Sentencia 1997-03178 de junio 9 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 27001 23 31 000 1997 03178 01 (ACU)

Expediente: 20238

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Juana María Palacios y otros

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa (acumulación de procesos)

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

13. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala de Descongestión Antioquia Caldas Chocó, Sala Quinta de Decisión - en un proceso que, por su cuantía (fl. 2, cdno. correspondiente al proceso 3180, fl. 2, cdno. del proceso 3178),(5) tiene vocación de doble instancia.

2. Los hechos probados.

14. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

14.1. El niño M.P —occiso—, nacido el 24 de septiembre de 1981 en Quibdó —Chocó—, era hijo de la señora Juana María Palacios(6) y hermano de los niños R.A.P, M.A.A.P y M.A.P(7). Es importante referir que en varios de los documentos allegados al proceso, se menciona al occiso con el nombre de Mariano Rosero Córdoba, pero lo cierto es que en la certificación expedida por la Notaría Primera de Quibdó se hace constar que el nombre que aparece en el folio respectivo de actas de nacimiento, es el de Mariano Palacios. Por consiguiente, tal es el nombre que tendrá en cuenta la Sala en lo subsiguiente de esta providencia.

14.2. Desde los ocho años de edad, el niño M.P se había visto involucrado en actividades delictivas y de consumo de sustancias psicoactivas, y había sido aprehendido en varias ocasiones por las autoridades de policía, hasta que en el año 1988 fue conducido a las instalaciones de la sede en Chocó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde fue inscrito en un programa de “rehabilitación” y “resocialización”(8).

14.3. Durante su permanencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el niño M.P tuvo serios problemas de adaptabilidad a los programas que se desarrollaban en esa institución, y en repetidas ocasiones se evadió de las instalaciones del instituto. En el año 1991 fue conducido a la sede ubicada en la ciudad de Armenia —Quindío—, de donde también se escapó, y posteriormente fue internado en la clínica “Celsor” de atención a personas con problemas de drogadicción, ubicada en la ciudad de Medellín, instituto del que también se fugó. Al respecto se dice en el testimonio rendido por el señor Julián Emiro Hinostroza Mosquera:

(...) En cuanto al caso del menor M.P, puedo manifestar que en el año 1991, siendo director del ICBF, el Dr. Franklin Mosquera Montoya, se coordinó con la regional de Armenia, para solicitar un cupo a la institución de reeducación Ernesto Mejía Jaramillo, a fin de brindarle la oportunidad al menor de resociabilizarse (sic) y depronto (sic) ser un hombre útil a la sociedad. La división de servicios técnicos, bajo la dirección de la trabajadora social, Mary Luz Ortiz Díaz, coordinó lo pertinente para obtener dicho cupo y fue así como se impartió (sic) instrucciones a la defensora de menores del centro zonal de Quibdó, realizar (sic) todo lo pertinente a fin de trasladar al menor a la institución antes mencionada. No precisó la fecha exacta en la cual el menor fue remitido a la institución acompañado del funcionario del centro zonal Istmina, Jaime Arias Delgado, estando el menor en la institución, por información de la jefe de la división técnica y de la defensora de menores nos informaron (sic) que el menor se había fugado de la institución y que se desconocía su paradero. Por información de los funcionarios del centro zonal (...), informó que el menor se encontraba en la ciudad de Medellín, para lo cual el centro zonal, realizó las acciones pertinentes en la búsqueda de entregar al menor a su madre quien a diario lo vivía reclamando. Llegado el menor a Quibdó, el instituto siguió brindándole la protección a través del centro zonal (...). Fue así como la jefe de división de servicios técnicos... solicitó a la sede Nacional, la consecución de un cupo en alguna institución que pudiese brindarle la oportunidad al menor, (sic) realizar un proceso de desintoxicación. La sede nacional, a través del mencionado convenio, logró conseguir el mencionado cupo en la clínica Celsor de la ciudad de Medellín, para lo cual dado que en el centro zonal no había un profesional de sexo masculino (...). Llevé al menor a la institución, hice la entrega formal de él, se firmó el documento, a mi regreso, presenté el respectivo informe a la dirección regional y a la defensora de familia (...) meses después tuve conocimiento que el menor se había fugado de la institución antes mencionada (...)(9).

14.4. El niño M.P regresó a la ciudad de Quibdó, pero no fue ingresado nuevamente al centro de atención de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino que permaneció viviendo en las calles de la ciudad, dedicándose nuevamente a actividades delictivas y de consumo de estupefacientes(10).

14.5. Un relato pormenorizado de los tratamientos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —regional Chocó— dispensó al caso del niño M.P, quedó plasmado en Oficio DRCH-101395-01304 del 13 de octubre de 1995, suscrito por la directora regional del ICBF —Chocó—,(11) el cual se cita in extenso, en los siguientes términos:

Desde 1988, el menor Mariano Rosero Roa, cuando contaba con 7 años de edad, fue vinculado al proyecto “Atención al menor abandonado y en peligro, subproyecto medio abierto, ante la petición hecha por el señor Euclides Rosero Armijo, padre del menor, por tener problemas de conducta, el padre se encontraba detenido en la Cárcel de Quibdó. Ante tal petición el menor fue vinculado al Programa (sic) en mención, realizando diferentes actividades con el menor y efectuando estudios sociales.

En 1989, el día 17 de enero, la madre del menor informa que este ha mejorado en su conducta, por cuanto le colaboraba en las ventas que ella hace para el sustento del hogar.

En 1990, el menor incurre en actos delictivos, es acusado de hurto y la madre informa que permanece deambulando en la calle.

El 23 de junio de 1991, se vincula nuevamente al menor a los programas del ICBF, a pesar de haberse trabajado con este menor, continúa con su conducta desadaptada, y consumiendo droga.

Agotado el trámite legal de protección del menor, mediante Resolución 023 del 31 de julio de 1991, es declarado por la defensora de familia, en peligro y se resuelve su institucionalización en el Centro de Capacitación de Menores “Ernesto Mejía Jaramillo” en la ciudad de Armenia, para lo cual se remite al menor a esta Institución (sic).

El 18 de septiembre de 1992, el director de la institución remite un oficio donde informa que el menor se evadió de la institución, el día 14 de septiembre del mismo año, luego de participar en una serie de robos continuos en ese centro.

Fue ubicado por el centro de protección de Medellín, informándonos que hacía parte de una pandilla juvenil, situación que permitió el traslado a Quibdó, reintegrándose a su familia y continuando las acciones de tipo psicosocial, en coordinación con la Policía de Menores, con el menor y la familia, pero el menor continuó consumiendo drogas alucinógenas y cometiendo ilicités (sic).

En 1993, mediante Resolución 006 del 7 de diciembre, se le trasladó de ubicación Institucional (sic) al menor, a la institución de reeducación o resocialización “Clínica Celsor” de la ciudad de Medellín, con lo que pretendimos desintoxicar a este menor.

En abril de 1994, fuimos informados telefónicamente que el menor se había evadido.

Se coordinó nuevamente con la regional de Antioquia, ubicándolo (sic) en una institución de reeducación “Hogares Crea”, donde se brinda capacitación y por su problema de droga se trató de desintoxicar, donde estuvo por espacio de 2 meses, evadiéndose nuevamente. Se ubica al menor y con ayuda de su padre, lo enviamos nuevamente a esta institución, pero se fugó, regresando a Quibdó, aproximadamente en el mes de julio de 1994.

El ICBF contrató con la comunidad terapéutica de Manizales “Terciarios Capuchinos”, los servicios de desintoxicación para drogadictos, cupo este que tuvimos en cuenta en la red de prevención al maltrato, para ubicar al menor Mariano Rosero Roa, pero ante los múltiples problemas de consumo de droga, el comité tuvo a bien darle la oportunidad a otro menor, ya que a Mariano, se le habían (sic) dado varias oportunidades en instituciones (sic), evadiéndose (sic) de ellas (...).

