municipal para la protección de los árboles de la plaza, corresponde a un evento de riesgo excepcional, comoquiera que con la utilización de este objeto peligroso, se expuso a los ciudadanos a un riesgo que excedió evidentemente las cargas que normalmente han de soportar.

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia apelada, en atención a que el daño es imputable al municipio demandado, con fundamento en el riesgo excepcional.

4. Los demandantes Iván Darío Rengifo Gaviria y María Emilsen Higuita Durango acreditaron ser padres de César Augusto Rengifo Gaviria (fl. 3, cdno. 1), y este último acreditó su condición de lesionado con la historia clínica allegada al proceso.

De otro lado, es importante reiterar que la Sala ha precisado, que para presumir el perjuicio moral de los familiares inmediatos del lesionado, no es necesario establecer si las lesiones causadas fueron graves o leves, puesto que esta distinción carece de sentido lógico y equitativo, en cuanto no es plausible de ninguna manera que la aflicción pueda establecerse a partir de una condición especial de las lesiones. En efecto, independientemente de la magnitud de la afectación física del lesionado, en una concepción de familia nuclear como la nuestra, no resulta equitativo que ese padecimiento moral y su prueba se condicione al resultado material del daño reclamado(11).

De allí que, se presume que la lesión física o psíquica de un familiar, independientemente de su gravedad, causa aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. Así las cosas, para lo único que se debe tener en cuenta la gravedad o levedad de las lesiones, es para establecer la graduación del monto del perjuicio que se debe indemnizar(12).

En este orden, como el demandado no desvirtuó la presunción de la aflicción causada a los demandantes por las lesiones de su hijo, de acuerdo con el registro civil allegado al proceso, se da por probado el daño moral con fundamento en la presunción judicial o de hombre que constituye un criterio de valoración más no un medio de prueba; en el derecho americano a dichas presunciones judiciales se les llama “inferencias”; la presunción es un razonamiento que está basado enteramente en la lógica y la experiencia, por ello no se puede confundir con el indicio ya que este es un hecho, ni con ningún otro medio de prueba.

De acuerdo con lo expuesto, el daño moral está acreditado, así que se procederá a conceder los perjuicios morales de la siguiente manera:

César Augusto Rengifo Higuita (lesionado): 30 smlmv

Iván Darío Rengifo Gaviria (padre): 15 smlmv

María Emilsen Higuita Durango (madre): 15 smlmv

Ahora bien, en relación con el perjuicio fisiológico solicitado para el lesionado, por la afectación de la facultad de disfrute de su vida futura, la alteración de su físico y de la visión de su ojo derecho, es necesario precisar que esta petición se refiere al denominado daño a la salud, frente al cual la Sala reitera la posición acogida en las sentencias de unificación 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011, en las que se señaló:

“De modo que, el ‘daño a la salud’ - esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

“Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

“Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(13).

“En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

“Es así como la doctrina, sobre el particular señala:

Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida de rentas que pueda ocasionar.

“Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico-legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...”(14) (se resalta).

“En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)(15), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización)(16).

“Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo y desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

“Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial(17). En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

“En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(18). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

“De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

“Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(19).

“En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente —como quiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

“Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

“i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

“ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(20).

“Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

“Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud.

“Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.

“En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.

“No obstante lo anterior, es preciso recalcar que en nuestro país no existe un sistema abierto y asistemático del perjuicio inmaterial, puesto que estos esquemas atentan contra el entendimiento del derecho de la responsabilidad, motivo por el cual, será la jurisprudencia de esta corporación la encargada de definir la posibilidad de reconocer otras categorías o tipos de daños distintos al daño a la salud, pero siempre que el caso concreto permita la discusión y se afronte la misma a través de la búsqueda de una metodología coherente que contenga el abanico resarcitorio a sus justas proporciones sin que se desdibuje el contenido y alcance de la teoría del daño resarcible.

“Esta es, precisamente, la importancia del daño a la salud, ya que como se ha explicado permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos.

“Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material”(21).

Así mismo, la Sala en sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente 22.163, determinó, los parámetros de liquidación y valoración del daño a la salud, en cuanto a su contenidos objetivo (estático) y subjetivo (dinámico). En efecto, en la providencia se estableció:

“El arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico puesto que el legislador no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están contenidos en la ley.

