Sentencia 1997-03685 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-1997-03685-01(20133)

Consejera Ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordoñez

Actor: Inés Mery Caicedo Rivera y Otros

Demandado: Municipio de Vijes

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 22 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Para el efecto, se estudiará, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los perjuicios causados a los actores, con ocasión de las lesiones que padeció el joven Adrian David Caicedo el 18 de enero de 1997, al caer en una excavación que se encontraba sobre una vía pública en el Municipio de Vijes - Valle del Cauca.

Con fundamento en los medios probatorios que obran en el proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

1. El Hospital Materno Infantil de Vijes, por orden del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, allegó al proceso copia auténtica de la historia clínica de Adrian David Caicedo indicando que no existe anotación alguna relacionada con los hechos que dieron origen al presente proceso (fls. 1 a 12, cdno. 3).

2. Respecto de las lesiones que sufrió el joven Adrian David Caicedo, el doctor Juan Carlos Moreno Polanía, en la declaración que rindió ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Vijes, por Comisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, señaló:

“Me acuerdo que fue en el año de 1997 en el mes de enero atendí al joven Adrian David Caicedo cuando me encontraba de turno en el hospital local donde ingresó de urgencias refiriendo haber sufrido un accidente cuando iba en cicla (sic), el paciente sufrió heridas de tipo abrasión en el dorso de la nariz, los labios y el mentón, además de otras heridas superficiales en brazos y piernas, se le procedió a examinar y se encontró que no había movilidad en los huesos propios de la nariz y las heridas se procedieron a desinfectar y realizarles limpieza profunda, como no tenía otras alteraciones o traumas mayores en el resto de su cuerpo se le dieron instrucciones acerca de la evolución de la enfermedad, las curaciones que debería realizarse, así mismo control médico en días posteriores, además se le prescribió unos medicamentos…

“Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si usted recuerda qué incapacidad se le expendió (sic) y de acuerdo a la valoración que ud. le practicara al paciente. Contesto: Creo que fueron cinco o siete días de incapacidad médica.

“Preguntado: Una vez se percató y se apersonó Ud de las lesiones que sufriera el joven Adrian David Caicedo, supo o se hizo comentario como había sufrido el accidente. Contesto: El refería que se había caído a un hueco aquí en el municipio de Vijes, no menciona la dirección o barrio alguno… la incapacidad de 7 días se ordenó principalmente por el edema tan marcado de los labios y la nariz que incluso le impedían vocalizar normalmente y en esas condiciones no era recomendable que fuera a su trabajo sino que estuviera en sus cuidados en dicho tiempo prudencial. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si Ud. tiene conocimiento sobre la pérdida de la historia clínica del joven Adrian David Caicedo en el Hospital Local. Contesto: Hace una semana se me entregó el citatorio por parte de la hermana fue (sic) que la historia clínica se había extraviado cosa que desconozco debido a que son labores de archivo y la administración (fls. 26 y 27, cdno. 4)

3. El médico de la Dirección Regional de Trabajo del Valle del Cauca, División de Empleo y Seguridad Social, en el reconocimiento médico laboral que le practicó a Adrian David Caicedo, manifestó(1):

“Manifestándole que he examinado a: Adrian David Caicedo portador de la C.C. 94.475.866 de Buga, Valle, Soltero, estudios “o Bto, edad 18 años, profesión vulcanizador, afiliación a salud Sisbén y estudiando el resumen de la historia clínica puedo certificar que presenta: Reacción Situal Severa Secundaria A Stres Post Trauma.

“Lo anterior le produce:

Deficiencia17.5%
Discapacidad7.0%
Minusvalía10.5%
Total Invalidez35%

 

 

4. Respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el accidente de tránsito en el que resultó lesionado el joven Adrian David Caicedo, el señor Agustín Velasco Valderrama, testigo presencial de los hechos, en la declaración que rindió ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Vijes, por comisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, señaló:

Eso fue como a las ocho u ocho y media de la noche, el joven venía de los lados de las Malvinas y en toda la esquina donde queda la caseta comunal del barrio de Kennedy de este municipio, allí estaban metiendo un alcantarillado los empleados de Aquavalle y el joven venía montado en una cicla y como no había energía se fue a una chamba que había allí, yo me encontraba en la puerta de mi casa a una distancia, hay dos casas de mi casa al hueco que había allí, yo de inmediato corrí a ver que le había sucedido al joven cuando vi que este joven se encontraba dentro de esa chamba, entonces como pertenezco al cuerpo de bomberos pedí el favor que llamaran a bomberos para que trajeran un carro para transportar a este joven al hospital porque estaba botando mucha sangre y estaba inconsciente también, luego llegó el carro de bomberos como a los diez minutos y lo trasladamos al hospital y mientras llegaba el carro lo sacamos con otro amigo de nombre Jorge Montilla y el carro llegó y se lo llevó al hospital, mientras en mi casa le avisaban a la hermana del joven herido, o sea Adrian David Caicedo y la hermana se llama Ivani Caicedo y luego llegó al hospital y yo le conté lo sucedido y ella se quedó allí con el joven.

“Preguntado: Manifieste al despacho de donde venía y hacía donde iba el joven Adrian David Caicedo, con qué personas se desplazaba, como era la visibilidad del lugar donde tuvieron ocurrencia los hechos, cómo era el estado anímico del joven Adrian David. Contesto: El venía del barrio de las Malvinas hacia donde queda el parque principal, venía montado en una cicla, venía solo, y sobre su estado anímico quiero manifestar que este joven desde que lo vi que venía subiendo en la cicla venía bien por la calle y no le sentí ni noté nada extraño, el estado anímico era normal y sobre la visibilidad quiero manifestar que donde estaba esa chamba había un poste de energía pero en ese momento y hacía mucho tiempo estaba fundido el bombillo, o sea que la chamba no se veía por la oscuridad del sitio, pero más adelante si había alumbrado público y quiero dejar en claro que en varias ocasiones llamé y puse en conocimiento del peligro que había por estar esa chamba abierta y más en las horas de la noche que no había señales ni iluminación alguna a la empresa de energía para que colocara el bombillo al poste para que así la gente viera el hueco que había allí.