14.6. El día 6 de octubre de 1995, la señora Juana María Palacios acudió a la Procuraduría 23 Judicial de Familia a manifestar que su hijo estaba amenazado de muerte,(12) y que las solicitudes de protección que había elevado ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no habían sido atendidas por dicha entidad(13). En el testimonio rendido por la señora Olivia Henao Castrillón(14) se dice que “... la mamá se presenta en esos momentos y nos manifiesta que quiere que metan a Mariano a la cárcel, porque le han informado que lo van a matar, se le explica que Mariano no puede ir a la cárcel, porque es una cárcel de adultos no de niños, no había un patio especial para niños, la señora se dirigió a la procuraduría donde la doctora Colombia nos solicitó que buscáramos cupo, pero es muy difícil, porque las otras regionales tienen sus cupos en las instituciones donde pueden ser enviados los niños (...)”. El texto de la solicitud que la señora Juana María Palacios presentó ante la Procuraduría 23 Judicial de Familia de Quibdó es, en lo pertinente, el siguiente:

Mariano Rosero Roa, mi hijo, desde los nueve años, se ha dedicado a robar en la calle; le saca la plata a las personas del bolsillo, le saca la cartera a las personas que van por la calle, y coge esas cosas o ropas que están colgadas, para venderlas y fumar bazuco o marihuana, porque él fuma es eso; él vive en el barrio La Aurora, no vive en mi casa, donde le coge el sueño vive él; hoy vengo aquí, porque anoche le robó a un paisa, el paisa le quitó la plata y le dio un estropeo dejándolo por muerto; por eso vengo a buscar audiencia ante usted señora procuradora, para que me ayuden con él, a ver si lo mandan a un reformatorio a fin de que se componga (...) (fl. 107, cdno. correspondiente al proceso 3178).

14.7. En el expediente se acreditó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —regional Quibdó—, pudo conseguir un cupo para internar nuevamente al niño M.P(15) y que, no obstante lo anterior, el menor no fue ingresado en las instalaciones de la entidad(16). Por esa situación, la Procuraduría 23 Judicial de Familia de Quibdó ordenó abrir investigación disciplinaria contra los funcionarios del ICBF, mediante decisión de fecha 3 de octubre de 1996(17) en la cual se afirmó:

Frente a las afirmaciones consignadas en el ordinal anterior, esta procuraduría logró establecer que en la ciudad de Barranquilla, Hogares Crea no tiene contratación con el ICBF, por cuanto sus servicios son para mayores de edad, y en lo tocante a la ciudad de Medellín, el doctor Fabio Humberto Rivera Marín, Director del ICBF regional Antioquia, en su Oficio 11-33280 del 11 de junio último, afirma que la regional Chocó, para el mes de octubre de 1995, efectivamente solicitó la mediación de esa regional, para conseguir un cupo al menor de la referencia.

El cupo se logró, de inmediato se informó telefónicamente a la regional Chocó, a efecto de que adelantara los trámites pertinentes. Sin embargo, la regional Chocó informa que en el momento no hubo cupo disponible y que la única persona encargada de tramitarlos, en ese entonces, se encontraba en Roma.

De lo anterior, esta agencia del Ministerio Público, concluye:

Que hubo falta de voluntad en el ICBF regional Chocó, para cumplir con la obligación de proteger al menor Mariano Rosero Roa, cuando las circunstancias advertidas, así lo demandaban; pues las normas de protección, no determinan cuántas veces hay que proteger al menor. Y digo ello, por cuanto la regional Chocó, solo quería responder respecto a las protecciones brindadas a Rosero Roa con antelación a la nueva exigencia, que nada tuvieron que ver con el peligro de muerte denunciado por su señora madre, y que efectivamente verificó el 10 de diciembre de 1995 (ver fl. 176 correspondiente al cdno. 3180).

14.8. El día 9 de diciembre de 1995, cuando el niño M.P se encontraba durmiendo en una de las aceras contiguas a la escuela del barrio “La Aurora” del municipio de Quibdó, fue interpelado por unos desconocidos quienes, cuando el niño aún estaba acostado, le dieron una patada en la espalda y le propinaron una herida de bala que a la postre le causó la muerte(18). En el protocolo de necropsia practicado sobre el cadáver del occiso se consignan como causas de la muerte del menor las siguientes:

Conclusión: por los hallazgos anteriores podemos conceptuar que el deceso de quien en vida respondía al nombre de N.N. Marianito fue consecuencia natural y directa de choque hipovolémico resultante de la sección de vasos de sexto espacio intercostal derecho, por herida por proyectil de arma de fuego. Lesión de naturaleza simplemente mortal supervivencia 55 años más, según la hora de necropsia y los fenómenos cadavéricos la muerte pudo ocurrir entre 6 y 12 horas antes(19).

14.9. En el mismo protocolo de necropsia se precisa el estado y contenido de la cavidad abdominal del occiso en los siguientes términos:

VIII. Cabidad (sic) abdominal: Sin lesiones.

Aparato digestivo: esófago tiene hematoma perilesional en su tercio medio, el estómago tiene contenido alimentario simidigerido (sic) donde se puede distinguir queso y arroz, hemorragias submucosas en mucosa del antro, el hígado está exangüe al corte(20).

14.10. Con ocasión de la muerte de M.P, la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Libertad Sexual, inició una investigación preliminar con el propósito de establecer las circunstancias en que se produjo la muerte del mencionado menor, y con la finalidad de identificar a la persona o personas responsables del delito. Sin embargo, la investigación no arrojó resultado alguno, y fue suspendida por el ente investigador mediante decisión interlocutoria de fecha 1º de agosto de 1996, proferida por la jefatura de la Unidad de Fiscalías Especializadas de delitos Contra la Vida y la Libertad Sexual (fl. 225, cdno. correspondiente al proceso 3180).

14.11. Dentro del presente proceso rindieron testimonio las personas que supuestamente conocían en vida al niño M.P y a su familia, entre ellos los señores Luis Emilio Díaz García,(21) Germán Becerra Gamboa(22) y Gabriel Ariza Albornoz,(23) quienes coincidieron en advertir que al occiso lo asesinaron unos agentes del Estado. Sin embargo, los inicialmente mencionados son divergentes al afirmar, el primero, que el agente que propició la muerte de alias “Marianito” pertenecía a la Sijín, mientras que el segundo manifiesta que los sujetos activos del delito fueron conjuntamente agentes del F2 de la Policía Nacional y del DAS(24). El testigo Gabriel Ariza Albornoz manifiesta, por su parte, que encontró en el sitio de los hechos un casquillo de bala con la inscripción “indumil”. Se resalta en este punto que ninguno de los testigos mencionó con nombres propios a los agentes estatales que supuestamente participaron en el asesinato del niño M.P.

14.12. El testigo Luis Emilio Díaz García manifestó al respecto:

... a él lo mató (sic) unos señores “mono” (sic) estaba de capa como las que usan los guardias o sea los agentes de la policía, el otro no sé quién era, eran dos, porque hacía unos quince días más o menos que lo mataron (...), él había hecho un robo a un señor no me acuerdo el nombre, de un millón de pesos, y lo cogieron allá arriba ese día dos agentes que, según ellos, el mismo mono que lo cogió a él lo vi que lo mató después, ellos siempre se identificaron como de la Sijín, lo sé porque uno los conocía y siendo yo de aquí, sé quiénes son del DAS, de la Sijín, y de la Fiscalía, allá suben toda clase de autoridades, (...) como a las dos horas o tres, ya iban para las 12 de la noche, se oyeron unos tiros y él dijo, no me maten, no me maten, cuando corrimos varios amigos entre los cuales estaba “el ñato”, a ver qué le había pasado a Marianito, se oyó otro tiro, y logramos distinguir a los dos señores que huían, le había (sic) pegado un tiro acostado, después lo patearon, lo tiraron del andén a la calle y le colocaron como el pie para ver si se volvía a mover, la bota militar en el pecho y le dieron otro tiro(25).

14.13. El testigo Germán Becerra Gamboa narró los hechos de la muerte del niño en los siguientes términos:

... yo por decir algo venía de acá de la alameda, llevaba un pescado frito en la mano, me encontré con Marianito él me dijo que si llevaba comida, yo le dije que sí, le di el pescado, se sentó en el andén de la escuela y se lo comió, mientras eso estoy viendo a los dos tipos del F2 y del DAS que lo mataron, le dije a Marianito que había dos tipos que no me gustaba la fisonomía de ellos, que porqué (sic) no te vas para la casa, él me dijo que ya se iba, yo me despreocupé y él se quedó en la escuelita, pero yo no me subí de una vez para la casa de mi tío sino que me quedé en la esquina de la casa de la finada Damaris, como a los quince minutos oí los tres tiros, vi que el paisa salió corriendo para abajo con el revólver en la mano, y el moreno para arriba por la pradera, yo en ese momento me llené de miedo y me fui donde mi tío Laureano a acostarme y le dije que allí le habían pegado unos tiros a Marianito y no sabía que lo habían matado, yo oí cuando él gritó me mataron y mi tío me pregunto que si lo habían matado, yo le dije que él estaba hablando; al otro día vi el cadáver cuando hicieron el levantamiento, él estaba en la escuela y cuando lo mataron lo tiraron abajo o en la agonía de la muerte cayó abajo (fls. 182 y 183, cdno. del Exp. 3178).

