Sentencia 1997-03529 de febrero 18 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Expediente: 200012331000199703529 01

Radicación interna: 18.274

Actor: Blanca Rosalba Prieto Rubio y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y otro

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente esquema: 1) los hechos probados, 2) valoración probatoria y conclusiones, 3) liquidación de perjuicios y 4) condena en costas.

1. Los hechos probados.

Del acervo probatorio allegado al proceso, se destacan los siguientes aspectos:

1.1. Oficio 07 del 15 de febrero de 1995, mediante el cual la Secretaria General del Concejo Municipal de San Alberto le comunicó al señor Jorge Enrique León Chávez su nombramiento como personero municipal de esa entidad territorial, según lo aprobado en Acta 006 del 13 de febrero de esa anualidad, para el período comprendido entre el 1º de marzo de 1995 al 28 de febrero de 1998 (fl. 8, cdno. ppal.).

1.2. Acta de posesión del señor Jorge Enrique León Chávez como Personero Municipal de San Alberto (Cesar), del 1º de marzo de 1995, suscrita por el posesionado, así como por el presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y la secretaria general del concejo municipal de esa localidad (fl. 9, cdno. ppal.).

1.3. Certificación expedida el 19 de junio de 1996, por el Alcalde Municipal de San Alberto, con destino al Seguro Social de Bucaramanga, en la que se hace constar lo siguiente:

“Que el señor JORGE ENRIQUE LEÓN CHÁVEZ, con cédula de ciudadanía número 19.210.252 de Bogotá quien el día de su muerte noviembre veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y cinco (1995), ocupaba el cargo de Personero Municipal, de (sic) hallaba en ejercicio de sus funciones como tal, con el mencionado se encontraba el doctor PEDRO JOSÉ FÁBREGA BULLOSO, quien se desempeñaba como Contralor Municipal y el ingeniero GUILLERMO LEMUS.” (fl. 10, cdno. ppal. – mayúsculas del original).

1.4. Certificación expedida el 16 de febrero de 1996, por Gustavo Hernando Núñez Martínez, Personero Municipal de San Alberto, en la que se hace constar que el occiso Jorge Enrique León Chávez, al momento de su deceso devengaba un salario mensual de $ 920.000, discriminados así: $ 850.000 como sueldo básico y la suma de $ 70.000, como gastos de representación (fl. 11, cdno. ppal.).

1.5. Original del acta del consejo de seguridad celebrada en la alcaldía municipal de San Alberto el 27 de abril de 1995, en la que se consignó lo siguiente:

“INTERVIENEN: El señor Luis Augusto Chávez Núñez – Alcalde Municipal, el señor General Agustín Ardila – Comandante de la Quinta Brigada, el señor Mayor Forero – Comandante de la Fuerza Tarea 27, el Capitán Jaramillo – Comandante de la Policía 2º Distrito de Aguachica (Cesar), el Director del DAS de Santander – señor Pedro Márquez, el doctor Yesid García Saez – Procurador Provincial de Bucaramanga, el señor Fiscal de San Alberto Julio César Torrente, el doctor Hernando Toro – Defensor Regional del Pueblo del Magdalena Medio, la Juez Promiscuo Municipal de San Alberto, doctora Rosa Isela Ríos, el señor Personero Municipal, el señor Contralor Municipal, el Comandante de la Estación de Policía de San Alberto, el Presidente del Concejo Municipal de San Alberto, el Mayor Soto del Ejército, el Párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, representantes del Hospital local de San Alberto.

“TEMA: La problemática de orden público en el municipio de San Alberto y los últimos acontecimientos de violencia que han ocurrido.

“1) Intervención del señor Alcalde Municipal: agradeció la visita y la presencia a todos los mandos militares y demás funcionarios del Gobierno, dando un corto saludo. Manifestó que el objetivo de este consejo de seguridad era el de tratar el problema de orden público, los actos de violencia que la región del sur del Cesar se estaba convirtiendo en un problema político la cual ameritan que el Gobierno Nacional debe darle una salida a estos problemas, expuso que en los últimos días han sido asesinadas más de 15 personas masacradas, y que se deben tomar cartas en el asunto antes de que se salga de las manos, sobre todo en el área rural…

“(…) Intervención del señor Fiscal Local de San Alberto, Julio César Torrente: dijo que de todos los consejos de seguridad, este es uno de los más importantes.

“Manifestó que el problema de fondo es el hecho de que la gente perdió la fe en las autoridades, pues lo único que éstos quieren es sobrevivir…

“(…) Intervención del señor Personero Municipal: manifestó que en este consejo de seguridad debería haber un representante del señor Gobernador del Cesar, ya que su presencia es indispensable puesto que estos problemas se deben a la inversión social.

“En cuanto a los hechos dio manifestó (sic) que es muy poco lo que se ha hecho, pero que desafortunadamente la gente no colabora, habló sobre el poco presupuesto que la Personería tenía y también dijo que sobre el fortalecimiento de la personería, era muy bueno, pues ésta era la representante de la comunidad y por lo tanto debía tener con que responderle a la misma. Que estos problemas no se arreglan con intenciones sino con inversión social. Dijo que la gente de San Alberto, no tenía conocimiento de qué eran derechos humanos. Dijo esperar que los resultados de esta reunión no se queden en intenciones y que la presencia del Ejército no se limite tan sólo a ocho días, es decir que dicha presencia sea real. Dijo además que la Personería con respecto a los familiares de caídos en la violencia, con la Cruz Roja Internacional y Nacional para que se les de un auxilio económico a dichos familiares.

“(…) Finalmente el señor Alcalde dio por terminada la reunión exponiendo entonces sobre algunos compromisos sacados de la presente reunión, tales como:

Oficiar a los altos mandos para desarrollar más investigaciones en este municipio.

Hacer presencia militar en la zona rural de San Alberto.

Presentar algunos proyectos sobre obras para que el Ejército se vincule y participe, en el aspecto socio-económico.

Comprometiendo de todos para hacer acercamientos entre la población civil y militar.

Realizar trabajos en la zona rural para incentivar a la comunidad.

“(…)” (fls. 15 a 20 cdno. ppal. – mayúsculas y negrillas del original).

1.6. Comunicación dirigida al Presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, por los señores Alcalde, Personero y Contralor Municipales de San Alberto, fechada 13 de junio de 1995, en la que se consignó:

“Teniendo en cuenta la ola de violencia que vive el país, queremos resaltar la situación reinante en el municipio de San Alberto Cesar, la cual se ha venido acrecentando en estos últimos días, con el asesinato de 19 personas, entre ellas dos (2) concejales y la desaparición de otras dos (2).

“El día 27 de abril se celebró un consejo de seguridad, ocasionado por las dos primeras masacres; en dicho Consejo no hubo participación de la Gobernación del Departamento del Cesar, lo que implica la falta de interés del Gobierno Departamental por solucionar la problemática actual.

“Dentro de los compromisos adquiridos en dicho Consejo tenemos la creación de una Fiscalía Regional, aumento del pie de fuerza, mayor participación de las autoridades nacionales hacia el municipio, pero lamentablemente hasta el día de hoy los consejos de seguridad demuestran que no fructifican cuando no existe serio por parte de las altas esferas políticas.

