Sentencia 1997-03905 de agosto 19 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-1997-03905-01(20795)

Consejero Ponente:

Olga Mélida Valle de De La Hoz

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil once.

Actor: Miguel Antonio Gordillo Ramírez y otra.

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Empresa de Energía de Bogotá y Pablo Rodrigo Muñoz Peña

Ref.: Acción de reparación directa

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por ambas partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el diecinueve (19) de abril del dos mil uno (2001), mediante la cual se decidió lo siguiente:

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala el recurso de apelación interpuesto por ambas partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el diecinueve (19) de abril del dos mil uno (2001), mediante la cual se decidió declarar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— y al señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña administrativa, civil y solidariamente responsables de los perjuicios causados a los señores Miguel Antonio Gordillo Ramírez e Hilda RodrÍguez Bistos (sic), como consecuencia del fallecimiento de la menor María Alejandra Gordillo Rodríguez, en hechos acaecidos el día 1º de agosto de 1995, en Ubalá, departamento de Cundinamarca.

Esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de este proceso de reparación directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida para el efecto al momento de proponer el recurso.

El artículo 357 del código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 175 del decreto 2282 de 1989, indica: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)

Previo al estudio del caso que se examina la Sala se detendrá en primer lugar a establecer el grado de responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en referencia a los hechos generadores de responsabilidad patrimonial que tengan lugar en los hogares comunitarios.

Pues bien, el Decreto 1340 de 1995, en su artículo 2º dispone que: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de su junta directiva establecerá los criterios, parámetros y procedimientos técnicos y administrativos que permitan la organización y funcionamiento del programa hogares comunitarios de bienestar, dando cumplimiento a la obligación del Estado, en concurrencia con la familia y la sociedad de asistir al niño…”. Asimismo, el Decreto 2388 de 1.979 reglamentario de las Leyes 75 de 1.968, 27 de 1.974 y 7ª de 1.979, en su artículo 62 estipula: “Todo hogar infantil para la atención integral al preescolar cualquiera sea su naturaleza jurídica u organización, se rige por las normas técnicas y administrativas expedidas por el ICBF”. Y, en relación con los funcionarios de los hogares, en el artículo 63 dispuso que “quienes presten sus servicios en los hogares infantiles, cualquiera sea su modalidad, deben reunir los requisitos físicos, mentales y morales adecuados, definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con tal fin”.

En virtud de dicha normatividad, la junta directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante el Acuerdo 21 del 23 de abril de 1996, dictó los lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento del programa hogares comunitarios de bienestar.

Considera la Sala en el presente caso que el Instituto de Bienestar Familiar —ICBF—, como coordinadora de las actividades que despliegan los hogares comunitarios a través de las madres comunitarias está llamado a responder por los daños que se ocasionaron a los demandantes por la muerte de su menor hija María Alejandra Gordillo Rodríguez, en hechos acaecidos el día 1º de agosto de 1995, pues conforme a la normatividad que regula la actividad de guardería que ejercen los hogares comunitarios, éstos dependen administrativa, operacional y financieramente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, toda vez que son estos, los hogares comunitarios quienes desarrollan en cierta medida lo fines de la institución tendientes a la protección y participación en el desarrollo de la niñez como se prescribe en el artículo 44 de nuestra Carta Política, en el cual se determinan los derechos fundamentales de los niños.

Bajo esta perspectiva considera la Sala que en el caso bajo examen, se encuentra que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a los perjuicios padecidos por los demandantes con ocasión de la ejecución de las labores desarrolladas por los hogares comunitarios y dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por este, debe responder administrativa y patrimonialmente, toda vez, que de los medios probatorios obrantes en el proceso se observa claramente que la madre comunitaria actuó de manera descuidada e imprudente al no reforzar las medidas de seguridad sobre los niños que a esa hora se encontraban saliendo del hogar comunitario, de manera que hubiera podido impedir, en forma oportuna que alguno de los infantes transitaran por la vía o se acercaran al vehículo y así evitar que al ponerse éste en movimiento arrollara a la menor causándole la muerte.

Dentro de los cuidados y medidas que debía desplegar la madre comunitaria se encontraba el cuidado y protección de los infantes mientras estos no fueran recogido por sus padres, situación que no aconteció en el presente caso toda vez, que la niña María Alejandra se acercó al automóvil sin que ningún miembro del hogar comunitario percibiera lo sucedido, demostrándose con esto la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes frente al cuidado de los niños que estaban bajo su dirección y protección.