14.14. Y más adelante, el testigo afirma:

“... antes de morir me dijo que si traía comida y ahí fue que yo le di el pescado que él comió, entonces le dije ite (sic) para la casa, me dijo que ya se iba, y ahí fue que llegaron los tipos esos, los del DAS, y cuando él se estaba muriendo me dijo ñato, ñato decile (sic) a mi mamá que me mató la Policía...” (fls. 186 y 187 ibídem).

14.15. La Policía Nacional no adelantó investigación disciplinaria interna alguna para establecer si agentes activos de esa institución participaron en los hechos que dieron lugar a la muerte de alias “Marianito”,(26) no obstante lo cual el tribunal contencioso de primera instancia decretó la práctica de una diligencia de inspección judicial en las instalaciones del F2 de la Policía Nacional, para efectos de que el señor Luis Emilio Díaz efectuara el reconocimiento del agente policial que supuestamente le causó la muerte al niño. El texto del acta en la que consta la mencionada diligencia es, en lo pertinente, el que se cita a continuación:

(...) El despacho procede a poner a disposición del señor Luis Emilio Díaz, las fotografías de dicho personal. EL señor Luis Emilio Díaz, solicita que le den para reconocer la fotografía del señor José Castiblanco Bareño quien aparece identificado con el Nº 10 en el documento de folio 217. Manifiesta el señor Díaz, que para la época de los hechos siempre llegaba al lugar una persona que se hacía identificar como jefe de atraco, el que investigaba los atracos, porque dicho señor fue uno de los que le disparó a Mariano Rosero Córdoba. El señor patrullero Avenicio Trespalacios informa al despacho que el investigador Castiblanco Bareño Jose, fue trasladado en el año 1997, al departamento de Quindío, sin embargo, pone de presente al despacho, la fotografía del señor investigador Castiblanco Bareño José Valeriano, identificado con cédula de ciudadanía 7.311.206 de Chiquinquirá. El señor Luis Emilio Díaz, manifiesta que la fotografía correspondiente al señor Castiblanco Bareño, es la de una de las dos (2) personas que la disparó (sic) al joven Mariano Rosero Córdoba, el 9 de diciembre de 1995. No siendo más el objeto de la presente diligencia, se da por terminada a las 4 05 p.m. y se firma por los que en ella intervinieron(27).

3. Problema jurídico.

15. Para emitir una decisión de mérito en el proceso de la referencia, la Sala deberá, en primer lugar, analizar la responsabilidad que se imputa a la Policía Nacional, y posteriormente, estudiar si en el caso de autos está demostrada la responsabilidad que se predica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para tal efecto, deberá darse solución a las cuestiones jurídicas que se enuncian a continuación:

15.1. En primer lugar, será necesario analizar si con las pruebas allegadas al presente proceso pudo demostrarse, de manera fehaciente, que la persona o personas que causaron la muerte al menor M.P hacían parte de la Policía Nacional, lo que es indispensable para que pueda predicarse que el daño alegado por los demandantes es imputable a la citada entidad. Solo en caso de que se encuentre demostrada esta incidencia, procederá la Sala a analizar si en el proceso se demostraron los demás elementos que son necesarios para que se estructure responsabilidad en cabeza del Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

15.2. Acto seguido, la Sala pasará a estudiar la responsabilidad que se alega en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y concentrará su análisis en determinar si dicho instituto incurrió en alguna falla del servicio. En caso de que resulte demostrado que el ICBF incurrió en la pregonada falla, se analizará si ese defecto en la prestación del servicio tiene nexo de causalidad con la muerte padecida por el niño M.P.

4. Análisis de la Sala.

4.1. El daño.

16. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditada la muerte del niño M.P, ocurrida como consecuencia de la herida de bala que le fue propinada por desconocidos la noche del 9 de diciembre de 1995, así como los perjuicios que para los demandantes se siguieron del deceso del occiso, según pasa a explicarse.

16.1. En efecto, se tiene acreditado el parentesco que los demandantes —Juana María Palacios (madre), M.A.A.P (hermana), M.A.P (hermana) y R.A.P (hermano)— tenían con el fallecido M.P, pues se allegaron al expediente los certificados expedidos por las respectivas notarías, donde constan los registros civiles de nacimiento de quienes integran la parte actora. La Sala considera al respecto que, debido al nexo de parentesco que existía entre el fallecido niño y los hoy accionantes en reparación, es presumible que la muerte de aquel implicó para estos una situación de congoja y estrés.

16.2. Ahora bien, frente a lo que afirma el apoderado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en relación con una supuesta falta de legitimación de los demandantes en la causa por activa, la Sala considera que ese medio exceptivo no puede estar llamado a prosperar, pues los documentos allegados por la parte actora para acreditar el parentesco con el fallecido niño M.P, cumplen con los requisitos establecidos por el Decreto 1260 de 1970,(28) en la medida en que allí se especifica con claridad que la señora Juana María Palacios es la madre de los niños a quienes representa en el presente litigio, así como del occiso. Del mismo modo, es claro que las certificaciones que se allegaron para acreditar el parentesco son válidas para tal fin, si se tiene en cuenta que el artículo 105 ibídem dispone que “[l]os hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos” (se destaca).

16.3. De otro lado, frente a la manifestación que también hace el apoderado del ICBF en relación con que la señora Juana María Palacios no habría experimentado dolor alguno con la muerte de su hijo, en la medida en que el estado de abandono en que este se encontraba sería evidencia de la falta de interés de la madre por la suerte de su hijo; la Sala considera que esa apreciación quedó desvirtuada cuando en el proceso se demostró que fue la mencionada señora quien acudió en repetidas oportunidades ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para solicitar la protección del menor, hecho este que es demostrativo de que la madre, aunque no tenía los medios económicos suficientes para suplir las necesidades básicas del niño, sí estaba interesada en su bienestar, lo que a su vez implica que la muerte de M.P implicó para ella, presumiblemente, un dolor que solo pueden experimentar las madres frente a la pérdida de un hijo(29). Otro tanto puede decirse en relación con los hermanos del finado niño.

16.4. De conformidad con lo anterior, la Sala tiene por demostrado el daño alegado por los demandantes.

4.2. La presunta responsabilidad del Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

17. En lo que tiene que ver con la imputación fáctica del daño, la Sala observa que dentro del expediente no se acreditó que la muerte del niño M.P hubiera sido causada por un agente de la Policía Nacional, pues las pruebas que señalan esa hipótesis, al ser analizadas bajo los parámetros y postulados de la sana crítica, no son consistentes y unívocas en sostener ese aserto, según pasa a explicarse.

17.1. En efecto, una de las pruebas que apunta a afirmar que el homicidio de M.P fue cometido por agentes de la Policía Nacional, es la diligencia de inspección judicial llevada a cabo en las instalaciones de dicha institución en la ciudad de Quibdó, como resultado de la cual el testigo Luis Emilio Díaz habría reconocido al agente policial de nombre José Castiblanco Bareño, como autor del delito en la persona de M.P.

17.2. Sin embargo, se observa por la Sala que cuando el señor Luis Emilio Díaz inició el reconocimiento, el testigo ya tenía plena certeza de cuál era la persona a la que iba a señalar, pues al inicio de la diligencia solicitó al funcionario de la Policía Nacional que le facilitara la hoja de vida del señor José Castiblanco Bareño y, en el momento en que el funcionario la puso a su alcance, el deponente dijo que Bareño era quien había asesinado a M.P.

