Sentencia 1997-03104 de febrero 28 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 11001-03-26-000-1997-03104-01 (13104)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz

Actor: Oscar Enrique Pérez Saumeth

Demandado: la Nación - Ministerio de Minas y Energía

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala en única instancia el proceso iniciado por virtud de la demanda que, en ejercicio de la acción pública de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, interpuso Oscar Enrique Pérez Saumeth, contra la Nación - Ministerio de Minas y Energía.

El desarrollo del estudio se hará sobre los siguientes temas.

— Concepto de expropiación.

— Indemnización en el proceso de expropiación.

— Normatividad aplicable al caso.

— Caso en concreto.

1. La expropiación.

Es un mecanismo a través del cual el Estado, en ejercicio de sus facultades y con el objeto de satisfacer el interés público y de cumplir con los fines generales y sociales en favor de la comunidad, adquiere inmuebles de propiedad particular previo el lleno de los requisitos constitucionales y legales.

Para la Corte Constitucional es “una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa”(8).

Según Marienhoff:

“Es un medio ético jurídico mediante el cual hallan armonía el interés público y el interés privado ante los requerimientos del primero. No debiendo el Estado, para satisfacer las exigencias colectivas, apoderarse por sí y ante sí, de la propiedad privada, despojando de esta a su titular, el orden jurídico encontró en el procedimiento expropiatorio el medio idóneo para lograr la satisfacción de los intereses públicos o generales sin lesionar los intereses privados o particulares: la calificación de utilidad pública y la indemnización previa, requisitos o elementos esenciales de la expropiación, satisfacen tal exigencia. A eso, substancialmente tiende la expropiación. Sólo así resulta aceptable que los administrados o particulares cedan su propiedad en un estado de derecho donde los intereses o valores que integran la personalidad humana son debidamente respetados”(9).

Para el precitado autor la expropiación constituye un procedimiento extraordinario y de excepción, al que solo se acude para satisfacer fines de “utilidad pública”, strictu sensu y no debe empleársele cuando la respectiva necesidad o utilidad pública puede satisfacerse imponiendo otra medida eficaz. Explica que no es un medio de especulación oficial ni de enriquecimiento injusto a costa del expropiado; que es de aplicación restrictiva, pues solo debe recurrirse a ella como última ratio; que las disposiciones de las leyes formales sobre expropiación, solo son válidas en tanto sean razonables, no arbitrarias y no impliquen un ataque o desconocimiento del derecho de propiedad y que está sometida al principio “in dubio pro domino”, según el cual la interpretación de las normas y principios sobre expropiación, debe favorecer al expropiado.

La institución, que fue regulada en el artículo 30 de la Constitución de 1886(10) y en el artículo 58 de la Carta de 1991(11), contiene un elemento esencial, condicionante y garantista, cual es el derecho del expropiado a ser indemnizado previamente y que según la Corte Constitucional persigue compensar “un singular sacrificio de los derechos del afectado, en la medida en que vulnera su voluntad para disponer de parte de su peculio”, puesto que “equilibra los derechos objeto del daño ocasionado: ubi expropiatio ibi indemnitas(12)(13).

“La expropiación es definida por la jurisprudencia constitucional como “un instituto, un negocio o una operación de derecho público, por medio de la cual el Estado, por razones de utilidad pública o de interés social, priva coactivamente de la titularidad de un determinado bien a un particular, de acuerdo con un procedimiento específico y previo el pago de una indemnización”(14).

Como ha señalado la Corte el fundamento constitucional de la expropiación parte de dos presupuestos que se relacionan entre sí, por una parte en el poder del Estado —en aras de la prevalencia del interés general que representa— para obtener todos aquellos bienes pertenecientes a cualquier particular que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos estatales y de sus asociados. Por otra parte el carácter no absoluto del derecho de propiedad, pues tiene como limitante el interés general ante el cual debe ceder(15).

El artículo 58 constitucional establece dos modalidades de expropiación: la judicial y la administrativa, las cuales deben cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que existan motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador.

ii) Que exista decisión judicial o administrativa, esta última sujeta a posterior acción contencioso administrativa incluso respecto del precio.

La adopción de dicha decisión presupone que se adelante el procedimiento establecido en la ley, con garantía del derecho fundamental al debido proceso del titular del derecho de propiedad. Dicho procedimiento comprende una etapa previa, lógicamente fallida, de enajenación voluntaria o negociación directa, con base en una oferta por parte de la entidad pública.

iii) Que se pague una indemnización previamente al traspaso del derecho de propiedad a la administración, la cual debe ser justa, de acuerdo con lo previsto en el numeral 21.2 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(16)(17).

2. La indemnización en el proceso de expropiación.

Es una carga que tiene por objeto reparar o compensar los perjuicios ocasionados con la expropiación, que legitima el comportamiento del Estado y lo ajusta al derecho y a la equidad(18). “Un presupuesto de legitimidad para el ejercicio de la potestad expropiatoria... esencial y de validez y no simple condición de eficacia, de tal modo que sin él no hay expropiación sino simple <vía de hecho>,...”(19).

Al respecto anota Marienhoff:

“Lo mismo que la efectiva existencia de ‘utilidad pública’ calificada por ley, la ‘indemnización’ constituye un requisito de legitimidad del acto expropiatorio.

Una expropiación sin indemnización, o sin adecuada indemnización, no es otra cosa que una confiscación, de ahí su antijuridicidad.

La utilidad pública, o el interés público, no constituyen título para despojar a alguien, ni autorizan a que los habitantes sean privados de lo suyo sin indemnización”(20).

Respecto del contenido de la indemnización, en sentencia del 11 de diciembre de 1964, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia precisó:

“El concepto de indemnización por expropiación no puede confundirse con el concepto de precio, como prestación de la venta. ...la administración toma la propiedad particular, y como esta medida genera un daño, y no un precio, se satisface mediante una indemnización. Se indemniza el perjuicio en diferentes órdenes de la responsabilidad contractual y extracontractual, y se indemniza al expropiado el daño que para él implica esta forma de expropiación —que opera contra su voluntad— pero en provecho público (...)”.

En el mismo sentido esta Sala explicó que la indemnización “incluye no solo el valor de la edificación, mejoras y predio sino también cualquier otro daño que hubiere sufrido el expropiado o damnificado, como el lucro cesante por arrendamientos dejados de percibir o el valor de las cosechas perdidas si se trataba de un bien cultivado por él mismo, etc. ...no comprende únicamente el valor del inmueble ocupado o expropiado. Como quedó dicho, si el propietario pide y demuestra la ocurrencia de perjuicios diferentes, deberán serle reconocidos en la providencia correspondiente(21) (negrillas no son del texto original).

En igual sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-153 de 1994 citada, señaló que la indemnización “es reparatoria (...), ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización” (resaltado fuera de texto).

Criterio expuesto también en la Sentencia C 1074 de 2002: “la indemnización no se limita al precio del bien expropiado. Si bien la jurisprudencia reconoce que el particular también sufre daños adicionales a la pérdida patrimonial del inmueble, el cálculo del resarcimiento que deba recibir el particular, no se limita a considerar el valor comercial del bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación”(22) (se resalta).

3. El caso en concreto.

Lo pretendido por el demandante, consiste en lograr mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo siguiente:

— Nulidad de la “Resolución 8-1837 (ago. 21/96) —Por la cual se decreta una expropiación—.

— Resolución 8-2796 (nov. 6/96) Por el cual se resuelve un recurso de reposición.

Como consecuencia de la nulidad alegada de las dos resoluciones transcritas, la parte demandante, solicita a título de restablecimiento del derecho se le restablezca su derecho de dominio sobre el bien inmueble objeto de la expropiación.

4. Problema jurídico a resolver.

El problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si las resoluciones emanadas por el Ministerio de Minas y Energía que se demandan en la presente acción de nulidad y restablecimiento de derecho, trasgreden la normatividad que regula la actividad petrolera y otras disposiciones, al expropiar el predio El Lote, de propiedad del señor Oscar Enrique Pérez Saumeth, ubicado en la Vereda Cabecera, municipio de San Antero, departamento de Córdoba, requerida para la construcción del oleoducto Cusiana-Coveñas, que va desde Tauramena (Casanare) a Tolú (Sucre).

Al respecto, sobre lo aducido por el demandante esta Sala procederá a resolver cada una de las apreciaciones realizadas con miras a determinar si en efecto se trasgredió por parte del Ministerio de Minas y Energía el derecho de propiedad del demandante, y las disposiciones legales.

