Sentencia 1997-03882 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Proceso: 25001232600019970388201

Interno Nº 19162

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Germán Osorio Jaramillo

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia.

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el presente recurso pues el asunto debatido versa sobre error judicial y, la competencia en segunda instancia pertenece a esta corporación sin consideración de la cuantía de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la sección(1).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”(2).

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por el actor con ocasión de la indebida retención del vehículo de su propiedad, del proceso penal que se vio obligado a afrontar y que terminó con la entrega del vehículo el 19 de diciembre de 1996, lo que significa que tenían hasta el día 19 de diciembre de 1998 para presentarla y, como ello se hizo el 24 de abril de 1997, resulta evidente que la acción se ejerció dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

3. La responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Se imputa en la demanda responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación con fundamento en un experticio equivocado rendido por un técnico judicial del CTI que llevó a la decisión de retener el vehículo de propiedad del demandante, situación que se prolongó por espacio de año y medio.

La Sala considera necesario recordar que en la Constitución de 1886 no existía una norma que se refiriera a la responsabilidad del Estado por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. No obstante lo anterior, esta Sección admitió durante su vigencia, en algunas oportunidades, que procedía la responsabilidad patrimonial del Estado cuando resultara comprometida con ocasión de la actividad jurisdiccional por falla del servicio(3).

Así, en efecto, en sentencia del 24 de mayo de 1990(4) se rechazó explícitamente la responsabilidad por retardo en la administración de justicia(5).

En la Constitución de 1991 el derecho a una pronta y cumplida justicia adquirió el rango de mandato superior, es así como, en el artículo 29 de dicho ordenamiento constitucional, se estableció como una de las garantías propias del debido proceso, la que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas y, el artículo 228 ibídem, consagró con el mismo propósito los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

De otra parte el artículo 8º de la Convención americana de derechos humanos reconoce esa garantía como un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales(6) y, aunque en el artículo 8º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, fue reconocido concretamente el derecho del acusado “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, las decisiones del comité de derechos humanos considera que dicha garantía es aplicable a procesos de otra índole(7).

La Ley 270 de 1996 estableció como residual esta modalidad de responsabilidad del Estado, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función jurisdiccional que no constituyen error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, por no provenir de una decisión judicial.

Según la doctrina, el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera un funcionamiento normal:

“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la administración de justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos estándares de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la administración de justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia aunque tenga en estas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación”(8).

Por su parte, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, al interpretar el artículo 6º, número 1 de la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales ha considerado que el “carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta fundamentalmente ´la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el asunto haya sido llevado por las autoridades administrativas y judiciales’”.

Ese mismo tribunal ha precisado que no existe dilación indebida por el mero incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, esto es, que no se ha constitucionalizado el derecho a los plazos, sino que lo que la Constitución consagra es el derecho de toda persona a que su causa se resuelva en un tiempo razonable(9).

Ahora bien, en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a la indemnización por fallas de la rama judicial y, en particular, respecto de su indebido funcionamiento como administración ordinaria, situación que puede comprender el evento de retardo injustificado en adoptar decisiones o acciones que causan detrimento patrimonial, como es el caso de la demora en la entrega de bienes, respecto de los cuales ha cesado la medida retención en materia penal o la medida cautelar en materia civil(10).

En conclusión, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo de aquel por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde la perspectiva de un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(11).

4. El caso concreto.

Es necesario advertir que las pruebas documentales debidamente solicitadas, decretadas y aportadas por las partes en las oportunidades legales correspondientes, estuvieron a disposición de la parte contra la cual se aducen, sin que le merecieran réplica alguna, por lo que serán valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Del material probatorio allegado al proceso en debida forma, resulta probado lo siguiente:

4.1. Que el 20 de abril de 1995, en la autopista sur, entrada principal de Bosa, fue inmovilizada por el grupo técnico de investigación, grupo antipiratería terrestre y automotores de la Fiscalía General de la Nación, la camioneta Blazer, de placas ZIE-168 de propiedad del señor Néstor Raúl Claros Gregory(12) (fl. 30 C. 3).