“Por lo anterior, señor Presidente recurrimos a su alta investidura para que ordene a sus inmediatos colaboradores dar pronta solución al caos en que vivimos.” (fl. 21, cdno. ppal.).

1.7. Acta del consejo de seguridad 2, celebrado el 14 de junio de 1995 en las instalaciones de la alcaldía municipal de San Alberto (Cesar), documento del que se destaca lo siguiente:

“INTERVIENEN: Germán Ordúz, Delegado del Ministerio de Agricultura para el Cesar, Bolívar y Santander; Jorge Ignacio Hurtado, Procurador Departamental de Valledupar; Eduardo Campo Soto, Secretario de Gobierno Departamental; B.G. Agustín Ardila Uribe, Comandante de la 5ª Brigada de Bucaramanga; Mauricio Pimiento, Gobernador del Cesar; Luis Augusto Chávez Núñez, alcalde de San Alberto; T.C. Gabriel Antonio Carrero, Comandante de la Policía del Cesar; T.C. José Domingo García, Comandante de la Fuerza de Tarea No. 27 del Ejército; el señor Personero de San Alberto; Yesid García Saez, Procurador Provincial de Bucaramanga; el señor Presidente del Concejo Municipal de San Alberto y algunos honorables concejales y representantes de la comunidad en general.

“1) Intervención del señor Alcalde Municipal de San Alberto: presentó los respectivos saludos a todas las personalidades que asistieron, y manifestó que el objetivo de este consejo de seguridad era analizar la delicada situación de orden público, así mismo dijo que cada uno de los asistentes expusieran sus conceptos acerca de la situación para que las autoridades respectivas tomen las iniciativas correspondientes. Planteó también escuchar a todas las comunidades y éstos a su vez den soluciones, dijo que ojalá este consejo de seguridad no se quede en uno más de los otros tantos.

“2) Intervención del señor Personero Municipal de San Alberto: hizo el respectivo saludo a todos los presentes y luego procedió a dar lectura a un oficio enviado al señor Presidente de la República ERNESTO SAMPER, para solicitar su intervención en la gran problemática de orden público que se viene viviendo en este municipio, seguidamente dijo que la situación de San Alberto era muy bien conocida por todos y de muchos años atrás, donde los derechos humanos eran violados realmente por las mismas autoridades y que se pretendía saber qué iban a hacer estas autoridades al respecto, pues había un cuestionamiento por la ciudadanía por saber en que van las investigaciones con relación a las masacres, también dijo que quería escuchar a la ciudadanía en general.

“4) Intervención del Comandante de la Policía del Cesar: dio un respetuoso saludo a todos los asistentes y dijo que a grandes rasgos hay mucha preocupación por la situación en San Alberto, presentó un informe sobre las muertes ocurridas en esta región, dijo que en la vereda Casa Blanca el número de muertos ascendía a 30 incluyendo los dos funcionarios de la Alcaldía de San Alberto, manifestó que la Policía no podía ser ajena a esta situación en cuanto al incremento de la violencia y que se hiciera una causa común y se realizaran las respectivas denuncias, también dijo que habían personas en San Alberto que sabían de muchos hechos de homicidios pero que por temor no denunciaban; informó de 21 homicidios ocurridos en este municipio en lo que va corrido del año y otros 9 delitos más diferentes…” (fls. 23 a 27, cdno. ppal. – mayúsculas y negrillas del original).

1.8. Copia auténtica del oficio DH-4090 del 26 de octubre de 1995, suscrito por una asesora de la consejería presidencial para los derechos humanos, dirigido al señor personero municipal de San Alberto en el que se solicita la siguiente información:

“Esta consejería ha recibido requerimientos de organismos internacionales de derechos humanos en los que se solicita información sobre la desaparición de 3 personas en el municipio de San Alberto (Cesar).

“Según esas informaciones, el 30 de septiembre de 1995, un grupo de desconocidos que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, sacaron de su vivienda a ARISTÓBULO RODRÍGUEZ VERGEL, JUAN FRANCISCO ROJAS PALACIOS y RAMÓN ROJAS TORRADO, sin que se tenga noticia de su paradero.

“Respetuosamente solicitamos hacer llegar a esta consejería, la información que se encuentre en su despacho sobre el estado de las investigaciones que se adelanten por los hechos descritos anteriormente.” (fl. 31, cdno. ppal. – mayúsculas del original).

1.9. Copia auténtica del Oficio 013/UNIPJ del 18 de enero de 1996, firmado por un funcionario de la Unidad Investigativa de Policía Judicial de San Alberto (Cesar), dirigido al personero municipal de esa entidad territorial, en el que se anexa el reporte de homicidios ocurridos en esa localidad a lo largo del año 1995, para un total de 67 muertes dentro de las que se cuenta como la número 66 la del funcionario Jorge Enrique León Chávez (fls. 33 y 34, cdno. ppal.).

1.10. Copia del acta de necropsia realizada por Medicina Legal en el Hospital Local de San Alberto, documento en el que se especificó lo siguiente:

“(…) DESCRIPCIÓN DEL CADAVER: Hombre adulto grueso con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, cabellos lacios canosos, sin bigotes ni barba, patillas cortas de igual color, sólo con interiores color azul con elástico negro.

“EXAMEN INTERNO:

“CUERO CABELLUDO: ver heridas por proyectil de arma de fuego.

“CRÁNEO: ver heridas por proyectiles de arma de fuego.

“COLUMNA VERTEBRAL: ver heridas por proyectiles de arma de fuego.

“SISTEMA ÓSEO ARTICULAR: fractura de cráneo, de vértebra de columna, ver heridas por proyectil de arma de fuego.

“PLEURA Y ESPACIOS PLEURALES: ver heridas por proyectiles de arma de fuego.

“PULMONES: ver heridas por proyectiles de arma de fuego.

“PERICARDIO Y CORAZÓN: sin compromisos.

“AORTA Y GRANDES VASOS: ver heridas por proyectiles de arma de fuego.

“HIGADO – VÍAS BILIARES – PÁNCREAS: ver heridas por proyectiles de arma de fuego.

“ESTÓMAGO – ESÓFAGO – INTESTINO – APÉNDICE: ver heridas de proyectil de arma de fuego.

“APARATO GENÉTICO URINARIO: ver heridas por proyectiles de arma de fuego.

“SISTEMA ENDOCRINO: sin compromisos.

“(…) CONCLUSIÓN: Muerte por shock neurológico- hipovolémico y lesión de órganos vitales causadas por múltiples [11 proyectiles impactados] heridas por proyectiles de arma de fuego.

“MANERA DE MUERTE: Homicidio.” (fls. 43 y 44, cdno. ppal – mayúsculas del original).

1.11. Resolución 1592 de 1996, proferida por Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales de Santander, por medio de la cual se reconoce y concede pensión de sobrevivientes a favor de Karol León Prieto, Jorge A. León Prieto, Khristian C. León Prieto y Blanca R. Prieto Rubio, los primeros en calidad de hijos menores de Jorge Enrique León Chávez y la última en su condición de compañera permanente del occiso (fls. 61 y 62, cdno. ppal.).

1.12. Resolución 231 del 19 de febrero de 1997, en la que se confirma la resolución 1592 de 1997 (fls. 63 y 64, cdno. ppal.).

