Sentencia 1997-03619 de abril 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Mauricio Fajardo Gómez

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil trece (2013).

Rad.: 25000-23-26-000-1997-03619-01(20401)

Actor: Sociedad Distridinámica Limitada

Demandado: Cámara de Representantes

Ref.: Apelación sentencia. Acción contractual

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil uno (2001), por la Sala de Decisión, Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, mediante la cual se dispuso:

PRIMERO. Niéganse las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Devuélvase el expediente al tribunal de origen (Ac. 810/2000 del Consejo Superior de la Judicatura)”.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El día 4 de marzo de 1997, la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., por conducto de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria en ejercicio de la acción contractual en contra de la CÁMARA DE REPRESENTANTES, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (fls. 3 a 13 c. 1):

“PRETENSIÓN PRINCIPAL 

PRIMERA. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, se declare que entre la sociedad DISTRIDINÁMICA LIMITADA y la NACIÓN COLOMBIANA – CÁMARA DE REPRESENTANTES EXISTIÓ UNA RELACIÓN CONTRACTUAL cuya prestación y precio se indican a continuación. 

SEGUNDA. Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA – CÁMARA DE REPRESENTANTES no pagó y por tanto adeuda a la sociedad DISTRIDINÁMICA LIMITADA los siguientes valores por los conceptos expresados: 

1. La suma de $ 12’376.400 por concepto de reparaciones locativas, efectuadas en algunas de las instalaciones de la corporación en Santa Fe de Bogotá D.C., de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el acta de entrega Nº 001 de tales servicios, prestados hasta el mes de julio de 1993. 

2. La suma de $ 28’239.236 por concepto del suministro de papelería e implementos, muebles y equipos para oficina, solicitados por la Cámara de Representantes y entregados a ella por la demandante, durante los años de 1993 y 1994 en sus instalaciones de Santa Fe de Bogotá D.C., de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el acta de entrega Nº 002 referente a tales elementos, expedida con fecha 10 de mayo de 1995. 

3. La suma de $ 14’848.159 por concepto del suministro de implementos y equipos eléctricos para oficina, solicitados por la Cámara de Representantes y entregados a ella por la demandante, durante los años de 1993 y 1994 en sus instalaciones de Santa Fe de Bogotá D.C., de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el acta de entrega Nº 003 referente a tales elementos, expedida con fecha 10 de mayo de 1995. 

4. La suma de $ 15’111.124 por concepto de obtención de 368.564 fotocopias a razón de $ 41 cada una, incluido el IVA, solicitadas por la Cámara de Representantes y elaboradas para ella por la demandante, durante los años de 1994 y 1995 en las instalaciones de la Corporación en Santa Fe de Bogotá D.C., de conformidad con lo especificado en la certificación expedida con fecha 17 de agosto de 1995. 

TERCERA. Que se condene a la NACIÓN COLOMBIANA – CÁMARA DE REPRESENTANTES a reconocer y pagar a la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., la suma de SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L COLOMBIANA ($ 70’574.919.oo) m/l, como valor total de los servicios y suministros prestados y entregados que no fueron pagados a la demandante. 

CUARTA. Que se condene a la NACIÓN COLOMBIANA – CÁMARA DE REPRESENTANTES a reconocer y pagar a la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., el valor de los intereses corrientes y por mora causados por cada una de las sumas demandadas desde cuando se hicieron exigibles hasta cuando se verifique el pago. 

QUINTO. Que las sumas a que se refiere la condena solicitada se ACTUALICEN MONETARIAMENTE de manera que representen el valor adquisitivo equivalente a la fecha de la sentencia, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 

SEXTA. Que a la sentencia se le disponga el cumplimiento dentro de los 30 días siguientes a su comunicación como lo dispone el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, con las prevenciones de que trata el artículo 177 de la misma obra”. 

2. Hechos.

Como fundamentos fácticos de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los siguientes:

• La sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., prestó servicios de fotocopiado entre el mes de noviembre de 1993 y el 21 de abril de 1995, en el marco de varios contratos de prestación de servicios celebrados con la Cámara de Representantes, pero que se extendieron más allá de los términos pactados por las partes.

• Durante ese mismo período la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., efectuó reparaciones locativas y suministró equipos de oficina que fueron recibidos por la entidad demandada.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

El demandante acusó a la entidad pública demandada de la vulneración de las siguientes disposiciones: i) artículos 2º, 13, 90 y 95 de la Constitución Política; ii) artículo 28 de la Ley 80 de 1993; y iii) artículo 8º de la Ley 153 de 1887. Los cargos formulados fueron los siguientes (fls. 8 a 9 c. 1):

“Del conjunto de preceptos enunciados emerge la afirmación según la cual nadie puede enriquecerse injustamente a expensas de otro, lo que equivale, en términos de la doctrina administrativa moderna, a que nadie puede someter a otro válidamente a soportar una lesión que no está en el deber jurídico de hacerlo. 