17.3. En este punto estima la Sala que si el testigo que debía efectuar el reconocimiento tenía ya preestablecido el nombre de la persona a la que debía reconocer, no tenía objeto que se llevara a cabo la inspección judicial en la modalidad en que esta se realizó, sino que era suficiente con que el declarante anunciara, durante la diligencia de declaración juramentada que previamente había rendido, el nombre de la persona indicada, y que el tribunal solicitara a la comandancia de Policía de Quibdó que remitiera al proceso copia de la hoja de vida del agente policial señalado, con su posterior citación al proceso para que rindiera declaración respecto de los hechos del mismo.

17.4. No obstante, lo que se observa en el expediente es que cuando el testigo Luis Emilio Díaz García rindió su testimonio, no hizo mención alguna de la persona que después sería señalada en la inspección judicial, mención que bien pudo haberse hecho pues, como se extrae del acta de la diligencia de inspección judicial, el señor Díaz García tenía pleno conocimiento del nombre de la persona a la que posteriormente señalaría como autor del homicidio. Así las cosas, la forma en que se dio la actividad probatoria que se viene comentando, es demostrativa de que cuando el señor Luis Emilio Díaz García rindió su testimonio, no sabía el nombre del agente policial, conocimiento que después obtuvo de manera inexplicable antes de llevar a cabo la diligencia de inspección judicial.

17.5. Igualmente, la Sala llama la atención respecto al hecho de que durante la diligencia de inspección judicial el tribunal no ordenó que se expidiera copia de la hoja de vida del agente policial de nombre José Castiblanco Bareño, y dicha copia tampoco fue solicitada en alguna otra actuación procesal, lo que hace imposible identificar con plena certeza a quien supuestamente cometió el homicidio en la persona del niño M.P.

17.6. En el anterior orden de ideas, la Sala considera que lo dicho por el testigo Luis Emilio Díaz García en la diligencia de inspección judicial, no tiene credibilidad alguna para efectos de determinar la identidad de la persona que propinó la muerte al niño M.P, y para establecer si dicha persona era un agente activo de la Policía Nacional.

17.7. De otra parte, los accionantes afirman que está demostrado que los asesinos del menor M.P pertenecen a la Policía Nacional, toda vez que algunos testigos supuestamente encontraron en el lugar de los hechos un casquillo o vainilla de munición que tenía la inscripción “indumil”. Sin embargo, ese elemento de prueba no fue introducido a la labor investigativa que inició la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio, y dentro del presente proceso contencioso no se allegaron medios de convicción, diferentes a lo dicho en los testimonios, que pudieran dar certeza a la Sala de que el elemento mencionado efectivamente fue encontrado en la escena del homicidio. En este punto se llama la atención sobre que, aunque no existe tarifa legal probatoria para establecer la certeza del hecho que aquí se analiza, la prueba conducente para estos efectos es el análisis balístico sobre la pieza de munición encontrada, la cual no es posible hacer por cuanto al proceso no fue allegado el elemento sobre el cual debe realizarse dicho estudio.

17.8. En todo caso, si fuera cierto que en el sitio de los hechos se encontró la pieza de munición referida, ello no sería demostrativo de que la autoría del asesinato es atribuible a agentes estatales, y menos a la Policía Nacional, pues es probable que la ojiva haya sido fabricada por la empresa Indumil y que, aún así, haya sido disparada desde un arma que no estaba en posesión de los cuerpos armados regulares del Estado —entre ellos la Policía Nacional—.

17.9. Por lo tanto, no es posible tener como cierto que en el lugar donde se efectuó el levantamiento del cadáver, existiera el elemento balístico al que se ha venido haciendo alusión.

17.10. Ahora bien, revisados los testimonios que reposan en el plenario —incluido el testimonio rendido por señor Luis Emilio Díaz García—, la Sala estima que los mismos carecen de precisión al indicar (sic) el cuerpo armado estatal al que supuestamente pertenecían los asesinos de M.P, pues en algunos casos se habla de integrantes del F2 de la Policía, y en otros se habla de agentes de la Sijín o del DAS, sin que con las demás pruebas allegadas al proceso pueda saldarse la indeterminación que al respecto surge en los hechos del presente litigio.

17.11. Merecen una mención especial los interrogatorios que fueron absueltos por los testigos Luis Emilio Díaz García y Germán Becerra Gamboa, pues se trata de declaraciones que ofrecen serias contradicciones internas y que no concuerdan con lo que quedó demostrado por otros medios de convicción que, por ser pruebas directas, merecen mayor credibilidad para establecer la verdad jurídica del litigio de la referencia.

17.12. En efecto, se observa que cuando el señor Luis Emilio Díaz García rindió testimonio, mencionó que al niño M.P lo habían pateado en la espalda con calzado militar en el momento en que lo asesinaron, y que le habían propinado varias heridas de arma de fuego. Textualmente, el testigo dice que “le colocaron como el pie para ver si se volvía a mover, la bota militar en el pecho y le dieron otro tiro”.

17.13. Pero lo cierto es que con el acta de levantamiento del cadáver y con el protocolo de la necropsia practicada a este, pudo establecerse que la huella visible en la espalda del occiso pertenecía a un calzado deportivo, y que a M.P se le causó una única herida de arma de fuego que propició su muerte, lo que demuestra las imprecisiones en que incurre el testigo, razón que es suficiente para desvirtuar la credibilidad del testimonio que se viene comentando.

17.14. Por su parte, el declarante Germán Becerra Gamboa manifiesta que, momentos antes de que ocurriera el asesinato, le regaló al niño un “pescado frito” que fue consumido por el occiso. Igualmente afirma que en el momento en el que el niño recibió el disparo, “... cuando él se estaba muriendo me dijo ñato, ñato decile (sic) a mi mamá que me mató la Policía...” (ver fl. 187, cdno. correspondiente al proceso 3178).

17.15. Las acotaciones anteriores tampoco son coherentes, y restan toda credibilidad al testimonio rendido por el señor Germán Becerra Gamboa, pues no es cierto que el niño hubiera comido el “pescado frito” que el testigo afirma haberle regalado, hecho que está probado en el proceso porque en el acta de necropsia quedó precisado el contenido de los órganos gástricos del fallecido, y allí se dice que solo había comido queso y arroz. Igualmente, la Sala advierte en este punto que existe una clara contradicción entre lo que dijo el testigo al inicio de la diligencia, cuando manifiesta que al niño se le oía gritar “no me maten” en el momento de su fallecimiento, y lo dicho al final del testimonio, cuando el declarante manifiesta que cuando el niño se estaba muriendo, le dijo al señor Becerra “... ñato decile (sic) a mi mamá que me mató la Policía”.

17.16. Por manera que para la Sala es claro que los testimonios antes referidos no ofrecen nivel de credibilidad alguno, y no podrán ser tenidos en cuenta para decidir el presente asunto.

17.17. Finalmente, debe resaltarse que en la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las circunstancias en que fue asesinado el niño M.P, no pudo precisarse la identidad de los sujetos que cometieron ese hecho, y a partir de las pesquisas llevadas a cabo por el ente investigador no es posible sospechar si quiera que los autores del homicidio fueran integrantes de cuerpo armado alguno perteneciente a las fuerzas armadas del Estado.

18. De conformidad con lo antes expuesto, la Sala estima que en el presente caso no está demostrado que la muerte del menor M.P hubiera sido causada por conducta u omisión alguna desplegada por agentes de la Policía Nacional. De hecho, se concluye en este punto que ni siquiera quedó demostrada la existencia de un hecho dañoso por parte de la entidad demandada, que pudiera producir la muerte del familiar de los demandantes en reparación directa.

19. Por ello, es claro que no es posible predicar de la muerte del (sic) occiso haya sido una conducta de la Policía Nacional, lo que es suficiente para concluir que no se estructura responsabilidad en cabeza de dicha entidad en relación con el daño padecido por los demandantes. Lo procedente es, entonces, absolver de toda responsabilidad patrimonial y administrativa a la primera entidad demandada —Ministerio de Defensa Nacional—.

4.3. De la responsabilidad que se predica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

20. Ahora bien, si se tiene por demostrado el daño padecido por los demandantes, según se precisó en el acápite 4.1. del presente análisis, debe ahora la Sala determinar si el mismo es imputable al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por cuanto, como se dice por la parte actora, dicho instituto se abstuvo de procurar al niño M.P la protección que él necesitaba, a sabiendas de que sobre este pesaban amenazas de muerte.

