Sentencia 1997-03241 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad. 05001-23-31-000-1997-03241-01

Núm. Interno 0852-2013

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Marco Alfredo Pulido Salamanca

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. El problema jurídico.

Consiste en definir la legalidad de la Resolución 651 de 28 de julio de 1997, mediante la cual, el comandante del Ejército Nacional, con fundamento en los artículos 128, y 129, literal a), numeral 1º del Decreto 1211 de 1990, en concordancia con la Ley 14 de 1992, retiró al actor con pase a la reserva, por la inasistencia al servicio sin justa causa.

2.2. El acto demandado.

Resolución 651 de 28 de julio de 1997 del comandante del Ejército Nacional, que con fundamento en los artículos 128, 129, literal a), numeral 1º, en concordancia con la Ley 14 de 1992, retiró del servicio con pase a la reserva al sargento segundo Marco Alfredo Pulido Salamanca, por la inasistencia al servicio sin justa causa.

2.3. De lo probado en el proceso.

2.3.1. De folios 12 a 14 del expediente, obra la Circular 92352-CEDE-OF-197 de 7 de diciembre de 1996, en la que el comandante del Ejército Nacional estipuló que para el año de 1997 por cada cuatro (4) meses de servicio en operaciones, el personal tendría derecho a diez (10) días de licencia y el periodo de vacaciones sería de treinta (30) días calendario.

2.3.2. De folios 3 a 4 del expediente, obra copia de la Circular 7883-CEDIE-SL-355 de 21 de agosto de 1997, expedida por el comandante del Ejército Nacional, mediante la cual se dio instrucciones sobre el reentrenamiento y permisos para los soldados, estableciéndose que el personal de operaciones de contraguerrillas tendría diez (10) días de licencia por cada cuatro meses de servicio adicionales a las vacaciones anuales.

2.3.3. De folios 6 a 7 del expediente, obra la Orden 133 de 12 de junio de 1997, proferida por el comandante del batallón de contraguerillas “Granaderos”, a través de la cual, le otorgó al personal de la Compañía Centurión, una licencia de veinticinco (25) días contados desde esa fecha hasta el 8 de julio de 1997.

2.3.4. De folios 117 a 119 del expediente, obra copia de la Resolución 651 de 28 de julio de 1997, a través de la cual, el comandante del Ejército Nacional, retiró del servicio activo al demandante por haber vulnerado el artículo 30 del Decreto 1214 de 1990 que tipifica la causal de mala conducta de inasistencia al servicio sin justa causa.

2.3.5. A folio 11 del expediente, obra el Radiograma 71869 CEDE1-SB 1 de 2 de agosto de 1997, mediante el cual, se le informó al demandante que por medio de la Resolución 651 de 21 (sic) de julio de 1997 fue retirado del servicio activo, por no asistir a su puesto de trabajo entre los días 12 de junio y 8 de julio de 1997.

2.3.6. A folio 5 del expediente, obra copia del oficio de 2 de agosto de 1997, en el que el comandante del batallón de contraguerillas “Granaderos”, le informó al demandante que mediante Radiograma 71869 CEDE1-SB-109 se le comunicó que por Resolución 651 de 21 (sic) de julio de 1997, había sido retirado del servicio debido al abandono injustificado del cargo.

2.3.7. De folios 9 a 15 del expediente, obra declaración del capitán Saulo Vicente Daza Ochoa, de 14 de julio de 1997, en la cual manifestó que por órdenes del comandante del batallón de contraguerillas “Granaderos” le informó al demandante que no podía tomar la licencia que se le había otorgado; en consecuencia, debía ir a hablar con el comandante, y que pese a ello el sargento segundo Marco Alfredo Pulido Salamanca omitió tal orden.

2.3.8. De folios 101 a 102 del expediente, obra declaración del capitán Publio Vidal Becerra Molano, de 19 de marzo de 1998, donde manifestó que no escuchó que se le hubiese dado la orden al actor de no poder disfrutar de la licencia, que el comandante de la compañía solo dijo que debían regresar el ocho (8) de julio de 1997.

2.3.9. De folios 104 a 105 del expediente, obra declaración del soldado voluntario Ramón Antonio Zabala García, de 20 de marzo de 1998, donde manifestó que no había escuchado que se le hubiese dado la orden al demandante de no retirarse del batallón de contraguerillas “Granaderos”, ni que le hubieran suspendido la licencia.