4.2. Que el 24 de abril de 1995 el señor Néstor Raúl Claros Gregory aportó algunos documentos con el fin de aclarar la situación del vehículo retenido, tales como:

4.2.1. Recibo de pago Nº 86951 expedido por la Policía Metropolitana de Bogotá, por la revisión del vehículo de placas ZIE-168, en el que se lee que ‘En la fecha 07 oct. 1994 no registra antecedentes por hurto de acuerdo a los sistemas que posee’ y ‘certifica la originalidad de todos los sistemas de identificación a la fecha’ (fl. 5 C. 3).

4.2.2. Fotocopia de la licencia de tránsito Nº 92-1518469, del vehículo de placas ZIE-168, Chevrolet Blazer 1992, camioneta, color blanco sólido, servicio particular, motor Nº ZNV 372467, chasis Nº TC1T6ZNV372467 (fl. 5 C. 3).

4.2.3. Certificado expedido por el inspector de Tránsito y Transportes de Zipaquirá el 9 de febrero de 1994 en el que se hace constar que el vehículo de placas ZIE 168, marca Chevrolet, Modelo 1992, tipo Stat. Wagon, línea blazer, clase camioneta, color blanco sólido, motor ZNV372467, chasís TC1T6ZNV372467, 4 puertas , servicio particular, capacidad 5 pasajeros, manifiesto 0008371, lugar Cúcuta, no tiene ningún tipo de gravamen (fl. 6 C. 3).

4.2.4. Formulario de traspaso del vehículo enunciado del señor Germán Osorio Jaramillo al señor Néstor Raúl Claros Gregory (fl. 13 C. 3).

4.2.5. Declaración de despacho para consumo Nº 0008371 en el que se hace constar que se importó de Venezuela un vehículo Blazer 5010, marca GM, tipo Wagon, clase camioneta, cabina doble-dura, capota de fibra de vidrio, color blanco sólido (fl. 17 C. 3).

4.3. Que mediante informe 081 de 4 de mayo de 1995, suscrito por el técnico judicial distinguido con el carné Nº 3570 del CTI, se puso de presente que:

“Una vez realizado el experticio técnico se establece que el vehículo queda sin identificación morfológica porque sus sistemas fueron adulterados y reestampados. Así mismo inspeccionado el automotor se puede apreciar que en los vidrios fueron borrados los números de identificación de seguridad. También se realizará un estudio técnico general al mencionado vehículo para determinar su originalidad o su posible adulteración y transformación.

“Se realizó estudio técnico a la documentación, en donde se encuentra la legalización del automotor, los cuales se están verificando con la Dirección de Impuestos Nacionales de Cúcuta y el Instituto Colombiano de Comercio Exterior “Incomex”, con el fin de establecer su originalidad y legalidad.

“Conclusión.

“Es probable que el vehículo sea gemelo de un original” (fls. 28 y 29 C. 3).

4.4. Que, con fundamento en el informe así rendido por el técnico judicial antes referido, se enviaron para lo de su cargo las diligencias a la oficina de asignaciones, correspondiéndole al Fiscal 165 de Unidad 7ª de delitos contra la fe pública y el patrimonio, quien inició y tramitó el correspondiente proceso por falsedad (fls. 48 a 50 C. 3).

4.5. Que, mediante providencia del 26 de mayo de 1995, se avocó el conocimiento de las diligencias por el Fiscal 165 y se dispuso la apertura de la investigación previa (fls. 52 y 53 C. 3).

4.6. Que, mediante el informe 095 de 30 de mayo de 1995, el técnico judicial Luis Arturo Arévalo Duque amplió el informe 081 en los siguientes términos:

“Realizado el estudio técnico y solicitado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” certificación, esta nos remite el oficio SAA Nº 0732 de fecha mayo 19 de 1995, en el cual envía fotocopia auténtica de la declaración de consumo como también fotocopia de la declaración de importación, la cual ampara la importación de repuestos para vehículo Renault” (fls. 59 y 60 C. 3).

4.7. Que el 4 de julio de 1995 el técnico judicial Luis Arturo Arévalo Duque deja constancia en la que señala que al “vehículo no se le ha podido identificar plenamente porque sus sistemas de identificación se encuentran adulterados o restampados para lo cual se hace necesario un estudio técnico o experticio con reactivos químicos para establecer su originalidad” (fl. 68 C. 3).