En el presente caso, bien porque se considere que la fuente directa de la responsabilidad demandada está constituida por el principio del enriquecimiento injusto, o bien que se considere en términos un poco más amplios que el principio que gobierna esta controversia es el conocido como el daño antijurídico, la parte que represento considera que no hay fundamento jurídico de ninguna clase para que se le conmine a soportar un detrimento patrimonial que le ha causado el correlativo enriquecimiento obtenido por la NACIÓN – CÁMARA DE REPRESENTANTES. 

Es por esta última razón por la que deliberadamente el suscrito abogado ha estimado necesario proponer una pretensión principal con base en la responsabilidad contractual y una subsidiaria con fundamento en la responsabilidad extracontractual. No debe pensar el tribunal que el suscrito abogado pretende, como por azar formular dos planteamientos diferentes con el fin de poder esperar confiado que cualquiera de los dos conceptos llevaran al tribunal a la conclusión que nos favorece. No está en nuestro ánimo jugar a partida doble con la seguridad de que en cualquiera de los dos eventos la sentencia nos favorezca. Lo que explica el planteamiento hecho en el capítulo de pretensiones es precisamente la circunstancia de que el enriquecimiento injusto del presente caso encaja en el precepto constitucional del artículo 90 de nuestra carta política que, como se vio hace extensiva la responsabilidad del Estado por la vía contractual o extracontractual. Así espero que la honorable corporación reciba nuestro planteamiento”. 

4. Actuación procesal.

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, admitió la demanda por auto del 9 de mayo de 1997 (fl. 22 c. p.).

4.2. Por auto del 28 de abril de 1998 se dispuso la apertura y práctica de pruebas (fl. 34 c. p.).

5. Contestación de la demanda.

La entidad demandada no contestó la demanda.

6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

En auto del 10 de mayo de 2000, el tribunal a quo ordenó dar traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus respectivos alegatos de conclusión (fl. 84 del primer cuaderno).

6.1. La parte demandante. No presentó alegatos de conclusión.

6.2. La Cámara de Representantes (fls. 87 y 88 c. 1). Manifestó que los contratos celebrados con la sociedad demandante fueron debidamente ejecutados y cancelados. En cuanto a las demás obligaciones que se dice adeudar no se aportaron al expediente pruebas idóneas de su existencia, tal y como se concluyó durante la conciliación extrajudicial.

6.3. El Ministerio Público (fls. 94 a 100 c. 1). Consideró que no se acreditó la existencia de contratos de conformidad con lo regulado en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente, consideró que existía una indebida acumulación de pretensiones al invocar una responsabilidad contractual y extracontractual al mismo tiempo.

7. La sentencia impugnada.

La Sección Tercera, Sala de Decisión, del Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, negó las pretensiones de la demanda, fundamentalmente por las siguientes razones (fls. 102 a 125 c. p.):

“En cuanto a la acción contractual, de entrada debe desecharse, por cuanto que de las pruebas aportadas al proceso no se determina de manera alguna la existencia de una relación contractual entre la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., y la CÁMARA DE REPRESENTANTES, en los términos de la Ley 80 de 1993. 

En efecto, no existió una convocatoria previa; no existe un contrato de ninguna naturaleza, no se extendió ningún tipo de póliza de garantía o cumplimiento, no hay actas de recibo, no se constituyó ninguna interventoría, y en fin, la supuesta relación demandada no aparece por parte alguna, y menos con la suficiente entidad para ser tenida en cuenta como de tipo CONTRACTUAL. 

E. En cuanto a la pretensión subsidiaria formulada como un “Enriquecimiento sin causa”, en realidad de verdad, la base probatoria obrante dentro del proceso es muy precaria, como imprecisos los hechos en los cuales se fundamenta”. 

8. El recurso de apelación.

La sociedad demandante recurrió la decisión de primera instancia con base en los siguientes planteamientos (fl. 138 a 146 c. p.):

“La doctrina ha considerado que para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado, basta la presencia de un daño antijurídico y la imputabilidad del mismo a una entidad estatal. Y para que el Estado pueda ser condenado a pagar daños que ha padecido una persona, es suficiente que se demuestre la lesión patrimonial causada a la víctima, siempre y cuando ésta no hubiese tenido el deber jurídico de afrontar. 

En este orden de ideas, la demandante en el suministro de todos los elementos y obras realizadas para la H. Cámara, tal como quedó plenamente demostrado, actuó de buena fe, y con el no pago de tales suministros su patrimonio se ha empobrecido por un daño injurídico imputable a la entidad demandada que, como se demuestra en las cuentas de cobro y las órdenes de pago que fueron elaboradas, pero dichos valores no se cancelaron a la demandante, documentos que obran en cantidad de 25 y son plena prueba de ello”. 