“Preguntado: Manifieste al despacho si sabe y le consta que empresa o entidad hizo abrir la chamba en mención, por qué motivo, y el tiempo que abrieron y permaneció abierta dicha chamba. Contesto: Según lo que yo vi cuando estaban abriendo esa chamba eran personas trabajadoras de la empresa de Aquavalle y digo que eran de esa empresa porque como la estaban abriendo era para arreglar el alcantarillado y deduje que eran de esa empresa porque los que trabajan arreglando las alcantarillas son los de Acuavalle, y la chamba llevaba abierta hasta que ese joven se fue dentro de ella como cinco meses (sic)… Preguntado: Explique cómo era la Chamba a la cual se fue el joven Drian David Caicedo. Contesto: De largo era como unos (sic) media cuadra abierta y de ancho un metro más o menos y de profundidad tenía 1,60 más o menos. Preguntado: Manifieste al despacho qué señales preventivas advertían el peligro del hueco en la vía donde se accidentó Adrian David Caicedo. Contesto: El peligro que ocasionaba la chamba, allí no había ninguna señal de la vía o mejor en la vía y la chamba estaba abierta a un lado de la calle.

“Preguntado: Cuál fue para usted la causa por la cual el joven Adtrian David Caicedo se accidentó. Contesto: Por el descuido de la empresa porque no habían colocado señalización y porque además en la vía había una chamba y después de ese accidente taparon esa chamba a la semana siguiente… (fls. 28 y 29 vto. cdno. 3) (resalta la Sala).

Sobre los mismos hechos y la falta de señalización de la vía, el señor Jorge Alberto Montilla Muriel, manifestó:

“Ese problema fue el día 18 de enero de 1997 entre 8 a 8:30 de la noche, yo en el momento que pasó el accidente me encontraba parado en la puerta de mi casa, yo me encontraba en ese momento solo, yo vi cuando el muchacho Adrian David Caicedo venía conduciendo una bicicleta, venía solo como de los lados del barrio Las Malvinas, cuando vi que se fue a una chamba que había en toda la esquina de donde doña Hormecinda Sánchez estando yo como a 16 metros de distancia, en ese momento yo corrí a sacarlo, yo me fui junto con Agustín Velásquez nosotros dos y lo sacamos de la chamba con cicla y todo se fue al hueco, él quedó boca abajo, cuando lo fuimos a sacar el joven se quejaba mucho se había dañado en (sic) la cara, al lado de la nariz por el tabique y en la parte de una de sus manos le vi sangre, en el momento no le vimos más lesiones, nosotros lo sacamos y lo pusimos a un lado de la chamba mientras el compañero mío se dirigía al cuerpo de bomberos a traer la camioneta para transportarlo al hospital de aquí de Vijes para que le prestaran los primeros auxilios, lo montaron en el carro y yo me quedé en mi casa nuevamente…

“Preguntado: Sabe usted debido a que se debía que ese hueco se encontrara en ese sitio. Contesto: En ese momento se estaba metiendo alcantarillado hacia Villa Esperanza. No sé que entidad estaba a cargo de ese trabajo, sabía que estaban trabajando pero uno no le pone cuidado quienes. Preguntado: De ese hueco que manifiesta Ud cayó el lesionado habían más perforaciones en la tierra y sobre el mismo sector. Contesto: Si habían más huecos pero de menor longitud, porque en el hueco que el muchacho cayó era el más grande y de más profundidad, con profundidad más o menos de 1.60 poco más o menos por 80 de ancho.

“Preguntado: Manifieste al juzgado como es la iluminación en el lugar donde tuvo ocurrencia el hecho donde resultara lesionado el joven en mención. Contesto: La bombilla del poste estaba fundida ahí no había ninguna claridad. Preguntado: Concretamente en qué sitio se encontraba el hueco en el cual manifiesta cayó el joven que conducía la bicicleta. Contesto: Donde era la caseta comunal antes cogía parte de la carrera sobre la calle 8ª en toda la esquina bordeando la casa de doña Hormesinda Sánchez y de ahí en adelante seguía la chamba pero más delgada y de menos profundidad hacia el barrio Villa Esperanza donde actualmente está construido el barrio. Preguntado: Cuando usted observó que el joven subía del sitio del barrio de las Malvinas, a qué velocidad subía. Contesto: Normal, no venía arriado, el joven venía solo. Preguntado: Al día de los hechos que tiempo llevaba de abierto ese hueco. Contesto: Ya llevaba sus días de estar abierto no le sabría decir cuanto tiempo exactamente. Preguntado: Manifiéstele al juzgado si en dicho sitio donde se encontraban efectuando dicho trabajo se había colocado alguna señalización. En caso cierto cual o qué se había colocado. Contesto: Nada de Nada, ni señales de peligro, ni señales de hombres trabajando.

“Preguntado: Manifieste al despacho en qué lugar de la vía se encontraba el hueco en el que se accidentó el joven Adrian David Caicedo. Contesto: Estaba en toda la mitad de la vía, subiendo sobre la carrera, cogiendo poco más o menos un metro y medio de la calle poco más o menos (sic), barrio Kennedy municipio de Vijes. Preguntado: Cuál fue para usted la causa por la cual el joven Adrian David Caicedo se accidentó para el día de los hechos que Ud. acaba de narrar. Contesto: Por falta de señalización, poca visibilidad ya que estaba la bombilla fundida… (fls. 32 y 33 vto. cdno. 3). (resalta la Sala)

En cuanto a las condiciones del lugar en donde ocurrió el accidente, el señor Juan Carlos Barona Rojas, indicó:

“Preguntado: Tiene usted conocimiento por qué motivo había un hueco en la vía del barrio Kennedy, qué entidad estaba a cargo de dicho trabajo. Contesto: Yo había escuchado que eso era para meter el alcantarillado para un barrio nuevo que hicieron cerca del barrio Kennedy y no sé qué entidad estaba haciendo ese trabajo ni qué personas habían hecho esa chamba. Preguntado: Personalmente usted vio la chamba, en caso cierto de qué dimensión era. Contesto: Sí la vi y tenía de profundidad 1.70 de ancho y 120 y de largo por hay (sic) media cuadra. Preguntado: Llegó usted a ver que hubiera en ese sitio o sea en la chamba alguna señal. Contesto: Eso no tenía ninguna demarcación. Preguntado: Sabe usted si en la noche había alguna señal o iluminación. Contesto: Eso en la noche era muy oscuro porque por ahí no había ni alumbrado público (fls. 54 y 55, cdno. 3)

Así mismo, luego de valorar la declaración del señor Raúl Eduardo Vélez García, la Sala considera que a ésta no puede otorgase credibilidad, pues su versión de los hechos es ostensiblemente contradictoria respecto de los demás testimonios rendidos en el proceso. Además se encuentra acreditado en el plenario que para la época en que sucedieron los hechos aquél tenía una relación laboral con la entidad contratista que instaló el alcantarillado y acueducto en el lugar que se produjo el accidente, circunstancia que unida a la anterior afecta la imparcialidad y veracidad de su declaración(2).

7. Con el propósito de acreditar qué contratista realizó las obras públicas en el lugar donde se produjo el accidente, la entidad demandada allegó al proceso copia auténtica del contrato 001 de 1997, suscrito el 23 de enero de 1997, por la Alcaldesa municipal de Vijes y el Ingeniero Álvaro Hormaza Sarria, cuyo objeto era “La Construcción de las domiciliarias acueducto y alcantarillado Urbanización La Esperanza Vijes” (fls. A 37, cdno. 2)

Respecto del mencionado contrato, la ingeniera Ana Cristina Centeno Girón, manifestó:

“El contrato 001 de 1997 que consistía en la construcción domiciliaria de acueducto y alcantarillado de la Urbanización la Esperanza del municipio de Vijes. El tiempo de inicio fue el 26 de enero de 1997 y se llevó hasta abril del mismo año, se suscribió contrato adicional que fue el número 005 de 1997, referente a la construcción del 40% final de domiciliarias de acueducto y alcantarillado de la misma urbanización, este contrato fue firmado el 15 de abril de 1997...

“Preguntada: Realizó usted como ingeniero residente de la obra la totalidad de la construcción del alcantarillado de la Urbanización la Esperanza. Contesto: No, porque el alcantarillado principal en un 95% fue contratado por otro contratista…

“Preguntada: Poniendo de presente en estas diligencias las fotos del lugar donde ocurrió el accidente, que reposan a folios 8, 9, 10 y 11 del expediente. El sitio del insuceso a qué parte técnica de la construcción de un alcantarillado pertenece. Contesto: Pertenece a la entrega o descole del alcantarillado, es decir, el punto por donde inicia la construcción de una alcantarilla. Lo cual según lo dicho no se realizó por parte del Ingeniero Álvaro Hernán Hormaza, quien realizó la construcción de las domiciliarias de alcantarillado y acueducto en la zona de la urbanización propiamente dicha…. (fls. 98 a 102 cdno. 3) (Resalta la Sala).

8. En cuanto a la construcción de la excavación donde cayó el joven Adrian David Caicedo, los peritos designados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el dictamen pericial que rindieron el 7 de octubre de 1998, manifestaron lo siguiente:

“El accidente del menor Adrian David Caicedo, objeto de la demanda, ocurrió en una cámara de alcantarilla ubicada en el cruce de la carrera 1ª con calle 8, fuera de la urbanización La Esperanza. Que ese fue el sitio del accidente le fue informado a los peritos por una señora joven, residente en la carrera 1ª frente al Nº 7 A 39. La señora no quiso dar el nombre por temor, pero dijo que su esposo, Omar Carrillo, bombero de Vijes, fue llamado para auxiliar al niño quien transitaba por el lugar en una bicicleta, en horas de la noche, y cayó a la cámara de alcantarilla que no tenía tapa.

“Los contratos 001 y 005 celebrados entre el municipio de Vijes y el Ingeniero Álvaro Hernán Hormaza Sarria, son para construcción de conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado de la Urbanización La Esperanza de Vijes. Dicho trabajo no tiene nada que ver con la cámara de alcantarilla destapada donde ocurrió el accidente. Es evidente que dicha cámara corresponde al alcantarillado matriz de la ciudad y no podía ser construido por quien había sido contratado para ejecutar conexiones domiciliarias. Además la cámara queda varios metros fuera de la urbanización La Esperanza (fl. 2, cdno. 3) (resalta la Sala).

9. Así mismo, el señor Rodrigo Hurtado Velasco, quien para la época en que ocurrieron los hechos desempeñaba el cargo de Director de Planeación del Municipio de Vijes, en su declaración, señaló:

“Tenemos conocimiento de ese hecho a través de la Alcaldía, llegó un oficio de un abogado y posteriormente del Tribunal Contencioso Administrativo, tuve conocimiento muy a la ligera de los oficios porque ha sido manejado por el anterior alcalde doña Blanca Cardona y el actual por el señor Alcalde Álvaro Jiménez García, se dice que un niño se cayó en un hueco donde estaban haciendo una obra de un empalme de una cámara de alcantarillado, lo que en el momento no sabría precisar yo es que contratista tenía a cargo esa obra, porque en ese proyecto hubo varios contratistas que realizaron las obras de alcantarillado, unas fueron hechas por Aquavalle, otras por una firma enviada por el Departamento del Valle y otra por el ingeniero Álvaro Hormaza, ese es el conocimiento que tengo.

“Preguntado: Tiene conocimiento usted si el municipio de Vijes tenía de alguna manera participación con la obra que se estaba construyendo. Contesto: No, el municipio contrata todo tipo de obras.