“De allí que sí existen criterios de valoración del daño a la salud, de manera concreta, de la siguiente forma:

“1. El ámbito o espectro objetivo o estático del daño a la salud se determinará a través del arbitrio iuris, para lo cual se tendrá en cuenta la edad de la víctima y la gravedad de la lesión, lo cual permitirá emplear la regla de tres, al tener en cuenta que a la mayor incapacidad corresponde un valor máximo de cuatrocientos salarios mínimos mensuales vigentes, como lo ha hecho la jurisprudencia de tiempo atrás.

“2. En cuanto al contenido dinámico del daño a la salud, esto es, las particularidades o especificidades que ese perjuicio significa para cada víctima en particular (v.gr. no es lo mismo la pérdida de una mano para alguien que tiene como “hobbie” ir a cine, frente a alguien cuyo esparcimiento lo obtiene de tocar el piano o pintar cuadros). En este tipo de eventos, en los que la persona logre acreditar unas consecuencias particulares que harían más gravosa su condición al resultar afectado en su integridad psicofísica, el juez podrá incrementar, con base en el arbitrio iuris, la indemnización correspondiente al factor objetivo del daño a la salud. No obstante, se itera, en principio no se podrá reconocer una suma superior a 400 SMMLV, pues este es el tope —sumado el ámbito estático y dinámico— del daño a la salud.

“Por consiguiente, el daño a la salud reviste una connotación bifronte, una estática u objetiva que garantiza la máxima “a igual afectación a la integridad psicofísica debe corresponder una idéntica o similar compensación del perjuicio”, y una perspectiva dinámica o subjetiva —que permite hacer realidad la igualdad material— debido a que en este componente se permite que el juez eleve en un preciso porcentaje la reparación por cuenta de las condiciones particulares de la víctima.

“No se trata de reparar la vida relacional o social de quien sufre el daño (en el espectro dinámico), sino de reconocer un porcentaje adicional debido a situaciones particulares que hacen que para ese sujeto específico la afectación correspondiente sea más grave”(22).

Por último, en sentencias del 24 de julio de 2013, la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en una novedosa propuesta para garantizar una liquidación más objetiva del daño a la salud, indicó(23):

“Definidos los criterios para calificar la invalidez, el dictamen debe otorgar unos porcentajes a cada uno de los componentes antes mencionados, cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, porcentaje al que necesariamente debe responder la indemnización que dentro del componente objetivo del daño a la salud se reconozca, para cuyo efecto se considera que en los casos en que la disminución de la capacidad laboral alcance el 100%, su valor indemnizatorio puede fijarse en la suma equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales.

“(…) Es pertinente precisar, que en los eventos que no repose en el material probatorio el dictamen emanado por la junta de calificación, en el que se especifique los tres criterios de clasificación de invalidez, el porcentaje que tal dictamen determine se imputará al rubro de deficiencia, es decir, 150 SMLMV, en forma proporcional.

“Y por último, el segundo componente, esto es, el elemento subjetivo del daño a la salud, permitirá incrementar, con fundamento en el material probatorio, la sana crítica y las reglas de la experiencia, el quantum determinado en el aspecto objetivo, de manera que se atiendan las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada(24), en cuyo efecto se sugiere como límite para los casos de mayor intensidad el equivalente a 100 SMLMV.

“En conclusión, se estima oportuno destacar que el daño a la salud, está compuesto de dos elementos, el primero de ellos (objetivo) con una valoración de 75% como máximo reconocible, esto es, hasta 300 salarios mínimos legales, de conformidad con lo señalado en párrafos precedentes y el segundo (subjetivo o dinámico), correspondiente hasta el 25%, el cual se reconocerá cuando las pruebas den lugar a ello, ascendiendo al monto de 100 salarios mínimos”.

Conforme a lo anterior, debe señalarse que en los casos en que las lesiones revisten mayor gravedad, esto es, una incapacidad del 100%, se debe conceder por daño a la salud el equivalente a 300 salarios mínimos mensuales vigentes. Por lo tanto, aplicando el sistema y metodología antes descrito, y teniendo por establecido que el porcentaje de incapacidad del demandante, es del 27.65%, se reconocerán 82.95 salarios por concepto de daño a la salud (en su dimensión objetiva)(25), por lo cual, el monto de la indemnización resultaría proporcional con la lesión sufrida, esto de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que han sido trazados sobre la materia, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y, por lo tanto, la magnitud del perjuicio que supone una significativa variación en el estado de salud del demandante principal.

