Sentencia 1997-03763 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-26-000-1997-03763-01 (22.831)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Alberto Ceballos Vélez

Demandado: La Nación - Ministerio de Minas y Energía

Proceso: Acción contractual

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. El Código Civil pregona que “derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona”(2) y que el derecho personal es aquel que sólo puede reclamarse de ciertas personas que, “por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas”(3).

De estas definiciones se desprende que los elementos estructurales del derecho real son el sujeto que detenta el derecho y la cosa sobre la cual él recae y que los del derecho personal son el sujeto que ostenta la titularidad del derecho, el objeto de éste y el sujeto de quien puede exigirse su satisfacción.

Se deduce también que mientras que el derecho real recae sobre una cosa, el objeto del derecho personal lo constituye un comportamiento que debe desplegar el obligado en favor del titular de ese derecho.

De aquí se sigue que el derecho real se ejerce frente a todos los demás y por lo tanto todos estos tienen el deber de no vulnerarlo, al paso que el derecho personal se tiene frente a una determinada persona y por consiguiente sólo ésta tiene el deber de satisfacerlo.

1.2. El derecho de dominio, derecho real por excelencia, puede pertenecer a uno o más sujetos, evento este último que se designa normalmente como comunidad o copropiedad.

Esta clase de propiedad se caracteriza por que cada condueño sólo tiene un derecho de dominio sobre una cuota o parte ideal de la cosa más no sobre la totalidad o parte de ésta física o materialmente considerada, y en ningún caso consiste en la posibilidad de exigirle a una determinada persona una prestación, esto es el cumplimiento de una obligación.

Así que entonces la copropiedad confiere los poderes del dominio aunque en el entendido que ellos se circunscriben a la cuota o parte ideal del comunero y que, en relación con la cosa común físicamente considerada, todos los condueños pueden usarla y administrarla de manera conjunta, sin perjuicio de la designación de un administrador que lo haga en su lugar.

Consecuencia de todo lo anterior es que no se puede ser comunero sino de un derecho real puesto que los derechos personales no confieren un derecho sobre una cosa sino un derecho a una prestación.

1.3. Los negocios jurídicos son instrumentos que permiten que las personas regulen o dispongan de los intereses radicados en su cabeza, exceptuados por supuesto aquellos respecto de los cuales el ordenamiento jurídico prohíba su regulación o disposición, y dentro de ellos se distinguen los contratos que no son otra cosa que negocios jurídicos que se caracterizan por requerir de la presencia de dos o más partes para hacer la regulación o disposición y que lo regulado o dispuesto tiene un contenido económico.

Ahora, los contratos persiguen crear, regular o extinguir relaciones jurídicas económicas, tal como se lee en el artículo 864 del Código de Comercio, y por ende específicamente se puede afirmar que el contrato puede ser fuente de obligaciones, las que pueden surgir a cargo de una de las partes o de todas ellas, caso éste último en que el contrato se califica como sinalagmático o de obligaciones recíprocas

Por su parte la obligación, como suficientemente se sabe, consiste en un vínculo jurídico en que una parte asume el deber de satisfacer una prestación en favor de la otra.

Con otras palabras, de la relación obligatoria surge un derecho personal para el acreedor que tiene por objeto una conducta o prestación del deudor, conducta que sólo puede ser exigida de éste.

El derecho personal del acreedor se denomina crédito y puede ser transferido a terceros mediante el negocio jurídico que la ley y la doctrina comúnmente llaman cesión del crédito y cuya regulación se encuentra en los artículos 1959 del Código Civil.

La “adpromissión” y la “expromissión” son formas de asunción de la deuda y en esencia persiguen, en el primer caso, que un tercero asuma la posición del deudor junto con éste o, en el segundo, que simplemente lo sustituya en ella.

Luego, como puede advertirse tanto en la cesión del crédito como en la asunción de deuda se trata de ocupar el lugar del acreedor o del deudor inicial pero considerando aislada o individualmente el crédito o la deuda.

Por su parte un tercero puede ocupar la posición de uno de los contratantes iniciales mediante la denominada “cesión de la posición contractual”, o más escuetamente cesión de contrato,” que consiste fundamentalmente en que se trasladan al tercero el conjunto de derechos y obligaciones que estaban a favor y a cargo de la parte contractual que es sustituida.

