Sentencia 1997-03191 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 050012331000199703191-01 (28807)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Miriam del Socorro Jaramillo Valencia

Demandado: Ministerio de Transporte e Invías

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 11 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, en el caso sub examine, frente a lo cual, se tiene competencia funcional, porque se trata de una decisión proferida en primera instancia por un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(1).

Previo a decidir el asunto de fondo, resulta pertinente hacer un análisis de la cuantía para determinar si el recurso puesto a consideración tiene vocación de doble instancia, y para tal efecto se procederá de conformidad con la normativa aplicable al caso, siendo ésta la prevista en el artículo 132 Nº 10 del Código Contencioso Administrativo (modificado por el D. 597/88)(2). Se advierte que, conforme al estatuto procesal, el valor de las pretensiones al tiempo de presentación de la demanda señala la cuantía del proceso, sin tener en cuenta los intereses o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a aquella(3).

Pues bien, en ese contexto, la Sala observa que en las pretensiones de la demanda se depreca, como máxima solicitud económica individualizada, la suma de $13.460.000, correspondiente a los perjuicios materiales por la muerte del señor José Ocampo Martínez, quien era esposo y padre de las demandantes.

Ahora bien, para establecer si un proceso iniciado en el año 1997(4) contaba con segunda instancia, la pretensión formulada en la demanda debía ser igual o superior a $13.460.000 millones de pesos —reajuste de $ 3.500.000—; suma que se obtiene de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 597 de 1988, normativa aplicable al caso(5). Por lo tanto, comoquiera que el valor mayor corresponde a $13.460.000, se concluye que este proceso tiene vocación de doble instancia.

Pues bien, aclarado el punto referido a la competencia, a efectos de argumentar la decisión, se analizarán los siguientes temas: i) Legitimación en la causa por pasiva; ii) de los medios de prueba; iii) el daño antijurídico; iv) La fuerza mayor como eximente de responsabilidad; v) el caso concreto.

1. Legitimación en la causa por pasiva:

La red vial nacional viene a participar del concepto de bien de uso público, cuya titularidad le pertenece a la Nación. Al respecto, el artículo 63 de la Constitución Nacional, confiere las siguientes características a este tipo de bienes: inalienable, imprescriptible e inembargable, al disponer:

“ART. 63.—Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Por lo tanto, en razón a que comparte esa naturaleza de bien de uso público, y esas características, no podrá estar sujeta al vaivén de las propiedades de los particulares; en ese orden, los actos que sobre ella se ejecuten solo se podrán hacer por su único titular —la Nación—, tales como: construcción, adecuación, mantenimientos, modificación.

La Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, reconoce esta propiedad, al advertir en su artículo 12 lo siguiente:

“ART. 12.—Definición e integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del país, y de este con los demás países. Esta infraestructura está constituida por:

1. La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización, que se define de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.

b. Las carreteras con dirección predominante sur-norte, denominadas troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.

c. Las carreteras que unen las troncales anteriores entre sí, denominadas transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del literal a, que comuniquen con los países limítrofes o con los puertos de comercio internacional.

d. Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica, esta conexión puede ser de carácter intermodal.

e. Las vías para cuya construcción se ha comprometido el Gobierno Nacional con gobiernos extranjeros mediante convenios o pactos internacionales.

Con el propósito de que se promueva la transferencia de las vías que están hoy a cargo de la Nación hacia los departamentos, el Ministerio de Transporte adoptará los mecanismos necesarios para que la administración, conservación y rehabilitación de esas vías, se pueda adelantar por contrato.

Las carreteras nacionales podrán convertirse en departamentales a petición del departamento respectivo, si este demuestra la capacidad para su rehabilitación y conservación. (...)” (resalta y subraya la Sala).

Ahora bien, reconociendo a la Nación como el único titular de la red vial nacional, es pertinente aclarar que la creación y conservación de esta última, no es llevado a cabo por aquella, sino por entidades que se han creado para facilitar la operatividad de las funciones administrativas del Estado, lo que ha justificado la traída al mundo de lo jurídico de nociones como descentralización, desconcentración y delegación de funciones. Por lo tanto, es claro que el ejercicio de ese derecho de dominio no lo realizará la Nación directamente, sino mediante aquellos organismos que las leyes han señalado para representarla y que para el caso de la red vial nacional es, hoy día, el Instituto Nacional de Vías —Invías—, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte.

Este establecimiento público, aunque es de creación reciente —1992—, fue concebido en legislaciones anteriores, bajo el uso de otra denominación, lo cual tuvo lugar en el año de 1967, a través de la Ley 64, la que dio vida al Fondo Vial Nacional, y que en su artículo primero dispuso:

“ART. 1º—Con el propósito de mejorar y extender la red de carreteras nacionales, conservar y mejorar las vías fluviales y realizar con mayor eficiencia la inversión en las mismas, Créase el Fondo Vial Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, encargado de atender a los gastos que demanden el estudio, construcción, conservación y pavimentación de las carreteras nacionales, el estudio conservación y mejoramiento de las vías fluviales y de auxiliar al Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Más adelante, mediante Decreto 2862 de 1968, reglamentario de la ley en mención, acorde con la tendencia administrativa de segunda mitad del siglo XX, se reconoce al fondo como un establecimiento público y le confiere, en su artículo 4º, una variedad de funciones a desarrollar de manera directa o a través de contratos, en lo que se respecta a las carreteras nacionales, tales como: la realización de estudios, la ejecución de obras; la construcción, el mantenimiento y mejoramiento de vías; la adquisición de predios; la compra de maquinaria, equipos, materiales, etc.

Siguiendo el cambio institucional del Estado, el cual se fortaleció con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se incursionó en un proceso de reorganización estatal para adaptarlo al nuevo modelo, y en su artículo 20 transitorio se dispuso:

ART. TRANS. 20.—El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una comisión conformada por tres expertos en administración pública o derecho administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece (resalta la Sala).