Así las cosas, la Sala observa claramente que el Instituto de Bienestar Familiar debe responder por las actividades desarrolladas por el hogar comunitario donde falleció la niña María Alejandra Gordillo Rodríguez, en hechos acaecidos el día 1º de agosto de 1995, ya que de conformidad con lo expuesto en la Resolución No. 1653 del 5 de octubre de 1990 suscrita por el Director de la Regional Cundinamarca del ICBF y el Jefe de la División Jurídica del ICBF, se le reconoce personería jurídica a la Asociación de Padres de Hogares de Bienestar, Los Condoritos. (fol 37 c. 2) constatándose de este modo la existencia de una relación administrativa entre éste y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por lo cual está llamado a resarcir a los demandantes los perjuicios irrogados sobre estos con ocasión del daño antijurídico padecido por la muerte de su hija menor niña María Alejandra Gordillo Rodríguez.

Ahora bien desatado el anterior planteamiento, el estudio de la Sala orbitará en adelante sobre los siguientes puntos: I. La responsabilidad solidaria de la Empresa de Energía de Bogotá frente a los hechos ocurridos el 1º de agosto de 1995 donde falleció la niña María Alejandra Gordillo Rodríguez, en el hogar comunitario Los Condoritos. II. La condena en relación a los perjuicios materiales.

El daño antijurídico se encuentra acreditado con el fallecimiento de la niña María Alejandra Gordillo Rodríguez, como consecuencia de Trauma Craneoencefálico Severo con fractura Base de Cráneo y Desgarro de Polígono de Willis y Cerebelo, según lo anotado en el registro civil de defunción de María Alejandra Gordillo Rodríguez, hecho ocurrido el día 1º de agosto de 1995, a las 5:10 p.m. (fl. 3 c. 2).

Por otra parte se encuentra demostrado el perjuicio padecido por los demandantes, toda vez que se acreditó el parentesco entre la víctima y los demandantes (registro civil de nacimiento fl. 1 c. 2), lo cual sumado a las reglas de la experiencia da cuenta del padecimiento e intenso dolor sufrido por la muerte de su menor hija.

Lo probado en el proceso.

Se tiene que los medios probatorios debidamente allegados y practicados en el proceso y que gozan de eficacia probatoria en el caso bajo estudio, se destacan los siguientes:

1. Certificado de existencia y representación legal de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 75 a 79 c. 1).

2. Póliza U 0270288 expedida por La Previsora S.A., siendo el tomador, asegurado y beneficiario la EEB S.A. ESP para amparar su responsabilidad civil extracontractual por actividades de ella, incluyendo las de sus contratistas y subcontratistas, con vigencia entre el 10 de julio de 1995 el 25 de junio de 1996 (fls. 81 a 94 c. 1).

3. Informe rendido por el director general del ICBF, en el cual expresó que el día 1º de agosto de 1995, aproximadamente a las 5:10 p.m., la menor María Alejandra Gordillo Rodríguez fue atropellada por el vehículo campero Chevrolet Trooper de placas BCA-468, de propiedad del señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña, quien era contratista de la EEB S.A. ESP, la menor asistía al Hogar Comunitario Los Condoritos, Hogar Reiner, que funcionaba en la casa Nº 52 del Campamento de la Empresa de Energía de Bogotá, en Mámbita, Municipio de Ubalá-Cundinamarca; que la coordinadora del Centro Zonal Gachetá ICBF informó que dicho hogar funcionó hasta el 31 de julio de 1995, que la madre comunitaria había presentado su renuncia, la cual se recibió el día 2 de agosto en Mámbita, siendo reemplazada en la misma fecha (fls. 121 y 122 c. 1).

4. Carta de renuncia presentada el 17 de julio de 1995, por Elena Galvis, quien se desempeñaba como madre comunitaria del hogar Reiner (fl. 131 c. 1).