Por consiguiente la cesión de la posición contractual es un fenómeno propio de los contratos sinalagmáticos o de prestaciones correlativas ya que si se trata de un contrato unilateral bien puede encausarse el asunto por la vía de la cesión del crédito o de la asunción de la deuda, según sea el caso.

En este sentido la doctrina precisa que “en cambio, cuando lo que se cede (o asume) es un contrato, el punto de partida es la presencia de uno o varios créditos y otras tantas obligaciones, entrelazadas en términos de correlatividad y consideradas, tratadas y dispuestas como una unidad, o sea: el objeto de la operación es el traspaso simultáneo de unos créditos y de las obligaciones recíprocas, surgidos a una de un mismo contrato, por parte de uno de los contratantes a un tercero, esto es, en últimas, la transferencia de una posición o relación contractual, cuyo resultado es la sustitución de una de las partes (acreedora-deudora)”(4).

Todas las anteriores consideraciones conducen a concluir que tanto en la cesión de créditos como en la cesión de la posición contractual, hay transferencia de créditos o, lo que es lo mismo, de derechos personales y por lo tanto jamás podrá decirse que lo que se ha transferido es un derecho real sobre una cosa o el derecho de dominio sobre una cuota o parte ideal respecto de una cosa que tiene varios dueños, esto es el derecho de dominio que tiene un comunero o copropietario.

Luego, ceder la posición contractual no es igual a la transferencia del derecho de dominio que tiene un comunero en la comunidad o copropiedad.

2. Sobre el incumplimiento contractual esta Subsección en precedente oportunidad expresó lo que a continuación se transcribe por ser por entero pertinente en este caso:

“Los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, también pueden crear relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor solo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido.

No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil al disponer, respectivamente, que “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, que “el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes” y que “el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales”.

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor.

Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento”(5) y esta situación, por regla general(6), no da lugar a la responsabilidad civil(7).

(…) El incumplimiento, entendido como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él, puede dar lugar al deber de indemnizar perjuicios si es que esa inejecución le ha causado un daño al acreedor.

En efecto, como toda responsabilidad civil persigue la reparación del daño y este puede consistir en una merma patrimonial, en ventajas que se dejan de percibir o en la congoja o pena que se sufre, es evidente que en sede de responsabilidad contractual un incumplimiento puede causar, o no, una lesión de ésta naturaleza y es por esto que no puede afirmarse que todo incumplimiento irremediablemente produce una merma patrimonial, impide la consecución de una ventaja o produce un daño moral, máxime si se tiene en cuenta que dos cosas diferentes son el daño y la prestación como objeto de la obligación.

Causar un daño genera la obligación de reparar el perjuicio causado con él pero si el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y que por consiguiente el deudor sea condenado al pago de la indemnización, aquel tiene la carga de demostrar su existencia y su cuantía.

Tal carga probatoria se encuentra establecida no solamente en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil al preceptuar que “incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, sino también, y particularmente para la responsabilidad contractual, en el artículo 1757 del Código Civil al disponer que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.

Así que entonces es al acreedor a quien le asiste el interés de demostrar la ocurrencia del daño y la cuantificación del perjuicio sin que pueda descargar en el juzgador todo el peso de esa carga aunque este, desde luego, cuenta con la facultad oficiosa en materia probatoria pero dentro de los precisos límites previstos en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo.

Luego, si el acreedor nada prueba en torno a la existencia del daño y a la cuantía del perjuicio, no podrá abrirse paso la pretensión indemnizatoria pues sin la certeza de la ocurrencia del daño y la magnitud del perjuicio, la responsabilidad está irremediablemente condenada al fracaso.

(…) Si se tiene en cuenta que la responsabilidad derivada del contrato persigue la indemnización de los perjuicios causados, como ya se dijo, y que en la responsabilidad contractual el deudor debe estar en mora pues de lo contrario no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal en su caso, tal como lo pregonan los artículos 1594 y 1615 del Código Civil, es conclusión obligada que si alguno de los contratantes ha incumplido el otro no estará en mora, pues así lo dispone el artículo 1609 del Código Civil, y por consiguiente el incumplido no puede reclamar perjuicios o la pena.

No otra cosa puede deducirse de las normas antes mencionadas que a la letra expresan:

“ART. 1594.—Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal…”.

“ART. 1615.—Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención”.

“ART. 1609.—En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”(8).

