Sentencia 1997-03509 de febrero 9 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-1997-03509-01(18753)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Actor: Sonia María del Rosario Delgado Cabrera

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala modificará la sentencia proferida por el tribunal a quo, para lo cual abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) La competencia; 2) El ejercicio oportuno de la acción; 3) Determinación de la responsabilidad en el caso concreto; 4) La indemnización de perjuicios; y 5) Costas.

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en proceso con vocación de doble instancia, en el cual se accedió a las pretensiones formuladas.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por la demandante con la privación de la libertad de que fue objeto desde el 6 de agosto de 1991 hasta el 7 de abril de 1995, lo que significa que la demandante tenía hasta el día 7 de abril de 1997 para presentar oportunamente su demanda y, como ello se hizo el 10 de febrero de ese año, resulta evidente que el ejercicio de la acción fue dentro del término previsto por la ley.

3. Determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

Obran en el expediente copias auténticas del proceso penal adelantado en contra de la señora Sonia María del Rosario Delgado Cabrera y otros, remitidas por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (fl. 60, cdno. 2), en donde reposan los siguientes elementos probatorios:

— Solicitud de orden de allanamiento y registro formulada por el jefe de la unidad investigativa de orden público especial de la Policía Judicial ante el Juez 90 de Instrucción Penal Militar, en los siguientes términos:

“Me permito solicitar a ese despacho, se expida orden de allanamiento y registro para el inmueble ubicado en la transversal 69B Nº 79A-51, ya que según información recibida el día 290791, en esta oficina daban cuenta que en el citado inmueble residía un señor de nombre Barney Perafán junto con otras personas, y que sus desplazamientos y en la manera de comportarse en el vecindario era muy sospechosa y que al parecer en ese inmueble tenían a una persona secuestrada” (fl. 4, cdno. 6).

— Autorización expedida el 31 de julio de 1991 por el Juez 90 de Instrucción Penal Militar para “la práctica de la diligencia de allanamiento y registro del inmueble ubicado en la transversal 69B Nº 79A-51..., con el rescate de una persona, la captura de personas implicadas y el decomiso de elementos ilícitos” (fls. 5 y 6, cdno. 6).

— Informe presentado por la Unidad Investigativa de Orden Público Especial - Grupo de Delitos Antiextorsión y Secuestro acerca del allanamiento practicado el 31 de julio de 1991 en la transversal 69B Nº 79A-51, en el que se reseñó:

“Nos trasladamos al inmueble ubicado en la transversal 69B Nº 79A-51de esta ciudad al ingresar al mismo se logró establecer que se encontraba ocupado por las siguientes personas: Juan David López Osorio, C.C. 94.384.213 de Cali; Luis Alberto Yepes Duque, C.C. 16.771.847 de Cali, quien porta el revólver Smith Wesson, 38 largo, número 0874089 con salvo conducto; Carlos Alberto Londoño Cobo, C.C. 14.894.908 de Buga; Libardo Lozano García, C.C. 16.258.649 de Palmira, quien portaba el revólver (sic); Luis Alberto Yepes Duque, C.C. 16.771.847 de Cali, quien porta el revólver Smith Wesson, 38 largo, número 1801480 con salvoconducto; Luz Dary Aguirre Valencia, C.C. 41.736.818 de Bogotá; Maris Eliana Perafán de Saldarriaga indocumentada y el señor Barney Perafán, C.C. 302774 de Fontibón, en forma voluntaria y al explicársele el motivo de nuestra presencia en el lugar manifestó que en el inmueble ubicado en la carrera 64 Nº 62-33 se encontraba un ciudadano de nombre Gilberto González Pérez, quien se encontraba secuestrado y lo ocultaban en ese lugar, informo a ese despacho que al obtener la presente información se coordinó con el señor capitán jefe del grupo de operaciones, quien junto con otro personal adscrito al grupo se desplazó al inmueble antes citado, donde fue rescatado sano y salvo el señor Gilberto González Pérez, lugar donde fueron retenidas las siguientes personas: Mauricio Rodríguez Poveda, C.C. 79.433.926 de Bogotá, Sigifredo Ocampo Gómez, C.C. 7.539.218 de Armenia, quien portaba el revólver Smith Wesson, 38 largo número IM69188 con salvoconducto pero de propiedad del señor Gilberto González y la señora Sonia Delgado Cabrera, C.C. 8070590 de Bosa, quienes custodiaban al ciudadano que se encontraba secuestrado” (fl. 10, cdno. 6).

— Informe del 1º de agosto de 1991 mediante el cual se deja a disposición del jefe de la unidad investigativa de Orden Público Especial de la Dirección de Policía Judicial e Investigación, entre otras personas a la señora Sonia María del Rosario Delgado Cabrera (fl. 53, cdno. 7).