4.8. Que el 11 de diciembre de 1995 el apoderado judicial del señor Claros Gregory solicitó dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal y disponer la entrega del vehículo, solicitud que fue negada mediante providencia del 19 de diciembre de 1995, porque, hasta ese momento, no había sido posible establecer o descartar la responsabilidad del solicitante en el hecho investigado (fls. 134, 154 y 155 C. 3).

4.9. Que el 14 de diciembre de 1995 el señor Germán Osorio Jaramillo rindió declaración en la que puso de presente que él le había vendido la camioneta al señor Claros Gregory, además que cuando la había tenido en su poder había sido revisada por la Sijin, entidad que encontró que las identificaciones del vehículo eran correctas (fls. 138 a 142 C. 3).

4.10. Que el 19 de marzo de 1996 el señor Néstor Raúl Claros Gregory solicitó enviar las diligencias al señor jefe de Unidad de Fiscalías para que, con base en lo dispuesto en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, se suspendiera la investigación previa y se ordenara la devolución inmediata del vehículo retenido, solicitud que fue negada mediante providencia del 18 de abril de 1996 (fls. 179 a 182 C. 3).

4.11. Que mediante providencia de 18 de abril de 1996 se profirió resolución de apertura de investigación y se ordenó la vinculación al proceso entre otras personas de Germán Osorio Jaramillo por haberle vendido la camioneta al señor Néstor Raúl Claros Gregory y no advertirle que la misma ya había sido retenida con la advertencia de tener los números de identificación adulterados (fls. 195 a 197 C. 3).

4.12. Que el 17 de mayo de 1996 los señores Néstor Raúl Claros Gregory y Germán Osorio Jaramillo suscribieron un contrato de transacción en el que acordaron: i) dejar sin efecto el contrato de permuta realizado entre ellos, ii) que el señor Osorio recibiría nuevamente la propiedad y posesión de la camioneta retenida, iii) que el señor Osorio se obligaría a pagar la suma de $ 1.000.000 correspondiente a los honorarios que había pactado el señor Claros Gregory con el Doctor Eduardo Márquez Neira por haberlo representado en el proceso penal, iv) que el señor Osorio le pagaría al señor Claros Gregory la suma le de $6.000.000 a título de indemnización (fls. 229 y 230 C. 3).

4.13. Que el 13 de agosto de 1996 el señor Germán Osorio Jaramillo al considerar que existía el material probatorio suficiente para esclarecer la verdad, solicitó se decretara la preclusión de la instrucción a su favor y se hiciera entrega del vehículo retenido (fls. 268 a 281 C. 3).

4.14. Que de conformidad con el estudio técnico realizado por la Dijin el 1º de octubre de 1996 “el automotor motivo de estudio queda identificado con el número de motor, plaqueta serial y número de chasís que posee en la actualidad por cuanto son los originales y son los acostumbrados por la casa fabricante” (fl. 351 C. 3).

4.15. Que, mediante providencia del 9 de octubre de 1996, la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y negó la solicitud de preclusión de investigación solicitada por la defensa, providencia contra la que el demandante interpuso recurso de reposición y fue confirmada el 28 de octubre siguiente (fls. 353 a 359 C. 3).

4.16. Que el 19 de noviembre de 1996 se ordenó la preclusión de la investigación, se decretó la extinción de la acción penal a favor del señor Germán Osorio Jaramillo y la entrega definitiva del vehículo camioneta Chevrolet Blazer, color blanco sólido, modelo 92, de placas ZIE 168 (fls. 392 a 399).

4.17. Que el vehículo fue entregado materialmente el 19 de diciembre de 1996 al señor Osorio Jaramillo (fl. 409 C. 3).

Sobre la base de todo lo anterior, se encuentra probado el daño invocado por la parte actora consistente en la retención de su automotor, la vinculación a un proceso penal del demandante señor Germán Osorio Jaramillo, situación que se prolongó en el tiempo y que le causó perjuicios patrimoniales de diverso orden.

La imputabilidad

Establecida la existencia del daño, aborda la Sala el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, deba resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.