9. Actuación en segunda instancia.

9.1. El recurso de apelación fue concedido por el tribunal a quo el 3 de abril de 2001 (fl. 130 c. p.).

9.2. Por medio de providencia del 8 de junio de 2001 esta corporación corrió el traslado para la sustentación del recurso (fl. 137 c. p.).

9.3. Mediante auto del 13 de julio de 2001, esta corporación admitió el recurso de apelación (fl. 151 c. p.).

9.4. Se negó la práctica de una inspección judicial solicitada por la parte actora, mediante auto del 11 de octubre de 2001 (fls. 159 a 160 c. p.).

9.5. Mediante providencia del 1 de noviembre de 2001 se dispuso el traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 162 c. p.).

10. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

10.1. Sociedad Distridinámica Ltda. (fls. 163 a 171 c. p.). Reiteró los planteamientos expuestos en el recurso de alzada.

10.2. Cámara de Representantes. No presentó alegatos de conclusión.

10.3. El Ministerio Público. No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: i) la competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto y el enriquecimiento sin causa según la posición de la Sala Plena de la Sección; ii) las pruebas recaudadas; y iii) el análisis del caso concreto.

1. Competencia del Consejo de Estado. La posición jurisprudencial unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera en torno a la procedencia del enriquecimiento sin justa causa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La Sala venía reconociendo el carácter autónomo de la actio in rem verso cuando se pretendía la declaración del enriquecimiento sin justa causa respecto de la parte demandada y el consecuente restablecimiento del desequilibrio patrimonial generado por tal situación, sin embargo, no es menos cierto que la Sala llegó a esa conclusión partiendo de una interpretación restrictiva de las acciones consagradas en el Código Contencioso Administrativo, y de un análisis que la Sala Plena de la Sección Tercera rectificó en reciente providencia acerca del alcance de la acción de reparación directa en el ordenamiento jurídico colombiano.

En sentencia de unificación de jurisprudencia del 19 de noviembre de 2012, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación sentó su posición en torno a la procedencia de la acción de reparación directa como el cauce adecuado para ventilar judicialmente las pretensiones relativas al enriquecimiento sin justa causa, así como el carácter excepcional de su procedencia; en aquella ocasión se afirmó:

“La Sala empieza por precisar que, por regla general, el enriquecimiento sin causa, y en consecuencia la actio de in rem verso, que en nuestro derecho es un principio general, tal como lo dedujo la Corte Suprema de Justicia(1) a partir del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, y ahora consagrado de manera expresa en el artículo 831(2) del Código de Comercio, no pueden ser invocados para reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de un contrato estatal que los justifique por la elemental pero suficiente razón consistente en que la actio de in rem verso requiere para su procedencia, entre otros requisitos, que con ella no se pretenda desconocer o contrariar una norma imperativa o cogente. 

“Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales son solemnes puesto que su perfeccionamiento exige la solemnidad del escrito, excepción hecha de ciertos eventos de urgencia manifiesta en que el contrato se torna consensual ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia de la solemnidad del escrito (L. 80793, art. 41 inc. 4º). En los demás casos de urgencia manifiesta, que no queden comprendidos en esta hipótesis, la solemnidad del escrito se sujeta a la regla general expuesta.

“No se olvide que las normas que exigen solemnidades constitutivas son de orden público e imperativas y por lo tanto inmodificables e inderogables por el querer de sus destinatarios. 

“En consecuencia, sus destinatarios, es decir todos los que pretendan intervenir en la celebración de un contrato estatal, tienen el deber de acatar la exigencia legal del escrito para perfeccionar un negocio jurídico de esa estirpe sin que sea admisible la ignorancia del precepto como excusa para su inobservancia. 

“Y si se invoca la buena fe para justificar la procedencia de la actio de in rem verso en los casos en que se han ejecutado obras o prestado servicios al margen de una relación contractual, como lo hace la tesis intermedia, tal justificación se derrumba con sólo percatarse de que la buena fe que debe guiar y que debe campear en todo el iter contractual, es decir antes, durante y después del contrato, es la buena fe objetiva y no la subjetiva. 

“En efecto, la buena fe subjetiva es un estado de convencimiento o creencia de estar actuando conforme a derecho, que es propia de las situaciones posesorias, y que resulta impropia en materia de las distintas fases negociales pues en estas lo relevante no es la creencia o el convencimiento del sujeto sino su efectivo y real comportamiento ajustado al ordenamiento y a los postulados de la lealtad y la corrección, en lo que se conoce como buena fe objetiva.