1.

Violación del artículo 2153 del Código Civil, artículo 70, inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, el Decreto 130 de 1976 y los artículos 840, 1263, 1266, inciso 1º, 833 y 196, inciso 1º del Código de Comercio, en la cual manifiesta el demandante que la solicitud de expropiación presentada por Ocensa ante el Ministerio de Minas y Energía, la hizo el doctor Alexander Rojas Jiménez, sin poder suficiente para actuar, pues el poder general que le fuera otorgado por el presidente de la empresa, se le confirió de manera conjunta con el doctor David Arce, por lo que la solicitud de expropiación debió ser presentada obligatoriamente por los dos apoderados, pues no estaban facultados para actuar de manera separada.

Sobre el particular, la Sala considera que los apoderados generales de Ocensa estaban plenamente facultados para adelantar el procedimiento de expropiación, e interponer la solicitud ante el Ministerio de Minas, pues su facultad deviene del poder otorgado por el presidente de la compañía, según consta en escritura pública Nº 1292 de 28 de marzo de 1995, mediante la cual Oleoducto Central S.A., otorga poder general a los doctores David Arce y Alexander Rojas, cuya copia autenticada fue aportada al expediente en debida forma. (fls. 53-55), y quien es la persona idónea de conformidad con el artículo 45 de los estatutos de Ocensa, que al referirse a las funciones del presidente, indica en su literal E, “Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obren de acuerdo con sus instrucciones y representen a la sociedad ante cualesquiera autoridades, funcionarios o entidades”.

Según lo preceptúa el artículo 2157 del Código Civil, el mandato puede ser especial o general. Será especial cuando el mismo comprende uno o más negocios especialmente determinados, y general, cuando se otorga para todos los negocios del mandante o para todos, con una o más excepciones específicas.

Dado que el poder otorgado a los doctores Alexander Rojas Jiménez y David Arce, es un poder general y en él no se exceptúa negocio alguno, debe entenderse que los apoderados citados fueron facultados para representar a Oleoducto Central S.A. en todos los negocios y en general para ejecutar todos los actos y ejercer todas las facultades que debiese adelantar la sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales.

Por otra parte, no es cierto que la solicitud de expropiación debiera ser presentada por los dos apoderados generales, pues el artículo 2153 del Código Civil, autoriza a los mandatarios a dividirse las gestiones que se les encomiendan.

“Si se constituye dos o más mandatarios, y el mandante no ha distribuido la gestión, podrán dividirla entre si los mandatarios; pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo será nulo” (lo resaltado fuera de texto).

Así las cosas, la exclusión que la norma contempla admite que los apoderados de Ocensa, puedan, discrecionalmente actuar de manera individual o conjuntamente, según se estime conveniente, dado que en el poder que les fue otorgado no se estipula prohibición para obrar separadamente; sin por ello contravenir ninguna normatividad ni la calidad legítima dentro de la cual actuaron frente al Ministerio de Minas y Energía.

Aunque, en el poder otorgado se indican algunas gestiones que podrán llevar a cabo los apoderados, tales facultades son enunciativas y por lo tanto no podrán entenderse de manera taxativa, ya que eso en primer lugar desnaturalizaría la esencia del poder general y en segundo lugar tal comprensión en esos términos entraría en contradicción con lo expuesto en la cláusula correspondiente, según la cual “el apoderado podrá realizar entre otras, las siguientes gestiones:”.

Por las razones anteriores el cargo no prosperará, ya que la violación expuesta por la parte demandante quedó sin sustento, toda vez que en el caso sub examine, la actuación del apoderado no adolece de vicio alguno, y se encuentra ajustada a la ley.

2. Violación del artículo 4º y 84, literales a, b, c, d y e del Código de Petróleos.

El actor señala que en el procedimiento de expropiación no se demostró ser parte interesada, comoquiera que no se aportó copia del Diario Oficial en el que se consignó el contrato de concesión con la Nación.

El código de petróleos en sus artículos 4º y 84 establece:

“ART. 4º—Declarase de utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de exploración, explotación, refinación, transporte y distribución. Por tanto, podrán decretarse por el ministerio del ramo, a petición de parte legítimamente interesada, las expropiaciones necesarias para el ejercicio y desarrollo de tal industria.

De los juicios de expropiación a que haya lugar, conocerán en primera instancia los jueces del circuito, de la ubicación del inmueble respectivo, y en segunda instancia, los tribunales superiores de distrito judicial. El trámite de esos juicios se ajustará a las disposiciones de procedimiento judicial que sean pertinentes, especialmente las que se refieren a expropiaciones para construcción de ferrocarriles.

ART. 84.—La persona que desee aprovecharse de la declaración de utilidad pública que para la industria del petróleo hace el artículo 4º deberá elevar al Ministerio de Minas y Petróleos una solicitud documentada que contenga los siguientes datos:

a) Declaración de que el solicitante tiene interés en la industria del petróleo nacional o de petróleo de propiedad particular.

En el primer caso acompañará un ejemplar debidamente autenticado del “Diario Oficial” en que esté publicado el contrato celebrado con la Nación. En el segundo caso, acompañará el comprobante de haberse cumplido los requisitos de que tratan los artículos 35 a 38. Si se trata de petróleo de propiedad particular, y el solicitante de la expropiación no fuere el mismo dueño de los yacimientos que hizo las gestiones precitadas de los artículos 35 a 38, sino un cesionario o arrendatario o concesionario suyo, presentará además una copia legalmente autenticada del instrumento en que consta su derecho;

b) Declaración del ramo o ramos de la industria para el cual se requiere la expropiación;

c) Exposición sintética de las razones o motivos por los cuales, a juicio del interesado la expropiación es necesaria para el ramo o ramos de la industria de que se trate;

d) Declaración del nombre del dueño o de los dueños o de los dueños del bien o bienes que se persiguen y relación de los pasos que se hayan dado para conseguir lo que se necesita, por contrato libremente celebrado con tales personas;

e) Un plano de la obra proyectada, con una memoria anexa, en la cual se determinará con precisión la extensión, forma y límites en que la venta forzada ha de afectar los bienes de propiedad de terceros. Los planos presentados deberán reunir las condiciones señaladas en el presente código según el ramo de la industria de que se trate.

f) Determinación del municipio o municipios y del circuito o circuitos judiciales en que estén situados el bien o bienes a que se refiere la solicitud de expropiación; linderos generales de los mismos linderos y extensión superficial del lote o lotes que se requieren para la industria, y un certificado del avalúo que se haya fijado en el catastro al inmueble o inmuebles expresados(23).

En el expediente se encuentra debidamente acreditado que la sociedad Ocensa es parte interesada en la expropiación del bien inmueble de que tratamos en este proceso, y el título que la acredita para actuar es la Resolución 6-87 del 24 de mayo de 1995(24), a través de la cual el Ministerio de Minas y Energía aprobó los estudios definitivos y se autoriza una cesión dentro del Oleoducto de uso privado Cusiana - Coveñas y su terminal terrestre y marítimo en puerto Coveñas y no el ejemplar debidamente autenticado del diario oficial en que esté publicado el contrato celebrado con la Nación, no obstante ser cierto que la existencia del mencionado contrato es un requerimiento indispensable para acceder a la declaratoria de utilidad pública de que habla el literal a) del artículo 84 del Código de Petróleos, pero únicamente cuando el contrato es el título que legitima al interesado para tal efecto. Tal disposición debe interpretarse armónicamente con las siguientes normas del Código de Petróleos cuyos textos en la parte pertinente son:

ART. 4º—Declárase de utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de exploración, explotación, refinación, transporte y distribución. Por tanto, podrán decretarse por el ministerio del ramo, a petición de parte legítimamente interesada, las expropiaciones necesarias para el ejercicio y desarrollo de tal industria.

ART. 9º—Además en la industria del petróleo se consagra el derecho a establecer la servidumbre de oleoductos, comprendiendo en ello el terreno suficiente para las estaciones de bombeo y demás dependencias necesarias para el funcionamiento de los oleoductos...

ART. 54.—La ruta general de todo oleoducto será la que prácticamente resulte más económica y conveniente de acuerdo con la técnica. Tanto ella como la localización de los terminales serán sometidos a la aprobación del gobierno. Obtenida esta, el interesado no podrá proceder a la construcción de tales oleoductos sin someter a la aprobación del gobierno el trazado definitivo, los planos y los presupuestos detallados de construcción y las especificaciones correspondientes...