1.13. Resolución 106 del 23 de abril de 1997, a través de la cual la Gerente Seccional del ISS de Santander, en sede del recurso de apelación interpuesto, confirma la Resolución 1592 de 1997 (fls. 65 a 69, cdno. ppal.).

1.14. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Jorge Enrique León Chávez, donde consta que falleció el 24 de noviembre de 1995, y que había nacido el 11 de abril de 1953, en el municipio de Quipilé (Cundinamarca) (fl. 72 cdno. ppal.).

1.15. Oficio 0097/UNIPJ-FDLD-SUBSIJÍN, del 7 de abril de 1998, suscrito por el Teniente Didier Fabián Urquijo Sandoval, Comandante de Policía de San Alberto, que contiene un informe detallado sobre el fenómeno de violencia que se presentó en la mencionada entidad territorial durante los años 1994 a 1996, del que vale la pena destacar lo siguiente:

“En 1991 se encontraban operando los grupos subversivos pertenecientes a la COORDINADORA NACIONAL GUERRILLERA ELN, el VEINTEAVO (20) frente de las FARC, y el grupo disidente del EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN EPL.

“MODUS OPERANDI: El modus operando de estos grupos subversivos lo estaban ejerciendo en las regiones correspondientes, desde el corregimiento La Esperanza (N.S.), Corregimiento 20 de julio (Santander), Corregimiento La Pedregoza (N.S.), toda la jurisdicción del Municipio de San Alberto especialmente en los sitios denominados El Amarillo, El Líbano, Miradores, Guaduas, El Cobre, La Llana, zonas en donde constantemente cada cuadrilla mantiene en zozobra la población civil…

“Para el año 1995 se organizaron mancomunadamente los grupos del ELN, FARC y EPL, especialmente los frentes CAMILO TORRES RESTREPO y la Cuadrilla RAMÓN GILBERTO BARBOSA ZAMBRANO que actuaban directamente en el municipio de San Alberto perímetro urbano para la facilidad de infiltrar personal en la empresa INDUPALMA y en los gremios políticos al igual que en los corregimientos del Líbano, Minas, Torcoroma, Tropezón, 20 de julio y La Esperanza. Para ese mismo año se incrementó el índice de homicidios en el casco urbano a cualquier hora del día o de la noche, y en el perímetro rural especialmente en horas nocturnas y por lo general eran cometidos con armas de fuego.

“(…) Se tiene conocimiento que a partir del año 1995 se ha notado la presencia de al parecer grupos de autodefensas en esta jurisdicción especialmente en el perímetro rural, provenientes del Sur de Bolívar y los Santanderes.

“(…) Las medidas adoptadas por la Policía de San Alberto para esa época, en especial para el año 1995, para brindar seguridad a los concejales, alcaldes y demás funcionarios públicos se basaron principalmente en concientizar (sic) a dichas personas en el conflicto que se estaba viviendo, dándoles instrucción permanente sobre: vías a tomar, el cuidado que deberían tener con personas o vehículos sospechosos, especial cuidado con los desplazamientos en perímetro urbano y rural…” (fls. 18 a 30, cdno. ppal. 2º).

1.16. En oficio del 29 de abril de 1998, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República allegó el cuadro que había elaborado la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en relación con la violación a las garantías fundamentales de la población en el departamento del Cesar; documento que pone de presente la grave situación de violencia que se presentó durante el período comprendido entre los años 1994 y 1996, a lo largo de diferentes municipios de ese departamento y, de manera específica, en cuanto tiene que ver con la localidad de San Alberto, se tiene que fueron asesinadas un sinnúmero de personas entre las que se encontraban sindicalistas, dos concejales, un personero municipal, un funcionario de la empresa de acueducto, sin mencionar los múltiples casos de desaparecimiento forzado que se especifican en el citado reporte (fls. 33 a 44, cdno. ppal. 2º).

1.17. El jefe de la división de inteligencia interna y externa del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”, de manera adjunta al oficio 637 del 7 de abril de 1998, remitió al proceso 116 folios que contienen los hechos delincuenciales conocidos y registrados por esa dependencia durante los años 1994 a 1996, en los municipios del sur del Cesar (cdno. ppal. 3).

1.18. Testimonio de las señoras Claudia Yolanda Lagos y Carmen Ruth Lozano que dan cuenta de las relaciones de afecto, convivencia y cariño que existían entre Jorge Enrique León Chávez y Rosalba Prieto, así como entre éstos y sus hijos menores Karol, Andrey y Camilo (fls. 288 a 296, cdno. ppal. 2).

1.19. Testimonio del señor Pedro José Fabrega Bulloso, rendido el 13 de abril de 1999, ante uno de los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander (comisionado), del que resulta pertinente transcribir lo siguiente:

“(…) Si lo conocí, desde el 2 de octubre de 1995, cuando ingresé a laborar en calidad de CONTRALOR MUNICIPAL y en consecuencia, teníamos un trato de amistad y de trabajo ya que ambos laborábamos para la Alcaldía del municipio de SAN ALBERTO. PREGUNTADO: sírvase manifestar al despacho si conoce usted cuál fue la situación de orden público vivida en el municipio de SAN ALBERTO (CESAR) para la época correspondiente al año 1995. CONTESTÓ: Efectivamente, en SAN ALBERTO, había un ambiente muy pesado debido a la violencia que habían desatado los grupos alzados en armas… PREGUNTADO: sírvase manifestar al despacho si conoce usted qué clase de personas fueron víctimas de la violencia que allí se vivía. CONTESTÓ: eso era indiscriminado, personalmente, viví un escenario de violencia almorzando junto con el personero JORGE ENRIQUE LEÓN el día 24 de noviembre de 1995 a eso de las doce y cincuenta del medio día entraron al restaurante y mataron a tiros al Personero. Fue un acto violento, que traumatizó mi vida durante un tiempo, y que realmente, queda muy difícil determinar a ciencia cierta a qué grupos pertenecían esos señores que irrumpieron en el restaurante… PREGUNTADO: Manifieste al Despacho si conoce cuáles fueron las medidas adoptadas por las autoridades de carácter nacional, departamental y local para preservar la vida de los conciudadanos ante la situación afrontada. CONTESTÓ: Realmente, en SAN ALBERTO  se encontraba la fuerza pública, Policía y Ejército, pero, a nivel de seguridad personal no existía pues ninguna protección, me refiero a los funcionarios municipales, vivíamos cerca de la policía y el ejército quedaba en frente de la alcaldía y yo particularmente no frecuentaba lugares nocturnos lejanos de mi lugar de habitación. A nivel de la Alcaldía en un consejo de gobierno, probablemente, se debatió este aspecto de la seguridad ciudadana y de los funcionarios, pero, no lo puedo asegurar que hubieran implementado algún mecanismo encaminado a proteger la integridad física de los funcionarios de la alcaldía… PREGUNTADO: sírvase informar al Despacho, si es de su conocimiento cuál fue la participación del señor JORGE ENRIQUE LEÓN CHÁVEZ dentro del conflicto a que hemos hecho referencia, valga decir, en ejercicio de las funciones de PERSONERO. CONTESTÓ: dentro del conocimiento que tengo, él era PERSONERO del municipio y realmente, no conocí los tipos de casos que él llevaba en su oficina, pero que por los comentarios que salieron a relucir, posterior a su muerte, expresaron que llevaba casos difíciles, no le conocí ningún conflicto a nivel personal, ni tampoco ninguna relación con ningún (sic) grupo generador de violencia en la zona. Hasta el momento de la muerte de JORGE ENRIQUE LEÓN no se sabía de que estuviera con problemas personales que pudieran haberle causado la muerte como causa de alguna violencia, particularmente, creo que su muerte obedeció al hecho de ser PERSONERO que en un municipio como SAN ALBERTO, es un oficio riesgoso, pues, el abogado que lo remplazó también fue muerto violentamente en el año 1997… PREGUNTADO: informe al tribunal si tuvo usted conocimiento por algún medio sobre la ejecución de hechos de violencia contra servidores públicos, actores sociales o políticos o, líderes sindicales en la jurisdicción de SAN ALBERTO ocurridos con anterioridad a octubre de 1995, en ese año, o en el año de 1994. CONTESTÓ: efectivamente, la radio y la prensa y la televisión, inclusive, informaban, eventualmente, de muertes ocurridas en el municipio de SAN ALBERTO previamente a la época del mes de octubre de 1995 en que yo me posesioné como CONTRALOR, habían (sic) muertes de dirigentes sindicales, trabajadores de INDUPALMA, y de funcionarios de la Alcaldía que eran informados por la radio y por la prensa, en especial, por VANGUARDIA LIBERAL. Cuando asumí el cargo de CONTRALOR pese a la situación de violencia que allí se presentaba, fue debido a una petición personal que me hiciera el Alcalde LUIS AUGUSTO CHÁVEZ ya que el anterior contralor se había retirado por amenazas y por otra parte, además, por la oportunidad de devengar un sueldo… PREGUNTADO: informe al Tribunal la distancia y ubicación aproximada del restaurante en el que fue asesinado el Personero JORGE ENRIQUE LEÓN CHÁVEZ con relación a la Alcaldía, estación de Policía y la base militar… CONTESTÓ: el restaurante de propiedad de un señor de apellido YEPES, quedaba a una distancia de la sede de la Policía de dos cuadras, de la alcaldía, también, quedaba a dos cuadras y del Ejército que se encontraba acantonado en una finca al frente de la Alcaldía quedaba a dos cuadras y media y había que cruzar la carretera… nunca hubo una medida de seguridad en el restaurante ni en área adyacente que protegiera la integridad física de los funcionarios que almorzaban en el restaurante del señor Yepes… Ese mismo día que ocurrió la muerte de JORGE ENRIQUE LEÓN, decidí retirarme del cargo de CONTRALOR en dicho municipio, igual decisión asumió el Secretario de Gobierno, señor DIEGO SUÁREZ…” (fls. 298 a 306, cdno. ppal. 2º - mayúsculas del original).

1.20. Copias auténtica de los registros civiles de nacimiento de: i) Jorge Andrey León Prieto, en donde consta que su nacimiento se produjo el 18 de mayo de 1980; ii) Khristian Camilo León Prieto, nacido el 2 de mayo de 1994; iii) Karol Nerieth León Prieto, nacida el 21 de noviembre de 1978, y iv) Blanca Rosalba Prieto Rubio, cuyo nacimiento se produjo el 22 de febrero de 1959; así mismo, de los citados documentos se desprende que los primeros son hijos de esta última y de Jorge Enrique León Prieto (fls. 72 a 75, cdno. ppal. 1º).

2. Valoración probatoria y conclusiones.

La sentencia objeto de impugnación será revocada, por las razones que se exponen a continuación:

2.1. El daño antijurídico está acreditado con el certificado de defunción y el acta de necropsia practicada al cadáver del señor Jorge Enrique León Chávez, quien, además, se desempeñaba para el momento de su muerte como Personero Municipal de San Alberto (Cesar), cargo del que había tomado posesión el 1º de marzo de 1995.

En ese orden de ideas, la afectación de los derechos, bienes e intereses legítimos de los demandantes se encuentra probada, ya que el ordenamiento jurídico no les impone el deber o la carga de tolerar el daño irrogado, esto es, la muerte violenta de su compañero permanente, padre y hermano, circunstancia que es demostrativa de que se trata de una lesión o afectación cierta y personal, padecida por quienes concurren al proceso.

De otro lado, vale la pena precisar que el criterio empleado por el a quo, consistente en el principio de la relatividad de la falla del servicio, no puede ser asimilado, como pareciera darlo a entender el apoderado de los demandados, a un evento de daño jurídico, esto es, de una lesión que la víctima o afectados se encuentran en el deber de soportar; lo anterior, como quiera que el hecho de afirmar que el Estado no se encuentra obligado a lo imposible y, por lo tanto, no le pueden ser imputados daños sobre los cuales no tenga una órbita de control por acción u omisión, constituye un problema de imputación fáctica y jurídica que no se relaciona con la antijuricidad o no de la lesión o aminoración irrogada.

Así las cosas, en el caso concreto sí existe daño antijurídico y está referido a las consecuencias que se desprenden de la muerte violenta de un ser querido, sin que los demandantes estén compelidos u obligados a tolerarlas o soportarlas.

2.2. Constatada la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con miras a determinar si en el asunto sub examine, el mismo deviene atribuible o endilgable por acción u omisión a la entidad demandada, o si por el contrario es producto del hecho determinante y exclusivo de un tercero.

En el caso concreto, el análisis de imputación desborda el plano de lo material y fáctico para ubicarse en un escenario jurídico y normativo que se traduce, en sí mismo, en un ejercicio de imputación objetiva que permite determinar si el daño es o no atribuible en cabeza de la Policía Nacional, como quiera que los demandantes aducen que existió una omisión por parte de la mencionada institución que configuró una falla del servicio o, eventualmente, un daño especial derivado del rompimiento de las cargas públicas. En otros términos, si bien la execrable muerte del personero municipal Jorge Enrique León fue perpetrada por un grupo de personas que le dispararon en multiplicidad de ocasiones, lo que prima facie, desde el plano material, configuraría una ausencia de imputación respecto del Estado por tratarse del hecho exclusivo de un tercero, lo cierto es que en el mundo del derecho, el estudio de la imputatio facti enseña que ésta no sólo puede ser fáctica, sino también normativa que para el caso, se estructura en la dimensión de la imputación objetiva y de la omisión.

Sobre el particular, la Sección ha puntualizado(1):

“Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

“En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar acción u omisión, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

“No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(2).

“Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(3).

“En otros términos, la causalidad y sus diferentes teorías naturalísticaspuede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser.

“En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto.

“En ese orden de ideas, el hecho de analizar la un resultado bajo la perspectiva de  ingredientes normativos (v.gr. como la posición de garante), fijados por la ley y la jurisprudencia es lo que permite, con mayor facilidad, establecer la imputación fáctica (atribución material), esto es, se itera, la asignación de un determinado daño en cabeza de un específico sujeto.

“En relación con la posibilidad de emplear la posición de garante, como elemento normativo para la construcción de la imputación fáctica del resultado, la jurisprudencia de la Sala ha señalado:

“Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho(4).

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley –en sentido material– atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida(5).(6)”.