“Y es que esta buena fe objetiva que debe imperar en el contrato tiene sus fundamentos en un régimen jurídico que no es estrictamente positivo, sino que se funda también en los principios y valores que se derivan del ordenamiento jurídico superior ya que persiguen preservar el interés general, los recursos públicos, el sistema democrático y participativo, la libertad de empresa y la iniciativa privada mediante la observancia de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, entre otros, de tal manera que todo se traduzca en seguridad jurídica para los asociados. 

“Así que entonces, la buena fe objetiva “que consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte(3), y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”, es la fundamental y relevante en materia negocial y “por lo tanto, en sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho, esto es la buena fe subjetiva, sino, se repite, el comportamiento que propende por la pronta y plena ejecución del acuerdo contractual”,(4) cuestión esta que desde luego también depende del cumplimiento de las solemnidades que la ley exige para la formación del negocio. 

“Y esto que se viene sosteniendo encuentra un mayor reforzamiento si se tiene en cuenta además que esa buena fe objetiva, que es inherente a todas las fases negociales, supone la integración en cada una de ellas de las normas imperativas correspondientes, tal como claramente se desprende de lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción similar al artículo 1603 del Código Civil, que prevé que los contratos deben “celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.

“Por consiguiente la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera alguna enerva los mandatos imperativos de la ley para edificar una justificación para su elusión y mucho menos cuando la misma ley dispone que un error en materia de derecho ‘constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario’(5).

“Pero por supuesto en manera alguna se está afirmando que el enriquecimiento sin causa no proceda en otros eventos diferentes al aquí contemplado, lo que ahora se está sosteniendo es que la actio de in rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de este, eludiendo así el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los procedimientos señalados por el legislador.  

“12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó.  

“Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 

a) “Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 

b) “En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. 

c) “En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. 

12.3. El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto del enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, el juzgador, en la misma providencia que resuelva el asunto, deberá cumplir con la obligación de compulsar copias para las respectivas investigaciones penales, disciplinarias y/o fiscales. 

“13. Ahora, en los casos en que resultaría admisible se cuestiona en sede de lo contencioso administrativo si la acción pertinente sería la de reparación directa. 

“Se recuerda que, de un lado, se prohíja las tesis que niega la pertinencia de la vía de la reparación directa con fundamento en que se trata de una acción autónoma que es de carácter compensatoria y no indemnizatoria, aspecto este último que constituye la esencia la acción de reparación directa, y, de otro lado, se aduce que el camino procesal en lo contencioso administrativo es precisamente la de la reparación directa porque mediante esta se puede pedir la reparación de un daño cuando la causa sea, entre otras, un hecho de la administración.  

Pues bien, si se tiene en cuenta que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y que la autonomía de la actio de in rem verso se relaciona con la causa del enriquecimiento y no con la vía procesal adecuada para enrutarla, fácilmente se concluye que en materia de lo contencioso administrativo a la pretensión de enriquecimiento sin causa le corresponde la vía de la acción de reparación directa.  

“En efecto, recuérdese que en el derecho romano el enriquecimiento estaba vinculado a determinadas materias (donaciones entre cónyuges, petición de herencia frente al poseedor de buena fe, negocios celebrados por el pupilo sin la autorización del tutor, el provecho que una persona recibía por los delitos o por los actos de otro, etc.) y por consiguiente la restitución se perseguía mediante la condictio perteneciente a la respectiva materia, materia esta que entonces se constituía en la causa del enriquecimiento. 

“Ulteriormente, a partir de la construcción de la escolástica cristiana y de la escuela del derecho natural racionalista, se entendió que la prohibición de enriquecerse a expensas de otro era una regla general que derivaba del principio de la equidad y que por lo tanto resultaba aplicable también para todas aquellas otras hipótesis en que alguien se hubiera enriquecido en detrimento de otro, aunque tales casos no estuvieran previstos en la ley. 

“Este proceso culminó cuando Aubry y Rau entendieron y expresaron que la actio de in rem verso debía admitirse de manera general para todos aquellos casos en que el patrimonio de una persona, sin causa legítima, se enriquecía en detrimento del de otra y siempre y cuando el empobrecido no contara con ninguna otra acción derivada de un contrato, un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito para poder obtener la restitución. 

“Así que entonces la autonomía de la actio de in rem verso se centra en que el enriquecimiento se produce sin una causa que lo justifique y que como quiera que no hay causa justificante se carece de la correspondiente acción que daría la justa causa si esta existiere. 

“Esta la razón por la que se exige que no haya contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito al amparo del cual pueda pretenderse la restitución. 

Emerge por consiguiente que la actio de in rem verso, más que una propia y verdadera acción, es una pretensión restitutoria de un enriquecimiento incausado, enriquecimiento éste que a no dudarlo constituye un daño para el empobrecido y que por lo tanto es equitativo que aunque no exista causa al amparo de la cual pueda exigirse la restitución esta se conceda en aplicación de la regla que prohíbe enriquecerse a expensas de otro. 