En ese orden y facultades conferidas, se expidió el Decreto-Ley 2171 de 1992, a través del cual se reestructuró el Fondo Vial, el que mutó en denominación al de Instituto Nacional de Vías —Invías—(6), dándole como objetivo a este último la ejecución de las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que a carreteras respecta; infraestructura que fue claramente delimitada en el artículo 12 de la Ley 105 de 1993, como antes se expuso. Por su parte, el artículo 54 del mencionado decreto, asignó al instituto creado una serie de facultades relacionadas con la infraestructura vial de su competencia, expresión con la cual se aludía sin dubitación alguna a la de la Nación, como se menciona en el artículo 53.

Ahora bien, el decreto antedicho fue modificado parcialmente por el Decreto 2056 de 2003, en lo que respecta a las funciones del Invías; no obstante el cambió fue solo en apartarlo de la competencia de lo que concierne a la red vial concesionada, la que ahora sería del INCO. Pero en lo que guarda relación a la ejecución de obras sobre la infraestructura a su cargo, se dejó incólume. Respecto del objeto y funciones del Instituto, disponen los artículos primero y segundo:

“ART. 1º—Objeto del Instituto Nacional de Vías. El Instituto Nacional de Vías, Invías, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

ART. 2º—Funciones del Instituto Nacional de Vías. Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías desarrollará las siguientes funciones generales:

2.1. Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.

(…)”.

Así las cosas, del conjunto de normas citadas, se desprende que las asignaciones dadas al Fondo Vial Nacional, originalmente, y posteriormente asumidas por el Instituto Nacional de Vías —Invías—, le corresponderán a este último, quien se encargará de la ejecución de las obras de las carreteras nacionales y la administración de estas, de manera que hoy día es ese establecimiento público el que ejerce el derecho de dominio sobre esas vías, en nombre y representación de la Nación. Por lo tanto, teniendo claro las competencias fijadas al Invías, es claro que el Ministerio de Transporte —también demandado—, no es la entidad directamente responsable de adelantar las diversas acciones relacionadas con la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y conservación de la infraestructura vial a cargo de la Nación, careciendo en consecuencia este último, de legitimación en la causa por pasiva en el caso sub exámine, en la medida en que la red vial nacional y los taludes que la rodean, hacen parte del marco de acción del Instituto Nacional de Vías, como se expuso en párrafos anteriores, siendo obligación de ésta la construcción; mantenimiento, y señalización de los mismos.

2. De los medios de prueba.

Al proceso, para el establecimiento de los hechos relevantes, se allegaron los siguientes medios probatorios:

2.1. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor José Augusto Ocampo Martínez, expedido por la notaría única de Titiribí, Antioquia, en el que se informa como causas principales de la muerte: “choque traumático = múltiples heridas viscerales = traumas contusos múltiples” (fl. 2 cdno. 1 tribunal).

2.2. Copia auténtica del acta de levantamiento de cadáver del señor José Augusto Ocampo Martínez, realizado por la Inspección Municipal de Policía de Bolombolo Venecia - Antioquia. Del que se extraen las siguientes anotaciones:

“Descripción del lugar del hecho: sitio llamado “Sinifaná jurisdicción del municipio de Titiribí. Cuando pasaban por dicho lugar cayeron varias rocas, causando el accidente y el vehículo cayó a aguas de la quebrada Sinifinaná.

(…)

Descripción de las heridas: presenta oreja derecha mochada, cráneo lado derecho destrozado. Herida en la frente derecha de unos 9 centímetros. Herida en el cráneo parte de atrás de unos 4 centímetros. Herida en la ceja derecha. Herida en la mano derecha. El pie izquierdo quebrado con herida a la altura de la espinilla. La herida en el cráneo traserolado (sic) derecho.

(…)

Posible causa del accidente: desprendimiento de rocas a la carretera por donde transitaba el vehículo (fl. 98. cdno 1 tribunal).

2.3. Copia auténtica de la necropsia practicada al señor José Augusto Ocampo Martínez. Se transcribe lo pertinente:

“Modo de morir:

Choque traumático

Múltiples traumas viscerales politraumatizado.

Herida de naturaleza esencialmente mortal.

La muerte ocurrió entre 8 y 12 horas antes.

Esperanza de vida 20 años más” (fls. 111-113. cdno 1 tribunal).

2.4. Copia del comunicado Nº 739, del 25 de abril de 1997, elaborado por el Instituto Nacional de Vías, en el que se le informa a Corantioquia el accidente ocurrido, señalando como posibles causas del mismo el proceso de deforestación en la zona por parte de campesinos; y con ello, se alerta al instituto ambiental a fin de que realice un programa de deforestación (fl. 50 cdno. 1 tribunal).

2.5. Copia del comunicado Nº 740, del 25 de abril de 1997, elaborado por el Instituto Nacional de Vías, a través del cual, el instituto informa a la Alcaldía de Titiribí el accidente ocurrido, y se alerta al ente territorial a fin de que realice un programa de deforestación, en aras de evitar que eventos como ese vuelvan a ocurrir (fl. 51 cdno 1 tribunal).

2.6. Original del comunicado, del 25 de abril de 1997, elaborado por la Administración de mantenimiento vial - grupo 2 del Invías, en el que se informa al director regional de Antioquia —Invías— el accidente ocurrido. Se resalta del documento:

“Como ya es de su conocimiento el día 24 de abril se presentó un accidente en el K 58+620 de la vía La Mansa - Primavera jurisdicción de Titiribí, debido a la caída de rocas del talud superior que ocasionaron la muerte de cinco personas que transitaban por la vía.

(…).