ART. 193.—Salvo lo dispuesto en el artículo 200, solo cuando el gobierno declare cumplidas por el presunto constructor del oleoducto las formalidades de que trata el artículo 54, o cuando tal aprobación deba presumirse de acuerdo con el artículo 191, podrá el interesado acogerse para la construcción a los beneficios de la utilidad pública y servidumbres establecidas en los artículos 4º, 9º y 96.

De lo dispuesto en las normas anteriores, se deduce claramente que para acceder a la declaratoria de utilidad pública de la industria del petróleo a que se refiere el artículo 4º del Código de Petróleos, para todo aquel que esté interesado en la construcción de un oleoducto de uso público y pueda hacer la solicitudes de expropiación del caso, se requiere la aprobación de la ruta del proyecto por parte del Ministerio de Minas y Energía. Y ese acto administrativo en donde conste la aprobación será el título legítimamente constituido para que el interesado pueda actuar y es el que debe ser anexado con la solicitud de expropiación.

Para este caso, el título que ampara al interesado y que fue aportado con la solicitud por parte de la Compañía Oleoducto Central, es el acto administrativo contenido en la Resolución 6 -87 del 24 de mayo de 1995, mediante el cual el Ministerio de Minas y Energía aceptó la cesión que de los derechos y obligaciones en el trámite de la construcción del Oleoducto Cusiana - Coveñas realizó la B.P. Exploration Company (Colombia ) Ltda., a favor de Ocensa, y que a su vez aprobó la ruta definitiva que exige el artículo 54 del Código de Petróleos y por el cual el ministerio requirió a Ocensa para suscribir el contrato de concesión(25) para la prestación del servicio público de transporte de crudos por el oleoducto.

De lo anterior se concluye que la sociedad Oleoducto Central S.A., demostró estar legitimada para acogerse a los beneficios de la declaratoria de utilidad pública y, por consiguiente, para solicitar la expropiación del predio objeto de expropiación.

En relación con la oposición fundada en que para la construcción del terminal en tierra en el corregimiento de Coveñas, no se requiere el predio en cuestión, dado que este se encuentra ubicado en San Antero Córdoba; hay que precisar que tanto el trazado como las necesidades técnicas de la obra, si abarcan el municipio de San Antero, tal como quedó consignado en la Resolución 8-1837 del 21 de agosto de 1996(26), la cual contempla:

“3. Exposición sintética de las razones o motivos por los cuales, a juicio del interesado, la expropiación es necesaria para el ramo o ramos de la industria de que se trate.

3.1. Razones técnicas.

De acuerdo con el diseño y trazado topográfico, el predio denominado “Lote” de propiedad de Oscar Enrique Pérez Saumeth se afecta en una longitud de 17.400 metros 2. (todo el inmueble). Para poder construir el terminal del oleoducto es indispensable afectar el predio, debido a la topografía de la zona ya que esta es la parte más accequible, pues ofrece el mencionado sistema transporte unas condiciones (geotécnicas – geomorfología – geología – hidrología) favorables que garantizan una mayor estabilidad a la obra y un mínimo de impacto al medio ambiente. De otra parte es el único sitio apropiado para la construcción del terminal en tierra en ese sector, por estos motivos es que este terreno lo requiere la compañía para la construcción del terminal en tierra. Otra razón de carácter técnico por la cual se requiere la expropiación de este predio es la seguridad que ofrece para el caso de una posible contingencia, de tal manera que se causen los menores daños ecológicos posibles, tanto en la etapa de construcción como en la de operación de oleoducto.

3.2. Razones operativas.

El terreno que se pretende expropiar ofrece una estabilidad mecánica a los tanques de almacenamiento, y debido al fácil acceso que este posee, facilita su mantenimiento; todo ello de conformidad con los estudios topográficos, hidrográficos; ya en la fase operativa los tanques en caso de derrames de crudo, este predio tiene la morfología que permite minimizar el efecto de contaminación al medio ambiente.

La ocupación descrita será de carácter permanente en razón de que el oleoducto transportará el crudo proveniente de los campos Cusiana y Cupiagua hasta el terminal en tierra de Coveñas. El área es de 17.400 mts2 para la cual se solicita la expropiación será para la construcción de tanques de almacenamiento con capacidad de 500 mil barriles diarios; además la utilización permanente para el tránsito de las personas y equipos necesarios para la construcción y el mantenimiento del terminal” (resaltado fuera de texto).

(...).

Y en el numeral segundo de su parte resolutiva lo siguiente:

“Los inmuebles descritos en el artículo anterior serán destinados por la compañía Oleoducto Central S.A., entidad a favor de la cual se decreta la expropiación, para construir el terminal en tierra e instalar las facilidades de exportación y la unidad de tanqueo costa afuera (TLU) del Oleoducto Cusiana - Coveñas, entre el municipio de Tauramena (Casanare) y Tolú (Sucre)” (resaltado fuera de texto).

Al respecto, también encontramos el concepto emitido el 29 de julio de 1996, por la subdirección de hidrocarburos:

“(...).

2. Para el desarrollo completo del Campo Cusiana y Cupiagua, Oleoducto Central S.A., requiere transportar los crudos y gases producidos de los campos Cusiana y Cupiagua, campos que hacen parte de los contratos de asociación Santiago de Las Atalayas, Tauramena y Río Chitamena. Para tal efecto, debe construir el oleoducto Cusiana - Coveñas, de 36 pulgadas de diámetro, ubicado entre los municipio de Tauramena (Casanare) y Tolú (Sucre), proyecto que fue aprobado mediante la Resolución 409 de septiembre 16 de 1994 otorgada por el Ministerio de Minas y Energía.

3. Debido a las características topográficas, geotécnicas, geomorfológicas, geológicas, hidrológicas del predio se hace necesario el uso del terreno para la construcción de las facilidades de exportación y de la unidad de tanqueo costa afuera (TLU).

4. De acuerdo al plano que anexan se puede observar que el predio El Lote se ubica en el costado SE de la vía que conduce de San Antero a Lorica, es decir, una zona de acceso fácil para el traslado e instalación de los equipos y maquinaria en general y por consiguiente, la seguridad es mayor en caso de una posible contingencia.

5. La ocupación descrita sería de carácter permanente en razón de que el oleoducto transportará el crudo proveniente de los campos Cusiana y Cupiagua hasta el terminal de tierra de Coveñas.

6. El área que se solicita expropiar corresponde a 17.400 metros cuadrados, donde se ubicarán tanques de almacenamiento con capacidad de 500 mil barriles diarios.

7. A su vez, la compañía cumplió con todos expuesto en el literal d) del artículo 84 del Código de Petróleos, como se puede observar en todo lo anexado al expediente.

Por todo lo anterior, considero se puede aprobar la expropiación del predio El Lote, es un de (sic) 17.400 metros cuadrados”.

Cuando el actor alega que el área necesaria para la construcción son 39.2 hectáreas omite lo que consta en la Resolución 9409 del 16 de septiembre de 1994(27), por medio de la cual se aprueban los estudios preliminares para la construcción de un oleoducto de uso privado y su terminal terrestre y marítimo, y así poder transportar el petróleo producido bajos los contratos de Asociación Santiago de las Atalayas y Tauramena desde los campos de Cusiana y Cupiagua localizados en el departamento del Casanare, hasta el terminal petrolero de Coveñas. La cual se refiere al área que por razones técnicas y de seguridad se requieren para la construcción:

“El oleoducto tiene como punto final el terminal petrolero de Coveñas, donde se determinó el área al oeste del terminal del oleoducto de Colombia (ODC) como el terreno más favorable para la ubicación de las facilidades de exportación para el desarrollo total de campo Cusiana” (resaltado fuera de texto).

“El área requerida será de 80 hectáreas aproximadamente para disponer el nuevo almacenamiento y auxiliares para exportar una producción total de 500.000 barriles/día”.

No se puede desconocer que en materia de operación de hidrocarburos esta clase de terminales requieren áreas circundantes, situación que se puede verificar con los planos del terminal marítimo(28), que reposan en el expediente y que fueron aportados por Ocensa con la presentación de la solicitud, por motivos de seguridad para eventuales derrames o incendios, por seguridad física dado el riesgo que implica la operación petrolera en Colombia por la presencia de grupos al margen de la ley, así como por motivos tecnológicos y ambientales.