Se encuentra demostrado que la investigación penal se inició teniendo como base el dictamen pericial Nº 081 de 4 de mayo de 1995, ampliado con el Nº 095 del 30 de mayo siguiente, ambos rendidos por el señor Luis Arturo Arévalo Duque, técnico judicial del CTI, en los que, según su criterio, los sistemas del vehículo fueron adulterados y restampados, así como borrados los números de identificación de seguridad que se encontraban en los vidrios, irregularidades a las que se agregaba que la declaración de consumo y la de importación amparaba elementos diferentes al vehículo investigado, por todo lo cual era probable que fuera “gemelo” de uno original.

La Sala observa que aunque el funcionario judicial contaba con la información antes descrita, también tenía en su poder los documentos que habían sido presentados por el señor Néstor Raúl Claros Gregory en los que constaba que el mismo vehículo había sido revisado por la Sijin, entidad que en su momento, 7 de octubre de 1994, había certificado la originalidad de los sistemas de identificación, así como que el vehículo no registraba antecedentes por hurto, todo ello de acuerdo con el sistema que poseía y con la declaración de despacho para consumo Nº 0008371 que permitían tener claro que el vehículo retenido había sido legalmente importado.

A pesar de que el dictamen que sirvió de base para la investigación penal a la que se ha hecho referencia, no era suficiente para afirmar con certeza que el vehículo inmovilizado fuese “gemelo de uno original”, pues esa circunstancia fue indicada en ese experticio como una mera probabilidad, la fiscalía no decretó las pruebas que hubieran permitido desde un principio esclarecer la realidad de los hechos. Tales pruebas consistían en la solicitud a la Dijin para que un experto suyo dictaminara si los sistemas del vehículo retenido habían sido adulterados y, a la DIAN para que enviara la copia de la declaración de despacho para consumo del vehículo, con el fin de verificar si la que había sido aportada al proceso penal concordaba con la que reposaba en los archivos de esa entidad. La conducta omisiva de la fiscalía, respecto de estas pruebas, llevó la dilación injustificada de la investigación.

De conformidad con lo anterior la Sala considera que si bien el actor tenía la obligación de soportar que se investigara si el vehículo que había enajenado, era o no gemelo de otro original, también la administración tenía la obligación de ordenar las pruebas que llevaran al esclarecimiento de la verdad, más aún cuando desde el inicio del proceso penal el actor había puesto en su conocimiento la originalidad de los sistemas de identificación del vehículo y su legal importación, como fueron los documentos aportados por el comprador y el dictamen técnico que había sido rendido por una entidad oficial experta en el tema.

Forzoso resulta concluir, entonces, que la sentencia apelada habrá de ser confirmada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada.

5. Perjuicios.

5.1. Morales.

El a quo en la providencia apelada negó el reconocimiento de este tipo de perjuicios porque no se encontraban demostrados porque aunque no desconoció que se inició una investigación penal en la misma no se impuso medida de aseguramiento alguna al actor.

Como la entidad demandada es apelante única se confirmará la sentencia en relación con este tema.

5.2. Materiales.

Para el reconocimiento de perjuicios materiales el tribunal de primera instancia tomó como base la suma a que había llegado el dictamen pericial rendido en esa instancia con la única justificación de que no había sido objetado ni por la demandada ni por el llamado en garantía.

En relación con el tema de la peritación es necesario advertir que de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, este medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de la partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal(13) y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil.

Para su eficacia probatoria debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte de perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen(14). El dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado, en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones (CPC, art. 237, num. 6º).

A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “… aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores…”(15).

El juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma.

Considera la Sala que el dictamen pericial que se tuvo como base para la liquidación del perjuicio material en la sentencia de primera instancia carece en algunos aparte de fundamento, por lo que en esta oportunidad no se reconocerá como perjuicio material los siguientes ítems, a saber:

5.2.1. La suma de $ 10.608.091, que el señor Germán Osorio Jaramillo debía en ese momento a Leasing Financiera Cauca S.A. por concepto de arrendamiento del vehículo Mazda, Matsuri, modelo 95, placas CHW-009, que afirma se vio obligado a adquirir como consecuencia de la inmovilización de la camioneta Blazer ZIE-168, lo anterior porque en el proceso no existe prueba de las sumas que el señor Osorio le canceló a la entidad financiera, pues lo aportado por los peritos, como anexo al dictamen pericial, es una certificación de las sumas dejadas de pagar por este, así las cosas no hay lugar a hacer el reconocimiento porque dicho pago no fue realizado.