En cuanto al aspecto dinámico del daño a la salud, se advierte que en el expediente no obran pruebas relativas a demostrar las consecuencias particulares o específicas que ese perjuicio significaría para el lesionado y que harían más gravosa su condición al resultar afectado en su integridad psicofísica, de allí que, no se concederá indemnización alguna por este concepto.

De otro lado, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, solicitaron para el padre del afectado, la suma aproximada de $ 1’000.000, correspondiente a los gastos médicos ocasionados por la lesión. Para fundamentar su petición, allegaron con la demanda varias facturas, las cuales se analizarán a continuación con el fin de verificar si cumplen con los requisitos de ley(26).

A folio 30 del cuaderno 1, obra la factura 0162 del 4 de enero de 1997, expedida por la droguería “Leticia” a nombre de César Augusto Rengifo, por un valor de $ 6.516 y que corresponde a varios medicamentos.

Asimismo, a folio 31 del cuaderno 1, obran las facturas 56997 del 5 de enero de 1997 y 79670 del 17 de febrero de 1997, por las sumas de $ 11.400 y $ 9.900, respectivamente, expedidas por la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul, a nombre de César Augusto Rengifo, relativas al pago de consultas médicas en los servicios de urgencias y ambulatorios.

Igualmente, se allegó a folio 32 del cuaderno 1, la factura 0011070 del 23 de enero de 1997, expedida por la Clínica Oftalmológica de Antioquia, a nombre de César Rengifo, por un valor de $ 26.250, correspondiente a una ecografía.

Finalmente, obra a folio 33 del cuaderno 1, la factura 04145626 del 15 de enero de 1997, expedida por la farmacia “Pasteur”, por la suma de $ 12.868, sin embargo, en este documento no consta el nombre de la persona que canceló el servicio, de allí que, al no cumplir con los requisitos de ley, no se valorará.

Respecto a las facturas restantes, si bien es cierto que fueron expedidas a nombre del lesionado César Rengifo pero quien solicitó el pago de las mismas fue su padre, se debe precisar que para la fecha en que se generaron, el lesionado era menor de edad, de allí que, era lógico que quien cancelara las sumas adeudadas fuera su padre pues era su representante, por lo tanto, se entenderá que el requisito relacionado con la indicación del nombre de quien canceló el servicio, se cumplió adecuadamente.

Así las cosas, en atención a que las facturas relacionadas cumplen con los presupuestos necesarios para su reconocimiento y pago, pues fueron expedidas por la entidad que prestó el servicio a nombre del menor lesionado cuyo padre y representante fue el responsable de su cancelación, y cuentan además con una fecha de expedición, se accederá al pago de las sumas de dinero pero actualizando el valor desde la fecha en que se realizó el pago, hasta la fecha de esta providencia, así:

Factura droguería “Leticia”:

0006nnn
 

Así las cosas, la sumatoria de los valores actualizados por concepto de daño emergente para el padre del lesionado, Iván Darío Rengifo Gaviria, arroja un total de ciento sesenta y un mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 161.824).

Finalmente, respecto al lucro cesante, solicitado para el lesionado, correspondiente a los valores que dejaría de percibir debido a su incapacidad, se advierte que de acuerdo a lo señalado por la junta regional de calificación de invalidez, César Augusto Rengifo Higuita disminuyó su capacidad laboral en un 27.65%.

De otro lado, en relación con los ingresos que dejaría de percibir el lesionado por la pérdida de su capacidad laboral, se advierte que si bien, es cierto que los hechos que le generaron las lesiones se presentaron cuando era menor de edad, se presume que una vez cumpliera la mayoría de edad, iniciaría una actividad lucrativa por la cual recibiría, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente, de allí que, se procederá a realizar la liquidación del lucro cesante a partir de la fecha en que César Augusto Rengifo Higuita cumpliera los 18 años hasta la fecha de su vida probable, así:

Lesionado: César Augusto Rengifo Higuita

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1988(27)

Vida probable: 57,82 años = 693,84 meses(28)