“Desde esa perspectiva, la posición de garante se erige como uno de los ejes basilares sobre los cuales se edifica el concepto de imputación fáctica, puesto que a partir del conjunto de principios establecidos en el artículo 1º de la Constitución Política, se hace responsable, desde diversas perspectivas jurídicas (penal, disciplinaria, patrimonial, etc.) a la persona que con su omisión ha facilitado la producción del daño, lo que desvirtúa en el plano jurídico el principio causal según el cual a partir de la omisión no se deriva nada(7). En ese contexto, la posibilidad de atribuir resultados o daños, con base en un criterio normativo – jurídico, no es otra cosa distinta que la reivindicación de la multiplicidad de valores y principios jurídicos sobre los que se basamenta el Estado colombiano, es decir, como un Estado social de derecho, en el cual los asociados no solo se benefician de una gama de derechos y garantías, sino que, de igual manera, se encuentran conminados al cumplimiento de una serie de deberes (v.gr. principio de solidaridad, de dignidad humana, de tolerancia, etc.) sin los cuales la sociedad no podría funcionar(8).

“Y, si los particulares se encuentran vinculados por esos imperativos categóricos –en términos Kantianos–, con mayor razón los órganos y funcionarios estatales se hallan sometidos al cumplimiento y salvaguarda de esos principios y valores constitucionales. En consecuencia, tal y como lo ha sostenido el máximo tribunal constitucional, la fuerza pública se encuentra en posición de garante frente a la protección de los bienes y derechos de los ciudadanos, sin que ello suponga someter al Estado a lo imposible puesto que existe el principio de falla relativa del servicio, pero sí obliga a que se analice en cada caso concreto las posibilidades reales con las que contaban los agentes estatales para impedir el resultado(9).” (negrillas adicionales).

En otro pronunciamiento, en cuanto se refiere a la delimitación de la imputación fáctica, se reiteró la importancia de identificar en el plano causal el comportamiento jurídicamente relevante, así:

“La sola circunstancia o hecho material del arrollamiento con el vehículo, aunque teóricamente podría constituir un hecho de un tercero, y bien una hipótesis de solidaridad en los términos del artículo 2344 del Código Civil, en el caso sub examine, lo que se evidencia con claridad meridiana es que el comportamiento del conductor de la camioneta no fue relevante jurídicamente en atención al contexto del lugar, y a la posición y vestimenta del soldado que se mimetizaba con la hierba, todo lo cual conspiró en conjunto para el triste resultado de una vida que se vio frustrada; por el contrario, la causa adecuada o determinante del resultado no es otra diferente a la proyección de la falla del servicio en el iter o recorrido causal que dio al traste con la vida del uniformado, quien confiado en que se encontraba en una zona de descanso aún así fuera improvisada, pero que asumió era segura y por ello se entregó al sueño, de allí que tampoco en formal alguna cabría la hipótesis de culpa de la víctima”(10).

Postura reiterada en un fallo reciente, en el que se sostuvo(11):

“Por consiguiente, no resulta procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a reclusos, sea suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles por acción u omisión a la administración pública, puesto que se requiere, además, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño. Lo anterior, en la medida en que sería posible que la causa directa, inmediata y material del daño radique en la actuación exclusiva de la propia víctima o la ocurrencia de una fuerza mayor(12)”.

En consecuencia, el hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un tercero no quiere significar, en principio, que se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la administración pública, toda vez que aquél puede devenir imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en la producción (v.gr. con un aumento del riesgo permitido o un desconocimiento del principio de confianza), o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando se constate en estos eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a evitar el resultado.

Por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado.

Los anteriores ingredientes normativos y jurídicos tienen como propósito controlar la incertidumbre que genera el empleo de las teorías causales —propias de las ciencias naturales— frente a la asignación de resultados en las ciencias sociales (v.gr. el derecho). Por lo tanto, la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la  obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas.

2.3. En el caso concreto, a diferencia de lo sostenido por el a quo, el daño es imputable a la omisión de la Policía Nacional, toda vez que había adquirido posición de garante en relación la protección de la vida e integridad del funcionario Jorge Enrique León Chávez, puesto que era ampliamente conocida la situación de violencia que imperaba en el año 1995 el municipio de San Alberto, máxime si operaban en la zona tanto grupos al margen de la ley de carácter subversivo y paramilitar. En efecto, para la precitada anualidad, ya habían sido ultimados un funcionario de la empresa de acueducto, varios trabajadores de la sociedad Indupalma, y dos concejales del mismo municipio, así como más de cincuenta pobladores. Además, como lo reconoce el testigo Pedro José Fabrega Bulloso, la situación de riesgo y violencia generalizada era conocida por las autoridades civiles municipales, departamentales, e incluso nacionales; además, en los dos consejos de seguridad llevados a cabo en San Alberto, participó activamente la fuerza pública para comprometerse en la intensificación de las operaciones y en la protección de la vida de los ciudadanos.

Así las cosas, la Sala no avala la postura asumida por la entidad demandada según la cual el atentado contra la vida del funcionario León Chávez le resultaba imprevisible e irresistible, toda vez que, por el contrario, dado el número de asesinatos y desapariciones que se produjeron en esa entidad territorial en los años 1994 y 1995, lo esperable en términos de la teoría de la probabilidad preponderante(13), era que se continuara con el exterminio de los funcionarios públicos que venían trabajando en pro del mejoramiento de las condiciones de seguridad de la entidad territorial.

El testimonio del señor Pedro José Fabrega Bulloso resulta coherente e ilustrativo a la hora de reforzar la conclusión anterior, es decir, que la situación de peligro que pendía respecto de cada funcionario público de San Alberto, era lo suficientemente conocida por la fuerza pública, así como por la comunidad, circunstancia que motivó a que se adelantaran acciones conjuntas de todas las autoridades civiles, administrativas y militares de ese municipio, encaminadas a mejorar las condiciones de indefensión en que se hallaban los moradores de la entidad territorial y los funcionarios.

En efecto, el citado testigo afirmó lo siguiente: “…en SAN ALBERTO se encontraba la fuerza pública, Policía y Ejército, pero, a nivel de seguridad personal no existía pues ninguna protección, me refiero a los funcionarios municipales, vivíamos cerca de la policía y el ejército quedaba en frente de la alcaldía y yo particularmente no frecuentaba lugares nocturnos lejanos de mi lugar de habitación. A nivel de la Alcaldía en un consejo de gobierno, probablemente, se debatió este aspecto de la seguridad ciudadana y de los funcionarios, pero, no lo puedo asegurar que hubieran implementado algún mecanismo encaminado a proteger la integridad física de los funcionarios de la alcaldía… Hasta el momento de la muerte de JORGE ENRIQUE LEÓN no se sabía de que estuviera con problemas personales que pudieran haberle causado la muerte como causa de alguna violencia, particularmente, creo que su muerte obedeció al hecho de ser PERSONERO que en un municipio como SAN ALBERTO, es un oficio riesgoso, pues, el abogado que lo remplazó también fue muerto violentamente en el año 1997…” (fls. 298 a 306, cdno. ppal. 2º).