3. El numeral 12 del artículo 95 del Decreto 2477 de 1986 preveía que eran causales de caducidad del contrato de concesión, entre otras, “el incumplimiento injustificado de las normas sobre higiene y seguridad mineras” y, por su parte el artículo 98 señalaba que, en caso de decretarse la caducidad, el concesionario no tenía derecho a indemnización o prestación alguna sin importar la causal que diera lugar a ella.

4. El contrato que ha dado lugar a esta cuestión litigiosa fue celebrado el 25 de julio de 1988 y por consiguiente, de conformidad por lo señalado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, las normas aplicables son las de los decretos 2477 de 1986 y 1335 de 1987, ya que aún no había entrado a regir el Decreto 2655 de 1988.

4.1. En este asunto el demandante Alberto Ceballos Vélez propone las pretensiones principales en su condición de comunero de una supuesta comunidad conformada por Alberto Ceballos Vélez y la sociedad Hullas Carolina Ltda., las que desde luego formula para la citada comunidad.

La pregonada comunidad tiene su origen, según el demandante, en la cesión que este hizo a la sociedad Hullas Carolina Ltda. del 50% del contrato de concesión 9991 de 1988.

Y es que, de un lado, el demandante narra en los hechos de la demanda que el 13 de marzo de 1991 el contratista solicitó autorización para ceder el 50% de sus derechos y obligaciones en el contrato 9991 de 1988 a la sociedad Hullas Carolina Ltda., solicitud que fue resuelta por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 31305 del 19 de julio de 1991 en el sentido de conceder la autorización, y, de otro lado, en el expediente obra la copia del documento que contiene la mencionada cesión del contrato y en cuyo texto se lee: “Alberto Ceballos Vélez… Declaro: Que cedo y transpaso (sic) parcialmente en un cincuenta por ciento (50%) los Derechos y Acciones de que soy titular en el contrato de concesión 9991-carbón, a favor de la sociedad Hullas Carolina Ltda…”(9).

Pues bien, en estas circunstancias, y como cosas diferentes son la comunidad o copropiedad y la cesión de la posición contractual, es evidente que en virtud de la cesión del 50% del contrato de concesión 9991 de 1988, no se formó ninguna comunidad entre Alberto Ceballos Vélez y Hullas Carolina Ltda. y por consiguiente todas las pretensiones que se han formulado para esa supuesta comunidad, es decir las principales de la demanda, están condenadas al fracaso.

En efecto, como lo que se hizo, según lo cuenta el demandante, fue una cesión parcial de un contrato de concesión, es decir de una posición contractual o, lo que es lo mismo, de parte del conjunto de derechos y obligaciones existentes a favor y a cargo del cedente, lo que sucedió en bloque, si es que en verdad ocurrió, fue la transferencia parcial al cesionario de los derechos del cedente consistentes en poder exigir unas concretas prestaciones y la simultánea asunción por parte del cesionario de una porción de las obligaciones que en virtud del contrato había contraído el cedente.

Siendo esto así, es evidente que no puede hablarse del surgimiento de una comunidad puesto que la operación no consistió en la constitución de un derecho de dominio, o de otro derecho real, de varias personas sobre una misma cosa.

No habiendo comunidad, la conclusión obligada es que deben negarse los pedimentos que para ella se hacen.

Como el tribunal lo que adujo fue una indebida representación de la comunidad olvidando que de haber copropiedad cualquier comunero puede efectivamente pedir para la comunidad, la sentencia debe revocarse en este aspecto para en su lugar negar las pretensiones que se aducen en favor de una supuesta comunidad que en verdad nunca se formó en razón de que en verdad aconteció, según lo afirma el demandante, fue la cesión parcial del contrato de concesión 9991.

4.2. Alberto Ceballos Vélez formula como pretensiones subsidiarias unas que son idénticas a las principales pero esta vez para sí y no para la supuesta comunidad de que antes se habló.

Lo que síntesis pretende subsidiariamente es que se declare la nulidad del acto administrativo que decretó la caducidad del contrato de concesión 9991, así como los actos administrativos que le precedieron pero que sirvieron de base para tomar esa decisión y los que posteriormente se expidieron, bien para resolver el recurso de reposición que se enderezó contra aquel o bien para modificarlos, y que tengan relación o sean consecuencia del decreto de caducidad.