Luego es en ese ámbito y de esta manera como debe entenderse la autonomía de la actio de in rem verso, lo que en otras palabras significa que su autonomía es más de carácter sustancial que procedimental. 

“Así el asunto resulta claro que mediante la llamada acción de reparación directa que consagra el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo puede pretenderse el reconocimiento del enriquecimiento sin causa y la consiguiente restitución en todos aquellos casos en que resultaría procedente, puesto que esta acción está prevista precisamente para poder demandar directamente la reparación del daño cuando provenga, entre otros eventos, de un hecho de la administración. 

“Y el argumento para negar la viabilidad de la reparación directa para las pretensiones de enriquecimiento sin causa, sosteniendo que aquella es indemnizatoria y esta compensatoria, también se derrumba con sólo considerar que quien se ve empobrecido sin una causa que lo justifique está padeciendo un daño y por ende puede pedir su reparación, pero como de la esencia de una pretensión edificada sobre un enriquecimiento incausado es que la restitución sólo va hasta el monto del enriquecimiento, es esto lo que en ese caso puede pedir y nada más. 

Puestas así las cosas aparece obvio que la vía procesal en lo contencioso administrativo para recabar un enriquecimiento incausado es la de la reparación directa porque mediante ésta se puede demandar la reparación del daño y esto es precisamente lo que padece quien se ve empobrecido si quien correlativamente se enriquece sin una causa que lo justifique. 

“Pero, se reitera, lo único que podrá pedir mediante esa acción es el monto del enriquecimiento y nada más y esta circunstancia en manera alguna desfigura o enerva la acción de reparación directa puesto que lo sustantivo prevalece sobre lo adjetivo o procedimental. 

“14. Corolario de lo anterior es que todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de enriquecimiento sin causa se rigen por los de la reparación directa porque esa pretensión se hace valer mediante esta acción.  

“Así las cosas, cuando se formulen demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, en ejercicio de la actio de in rem verso, el proceso tendrá doble instancia de acuerdo con lo establecido en los artículos 132 y 134B del Código Contencioso Administrativo, el procedimiento aplicable será el ordinario de conformidad con el 206 ibídem y la competencia en razón del territorio se regirá por la regla de la letra f del artículo 134D de ese ordenamiento.  

“Por consiguiente, de la actio de in rem verso, cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales, conocerán en primera instancia los jueces administrativos(6) y en la segunda instancia los tribunales administrativos. 

“Ahora, de aquella cuya cuantía exceda los 500 SLMLM conocerán en primera instancia los tribunales administrativos(7) y en segunda instancia la Sección Tercera del Consejo de Estado, con la salvedad que las decisiones serán adoptadas por las respectivas subsecciones” (negritas por fuera del texto)(8).

En este orden de ideas, la Sección Tercera unificó su posición jurisprudencial en torno a que la pretensión del enriquecimiento sin justa causa se debe ventilar en sede judicial a través de la acción de reparación directa, limitando a tres hipótesis, reseñadas en el numeral 12.2 de la providencia que se cita, la procedencia excepcional de la mencionada pretensión.

Si bien es cierto que en el presente caso la parte actora invocó la acción relativa a controversias contractuales, la Sala estima necesario precisar que en el asunto que se examina no aparece prueba alguna que demuestre que las prestaciones cuyo reconocimiento y pago se reclaman en la demanda, consistentes en las reparaciones locativas o el suministro de elementos de oficina (muebles, papelería, equipos eléctricos, etc.) hubieren estado vinculadas a la ejecución de un contrato o contratos en los cuales se evidenciara la estipulación de dichos objetos. Por otro lado, en cuanto corresponde al servicio de fotocopiado de los años 1994 y 1995, los documentos que pudieran servir de prueba de una relación contractual entre las partes fueron allegados en copia simple y, por tanto, carecen de valor probatorio según lo explicó la Sala en el acápite de pruebas.

En las anteriores condiciones resulta evidente que no se presentan los presupuestos necesarios para entender que la litis en estudio corresponde a una controversia contractual; no obstante, con el propósito de garantizar la efectividad del derecho de acceso a la administración de justicia y advirtiendo que la parte actora en el concepto de violación fundamentó sus pretensiones desde la perspectiva de un enriquecimiento sin causa, la Sala considera que en este caso resulta procedente la aplicación del principio iura novit curia, con el fin de efectuar un análisis de fondo desde el punto de vista de una acción de reparación directa, dado que el procedimiento y el término de caducidad se encuentran regulados de manera similar para el caso de las controversias contractuales, lo cual descartaría una indebida escogencia de la acción.