2.3.10. De folios 126 a 127 del expediente, obra declaración del mayor Jesús María Clavijo Clavijo, de 14 de abril de 1998, en la cual manifestó que el demandante tuvo vacaciones de quince (15) días y cuando retomó nuevamente sus funciones, fue trasladado a la Compañía Centurión, donde tiempo después, se otorgó una licencia, pero por orden de la oficina de enlace de esa unidad, se le informó al actor que no podía disfrutar de ese permiso, ya que hacía poco había tenido vacaciones; sin embargo, el actor sin permiso del comandante del batallón de contraguerillas “Granaderos” se tomó dicha licencia.

III. Análisis de la Sala

Del retiro del servicio activo en las Fuerzas Militares por inasistencia injustificada al servicio

Los artículos 128, 129, literal a), numeral 8º, y 137 del Decreto 1211 de 1990, por medio de los cuales se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, disponen:

“ART. 128.—Retiro. Retiro de las Fuerzas Militares es la situación en que por disposición del gobierno para oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío o por resolución ministerial para los demás grados, o del comando de la respectiva fuerza para suboficiales, unos y otros, sin perder su grado militar, cesan en la obligación de prestar servicio en actividad, salvo en los casos de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización. Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia e inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.

PAR.—Los retiros por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del gobierno, para oficiales, se dispondrán en todos los casos por decreto del gobierno”. (Destacado por la Sala).

“ART. 129.—Causales de retiro. El retiro del servicio activo para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación.

a. Retiro temporal con pase a la reserva:

(...).

8. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.

(...)”.

“ART. 137.—Retiro por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada. Los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares serán retirados en cualquier tiempo del servicio activo, por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días(3) consecutivos sin causa justificada, o cuando acumulen igual tiempo en un lapso de 30 días calendario, sin perjuicio de la acción penal correspondiente”.

La Ley 14 de 1992 modificó, entre otras normas, el Decreto-Ley 1211 de 1990 y, en su artículo 2°, dispuso:

“ART. 1º—En todas las normas de los decretos-leyes 1211, 1212 y 1213 de 1990, en las que se mencione la causal de retiro “por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada”, se entenderá en lo sucesivo que esta se configura “por la inasistencia al servicio por más de diez (10) días sin causa justificada”, o cuando se acumule igual tiempo durante un lapso de treinta (30) días calendario”. (Destacado por la Sala).

De acuerdo con las disposiciones transcritas y en atención a la jurisprudencia de esta corporación(4) el comandante del Ejército Nacional tiene sobre el personal de la institución la facultad de retirarlo por inasistencia injustificada al servicio por un término superior a 10 días, según la reforma introducida a los decretos-leyes 1211, 1212 y 1213 de 1990, por la Ley 14 de 1992, sin que sea necesario el concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa.

La mencionada causal de retiro, es objetiva, en tanto se configura simplemente con la inasistencia injustificada del oficial o suboficial respectivo, es decir que, resulta independiente y distinta de las responsabilidades penal y disciplinaria.

Lo anterior porque, tal medida es simplemente administrativa al comportar efectos autónomos, distintos y menos gravosos que los derivados del ius puniendi estatal (derecho penal y disciplinario), y en ella, no se evalúa la antijuridicidad ni culpabilidad de la conducta, a saber, no se observa el daño causado o su magnitud ni la intencionalidad o voluntad de agente al momento de cometer la descripción típica.

En ese sentido, la referida normativa —artículo 1º de la Ley 14 de 1992, modificatorio del artículo 2º del Decreto-Ley 1211 de 1990—, no está sometida a condicionamiento subjetivo alguno, ya que, solo basta que la norma se materialice fácticamente, para que las autoridades mencionadas en el artículo 128 del Decreto 1211 de 1990 —previamente citado— puedan separar del servicio al miembro de las Fuerzas Militares que en ella incurra.

Esta previsión sin duda favorece el cumplimiento de las finalidades estatales(5) y tiene su explicación, para el especial caso de la Fuerza Pública(6), en el interés general que anima ese servicio público, el cual, no puede suspenderse por la dejación que haga un funcionario de sus deberes.

El caso concreto

La entidad apelante pretende demostrar que la inasistencia al servicio del demandante fue injustificada, en la medida en que, la licencia de veinticinco (25) días otorgada desde el 12 de junio al 8 de julio de 1997, a los miembros de la Compañía Centurión del batallón de contraguerrilla 4 “Granaderos” de la cuarta brigada del Ejército Nacional, le había sido revocada verbalmente al actor.