Pide, como consecuencia de la nulidad de estos actos, que se declare que la demandada incumplió el citado contrato de concesión y que se le condene a indemnizar los perjuicios causados con el incumplimiento.

Dentro de los actos administrativos cuya nulidad se solicita se enlista un informe técnico que rindió un ingeniero de minas y metalurgia sobre la seguridad en la mina “La Menos Setenta”, con ocasión de la visita que se practicó en este lugar a petición del Ministerio de Minas y Energía.

4.2.1. En primer lugar es suficiente tener en cuenta que el informe técnico SNC 327, tal como lo advirtió el a quo, no constituye un acto administrativo por no contener los elementos estructurales de este, es decir, una manifestación unilateral de voluntad expresada en ejercicio de una función administrativa, persiguiendo con ello la producción de unos determinados efectos jurídicos.

En efecto, el citado informe técnico se reduce a dar cuenta de lo que se encontró y percibió en la visita técnica y a dar una serie de opiniones y recomendaciones a quien lo solicitó.

En consecuencia, como el informe SNC 327 no es un acto administrativo, resulta que no es pasible de ser examinada su legalidad considerándolo en esta condición.

4.2.2. En segundo lugar ha de tenerse en cuenta que la caducidad del contrato 9991 se decretó fundamentalmente porque el demandante incumplió las normas sobre higiene y seguridad mineras.

En efecto, el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 60182 del 15 de abril de 1993 y teniendo como fundamento el informe técnico SNC 288(10), le concedió al señor Alberto Ceballos Vélez unos términos precisos y perentorios para que diera cumplimiento a las recomenciones(sic) plasmadas en ese informe(11), y como quiera que a mediados de junio de 1993 un trabajador sufrió lesiones en un ojo por la utilización indebida de material explosivo y que el 20 de julio de ese mismo año murieron dos trabajadores por la utilización del mismo explosivo que causó el otro accidente, el Ministerio de Minas y Energía ordenó una visita técnica de seguridad a la mina, la que se llevó a cabo el 22 de julio de 1993 y arrojó como resultado que en el lugar de la explotación minera había una ventilación deficiente, emanación y presencia de gas metano, se utilizaba material explosivo no garantizado e inestable, no había ventilación forzada en el avance de frentes y no se había dado cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 60182, tal como se ve en el informe técnico SNC 327(12).

Todas estas circunstancias dieron lugar a que el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 60466 del 9 de septiembre de 1993(13), ordenara, entre otras cosas, poner en conocimiento de Alberto Ceballos Vélez que había incurrido en la causal de caducidad prevista en el numeral 10 de la cláusula décimo sexta del contrato de concesión 9991, es decir el incumplimiento injustificado de las normas sobre higiene y seguridad minera(14), y concederle el término de un mes para que subsanara o rectificara la falta que se endilgaba o formulara su defensa.

En su defensa el demandante argumentó que la mina objeto de la visita estaba siendo explotada por Hullas Carolina Ltda. y no por él, que la explotación antitécnica no es causal de caducidad del contrato, que Hullas Carolina Ltda. ha cumplido con las normas técnicas de seguridad y todas las recomendaciones del informe SNC 288 puesto que esta sociedad era la llamada a ello, y que la citada sociedad, habida cuenta de los inconvenientes que presentaba la adquisición de la dinamita a Indumil, optó por utilizar la pólvora que un experto autorizado elaboraba y vendía, tal como se lee en el memorial presentado el 2 de noviembre de 1993(15).

Finalmente el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 80820 del 4 de mayo de 1994(16), que fuera confirmada mediante las resoluciones 80359 del 6 de marzo de 1995(17) y 81522 del 12 de julio de 1996(18), decretó la caducidad del contrato de concesión 9991, con fundamento en que el concesionario incumplió las normas sobre higiene y seguridad minera.

Pues bien, inútilmente se esfuerza Alberto Ceballos Vélez al argumentar en su defensa que quien estaba llamada a cumplir con las recomendaciones del informe técnico SNC 288 era la sociedad Hullas Carolina Ltda. porque era quien explotaba la mina y que ésta esta sociedad efectivamente acató tales recomendaciones.