21. Principia la Sala por precisar que, a diferencia de lo que ocurre con la inexistente responsabilidad que se endilga a la Policía Nacional, en el proceso sí se demostró la certeza de un hecho dañoso desplegado por el ICBF, que tuvo virtud para poner en riesgo la vida del occiso, y que puede ser adecuado al título de imputación jurídica denominado por la jurisprudencia de esta Sala como falla del servicio, según pasa a indicarse.

21.1. En efecto, en el expediente se encuentra demostrado que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenía bajo su cuidado al niño M.P desde que este contaba con ocho años de edad, en el año 1988, pues se trataba de un niño perteneciente a un grupo familiar de escasos recursos, que mostraba problemas de comportamiento y consumo de sustancias psicoactivas.

21.2. Igualmente, quedó evidenciado en el proceso que durante el cuidado que el ICBF dispensó al menor desde la época indicada, el niño tuvo graves problemas de adaptabilidad al tratamiento, lo que se extrae de las recurrentes evasiones y fugas en las que participó, y de la constante inestabilidad que padeció al ser trasladado a diferentes sedes del instituto —Quibdó, Medellín y Armenia— y clínicas de “rehabilitación”. Estos hechos fueron relatados por los funcionarios de la entidad demandada en sus testimonios, y merecen plena credibilidad por la coherencia de las respectivas declaraciones y su consonancia con otros medios probatorios allegados a la presente actuación.

21.3. Lo anterior, si bien denota un inicial trato diligente desplegado por el instituto respecto al caso del menor M.P, esa diligencia quedó posteriormente opacada por la forma en que fue manejado el caso una vez el niño se evadió del centro de rehabilitación ubicado en Medellín, pues en el expediente no se observa que los funcionarios del instituto hubieran desplegado labor alguna con miras a ubicar al menor y tratar de incluirlo nuevamente en los tratamientos que eran necesarios, a fin de que superara sus problemas delincuenciales y de dependencia de sustancias psicoactivas.

21.4. Y lo que resulta aún más grave, en el expediente se demostró que cuando M.P escapó del centro de rehabilitación ubicado en Medellín, volvió a la ciudad de Quibdó, y allí continuó desplegando actividades delictivas y consumiendo sustancias estupefacientes, sin que las diferentes dependencias del ICBF, que tenían pleno conocimiento de la situación, llevaran a cabo acción alguna tendiente a atender la situación del menor, quien por aquella época contaba con apenas 12 años.

21.5. Además, la progenitora del niño —señora Juana María Palacios— comunicó varias veces a los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar su deseo de que internaran nuevamente al niño M.P “en la cárcel” para evitar el peligro de muerte que corría el menor, solicitudes estas que fueron respondidas por los funcionarios del instituto con la lacónica respuesta de que al niño no se le podía ingresar a la cárcel, porque esa es una institución en la que solo se pueden recluir personas mayores de edad.

21.6. Igualmente, se tiene demostrado que cuando la señora Juana María Palacios solicitó la nueva reclusión de su hijo, se le respondió por parte del instituto que no existían cupos para tal efecto, lo que no era cierto, pues el cupo sí pudo ser conseguido por los funcionarios del ICBF Aquí se resalta la imprecisión cometida por el tribunal cuando afirma que el cupo sólo pudo ser conseguido en junio de 1996 de acuerdo con lo que es apreciable a folio 170 del cuaderno 2 del expediente, pues lo cierto es que la fecha referida por el a quo corresponde al momento en el que fue elaborado el oficio donde se consignó el dato —que efectivamente obra a folio 170—, y no a la fecha en la que se consiguió el cupo para el niño M.P.

21.7. Se advierte en este punto que, de acuerdo con las pruebas arrimadas al presente trámite, se tiene que lo que motivó a los funcionarios del ICBF —sede Quibdó— a denegar la reclusión, fue que el niño había tenido un trasegar conflictivo con el tratamiento que le había sido dispensado por el instituto y que, como las oportunidades habían sido desaprovechadas por el niño M.P, era preferible entregarle el cupo a otros niños.

21.8. Así se extrae de lo dicho por la directora regional en Chocó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el oficio del 13 de octubre de 1995, en el que se lee que dicho instituto logró la consecución de un cupo para “institucionalizar” al niño M.P en una clínica de “rehabilitación”, pero que el comité de la entidad “... tuvo a bien darle la oportunidad a otro menor, ya que a Mariano, se le habían (sic) dado varias oportunidades en instituciones, evadiéndose de ellas”.

21.9. El comportamiento institucional antes reseñado, desplegado por la entidad de bienestar en relación con el niño M.P, fue razón valedera para que la Procuraduría 23 Judicial de Familia de Quibdó iniciara una investigación disciplinaria por los hechos y circunstancias en las que se produjo la muerte del impúber, según quedó reseñado en los hechos probados de esta providencia, y será razón suficiente para que en el presente litigio la Sala declare la existencia de una falla del servicio predicable del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no sin antes especificar, en las breves reflexiones que siguen, cuáles fueron los deberes jurídicos que fueron incumplidos por la entidad demandada en relación con el fallecido niño M.P.

21.9.1. En primer lugar, el ICBF incumplió con uno de los postulados que la Constitución Política incluyó como componentes del derecho fundamental a la igualdad, consignado en el inciso tercero del artículo 13 de la Constitución Política, que establece que “[e]l Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan”. En efecto, en el presente proceso se demostró que el niño M.P tenía una subsistencia precaria desde temprana edad, consumía sustancias psicoactivas y pertenecía a un núcleo psicosocial en el que era muy poco probable que pudiera escoger una opción de vida distinta a la de la indigencia. Tal situación era conocida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y era necesario que se le dispensara al niño un tratamiento especial para solventar la circunstancia de debilidad manifiesta en que se encontraba el menor. Sin embargo, cuando el comité del ICBF resolvió “darle la oportunidad a otro menor”, con la consideración de que el niño M.P había desaprovechado las oportunidades que a él se le habían dado, no se le dio al caso el tratamiento especial que este ameritaba.

21.9.2. En conexidad con lo anterior, la Sala observa que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no dio observancia a los postulados del artículo 44 de la Constitución Política, que establece:

ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

21.9.2.1. Postulado constitucional que fue inobservado por la entidad demandada, quien no dio prevalencia a los derechos fundamentales del niño al que debía proteger, esgrimiendo para ello motivaciones que no resisten juicio de razonabilidad alguno, tales como que el niño había desaprovechado otras oportunidades que se le habían dado por parte del instituto demandado.

21.9.3. Del mismo modo, el ICBF incumplió los deberes que le atañen por virtud de lo establecido en el Código del Menor vigente en la época de los hechos —Decreto 2737 de 1989(30)—, en especial los siguientes preceptos:

21.9.3.1. El artículo 2º, que disponía que los derechos de los menores debían ser reconocidos “... a todos los menores, sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición suya, de sus padres o representantes legales” (se resalta), norma que fue inobservada porque al niño M.P se le denegó la atención que requería por parte del ICBF, con base en el historial que el menor había tenido en la entidad, distinción que, como se lee de la norma citada, no estaba permitida por el Código del Menor vigente en la época de los hechos.

21.9.3.2. El artículo 3º,(31) que consagraba que el Estado debe asumir la protección de los menores cuando los padres no están en condición de dispensarla, obligación que en el caso concreto del niño M.P se configuraba en cabeza del ICBF toda vez que era claro que no era posible a la familia del niño suplir sus necesidades básicas. Esta situación se encuentra demostrada por la simple constatación de que cuando el menor fue asesinado, estaba viviendo en la calle.

21.9.3.3. Los artículos 4º(32) y 8º,(33) que establecían la obligación a cargo del Estado de asegurar la supervivencia y desarrollo de los niños. Estas normas disponen en relación con aquellos niños que están desprovistos de un hogar y se ven compelidos a vivir en las calles, que estos serán sujetos prioritarios de la protección del Estado a través de sus instituciones. En el caso de autos, estos deberes no fueron cumplidos por la entidad demandada, pues no fueron utilizados todos los medios que estaban al alcance de su mano para asegurar la supervivencia del menor M.P, obligación que le era atribuible al ICBF, si se tiene en cuenta que se trataba de un niño que vivía en condición de indigencia, cuya situación era del pleno conocimiento de la entidad demandada.