5.2.2. El pago de $ 1.000.000 a favor del abogado Eduardo Márquez, por concepto de honorarios al haber representado al señor Néstor Raúl Claros Gregory en el proceso penal, porque los peritos tuvieron como respaldo la fotocopia de comprobante de egreso de un cheque girado a favor del señor Márquez (fl. 18 C. 5) en cuyo texto no aparece la firma del girado recibiendo a satisfacción, por el contrario es firmado por el señor Germán Osorio.

Además de lo anterior, a folio 412 del cuaderno 3 obra memorial suscrito por el abogado Eduardo Márquez Neira en el que solicitó a la Fiscalía General de la Nación - Unidad Séptima de Fe Pública y Patrimonio la expedición de certificación en la que constara que había sido apoderado judicial del señor Néstor Raúl Claros Gregory, con el fin de cobrar por vía judicial los honorarios profesionales. De acuerdo con estos dos medios de prueba, resulta imposible acreditar el pago de esa suma de dinero, por lo que no será reconocida en la indemnización.

Así las cosas se reconocerán como perjuicio material las siguientes sumas que serán actualizadas desde el momento de su pago hasta la fecha de esta sentencia:

• $ 2.500.000 suma que el señor Germán Osorio pagó a Néstor Raúl Claros Gregory el 17 de mayo de 1996 por concepto de indemnización (fls. 1 y 2 C. 5).

• $ 2.580.000 suma que el señor Germán Osorio Pagó a Néstor Raúl Claros Gregory el 24 de julio de 1998 por concepto de indemnización (fls. 3 y 4 C. 5).

• $ 1.700.000 suma que el señor Germán Osorio pagó al abogado Carlos Fernando Osorio por concepto de honorarios el 10 de marzo de 1998 (fls. 21 a 23 C. 5).

• $ 5.100.000 suma que el señor Germán Osorio pagó al abogado Carlos Fernando Osorio por concepto de honorarios el 8 de julio de 1998 (fls. 21 a 23 C. 5).

• $ 500.000, suma que el señor Germán Osorio canceló el 9 de enero de 1997 por concepto de parqueadero de la camioneta blazer, placas ZIE-168 (fl. 24 C. 5).

Las sumas serán actualizadas de conformidad con la siguiente fórmula:

Vp = Vh Índice final

Índice inicial

Donde:

Vp: Valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: la fecha en que hizo el desembolso de cada una de las sumas de dinero.

• $ 2.500.000

Vp = 2.500.000 107,90 (junio/11)

32,02 (mayo/96)

Vp = 8.424.422

• $ 2.580.000

Vp = 2.580.000 107,90 (junio/11)

51,03 (julio/98)

Vp = 5.455.261

• 1.700.000

Vp = 1.700.000 107,90 (junio/11)

48,24 (marzo/98)

Vp = 3.802.446

• $ 5.100.00.

Vp = 5.100.000 107,90 (junio/11)

51,03 (julio/98)

Vp = 8.424.422

• $ 500.000

Vp = 500.000 107,90 (junio/11)

38,63 (enero/97)

Vp = 1.396.583

Total perjuicio material: $ 29´862.369

6. Llamamiento en garantía.

El a quo declaró patrimonialmente responsable al llamado en garantía Luis Arturo Arévalo Duque en una proporción del 50% de la condena impuesta, en atención a que el apelante única es la Fiscalía General de la Nación y no se refirió a este aspecto en la apelación presentada en esta ocasión se confirmará la decisión tomada por el tribunal de primera instancia.

6. Costas.

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de julio de 2000, la cual quedará así:

1. Declarar a la Fiscalía General de la Nación, patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados al actor, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar patrimonialmente responsable al llamado en garantía, señor Luis Arturo Arévalo Duque; en la proporción del cincuenta por ciento (50%) respecto de la condena impuesta. La entidad demandada, Fiscalía General de la Nación, pagará al actor la totalidad de la condena impuesta y repetirá contra el llamado en garantía la suma equivalente al porcentaje indicado.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales a favor del actor, la suma de veintinueve millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte. ($ 29´862.369).