Por considerar que la seguridad de los usuarios de esta vía está en peligro y que aunque no es inherente a la carretera, el I.N.V. debe alertar a las entidades de emergencia, cometidamente solicitamos que a través de esa regional se notifique y programe las medidas preventivas que sean necesarias. El personal de esta administración y el de la microempresa están disponibles para colaborar en lo que sea necesario” (fls. 53 y 54 cdno. 1 tribunal).

3. El daño antijurídico.

Establecido lo anterior, es pertinente advertir que, a pesar de que no obra en el proceso informe que dé cuenta del tipo de vehículo que se vio afectado, y del número de pasajeros que resultaron víctimas por el desprendimiento de la roca, para la Sala sí hay certeza respecto del evento, en la medida en que la entidad pública no controvirtió el hecho y, por el contrario, expresó que para el día del accidente sí acaeció el deslizamiento de rocas indicado, el cual cubrió un vehículo automotor, y allí perdió la vida el señor José Ocampo Martínez, lo que viene adicionalmente corroborado en las distintas comunicaciones elaboradas por el instituto(7), y dirigidas a autoridades ambientales, en las que informan los pormenores de lo sucedido y alerta en aras de que sean tomadas medidas de contingencia en coordinación conjunta, para así evitar que otro tipo de accidente, de esa naturaleza, tenga lugar en esa zona.

Así las cosas, de los medios reseñados se deduce, con claridad, que el día 24 de abril de 1997, en las horas de la mañana, se presentó un accidente en la Troncal del Café —carretera Albania - Bolombo—, consistente en el desprendimiento de rocas de la montaña, las cuales impactaron fatalmente con el vehículo en el que venía transportado el señor José Ocampo Martínez, quien perdió la vida al ser impactado en su humanidad, lo que también viene acreditado en el acta de levantamiento de cadáver y en la necropsia respectiva(8).

Bajo esta perspectiva, está acreditada la existencia de un daño antijurídico, en los demandantes, consistente en la afectación de derechos subjetivos en intereses legítimos, con motivo de la muerte de su padre y esposo, señor José Ocampo Martínez, en accidente por desprendimiento de rocas; daño que no estaban en la obligación de soportar, pues el ordenamiento jurídico no se los imponía, y menos los obligaba a tolerar los perjuicios irrogados.

4. Ahora bien, en aras de establecer la imputación del daño antijurídico a la entidad pública demandada —Invías—, es preciso en este punto examinar la excepción propuesta por la misma, toda vez que solicitó su exoneración respecto al caso concreto, alegando la existencia de una fuerza mayor, argumentando que el accidente obedeció a un hecho de la naturaleza que escapaba del conocimiento y previsión por parte del instituto, en tanto no existían antecedentes en la zona que advirtieran la inminencia de lo ocurrido. Sumado a que el origen del desprendimiento no tiene conexidad con su actuar, en la medida en que ello pudo obedecer a problemas de deforestación en la zona.

Pues bien, para estos efectos, se expondrán algunas particularidades de la causal eximente de responsabilidad propuesta y, posteriormente, su estructuración en el caso concreto.

— La fuerza mayor

La fuerza mayor es una de las especies que conforman el fenómeno jurídico denominado causa extraña, y que, al igual que el caso fortuito —excepto en los regímenes de imputación objetivos—, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, se erige como causal eximente de responsabilidad e impeditiva de imputación, comoquiera que, al constatarse la existencia de un daño antijurídico, y estructurarse a su vez una fuerza mayor, hay que concluir que este no es imputable al obligado y/o demandado.

Reconociendo que la jurisprudencia del Consejo de Estado trata la fuerza mayor y el caso fortuito, como instituciones jurídicas disímiles —aspecto que se abordará más adelante—, es preciso observar lo establecido al respecto, por el artículo 64 del Código Civil —subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1980—, que prescribe:

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto á que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Este es el cimento normativo de estas dos instituciones, y, aunque el desarrollo de estas figuras ha sido vía jurisprudencia, es precisamente esa disposición la que establece los presupuestos para considerar estructuradas ambas eximentes de responsabilidad, siendo estas, la imprevisibilidad y la irresistibilidad.

Hay que tener claro en este punto que, a pesar de que tanto la jurisprudencia como la doctrina especializadas en derecho privado entienden la fuerza mayor y el caso fortuito como una única causal exonerativa —“Teoría monista”—(9), la jurisprudencia contenciosa y la doctrina en la materia, sostienen la denominada “teoría dualista”, según la cual, hay que distinguir la fuerza mayor y el caso fortuito como dos instituciones jurídicas diferentes.

En este sentido, a pesar de que la jurisprudencia ha expuesto diversos criterios para argumentar tal distinción(10), hoy día encuentra sustento, únicamente, en la exterioridad o interioridad respecto al evento, actividad o servicio que produjo el daño antijurídico, lo cual exige, entonces, verificar si en el caso concreto este se produjo dentro o fuera del campo de acción o de la esfera jurídica propia del obligado y/o demandado. Sobre el particular, expresó la Sala:

“Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina(11) se entiende que la fuerza mayor debe ser:

1) Exterior: esto es que ‘está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aún indirectamente por la actividad del ofensor’.

2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho.

3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo(12).

“A su vez, el caso fortuito debe ser interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino porque proviene de la propia estructura de la actividad riesgosa, puede ser desconocido y permanecer oculto. En tales condiciones, según la doctrina se confunde con el riesgo profesional y por tanto no constituye una causa de exención de responsabilidad”(13) —negrilla original—.

En esa línea de pensamiento, cabe precisar que, tanto la fuerza mayor como el caso fortuito son especies de la eximente de responsabilidad denominada causa extraña, y, por tanto, tornan estéril la imputación de un daño antijurídico al obligado y/o demandado.