Renta actualizada: $ 212.905(29)

La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que el lesionado cumpliera la mayoría de edad(30)hasta la fecha actual, para un total de 86.07 meses, y el otro, futuro, que corre desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable del lesionado, para un total de 607.77 meses, de lo cual resulta:

Liquidación de la indemnización debida o consolidada:

0007nnn
 

Así las cosas, sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, a favor del señor César Augusto Rengifo Higuita, se obtiene un valor total de sesenta y cuatro millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos seis pesos ($ 64’149.806).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Declárase al municipio de Uramita patrimonialmente responsable por las lesiones causadas a César Augusto Rengifo Higuita, conforme lo expuesto en esta providencia.

3. Condénase al municipio de Uramita a pagar, a las personas que a continuación se relacionan, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

César Augusto Rengifo Higuita (lesionado): 30 smlmv

Iván Darío Rengifo Gaviria (padre): 15 smlmv

María Emilsen Higuita Durango (madre): 15 smlmv

4. Condénase al municipio de Uramita a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Iván Darío Rengifo Gaviria, la suma de ciento sesenta y un mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 161.824).

5. Condénase al municipio de Uramita a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de César Augusto Rengifo Higuita, la suma de sesenta y cuatro millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos seis pesos ($ 64’149.806).

6. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

7. Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

9. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Esta suma fue solicitada por concepto de lucro cesante para el menor lesionado (fl. 47, cdno. 1).

(2) El decreto en mención, señalaba que para que un proceso fuera susceptible de doble instancia, la cuantía a la fecha de la presentación de la demanda en los años 1996-1997, debía superar la suma de $13’460.000.

(3) “Estima la Sala que el caso lo dilucidará dentro del de responsabilidad objetiva, porque de los hechos probados sólo se sabe que la víctima sufrió lesiones físicas de gravedad, que lo condujeron a la muerte, a consecuencia del accidente del vehículo oficial en que se transportaba. La aplicación de otro régimen de responsabilidad patrimonial distinto al invocado en la demanda, tiene su causa en el principio iura novit curia. Sobre este punto la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluyó que en forma excepcional, cuando no se juzgue la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo de 2001, expediente 12.819. C.P. María Elena Giraldo Gómez.

“La Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es el caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante. En la controversias sobre responsabilidad extracontractual del Estado, materia en la cual, si bien existen algunas normas generales consagradas en la legislación positiva, aplicable que puede ser invocadas en la demanda, tales como el artículo 90 de la Constitución Nacional, que de manera abstracta sirven de fundamento jurídico a la responsabilidad del Estado, lo cierto es que no existe un régimen legal positivo que regule de una manera precisa y detallada dicho tema, lo que hace que el juez pueda encontrar fundamentos de derecho diferentes a los propuestos en la demanda, pero sin que pueda modificar la causa petendi de la misma que como ya se precisó la constituyente los hechos mismos en que se fundamenta. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuesto en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son precisados por el actor, y no otros. Así en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les puede dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto por nuestra legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “Los hechos en que se funda la controversia”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 1995, radicación S-123, C.P. Consuelo Sarria Olcos.

(4) Ver entre otras, la sentencia del 29 de agosto de 2007, expediente 15.494, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989, expediente 4655.

(6) Ver, entre otras, sentencia de la Sección Tercera, de 16 de junio de 1997, expediente 10024.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12.696.

(8) “Las más elemental distinción que puede efectuarse en relación con las repercusiones que determinada conducta acarrea permite distinguir entre sus ventajas y sus desventajas; sobre esta clasificación, ha surgido el concepto de “riesgo” con el cual se alude al desfavorable devenir de un suceso, o la posibilidad de que una acción traiga consigo desventajosas consecuencias.