21.9.3.4. El artículo 15, que disponía que “[t]odo menor tiene derecho a ser protegido contra el uso de sustancias que producen dependencia...”, norma que en el caso concreto fue cumplida solo parcialmente por el ICBF, cuando al niño M.P se le dispensó un trato diligente y atento desde el año 1988 hasta el año 1993. El mandato comentado fue posteriormente incumplido por la entidad demandada a partir del año 1994, cuando el menor se evadió de una institución de “rehabilitación” ubicada en la ciudad de Medellín. Dicho incumplimiento se hizo más palmario cuando el instituto tenía a su alcance un cupo en otra institución de “rehabilitación”, y prefirió entregarlo a otro niño, abdicando en la misión de asistencia que la entidad debía emprender frente al especial caso del niño M.P, claramente afectado por la dependencia del consumo de sustancias psicoactivas como “bazuco” y marihuana.

21.9.3.5. El artículo 20,(34) que consagraba la superioridad de los intereses del menor, sobre cualquier otro tipo de interés. Esta norma fue inobservada porque el ICBF prefirió dar prevalencia a su propio interés logístico, consistente en no tener que lidiar con el tratamiento de un menor que había sido conflictivo en tratamientos previos, por sobre el interés del niño M.P, quien era un niño que, indudablemente, requería de un tratamiento y una atención especial para afrontar los problemas que él tenía para desenvolverse en sociedad, tratamiento que debía dispensársele sin miramiento alguno distinto al bienestar del menor.

21.9.3.6. El artículo 23, que establecía que el bienestar familiar es un servicio a cargo del Estado, entre cuyos fines está el de “... brindar protección a los menores” y tutelar sus derechos. Esta finalidad no fue cumplida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues es claro que no se brindó protección al niño M.P, cuando la madre de este comunicó a los funcionarios de la entidad que el niño corría peligro de muerte.

21.9.3.8. El artículo 24,(35) que disponía que los organismos administrativos cuentan con el apoyo de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección del menor, precepto que no fue observado por el instituto demandado pues, aún cuando por información de la madre la entidad tenía conocimiento de que sobre el niño pesaba peligro de muerte, el ICBF no dispuso medida policiva alguna para dispensar la protección que requería el niño. En este punto se resalta que, si bien es cierto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene facultades policivas, también es cierto que, de conformidad con la norma citada, le era dable a la entidad solicitar la colaboración de los organismos estatales que sí contaban con ese tipo de facultades, cosa que no hizo.

21.9.3.9. Ahora bien, es necesario precisar que el niño M.P debía recibir una protección especial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya que su caso se adecuaba a las situaciones que describe el artículo 30 del antiguo Código del Menor como determinantes para considerar que se trataba de un niño en situación irregular o de peligro. En efecto, se trataba de un menor que estaba en estado de abandono —numeral 1º—, carecía de atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas —numeral 2º—, había sido autor o partícipe de una infracción penal —numeral 4º—, supuestamente era adicto a sustancias que producen dependencia —numeral 7º—y su integridad se encontraba claramente amenazada —numeral 8º—.

21.9.4. Así las cosas, no queda duda que era obligación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar proceder a la protección del menor conforme lo disponía el artículo 43 del antiguo Código del Menor, conforme al cual “[c]uando el defensor de familia establezca sumariamente que un menor se encuentra en situación grave de peligro, procederá a su rescate a efecto de prestarle la protección necesaria; y si las circunstancias así lo ameritan, ordenará, mediante auto, el allanamiento del sitio donde el menor se hallare, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública, la cual no podrá negarse a prestarlo”(36).

22. De conformidad con lo que se dejó dicho en lo precedente, para la Sala queda claro que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio de su sede ubicada en la ciudad de Quibdó, incurrió en un claro y grosero incumplimiento de las obligaciones que le incumbían para la protección del niño M.P, lo que constituye una falla del servicio jurídicamente imputable a la entidad demandada que, en caso de tener nexo de causalidad con la muerte del mencionado menor, generará responsabilidad a cargo de esta.

23. Clarificado lo anterior, queda por analizar si la muerte del familiar de los demandantes en reparación, tiene nexo de casualidad —imputabilidad fáctica— con la muerte del niño M.P, previas las consideraciones que a continuación se exponen:

23.1. En primer lugar, para la Sala es claro que la muerte del menor M.P no fue causada directamente por la acción de algún agente o agentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y lo que se alega en el libelo introductorio —y en el recurso de apelación presentado por la parte demandante— es que la entidad demandada incurrió en omisión al no proteger la vida del niño fallecido.

23.2. Sin embargo, en el presente caso, aún cuando está demostrado que la muerte del occiso fue producida por la acción de un tercero —de identidad y origen no identificados—, esa situación no absuelve de responsabilidad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues dicha entidad tenía pleno conocimiento de que el niño padecía peligro de muerte, situación que fue informada por la madre del menor y que no fue atendida con la debida prontitud.

23.3. En este punto, la Sala considera que la omisión en la que incurrió el ICBF al no dispensar la protección adecuada al menor, a sabiendas del peligro que este corría, raya con los parámetros de lo que el derecho penal ha definido como acción por omisión, y debe generar responsabilidad a cargo de la entidad, como si esta hubiese sido la directa causante del hecho generador del daño que en esta oportunidad se reclama por los demandantes.

23.4. Al respecto la jurisprudencia de esta corporación, cuando analizó casos en los que el daño ha sido causado por terceros, ha desestimado esa situación como eximente de responsabilidad, siempre que quede demostrado que fue la omisión de la entidad demandada la que facilitó la acción de quien fue directo causante del daño, caso en el cual es posible imputar responsabilidad al Estado por ese tipo de hechos. Así se dijo en la sentencia del 29 de agosto de 1996:

La demostración de estos hechos permite concluir la responsabilidad de la Nación - Policía Nacional, por falla en la prestación del servicio de vigilancia en la población de El Castillo Meta, donde a pesar de las circunstancias de especial peligro que enfrentaba la población ante el ataque de subversivos, se levantó el puesto de policía y se fueron de la región.

Es función de la Policía Nacional procurar la seguridad de la vida, honra y bienes de los asociados. El asociado no espera que en caso de ataque por parte de la delincuencia, el organismo encargado de garantizar su vida, su seguridad, desaparezca del sitio porque pueden volver a ser atacados.

Esa actitud implica un incumplimiento total de las funciones que competen a esa institución, la cual justamente está para actuar, en especial frente aquellas circunstancias que alteran el orden público y ponen en peligro la vida, honra y bienes de los asociados.

Dejar desprotegida una población como ocurrió en el caso que ahora se decide, a la merced de los delincuentes que tuvieron completa facilidad para asesinar sin que nadie se opusiera a ello, al juez de la población, constituye una evidente falla en el servicio por incumplimiento de la función que corresponde a esa institución.

En caso similar, con ponencia del señor consejero Carlos Betancur Jaramillo, la Sala dijo:

“No tiene ninguna razón justificativa el retiro del cuartel de la zona de los acontecimientos desde marzo de 1988 y menos después de todo lo que estaba ocurriendo en la región en materia de orden público, en donde según los testimonios los campesinos estaban a merced de organizaciones delincuenciales fuertes y bien armadas, (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, delincuentes comunes)”.

“Con lo precedente no quiere significarse que a cada finca en particular se le deba poner una protección especial por las autoridades. No; no habría presupuesto ni personal para tal cometido. Pero de esto no puede concluirse que vastas zonas del país, como la que cobija esta demanda, puedan dejarse abandonadas a la buena de Dios, para que la delincuencia cumpla en ellas, sin oposición alguna, la aventura de gobernar, juzgar y condenar”.

“La autoridad legítima no puede tolerar semejante omisión, a menos que quiera conformarse, para pasmo de propios y extraños, con un monstruoso, inconcebible e inconstitucional cogobierno”(37).

23.5. Así las cosas, teniendo en cuenta que era de conocimiento del ICBF que el fallecido niño M.P se encontraba en situación de peligro, era obligación de esa entidad disponer las medidas que fueran necesarias para proteger la vida del impúber, informando a las autoridades de policía sobre el peligro que se cernía sobre él, de conformidad con las facultades que eran atribuidas a la defensora de familia y demás funcionarios del instituto por las normas pertinentes del Código del Menor.