Por lo anterior, es claro que la solicitud que fue aprobada por el ministerio, obedece a unas necesidades que vinculan necesariamente una determinada área y dentro de ella el predio sobre el cual recayó la expropiación.

Finalmente, respecto al argumento de la parte accionante referente a que las resoluciones acusadas desconocieron el artículo 84 literal C, del Código de Petróleos, indicando que el inmueble objeto de expropiación no era indispensable por encontrarse por fuera del área requerida para la construcción del oleoducto y de su terminal, esbozando que en el plano de construcción que adjuntó con la demanda, no estaba incluido el predio en cuestión, hay que decir que la prueba de inspección judicial solicitada en la demanda y que tenía como objeto demostrar la ubicación, linderos y área del predio expropiado, determinar si en el plano presentado en la solicitud está plasmado el inmueble lote objeto de la expropiación y la localización geográfica del inmueble en la ruta del oleoducto, no se realizó por la desidia de la parte actora, que no compareció a la diligencia(29), por lo tanto el actor no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía en este caso, quedando sus aseveraciones sin sustento probatorio alguno.

Por otro lado en el expediente obra la prueba documental suficiente donde se constata que efectivamente entre la empresa Ocensa y el señor Oscar Enrique Pérez Saumeth y entre este y la BP Exploration Company (Colombia) Ltda., existieron múltiples acercamientos para la negociación directa del predio expropiado(30), y por lo tanto efectivamente si se surtió la etapa de la negociación directa.

No es cierto lo manifestado por el demandante que es propietario del lote a partir del 22 de octubre de 1995, ya que en esa fecha se disolvió la sociedad “Inversiones Sol y Mar”(31), propietaria de un área de 39.081 m2, de la cual era socio el actor en un 50%. Como consecuencia de la liquidación de la comunidad le correspondió un “predio constante de diecisiete mil cuatrocientos (17.400) metros cuadrados, que formó parte de otro de mayor extensión, ubicado en jurisdicción del municipio de San Antero (Córdoba)...”. Con lo anterior se demuestra que el señor Oscar Pérez era propietario del predio antes de la fecha indicada por él; situación que se puede constatar además con las comunicaciones entre él y su socio el señor Antonio Sotomayor con la BP Exploration Company (Colombia) Ltda., que datan desde el mes de julio de 1993 y en donde se acredita que la etapa de negociación directa que exige la ley previamente a proceder a la expropiación sí tuvo lugar.

Es del caso anotar que si bien el concepto de la subdirección de hidrocarburos, la solicitud de expropiación y los planos del terminal en tierra fueron allegados al expediente en copia simple por el Ministerio de Minas y Energía, no es del caso desecharlos debido a que provinieron de una oficina estatal. Respecto a este punto, el Consejo de Estado, en reciente jurisprudencia se ha pronunciado de la siguiente forma:

Valor probatorio de las copias simples”.

(...).

De conformidad con el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles las normas del Código de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.

El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, prevé que un documento es público cuando es otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención.

A su turno el artículo 252 ibídem dispone que: “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad” (se resalta).

El artículo 254 del mismo ordenamiento jurídico, precisa que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por el notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de la copia auténtica en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

El artículo 268 ibídem, dispone que las partes deberán aportar el original de los documentos privados (en este caso, públicos), cuando estén en sus manos y podrán aportar copias, en los siguientes eventos:

“1. Los que hayan sido protocolizados.

2. Los que formen parte de otro proceso del que no puedan ser desglosados, siempre que la copia se expida por orden del juez.

3. Aquellos cuyo original no se encuentre en poder de quien lo aporta. En este caso, para que la copia preste mérito probatorio será necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de la oficina judicial, o que haya sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrado mediante cotejo (...)” (se resalta).

De conformidad con las normas que se analizan, se distinguen tres elementos, a saber:

1. La autenticidad, entendida como la certeza de la persona que lo suscribió.

2. El reconocimiento, es decir, el acto mediante el cual se da fe de la comparecencia de la persona que emite su voluntad.

3. El valor probatorio de los documentos presentados en copias o reproducciones mecánicas.

El tercer elemento, es el que ocupa la atención de la Sala por ser el eje de la controversia, el cual ha tenido regulación en primer lugar en el Código de Procedimiento Civil, según el cual, el valor probatorio de las copias depende del cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en los artículos 254 y 268, tendiente a que el funcionario ‘juez, notario o jefe de oficina administrativa o de policía’, den fe de que la copia es igual al original o copia autenticada, es decir, que dichas autoridades se constituyeron en guardianes únicos de la veracidad del cotejo.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que conforme al artículo 83 de la Constitución Política, el principio rector es la ‘buena fe’, el cual adquirió importancia en el nuevo ordenamiento jurídico de carácter sustancial y procesal.

La afirmación contenida en el artículo 252 ibídem, según la cual “(...) un documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”, se inspiró en la necesidad de descongestionar la justicia, para lo cual armonizó los principios de lealtad y celeridad procesal, lo que se traduce en cuanto a los documentos emanados de las partes, en la eliminación en principio de las ratificaciones por las diferentes autoridades y el traslado a las partes de la facultad de aceptar o tachar esos documentos para su validez.

La Corte Constitucional, en Sentencia T-1117 de 11 de noviembre de 2008, magistrado ponente doctor Nilson Pinilla Pinilla, en relación a la valoración probatoria en los procesos contencioso administrativos, dijo:

“(...) 4.1. Desde el preámbulo y particularmente en los artículos 2º, 29, 228, 229 y 250 de la Carta Política, se reclama asegurar a los integrantes de la Nación, entre otras garantías, la justicia, al tiempo que se consagra como una de las finalidades esenciales del Estado precaver no solo la efectividad de los principios, derechos y deberes, sino la vigencia de un orden justo, dentro del cual se encuentra el acceso a la administración de justicia, que debe ser debida, oportuna y acertadamente impartida. (...).

Tal facultad o potestad de la persona interesada dentro de un proceso judicial o una actuación administrativa, además de permitirle presentar las pruebas que considere necesarias para demostrar los supuestos fácticos de las normas que desea sean aplicadas o no a una situación en particular, también envuelve la garantía de que el funcionario judicial o administrativo, según el caso, les brinde el valor probatorio correspondiente, pues como se indica en los instrumentos internacionales previamente señalados, dentro de las denominadas garantías judiciales se cuenta con el derecho a ser oído por el juez o tribunal competente, en igualdad y total imparcialidad.

4.2. Por orientación del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos que se tramiten ante esa jurisdicción, en materia probatoria se aplicarán en aquellos aspectos que resulten compatibles las disposiciones del procedimiento civil relacionadas con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlos y los criterios de valoración. Esa remisión conlleva que en materia contenciosa administrativa se puedan aplicar, siempre que no resulte contrario a la Constitución y a los preceptos del Código Contencioso Administrativo, normas como las contenidas en el estatuto procesal civil en las cuales se regulen los temas referidos con antelación.

(...).

Tratándose de la valoración de las pruebas (art. 187, ib.) se estipula que aquellas deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades contenidas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, imponiéndosele además al juez la obligación de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

(...).

De conformidad con la normatividad y la jurisprudencia analizada, la Sala tendrá en cuenta los documentos arrimados al proceso con el libelo introductorio porque a pesar de que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil prevé los casos en los que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, lo cierto es que el artículo 253 del mismo estatuto autoriza el aporte de documentos en copia; el artículo 268 numeral 3º ibídem, permite el aporte en copia de los documentos que no estén en poder de quien los allega, y el 252 ibídem, establece que el documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario, mediante tacha de falsedad.

En el sub lite las copias simples corresponden a documentos que obran en los archivos de la Administración Postal Nacional, Adpostal, como son el contrato de conducción de correo (fls. 27 a 29) y los acuerdos para la prestación del servicio de conducción de correo (fls. 31-33, 35-42), autorizaciones para la prestación de servicios de “Transporte de correos” (fls. 45-48, 50, 57, 58, 66, 67, 69-75) y contratos de prestación de servicios (fls. 76-82) y demás documentos (fls. 9-15, 17, 25, 27, 30, 41, 43, 44, 49, 52-56, 61-65, 67, 89-93, 95 y 143).

Se trata de copias de documentos públicos que no fueron tachados de falsos y tienen el reconocimiento implícito de quien los aporta (art. 276, ejusdem), por lo que no puede descartarse de plano su valor probatorio.

(...).