“(…) Para que un riesgo pueda ser considerado como permitido no basta tan solo que la actividad de la cual emana represente considerables beneficios sociales frente a un mínimo de peligrosidad sino que es indispensable la absoluta indeterminación de potenciales víctimas de ese riesgo residual; por ello, en el hipotético evento de que anticipadamente pudieran ser individualizadas las víctimas de una actividad peligrosa ella debería ser prohibida porque su desarrollo no puede prevalecer frente a la inminente lesión de un individuo… Como postulado general puede decirse que todas aquellas actividades desarrolladas dentro de lo que socialmente se considera riesgo permitido no pueden dar lugar a reproche jurídico de ninguna naturaleza, aun en el evento de que generen lesiones a particulares; por el contrario, son desaprobadas todas aquellas conductas que exceden el riesgo permitido, lo cual cobija no solo aquellas actividades que han sido desplegadas a pesar de ser socialmente prohibidas, sino también las que siendo toleradas han sido ejecutadas sin la observancia de las normas de cuidado previamente establecidas para la minimización del riesgo… En consecuencia, cualquier actuación conforme a las previsiones vigentes que genere un riesgo será tolerada en cuanto no exceda los límites preestablecidos, mientras que toda conducta con la cual se genere un peligro mayor del permitido será considerada como generadora de un riesgo jurídicamente desaprobado si eleva el riesgo mínimo tolerado” (resalta la Sala) Cf. Reyes Alvarado, Yesid “Imputación objetiva”, Ed. Temis, Bogotá, págs. 92, 93 y 160.

(9) “El concepto amplio de riesgo creado como factor de atribución nos lleva a propiciar que él debe tener aplicación no sólo cuando el daño ha sido causado por una cosa riesgosa, tal como lo contempla en su parte pertinente el artículo 1113, Código Civil, sino incluso cuando se trate de actividades riesgosas… Cabe tener muy presente lo siguiente, a pesar de que parezca algo sobreentendido. Este factor de atribución exige siempre la presencia de una cosa o actividad riesgosa, calificada ésta como un prius, y no por el mero hecho de haber originado un daño. Por ello no se trata de un factor de tipo residual que pueda justificar la reparación de cualquier daño. Insistimos en la necesidad de la creación de un riesgo como requisito ineludible para su funcionamiento”. Vásquez Ferreyra, Roberto A. “Responsabilidad por daños”, Ed. Depalma, Buenos Aires, pág. 210.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, expediente 21.162, C.P. Enrique Gil Botero.

(11) Al respecto ver la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de junio de 2009, expediente 19.046, C.P. Enrique Gil Botero.

(12) Ver, entre otras, la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 10 de junio de 2009, expediente 19.046, C.P. Enrique Gil Botero.

(13) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquél cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y ss.

(14) Vicente Domingo, Elena “Los daños corporales: tipología y valoración”, Ed. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 139.

(15) “Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior”. Koteich Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, pág. 259.

(16) Ver: Corte de Casación Italiana, sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre de 2008, Nº 26972.

(17) Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias: 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.

(18) “Este estado de cosas no sólo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. Cortés, Edgar, ob. cit., pág. 57.

(19) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, pág. 209 y 210.

(20) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño Corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación”, pág. 10.

(21) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencias del 14 de septiembre de 2011, C.P. Enrique Gil Botero.

(22) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de marzo de 2012, C.P. Enrique Gil Botero.

(23) Expedientes 36295 y 28792, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031.

(25)

0008nnn

X= 82.95

(26) ART. 772.—Modificado. Ley 1231 de 2008, artículo 1º. Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.

No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.

El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado, será título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en poder del emisor, para sus registros contables.

PAR.—Para la puesta en circulación de la factura electrónica como título valor, el Gobierno Nacional se encargará de su reglamentación.

ART. 774.—Modificado. Ley 1231 de 2008, artículo 3º. Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente código, y 617 del estatuto tributario nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada.

La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas.

(27) De acuerdo a la fecha consignada en el registro civil de nacimiento que obra a folio 3 del cuaderno 1.

(28) Conforme lo establecido en la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997, proferida por la Superintendencia Bancaria y que regula lo concerniente a las tablas de mortalidad y los cálculos correspondientes a la vida probable o esperanza de vida de las personas en el territorio colombiano.

(29) Este valor se obtiene de aplicar el salario mínimo legal mensual vigente ($ 616.000) y adicionar el 25% por prestaciones sociales. Posteriormente, a esa suma se le aplica el porcentaje de incapacidad resultante por las lesiones causadas, así:

$ 616.000 + 25% ($ 154.000) = $ 770.000

$ 770.000 con el 27.65% de incapacidad = $ 212.905

(30) César Augusto Rengifo Higuita cumplió la mayoría de edad, el 21 de marzo de 2006.