De otro lado, es necesario concluir que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Civil, es conditio sine qua non, para la estructuración de la fuerza mayor o del caso fortuito, según el evento, que confluya la irresistibilidad y la imprevisibilidad respecto al suceso que se pretende establecer como causa extraña o exonerativa de responsabilidad.

También hay que tener presente que, las particularidades y los elementos propios de la fuerza mayor y del caso fortuito impiden la catalogación y delimitación, de forma expresa, de los supuestos que las estructuran, por tanto, su constitución exige un examen riguroso en cada caso concreto. Así, en cada situación fáctica debe constatarse la presencia de los requisitos de la respectiva eximente, pues, a pesar de que pueda asimilarse a otras circunstancias afines, existe la posibilidad de que varíe el supuesto en diversos aspectos.

Bajo esta visión de las cosas, y considerando que la parte demandada alegó la existencia de una fuerza mayor en el caso concreto, es necesario recordar que su estructuración exige la confluencia de tres condiciones a saber: i) la exterioridad; ii) la imprevisibilidad; y iii) la irresistibilidad, respecto a la actividad, suceso o servicio que causó el daño(14); y de faltar uno de ellos, habrá que desestimar la constitución de la causal eximente y, consecuencialmente, examinar el fondo del asunto, de acuerdo con el régimen de imputabilidad aplicable al caso concreto.

Según lo expuesto, para examinar si el acaecimiento de una determinada circunstancia constituye fuerza mayor, es necesario observar, en primer término, lo concerniente a su exterioridad, comoquiera que, de concluirse que el suceso se presentó al interior del campo de acción o de la esfera jurídica propia del obligado y/o demandado, se estaría, posiblemente, en un evento de caso fortuito.

En lo que concierne a la primera condición, se tiene que un suceso o circunstancia es exterior, cuando es extraña o ajena al sujeto obligado y/o demandado, esto es, que su ocurrencia no es determinada por su accionar, ni siquiera, indirectamente. Se trata pues, de examinar la relación de dependencia entre el sujeto y el suceso, ya que si este se presenta por fuera de una relación de dependencia respecto a la actividad propia del obligado y/o demandado, es imperativo concluir su exterioridad.

En ese orden, se entiende por imprevisibilidad, aquella condición según la cual, el acaecimiento del suceso o circunstancia que produjo el daño antijurídico era impensado o insospechado, generando su ocurrencia repentina, efectos del todo sorpresivos. Sobre el particular, ha expuesto la doctrina:

“Por otra parte, es necesario que haya habido, rigurosamente, imposibilidad de prever el acontecimiento. Interesa, según se reconoce, guardarse aquí el acontecimiento. Interesa, según se reconoce, guardarse aquí de una exageración. En efecto, se está tentando de afirmar que todos los acontecimientos son previsibles, salvo aquellos que se producen por primera vez; y ¿no es sabido que no hay nada nuevo bajo el sol? Tal como puede ser el sentido de la noción; de imprevisibilidad. Decir que un acontecimiento era imprevisible significa que no había ninguna razón especial para pensar que se produciría ese acontecimiento. Una simple posibilidad vaga de realización no podía bastar para excluir la imprevisibilidad”(15) —resalta la Sala—.

Por su parte, la jurisprudencia entiende la imprevisibilidad en los siguientes términos:

“La imprevisibilidad que determina la figura, se presenta cuando no es posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer que es lo previsible resulta necesario considerar las circunstancias particulares del caso concreto; supone verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega el fenómeno liberatorio. (…).

“De igual manera, en sentencia proferida el 23 de junio de 2000, Expediente 5475, manifestó que deben tenerse en cuenta tres criterios sustantivos:

‘1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo’”(16).

Así las cosas, un hecho es imprevisible cuando, partiendo de la anormalidad en su ocurrencia, su acaecimiento no era probable y, por tanto, se produjo en condiciones de sorpresa y excepcionalidad.

Por último, la irresistibilidad “[s]e refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto”(17). Bajo este entendimiento, para que se estructure la fuerza mayor es preciso que, luego de constatar la exterioridad del suceso causante del daño antijurídico, y su imprevisibilidad, se examinen las posibilidades del sujeto para contrarrestar sus efectos, lo cual se advierte al observar que, a pesar de que se adoptaron las medidas pertinentes, y con la diligencia debida, fue inevitable la causación de los efectos, pues están por fuera de su control físico o material. Es así como, esta Sección —sentencia de septiembre 11 de 2003, Expediente 14.781—, citando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, expuso:

“La Sala de Casación Civil de la Corte en la providencia reseñada, sobre este requisito señaló:

‘La jurisprudencia de esta corporación, de igual manera, ha entendido que este elemento de la fuerza mayor ‘consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante los medios de defensa empleados por el deudor para eludirlo’ (sent. de dic. 13/62, G.J. C, pág. 262), como también que ‘Implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. La conducta del demandado se legitima ante el imperativo de justicia que se expresa diciendo: ad impossibilia nemo tenetur’ (sent. de mayo 31/65, G.J. CXI y CXII pág. 126).

“Irresistible, también ha puntualizado la Sala, es algo ‘inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias’ (Sent. de ene. 26/82, G.J. CLXV, pág. 21)”.

Cabe señalar en este punto que, la irresistibilidad respecto a los efectos del suceso no se verifica con la existencia de una “dificultad” para contrarrestarlos, por compleja que esta sea, comoquiera que, aunque en este último caso, el sujeto obligado y/o demandado tenga que realizar un esfuerzo máximo para evitarlos, incurriendo, incluso, en altos costos, y en actividades más gravosas, no se trata de aspectos o fenómenos insuperables, y, por ende, no se configurará la fuerza mayor(18).