Además, según lo reconoció la entidad demandada, a través del oficio 0097/UNIPJ-FDLD-SUBSIJÍN, del 7 de abril de 1998, suscrito por el Comandante de Policía de San Alberto, las medidas adoptadas por la Policía para esa época, en especial para el año 1995, para brindar seguridad a los Concejales, Alcaldes y demás funcionarios públicos se basaron principalmente en concienciar a esos servidores públicos en el conflicto que se estaba viviendo, para lo que se suministró instrucción permanente sobre vías a tomar, el cuidado que deberían tener con personas o vehículos sospechosos, y con los desplazamientos en perímetro urbano y rural.

En consecuencia, si bien la Policía Nacional desconocía cualquier tipo de amenaza en relación con el personero Jorge Enrique León Chávez, lo cierto es que sí era conciente del riesgo al que se encontraban sometidos los funcionarios y autoridades locales, tanto así que se les brindaron diversas instrucciones en relación con las rutas a tomar, los desplazamientos, entre otros aspectos, lo que evidencia y pone de presente la posición de garante que había asumido la fuerza pública en cuanto concierne a la protección y salvaguarda de los derechos, bienes e intereses legítimos de los pobladores de San Alberto y, específicamente, respecto de las autoridades civiles del municipio, como quiera que ellas venían en una labor de confrontación directa con la delincuencia, razón que reforzaba la idea de la necesidad de protección de su vida e integridad personal.

Al respecto, la Sala en sentencia del 4 de octubre de 2007, sostuvo lo siguiente:

“Desde esa perspectiva, es claro que el Ejército Nacional conocía de la situación de peligro que se había radicado en cabeza del señor Argemiro Tobón no propiamente a sus instancias, sino a partir de la actividad desplegada por los miembros de la institución militar. En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor Tobón Rueda comunicó el peligro que corría su vida e integridad física como resultado de los frecuentes acantonamientos que efectuó el Ejército Nacional en terrenos de su propiedad, motivo por el cual, se puede señalar que aquél asumió posición de garante(14) frente a la integridad del ciudadano.

“Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho(15).

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley –en sentido material– atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida(16)”.

En esa perspectiva, el daño antijurídico a diferencia del aserto del a quo, deviene imputable a la entidad demandada toda vez que la Policía Nacional estaba compelida, en virtud de la posición de garante, a evitar el resultado que en virtud del conocimiento y las reglas de la experiencia era esperable, esto es, que cualquiera de los grupos armados que operaban en la zona atentara contra la vida e integridad de los funcionarios del municipio de San Alberto; y como quiera que esa intervención no se produjo, se configuró una omisión que sin anfibología alguna fue la determinante en la producción del daño, lo que desencadena una responsabilidad de tipo patrimonial de la administración pública, máxime, si esa circunstancia configuró un desconocimiento del deber de seguridad y protección, lo que traduce una falla del servicio.

2.4. En consecuencia, el sustrato de la obligación de resarcir el daño irrogado se encuentra en el desconocimiento del deber de protección y seguridad que le asiste a las autoridades públicas y, de manera particular, a las militares y policiales de salvaguardar los derechos, bienes e intereses legítimos de los asociados, en los términos establecidos en el artículo 2º de la Carta Política.

Acerca del contenido y alcance de la obligación de seguridad y protección de la fuerza pública respecto de los particulares, la Sala puntualizó:

“A pesar de las constantes amenazas contra las vidas y los bienes de los demandantes, las autoridades militares y de policía que conocían de la situación peligro por la que atravesaban, y ante quienes con insistencia habían acudido en demanda de protección, guardaron silencio y no asumieron conducta alguna tendiente a brindar la protección pedida, con los medios disponibles para ello. Sin justificación alguna omitieron dar respuesta, de cualquier naturaleza que fuese, a las peticiones que días antes de la toma guerrillera les hicieran los demandantes. Surge clara, pues, en este caso, la omisión del Estado en brindar protección a los bienes de los demandantes, la cual fue determinante en la producción del daño antijurídico que se reclama. Los demandantes presentaron varias solicitudes concretas de protección a las autoridades, las cuales fueron desatendidas, sin tener en cuenta que existían circunstancias especiales ( como la muerte del administrador de la finca y las constantes denuncias que por boleteo, presentaron los actores, etc. ), que hacían necesaria una protección inmediata a sus vidas y a sus bienes por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta para ello, como se dijo anteriormente, los medios con que contaba el Estado para realizar dicha tarea, habida cuenta que las vidas y los bienes de un grupo de personas, se encontraban expuestas a una situación de inminente peligro, el cual se concretó, con la muerte de tres personas y la destrucción de las viviendas, los muebles y el hurto de semovientes y otros bienes, propiedad de los actores(17)”.

“(...).

“El relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, cabe señalar que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6º ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua, pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos”(18). (negrillas adicionales).

En ese orden de ideas, en el caso concreto falló el deber de protección y seguridad ínsito en este tipo de situaciones, pues la autoridad de policía conocía el peligro al que estaban sometidos los funcionarios públicos y trabajadores del municipio, especialmente aquellos que se encontraban en una campaña firme y estricta contra la violencia, y que querían obtener el apoyo de las autoridades del orden departamental y nacional. Así las cosas, para la entidad demandada el daño producido no le resultó inesperado y sorpresivo, ya que, se insiste, conocía las circunstancias de violencia generalizada que azotaban a la población del municipio de San Alberto, y el riesgo que circundaba a los servidores públicos que estaban trabajando para la supresión de la barbarie que imperaba en ese momento en la mencionada entidad territorial; es precisamente allí, en ese conocimiento actualizado en donde se recalca la posición de garante asumida por el Estado, así como la vulneración y desconocimiento de la suficiente y necesaria protección que debió serle suministrada a quienes, desde uno u otro ámbito hacían frente a los grupos protervos.

En consecuencia, a diferencia de lo sostenido por el a quo, la muerte del señor Jorge Enrique León Chávez no configura un evento de falla relativa del servicio, en razón a que la Policía no estaba obligada a lo imposible en el supuesto concreto, máxime si existía una actualización del conocimiento, en términos de la escuela finalística del derecho que implicaba el deber de exigencia de otro comportamiento; en otras palabras, al haber conocido la entidad demandada la situación de riesgo, porque así lo reconoció el propio comandante de policía de San Alberto, esa sola circunstancia en términos cognoscitivos y volitivos, radicaba en cabeza de la entidad demandada, se itera, el deber de garantizar la vida e integridad del ciudadano, para lo cual se encontraba impelido a brindar la protección y seguridad necesarias, circunstancias éstas que no se cumplieron, lo que se traduce en la imputación fáctica y jurídica del resultado en cabeza de la demandada.

Así las cosas, una posición diferente llevaría a tolerar las omisiones generalizadas en las que, de manera eventual, puede incurrir el Estado y, principalmente, las autoridades que integran la fuerza pública en relación con la protección, garantía y promoción de los derechos de los asociados, lo que se traduciría en la pérdida de legitimidad del poder público como quiera que el propósito del Constituyente, al establecer los deberes de protección y garantía, no fue simplemente consignar un peripuesto discurso retórico relacionado con la relevancia del ser humano y sus garantías mínimas en el moderno Estado social de derecho, sino que, por el contrario, la elevación a rango constitucional de esa gama o haz de derechos subjetivos y prestacionales lleva aparejado una transformación de la realidad social, en la que las autoridades públicas juegan un papel preponderante en aras de materializar la satisfacción, garantía y disfrute de esos intereses legítimos reconocidos positivamente por la Carta Política y la ley, pero que hacen parte del ser humano simplemente por el hecho de serlo.

