Sentencia 1997-03238 de mayo 2 de 2013

 

Sentencia 1997-03238 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso: 200012331000199703238 01

Rad. 46377

Ref.: Grado jurisdiccional de consulta. Reparación Directa.

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

Actor: Mireya del Carmen Rodríguez Mendoza y otros.

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

Corresponde a la Sala considerar el trámite del grado jurisdiccional de consulta respecto del auto del 24 de enero de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual se liquidó la condena en abstracto fijada en sentencia de fecha 28 de febrero de 2011 proferida por el Consejo de Estado en segunda instancia.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a determinar la procedencia, o no, de surtir el grado jurisdiccional de consulta en el presente asunto.

En relación con el grado jurisdiccional de consulta, el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, prevé:

“ART. 184 (modificado por la L. 446/98, art. 57) Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.

Las sentencias que impongan condena en abstracto solo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior (se subraya y se destaca).

De la norma legal antes transcrita, en lo que se refiere al caso concreto, para la procedencia de la mencionada figura se requiere lo siguiente:

1. Que se trate de sentencias proferidas en primera instancia, esto es que el proceso tenga vocación de doble instancia, en razón a la cuantía del mismo.

2. Que la condena impuesta por el a quo dentro de la sentencia, sea superior a 300 smlmv, a cargo de cualquier entidad pública.

3. Que la sentencia de primera instancia no haya sido apelada.

En relación con el primer presupuesto, para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta se requiere que el proveído objeto de este trámite sea una sentencia, esto es una decisión que resuelva sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuera la instancia en que se pronuncien (CPC art. 302), de manera que, contrario sensu, los autos o únicamente las providencias de esta naturaleza no pueden ser objeto del grado jurisdiccional de consulta y, por tanto, su trámite resulta improcedente.

De igual forma, de conformidad con este primer presupuesto, solo las sentencias dictadas en primera instancia pueden ser objeto de este trámite en especial.

Lo anterior guarda relación con la finalidad del grado jurisdiccional de consulta, según la cual, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación:

“El grado jurisdiccional de consulta, no obstante no ser un recurso, permite al superior la revisión del fallo condenatorio en virtud de la imposición de una obligación a cargo del Estado, más propiamente, de las condenas que se imponen a las entidades públicas.

El artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, denota como fin indispensable que el juez de segunda instancia conozca de la sentencia condenatoria bien sea por vía de apelación o de consulta.

(...).

Con lo anterior resulta claro, que la consulta se estableció como un grado de protección al patrimonio estatal, permitiendo al juez superior examinar, sin restricciones, los aspectos perjudiciales a la administración”(1) (se destaca).

En el mismo sentido, según la doctrina:

“Aunque no es técnicamente un recurso, sí abre o implica un nuevo grado de jurisdicción, de forzoso cumplimiento frente a aquellas sentencias dictadas en primera instancia que impongan condenas en concreto a cargo de cualquier entidad pública, siempre que excedan de 300 salarios mínimos mensuales legales y no fueren apeladas.

Nuevo grado de jurisdicción que también se abre frente a las sentencias en abstracto dictadas igualmente en primera instancia, pero en este evento la consulta solo se hará con el auto que las liquide y siempre y cuando la condena exceda de los valores indicados atrás”(2).

Así las cosas dado que el grado jurisdiccional de consulta, a pesar que no se trata de un recurso, consiste en la revisión del fallo condenatorio que se impone en contra de una entidad pública, para el legislador esa revisión solo puede ser conocida por el juez superior, esto es el operador judicial de segunda instancia, con el fin de que este pueda estudiar, sin restricciones, los aspectos perjudiciales a la administración, claro está, en el evento en que la sentencia no hubiera sido apelada por parte alguna.

De manera que si el proceso correspondiente, según las normas generales de competencia, resulta de única instancia o la sentencia respectiva se profirió en segunda instancia, por las razones antes expuestas, no procederá el trámite del grado jurisdiccional de consulta.

Ahora bien, resulta pertinente distinguir dos hipótesis en relación con el tipo de condena que se trate, esto es:

i) Si se trata de una condena en concreto, de inmediato se abre paso al estudio de los demás presupuestos para la procedencia de esta figura, en especial que la condena supere los 300 smlmv.

ii) Por su parte, si se trata de una sentencia proferida en primera instancia que imponga una condena en abstracto, el inciso 2º del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, dispone:

“Las sentencias que impongan condena en abstracto solo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior” (se destaca).

Del anterior inciso se desprenden, a su vez, dos requisitos para que proceda la consulta tratándose de una sentencia que profirió una condena en abstracto:

a) Solo serán consultables las sentencias que impongan condena en abstracto junto —o de manera inescindible— con el auto que las liquide, de manera que, reiterando lo antes expuesto, no resulta procedente la consulta respecto, única y exclusivamente, de este último proveído.

b) En todo caso, además del requisito anterior, se requiere para que proceda la consulta que se presenten, en el caso concreto, los presupuestos del inciso primero del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, antes citado, esto es que la sentencia correspondiente hubiere sido proferida en primera instancia, que la condena supere los 300 smlmv. y que no hubiere sido apelada por alguna de las partes.