Igualmente, hay que tener claridad en cuanto a que, tanto la imprevisibilidad como la irresistibilidad, deben examinarse respecto a los efectos producidos por el suceso o acontecimiento exterior, y no frente al fenómeno como tal. Así, se prescindirá de analizar las condiciones propias de la causa, para determinar las de sus consecuencias, que son, en últimas, las que permitirán concluir la constitución de la eximente de responsabilidad. A esta conclusión ha llegado la Sección en oportunidades anteriores, donde expuso al respecto:

“La fuerza mayor sólo se demuestra: ‘... mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito...’(19)”.

Posteriormente, en sentencia de noviembre 27 de 2002(20), indicó:

“Observa la Sala que la Nación en dicha defensa se limitó a alegar la causa del hecho externo (presencia del tronco por la corriente y fuertes corrientes del río) pero aunque comprobó la presencia del tronco no indicó en la demanda ni tampoco probó dentro del juicio que ese hecho externo EN SU EFECTO se hizo irresistible e imprevisible para el Estado, el cual es indispensable para tener por probada la exonerante aducida, porque, como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, la fuerza mayor que exonera es sólo aquella que en su EFECTO se hace irresistible e imprevisible (vis major), es decir que genera imposibilidad absoluta; ‘la irresistibilidad radica en que ante las medidas adoptadas, le fue imposible al deudor evitar que el hecho se presentara, por escapar por entero a su control’. (…)

“Por lo tanto la prueba relativa a la presencia de un tronco que bajaba por la corriente no se erige en demostrativa por si sola de la causa irresistible e imprevisible para el Estado, de imposibilidad manifiesta de impedir el naufragio. Se resalta que la fuerza mayor como exonerante no la constituye el simple hecho externo como causa, sino una cualidad que va más allá de este hecho, como es otro: el imposibilitante de detener los efectos dañinos” —subrayas y mayúscula originales—.

Considerando, entonces, que la imprevisibilidad e irresistibilidad se predican de las consecuencias o efectos producidos, y no del fenómeno o causa respectiva, es necesario concluir, con fundamento en todo lo expuesto, y de cara a las particularidades del caso concreto, que la primera de estas dos categorías en mención no se realiza —asunto que se explicará más adelante—, descartando en consecuencia la segunda, en tanto vienen íntimamente ligadas a los efectos del suceso, siendo la primera, preventiva; y la segunda, impeditiva de las consecuencias. Por lo tanto, descartada la configuración de estas dos condiciones, se tendrá como no configurada la causa extraña por fuerza mayor, y, en ese orden, el obligado y/o demandado se declarará responsable, comoquiera que el daño antijurídico le es imputable.

— El caso concreto

Teniendo claridad sobre las circunstancias fácticas en que se produjo el daño antijurídico examinado, es necesario resolver la excepción propuesta por la parte demandada, quien consideró que aquél no le era imputable, debido a la estructuración de una fuerza mayor. En este sentido, con fundamento en los medios de conocimiento que obran en el proceso, se procederá a hacer el estudio configurativo de la causal, frente a los requisitos señalados.

De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que el suceso o circunstancia acaecida en el caso concreto, esto es, el desprendimiento de unas rocas del alud, que se precipitaron sobre el vehículo en el que se desplazaba el señor José Ocampo Martínez el día del accidente, fue exterior o ajena a la entidad pública demandada, en tanto su actuar —positivo o negativo—, no determinó su acaecimiento, pues se trató de un fenómeno natural que desbordó la esfera jurídica o campo de acción de la administración, representada por el Instituto Nacional de Vías.

Así, forzoso es concluir que no dependía del Invías la ocurrencia del fenómeno natural que se presentó en la zona del accidente el día de los hechos, pues escapaba del todo a su alcance y determinación, sobrepasando el marco de la demandada, lo cual lleva a definir tal circunstancia —el desprendimiento de rocas— como un asunto exterior a su actuar administrativo.

Ahora bien, configurada la primera condición requerida para la estructuración de la fuerza mayor —la exterioridad—, es preciso establecer lo concerniente a la imprevisibilidad, considerando que esta se examina respecto a los efectos del fenómeno o suceso exterior acaecido el día del accidente, esto es, frente a la previsibilidad de las consecuencias generadas por el desprendimiento de las rocas que se precipitaron a la carretera.

De esta forma, al examinar el sub judice, se observa que los efectos de la caída de las rocas del talud, se concretaron en el accidente ocurrido en la Troncal del Café, a la altura de la carretera Albania - Bolombolo K 58+600. Por lo tanto, considerando esa situación, es que se analizará la previsibilidad por parte de la entidad demandada.

Bajo esta óptica, la Sala considera que este tipo de accidentes sobre la vía, en sectores señalizados como peligrosos de derrumbes, viene a ser un asunto totalmente previsible por la entidad que tiene bajo su guarda el mantenimiento de la misma, en tanto su marco de acción no solo comprende la ejecución de obras de prevención sobre la calzada, sino que se extiende a velar por la seguridad de los transeúntes, los que pueden verse afectados por este tipo de desprendimientos de tierras o de rocas; de allí que lo sorpresivo que caracteriza a este presupuesto de la eximente, no tiene cabida en este caso. Se observa como el Instituto Nacional de Vías, al enterarse del accidente, inicia gestiones de contingencia ante las distintas autoridades ambientales para alertar sobre la inminencia de estos accidentes, en aras de que se tomen las medidas pertinentes(21), realizando con ello su deber de protección. Pero para el caso que nos ocupa, fue un actuar tardío, en tanto su carácter reaccionario al evento dañoso; y no preventivo, lo que viene a constituir el objeto del reproche.