Por ende, cuando el Estado conociendo la situación de riesgo y peligro que yace sobre una determinada población, grupo de personas o un ciudadano, omite y desatiende los mandatos contenidos en la Constitución Política, no sólo vulnera y transgrede de manera ostensible sus deberes y obligaciones positivas, sino que desatiende los mandatos propios fijados por los imperativos categóricos, específicamente, la defensa y satisfacción del principio de dignidad humana, fundamento y sustancia de todos los derechos y libertades públicas(19).

3. Liquidación de perjuicios.

Los demandantes reclamaron, dentro del contenido de la demanda, los siguientes grupos de perjuicios:

3.1. Morales: conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(20).

En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para los siguientes demandantes: Blanca Rosalba Prieto Rubio, Jorge Andrey, Khristian Camilo, y Karol Nerieth León Prieto, en atención a que de folios 72 a 75 del expediente, obran los registros civiles que dan cuenta de la relación de parentesco que los vincula. De otro lado, serán denegados los perjuicios deprecados por el señor Adolfo León Chávez, ya que no reposa en el proceso el correspondiente registro civil que establezca el parentesco invocado, o cualquier otra prueba que acredite su condición de perjudicado directo con el daño, es decir, que acredite su congoja y padecimiento con la muerte de Jorge Enrique León.

Ahora bien, con la simple acreditación del matrimonio o en su defecto de la unión marital, así como con los registros civiles de nacimiento de los hijos, se presume que tanto la cónyuge como los hijos padecieron un detrimento del orden moral. En efecto, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión (grave o leve), a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(21), debe presumirse de hecho, que el peticionario ha padecido y sufrido el perjuicio solicitado.

Así las cosas, como en el sub judice se presenta el perjuicio en su mayor magnitud, habrá lugar a reconocer a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas en el cuadro señalado a continuación, para cada uno de los demandantes:

Blanca Rosalba Prieto Rubio100 smmlv
Jorge Andrey León Prieto100 smmlv
Khristian Camilo León Prieto100 smmlv
Karol Nerieth León Prieto100 smmlv

3.2. Perjuicios materiales: fueron reclamados por la cónyuge supérstite y por los hijos del occiso, consistentes en el lucro cesante consolidado y futuro derivado de la muerte de su esposo y padre, respectivamente.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a determinar si se encuentran acreditados los anteriores perjuicios y, de constarse, se procederá a su correspondiente liquidación según las fórmulas y parámetros vigentes sobre la materia.

3.3.1. Lucro cesante consolidado:

En lo que respecta al lucro cesante, habrá lugar a decretar este perjuicio, en cuanto fue reclamado por los demandantes, y los testimonios de las señoras Claudia Yolanda Lagos y Carmen Ruth Lozano, quienes conocían personalmente a la familia León Prieto, dan cuenta de que Jorge Enrique velaba por su familia, para lo cual se desempeñaba como personero municipal del San Alberto.

Ahora bien, en relación con los ingresos mensuales del occiso León Chávez, obra certificación expedida el 16 de febrero de 1996, por Gustavo Hernando Núñez Martínez, Personero Municipal de San Alberto, en la que se hace constar que el occiso, al momento de su deceso, devengaba un salario mensual de $ 920.000, discriminados así: $ 850.000, como sueldo básico y la suma de $ 70.000 como gastos de representación (fl. 11, cdno. ppal.).

De conformidad con lo anterior, la Sala actualizará a valor presente el salario devengado por Jorge Enrique León Chávez, para establecer si es superior al salario mínimo mensual legal vigente, o si por el contrario es menor, en cuyo caso se aplicará este último.

 

formula18274-c.bmp
 

En virtud a que, la renta actualizada arroja un resultado superior al salario mínimo mensual legal vigente, se tendrá en cuenta este último como salario de liquidación, en tanto corresponde a los ingresos de León Chávez. A esa suma se adicionará el 25% por prestaciones sociales y, de otra parte, se deducirá de dicho valor el 25%, correspondiente al valor aproximado que Jorge Enrique León destinaba para su propio sostenimiento, quedando la base de la liquidación en la suma de $ 2´845.832.

El 50% del valor antes citado, esto es, $ 1´422.916, se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la esposa Blanca Rosalba Prieto Rubio, y el 50% restante se distribuirá entre sus hijos en proporciones iguales, es decir, la liquidación se efectuará con la suma de $ 474.305.

Se tendrá en cuenta, de manera adicional que, en el momento de su muerte, José Vicente Acevedo tenía 42 años así se desprende del registro civil de nacimiento, que obra a folio 70 del cuaderno principal y, por lo tanto, una vida probable de 34,91 años (418 meses), según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria, por resolución 497 de 20 de mayo de 1997. Es importante anotar que Blanca Rosalba Prieto nació en 1959, motivo por el cual tenía para la fecha de la muerte de su esposo, una vida probable de 36 años (486 meses). En consecuencia, para efectos de la liquidación  —de conformidad con los parámetros jurisprudenciales—, se tomará la vida probable menor, esto es, la de Jorge Enrique León.

Por último, debe precisarse que Jorge Andrey nació el 18 de mayo de 1980, motivo por el cual cumplió el 18 de mayo del año 2005, 25 años, esto es la edad hasta la que, según los parámetros jurisprudenciales, un padre colabora económicamente con el hijo, de manera independiente o no al hecho de que se encuentre estudiando. Así mismo, Khristian Camilo cumplirá los 25 años el 2 de mayo de 2019, y Karol Nerieth cumplió los 25 años en el año 2003; en consecuencia, en relación con Jorge Andrey y Karol Nerieth se liquidará de manera exclusiva el lucro cesante consolidado, desde la fecha en que se produjo el deceso de su progenitor hasta la fecha en que debieron cumplir los 25 años. Por el contrario, para Khristian Camilo se liquidará tanto el período consolidado que va desde la fecha en que ocurrió la muerte de su padre hasta el momento en que se profiere esta sentencia, y el período futuro contado a partir de esta sentencia hasta el momento en que cumpla los 25 años de edad, esto es, en el año 2019.

Lucro cesante consolidado para Blanca Rosalba Prieto

Para la liquidación del período consolidado, se aplicará la fórmula matemático – actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio. La misma se expresa en los siguientes términos, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos desde la fecha de los hechos hasta la fecha de la presente providencia:

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Lucro cesante consolidado para Karol Nerieth León

 

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Lucro cesante consolidado para Jorge Andrey León

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Lucro cesante consolidado para Khristian Camilo León

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3.3.2. Lucro cesante futuro:

Para calcular el lucro cesante futuro, habrá lugar a realizar similares consideraciones a las efectuadas para el lucro cesante consolidado, sólo que con fundamento en la fórmula actuarial aplicable para los correspondientes efectos.

A efectos de establecer la suma que corresponde a título de lucro cesante futuro, habrá lugar a aplicar la fórmula que se expone a continuación, en donde “i” es una constante, “n” es el número de meses existentes entre el período comprendido a partir de la fecha de esta providencia hasta la fecha de vida probable menor, con miras a liquidar la indemnización de la cónyuge supérstite, y la fecha en que Khristian Camilo cumpla la edad de 25 años, todo lo anterior, según los índices establecidos por la Superintendencia Financiera para los respectivos efectos.