2. Las pruebas aportadas al proceso.

El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo(9) señala expresamente que a los procesos atribuidos al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil. Así, al incorporarse dicho régimen se adoptó también la filosofía(10) que inspira las pruebas en el estatuto procesal civil, el cual se materializa en el sistema de valoración probatoria que está presente en los procesos constitutivos, declarativos o de condena que regula esa normativa.

Bajo esta perspectiva es necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil(11), los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.

A lo anterior se agrega que el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (art. 251 CPC), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

De otro lado, si el documento aportado es de naturaleza privada, al tenor de lo dispuesto en el aludido artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, éste se reputará auténtico en los siguientes casos(12): i) cuando hubiere sido reconocido ante el juez o notario, o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) cuando hubiere sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) cuando se encuentre reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; iv) cuando se hubiere declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) cuando se hubiere aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y ésta no lo tache de falso.

En relación con las copias aportadas a un proceso y su alcance probatorio, la Corte Constitucional, en Sentencia C-023 de febrero 11 de 1998, puntualizó:

“El artículo 25 citado se refiere a los “documentos” y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad. 

“Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos. 

“De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. 

“En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación”. 

Previo a examinar de fondo el recurso de apelación propuesto, se requiere revisar las pruebas aportadas al proceso de la referencia, a efectos de establecer su autenticidad y, por ende, realizar el respectivo juicio de legalidad; de esta forma se relacionan a continuación los documentos aportados y su respectiva calificación probatoria:

2.1. Documentos aportados en original o en copia auténtica.

Los siguientes documentos, debidamente decretados como pruebas, se allegaron al proceso en original o en copia auténtica, razón por la cual serán valorados como pruebas válidas:

2.1.1. Certificación del director administrativo de la Cámara de Representantes, expedida el 13 de diciembre de 1993, por medio de la cual indicó que la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., prestó servicios de fotocopiado en el marco del contrato Nº 121/93 (fl. 12 c. 2).

2.1.2. Certificación del coordinador de duplicaciones de la Cámara de Representantes del 8 de mayo de 1995, por medio de la cual señaló que la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., prestó servicios de fotocopiado entre el mes de noviembre de 1993 y el 21 de abril de 1995 (fls. 15 y 16 c. 2).

2.1.3. Acta de entrega Nº 001 suscrita por el almacenista de la Cámara de Representantes, de reparaciones locativas efectuadas por la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., en la Cámara de Representantes. No tiene fecha de expedición (fl. 19 c. 2).

2.1.4. Acta de entrega Nº 002 suscrita por el almacenista de la Cámara de Representantes, de elementos de oficina entregados por la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., expedida el 10 de mayo de 1995 (fls. 20 a 23 c. 2).

2.1.5. Acta de entrega Nº 003 suscrita por el almacenista de la Cámara de Representantes, de elementos de oficina entregados por la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., expedida el 10 de mayo de 1995 (fls. 24 a 26 c. 2).

2.1.6. Formatos de remisión de elementos a la Cámara de Representantes desde el 19 de julio hasta el 23 de diciembre de 1993 (fls. 27 a 42 c. 2).

2.1.7. Solicitud de conciliación prejudicial presentada por la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., ante la Procuraduría General de la Nación el 6 de julio de 1995 (fls. 82 a 84 c. 2).

2.1.8. Acta de la conciliación prejudicial Nº 137-95 celebrada el 25 de julio de 1995 ante la Procuraduría Once Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 87 a 90 c. 2).

2.1.9 Auto del 14 de septiembre de 1995, por medio del cual la Sección Tercera de Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó la conciliación extrajudicial celebrada entre la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., y la Cámara de Representantes (fls. 91 a 100 c. 2).

2.1.10. Auto del 1 de marzo de 1996, por medio del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el auto del 14 de septiembre de 1995 de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 101 a 109 c. 2).

2.1.11. Expediente Nº 97-D-13616 contentivo de los documentos presentados en la conciliación prejudicial ante la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 110 a 226 c. 2).

2.1.12. Certificación del director administrativo de la Cámara de Representantes del 13 de diciembre de 1993, por medio del cual se afirmó la existencia del contrato Nº 121/93, cuyo objeto era la prestación del servicio de fotocopiado.

2.3. Documentos aportados en copia simple.

Al proceso se allegaron con la demanda diversos documentos en copia simple, los cuales, de conformidad con lo anteriormente expuesto, carecen de valor probatorio(13).

2.4. El dictamen pericial.

Mediante el auto del 11 de octubre de 1999, el tribunal a quo decretó de oficio la práctica de dictamen pericial con los siguientes objetivos:

“(...) establecer por ese medio la cantidad de unidades de fotocopias tomadas por la corporación y no pagadas a la sociedad demandante a partir del 3 de noviembre de 1994 y durante todo el año 1995 y parte de 1996, excluidas, de ser posible, las 961.985 unidades a que se comprometieron las partes en virtud del contrato Nº 046 (...). 