Para sustentar lo anterior, sostiene que los testimonios obrantes en el proceso permiten establecer que el sargento segundo Marco Alfredo Pulido Salamanca, no tenía permiso para ausentarse del servicio, situación que conlleva una indebida apreciación del material probatorio por parte del juzgador de primera instancia.

Dado que el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84), señala que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación determinan materialmente el marco de la competencia del ad quem, la Sala únicamente se pronunciará sobre el tema de la alzada, es decir, lo relacionado con la indebida valoración del acervo probatorio.

Está probado en el expediente que mediante Orden 133 de 12 de junio de 1997 proferida por el comandante del batallón de contraguerrillas 4 “Granaderos” (fls. 6-7), se autorizó al personal de la compañía Centurión —a la cual pertenecía el demandante— a disfrutar de 25 días de licencia remunerada contados desde el 12 de junio hasta el 8 de julio de 1997, sin que se observe en el plenario acto administrativo alguno que de manera general o particular la haya revocado.

De lo expuesto por el demandante en el libelo y lo aceptado por la entidad demandada en el escrito de contestación de la demanda, se observa que el sargento segundo Marco Alfredo Pulido Salamanca se reintegró al servicio a las 18:00 horas del 8 de julio de 1997, es decir, el día del vencimiento de la licencia que le fuera otorgada, motivo por el cual, la discusión jurídica sobre la inasistencia al lugar de trabajo solo radica en determinar, si la situación administrativa de la que gozaba el demandante —licencia remunerada— había sido previamente revocada y comunicada tal decisión al demandante, pues en ello, estriba la justificación o no de su conducta.

Tal y como se expuso en líneas previas, al no existir en el expediente un acto administrativo expedido por una autoridad militar que dejara sin efectos aquel que concedió la licencia a los miembros de la compañía Centurión del batallón de contraguerrilla 4 “Granaderos” de la cuarta brigada del Ejército Nacional, por las características especiales del servicio que denota el ejercicio de la Fuerza Pública, tal revocación también puede tener sustento verbal y ser acreditada en el juicio contencioso administrativo mediante declaraciones testimoniales; sin embargo estas, han de ser analizadas en conjunto con los demás medios probatorios atendiendo al criterio de la sana crítica.

Como prueba trasladada del proceso penal militar adelantado y cesado contra el actor por los mismos hechos, obra el testimonio del MY Jesús María Clavijo Clavijo, en el cual, señaló que la licencia del actor fue suspendida verbalmente por orden suya, transmitida a través del capitán Saulo Vicente Daza Ochoa:

“Se le hizo saber de que no saldría a permiso ya que este coincidió (sic) con sus vacaciones, esta orden fue (sic) transmitida directamente por el Sr. CT Daza OFC en la sede de la unidad táctica, el suboficial a pesar de conocer la orden hizo caso omiso y se tomó los 15 días de permiso de la compañía sin ni siquiera (sic) haber consultado con el CDO del batallón y haber expuesto si era el caso cualquier tipo de problema que ameritara el que se le otorgara ese permiso (...). La (sic) compañía le otorgó el permiso pero el (sic) Pulido acababa de llegar de vacaciones por consiguiente en forma verbal y por necesidad del servicio y dentro de las atribuciones que como CTE (sic) de batallón tenía se le suspendió el permiso teniendo en cuenta que acababa 30 días de vacaciones y no era lógico que saliese (sic) con 42 días (...) la orden se le impartió en forma verbal y si el suboficial consideraba que esta (sic) era inlogica (sic) o imprecisa debía seguir los conductos regulares del mando ante el CDO del batallón (...)”(7).

En su declaración el CP Saulo Vicente Daza Ochoa, manifestó que, la licencia de 25 días para los miembros de la compañía Centurión, a la cual pertenecía el demandante, iniciaba a las 17:00 horas del 12 de junio y terminaba las 18:00 horas del 8 de julio de 1997.