“Preguntado: Sírvase manifestar al despacho dentro del territorio del Municipio de Vijes quién es el propietario de las vías. Contesto: El municipio es el propietario de las vías, pero en el caso de la urbanización la Esperanza hasta tanto la constructora Venesia (sic) no entregara el proyecto el municipio no ha recibido la obra. Preguntado: Esos terrenos están dentro del territorio del municipio y pertenecen a la jurisdicción del municipio. Contesto: Si son del municipio y son jurisdicción del municipio. (fls. 21 y 22, cdno. 3).

De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra acreditado que el joven Adrian David Caicedo, sufrió varias lesiones en el rostro y en el cuerpo, como consecuencia de un accidente ocurrido la noche del 18 de enero de 1997 en una vía pública del municipio de Vijes, Valle.

Según las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, Adrian David Caicedo, cayó a la excavación en instantes que transitaba en una bicicleta sobre la carrera 1ª con calle 8 del municipio de Vijes y que a pesar de que dicho hueco ocupaba la mitad de la vía, no tenía avisos o señalización alguna.

Señalaron en forma unánime los testigos que el accidente se debió a la falta de señalización, pues el lugar donde ocurrió era oscuro y no había señales de tránsito o preventivas que advirtieran a los transeúntes sobre la existencia de la excavación y el peligro que ésta representaba para las personas que circulaban por ese sector.

Asi las cosas, las declaraciones citadas ofrecen plena credibilidad para la Sala, por su espontaneidad, coherencia, claridad y porque se trata de personas ajenas a las partes que no evidencian ánimo o intención alguna de beneficiar o perjudicar a alguien en particular, además debe tenerse en cuenta la calidad de los declarantes, pues se trata de personas que para la época de los hechos vivían en la zona y algunos de ellos estuvieron presentes en el lugar de los hechos y auxiliaron directamente al lesionado.

Todo indica, entonces, que la causa del accidente fue la falta de señalización de la vía, circunstancia que le impidió al ciclista observar que en la calle había un hueco, convirtiéndose dicha situación en una trampa mortal para los usuarios que por allí transitaban, particularmente porque el accidente ocurrió en horas de la noche y sobre una vía que según indicaron los testigos también carecía de iluminación.

De otro lado, se descarta el hecho de que la víctima directa del daño condujera su bicicleta con exceso de velocidad o bajo el efecto del alcohol o sustancias prohibidas, pues nadie hizo alusión a dicha circunstancia, mucho menos obra prueba alguna en el plenario que indique que la víctima se encontraba el día de los hechos con su estado anímico alterado, así como tampoco obra prueba que demuestre que la víctima condujera la bicicleta con impericia o con violación de las normas de tránsito. Lo único cierto es que Adrian David Caicedo cayó en una excavación cuando se transportaba en una bicicleta y que en la vía donde ocurrió el accidente no existía señalización de ninguna clase que permitiera advertir dicha situación, sufriendo la víctima las lesiones anteriormente descritas.

Así mismo, se encuentra plenamente acreditado en el proceso que la excavación en la que cayó el joven Adrian David Caicedo correspondía a una cámara de alcantarilla y que si bien en el proceso no se acreditó quien la construyó, por cuanto en la instalación del acueducto y alcantarillado de la Urbanización la Esperanza participaron varios contratistas, lo cierto es que dicha excavación hacia parte de un conjunto de obras que se adelantaban sobre una vía pública del municipio de Vijes, razón por la cual el mantenimiento y cuidado de ésta, así como su debida señalización, era responsabilidad de este ente territorial.

En efecto, respecto de los perímetros del transporte y tránsito por carretera en el territorio colombiano, el artículo 11 de la Ley 105 de 1993, establece:

“ART. 11.—Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes:

“a. El perímetro del transporte nacional comprende el territorio de la Nación. El servicio nacional está constituido por el conjunto de las rutas cuyo origen y destino estén localizadas en diferentes Departamentos dentro del perímetro Nacional.

“No hacen parte del servicio Nacional las rutas departamentales, municipales, asociativas o metropolitanas.

b. El perímetro del transporte departamental comprende el territorio del departamento. El servicio departamental está constituido consecuentemente por el conjunto de rutas cuyo origen y destino estén contenidos dentro del perímetro departamental.

No hacen parte del servicio departamental las rutas municipales, asociativas o metropolitanas.

c. El perímetro de transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción… (resalta la Sala).

Así mismo, en cuanto a la integración de la infraestructura municipal de transporte, el artículo 17 de la Ley 105 de 1993(3), establece:

“ART. 17.—Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos…”

De las normas transcritas se colige que el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito, hace parte de la infraestructura de transporte del municipio de Vijes, pues se trata de una vía urbana que pertenece a ese ente territorial, la cual al momento de los hechos era intervenida con el fin de adelantar unas obras tendientes a garantizar la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en el sector de la Urbanización La Esperanza(4).

Así las cosas, es evidente que el municipio de Vijes tenía la responsabilidad de preservar y garantizar la correcta movilidad del tránsito vehicular y peatonal en la vía urbana donde se produjo el accidente, tomando para el efecto, las medidas necesarias preventivas para evitar la ocurrencia de accidentes sobre esa vía urbana que por razones de trabajos públicos se encontraba intervenida.

En cuanto la responsabilidad de la administración por la ejecución de obras públicas a través de contratistas, la Sala ha señalado:

“…cabe destacar que la obra pública puede ejecutarse mediante la actuación directa de la administración a través de sus funcionarios, o mediante la colaboración de terceros quienes a través del mecanismo de la contratación, la ejecutan materialmente, constituyéndose en meros ejecutores materiales de la obra y colaboradores de la administración en el cumplimiento de los fines públicos, pero no en titulares de ésta, la cual sigue radicada en la administración.