(...) establecer por ese medio las especies, cantidades y detalles técnicos de todos los elementos de oficina y electrodomésticos entregados a la Corporación y no pagados a la sociedad demandante (...)”.

El 22 de febrero de 2000 los peritos contadores GUILLERMO ÁLVAREZ REAL y GERARDINO VIVAS HERNÁNDEZ indicaron que la entidad pública demandada no prestó colaboración alguna para obtener la información solicitada, por lo que acudieron a los documentos aportados en el proceso los cuales arrojaron un total de deuda actualizada a esa fecha con intereses moratorios de $ 239’183.601.

2.5. Informe juramentado.

En el auto de pruebas del 28 de abril de 1998 se decretó que el presidente de la Cámara de Representantes rindiera informe escrito bajo la gravedad del juramento, en los términos del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, sobre los hechos de la demanda (fl. 34 c. 1).

El Presidente de la Cámara de Representantes indicó que los hechos de la demanda eran ciertos, salvo los referidos a la presentación, trámite y pago de las sumas reclamadas por la sociedad demandante, comoquiera que no eran de su conocimiento, por haberse tramitado durante la dirección de otra mesa directiva en la Cámara de Representantes (fls. 36 a 38A).

3. El caso concreto.

De los medios probatorios allegados al expediente se puede inferir que a la parte demandante no le asiste razón en punto a la configuración del enriquecimiento sin justa causa de la parte demandada y, por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia apelada.

Siguiendo las reglas establecidas por la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, del 19 de noviembre de 2012, la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por el enriquecimiento sin justa causa sólo podrá proceder en tres hipótesis cuando el enriquecimiento injustificado que se invoca proviene de la ejecución de prestaciones que debían encontrarse amparadas por la celebración de un contrato estatal pero cuya ejecución se hubiere producido con pretermisión de las exigencias y/o formalidades de carácter legal:

i) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium, constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

ii) En los casos en que resulte urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud; urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, para lo cual se debe verificar, en todo evento, que la decisión de la administración pública frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

iii) En las situaciones en las que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración pública omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, siempre que se trate de casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.

Atendiendo los anteriores presupuestos, estudiará la Sala las pretensiones de la demanda.

3.1. Suministro adicional del servicio de fotocopias. La Sala encuentra que, en principio, en el presente caso se podría configurar la primera de las causales que permitirían la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin justa causa como fuente autónoma de la obligación de reparar o compensar por parte del Estado.

Sin embargo, los documentos aportados con la demanda para demostrar el suministro de fotocopias por una cantidad y tiempo superiores a los inicialmente contratados, no resultan demostrativos de una conducta propiciada exclusivamente por la entidad pública, sin participación y sin culpa de DISTRIDINÁMICA LTDA., que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium, hubiere constreñido o impuesto al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de fotocopias en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal; y aquellos que pudieran serlo son documentos públicos que debieron aportarse en original o en copia auténtica, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Sobre este particular puntualiza la Sala que es auténtico también el documento aportado al proceso por la entidad pública en copia simple cuando ha sido producido por ella misma, siempre que las copias sean expedidas o remitidas por el funcionario competente. Empero, en el asunto objeto de juzgamiento se tiene que la parte actora no solicitó al Tribunal a quo el recaudo de las pruebas documentales ante la Cámara de Representantes, por lo cual no resulta posible endilgar a la entidad pública demandada una conducta procesal omisiva, que permitiera valorar de manera excepcional las copias simples aportadas por la parte actora, como lo ha hecho la Sala en otras oportunidades:

“Ahora bien, aunque en principio la copia simple del contrato celebrado entre la Constructora Rumie C.R. Ltda., y el Municipio de Ciénaga carecería de valor probatorio y que el tribunal a quo no libró el oficio requerido para la obtención de las pruebas documentales decretadas en el auto del 1º de noviembre de 2000, entre ellas la copia auténtica del contrato y demás soportes del negocio jurídico celebrado, no puede la Sala desconocer la conducta procesal asumida por el Municipio de Ciénaga que sin duda se constituye un indicio grave en su contra”.(14) 

Sucede entonces que en el presente caso el actor, no acreditó los presupuestos requeridos con documentos idóneos, omisión que imposibilita a la Sala determinar si en realidad se produjo un enriquecimiento sin causa.

3.2.Reparaciones locativas y suministro de equipos de oficina. Los medios probatorios permiten evidenciar que tanto la parte actora como la entidad pública demandada, de consuno, decidieron inobservar las reglas que rigen la contratación estatal —particularmente las que rigen los procesos de selección del contratista y las atinentes al perfeccionamiento del contrato estatal— para la realización de reparaciones locativas y suministro de equipos de oficina, de los cuales dan cuenta las actas de entrega Nos. 001, 002 y 003 certificadas por el almacenista de la Cámara de Representantes el 10 de mayo de 1995.  