“Preguntado. Como consecuencia del informe rendido por usted, por abandono del servicio contra el sargento Marco Pulido Salamanca sírvase hacernos un relato claro y preciso sobre estos hechos. Contestó. El 12 de junio de 1997, a las 17:00 horas, recibí parte de la compañía Centurión, para emitirles algunas normas, durante su vigencia y despacharlos para que disfrutaran de su permiso de 25 días otorgado por el comandante del batallón; y estando toda la compañía formada en las instalaciones del batallón Girardot, les ordené a los oficiales y suboficiales que no podían retirarse todavía hasta tanto no habláramos nuevamente en reunión, porque habían órdenes impartidas por el mayor Clavijo para algunos suboficiales de la compañía, las cuales yo debía transmitir; en dicha formación a las 17:00 horas, el sargento Pulido no asistió y de acuerdo lo manifestado por el teniente Bulla el mencionado sargento no se encontraba en las instalaciones del batallón Girardot, aproximadamente a las 18:30 horas me lo encontré y él iba entrando, las oficinas del batallón Granaderos y le ordené que no se podía retirar porque mi mayor, tenía una orden para él y le dije que se presentara al teniente Bulla que se encontraban (sic) el segundo piso en la oficina, para adelantar actividades de tipo administrativo de la compañía. (...).

Preguntado. Sírvase decirnos desde cuando comenzaba el permiso y cuando terminaba. Contestó. El permiso empezó a partir de las 17:00 horas del 12 de junio de 1997 hasta las 18:00 horas del 8 de julio del presente año. (...)”(8).

Este declarante así mismo señaló que, en la formación realizada a la fecha y hora de inicio de la licencia, les informó a todos los miembros de la compañía Centurión, que no podían retirarse hasta que les trasmitiera una orden enviada por el MY Jesús María Clavijo Clavijo, sin especificarles de que se trataba. Sin embargo, también expuso que personalmente no trasmitió al personal de la compañía Centurión orden alguna proveniente del MY Jesús María Clavijo Clavijo, sino que delegó esa tarea en el teniente Bulla, y se contradijo en cuanto a la hora en que debía empezar el permiso otorgado al demandante:

“Preguntado. Cómo se concedió el mencionado permiso al sargento Pulido. Contestó. El permiso otorgado de acuerdo al plan de moral y bienestar ordenado por el comando del Ejército, hay un plan que emite la brigada para dar cumplimiento a dichos permisos. Preguntado. Qué personal de cuadros y soldados estaba incluido en ese turno de permiso. Contestó. Todos los orgánicos de la compañía Centurión que son 56 soldados, 7 suboficiales y 2 oficiales. (...).

Preguntado. Porqué motivo si todavía la compañía Centurión, salía con permiso a partir de las 17:00 horas, tenía que quedarse el sargento Pulido. Contestó. Él no, todos los suboficiales y oficiales debían esperar hasta que mi mayor transmitiera unas órdenes para ellos, después de una reunión que yo tenía con él a las 19:00 horas desde mismo día 12 de junio. (...).

Preguntado. De acuerdo con su respuesta anterior, el mencionado permiso no comenzaba a partir de las 17:00 horas? En caso afirmativo a partir de qué hora y de cuándo? Contestó. Para el personal de oficiales y suboficiales a partir de las 20:00 horas una vez terminada la reunión con el comandante del batallón. (...).

Preguntado. Concluida la reunión, que órdenes tenían sargento Pulido y quien se la comunicó? Contestó. Concretamente para el sargento Pulido, la orden era que debía pasar agregado a la compañía “Alcatraz”, pero no se le pudo transmitir, porque fue el único suboficial que se retiró del batallón sin la autorización antes mencionada. (...).

Preguntado. El sargento Pulido era conocedor de que no salía disfrutar del permiso en ese turno por haber llegado de vacaciones o por pasar a la otra compañía? Contestó. A las 18:30 horas cuando yo le dije que no se retirará, no lo sabía porque ni siquiera yo mismo lo sabía, y tampoco sabía que lo iban a pasar a la “Alcatraz” (...) Preguntado. El sargento de acuerdo con sus respuestas no tenía conocimiento de que estaba incumpliendo la orden del mayor Clavijo? Contestó. Supuestamente no tenía conocimiento, de la falta que estaba cometiendo. Pero es costumbre en él (sic) incumplimiento a órdenes emitidas por los superiores.

(...) aproximadamente a las 18:30 horas me lo encontré y él iba entrando, a las oficinas del batallón Granaderos y le ordené que no se podía retirar porque mi mayor, tenía una orden para él y le dije que se presentara al TE Bulla quien se encontraba en el segundo piso de la oficina, para adelantar actividades de tipo administrativo de la compañía. También, yo le había ordenado al TE Bulla, que cuando el sargento Pulido se presentara, le ordenara (sic) que no se podía retirar de las instalaciones del batallón a su permiso, porque había (sic) una orden (sic) de mi mayor Clavijo para el sargento”(9).