Por tanto, el Estado, en el contrato de obra pública, como generador y organizador de una actividad de riesgo debe responder por los daños que ocasione a ese tercero colaborador o contratista, ya que el hecho de que delegue la realización de la obra no lo releva de responder, pese a que no sea guardián de la maquinaria o patrono de los trabajadores del contratista. Se considera que en estos eventos quien realiza una obra pública a nombre de la administración, comparte con ella la condición de guardián de la actividad de construcción, la cual por el riesgo que se crea tanto frente a terceros, como frente a quienes ejecutan directamente la obra, se ha considerado como una actividad de carácter peligroso. Y en todos estos casos(5)se admite la imputabilidad a la Administración de los daños causados por el hecho de sus contratistas, reconociéndose que en tal evento sólo podrá exonerarse demostrando únicamente una causa extraña, como la fuerza mayor, el hecho exclusivo del tercero o de la víctima, y que resulta irrelevante a la hora de determinar esa responsabilidad, el hecho de que la víctima sea o no una persona vinculada por el contratista a la construcción de la obra, caso en el cual resulta evidente la exposición permanente al riesgo creado por la actividad.

“En este evento, bajo el título jurídico del riesgo creado, se deberá probar que la lesión de las personas o de las cosas deriva directamente de la construcción, mantenimiento o defecto de una obra pública, para que surja el deber de responder para el Estado, el cual como lo ha explicado la jurisprudencia se sustenta en principios consistentes en que ‘( ) a) cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si ella la ejecutara directamente. b) Que es ella la dueña de la obra. c) Que su pago afecta siempre patrimonio estatal. d) La realización de esas obras obedece siempre a razones de servicio y de interés general. e) Que no son oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el contratista, vale decir para exonerarse de responsabilidad extracontractual frente a aquellos, pues ella es la responsable de los servicios públicos y por ende se obliga bien sea porque el servicio no funcionó, funcionó mal o inoportunamente. Elementos éstos que son constitutivos de falta o falla en el servicio(6)” (resalta la Sala).

Así mismo, respecto de las señales mínimas temporales que deben utilizarse en los frentes de trabajo, construcción y conservación de calles y carreteras, el artículo 1º de la Resolución 001937 de marzo 30 de 1994(7), proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, establece:

“La cantidad mínima de señales temporales de aproximación a los frentes de trabajo en las etapas de construcción y conservación de calles o carreteras, serán de seis (6) y se ubicarán en el orden indicado en la figura No. 1 de la presente resolución.

“PAR. 1º.—El tipo de señal indicado en la figura 1 puede variar de acuerdo con las circunstancias del trabajo, pero deberá sujetarse siempre a la reglamentación contenida en el capítulo III del manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras.

“PAR. 2º—Las distancias entre señales indicadas en la figura 1 son aproximadas y pueden variarse de acuerdo con las condiciones particulares de la vía”.

Considerando, entonces, que son seis (6) las señales mínimas que deben disponerse en un frente de trabajo para la construcción o conservación de calles y carreteras, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo a lo indicado en la figura 1 contenida en la resolución examinada, éstas pueden variar según las condiciones de la obra, pero siempre con sujeción al capítulo III del “Manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras” –al cual remite el parágrafo segundo del artículo en cita-, se tiene que en la obra que estaba a cargo del municipio de Vijes, para la construcción de acueducto y alcantarillado, debieron utilizarse, entre otras, las siguientes: i) vía en construcción –SP-101-; ii) reducción de velocidad a 50 kilómetros por hora -SR-30-; iii) hombres trabajando –SP-38-; iv) reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora –SR-30-; v) desvío –SR-102- y vi) vía cerrada –SP-102-.

Además, de conformidad con el artículo 3º de la resolución en cita(8) y con el Manual sobre dispositivos analizados, en el frente de trabajo se utilizarán: i) barricadas(9); ii) canecas; iii) conos y iv) delineadores luminosos(10).

En esa perspectiva, es necesario precisar que, de acuerdo con el mismo ordenamiento, la señalización requerida en las etapas de construcción y conservación de vías tiene la función de guiar o dirigir el tránsito de manera segura y eficiente y de ser necesario interrumpiéndolo o desviándolo para prevenir riesgos de ocurrencia de accidentes. Al respecto, el manual establece:

“Este tipo de señalización es temporal, su instalación será anterior a la iniciación de las operaciones en las etapas de construcción y conservación, permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se eliminará cuando la calle o carretera esté en condiciones de recibir el tránsito”.

Respecto de la obligación de señalización temporal en los frentes de trabajo que se adelantan en las obras de construcción y conservación de calles o carreteras, el artículo 7º de la Resolución 1937 de 30 de marzo de 1994, ya citada, expedida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, establece:

“Artículo séptimo: “La entidad contratante exigirá a los contratistas el cumplimiento de las estipulaciones sobre señalización temporal contenidas en la presente resolución, por intermedio del interventor respectivo”.

De lo anterior se colige, que el municipio de Vijes, tenía la obligación de exigirle al contratista directamente o a través del interventor, que cumpliera con las normas de señalización exigidas normativamente, en la construcción del alcantarillado que se realizaba en la vía donde se produjo el accidente.

Por lo anterior, la Sala considera que el municipio demandado incurrió en una falla en la prestación del servicio, como quiera que no cumplió con su deber de garantizar el tránsito adecuado y seguro en la vía donde realizaba los trabajos públicos que estaban a su cargo, pues según la prueba testimonial recaudada, la mencionada vía no tenía ninguna de las señales de prevención exigidas normativamente para advertir a los transeúntes sobre el peligro que esas obras públicas representaban.

En esas condiciones, no puede desconocerse que la causa eficiente y adecuada del daño, fue la falta de señalización de la cámara de alcantarilla que se encontraba destapada, pues de haberse advertido oportunamente a los transeúntes de esta excavación probablemente se hubiera podido evitar el accidente de tránsito que originó las lesiones del joven Adrian Davis Caicedo.

Se concluye, entonces, que el daño antijurídico causado a los actores le es imputable al municipio de Vijes, de conformidad con el régimen de la falla del servicio, toda vez que, existiendo un deber jurídico previo, dicha entidad pública omitió su cumplimiento.

Al respecto, es preciso señalar que la omisión de un deber legal que ha dado lugar a un resultado dañoso configura una falla en la prestación del servicio. Precisamente, la Sala en varias oportunidades se ha referido al régimen de falla del servicio para señalar que éste ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete - por principio - una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(11).