En casos similares, la jurisprudencia ha sido uniforme en exigirle al Instituto Nacional de Vías, por un lado, la idónea señalización de peligro en las zonas de alta inminencia de derrumbes, como una de las medidas para alertar a quienes transitan en las vías de su propiedad; y por el otro, la implementación de acciones de prevención para evitar que lo anunciado como peligroso se realice, presentándose con ello accidentes como el del caso sub exámine. En ese sentido prevalecen los siguientes pronunciamientos:

Sentencia del 20 de mayo de 1993. C. P. Daniel Suárez Hernández, Expediente 7776:

“En el sector donde se presentó el desastre, el diseño del talud fue errado, circunstancia que unida a la falta de acciones necesarias para el control y manejo de aguas existentes en el sitio, produjo el derrumbamiento del alud sobre la carretera. Las demandadas apoyan su defensa en el hecho de que si bien a ellas corresponde la construcción y sostenimiento de las carreteras, no les atañe el mantenimiento de las montañas ni de las cuencas hidrográficas. Este argumento no las puede eximir de responsabilidad porque el mantenimiento de una vía debe comprender la disposición de todas las medidas de previsión para evitar o por lo menos advertir debidamente la existencia de zonas de derrumbe. Y en este caso tiene menos fuerza el argumento de la defensa porque aquí lo que sepultó el bus fue el alud que se derrumbó porque al realizar la construcción de la vía no se tuvo la previsión de efectuar el corte con un ángulo de talud adecuado tanto con la composición geológica del terreno, como con el clima húmedo tropical de altas precipitaciones fluviales, (...). Así las cosas, la sala encuentra que las demandadas deben responder por los daños antijurídicos que sufrieron los demandantes con ese desastre, porque fallaron en la prestación del servicio, falla que empezó desde el mismo momento en que se construyó la carretera y que se agravó con la falta de control sobre las aguas y la falta de señalización en relación con el peligro de derrumbe que existía en el sitio”.

Sentencia del 20 de septiembre de 2007. C. P. Ruth Stella Correa, Expediente 15740:

“De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, el daño originado como consecuencia de un deslizamiento de tierra es imputable al Estado en los eventos en los cuales el hecho se causa por la omisión, o defectuosa señalización de las vías públicas, o cuando se produce un deslizamiento intempestivo de tierra el cual exigía la instalación de señales preventivas, o cuando no se realiza la señalización de vías que se encuentren en reparación o en sitios que sean considerados de alto riesgo, o cuando existe omisión por parte de la administración en la ubicación de medidas preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vías públicas(1).

(…)

La Sala considera que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el daño es imputable al departamento del Tolima por omisión de colocar señales preventivas que advirtieran sobre los riesgos de deslizamientos en la vía y por la omisión de construir obras civiles que evitaran los deslizamientos”.

Sentencia del 21 de febrero de 2011. C. P. Gladys Agudelo Ordóñez, Expediente 17520:

“En relación con la responsabilidad que se le imputa al Invías, por haber omitido las correspondientes medidas de seguridad en el sector conocido como El Tabor, lugar en el cual ocurrió un derrumbe de grandes proporciones que cobró la vida de varias personas, habría que decir que en aquellos casos en los cuales se debate la responsabilidad del Estado como consecuencia del incumplimiento del deber legal de la administración, de mantener en óptimo estado de conservación, mantenimiento, señalización y seguridad de las vías públicas, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio. En efecto, la omisión de un deber legal que ha dado lugar a un resultado dañoso configura una falla en la prestación del servicio.

(…)

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º, inciso 2º, de que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (…) Constituye un deber imperativo del Estado la utilización adecuada de todos los medios que se encuentran a su alcance en orden a cumplir el cometido institucional; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia, no es posible que resulte comprometida su responsabilidad”.

Volviendo al caso concreto, y en consonancia con lo expuesto, cabe preguntarse: ¿de acuerdo con lo anterior, puede concluirse que el accidente derivado del deslizamiento de rocas que se produjo en la zona, en el que murió el señor José Augusto Ocampo, era previsible para la entidad demandada?

Para la Sala la respuesta al interrogante anterior es afirmativa, en la medida en que el desprendimiento de rocas o posibles movimientos de tierra en la zona del accidente, era una circunstancia conocida por la administración, dada la señalización de peligro por ella misma instalada en ese lugar, lo que permite concluir que, previamente, el instituto tenía conocimiento de la inminencia del peligro, por lo tanto, tenía la obligación de llevar a cabo el mantenimiento del talud de la zona, con medidas de prevención, y de protección para quienes se sirven de la vía circundante al mismo. De igual manera, debió alertar a las autoridades ambientales ex ante del suceso fatal, y no posteriormente, como lo hizo en el caso de autos, estructurándose con ello la omisión constitutiva de falla del servicio, al incumplir contenidos obligacionales a su cargo, actuar negativo que incidió en el hecho que hoy nos ocupa.

Sobre la existencia de señalización de peligro en el lugar de los hechos, figuran las siguientes declaraciones:

Al respecto, el señor Pedro Alejandrino Tangarife Velásquez declaró:

“PREGUNTADO: ¿Qué señalización tenía el tramo? RESPONDE: El tramo tiene buena señalización sobre peligro sobre caída de piedras” (fl. 84 cdno. 1 tribunal).

Sobre el mismo cuestionamiento, el declarante Carlos Arturo Cortés Restrepo respondió:

“PREGUNTADO: ¿Qué señalización le conoce ud. a ese tramo de carretera y desde cuando existen? RESPONDE: Esas señalizaciones existen desde que yo empecé a trabajar ahí y mucho antes habían muchas señales ahí. PREGUNTADO: ¿Qué tipo de señalización? RESPONDE: La señalización son a los lados, en toda curva hay señales, donde hay derrumbes hay señales; donde hay desprendimiento de roca se coloca una señalización que diga peligro” (fl. 87 cdno. 1 tribunal).