5. Informe rendido por la coordinadora Centro Zonal 1090 del ICBF, en el cual se expresa que el Hogar Reiner de la Asociación Los Condoritos funcionó hasta el 31 de julio de 1995, en la casa 52 del Campamento de la EEB S.A. ESP; que el 1º de agosto , aunque al parecer la menor María Alejandra Gordillo Rodríguez, se encontraba inscrita en dicho hogar, ya no se prestaba atención en éste, pues la madre comunitaria había presentado su renuncia, que recibió el 2 de agosto y que ello era conocido por la asociación de padres; la madre comunitaria dirigió el hogar hasta el 31 de julio y fue reemplazada por otra madre comunitaria a partir del 2 de agosto de 1995; fue informada por quien se desempeñó como madre comunitaria y por residentes del sector que el día 1º de agosto de 1995, la menor sufrió un accidente que le provocó la muerte, al parecer participaba en una piñata a campo abierto (fls. 133 y 134 c. 1).

6. Registro civil de nacimiento de María Alejandra Gordillo Rodríguez, en la cual figuran como padres la señora Hilda Rodríguez Bustos y Miguel Antonio Gordillo Ramírez (fl. 1 c. 2).

7. Registro civil de defunción de María Alejandra Gordillo Rodríguez, hecho ocurrido el día 1º de agosto de 1995, a las 5:10 p.m. a consecuencia de “trauma cráneo encefálico severo con fractura base de cráneo y desgarro de Polígono de Willis y cerebelo” (fl. 3 c. 2).

8. Registro civil de nacimiento de la señora Hilda Rodríguez Bustos y certificación suscrita por el Notario Único del Círculo de Guateque en donde deja constancia de que en el folio 5082720 del libro de registro civil de nacimientos que se lleva en esa notaría, aparece inscrita el acta de nacimiento de Miguel Antonio Gordillo Ramírez, nacido en el Municipio de Guateque el día 11 del mes de diciembre de 1950, hijo legítimo de Miguel Gordillo y de Soledad Ramírez (fl. 5 a 7 c. 2).

9. Lista de usuarios del Hogar Comunitario Reiner del Municipio de Ubalá, de hogares comunitarios del ICBF, entre los cuales figura la menor María Alejandra Gordillo Ramírez de dos años y siete meses de edad y figura como madre comunitaria la señora Helena Galvis (fl. 8 c. 2).

10. Certificación de la presidencia de la asociación Los Condoritos, en la que consta que para el 1º de agosto de 1995, la niña María Alejandra Gordillo Rodríguez se encontraba inscrita en el libro de registro de la madre comunitaria del Hogar Reiner de Bienestar Familiar, ubicado en la casa 52 del Campamento de la EEB S.A. ESP, dirigido por la señora Helena Galvis (fl. 9 c. 2).

11. Oficio suscrito por la subdirectora jurídica del ICBF en el cual se informa que este Instituto cuenta con el programa de los Hogares Comunitarios, el cual funciona a través de un contrato de aportes celebrado entre el instituto y la asociación de padres de usuarios de los hogares; el instituto aporta para cada vigencia fiscal los recursos necesarios para el funcionamiento de los hogares, presta asistencia técnica, ejerce la interventoría y supervisión; la comunidad administra los recursos, vigila la inversión y contribuye a la ejecución del proyecto; los aportes provienen del presupuesto nacional y de recursos propios del Instituto provenientes del recaudo del 3% de la nómina mensual del sector público y privado; al cuidado del hogar se encuentra la madre comunitaria y una madre auxiliar; el instituto dirige, asesora, supervisa y controla la ejecución del proyecto (fls. 12 - 14 c. 2).

12. Reclamación formulada por la señora Hilda Rodríguez Bustos, por el seguro obligatorio de accidentes SOAT, por la muerte de María Alejandra Gordillo Rodríguez, accidente ocasionado cuando el campero Chevrolet Trooper de placa BCA-468 “se encontraba estacionado frente al jardín infantil dentro del campamento de la EEB, en Mámbita cuando el Sr. Henry G. Mojica U. arranco el campero atropelló a M. Alejandra Gordillo R.”; compañía aseguradora seguros del Estado y póliza SOAT 251. 5955340, vigente desde el 15 de diciembre de 1.994 hasta el 15 de diciembre de 1995, la cual ampara el vehículo Chevrolet Campero Trooper de placas BSA-468 de servicio particular, siendo el tomador el señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña (fls. 15 y 16 c. 2).