23.6. El defecto en el cumplimiento de esas funciones, indudablemente facilitó que las personas que perpetraron el homicidio tuvieran alcance al occiso, y lo cierto es que si el niño hubiera sido internado en alguna de las instituciones de “rehabilitación” que tenían convenio con la entidad, entonces no hubiera sido posible que la muerte del menor se produjera en las condiciones en que efectivamente acaeció, esto es, cuando dormía en la calle y carente de todo amparo por parte del Estado y de su familia.

23.7. Se advierte por la Sala que, para eximirse de responsabilidad, no le es dable al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar argumentar en su favor que no contaba con los mecanismos necesarios para la protección de M.P pues, según quedó reseñado en lo precedente, en el expediente se demostró que el ICBF contaba con el cupo necesario para internar al niño, pero prefirió darle el cupo a otro menor.

24. En vista de lo anterior, para la Sala es claro que en el presente caso se acreditaron todos los presupuestos para que pueda ser declarada responsabilidad a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por virtud de la muerte padecida por el niño M.P y los daños que de allí se derivaron para los familiares cercanos, pues estuvo demostrado que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio que tuvo relación causal con el daño cuya reparación se solicita en el presente caso, según se demostró en los párrafos anteriores.

4.3. Conclusión.

25. En el anterior orden de ideas, en el presente caso está demostrada la responsabilidad que le asiste al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la muerte del niño M.P, y habrá de condenársele a la indemnización de los perjuicios que surgieron de ese hecho dañoso. En relación con el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, como no se demostró que existiera responsabilidad a su cargo, la Sala se abstendrá de declarar la responsabilidad de dicha entidad por los daños aludidos por los demandantes. Las conclusiones anteriores implican la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

5. Liquidación de perjuicios.

26. Respecto del daño moral solicitado en la demanda, tasado en 1000 gramos de oro para la señora Juana María Palacios, y en 800 gramos de oro para cada uno de sus 3 hijos —hermanos de la víctima—, personas que acreditaron debidamente su parentesco con el occiso, puede inferirse, por aplicación de las máximas de la experiencia, que esas personas tenían un nexo sentimental con la víctima y que experimentaron dolor cuando el niño M.P fue asesinado, en las condiciones en que el asesinato sucedió.

26.1. Dentro del expediente fueron practicados los testimonios de los señores Luis Emilio Díaz García y Germán Becerra Gamboa, en los que se narran situaciones particulares relacionadas con la congoja que produjo la muerte del niño M.P a los hoy demandantes en reparación. Sin embargo, como en las consideraciones previas del presente fallo se demostró que tales testimonios adolecen de contradicciones que les quitan toda credibilidad, entonces no serán tenidos en cuenta para determinar la cuantía de la indemnización de perjuicios que deberá ser decretada en la parte resolutiva de esta sentencia.

26.2. Ahora bien, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Expediente 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se dijo por la Sala en la aludida sentencia:

En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme a lo expresado, hace no solo necesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de definir aspectos relativos a la valoración del daño moral.

Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.

Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgados de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, solo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia.

Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (...)(38).

26.3. En el presente caso, aunque no existen pruebas que refieran el dolor padecido por la señora Juana María Palacios por la muerte de su hijo, la Sala estima que la muerte de un hijo es una pérdida que ofende en grado sumo los sentimientos de una madre, sea cual sea la relación que esta haya tenido en vida con su hijo. Y en el caso particular, en el que la muerte se produjo de manera violenta, y en donde no fue posible esclarecer la verdad sobre los autores de la muerte del menor, es procedente reconocer una indemnización en la cuantía máxima que ha sido reconocida por la Sala en otras oportunidades —100 salarios mínimos legales mensuales vigentes—.

26.4. En relación con los 3 hermanos de la víctima, respecto de quienes tampoco aparece prueba en el expediente que demuestre el dolor por ellos padecido, la Sala presume la existencia del daño moral por virtud del parentesco de los demandantes con el occiso, y da aplicación al arbitrio judicial que rige este tipo de determinaciones. En ese orden de ideas, reconocerá a favor de cada uno de ellos una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

26.5. La Sala realizará la expresión en pesos de las anteriores sumas, en la parte resolutiva de esta sentencia.

27. En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, la indemnización de los mismos solo fue solicitada en la modalidad de lucro cesante, pero no se hizo una valoración concreta de ese tipo de perjuicio. De otro lado, dentro del expediente se practicaron los testimonios de los señores Luis Emilio Díaz García y Germán Becerra Gamboa, quienes narraron que el niño M.P le ayudaba a la señora Juana María Palacios con un puesto de venta de limones y aguacates. Igualmente los testigos narran que todo lo que el niño conseguía en sus actividades callejeras, lo entregaba a su madre para la manutención de ella y su familia.

27.1. Sin embargo, si se observa lo que se dijo en la parte motiva de esta providencia respecto de la coherencia y veracidad de dichos testimonios, es claro que no se puede derivar certeza sobre hecho alguno a partir de los mismos, razón por la cual esas pruebas no pueden tenerse como base para fijar el monto de una eventual indemnización de perjuicios materiales por el supuesto lucro cesante.

27.2. Del mismo modo, advierte la Sala que no se puede presumir que el fallecido niño M.P hubiera devengado el salario mínimo antes de haber sido asesinado, porque de acuerdo con el ordenamiento laboral está prohibido, por regla general, el trabajo de los menores de edad.

27.3. En el anterior orden de ideas, como no se acreditó que el niño M.P devengara emolumento laboral alguno, entonces no habrá lugar al reconocimiento de la indemnización de los perjuicios materiales por lucro cesante que se solicita en la demanda.

6. Costas.

28. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual se revocará en lo pertinente la sentencia de primer grado y, en su lugar, no se condenará en costas.

7. Reconocimiento de personería al apoderado de la parte actora.

29. A folios 334 y siguientes del cuaderno principal del expediente se observa que la señora Juana María Palacios confirió poder al abogado Carlos Uriel Murillo Vivas y, como dicho memorial cumple con los requisitos de ley, la Sala reconocerá personería para actuar a ese profesional del derecho.

30. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 25 de septiembre de 2000 proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala de Descongestión Antioquia Caldas Chocó, Sala Quinta de Decisión.

2. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por los perjuicios causados a los señores Juana María Palacios, M.A.A.P,M.A.P y R.A.P, con ocasión de la muerte su pariente, el niño M.P.

3. CONDÉNASE a la Nación - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a pagar las siguientes sumas de dinero a título de indemnización de perjuicios:

A) A favor de la señora Juana María Palacios, la suma de cuarenta y nueve millones ochocientos noventa y dos mil doscientos sesenta pesos pesos (sic) con seis centavos M/cte. ($ 49 892 260,6), por concepto de perjuicios morales por ella padecidos.

B) A favor de M.A.A.P, la suma de veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos M/cte. ($ 26 780 000), por concepto de los perjuicios morales por ella padecidos.

C) A favor de M.A.P, la suma de veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos M/cte. ($ 26 780 000), por concepto de los perjuicios morales por ella padecidos.

D) A favor de R.A.P, la suma de veintiséis millones setecientos ochenta mil pesos M/cte. ($ 26 780 000), por concepto de los perjuicios morales por él padecidos.

4. NIÉGANSE la pretensiones relacionadas con la responsabilidad del Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

5. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin costas.

7. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Se reconoce personería al abogado Carlos Uriel Murillo Vivas como apoderado de la parte actora, según poder conferido.

9. En firme la presente providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de primera instancia para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) En la demanda se estima la cuantía de la mayor pretensión —por concepto de perjuicios morales (fl. 2)— en mil gramos de oro (1000) equivalentes a $ 14 532 720 para la época de presentación de la demanda —diciembre 5 de 1997—. Por estar vigente en ese momento, se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes términos: “ART. 132.—En primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes procesos: (...) 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda ochocientos mil pesos ($ 800.000).// Cuando sea del caso, la cuantía para efectos de la competencia se determinará por el valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razonada, conforme al artículo 20, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil”.

(6) Así consta en certificación expedida por la Notaría Primera del Círculo de Quibdó (visible a fls. 14 de los dos expedientes acumulados), en el que consta que “... bajo el serial Nº 16573215 se encuentra registrado el nacimiento de M.P, nacido el día 24 de septiembre de 1981”, quien aparece como hijo de la señora Juana María Palacios. En el certificado no se registra el nombre del padre del niño.