En efecto, si se considera lo que dice el demandante Alberto Ceballos Vélez cuando afirma que le cedió a Hullas Carolina Ltda. el 50% del contrato de concesión 9991 y que por esta razón esa sociedad explotaba la mina y por ende era quien estaba llamada a cumplir con las recomendaciones del informe técnico SNC 288, resulta que, aún en el evento de ser efectiva esa cesión parcial del contrato, Alberto Ceballos Vélez estaba obligado a acatar y cumplir con las recomendaciones del citado informe técnico.

Y es que el demandante olvida que si bien el Decreto 2477 de 1986 preveía la posibilidad de ceder parcialmente el contrato de concesión, también preveía claramente que en este caso el cedente y el cesionario son solidariamente responsables por las obligaciones emanadas del contrato(19), solidaridad que, en lo tocante a la observancia y cumplimiento de las obligaciones que se derivan del reglamento de seguridad en las labores subterráneas, es reiterada por el Decreto 1335 de 1987(20).

Luego, no es cierto lo que aduce Alberto Ceballos Vélez cuando afirma que no era de su cargo el cumplimiento de las recomendaciones del informe técnico SNC 288 y cuya observancia se exigió que fuera cumplida en los precisos y perentorios plazos señalados en la Resolución 60182 del 15 de abril de 1993.

Así que entonces Alberto Ceballos Vélez sí estaba obligado a cumplir con las obligaciones de seguridad minera que menciona la antes citada resolución, máxime si se tiene en cuenta que este acto administrativo estaba dirigido a Ceballos Vélez y que la mina en cuestión estaba ubicada dentro del área concedida en el contrato 9991.

Ahora, en lo que se refiere a las recomendaciones del informe técnico SNC 288 y que impuso la Resolución 60182 del 15 de abril de 1993, Alberto Ceballos Vélez asegura que tuvo noticias que ellas fueron cumplidas por Hullas Carolina Ltda.

Pero la verdad que enseña el expediente es otra.

En efecto, así por ejemplo la Resolución 60182 del 15 de abril de 1993 exigió el cumplimiento inmediato de la prohibición de fumar dentro de la mina, del suministro al personal de mascarillas contra el polvo y de protectores auditivos, y la utilización de ventilación forzada para facilitar la atmósfera respirable, sin embargo en la visita realizada el 22 de julio de 1993, es decir dos días después de que perdieran la vida dos operarios por una explosión en la mina, se constató que estas obligaciones no se habían cumplido como tampoco las restantes que se mencionan en aquella resolución(21).

Aún más, el 14 de febrero de 1994 se presentó una emergencia minera en la mina Carbonías, con ocasión de la inflamación de gas metano por utilizar lámparas de llama abierta, resultando con severas quemaduras varios trabajadores(22).

En este caso el jefe de salvamento recomendó que se suspendieran las lámparas de llama abierta, que se instalaran equipos de seguridad versátiles, tales como metanómetro, oxigenómetro, bomba multidetectora de gases y medidor digital de monóxido de carbono, y la utilización de ventilación forzada(23), recomendaciones estas que ya se habían hecho en el informe técnico SNC 288 y que luego impuso la tantas veces mencionada Resolución 60182 del 15 de abril de 1993.

Así que estos hechos y estos informes contradicen no solamente las afirmaciones de Alberto Ceballos Vélez en el sentido de que las recomendaciones impuestas fueron cumplidas, sino también lo declarado por José de Jesús Sampedro quien asegura en su testimonio que las condiciones de higiene y seguridad en la concesión de Ceballos Vélez son las mejores, razón por la cual la verdad que aflora es que el concesionario incumplió las normas sobre higiene y seguridad mineras.

Luego, como la caducidad del contrato se decretó con fundamento en el incumplimiento de las normas de seguridad minera, este hecho estaba contemplado en el Decreto 2477 de 1988 y en el contrato como causal de caducidad y en verdad el concesionario infringió esta disposición normativa, resulta que no se advierte la ilegalidad que le reprocha el demandante a los actos administrativos relacionados con el decreto de caducidad contractual y mucho menos si el aquí actor tuvo previamente la oportunidad de exponer sus razones, dar sus explicaciones y proponer su defensa.

Por consiguiente, las pretensiones subsidiarias también están llamadas al fracaso y como quiera que el a quo así lo decidió en relación con la casi totalidad de ellas, la sentencia apelada debe ser confirmada en este aspecto.