Así las cosas, no se cumple, entonces, con la segunda condición requerida para la estructuración de la fuerza mayor alegada por la entidad demandada, pues, a pesar de constatarse la exterioridad del movimiento de rocas en la montaña, sus efectos fueron previsibles para la administración, quien era consciente de la proclividad de la zona a los accidentes por deslizamientos. Por ende, considerando que, para la estructuración de la fuerza mayor deben confluir la exterioridad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad, y que en el caso concreto, el evento acaecido era totalmente previsibles para el Instituto Nacional de Vías, forzoso es concluir que no se presentó una causa extraña, por fuerza mayor, que impida la imputación del daño antijurídico en su contra.

De esta forma, la Sala concluye que el daño antijurídico examinado supra es imputable al Instituto Nacional de Vías a título de falla en la prestación del servicio, al no haber realizado las obras requeridas y necesarias para evitar y contrarrestar los deslizamientos que se presentaban en la zona del accidente, y que, en todo caso, eran previsibles. Es por ello que, hay que tener como causa del daño, la falla de la demandada, quien incumplió con sus obligaciones de mantenimiento y conservación de las vías nacionales(22).

Se tiene, entonces, que, fue la omisión de la administración para evitar el accidente y contrarrestarlo, la causa del daño irrogado al patrimonio económico de los demandantes.

5. Indemnización de perjuicios.

En cuanto a los perjuicios materiales, se tiene que los demandantes solicitaron su reconocimiento en la modalidad de lucro cesante a favor de la cónyuge, María del Socorro Jaramillo y su hija, Daniela Ocampo Jaramillo; en consecuencia, por encontrarse debidamente acreditado el parentesco(23) se procederá a su liquidación, a partir del 24 de abril de 1997.

Como para el reconocimiento del lucro cesante con motivo de la muerte del señor José Ocampo Martínez, se aportó prueba del valor del salario que recibía al momento del accidente(24), esto es, $1.376.040, se procederá a liquidarlo con base en esa suma. Por tanto, se tendrá como salario, el devengado al momento de la ocurrencia de los hechos, el que actualizado arroja una suma de $3´833.565(25) valor que será incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, y disminuido a su vez en otro 25% por concepto de gastos propios, arrojando con ello, la suma de 3´593.967.

Así, la renta actualizada se dividirá en atención a que la cónyuge sería la beneficiaria en un 50% y la hija en el otro 50%, dándonos un valor de $1´796.983.

5.1. Indemnización de María del Socorro Jaramillo Valencia:

En calidad de cónyuge de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos períodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (24 de abril de 1997) hasta la actual (12 de febrero de 2014), para un total de 201,6 meses; y el otro, futuro, que corre a partir de la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable(26), para un total de 284,76 meses. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

 

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S = $613´374.125

Futura o anticipada:

 

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S = $ 276´568.481

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $889´942.607 correspondiente al lucro cesante para la señora María del Socorro Jaramillo Valencia.

5.2. Indemnización de Daniela del Jesús Ocampo Jaramillo:

En calidad de hija de la víctima, tiene derecho a una indemnización que comprende dos períodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha del hecho (24 de abril de 1997) hasta la actual (12 de febrero de 2014), para un total de 201,6 meses; y el otro, futuro, que se cuenta desde la fecha de la presente sentencia hasta el día en que cumpliría los 25 años(27), para un total de 32,9 meses, pues se supone que hasta ese momento su padre se haría cargo económicamente de ella. De lo anterior resulta:

Debida o consolidada:

 

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S = $ 613´374.125

Futura o anticipada:

 

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S = $54´508.039

Sumados los valores de la indemnización debida y futura, se obtiene un total de $667´882.162 correspondiente al lucro cesante para la joven Daniela de Jesús Ocampo Jaramillo.

5.3. Perjuicios morales

En relación con el perjuicio moral, la Sala de manera reiterada(28) ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral. En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer, vía presunción de aflicción, perjuicios morales a favor de los demandantes que hayan acreditado el parentesco o un vínculo afectivo con el occiso.

Así las cosas, se reconocerán este tipo de perjuicios para todos los demandantes, previa aclaración de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, y ha considerado que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y con apoyo en el arbitrio juris, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(29).

Comoquiera que en el sub judice la demandada no desvirtuó la presunción de aflicción, habrá que decretar el perjuicio solicitado, según el arbitrio judicial, para lo cual es imprescindible tener en cuenta la prueba de la relación de consanguinidad, entre la víctima, su cónyuge y su hija.

En el asunto sub examine, se tiene que José Augusto Ocampo Ramírez es esposo de la señora Miriam del Socorro Jaramillo, y padre de Daniela de Jesús Ocampo Jaramillo, según dan cuenta los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles a folios 3 y 4 del cuaderno 1.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la muerte del señor José Ocampo Ramírez, se impone decretar la máxima tasación de este perjuicio, por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada una de las demandantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 11 de mayo de 2004, proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia. Y su lugar se dispone:

1. Declárase a la Nación —Instituto Nacional de Vías— patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a las demandantes con ocasión de los hechos narrados en la demanda.

2. Condénase a la Nación —Instituto Nacional de Vías—, a pagar a la señora Miriam del Socorro Jaramillo las siguientes sumas:

2.1. Por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado y futuro—, la suma de ochocientos ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos siete pesos ($889´942.607).

2.2. Por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 SMMLV.

3. Condénase a la Nación —Instituto Nacional de Vías—, a pagar a la joven Daniela de Jesús Ocampo Jaramillo las siguientes sumas:

3.1. Por concepto de perjuicios materiales —lucro cesante consolidado y futuro—, la suma de seiscientos sesenta y siete millones ochocientos ochenta y dos mil ciento sesenta y cinco pesos ($667´882.165)

3.2. Por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 SMMLV.

4.- Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

5.- Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 115, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Decreto 01 de 1984. Código Contencioso Administrativo. Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este código.