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º, inciso 2º, de que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…, “ debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera(12)”.

En esa medida, el Estado tiene la obligación de utilizar adecuada y eficientemente todos los medios que están a su alcance en orden a cumplir el cometido institucional; si el daño se produce por su incuria o desidia en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia y cuidado, no es posible que resulte comprometida su responsabilidad.

En casos como este, en los que la falta de dispositivos de señalización ha sido la causa determinante en la generación de accidentes de tránsito, cuando dicha obligación está a cargo de las autoridades administrativas, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:

“Para la Sala, la seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos(13).

Así mismo, Sobre el deber de señalización, la Sala en sentencia de 4 de octubre de 2007(14), señaló:

“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1º inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción con (sic) un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos, en efecto se ha dicho:

“Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.

“La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 1970. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.

“El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este”. Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas...

“En consecuencia, concluye la Sala que hubo incumplimiento de las normas de señalización preventiva en el lugar del accidente, lo cual permite imputar los dañor (sic) antijurídicos de que trata el presente asunto al Invías, entidad encargada del mantenimiento de la ruta 45 tramo 18 comprendido desde el Río Ariguaní hasta la Ye de Ciénaga, como quiera que dicha falla se erige en la causa determinante de los mismos, y en virtud de lo cual se reclama su reparación.”

Bajo esta perspectiva, la Sala reiteradamente ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentran acreditados los siguientes elementos: i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; iii) un daño antijurídico, y iv) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(15).

Por lo anterior, concluye la Sala que el municipio demandado incumplió su obligación de mantenimiento y señalización de la vía urbana que estaba a su cargo, por cuanto no adoptó las medidas necesarias para tapar o señalizar la excavación que ocupaba casi la mitad de la vía, lo cual constituyó sin duda la causa efectiva o determinante para que se produjera el daño cuyos perjuicios se demandan, pues de existir las señales de tránsito, en las condiciones de oportunidad y visibilidad correspondientes, se hubiera podido evitar el referido accidente.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 8 de mayo de 2000, y en su lugar declarará la responsabilidad patrimonial del municipio de Vijes, por los perjuicios irrogados a los demandantes con ocasión de la lesiones causadas al joven Adrian David Caicedo en un accidente de tránsito ocurrido en una vía urbana del mencionado ente territorial.

Llamamiento en garantía

El llamamiento en garantía procede cuando entre el llamado y llamante existe una relación de orden contractual o legal, de la cual surge la obligación a cargo de aquél, de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso(16). Se ha reiterado que “la procedencia del llamamiento en garantía está supeditada a la existencia de un derecho legal o contractual que ampara a la persona frente al tercero a quien solicita sea vinculado al proceso, en orden a que en la misma litis principal se defina la relación que tienen aquellos dos”.

En ese sentido se ha dicho que las relaciones jurídicas que ligan a demandante con demandado son diversas de las que unen a llamante con llamado y es por eso que se explica que no necesariamente siempre que el demandado resulte condenado, el llamado en garantía esté obligado a indemnizar o rembolsar la suma que llegare a pagar el primero como consecuencia de la condena impuesta, debido a que perfectamente puede acontecer que no surja obligación alguna a su cargo(17).

El llamamiento en garantía o mejor la pretensión a él inherente, está condicionada al resultado de la sentencia, pues cobra fuerza sólo cuando una de las partes tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer(18).

Si bien, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, remite tan solo a los artículos 55 y 56 del mismo código, la exigencia contenida en el inciso segundo del artículo 54 ibídem, es igualmente predicable para el caso del llamamiento en garantía y no exclusivo para la figura de la denuncia del pleito allí regulada(19).

En efecto, la exigencia así planteada, supone el acompañamiento al escrito de vinculación de al menos prueba sumaria, esto es, aquella que no ha sido sometida al principio de contradicción, con el fin de brindar fundamento a los supuestos fácticos —los que a su vez deben ser serios y razonados— en que se apoya la solicitud.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta sección ha puntualizado:

“(…) [I]ndefectiblemente se concluye que, para que proceda legalmente el llamamiento en garantía se deben cumplir a cabalidad con el conjunto de requisitos formales y sustanciales de que tratan los artículos 57, 56, 55 y 54 del Código de Procedimiento Civl, y concretamente respecto de este último, debe reiterarse la necesidad de que se acompañe al escrito de llamamiento la prueba siquiera sumaria, que sea demostrativa de la existencia del vínculo jurídico sustancial que fundamenta la vinculación del tercero pretendida(20)”.

En el caso particular, el Municipio de Vijes llamó en garantía al ingeniero Álvaro Hernán Hormaza y a la Sociedad Latinoamericana S.A., en virtud del contrato de obra No 001 de 23 de enero de 1997, cuyo objeto era la construcción de las redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado de la Urbanización La Esperanza, y la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No 937997P, cuyo tomador era el contratista y el asegurado el Municipio de Vijes (fls. 34 a 41, cdno. 2)

Si bien es cierto en el proceso se demostró el vínculo contractual existente entre el municipio demandado y los llamados en garantía, también los es que está plenamente acreditado que el accidente en el que resultó lesionado el joven Adrian David Caicedo ocurrió el 18 de enero de 1997 y el contrato de la obra pública suscrito por el municipio demandado y el contratistas se celebró el 23 de enero siguiente, es decir 5 días después de la ocurrencia del mismo.

Aunado a lo anterior, de acuerdo a las pruebas testimoniales y al dictamen pericial referido, es evidente que los llamados en garantía no tienen relación alguna con la cámara de alcantarilla que causó el accidente, por cuanto ésta fue construida antes de que el contratista comenzara a realizar las obras de construcción de redes domiciliarias de acueducto de la Urbanización La Esperanza y porque además dicha excavación se encontraba fuera del perímetro de dicho sector.