— “Boleta de Encarcelación” librada por la dirección seccional de orden público al director de la cárcel el Buen Pastor el 6 de agosto de 1991 en la que se solicita se mantenga privada de la libertad a la señora Sonia María del Rosario Delgado Cabrera (fl. 143, cdno. 7).

— Constancia de la fiscalía delegada ante los juzgados regionales - Unidad Especializada de Terrorismo, según la cual el proceso fue recibido en esa dependencia el 30 de marzo de 1993 por reasignación (fl. 125, cdno. 5).

— Proveído del 2 de abril de 1993, mediante el cual la fiscalía delegada ante los juzgados regionales - Unidad Especializada de Terrorismo, profirió resolución de acusación en contra de la actora y su confirmatoria proferida por el Tribunal Nacional el 1º de febrero de 1994 (fls. 135, cdno. 5 y 21, cdno. 9).

— En providencia del 2 de diciembre de 1994 el juzgado regional absolvió a Sonia María del Rosario Cabrera del “cargo que como cómplice del delito de secuestro extorsivo y agravado en perjuicio de Gilberto González Pérez le fue formulado”, por considerar que:

“Paralelamente se demostró que el alquiler parcial de la vivienda no era ajeno o inusual en la justiciable como medio de proveer su subsistencia...

“Más en concreto y en cuanto a lo que interesa para los fines del juzgamiento, Dávila Barreto confirmó la colocación del anuncio de arriendo de la habitación y haberse impuesto por tal época el propósito de la Delgado Cabrera de obtener por ese medio los dineros necesarios para sufragar los estudios de los hijos; que concuerda con la versión de Alvis Ruíz a través de la cual se sabe que dicho “apartamento” había sido desocupado de su parte por decisión propia pocos días antes, esto es, el 29 de julio anterior.

“(...).

“Recapitulando, serias e insalvables dudas emergen respecto de la complicidad que se atribuye a Sonia del Rosario Delgado, cuyo esclarecimiento no fue posible durante las fases probatorias ante la dificultad de obtener la comparecencia ulterior de la víctima o para aducir los restantes elementos de juicio que fueron oportunamente decretados, que obligan a conceder preeminencia a la presunción de inocencia, esto es, a la absolución de aquellas a favor de la procesada al tenor de lo preceptuado en el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal” (fls. 458 a 464, cdno. 5).

— Providencia que fue confirmada mediante la proferida por el Tribunal Nacional el 5 de abril de 1995 que en esa oportunidad manifestó que “es cierto que su situación aparece un tanto dudosa y ello es suficiente para que en su contra no pueda proferirse un fallo de condena” (fl. 25, cdno. 8).

Igualmente obra en el plenario certificación por la cual el asesor jurídico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Reclusión Nacional de Mujeres, hizo constar que la señora Sonia María del Rosario Delgado Cabrera estuvo privada de la libertad en ese centro reclusorio desde el “6 de agosto de 1991, según orden de detención número S2-0032” hasta el 7 de abril de 1995, cuando el “Tribunal Nacional por medio de la boleta número 014701..., le decreta y ordena la libertad inmediata e incondicional, por haberse proferido... sentencia absolutoria” (fl. 56, cdno. 2).

Así las cosas, valorado el material probatorio que antecede encuentra la Sala suficientemente demostrado que en el presente caso Sonia María del Rosario Delgado Cabrera fue procesada penalmente y como consecuencia de ello, privada de su libertad, entre el 6 de agosto de 1991 y el 7 de abril de 1995, fecha esta última en la cual recobró su libertad como consecuencia de haber sido proferida en su favor sentencia absolutoria, con fundamento en que existían “serias e insalvables dudas” respecto de la complicidad que se le atribuía.

En efecto, dado que la medida de aseguramiento se impuso a la señora Sonia del Rosario Delgado con fundamento en que el secuestrado y sus acompañantes fueron encontrados en su residencia, pero ese indicio, como lo destacaron las providencias mediante las cuales fue absuelta, no era suficiente para obtener certeza sobre su participación en el punible, en tanto se acreditaron otras circunstancias que generaron al fallador serias dudas sobre su responsabilidad, como lo fue el hecho de que ella arrendaba usualmente la habitación con el fin de procurar su propia subsistencia y la de sus hijos menores, como lo declaró el anterior arrendatario del bien inmueble señor Alvis Ruiz.

Como sea que la decisión absolutoria se fundamentó en la aplicación del principio de in dubio pro reo, porque, según el juzgador en lo penal, existieron insalvables dudas sobre la responsabilidad de la procesada, teniendo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales de esta corporación, la Sala considera que sí hay lugar a predicar la antijuridicidad del daño causado a la señora Delgado Cabrera porque la administración de justicia no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia que constitucionalmente la amparaba no desplegó toda la actividad probatoria para lograr establecer la responsabilidad o la inocencia de la ciudadana vinculada a la investigación penal.