También, obra en el expediente la declaración del CP Publio Vidal Becerra Molano, en la cual se lee:

“Preguntado: cuando el personal de la compañía centurión salió de licencia el 12 de junio fue formado por el teniente Bulla, el mencionado oficial dio orden al sargento segundo Pulido que no podía disfrutar la licencia. Contestó: No yo no escuché la mencionada orden, nos dijo que debíamos regresar el 8 de julio a las 18:00 horas”(10).

La declaración del SL Ramón Antonio Zabala García, donde se señala que:

“Preguntado: Díganos si en la formación que hizo el capitán Daza en algún momento le dio la orden al sargento Pulido de que no podía salir a disfrutar esa licencia. En caso afirmativo si le explicó por qué. Contestó: Que nosotros hayamos escuchado no, todo el mundo iba a salir. Preguntado: Díganos si el teniente Bulla el día 12 de junio formó la compañía Centurión. Contestado: Ah si mi teniente Bulla también estuvo ahí en esa formación. Preguntado: Díganos si el teniente Bulla le dio la orden al sargento segundo Marco Pulido que no podía salir a licencia. Contestó: No tampoco que nosotros hayamos escuchado no”(11).

Y la indagatoria del demandante, en la cual, expresó que:

“La compañía Centurión del batallón Granaderos el 11 de junio (sic) salió con su respectiva licencia todo el personal orgánico de esta compañía, los cuadros de la compañía estaba el SR teniente Bulla Pombo Juan Carlos, sargento segundo Pulido Salamanca Marco Alfredo (...), en total eran 46 soldados pero ahora no recuerdo más nombres, esa licencia fue porque las compañías del batallón sale cada cinco meses y por tiempo cumplido o sea que le correspondía a esa compañía (...) llegamos aquí el 11 julio (sic) se recogió el material de guerra el personal de cuadros y soldados, lo recogió el SR teniente Bulla Pombo Juan Callos, a mí me recogió mi material y todo el personal de cuadros y soldados y luego se procedió a entregar los equipos, a él también se le entregaron, se dejaron los equipos en el depósito, en el depósito estaba soldado Tenorio no le sé bien el nombre, se formó la compañía de 5 a 5:30 aproximadamente, y en ese momento quedaron todos con la respectivas licencias, yo me quede (sic) aquí en el batallón hasta el otro día tipo 10 de la mañana y después viaje para mi casa, viajé el doce de junio, en bus por Bolivariano, teníamos de licencia de 25 días, salimos con la licencia 25 días, presentándonos aquí en el batallón el 8 de julio a las 18:00 horas, presentándome ese día. (...) Mi capitán Daza en ningún momento me dio esa orden (sic) que había algo especial para los comandantes, y todos los cuadros no retiramos. (...) El (sic) no mencionó en ningún momento que tenía una orden de mi mayor para mí, lo que me dijo vuelvo lo digo fue que me presentara a mi teniente Bulla. (...) Me le presenté a mi teniente Bulla, él no me dio ninguna orden, lo único era que mi teniente Bulla tenía un problema con un radio Ascon para eso fue que me mandó a llamar y el que podía solucionar el problema era el sargento segundo Tovar Buelvas que estaba encargado de la comisión de comunicaciones de la compañía Centurión, para eso únicamente me necesitaba más no me dio (sic) otra orden, el radio tenía dañada una antena”(12).

De las mencionadas declaraciones se observa que son coincidentes, al señalar que a las 17:00 horas del 12 de junio de 1997, el teniente Bulla formó al personal de la compañía Centurión pero no le informó o le dio orden alguna al demandante en relación con la suspensión de la licencia remunerada de 25 días a la que tenía derecho, sino que por el contrario los despidió y les dijo que debían regresar el 8 de julio a las 18:00 horas.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional de esta Sala(13) a (sic) señalado que, si bien el funcionario judicial, al efectuar la valoración probatoria, debe regirse por los principios de la sana crítica o libre valoración probatoria —artículos 61 y 187 del Código de Procedimiento Civil—, su apreciación no puede corresponder a criterios caprichosos, sino que necesariamente ha de involucrar la adopción de razonamientos objetivos (no simplemente supuestos por el juez); racionales (que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas), y rigurosos, que materialicen la función de administración de justicia que se le encomienda al juez, sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.