La doctrina ha manifestado que el documento público se presume auténtico mientras no haya tacha de falsedad, pues ha manifestado “...que este efecto se produce con los anexos de actuaciones administrativas que se allegan a la demanda. Si la entidad pública demandada no los tacha en la contestación de la demanda, se presumirán auténticos”.

En virtud de lo anterior y de la presunción de legalidad de que gozan los documentos públicos, en los términos artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que no fue desvirtuada por la entidad demandada, y que por el contrario, los aceptó sin hacerles ningún cuestionamiento, gozan de pleno valor probatorio”(32).

De esta manera las copias simples de los documentos sustento de la actuación administrativa que culminó con la resolución de expropiación de que tratamos en este caso, y que fueron allegados por el Ministerio de Minas y Energía se presumen auténticos, comoquiera que no fueron tachados de falsos por la parte accionante y son plena prueba en este proceso.

3. Violación de los artículos 462 del Código de Comercio, artículo 8º, inciso 2º de la Ley 1050 de 1968, artículo 5º, inciso 2º y artículo 8º del Decreto 130 de 1976, artículo 21, inciso 1º, parágrafo 2º y artículo 23 de la Ley 42 de 1993.

Sobre este punto el demandante señala que no se indemnizó con el valor comercial, igualmente indica una violación en el procedimiento, porque según el actor, para poder elevar la solicitud de expropiación el jefe de Ocensa debía contar con la autorización de la junta directiva, incumpliendo así los estatutos de la sociedad.

Estos argumentos expuestos por la parte demandante, no son de recibo para la Sala por carecer de fundamentación legal, dado que no es presupuesto para poder acudir al trámite de la expropiación que exista un acuerdo sobre el precio del bien a expropiar.

Al respecto, encontramos lo consagrado por el artículo 84 del Código de Petróleos:

“d) Declaración del nombre del dueño o de los dueños o de los dueños del bien o bienes que se persiguen y relación de los pasos que se hayan dado para conseguir lo que se necesita, por contrato libremente celebrado con tales persona;”.

Como se puede observar el citado artículo, no establece que deba existir acuerdo sobre del precio, pero sí contempla la exigencia de pasos o acercamientos previos tendientes a conseguir lo requerido. Es entonces ante la jurisdicción ordinaria mediante el correspondiente juicio de expropiación, donde se debe ventilar, si así lo considera el afectado la base de la negociación del predio pretendido en expropiación.

En relación con la violación del procedimiento señalado en los estatutos orgánicos de Ocensa, específicamente en sus artículos 43 literal K y 45 literal G(33), encontramos que ellos disponen lo siguiente:

“ART. 43.—Otras decisiones que se adoptarán con el voto favorable de cuatro de los miembros:

Literal K. Autorizar cualquier delegación de funciones que quisiere hacer el presidente”.

Artículo 45: habla de las funciones del presidente.

Literal G. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines sociales, sometiendo previamente a la junta directiva los negocios en que ella deba intervenir por disposición de los estatutos y o de la ley y aquellos cuya cuantía exceda del equivalente en pesos colombianos de diez millones de dólares...” (resaltado fuera de texto).

Literal E. Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que obren de acuerdo con sus instrucciones y representen a la sociedad ante cualesquiera autoridades, funcionarios o entidades (resaltado fuera de texto).

De la lectura de los anteriores artículos estatutarios se desprende que al actor no le asiste razón, cuando señala que el presidente de la compañía, ha debido someter a la junta directiva la solicitud de expropiación, a fin de que esta autorizara, la delegación de las funciones que realizaron los apoderados judiciales de la sociedad Ocensa; ya que salta a la vista su desconocimiento del litetal E del artículo 45, mediante el cual el presidente de la compañía tiene dentro de sus funciones la facultad para nombrar los apoderados que requiera para que lleven a cabo la representación de la sociedad y para ello no necesita autorización del órgano directivo en mención.

Así mismo el literal G del mismo artículo establece que se requerirá concepto previo de la junta directiva, solamente en aquellos negocios en que ella deba intervenir por mandato de los estatutos o de la ley y en aquellos cuya cuantía exceda del equivalente en pesos colombianos de diez millones de dólares, situaciones que no se presentan en el caso sub examine.

4. Violación de los artículos 233, inciso 1º, 237, numeral 6º y 241, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, el artículo 56, literal D y F y 54 de la Ley 1º de 1984.

Manifiesta el actor que el Ministerio de Minas y Energía para expedir la resolución de expropiación no tuvo en cuenta un verdadero concepto técnico, toda vez que el concepto emitido por la geóloga, es solo una transcripción de la solicitud presentada por Ocensa. Además termina su “informe” dando un concepto jurídico, el cual debió darlo la división legal de hidrocarburos del ministerio.

Con el fin de dilucidar la referente violación de la normatividad expuesta la Sala considera lo siguiente:

DECRETO 2655 DE 1988(1)

(Diciembre 23)

“ART. 184.—Inspección y examen de los bienes. Allegada la documentación señalada en el artículo anterior, el ministerio efectúa la inspección y examen del bien o bienes, cuya expropiación se pide y una vez rendido el dictamen sobre la indispensable afectación de dichos bienes a la actividad minera del solicitante, resolverá lo pertinente”.

Por su parte el Código de Procedimiento Civil contempla:

CAPÍTULO V

Prueba pericial

“ART. 233.—Procedencia de la peritación. La peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión.

No será menester la intervención de peritos para avaluar bienes muebles cotizados en bolsa; su valor se determinará por la cotización debidamente certificada que hayan tenido en la oportunidad correspondiente. El juez podrá ordenar que se presente nuevo certificado de la cotización cuando lo estime conveniente”(34).

El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia por remisión expresa del artículo 168 Código Contencioso Administrativo, dispone que “toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”. Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley. Así se aplica desde el derecho romano, conforme a los aforismos “onus probandi incumbit actori” o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y “reus in excipiendo fit actor”.

En el ordenamiento colombiano esta regla está contemplada para el derecho privado en el artículo 1757 del Código Civil, a cuyo tenor, “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas cosas” y en relación a los procesos, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del derecho procesal civil ha escrito: “Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio.

Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón”.

Síguese de lo expuesto que el demandante tenía la carga procesal de desvirtuar el dictamen especializado emitido por la geóloga, el cual viabilizó el proceso de expropiación que se debate en el caso sub examine. Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, ni mucho menos solicitó un dictamen pericial, pudiendo hacerlo. No es dable que en esta instancia alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su carga procesal. Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub judice.

De la normatividad descrita y visto el procedimiento seguido por parte del Ministerio de Minas y Energía al realizar la expropiación, la Sala considera que el dictamen rendido por parte de la geóloga, es acertado y suficiente, pues provino de una profesional en el tema, suficientemente acreditada, dictamen que no fue desvirtuado en el curso del proceso en el cual se debate la legalidad de los actos administrativos que hoy se acusan y que fueron expedidos con base en los argumentos expuestos en el experticio.

5. Violación de los artículos 29 y 209 de la Constitución Nacional y el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo.

Expone el demandante que existe otra irregularidad en la solicitud de expropiación, y es la referente a que el ministerio, una vez tuvo conocimiento de esta, ha debido hacer partícipe de la formación de la voluntad administrativa al demandante. Por lo tanto todo acto administrativo expedido en estas condiciones está viciado de nulidad.

El Consejo de Estado respecto al debido proceso ha sostenido:

“Resulta indiscutible que el derecho fundamental al debido proceso rige en los procedimientos administrativos, gracias a que, en forma explícita, el artículo 29 de la Constitución Política estableció su plena aplicación(35).

Por lo mismo, se debe reconocer que los procedimientos administrativos han resultado no solo enriquecidos por el artículo 29 constitucional, sino también por el 209, el cual estableció, en el inciso primero, que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Este listado de principios coincide, en buena parte, con el que, de antes, traía el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, aunque el mismo fue adicionado con dos principios más: el de igualdad y el de moralidad, los cuales han agregado importantes significados a la forma como se adelantan las actuaciones administrativas.

Este dato, unido a la expresa consagración constitucional del debido proceso, en asuntos administrativos, da cuenta de la progresión continua de este derecho, en este campo, el cual siempre requirió y demandó espacios más propicios para desarrollar la protección de los particulares, porque resultaba injustificable que, en materia judicial se garantizara el derecho de defensa, y todo lo que implica el debido proceso, mientras que, en materia administrativa esta valiosa garantía no constituyera un derecho del interesado, o, al menos, no con la claridad deseada.

