Sentencia 1997-03417 de agosto 24 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 1997-03417

Consejero Ponente:

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Recurso de apelación contra la sentencia de primero de abril de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: Vallas y Avisos Ltda.

Bogotá, D.C., 24 de agosto de dos mil seis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Los actos acusados sancionaron a la actora con la orden de remover la valla publicitaria que había instalado en lugar prohibido y con la imposición de una multa por dicha conducta.

Según la actora, la administración no cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 12 de la Ley 140 de 1994.

Al respecto, la Sala observa lo siguiente:

El artículo 12 de la Ley 140 de 1994, es del siguiente tenor:

“ART. 12.—Remoción o modificación de la publicidad exterior visual. “Artículo condicionalmente exequible”. Sin perjuicio de la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil y el artículo 8º de la Ley 9ª de 1989 y de otras acciones populares, cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual, en sitio prohibido por la ley o en condiciones no autorizadas por esta, cualquier persona podrá solicitar su remoción o modificación a la alcaldía municipal o distrital respectiva. La solicitud podrá presentarse verbalmente o por escrito, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 1º de 1984 (CCA).

De igual manera y sin perjuicio del ejercicio de la acción popular, los alcaldes podrán iniciar una acción administrativa de oficio, para determinar si la publicidad exterior visual se ajusta a la ley.

Recibida la solicitud o iniciada de oficio la actuación, el funcionario verificará si la publicidad se encuentra registrada de conformidad con el artículo anterior y si no se ha solicitado su registro dentro del plazo señalado por la ley, se ordenará su remoción. De igual manera el funcionario debe ordenar que se remueva o modifique la publicidad exterior visual que no se ajuste a las condiciones legales, tan pronto tenga conocimiento de la infracción, cuando esta sea manifiesta o para evitar o para remediar una perturbación del orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas o graves daños al espacio público.

En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la actuación. Si la decisión consiste en ordenar la remoción o modificación de una publicidad exterior visual, el funcionario fijará un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para que el responsable de la publicidad, si es conocido, la remueva o la modifique. Vencido este plazo, ordenará que las autoridades de policía la remuevan a costa del infractor.

Cuando la publicidad exterior visual se encuentre registrada y no se trate de los eventos previstos en el inciso tercero de este artículo, el alcalde, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la actuación, debe promover acción popular ante los jueces competentes para solicitar la remoción o modificación de la publicidad. En estos casos acompañará a su escrito copia auténtica del registro de la publicidad.

PAR.—En las entidades territoriales indígenas los consejos de gobierno respectivos o la autoridad que haga sus veces, serán los responsables del cumplimiento de las funciones que se asignan a las alcaldías distritales y municipales en el presente artículo.

Según se lee en el texto de la Resolución 199 de 26 de febrero de 1997, los auxiliares de inspecciones adscritas a la secretaría de gobierno municipal dieron a conocer el hecho de que en la carrera 43 con calle 13 se instaló una valla con un texto alusivo a “Unicentro te espera”; que la inspección 14 A municipal de policía con base en dicho informe ordenó abrir investigación y escuchar en descargos al representante legal de la empresa Vallas y Avisos, el cual adujo no tener conocimiento de la existencia de las vallas y que examinaría en sus archivos para constatar fueron registradas o si eran o no de su propiedad, lo cual no demostró.

De igual manera, en dicha resolución se dispuso que contra la misma procedería el recurso de reposición, del cual hizo uso la actora.

De lo anterior, colige la Sala que la administración no vulneró el procedimiento previsto en la norma transcrita, razón por la cual el cargo en estudio no está llamado a prosperar.

Aduce también la actora que el alcalde del municipio de Medellín no tenía competencia para la expedición del acto acusado y menos para invocar como soporte el Decreto 565 de 1996, pues este se fundamenta en el artículo 138 del Acuerdo 38 de 1990, norma anterior a la Constitución de 1991 y que dicha competencia en este caso se encuentra definida en el artículo 313, numerales 7º y 9º de la Constitución Política, radicada en cabeza del concejo.

Como pretensión solicita que se inapliquen los artículos 138 del Acuerdo 38 de 1990 y 22, numeral 19, del Decreto 565 de 1996, por ser violatorios del artículo 313, numerales 7º y 9º, de la Constitución Política.

Al respecto, la Sala considera que el cargo en estudio no tiene vocación de prosperidad, pues, conforme lo advirtió el a quo, el Acuerdo 38 de 1990 estableció la prohibición de colocar publicidad exterior en el sector de El Poblado; y desde la Constitución de 1886, artículo 197, le fue entregada a los concejos la potestad de regular los usos de suelo, facultad esta que ha sido ratificada en la Carta Política de 1991, artículo 313, numerales 7º y 9º. Luego, el mencionado acuerdo no resulta incompatible con la actual Carta Política sino, todo lo contrario, armoniza con sus postulados.

De otra parte, el Decreto 565 de 1996, expedido por el alcalde, no hace más que reiterar la prohibición consagrada en el mencionado acuerdo.

Ahora, de acuerdo con el artículo 311, numeral 1º, de la Carta Política, los alcaldes deben cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos; y conforme al artículo 12 de la Ley 140 de 1994, los alcaldes deben adelantar la investigación cuando de la violación de las normas sobre publicidad exterior visual se trate.

De tal manera que los actos acusados fueron expedidos por funcionario competente y debidamente motivados.

Alega la actora, de otra parte, que del texto de los artículos 10 de la Ley 140 y 45 del Decreto 565, se concluye que dicha norma en ninguno de sus apartes establece que la instalación de publicidad exterior visual traiga aparejada la imposición de una multa obligada.

Para la Sala tampoco asiste razón a la actora en este cargo, pues el artículo 13 de la Ley 140 establece:

“La persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por medio de la publicidad exterior visual colocada en lugares prohibidos, incurrirá en una multa por un valor de uno y medio (1. 1/2) a diez (10) salarios mínimos mensuales, atendida la gravedad de la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no poder ubicar al propietario de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los dueños, arrendatarios, etc. o usuarios del inmueble que permitan la colocación de dicha publicidad.

Dicha sanción la aplicará el alcalde. Las resoluciones así emitidas y en firme prestarán mérito ejecutivo...”.

Así pues, las pretensiones principales de la demanda no están llamadas a prosperar; y la pretensión subsidiaria, tampoco tiene fundamento, pues, como quedó visto, en la expedición de los actos acusados se observó el debido proceso en la medida en que se oyó en descargos a la actora; se le dio oportunidad de controvertir la multa impuesta a través del recurso de reposición; y en el artículo 3º de la parte resolutiva de la Resolución 199, no se dispone que la multa impuesta se haga efectiva a partir de la colocación de la valla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de agosto de 2006».

_____________________________________