Visto lo anterior se concluye que la privación de la libertad de la señora Sonia María del Rosario Delgado Cabrera en esas condiciones configuró para ella un verdadero daño antijurídico toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta por la fiscalía delegada ante los juzgados regionales - Unidad Especializada de Terrorismo, circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad del Estado.

Establecida así la responsabilidad administrativa de la entidad accionada, resulta, ahora, procedente el estudio del recurso formulado por la parte actora en tanto dice puntualmente en relación a la negativa a reconocer perjuicios morales a favor de los hijos menores de la demandante y a la renta que se tomó como base de liquidación para reconocer perjuicios materiales en la sentencia impugnada.

4. La indemnización de perjuicios.

4.1. La recurrente solicita se reconozca la suma equivalente a 1000 gramos de oro como perjuicios morales a favor de sus hijos menores aduciendo que ellos también sufrieron angustia, dolor, perturbación sicológica y aflicción por su detención.

La Sala confirmará la negativa al reconocimiento que tan solo ahora, con ocasión del recuso de alzada, le ha planteado la actora a favor de sus hijos menores de edad.

En efecto, la demandante en su libelo introductorio nada pidió a favor de sus hijos menores que, por tal razón son ajenas al proceso, vale decir, no son parte dentro de él, de ahora que resultaría del todo incongruente atender a tan tardía pretensión.

4.2. Se endereza también el recurso de alzada, a que se reconozca como perjuicio material la suma de $ 5.000.000, cancelada por la actora al doctor Francisco Orlando Fajardo Jiménez, por concepto de honorarios profesionales causados en el proceso penal.

El a quo negó tal solicitud porque “el recibo de pago de unos honorarios al mismo apoderado de la demanda administrativa, por si solo no constituye prueba del hecho pues no se probó que el apoderado hubiere actuado dentro del proceso penal”.

Con el fin de probar ese concepto, se allegó al proceso constancia suscrita por el abogado Francisco Orlando Fajardo Jiménez, en la que expresa haber recibido los respectivos honorarios (fl. 57, cdno. 2).

Efectivamente, el doctor Fajardo Jiménez asistió a la demandante como su defensor en el proceso penal, lo cual se verifica al revisar las copias del proceso traído en debida forma a las presentes actuaciones, por lo tanto se reconocerá la indemnización deprecada por tal concepto debidamente actualizada desde la fecha de presentación de la demanda(1) (feb. 10/97) hasta la fecha de esta sentencia, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

ecu 1 sent1997.JPG
 

 

Donde:

Vp: valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: a la fecha de presentación de la demanda (feb. 10/97).

 

ecu 2 sent1997.JPG
 

 

Vp = 13.211.147

4.3. En relación con los perjuicios causados consistentes en los gastos en que debió incurrir la demandante para la manutención de sus hijos, solicita que se aumente el salario base de liquidación teniendo en cuenta que los gastos realizados durante el tiempo de su reclusión fueron mayores al salario mínimo legal vigente.

La Sala prohijará la decisión a la que en esta materia llegó el a quo porque no obra en el proceso prueba que permita determinar que la actora percibía un ingreso mayor al mínimo que le permitiera realizar gastos superiores. Sin embargo, la suma que le fue reconocida en primera instancia será actualizada desde la fecha de la sentencia impugnada, conforme al índice de precios al consumidor, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

ecu 4 sent1997.JPG
 

 

Donde:

Vp: valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: a la fecha de la sentencia de primera instancia (mayo 11/2000).

ecu 3 sent1997.JPG

Total perjuicios materiales:

13.211.147 + 17.501.081 = 30.712.228

4.4. En cuanto a los perjuicios morales resulta oportuno precisar que, de conformidad con lo expuesto por esta corporación en sentencia del 6 de septiembre de 2001(2), el criterio de tasar el monto de los perjuicios morales en gramos de oro se abandonó y se determinó que su reconocimiento deba hacerse con base en el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha en que se profiera la sentencia, por lo tanto los 1000 gramos de oro que le fueron reconocidos a la actora serán convertidos en esta oportunidad a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

5. Costas.

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 11 de mayo de 2000, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue víctima la señora Sonia María del Rosario Delgado Cabrera.

2. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales, a favor de Sonia María del Rosario Delgado Cabrera la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

3. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios materiales, a favor de Sonia María del Rosario Delgado Cabrera la suma de treinta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil ciento dos pesos ($ 35.696.102).

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5.(sic) Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Artículo 280 Código de Procedimiento Civil: “La fecha de documento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia” (se resalta).

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232 - 15.646.