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que los llamados en garantía no tienen responsabilidad alguna en el accidente sufrido por el joven Adrian David Caicedo, pues es evidente que éstos no tenían a su cargo ni la construcción, ni la señalización de la excavación en la que cayó el lesionado.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Por las lesiones sufridas por Adrian David Caicedo concurrieron al proceso, su señora madre: Inés Mery Caicedo Rivera, en nombre propio y en representación de éste y su hermano Jhonny Andrés Caicedo Rivera; su hermana Divany Correa Caicedo y su abuela Ana Tulia Rivera de Caicedo, según se desprende de la demanda y del poder debidamente conferido a su apoderado judicial (fls. 1 a 22, cdno. 2).

Los actores pidieron, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente en pesos, a 1.000 gramos de oro, para cada uno de ellos.

Se encuentra acreditado que Inés Mery Caicedo Rivera es la madre de Adrian David Caicedo, según copia la auténtica del registro civil de nacimiento, espedida por la Notaría Primera de Buga (fl. 5 cdno. 2), que Jhonny Andrés Caicedo Rivera y Divany Correa Caicedo son hermanos del lesionado, según la copia auténtica de los registros civiles de nacimiento expedidos por la misma notaría (fls. 6 y 7, cdno. 2) ), así como también está demostrado que la señora Ana Tulia Rivera de Caicedo es la abuela del lesionado, según consta en la copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Inés Mery Caicedo Rivera, expedida por la mencionada notaría (fl. 3, cdno. 2).

Así las cosas, según la jurisprudencia de la Sala, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y ésta es imputable al Estado, ello desencadena a cargo de éste, la indemnización de perjuicios morales, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas por dicha situación y hagan parte del núcleo familiar mas cercano, pueden reclamar la indemnización de estos perjuicios acreditando el parentesco con la víctima directa del daño, pues éste se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio moral sufrido, siempre que no hubieren pruebas que indiquen o demuestren lo contrario.

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(21).

En ese orden de ideas, la Sala condenará a la entidad demandada, a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del lesionado Adrian David Caicedo y la cantidad de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de: Inés Mery Caicedo Rivera, Jhonny Andrés Caicedo Rivera, Divany Correa Caicedo y Ana Tulia Rivera de Caicedo, respectivamente.

Alteración a las condiciones de existencia.

La Sala ha considerado(22) que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran las condiciones habituales o de existencia de las personas.

Tal perjuicio, como los demás, puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, familiar, laboral, placentera, o de cualquier otra índole.

Así pues, respecto del mencionado perjuicio inmaterial que padece Adrian David Caicedo, el señor Carlos Holmes Ortiz Melo, declaró:

“Preguntado: Infórmele al Juzgado si después del accidente el señor Adrian David ha seguido con el mismo ritmo de trabajo. Contesto: Ha mermado en el trabajo, inclusive él jugaba futbol y ahora no hace ni deporte, por la merma que ha tenido ya no es el mismo (fl. 45, cdno. 3)

Sobre el particular, el señor Juan Carlos Barona Rojas, manifestó:

“Preguntado: Cómo observa usted que puede sentirse el joven Adrian David Caicedo después del accidente. Contesto: Yo lo he analizado y puedo manifestar que Adrian ya no es el mismo de antes, lo noto siempre deprimido, ya casi no dialoga conmigo, antes jugábamos hasta futbol y ahora no lo hace, siempre se ve sentado como aburrido, y en el trabajo cuando estábamos juntos él siempre era una persona alegre y con muchas energías para trabajar, era buen trabajador, ahora lo noto todo lo contrario…(fl. 55, cdno. 3)

Por su parte, el señor Diego Alejandro Velasquez Muriel, indico:

“Antes del accidente David era normal, trabajador, cumplidor de sus deberes, después del accidente ha habido merma porque no puede trabajar de la misma forma, inclusive donde el laboraba no lo volvieron a recibir, el perdió el trabajo…

“Preguntado: Después del accidente como se siente ese joven Contesto: Se siente deprimido, se siente mal, a él no le practicaron ninguna operación ya que no hubo plata, la nariz se le observa deforme, él manifiesta que cuando se palpa la nariz le duele… (fl.43, cdno. 3).

Por lo anterior, es evidente que en el caso que ocupa la atención de la Sala, la víctima sufrió, tanto un daño moral como una alteración a las condiciones de existencia, por cuanto las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas, y se refieren especialmente a la preocupación y la angustia que le produjo a éste y a sus familiares la gravedad de la lesión. Pero además es innegable que el joven Adrian David Caicedo, según se acreditó con el reconocimiento médico laboral y las pruebas testimoniales referidas, se encuentra imposibilitado para realizar aquellas actividades que normalmente desarrollaba debido a las lesiones que sufrió en su rostro y a la afectación psicológica que le produjo el accidente que padeció, pues es evidente que el estrés post traumático que padece, aunado a la secuela estética que sufrió en su rostro, le causan una alteración significativa en sus condiciones de vida y de relación con sus semejantes.

En consecuencia, como se pretende la indemnización por la alteración a las condiciones de existencia, perjuicio que debe ser reparado, la Sala condenará al Municipio de Vijes, a pagar a Adrian David Caicedo, la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por dicho concepto.

Perjuicios materiales

Daño emergente

La Sala no reconocerá indemnización alguna por este perjuicio, por cuanto en el proceso no se acreditó que la víctima o sus familiares hayan incurrido en algún gasto en razón a las lesiones sufridas por éste.