13. Memorando de la jefe de área de asuntos generales de la EEB a la jefe de la división de contratación indicando la suscripción de cartas, contratos para el servicio de transporte y la constitución de garantías debidamente aprobadas y relacionando los correspondientes vehículos, entre los cuales se encuentra el vehículo de placa BCD 468, Póliza 19-22-004536 4 (fls. 17-19 c. 2).

14. Oficio del 3 de abril de 1995, suscrito por la gerencia de la EEB al señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña informándole que le ha sido adjudicado un contrato de servicio de transporte del personal de la empresa, que trabaja en la administración, dirección y operación de la Central Hidroeléctrica del Guavio, con una duración de tres meses, contados a partir de la fecha en que se de la orden de iniciación, debiendo constituir garantías, entre ellas la de responsabilidad civil extracontractual (fls. 20-24 c. 2).

15. Resolución 1653 del 5 de octubre de 1990, por medio de la cual se reconoce personería jurídica a la Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Los Condoritos (fl. 37 c. 2).

16. Contrato de aportes 11-18-95, suscrito el 16 de febrero de 1995 entre el ICBF Regional Cundinamarca y la Asociación de Padres de Hogares de Bienestar Los Condoritos-Ubalá (fls. 39-42 c. 2).

17. Declaraciones testimoniales de las siguientes personas:

Agapito Sierra Carrasquilla quien manifestó conocer a los miembros de la familia Gordillo Rodríguez, indicó que los niños del Jardín Reiner permanecían en éste hasta las 5 p.m.; dos niñas entre ellas María Alejandra se quedaba allí hasta las 7 p.m.; personas que se encontraban en el Campamento de la EEB le informaron que la niña fue atropellada por el campero del contratista Rodrigo Muñoz, hacia las 5 p.m., cuando la niña estaba fuera de las instalaciones del establecimiento, el conductor no se dio cuenta de lo que ocurría; dentro del campamento no existía ninguna señalización para el tránsito de vehículos, luego se implementó; los padres de la menor se vieron muy afectados por la muerte de ésta (fls. 63 - 65 c. 2).

Martha Lucía Suelta Guarnizo quien expresó conocer a la familia Gordillo Rodríguez desde hace 17 años; en el campamento no había señales para el tránsito de los vehículos; la niña era llevada al jardín por la mañana por la empleada y la madre la recogía a las 7 p.m.; quien asistió al Hogar Comunitario Reiner aproximadamente 5 meses; los padres de la menor estuvieron gravemente afectados por la muerte de su hija (fls. 66 y 67 c. 2).

18. Interrogatorio de parte de las siguientes personas:

Miguel Antonio Gordillo, indicó que el hogar al cual asistía su hija estaba ubicado en el Campamento de la EEB S.A en Mámbita (fl. 69 c. 2).

Hilda Rodríguez Bustos quien afirma que la señora Helena Galvis era la madre Comunitaria del Hogar Reiner; era ella quien cuidaba a los niños; la casa Nº 52 era la mas grande y la que ofrecía mejores condiciones de seguridad; ella era delegada del Jardín para aspectos de recreación; el horario del jardín era de 8 a.m. a 5 p.m. pero las madres que no podían recoger a sus hijos a las 5 p.m. pagaban a la madre comunitaria horas extras y ella los cuidaba hasta las 6 ó 7 p.m.; el accidente de su hija fue a las 5 p.m. hora en que eran recogidos la mayoría de los niños; a esa hora estaban todas las empleadas del Jardín arreglándolo (fls. 70 y 71 c. 2).

19. Expediente contentivo de la investigación penal seguida contra el señor Henry Germán Mojica Urrego por el delito de homicidio en accidente de tránsito en la persona de la menor María Alejandra Gordillo Ramírez, dentro del cual se destacan las siguientes piezas procesales:

Acta de levantamiento del cadáver, dentro de los campamentos de la Empresa de Energía, en la vía pública, glorieta frente a la casa Nº 52 (fl. 53 c. 4).

Providencia de 15 de agosto de 1995, de la Fiscalía General de la Nación mediante la cual se ordenó la entrega del vehículo a su propietario señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña (fls. 107-110 c. 4).

Providencia de 8 de noviembre de 1995, de la Fiscalía General de la Nación en la cual se formuló resolución de acusación contra el señor Henry Mojica Urrego, con fundamento en que actuó en forma desprevenida y negligente (fls. 147-154 c. 4).