No obstante, es claro que el debido proceso a que está sujeta la administración pública debe coexistir con la necesidad y la obligación que tiene esta de asegurar la eficiencia, la economía, la celeridad y la eficacia en el cumplimiento de las tareas a su cargo para la satisfacción del interés general, lo que obliga a hacer una ponderación adecuada entre todos ellos a fin de lograr un perfecto y balanceado procedimiento debido.

En principio, todos los derechos que integran el debido proceso deben ser aplicables en materia administrativa, porque el mandato constitucional quiso extender, sin distinciones, este haz de garantías al campo administrativo. Esta idea no es más que la aplicación del principio del efecto útil en la interpretación de las normas, a la vez que una forma de realizar el mandato constitucional de manera efectiva.

No obstante lo anterior, es forzoso aceptar que i) muchos de esos principios rigen en materia administrativa en forma plena y absoluta, ii) mientras que otros lo hacen en forma matizada, es decir, que no es posible hacer una trasferencia de ellos de la materia judicial a la administrativa, sin que sufran cambios y se transforme su estructura original”(36).

Así las cosas la Sala no observa violación al debido proceso dentro de las actuaciones administrativas adelantadas previas a la expropiación decretada por parte del Ministerio de Minas y Energía, toda vez que dentro del expediente reposan varios documentos entre los cuales vale destacar la constancia de entregas de copias del expediente por parte del ministerio a un apoderado del demandante; comunicaciones dirigidas a los apoderados del demandante en donde la división legal de hidrocarburos informa que en el expediente de la referencia se ha proferido providencia que debe ser notificada personalmente, edicto por medio del cual se notifica la resolución que expropia; y concepto de la geóloga de la subdirección de hidrocarburos, los cuales demuestran a todas luces la ausencia de la violación que se invoca por parte del demandante, pues tenía pleno conocimiento de la actuación, tanto es así que interpuso de manera oportuna el recurso de reposición en contra de la Resolución 8-1837 del 21 de agosto 1996 (ver cuaderno de anexos).

6. Violación del artículo 58 de la Constitución Política.

Alega el actor que los actos administrativos acusados desconocieron flagrantemente el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia(37), por cuanto el Ministerio de Minas y Energía decreta sin el más mínimo estudio una expropiación, por cuanto considera que las razones técnicas argumentadas por Ocensa en la solicitud de expropiación son infundadas, sin sustento jurídico o técnico, y que lo expuesto en dicha solicitud concuerda en muchos de sus apartes con la adelantada por Ocensa sobre un predio localizado en el departamento del Casanare, utilizando un formato preestablecido para ambos casos, tratándose de zonas geográficas diferentes.

Del análisis de este punto la Sala concluye que los argumentos del actor son simples afirmaciones carentes de fundamentos fácticos y probatorios, pues se limita a cuestionar la solicitud de expropiación presentada por Ocensa, sin presentar evidencias sólidas que indiquen que efectivamente las razones técnicas alegadas por la sociedad petrolera fueron infundadas, pues simplemente se limita a esbozar que la solicitud concuerda con una presentada por la misma empresa a fin de obtener la expropiación de un inmueble en el Casanare. Por lo tanto en este caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria, que tanto se ha tratado en esta providencia.

7. Violación de los artículos 4º, 9º, 54, 87, inciso 1º, 196, 189, 192 y 193 del Código de Petróleos.

Indica el actor que el Ministerio de Minas y Energía resolvió la solicitud de expropiación basándose en la Resolución 9- 409 del 16 de septiembre de 1994, mediante la cual se aprueban los estudios técnicos preliminares, contraviniendo los artículos 4º, 9º, 54, 87, inciso 1º, 196, 189, 192 y 193 del Código de Petróleos, los cuales presuntamente establecen que dicha decisión debió haberse hecho luego de estar aprobados los estudios definitivos. Además expone, que la oficina estatal no cumplió con el plazo perentorio del artículo 87 inciso 1º, al resolver extemporáneamente la solicitud presentada por Ocensa, ya que esta se presentó el 10 de julio de 1996 y se resolvió el 1º de agosto del mismo año.

El accionante estima como violadas las siguientes disposiciones del Código de Petróleos:

“ART. 9º—Las disposiciones de los capítulos XII, XIII y XIV del Código de Minas, sobre “servidumbres establecidas en favor de las minas”, “indemnizaciones a que son obligados los mineros”, y “aguas para las minas”, se aplicarán a falta de disposiciones especiales, a la industria del petróleo.

Además, en favor de la explotación de petróleo se consagra el derecho a establecer la servidumbre de oleoductos, comprendiendo en ella el terreno suficiente para las estaciones de bombeo, y demás dependencias necesarias para el funcionamiento de los oleoductos, y el de establecer muelles, cargaderos y tuberías submarinas y subfluviales, todo esto previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 54 de este código.

ART. 54.—La ruta general de todo oleoducto será la que prácticamente resulte más económica y conveniente de acuerdo con la técnica. Tanto ella como la localización de los terminales serán sometidos a la aprobación del gobierno. Obtenida esta, el interesado no podrá proceder a la construcción de tales oleoductos sin someter a la aprobación del gobierno el trazado definitivo, los planos y los presupuestos detallados de construcción y las especificaciones correspondientes. El gobierno podrá negar la aprobación por razones de orden público o de seguridad nacional, sin estar obligado a expresar los motivos en que funde tal negativa.

Para los oleoductos destinados al transporte de productos derivados del petróleo podrá el gobierno negar su aprobación, además, por razones de orden técnico.

ART. 87.—Dentro del término de quince (15) días hábiles el ministerio dictará la resolución en que accede a la solicitud del industrial o la niegue. Podrá también el ministerio exigir que se completen los datos o la documentación que se haya presentado, y en ese caso, el término para resolver se comenzará a contar desde que se cumpla lo ordenado por el ministerio.

ART. 189.—Toda persona que proyecte emprender la construcción de un oleoducto se dirigirá previamente al Ministerio de Minas y Petróleos, dando aviso si se tratare de oleoducto de uso privado, o solicitando autorización si se tratare de oleoducto de uso público, para la realización de los estudios preliminares.

En la resolución que recaiga al aviso o a la solicitud de autorización de que trata el inciso anterior, se señalará al avisante o al presunto contratista la obligación de rendir un informe al ministerio acerca del resultado de los estudios preliminares.

Los estudios preliminares comprenderán los probables puntos inicial y final del oleoducto, la ruta o rutas probables del mismo, la clase de productos que han de transportarse y el aspecto económico de la empresa.

ART. 192.—Los planos del trazado definitivo deberán presentarse en planchas con tramos de cinco (5) kilómetros de la línea o líneas proyectadas, que contendrán el trazado de la poligonal, la línea definitiva y el perfil correspondiente, la indicación de los linderos entre predios, sus distancias y los nombres de los propietarios, planos en escala de uno a cinco mil (1:5.000) para las longitudes y de uno a quinientos (1:500) para las alturas, con un plano general en reducción de las mismas planchas en escala de uno a doscientos cincuenta mil (1:250.000); las cotas deberán estar referidas al nivel medio del mar, y los lados de la poligonal al meridiano verdadero.

A los planos del trazado definitivo se acompañarán las carteras del levantamiento topográfico, de la nivelación y del cálculo o de coordenadas rectangulares, en las cuales se indique la manera científica como se hicieron los trabajos, los croquis del terreno, la clase de instrumentos empleados, el personal que intervino en el levantamiento y las fechas de este, carteras que deberán ir firmadas por el ingeniero responsable de los trabajos.

ART. 193.—Salvo lo dispuesto en el artículo 200, solo cuando el gobierno declare cumplidas por el presunto constructor del oleoducto las formalidades de que trata el artículo 54, o cuando tal aprobación deba presumirse de acuerdo con el artículo 191, podrá el interesado acogerse para la construcción a los beneficios de utilidad pública y servidumbres establecidos en los artículos 4º, 9º y 96.

ART. 196.—Para los efectos del derecho preferencial a favor del gobierno, establecido en el artículo 45, entiéndase por capacidad transportadora diaria del respectivo oleoducto, aquella con la cual se ha calculado y construido, según sus propias características”.

Del estudio de las normas transcritas, se concluye que los argumentos del accionante están fuera de la realidad, toda vez que la normatividad transcrita no se refiere a la aprobación por parte del Ministerio de Minas y Energía de la solicitud de expropiación, (objeto central del acto administrativo acusado), sino, del transporte de crudo.