No ocurre lo mismo en lo que se refiere a la excepción de ineptitud de la demanda que encontró probada el tribunal en cuanto a la pretensión primera literal e) por cuanto una interpretación integral de la demanda permite establecer los hechos en que se fundamenta y las normas que consideró violadas, razón por la cual esta decisión será revocada para en su lugar negar también esta pretensión.

Ahora como el decreto de caducidad del contrato de concesión se ajusta a la ley y de acuerdo con ésta si ella se decreta no hay lugar a indemnización alguna, se sigue que las pretensiones indemnizatorias también deben ser rechazadas.

En síntesis, la sentencia apelada será reformada para revocar las decisiones que declararon probadas oficiosamente la indebida representación de la supuesta comunidad existente entre Alberto Ceballos Vélez y Hullas Carolina Ltda. y la ineptitud de la demanda respecto de la pretensión primera literal e), para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones principales y subsidiarias.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REFORMAR la sentencia apelada para REVOCAR las decisiones que declaran probadas oficiosamente la indebida representación de la supuesta comunidad existente entre Alberto Ceballos Vélez y Hullas Carolina Ltda. y la ineptitud de la demanda respecto de la pretensión primera literal e), quedando entonces la sentencia recurrida así:

NEGAR la totalidad de las pretensiones principales y subsidiarias.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(2) Artículo 665.

(3) Artículo 666.

(4) F. Hinestrosa. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pág. 526.

(5) F. Hinestrosa. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pág. 237.

(6) Se exceptúa el caso, por ejemplo, en el que el deudor conviene en responder aún en el evento de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se desprende de los incisos finales de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil.

(7) Artículos 1604, inciso 2º, y 1616, inciso 2º, ibídem.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2013, expediente 25131.

(9) Folio 1149, cuaderno 3.

(10) Folios 1195 a 1197, cuaderno 3.

(11) Específicamente consistían en la prohibición de fumar en la mina, definir el circuito de ventilación y colocar vendas en las labores abandonadas, reforzar los sectores indicados y colocar el forro respectivo, construir nichos salvavidas en las guías de transporte, efectuar mantenimiento continuo de la carrilera, malacate, rodillos, cable de tracción y colocar manila a lo largo de los accesos para el personal, construir cunetas y efectuar mantenimiento continuo para evitar la acumulación del agua en las vías de transporte, cambiar las lámparas de carburo por lámparas de batería para el alumbrado individual en el interior de la mina, suministrar mascarillas contra polvo al personal del interior de la explotación y sectores de cargue externo, dotar de protectores auditivos a los compresoristas y malacateros, elaborar, ejecutar y presentar aprobados los reglamentos internos de trabajo y de seguridad e higiene de la empresa, construir instalaciones sanitarias cerca del casino y mejorar las condiciones higiénicas del campamento y del casino, adquirir equipos para medición de gases, especialmente el metanómetro, oxigenómetro y bomba detectora de gases y utilizar ventilación forzada para facilitar la atmósfera respirable en el avance de tambores.

(12) Folios 1201 a 1218, cuaderno 3.

(13) Folios 1221 a 1228, cuaderno 3.

(14) Folio 887, cuaderno 3.

(15) Folios 1252 a 1263, cuaderno 3.

(16) Folios 1345 a 1354, cuaderno 4.

(17) Folios 1431 a 1456, cuaderno 4.

(18) Folios 1717 a 1722, cuaderno 4.

(19) “ART. 148.—Los titulares podrán ceder sus licencias, contratos, permisos o aportes, previa autorización del ministerio a cualquier persona natural o jurídica, pero en ningún caso a favor de gobiernos extranjeros, ni a personas naturales extranjeras que no estén domiciliadas en el país.

En el caso de que la cesión fuere parcial, cedente y cesionario serán solidariamente responsables ante el ministerio por las obligaciones emanadas de la licencia, contrato, aporte o permiso…”.

(20) “ART. 5º—El propietario de la mina o los titulares de derechos mineros son responsables directos de la aplicación y cumplimiento del presente reglamento. Cuando se realicen contratos con terceros, estos últimos están obligados a cumplir con las exigencias establecidas en el presente reglamento, y el explotador vigilará su cumplimiento, siendo solidariamente responsable con el propietario o titular del derecho minero...”.

(21) Folio 1206, cuaderno 3.

(22) Folios 1333 a 1336, cuaderno 4.

(23) Folios 1335 y 1336, cuaderno 4.