4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Entre otras providencias la proferida en el proceso Nº 36789 de 3 de junio de 2009.

(2) Para la fecha de presentación de la demanda esa era la norma, luego desde el día siguiente.

(3) Por ejemplo, en relación con los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes o la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo la custodia de las autoridades judiciales. Sentencias del 10 de noviembre de 1967, Expediente 868; 31 de julio de 1976, Expediente 1808 y del 24 de mayo de 1990, Expediente 5451. Se distinguía entre la responsabilidad derivada de la administración de justicia, que se asimiló a la responsabilidad administrativa por falla del servicio y la derivada del error judicial, para considerar, en relación con la última, que sólo generaba responsabilidad personal del funcionario judicial, en razón del principio de la cosa juzgada. No obstante, la Sala Plena de la corporación, en sentencia del 16 de diciembre de 1987, Expediente R-01. Admitió que había lugar a la responsabilidad del Estado cuando el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones acudiera a una vía de hecho y causara lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero.

(4) Expediente 5491.

(5) En un asunto similar al que es objeto de esta decisión, se demandó la reparación de los perjuicios sufridos con el retardo de la administración de justicia en adelantar el proceso penal iniciado con base en la denuncia formulada por la demandante, retardo que dio lugar a que se declarara la prescripción de la acción penal. Dijo la Sala en esa providencia: “es verdad jurídica que en el derecho colombiano el Estado no responde en los casos en que el juez procede con dolo, fraude o abuso de autoridad, o cuando omite o retarda injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto, o cuando obra determinado por error inexcusable... El legislador optó por manejar la problemática... con la filosofía que informa la culpa personal y no con la que inspira y orienta la falta o culpa del servicio. Esta realidad explica que corresponda al juez responder con su propio patrimonio, y, por lo mismo, indemnizar el daño”. En su aclaración de voto el consejero Carlos Betancur Jaramillo precisó que “el funcionamiento moroso o tardío del servicio, tendrá que verse dentro de esta perspectiva, con criterio restrictivo, porque no deberá predicarse esa posible falla, en relación con un Estado ideal, con un servicio de justicia dotado de todos los medios y auxilios científicos y técnicos que merece y requiere. La falla del servicio tiene así que estudiarse consultando la realidad; y si dentro de esta la falla reviste especial y excepcional gravedad, nada impide que resulten comprometidos el juez y el Estado colombiano”. Para el consejero Gustavo de Greiff Restrepo, la falta de justificación del retardo en la administración de justicia “necesariamente implica una falla en la prestación del servicio de justicia, quizá el más sagrado, el más necesario, el más delicado en una sociedad que se precie de organizada”.

(6) Esa norma dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

(7) CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad, 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306-307 y 442.

(8) Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Edit. Tecnos, 1986. Pág. 358.

(9) No obstante, sobre este criterio existe controversia en la doctrina. Por ejemplo, Montero Aroca considera que “Todo incumplimiento de los plazos debe dar lugar a declarar la existencia de un funcionamiento anormal de la administración de justicia, sin que ello signifique sin más el derecho a la indemnización, pero por la razón distinta de que puede o no puede haber existido daño o perjuicio”. Responsabilidad Civil del Juez y del Estado por la actuación del poder judicial. Madrid, Edit. Tecnos, 1988, pág. 35.

(10) Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se entregó al secuestre sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la intemperie por un periodo prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, Expediente 7859; el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, y que permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, Expediente 12.791.

(11) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, Expediente 9940.

(12) Según el informe 081 de 4 de mayo de 1995: “El día 20 de abril del presente año, en el sitio denominado autopista sur entrada principal de Bosa, en diligencias realizadas, ordenadas por la coordinación de la Unidad de Automotores, se efectuó la inmovilización temporal del vehículo distinguido con las placas ZIE-168…” (fls. 28 y 29 C. 3).

(13) Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.

(14) Devis Echandía, Hernando, ob. cit. págs. 346 a 350 y ss.

(15) Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.