Lucro cesante

Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los actores solicitaron las sumas que se encontraran acreditadas en el proceso, teniendo en cuenta que el joven Adrian David Caicedo, percibía la suma de $200.000 por la actividad laboral que desarrollaba (fl. 12 cdno. 2)

Respecto de la actividad económica que el joven Adrian David Caicedo, ejercía al momento del accidente, el señor Juan Carlos Barona Rojas, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró:

“él estaba trabajando conmigo, porqué habíamos hecho un contrato allá en la hacienda el SOCAL, se trataba de limpia de sorgo y oficios varios y lo que ganaba era para dárselo a su mamá, abuela y hermanos porque esa familia dependía de él…nosotros nos sacábamos trabajando por ahí unos ciento treinta y cinco mil pesos a doscientos mil pesos mensuales…(fl. 55, cdno. 3)

Sobre este aspecto, el señor Diego Alejandro Velasquez Muriel, señaló:

“Preguntado: Concretamente a que se dedicaba el joven que resultó lesionado Contesto: En oficios varios, lo que le tocara, cada ocho días tenía un salario fijo, poco más o menos de $ 250.000 mensuales…(fl. 43, cdno. 3)

Por su parte, el señor Carlos Holmes Ortíz Mel, indicó:

“Preguntado: sabe Ud. antes de tener ocurrencia el accidente en el cual resultara dicho joven lesionado a qué se dedicaba éste. Contesto: El trabajaba en lo que resultara, constantemente laboraba el muchacho devengando un poco más o menos doscientos mil y pico (sic) mensuales.. (fl. 49, cdno. 3)

Así mismo, se acreditó en el proceso que el lesionado sufrió una incapacidad laboral del 35%, según el dictamen médico laboral de Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Trabajo del Valle del Cauca (fl. 59, cdno. 2).

Según los testimonios transcritos, está demostrado que el joven Adrian David Caicedo ejercía una actividad económica de oficios varios, sin embargo no se acreditó el valor de los ingresos que devengada por el desarrollo de este oficio, razón por la cual para efectos del cálculo de la indemnización, se liquidará el mencionado perjuicio, teniendo en cuenta el valor del salario mínimo mensual vigente a la fecha de la presente sentencia, es decir, la suma de $ 535.600, pues ésta resulta, en términos de equidad, más beneficiosa que la actualización del salario mínimo vigente para la época de los hechos, es decir la suma de $ 480.438, la cual se deriva de aplicar la fórmula utilizada reiteradamente para actualizar la renta.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma devengada por la víctima) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual ocurrieron los hechos.

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Así las cosas, a la suma correspondiente al salario mínimo de $ 535.600, se le incrementará un 25%, por concepto de prestaciones sociales, esto es $ 669.500.

En ese orden de ideas, para efectos de esta liquidación se tomará el 35% de la suma anterior, correspondiente a la incapacidad que sufrió la víctima, esto es $ 234.325, suma con la cual se liquidará la indemnización debida y futura.

Indemnización debida

Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 18 de enero de 1997, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 175,00 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene lo siguiente:

 

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Indemnización futura

Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta el máximo de vida probable de Adrian David Caicedo. De conformidad con las tablas de supervivencia se estimó la vida probable del lesionado en 59.78 años, para un total de 717.36 meses, teniendo en cuenta que la víctima tenía 16 años de edad cuando ocurrió el accidente, según el registro civil de nacimiento (fl. 5, cdno. 1). A los 717.36 meses deberá restársele 175,00 meses, los cuales ya fueron indemnizados, para un total de 542.36 meses.

Aplicando la fórmula, se tiene:

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Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $109’149.354

Condena en costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 8 de mayo de 2000, y en su lugar se resuelve:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al municipio de Vijes -Valle- por las lesiones causadas al joven Adrian David Caicedo el 18 de enero de 1997, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNASE al municipio de Vijes –Valle- a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Adrian David Caicedo.

3. CONDÉNASE al Municipio de Vijes –Valle- a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de las siguientes personas: Inés Mery Caicedo Rivera, Jhonny Andrés Caicedo Rivera, Divany Correa Caicedo y Ana Tulia Rivera de Caicedo, respectivamente.

4. CONDÉNASE al Municipio de Vijes –Valle- a pagar a Adrian David Caicedo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de de $109’149.354.

5. CONDÉNASE al Municipio de Vijes –Valle- a pagar a Adrian David Caicedo, por concepto de alteración a las condiciones de existencia, la suma de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

9. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase».

(1) Folio 59, cdno. 2.

(2) Art. 217, CPC: “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.”

(3) Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial 41.158, de 30 de diciembre de 1993.

(4) En este sentido, el artículo 5º de la Ley 142 de 1994 prescribe: “Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

“5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. (...)”.

(5) Sentencia de 13 de febrero de 2003, actor: María Luciola Montenegro Calle y Otros, exp. 12654.

(6) Sentencia de 28 de noviembre de 2002, actor: Ana María Marín de Galves, exp. 14397.

(7) “Por la cual se establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizarse en calles y carreteras”.

(8) El inciso primero de esta norma prescribe: “La señalización temporal en el sitio mismo del frente de trabajo, obstáculo y/o peligro se hará utilizando conos o canecas y barricadas fabricados con las siguientes especificaciones (…).”

(9) Según el precitado Manual: “Las barricadas se colocarán normalmente en el eje de la vía, obstruyendo la calzada totalmente, o los canales en los cuales no debe haber circulación de tránsito.

“Cuando la calzada esté obstruida totalmente por la barricada se debe colocar en la parte superior la señal de desvío como se indica en la figura 18”.

(10) Los delineadores luminosos se utilizarán “[p]ara guiar el tránsito nocturno por una trayectoria segura en tramos de calles o carreteras sometidas al proceso de construcción, reconstrucción o conservación o cuando se presenten riesgos temporales.

“Se podrán utilizar señales luminosas intermitentes, que demarquen la calzada de tránsito, por medio de focos luminosos distanciados no más de 10m., con una intensidad suficiente para que su visibilidad sea efectiva (Figura 19c).

“Cuando la fuente de energía luminosa no sea posible tenerla en el sitio, se pueden utilizar mecheros o antorchas alimentados con kerosene distanciados no más de 5 m.”

(11) Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, expediente8163.

(12) Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente 11837.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 17.163.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, expediente 16.058, actor: Teotiste Caballero de Buitrago y otros.

(15) Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 14.443.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto 15871 de 1999.

(17) López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte General, Dupre Editores, Bogotá, pag. 344.

(18) Corte Suprema de Justicia, sentencia de septiembre 5 de 1977.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, autos 15871 de 1999 y 17969 de 2000.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 11 de octubre de 2006, expediente 32324.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

(22) Sentencia de 1º de noviembre de 2007, expediente 16.407