(7) Se observa en el expediente certificado expedido por la Notaría Primera del Círculo de Quibdó, en el que consta que M.A.P es hija de Juana Palacios y, por tanto, hermana del occiso. Otro tanto consta respecto de M.A.A.P, Melisa Asprilla Palacios yR.A.P(ver fls. 15 y siguientes de ambos procesos acumulados).

(8) En el proceso se practicaron los testimonios de los señores Yeny Ricard Hurtado (fls. 123 y ss., cdno. 3180), Olivia Henao Castrillón (fls. 124 y ss., ibídem) y Julián Emiro Hinostroza Mosquera (fls. 127 y ss., ibídem), quienes eran funcionarios de la sede del ICBF en Quibdó —Chocó—. Todos los testimonios coinciden en afirmar que al niño M.P se le venía atendiendo desde que tenía 8 años. Igualmente coinciden en afirmar que M.P tenía problemas con el consumo de sustancias psicoactivas.

(9) Ver folios 127 y siguientes del cuaderno correspondiente al proceso inicialmente adelantado contra el ICBF.

(10) En el testimonio de la señora Olivia Henao Castrillón (fls. 124 y ss., cdno. 3180), se dice que “[r]egresando acá a Quibdó, y tengo entendido que el padrastro volvió y lo llevó a bienestar regional de Antioquia, para que allí lo trasladaran a la clínica Celsor, y de allí también se fugó, luego de todos estos actos, Mariano, regresa a Quibdó, y empieza a cometer actos delictuosos (...)”.

(11) Folio 167, cuaderno correspondiente al proceso 3180.

(12) Este hecho está confirmado por lo dicho en el ya citado testimonio del señor Julián Emiro Hinostroza Mosquera, quien manifestó: “... La doctora Luz Colombia Murillo, procuradora de familia se reunió con la Dra. Betzayda Ríos y la Dra. Silia Ester Castro Bueno, coordinadora del área de protección, quien me manifestó que la madre del menor estaba solicitando protección por los riesgos que él corría, para ello la Dra. Silia realizó varias llamadas a algunas instituciones para la consecución del cupo pero según informaciones por ella, me manifestó que no había logrado conseguir (...)”.

(13) La documentación correspondiente a la solicitud que la señora Juana María Palacios elevó ante la Procuraduría 23 Judicial de Familia de Quibdó, fue remitida en copia auténtica al presente proceso mediante Oficio 170 del 9 de septiembre de 1998, y es visible a folios 161 y siguientes del cuaderno 3180, así como a folios 105 y siguientes del cuaderno del Expediente 3178.

(14) Ya ha sido citado. La declarante era funcionaria del ICBF en Quibdó, y su testimonio es visible a folios 124 y siguientes del proceso 3180.

(15) La constancia de que el cupo sí se consiguió por parte del ICBF, aparece en el Oficio 51600-661-11-33280 del 11 de junio de 1996 (reposa en copia auténtica a fl. 170, cdno. correspondiente al proceso 3180), en el que se dice por el director regional del instituto en Armenia —Quindío—, que “[e]n octubre de 1995, la regional Chocó, solicitó telefónicamente, la mediación de esta regional para conseguir un cupo para el menor Mariano Rosero Roa (sic) en la institución Hogares Claret del municipio de Medellín. // Efectivamente el cupo se consiguió e inmediatamente se le informó a la regional Chocó para que adelantara los trámites pertinentes”.

(16) Mediante Oficio DRCH-10-1395-01304 del 13 de octubre de 1995 (reposa en copia auténtica a fls. 167 y ss., cdno. 3180), suscrito por la directora del ICBF en Quibdó, y dirigido a la Procuraduría 23 Judicial de Familia, se informó: “El ICBF contrató con la comunidad terapéutica de Manizales “Terciarios Capuchinos, los servicios de de desintoxicación para drogadictos, cupo este que tuvimos en cuenta en la red de prevención al maltrato, para ubicar al menor Mariano Rosero Roa (sic), pero ante los múltiples problemas de consumo de droga, el comité tuvo a bien darle la oportunidad a otro menor, ya que a Mariano, se le habían (sic) dado varias oportunidades en instituciones, evadiéndose de ellas (...)”.

(17) Reposa en copia auténtica a folios 75 y siguientes del cuaderno 3180.

(18) La descripción de los hechos en los cuales resultó muerto el niño M.P, se extrae de los documentos allegados al proceso por la Fiscalía General de la Nación mediante Oficio 888 del 6 de octubre de 1998 (fls. 177 y ss., cdno. correspondiente al proceso 3178). La misma documentación reposa a folios 44 y siguientes del cuaderno del proceso 3180.

(19) Copia auténtica del protocolo de necropsia fue allegada al presente proceso, mediante Oficio A.D.L. 98.018 del 26 de febrero de 1998, suscrito por el director seccional del Chocó del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que obra a folio 32 del Expediente 3178. En el expediente también se observa el acta de levantamiento del cadáver (fls. 188 a 196 del proceso 3180, fls. 55 y ss., cdno. 3178), a la que se anexan unas fotografías digitales. En una de esas fotografías puede verse la marca de la huella “al parecer de tenis de talla tenis en la espalda del menor...” (fl. 61).

(20) Ibídem, folio 33.

(21) Folios 171 y siguientes ibídem.

(22) Folios 180 y siguientes ibídem.

(23) Folios 188 y siguientes ibídem.

(24) El testigo menciona que uno de los agentes que dio muerte al occiso era “motilado y con colita”.

(25) Posteriormente el testigo manifiesta que en el lugar de los hechos recogió un casquillo de proyectil de arma de fuego, con inscripción de “indumil”, el cual entregó a los agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación que llevaron a cabo el levantamiento del cadáver. El hecho es confirmado por el testigo Gabriel Aleiza Albornoz (fls. 96 y ss., proceso 3178).

(26) En el expediente se observa Oficio 02526/COMAN-DECHO del 6 de marzo de 1998, suscrito por el comandante de la Policía de Chocó, en donde se informa al presente proceso que no se adelantó proceso disciplinario por la muerte de M.P.

(27) Ver folio 231 del cuaderno correspondiente al Expediente 3178.

(28) “ART. 52.—La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente el nombre del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina central. // En la sección específica se consignarán, además la hora y el lugar de nacimiento, el nombre de la madre, el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio; el nombre del profesional que certificó y el nacimiento y el número de licencia (...)”.

(29) De hecho, la preocupación de la señora Juana María Palacios por la suerte que corriera su hijo M.P, quedó demostrada por el dicho de los testigos que eran funcionarios del ICBF, y que manifestaron en el presente proceso que en alguna oportunidad la madre del menor, cuando se enteró que se había fugado de una de los centros de rehabilitación, le solicitó a los funcionarios del instituto que le devolvieran a su hijo. Al respecto véase el testimonio rendido por la señora Yenny Ricard Hurtado, reseñado en el acápite de hechos probados, visible a folios 123 y siguientes del cuaderno correspondiente al proceso 3180.

(30) El Decreto 2737 de 1989 fue derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006 “[p]or la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.

(31) “ART. 3º—Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la concepción. // Cuando los padres o las demás personas obligadas legalmente a dispensar estos cuidados no estén en capacidad de hacerlo, los asumirá el Estado con criterio de subsidiariedad”.

(32) “ART. 4º—Todo menor tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado asegurar su supervivencia y desarrollo”.

(33) “ART. 8º—El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de los organismos competentes, garantizará esta protección. // El menor de la calle o en la calle será sujeto prioritario de la especial atención del Estado, con el fin de brindarle una protección adecuada a su situación”.

(34) “ART. 20.—Las personas y las entidades, tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor”.

(35) “ART. 24.—Los organismos administrativos y jurisdiccionales, contarán con el apoyo obligatorio de la fuerza pública, cuando esta sea requerida para garantizar la eficacia de las medidas de protección adoptadas en beneficio del menor”.

(36) Aquí es pertinente poner de presente que, de conformidad con el numeral 14 del artículo 277 del antiguo Código del Menor, ejercer las funciones de policía que consagra ese estatuto, es una de las funciones atribuidas al defensor de familia adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 1996, C.P. Daniel Suárez Hernández, Expediente 11.394, actor: Rosalía Jurado Veloza y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), Belén González y otros - William Alberto González y otra, demandado: Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías —Invías—.