Cabe destacar que el trámite y la procedencia de la consulta en relación con las sentencias que se profieran en abstracto y los autos que liquiden esos perjuicios fueron, precisamente, circunstancias que motivaron el cambio de legislación con la modificación que para estos efectos fue introducida por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 respecto del texto original del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo. A continuación se evidencia el examen comparativo de los textos legales en mención:

Texto original del Código Contencioso Administrativo
“ART. 184.—Consulta. Las sentencias y los autos sobre liquidación de condenas en abstracto dictados en primera instancia que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública, deberán consultarse con el superior, cuando no fueren apeladas por la administración.
La consulta se tramitará y decidirá previo un término común de cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito.
La consulta se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades. La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado”.
(Se subraya y se destaca).
Texto modificado por la Ley 446
ART. 184.—Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.
Las sentencias que impongan condena en abstracto solo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior.
En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.
La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se efectuará una vez concluido el traslado común.
La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado
(se destaca).

En línea con lo anterior es preciso resaltar que el texto original del artículo 184 Código Contencioso Administrativo, establecía que todas las sentencias y/o los autos que condenaran en abstracto y no fueran apelados debían ser consultados ante el superior jerárquico; sin embargo, una de las modificaciones que introdujo la mencionada ley eliminó la posibilidad de que solo los “autos” que liquidaran una condena en abstracto pudieran ser objeto de consulta, puntualizando que la revisión oficiosa de este último proveído únicamente tendría lugar junto con la sentencia que profirió una condena en abstracto, siempre y cuando esta hubiere sido proferida en primera instancia y la condena —ahora liquidada— supere el monto equivalente a 300 smlmv.

En línea con lo anterior, la doctrina colombiana sostiene que la reforma “es más técnica y acata el principio de la economía procesal, ya que evita el doble trámite que se cumplía en el régimen anterior, en el cual debía consultarse en primer término la sentencia que imponía la condena en abstracto y luego el auto que la liquidara”(3) y que la motivación principal para hacer esa modificación se centró en el inciso segundo que hace énfasis en que las sentencias de primera instancia que condenan en abstracto solo serán consultadas junto con el auto que las liquide, no de forma independiente.

En consecuencia, de acuerdo con la ley, la jurisprudencia de esta corporación y la doctrina colombiana, la consulta en relación con el auto que liquide una condena en abstracto solo procede junto con la sentencia que la impuso, siempre que la condena ya liquidada supere los 300 smlmv, y que no hubiere sido apelada por parte alguna.

En el caso concreto se tiene que se acumularon pretensiones encaminadas a obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial de La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los perjuicios causados con ocasión de un accidente de tránsito producido el 26 de enero de 1997.

En el expediente reposa sentencia de primera instancia del 9 de mayo de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, según la cual se denegaron las pretensiones de la demanda (fls. 139-169, cdno. 8); inconformes con la anterior decisión los actores interpusieron y sustentaron sus recursos de apelación, los cuales fueron decididos por esta corporación en providencia del 28 de febrero de 2011, a través de la cual, entre otras decisiones, se profirió condena en abstracto (fls. 233-294, cdno. 8). Posteriormente se surtió el trámite de incidente de liquidación de perjuicios (fls. 65-81, cdno. ppal.), auto que no fue apelado por alguna de las partes.

En línea con lo expuesto, concluye la Sala que en el presente caso no procede el trámite de la consulta, comoquiera que se pretende surtir este trámite única y exclusivamente respecto de un auto de liquidación de perjuicios, circunstancia que no es posible en los términos del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.

Ahora bien, aún en el evento en que se entendiera que el trámite de la consulta se refiere tanto al auto que liquidó la condena en abstracto junto con la sentencia que profirió dicha decisión, tampoco procede la consulta dado que esta última providencia fue dictada en segunda instancia por esta corporación, situación que, como se ha expuesto de manera amplia, resulta improcedente.

Ciertamente, si se accediera al trámite de la consulta en esta hipótesis, sería aceptar la posibilidad de revisar, nuevamente, un proceso respecto del cual ya se surtieron todas las etapas que dispone la ley y conduciría a la incongruencia de que el juez que debe tramitar la consulta sería el mismo que profirió la sentencia en segunda instancia, circunstancia que resulta abiertamente contraria a la finalidad de la referida revisión oficiosa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. NO TRAMITAR el grado jurisdiccional de consulta respecto del auto del 24 de enero de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar.

2. En firme esta decisión, devuélvase al tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 25 de enero de 2007. Exp. 52001-23-31-000-1998-00210-01(16419), M.P. Enrique Gil Botero.

(2) Betancur Jaramillo Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Sexta Edición, Señal Editora, pág. 443.

(3) Betancur Jaramillo Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Sexta Edición, Señal Editora.