(2) Código Contencioso Administrativo. Artículo 132. Modificado por el Decreto 597 de 1988, artículo 2º. “En primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes procesos:

(…)

10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, cuando la cuantía exceda de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000.00).

La competencia por razón del territorio y la cuantía se determinará de conformidad con lo previsto por el artículo 131, numeral 10, incisos segundo y tercero de este código.

(3) Código de Procedimiento Civil. Artículo 20. Numeral 1º.

(4) La demanda fue presentada el 26 de noviembre de 1997.

(5) Decreto 597 de 1988. Artículo 4º. Las cuantías y su reajuste. Los valores expresados en moneda nacional por este Código, se reajustarán en un cuarenta por ciento (40%), cada dos años, desde el primero (1º) de enero de mil novecientos noventa (1990), y se seguirán ajustando automáticamente cada dos años, en el mismo porcentaje y en la misma fecha. Los resultados de estos ajustes se aproximarán a la decena de miles inmediatamente superior.

La vigencia de los aumentos porcentuales a que se refiere el inciso anterior, no afectará la competencia en los asuntos cuya demanda ya hubiese sido admitida”.

(6) ART. 52.—Reestructuración del Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías. Reestructúrase el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías, establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte. (…).

(7) Folios 50-54. Cuaderno 1. Tribunal.

(8) Folios 98 y 113. Cuaderno 1. Tribunal.

(9) Ver, en este sentido: Mazeaud Henri, Mazeaud, León y Tunc André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, tomo II, vol. II, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1963; Valencia Zea. Arturo. Derecho Civil. De las obligaciones. Tomo III, 8ª ed., Temis, Bogotá, 1990; entre otros.

(10) Al respecto, esta Sección, en sentencia de agosto 29 de 2007, Expediente 15.949, expuso: “Varios han sido los criterios ensayados en la jurisprudencia con base en la doctrina sobre la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor. Así, se ha dicho que: (i) el caso fortuito es un suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño; mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad; (ii) hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida; (iii) la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad, y la de la fuerza mayor en la irresistibilidad, y (iv) el caso fortuito se relaciona con acontecimientos provenientes del hombre y la fuerza mayor a hechos producidos por la naturaleza”.

(11) Peirano Facio. Jorge. Responsabilidad Extracontractual. 3ª ed. Temis. Bogotá. 1981. Págs. 451 a 459 —cita original—.

(12) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de noviembre de 1962 —cita original—.

(13) Sección Tercera, sentencia de febrero 26 de 2004, C. P. Germán Rodríguez Villamizar. Expediente 13.833.

(14) Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación expuso: “La fuerza mayor se caracteriza, pues, por la reunión de esas diferentes condiciones [exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad], y tiene como consecuencia la exoneración, en todos los sistemas de responsabilidad (culpa, presunción de culpa y aún en las hipótesis de responsabilidad sin culpa). La exoneración será total si el acontecimiento constitutivo de fuerza mayor es la causa exclusiva del daño” (sent. de jul. 13/99, Rad. AC-7715).

(15) Mazeaud Henri, Mazeaud, León y Tunc André. Ob. Cit. Pág. 178.

(16) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de septiembre 11 de 2003. C. P. Ricardo Hoyos Duque. Expediente 14.781.

(17) Ibídem.

(18) Sobre el particular, expone la doctrina: “Desde el instante en que exista un medio para cumplir con la prestación prometida, sean cuales sean los sacrificios que deba consentir para obtenerlo, permanece obligado, se halla incurso en culpa, no existe fuerza mayor. (…) En esta tesis se opone la imposibilidad a la simple dificultad, por no constituir esta última el obstáculo insuperable exigido para que exista fuerza mayor” (Mazeaud Henri, Mazeaud, León y Tunc André. Ob. Cit. Págs. 172 y 211).

(19) Sentencia de junio 15 de 2000, Expediente 12.423. Esta posición se reiteró en Sentencia de mayo 2 de 2002. C. P. María Elena Giraldo Gómez. Expediente 13.477.

(20) Sentencia de noviembre 27 de 2002. C. P. María Elena Giraldo Gómez. Expediente 13.090.

(21) Folios 50, 51, 53 y 54. Cuaderno 1. Tribunal.

(22) Sobre el particular, la doctrina señala: “En esa investigación tendrán que examinar la cuestión de determinar si el caso de fuerza mayor, cuando sea la consecuencia de la culpa del demandado, puede ser considerado como causa verdadera del daño. La respuesta no es dudosa. La causa verdadera del daño reside entonces en la culpa del demandado, no en el acontecimiento que resulta de esa culpa. Al exigir que la fuerza mayor no sea “imputable” al demandado, no se hace sino formular ese principio” (Mazeaud Henri, Mazeaud, León y Tunc André. Ob. Cit. Pág. 225).

(23) Registros de nacimiento y matrimonio. Folios 3 y 4. Cuaderno principal. Tribunal.

(24) Folio 5 del cuaderno principal. Tribunal.

(25) Actualización del salario certificado a folio 5 del expediente principal:

 

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(26) El señor José Ocampo Ramírez contaba con 36 años para la fecha del accidente, según folio 111 del cuaderno principal, quedando una probabilidad de vida de 40,53 años, según la Resolución 0497 de 1997.

(27) Cumpliría 25 años el 27 de octubre de 2016, de acuerdo al certificado de nacimiento que obra a folio 4 del expediente principal.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, Expediente 18586, del 13 de agosto de 2008, Expediente 17042, y del 1º de octubre de 2008, Expediente 27268.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.