Sentencia del 4 de marzo de 1996, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Gachetá, en la cual se condenó al señor Henry Germán Mojica Urrego, quien se acogió a sentencia anticipada, a la pena de 23 meses y 10 días de prisión, multa de $ 1.000 y suspensión por un año en el ejercicio de la profesión de conductor, a pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por igual término, lo anterior con fundamento en que el conductor del automotor arribó al lugar velozmente, subió al niño al que iba a recoger, para luego arrancar imprudentemente pues se encontraba en una zona escolar (fls. 160 - 171 c. 4).

Visto el expediente contentivo de la investigación penal seguida contra el señor Henry Germán Mojica Urrego por el delito de homicidio en accidente de tránsito en la persona de la menor María Alejandra Gordillo Ramírez, sea lo primero indicar que la Sala dará valor probatorio solo a los documentos que obran en el plenario que constituyan documento público, dado que los testimonios rendidos en dicho proceso carecen de valor probatorio, dado que tratándose de pruebas trasladadas sería necesaria la ratificación de los testimonios en el proceso contencioso administrativo —artículo 229 del CPC—, siempre que hayan sido practicados en el proceso original sin intervención de la parte contra la cual se aducen en el nuevo proceso y ésta no haya pedido que sean tenidas en cuenta lo cual no se presentó en el caso sub examine.

Resulta indiscutible para la Sala que el deceso de la niña se produjo con ocasión de la afluencia de dos factores, en primer lugar la negligencia de la madre comunitaria quien no prestó la atención necesaria para el cuidado de la menor María Alejandra, y de la imprudencia por parte del señor Henry Mojica Orrego al desplegar la actividad de conducción de manera desprevenida en zona escolar, tal circunstancia se constata en el expediente contentivo de la investigación penal seguida contra el señor Henry Germán Mojica Urrego, la cual culminó con sentencia anticipada condenatoria, de fecha 4 de marzo de 1996, por el delito de homicidio en accidente de tránsito en la persona de la menor María Alejandra Gordillo Ramírez, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Gachetá (fls. 160-171).

Pues bien, el a quo en el caso que se examina condenó de manera solidaria al propietario del vehículo de placa BCD 468, Póliza 19-22-004536 4 señor Pablo Rodríguez Muñoz por la muerte de la niña María Alejandra Gordillo Rodríguez siendo este contratista de la Empresa de Energía de Bogotá-E.E.B. como se puede observar en el oficio del 3 de abril de 1995, suscrito por la gerencia de la EEB y dirigido al señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña, en donde le informa que le ha sido adjudicado un contrato de servicio de transporte del personal de la empresa, con una duración de tres meses, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación, debiendo constituir garantías, entre ellas la de responsabilidad civil extracontractual (fls. 20-24 c. 2).

Por consiguiente, estima la Sala que la Empresa de Energía de Bogotá es responsable de los perjuicios causados a los demandantes por la muerte de la niña María Alejandra Gordillo, toda vez que dicha empresa había asignado como contratista al señor Pablo Rodríguez Muñoz para que ejerciera actividades tendientes a cumplir con su objeto social, configurándose la responsabilidad administrativa por los daños ocasionados por el Estado a través de sus contratistas, los cuales son vinculados contractualmente para prestar un servicio técnico como en el presente caso el servicio de transporte del personal de la empresa.

Por otra parte es claro que la empresa de Energía de Bogotá, si bien no era la propietaria del automotor si tenía la guarda sobre el mismo, debido a que tenía el deber jurídico de dirección y de control, porque desde el punto de vista contractual ella era quien impartía las instrucciones. Al respecto esta corporación en sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842, consejero ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez, ha manifestado:

“Adicionalmente, se considera necesario tener en cuenta la noción de guarda, en relación con la actividad peligrosa desarrollada. Es bien sabido que, en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. En ese sentido, el profesor Tamayo Jaramillo explica que “el responsable de la actividad peligrosa... es quien tiene el poder intelectual de dirección y control, poder que puede estar en cabeza de varias personas naturales o jurídicas, las cuales pueden tener diferentes relaciones de hecho frente a la actividad”.(1) 

Y recientemente la Sala ha dicho: 

“Este título de imputación se sustenta en la atribución de la guarda de la actividad peligrosa al Estado. Es decir, el Estado responderá en cuanto es quien tiene la posibilidad de uso, control y dirección intelectual de la actividad y, por consiguiente, es en cabeza de quien recae la capacidad para tomar decisiones respecto de la realización de la misma. 