Es del caso anotar que el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 409 del 16 de septiembre de 1994, autorizó la construcción del oleoducto Cusiana Coveñas, entre los municipios de Tauramena (Casanare) y Tolú (Sucre), con una terminal en tierra para el almacenamiento del crudo, acto administrativo que goza de presunción de legalidad, y que no es objeto de en este caso, toda vez que no fue demandado mediante esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por otro lado, es de señalar que si bien el Ministerio de Minas y Energía incurrió en mora de un día, al resolver la solicitud de expropiación realizada por Ocensa, dado que la petición se presentó el 10 de julio de 1996, y se resolvió el 1º de agosto del mismo año, el décimo sexto día hábil después, esta circunstancia no afecta de nulidad la Resolución 8-1837, del 21 de agosto 1996, pues el mismo Código de Petróleos señala las consecuencias de esta mora y esta no es precisamente la nulidad o ineficacia de acto administrativo, sino la sanción de multa al empleado responsable de esa situación; así lo consagra la normatividad citada, en su artículo 88, que al tenor expresa:

“ART. 88.—El empleado del ministerio que resulte responsable de mora en el despacho de estos negocios incurrirá en una multa hasta de treinta pesos ($ 30.00) por cada día de demora, la que impondrá el ministerio a solicitud del interesado”.

Bajo estos argumentos es claro que la nulidad solicitada por la parte demandante, bajo este ítem está llamada al fracaso.

8. Violación del artículo 3º literales N, Ñ, artículo 38, literales B,D, artículos 47 y 48 de la Ley 1ª de 1984 y artículo 96, numeral 1º del Decreto 1895 de 1973.

Manifiesta el actor que sobre el lote no hay proyectada la construcción de ningún tanque y esta técnicamente no está permitida, por estar este sobre una carretera nacional y cerca al mar (D. 1895/73, art. 96, num. 1º), que está demostrado que el lote no se requiere y no es indispensable ya que queda fuera de la servidumbre y no le hace falta a Ocensa, debido a que hasta el momento ha adquirido un total de 90 hectáreas entre los departamentos de Sucre y Córdoba, o sea, más del doble de lo estipulado en el contrato de concesión celebrado con el ministerio, el cual dice que el terminal en tierra requerirá de 39.2 hectáreas.

En relación con este punto, la Sala encuentra que los cargos formulados aquí, están comprendidos dentro de los esbozados en el punto 3 y que fueron desvirtuados con suficiente ilustración. Sin embargo se puede reiterar que en los actos administrativos demandados, se evidencia la necesidad de proceder a la expropiación, con fundamento en los estudios técnicos y operativos a los que se refirió esta Sala con anterioridad.

9. Violación de los artículos 2º, 4º, 6º, 58 y 59 de la Constitución Política y el artículo 669 del Código Civil.

Respecto a este punto, y sobre la vulneración de normas constitucionales, considera la Sala que la expropiación es definida por la jurisprudencia constitucional como un instituto, un negocio o una operación de derecho público, por medio de la cual el Estado, por razones de utilidad pública o de interés social, priva coactivamente de la titularidad de un determinado bien a un particular, de acuerdo con un procedimiento específico, razón por la cual no se aceptará lo expuesto, toda vez que hecho el análisis de fondo en el caso sub examine, no se vislumbra violación alguna del ordenamiento legal o constitucional atendiendo a los principios de interés social y utilidad pública.

5. Conclusión.

Los derechos individuales no son absolutos sino sometidos a las reglamentaciones y limitaciones legales que hagan posible su ejercicio dentro del marco social. Fuera de la sociedad los derechos individuales no tienen oportunidad ni importancia.

Es la razón de que todo derecho individual tenga una función social, la que haga posible su ejercicio en armonía con el interés general que expresa la ley.

Nuestra carta consagra este principio con particular nitidez; en forma especial para el derecho de propiedad y en forma general para todos los derechos:

“Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

“La propiedad es una función social que implica obligaciones”.

Este principio que rige y penetra todo el ordenamiento jurídico público y privado, encuentra desarrollo legal en el Decreto 1056 de 1953 y el Decreto 2655 de 1988.

El Consejo de Estado en sentencia de 15 de mayo de 1961, de la que fue ponente el doctor Alejandro Domínguez Molina, al decidir una demanda relacionada con la ejecución del Decreto Legislativo 1070 de 9 de mayo de 1956, que decretó la congelación de arrendamientos de las fincas urbanas en ciudades de más de 50.000 habitantes, al precio que tales arrendamientos tuvieran el 31 de diciembre de 1955, decreto que se aplicó a contratos celebrados con anterioridad en que se había pactado aumento de los cánones a partir de esta fecha, sentó la siguiente jurisprudencia:

“De modo que en el derecho positivo colombiano el principio de la irretroactividad de la ley no es de carácter absoluto, ni tiene el mismo valor con respecto a las distintas clases de leyes, pues, por ejemplo, cuando estas son expedidas “por motivos de utilidad pública o interés social” o sea cuando interesan más a la sociedad que al individuo, cuando se inspiran más en el interés general que en el de los individuos, cuando se dicten “por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública”, tienen efecto general inmediato, aunque restrinjan derechos amparados por la ley anterior, porque el interés privado debe ceder al interés público o social.

“Por eso se ha dicho que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público”.

El Consejo de Estado refuerza sus conclusiones, con esta cita de Josserand:

“Ante estas exigencias —las de orden público— tienen que ceder los intereses particulares: no se puede hacer valer derechos adquiridos en oposición al orden público. Tampoco puede hablarse, en tal caso, de retroactividad de la ley; obra intensamente, conforme a las necesidades sociales, se aplica inmediatamente, sin más; el efecto inmediato es cosa distinta del efecto retroactivo... Contra el orden público, no hay, puede decirse, derechos adquiridos, de suerte que determinadas leyes que parecen obrar retroactivamente, en realidad, obran inmediatamente, sin más, conforme a su naturaleza y a las necesidades sociales, y sin que el legislador haya tenido necesidad de dar explicaciones sobre el particular. Como se ha hecho notar con mucha razón se ha establecido con excesiva frecuencia la confusión entre la aplicación retroactiva de la ley y la aplicación inmediata de la misma, confusiones peligrosas e injustificadas” (Derecho Civil, tomo I, volumen I, núms. 82 y 83).

El petróleo es uno de los elementos básicos a la moderna sociedad industrial, y como fuente de energía esencial al transporte, la industria y la vida doméstica. Su creciente importancia social y económica, determina y orienta la evolución de su régimen jurídico. La explotación y suministro del petróleo y sus derivados son hoy necesidad colectiva de la mayor amplitud e importancia. Es esta la razón de que el legislador haya sustraído progresivamente los yacimientos de hidrocarburos de la apropiación individual y adoptado para la industria un régimen jurídico especial para darle las prerrogativas, la organización y funcionamiento que reclama el interés general.

La Ley 37 de 1931, artículo 3º, declaró de utilidad pública la industria del petróleo, en sus diferentes etapas, y la Ley 20 de 1969, la propiedad de la Nación sobre todas las minas y yacimientos de hidrocarburos, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros.

En la Ley 165 de 1948, que dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos, dice se califica la industria, en todos sus aspectos, de servicio público. Dice así la ley:

"ART. 5º—Autorízase al gobierno para contratar con la empresa que se funde de conformidad con la presente ley la concesión del servicio público consistente en la administración y explotación de los campos petrolíferos, oleoductos, refinerías, estaciones de abastecimiento, y en general de todo o parte de los bienes muebles e inmuebles que reviertan al Estado de acuerdo con las leyes y contratos vigentes sobre petróleos; así como la explotación y administración de los campos petrolíferos aledaños a las concesiones que reviertan a la Nación, de los oleoductos de propiedad de la misma, y la construcción y ampliación de refinerías y estaciones de abastecimiento”.

La Ley 20 de 1969, en su artículo 12, autorizó al gobierno para “declarar de reserva nacional cualquier área petrolífera del país y aportarla, sin sujeción al régimen ordinario de contratación y de licitación, a la Empresa Colombiana de Petróleos para que la explore, explote y administre directamente o en asociación con el capital público o privado nacional o extranjero”.

La finalidad social y el beneficio colectivo a que están destinados los yacimientos de hidrocarburos y en general la riqueza minera del país, que tradicionalmente nuestras constituciones han reservado como una propiedad nacional, los proclaman con particular énfasis diferentes disposiciones legales.