Lucro cesante futuro para Blanca Rosalba Prieto

De conformidad con las tablas de vida probable, aplicables al asunto en concreto, se tiene que la menor correspondía al propio Jorge Enrique León, de tal forma que para liquidar el lucro cesante de Blanca Rosalba (cónyuge – demandante) se tomará como número de meses (n), los que faltaban para que aquél llegara a su margen de vida probable, descontando el número de meses ya liquidado con el lucro cesante consolidado. En consecuencia, el período futuro a liquidar corresponde a 250 meses.

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Lucro cesante futuro para Khristian Camilo León

El período a indemnizar, en relación con el menor Cristian David Acevedo Franco, a título de lucro cesante futuro, corresponde a aquel comprendido entre la fecha de la presente providencia y el momento en que aquél cumplirá los 25 años de edad.

 

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4. Condena en costas.

Como quiera que el recurso de apelación, en el asunto de la referencia prosperó, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas a la demandada en el presente proceso, por cuanto no se evidencia que haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia apelada, esto es, la proferida el 29 de febrero de 2000, por el Tribunal Administrativo del Cesar.

2. Como consecuencia de lo anterior, declárase administrativa y extracontractualmente responsable a la entidad demandada de los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. Condénase a la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:

1) A título de lucro cesante para la señora Blanca Rosalba Prieto la suma de quinientos ochenta y un millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte $ 581.673.899.

2) A título de lucro cesante para Karol Nerieth León, la suma de cincuenta y siete millones ciento once mil novecientos noventa pesos m/cte $ 57´111.990.

3) Por concepto de lucro cesante para Jorge Andrey León, el valor de setenta y un millones doscientos veintisiete mil ochocientos veinte pesos m/cte $ 71.227.820.

4) A título de lucro cesante para Khristian Camilo León, la suma de ciento sesenta y seis millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y siete pesos m/cte $ 166.262.897.

5) Por daño moral, las sumas de dinero que se determinan a continuación, todas ellas expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Para Blanca Rosalba Prieto Rubio: 100 smmlv

Para Jorge Andrey León Prieto: 100 smmlv

Para Karol Nerieth León Prieto: 100 smmlv

Para Khristian Camilo León Prieto: 100 smmlv

4. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

5. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, Exp. 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(3) “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 expediente 14215.

(4) “La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, sólo se puede alcanzar una solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero ésta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquí entendida, busca solucionar solamente un problema normativo-social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico.” Cf. PERDOMO Torres, Jorge Fernando “La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, Pág. 17 a 20. Ver igualmente: LÓPEZ Díaz, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; JAKOBS, Günther “Derecho Penal Parte General”, Ed. Marcial Pons; ROXIN, Claus “Derecho Penal Parte General “Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito”, Ed. Civitas.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 15567.

(6) Ver igualmente: sentencias de 15 de octubre de 2008, Exp. 18586, de 20 de febrero de 2008, Exp. 16996, de 1º de octubre de 2008, Exp. 27268.

De igual manera, el Consejo de Estado ha sostenido que los eventos señalados en el Código Penal, como constitutivos de posición de garante, son igualmente extensivos a la responsabilidad extracontractual del Estado, motivo por el cual son aplicables para definir en qué casos un daño antijurídico es imputable a la organización estatal. Así las cosas, las causales de posición de garante, para efectos de imputar responsabilidad o daños causados, se encuentran contenidas en el artículo 25 del Código Penal (que regula la acción y omisión), y su análisis y aplicación puede ser trasladado a la responsabilidad extracontractual del Estado, con precisas salvedades. Tales circunstancias son las siguientes:

“Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente.”

(7) “Ex nigilo nili fit”. De la nada, nada.

(8) “Estas posiciones de garantía están acordes constitucionalmente con el principio de solidaridad, el cual, principalmente viene exigido cuando se trata de la protección de bienes jurídicos relacionados con la vida e integridad personal… Sobre esto ha dicho la Corte Constitucional: “La solidaridad es un valor constitucional que sirve de pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas situaciones.” Los deberes constitucionales son patrones de conducta social impuestos por el Constituyente a todo ciudadano, más no exigibles, en principio, como consecuencia de su mera consagración en la Carta Política, sino en virtud de una ley que los desarrolle.” OVIEDO Pinto, María Leonor “La posición de garante”, Ed. Ediciones Ciencia y Derecho, Bogotá, Pág. 138.

(9) “En el marco de toda imputación, incluyendo la jurídico penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario de imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien pertenece el suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese lugar, tanto para bien, en el marco de la imputación a título de mérito, como en lo malo, en la imputación a título de reproche.” (Se destaca) JAKOBS, Günter “La imputación objetiva en el derecho penal”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Pág. 23.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 15 de octubre de 2008. Exp. 18586. M.P. Enrique Gil Botero.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 16990. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008. Exp. 18586. M.P. Enrique Gil Botero.

(13) La cual le permite al juez fundar su decisión en hechos, que aún sin estar establecidos de manera exacta o matemática, a la luz de la razón, son los más probables. Además, conforme lo enseña Karl R. Popper, recogiendo la visión gnoseológica actual, el conocimiento científico consiste en conjeturas comprobables, por ello es conocimiento hipotético, conocimiento conjetural, en el mejor de los casos.

“En términos generales, y en relación con el “grado de probabilidad preponderante”, puede admitirse que el juez no considere como probado un hecho más que cuando está convencido de su realidad. En efecto, un acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aun sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, los que presentan un grado de probabilidad predominante. No basta que un hecho pueda ser considerado sólo como una hipótesis posible. Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa, llegue a la convicción de que existe una probabilidad determinante.” DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil. Con especial atención a la reparación del daño”, Ed. Civitas, Madrid, 1995, Pág. 78 y 79.

(14) Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: “En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente  para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de  una actividad peligrosa.

“(…) En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante  que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance  la consumación del hecho.” Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(15)“La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, sólo se puede alcanzar una solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero ésta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquí entendida, busca solucionar solamente un problema normativo-social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico.” Cf. PERDOMO Torres, Jorge Fernando “La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, Pág. 17 a 20. Ver igualmente: LÓPEZ DÍAZ, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; JAKOBS, Günther “Derecho Penal – Parte General”, Ed. Marcial Pons; ROXIN, Claus “Derecho Penal – Parte General “Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito”, Ed. Civitas.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, Exp. 15567. M.P. Enrique Gil Botero.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2000, Exp. 14787. M.P. Alier E. Hernández. Enríquez.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp. 14443. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(19) “Todo mandato, por eso, que pretenda obligar a una persona, en tanto que norma jurídica, tiene que reconocer a esta persona como persona. El reconocimiento del hombre como persona responsable es el presupuesto mínimo que tiene que mostrar un orden social si éste no quiere forzar simplemente por su poder sino obligar en tanto que derecho. Este contenido material natural, de que hay una obligatoriedad o un deber ser trascendente a la existencia.” WELZEL, Hans “Introducción a la filosofía del derecho natural y justicia material”, Ed. Aguilar, 1972, 2ª edición, pág. 252.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(21) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

“El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

“(…)”.