Con fundadas bases doctrinales, se ha entendido que el guardián de una actividad es quien jurídicamente tenga la capacidad de dirección de ella. En este sentido se ha expresado: 

“Considerando que debe ser reputado como guardián de la cosa inanimada el que tiene la guarda jurídica de ella; que esta se caracteriza por una independencia completa, por un poder de mando, de dirección, de vigilancia efectiva y de control que le confiere al guardián la facultad de dar instrucciones o las órdenes, por medio de las cuales compromete su responsabilidad”.(2)(3) 

De esta forma es claro para la Sala que la guarda del automotor estaba compartida entre el contratista Pablo Rodríguez Muñoz, y la empresa de Energía de Bogotá.

Por otra parte, no puede dejarse de lado que la responsabilidad de la Empresa de Energía de Bogotá está dada en este caso, pues las entidades del Estado son responsables por los hechos de sus contratista, así lo ha considerado la jurisprudencia de esta sección en reiterados pronunciamientos.(4)

Se observa entonces que la actividad de conducción se cataloga como una actividad peligrosa la cual exige diligencia sobre la persona que ejecuta dicha actividad, en el caso presente es claro que la actividad que ejercía el contratista consistía en el trasporte del personal de la empresa de Energía de Bogotá.

Así las cosas, resulta evidente que el accidente de tránsito fue ocasionado por un vehículo automotor destinado a transportar al personal de Empresa de Energía de Bogotá para transportar al personal de dicha entidad (fls. 20-24 c. 2), sin embargo no se acreditó dentro del plenario prueba alguna que permita establecer que el vehículo no se encontrara ejecutando el objeto del contrato celebrado entre la Empresa de Energía de Bogotá y el contratista señor Pablo Rodrigo Muñoz, razón por la cual frente este punto discrepa la Sala la decisión del a quo toda vez que al encontrarse probado que dicho automotor ejercía funciones de trasporte para la entidad pública, esta a su vez debe responder por los daños causados por el contratistas con ocasión de la prestación de dicho servicio, en el caso concreto se condenará a resarcir los perjuicios ocasionados de manera solidaria toda vez que el daño antijurídico le es también imputable a dicha entidad.

Frente al punto concerniente a los perjuicios materiales por la pérdida de chance de Ayuda futura, los gastos de crianza y establecimiento del hijo y los gastos de agencias en derecho pagados por los actores, considera la Sala que no existen medios probatorios suficientes para acreditar dichos perjuicios, razón por la cual la Sala respecto a este punto confirmará la decisión del juez de primera instancia.

Los perjuicios.

Por otra parte, y como la sentencia del tribunal fijó el valor de la indemnización de los perjuicios morales en gramos de oro, la Sala tendrá en cuenta los criterios vertidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001 (Exps. 13.232 y 15.646) fijándose en salarios mínimos legales mensuales vigentes como medida de tasación, con lo que se responda a la reparación integral y equitativa del daño al estimarse en moneda legal colombiana así:

Miguel Antonio Gordillo Ramírez (padre)100 SMMLV
Hilda Rodríguez Bustos (madre)100 SMMLV

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE el numeral TERCERO de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera- Subsección “A”, el cual quedará así:

TERCERO. Condénase solidariamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—, al señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña y a la Empresa de Energía de Bogotá a reconocer y a pagar al señor Miguel Antonio Gordillo Ramírez y a la señora Hilda Rodríguez Bustos, a título de indemnización por perjuicios morales la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), para cada uno de ellos.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero, presidente de la Sala—Olga Mélida Valle de De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la responsabilidad civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996, pág. 78.

(2) MAZEAUD Henry, MAZEAUD León y TUNC André, Tratado de responsabilidad civil, T. II v. 1, Ed. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, pág. 142.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de septiembre de 2007, Exp. 6800-12-31-5000-19940010801-01 (16899). C.P. Enrique Gil Botero

(4) Sobre el particular puede estudiarse la sentencia de fecha 7 de febrero de 2010. Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Rad. 38382