Entre estas pueden citarse:

La Ley 10 de 1961, artículo 6º, al reglamentar la calificación de la capacidad económica de los proponentes de contratos, dice:

“En la aplicación de este precepto el Gobierno tendrá en cuenta que la finalidad de él es obtener la efectiva exploración y explotación de la totalidad de la zona materia del contrato, de acuerdo con sus características peculiares”.

El Decreto 1275 de 1970, reglamentario de las leyes 60 de 1967 y 20 de 1969, y en desarrollo de principio similar contenido en esta última ley (art. 2º), dice:

“ART. 2º—Las disposiciones del presente estatuto se interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta que la industria minera es de utilidad pública de interés social en sus ramas de exploración, explotación, transporte y procesamiento; que las leyes que la regulan son de la misma naturaleza y se expiden por motivos de aquella índole; que la prevalencia de los intereses públicos o sociales sobre los intereses privados es principio fundamental que consagran y reglamentan las normas constitucionales y legales en vigencia; y que la consecución de las finalidades enumeradas en el artículo anterior es conveniente y necesaria para el desarrollo de la economía nacional y para el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los deberes sociales de los particulares”.

El profesor Eustorgio Sarria, (“Derecho de Minas” —régimen jurídico del subsuelo— Ed. 1960), considera que al calificar la Ley 165 de 1948, artículo 5º, como actividades de servicio público las referentes a la industria del petróleo en sus ramos de extracción, refinación y transporte, no hace sino reconocer una realidad.

“Ahora bien, —agrega en otra parte de su obra (pág. 14)— en cuanto a la exploración de los yacimientos minerales, su transformación y distribución, no cabe duda de que esas actividades son actividades de servicio público, ya que colman necesidades de carácter general. Así lo confirman breves reflexiones:

“d) El petróleo es factor preponderante en la vida humana. La actual organización del transporte marítimo, fluvial, terrestre y aéreo se asienta sobre su producción permanente. Por tal razón la explotación de los yacimientos petrolíferos constituye una necesidad de carácter general.

“Los expositores de derecho administrativo no rechazan, ni podrían hacerlo con razón, esta tesis de que la explotación de los más importantes yacimientos minerales, determinada por utilidad económica y social, es una actividad de servicio público”.

Por consiguiente, la prestación de ese servicio de utilidad general no puede realizarse sino mediante tres procedimientos administrativos, de los cuales uno es el de la concesión. Entiéndase por tal, en relación con las empresas públicas, el acto jurídico complejo mediante el cual un particular, sea individuo o sociedad, se compromete a llevar a cabo las obras necesarias para el funcionamiento de la industria de utilidad general y su explotación por cuenta y riesgo del concesionario, a cambio de una remuneración que consiste en los beneficios resultantes para este de la administración de la empresa durante un tiempo dado, en el presente caso la concesión Ocensa, bajo estos parámetros realizó las actividades tendiente al cumplimiento de una actividad de beneficio público, tal como se pudo observar con observancia de las disposiciones legales que regulan la materia de expropiación en aras de trasportar el hidrocarburo, obteniendo como resultado los actos administrativos cuya legalidad hoy se demandan en acción de nulidad y restablecimiento.

Bajo estos argumentos y a tendiendo a los principio anteriormente descritos la Sala considera que no se infringió norma alguna por parte del Ministerio de Minas y Energía al expedir la resolución mediante la cual se resuelve la expropiación de un bien inmueble cuyo dominio se encontraba a título de un particular, por lo cual no se accederán a las pretensiones planteadas por el demandante toda vez que los actos acusados revisten de legalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Finalmente no habrá condena en costas porque la conducta de la parte demandante no fue temeraria, dilatoria ni de mala fe, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

FALLA:

1. Niéguese las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas a la parte demandante.

3. En firme esta providencia archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(8) Sentencia C-153 de 1994.

(9) Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1970, tomo IV, págs. 125 a 130.

(10) Acto Legislativo 1 de 1936, artículo 10.

(11) Su texto original fue modificado por el Acto Legislativo 1 de 1999, mediante la supresión de los dos últimos incisos que permitían la expropiación sin indemnización.

(12) Sentencia C 153 del 24 de marzo de 1994.

(13) Cabe señalar que el sentido de esta providencia fue precisado por la Corte Constitucional en Sentencia C-1074 de 2002 en la que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución de 1991, según el cual la indemnización se fijará “consultando los intereses de la comunidad y del afectado”, advirtió que la indemnización puede ser reparatoria, compensatoria y restitutoria. Y que en todos los eventos no resulta procedente una indemnización integral de los daños causados con la expropiación. Allí se dijo que: “La referencia a los intereses de la comunidad y del particular afectado también resalta un cambio fundamental introducido por el constituyente en 1991: la fijación del valor de la indemnización difícilmente puede hacerse de manera abstracta y general, sin tener en cuenta el contexto de cada caso, sino que requiere la ponderación de los intereses concretos presentes en cada situación, para que el valor de la indemnización corresponda en realidad a lo que es justo. Esta característica puede llevar a que el juez, luego de ponderar los intereses, en cada caso, establezca una indemnización inferior al total de los daños ocasionados por la expropiación, pero sin que pueda, dado que el Acto Legislativo 1 de 1999 excluyó la posibilidad de expropiación sin indemnización, llegar a la conclusión de que no hay lugar a indemnización adecuada, como ya se dijo” (resalta la Sala).

(14) Corte Constitucional T-284 de 1994. Esta definición está inspirada en la doctrina y la jurisprudencia española, como reconoce el intérprete constitucional en la misma sentencia. Así Parejo Alfonso define la expropiación como “...un negocio jurídico de derecho público, derivado del ejercicio de la correspondiente potestad por el poder público y al que son esenciales determinadas garantías para el sujeto pasivo de dicha potestad. Ese negocio es formal, en la medida en que requiere la presencia y actuación de una administración pública y el ejercicio por esta de una potestad a través de un procedimiento legalmente determinado y para un objeto preciso: la privación singular de una situación jurídica de contenido patrimonial protegida por el ordenamiento (a título de derecho subjetivo o de simple interés legítimo) y regido por el derecho privado común”. L. Parejo Alfonso y otros, Manual de derecho administrativo, Barcelona, Editorial Ariel S.A., 1990, págs. 266-267.

(15) T-284 de 1994.

(16) Dicho artículo establece, en lo pertinente:

“1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

“2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-474 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.

(18) Sentencia proferida el 16 de julio de 1998, Expediente 12868.

(19) Eduardo García De Enterría y Tomas - Ramón Fernández, Curso de derecho administrativo. Madrid, Ed. Civitas, 1982. Segunda edición, págs. 252-253.

(20) Ob. cit. Págs. 233 y 234.

(21) Sentencia proferida el 10 de mayo de 2001, Expediente 11783, en la que se analizó un problema jurídico similar al planteado en el caso concreto.

(22) Como se precisó precedentemente, si bien la Corte Constitucional reconoce que la indemnización comporta el daño emergente y el lucro cesante, asume una nueva postura respecto de la función de la indemnización expropiatoria: “la Corte constata que el artículo 58 Superior no exige que quien sea expropiado reciba además de la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, también el pago de todos los costos adicionales que sean necesarios para adquirir un bien de las mismas características al expropiado y restituir al particular a condiciones similares a las que tenía antes de la expropiación. La indemnización en caso de expropiación no debe cumplir siempre una función restitutiva y, por eso, no tiene que ser integral”.

(23) Decreto 1056 de 1953.

(24) Folios 81-84. Cuaderno principal.

(25) Folios 88-114. Cuaderno principal.

(26) Folios 10-16. Cuaderno principal.

(27) Folios 74-80. Cuaderno principal.

(28) Anexo 1.

(29) Folio 295. Cuaderno principal.

(30) Folios 66- 69. Cuaderno principal.

(31) Folios 18-21. Cuaderno principal.

(32) Consejo de Estado. Sentencia de fecha 7 de octubre de 2010. Consejera Ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez. Radicado 1343-2009.

(33) Folios 27-49. Cuaderno principal. Obran en el expediente en copia autenticada.

(34) Decretos 1400 y 2019 de 1970.

(35) Dice el artículo 29 que “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (negrillas fuera de texto).

(36) Consejero Ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez, Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil cinco (2005), Radicación: 76001-23-31-000-1996-02184-01(14157).

(37) ART. 58.—“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”.