Aun cuando la parte actora alegó haber actuado con fundamento en una supuesta buena fe, se debe recordar lo afirmado por la Sala Plena de la Sección Tercera en cuanto a que “la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera alguna enerva los mandatos imperativos de la ley para edificar una justificación para su elusión y mucho menos cuando la misma ley dispone que un error en materia de derecho ‘constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario’(15)(16)

No sobra resaltar, como lo hizo la Sala Plena de la Sección en la sentencia de unificación reseñada, que el reconocimiento del enriquecimiento sin justa causa en el marco del proceso contencioso administrativo no tiene la finalidad de recompensar a las partes que, de manera deliberada o voluntaria han actuado por fuera de la legalidad o en violación de las normas que rigen la contratación estatal, puesto que en tales eventos lo que se busca solamente es garantizar el equilibrio de las relaciones patrimoniales cuando quiera que un particular se pueda encontrar en alguna de las hipótesis señaladas anteriormente y por ello hubiere ejecutado unas prestaciones a favor de una entidad pública aun cuando ellas no hubieren tenido un soporte contractual y, desde otro punto de vista, busca evitar el enriquecimiento indebido por parte de la administración pública o el abuso en el ejercicio de sus derechos y competencias, todo lo anterior en el marco de los principios generales del derecho y de los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, pero no podría prohijar, bajo ningún pretexto, el desconocimiento claro de las normas legales que integran el régimen de contratación estatal y/o presupuestal. 

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

4. Condena en costas.

Habida consideración de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil uno (2001), por la Sala de Decisión, Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 12 de mayo de 1955. G.J. LXXX, 322.

2 Artículo 831: Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro.

3 En este sentido cfr. M.L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En Revista de Derecho Privado. Nº 17. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, pág. 73.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, Exp. 18836.

5 Inciso final del artículo 768 del Código Civil.

6 Numeral 6º del artículo 134B del CCA.

7 Numeral 6º del artículo 132 del CCA.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

9 Artículo 168, CCA: “Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

10 Sobre la filosofía que inspiró la redacción del artículo 177 del CPC, ver: PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007, pág. 245.

11 Artículo 253, CPC: “Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento”.

12 El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que se invoca en este caso para el análisis de las copias de documentos privados, corresponde al texto vigente para el día 30 de marzo de 2000, fecha del auto que decretó las pruebas en el presente proceso. No obstante se advierte que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, a cuyo tenor: “”En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva”.

De esta manera, las copias de los documentos privados se presumen auténticos bajo el nuevo régimen probatorio de acuerdo con la ley 1395 de 2010. No sobra anotar que el artículo 11 citado, aplica de forma inmediata, a partir de su vigencia, (julio 12 de 2010), teniendo en cuenta en cada caso la fecha en que fue decretada la respectiva prueba de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley 153 de 1887 que prescriben, en su orden:

“ART. 39.—Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecía para su justificación, pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere”. 

El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, a su vez modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de agosto 17d e 2012 dispone: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a corres, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de la formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”. 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que estuviesen iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

13 2.3.1. El que parece contener el contrato de prestación de servicios técnicos Nº 121 de noviembre de 1993, celebrado entre la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., y la Cámara de Representantes (fls. 1 a 3 c. 2).

2.3.2. El documento que presuntamente contiene el contrato de prestación de servicios de fotocopiado celebrado entre la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., y la Cámara de Representantes el 17 de marzo de 1994 (fls. 4 a 7 c. 2).

2.3.3. El que eventualmente constituye el contrato Nº 046 celebrado entre la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., y la Cámara de Representantes, con el objeto de prestar el servicio de fotocopiado, suscrito el 3 de noviembre de 1994 (fls. 8 a 10 c. 2).

2.3.4. El documento que podría resultar contentivo de la oferta del servicio de fotocopiado efectuada por la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA., y la Cámara de Representantes, el 8 de noviembre de 1993 (fl. 11 c. 2).

2.3.5. El que podría ser el oficio DA-376 del 27 de junio de 1994, por medio del cual el director administrativo de la Cámara de Representantes informó sobre el exceso en la producción de fotocopias derivadas del contrato Nº 16 del 17 de marzo de 1994 (fl. 13 c. 2).

2.3.6. La que eventualmente constituye la certificación expedida por el director administrativo de la Cámara de Representantes, de cumplimiento a satisfacción del contrato Nº 016/94 celebrado con la sociedad DISTRIDINÁMICA LTDA. (fl. 14 c. 2).

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de agosto de 2012, Exp. 24.699.

15 Inciso final del artículo 768 del Código Civil.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.