La sana crítica o libre valoración probatoria de acuerdo con la doctrina autorizada sobre el tema(14) consiste en una operación mental donde el juez, basado en sus conocimientos, experiencia y especialidad valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que incidieron en la ocurrencia de los hechos, o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba.

De las pruebas que obran en el expediente, entre ellas los testimonios del MY Jesús María Clavijo Clavijo y CP Saulo Vicente Daza Ochoa se desprende que, si bien estos oficiales tenían la intención de suspender la licencia del SS Marco Alfredo Pulido Salamanca, ninguno de ellos le comunicó tal voluntad al demandante ni por escrito ni verbalmente, a fin de que este pudiera entender que no debía ausentarse del servicio pese a tener autorización escrita para ello.

Lo anterior no significa, como lo señala la entidad apelante, que no se haya dado credibilidad al dicho de aquellos testigos, por el contrario estos tienen plena validez y no existe —atendiendo a la lógica y la congruencia que entre los mismos se observa— razón alguna que permita desvirtuarlos, lo que ocurre es que, su alcance no es el esperado, pues, ninguno arroja certeza y aun más ni siquiera permiten inferir que al demandante se le hubiera dado la orden verbal de suspensión de su licencia.

Por el contrario estas declaraciones, analizadas en conjunto con los testimonios del CP Publio Vidal Becerra Molano, del SL Ramón Antonio Zavala García y la indagatoria del demandante, concuerdan con lo expuesto por los mencionados oficiales y permiten establecer unos parámetros fácticos que dan convencimiento al operador jurídico sobre la realidad materia de juzgamiento.

Esto es que, al demandante se le concedió una licencia de 25 días, desde las 17:00 horas del 12 de junio hasta las 18:00 horas del 8 de julio de 1997, la cual, se encontraba sustentada en un acto administrativo —Orden 133 de 12 de junio de 1997 del comandante del batallón de contraguerillas “Granaderos”—; y que, ni en la formación de entrega de armamento ante el teniente Bulla, ni luego de ella, al demandante se le informó de la suspensión de su licencia, motivo por el cual, se ausentó del servicio por el tiempo que le era permitido y regresó el mismo día y hora que le fueron indicados en el mencionado acto administrativo.

Bajo estas circunstancias, que derivan del análisis en conjunto del acervo probatorio, no le era permitido legalmente al comandante del Ejército Nacional, expedir en contra del demandante invocando los artículos 128, 129, literal a), numeral 8º del Decreto 1211 de 1990, la Resolución 651 de 28 de julio de 1997 que lo retiró de la institución castrense por inasistencia injustificada al servicio.

Le asiste razón al demandante en cuanto a que su conducta se encontraba justificada en un acto administrativo vigente que le concedió una licencia remunerada así como en el ordenamiento jurídico que exige que la inasistencia al servicio sea injusta, por lo cual la Resolución 651 de 28 de julio de 1997 del Comandante del Ejército Nacional acusada debe ser anulada por falsa motivación.

En estas condiciones y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

CONFÍRMASE, la sentencia de 14 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Marco Alfredo Pulido Salamanca contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior decisión fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(3) El término de cinco (5) días fue modificado por la Ley 14 de 1992, la cual en su artículo 2°, lo amplió a diez (10) días.

(4) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, sentencia de 6 de agosto de 2008, Radicación 25000-23-25-000-2000-07738-01(6364-05), actor Álvaro Antonio Ramos Molinares, demandado Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

(5) Constitución Política, artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Constitución Política, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. (...).

(6) Constitución Política, artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.

(7) Declaración del mayor Jesús María Clavijo Clavijo, que obra a folio 126 del expediente.

(8) Declaración del capitán Saulo Vicente Daza Ochoa, que obra a folio 15 del expediente.

(9) Declaración del capitán Saulo Vicente Daza Ochoa, que obra a folio 15 del expediente.

(10) Declaración del capitán Publio Vidal Becerra Molano, que obra a folio 101 del expediente.

(11) Declaración del SL Ramón Antonio Zabala García, que obra a folio 104 del expediente.

(12) Indagatoria del demandante Marco Alfredo Pulido Salamanca, que obra a folio 33 del expediente.

(13) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de 19 de agosto de 2010, Expediente 11001-03-15-000-2010-00739-00, acción de tutela, actor María Hipólita Guerrero de Cordero y otros. C/. Tribunal Administrativo del Magdalena y otros.

(14) Las pruebas en el proceso tributario. Elizabeth Whittingham García. Editorial Temis. Año 2005.