Sentencia 1997-04002 de mayo 11 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Rad.: 19001-23-31-000-1997-04002-01 (19457)

Ref.: Acción de reparación directa.

Actor: Guillermo Oliveros

Demandado: La Nación - Ministerio de Justicia y otro.

Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación Rama Judicial contra la sentencia proferida por el tribunal, dentro de la acción de reparación directa de la referencia, en proceso con vocación de doble instancia, según lo previsto en la Ley 270 de 1996.

2. Problema jurídico.

La discusión en el caso concreto se centra en determinar si existió responsabilidad del Estado por privación de la libertad del señor Guillermo Oliveros en los términos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 24 de diciembre de 1991 y 30 de agosto de 1994 y el 24 de enero de 1995, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

3. Hechos probados. El daño.

Considera la Sala que en los casos de privación injusta de la libertad se infiere la afectación moral de la víctima, porque las reglas de la experiencia permiten sostener que quien pierde su libertad sufre intensamente y el actor estuvo detenido, sin justificación por un delito que no cometió.

Obra en el expediente que (i) el 17 de junio de 1991 el Comandante de la Estación del municipio de Inzá (Cauca) dejó a disposición del Juzgado Promiscuo Municipal al señor Guillermo Oliveros (fl. 74 cdno. 2) y que abierta la investigación penal por el homicidio del señor Pedro José Yalanda Campo (fl.73 cdno. 2) el capturado fue escuchado en indagatoria el 19 de junio siguiente (fls. 99 a 104 cdno. 2); (ii) el 26 del mismo mes y año se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra (fls. 93 a 95 cdno. 2); (iii) mediante decisión del 24 de diciembre de 1991 el Juzgado Treinta y Dos de Instrucción Criminal le concedió al detenido el beneficio de la libertad provisional (fls. 202 a 204 cdno. 2); (iv) el 24 de agosto de 1994 la Fiscalía Seccional 24 profirió resolución de acusación en su contra por el delito de homicidio en la persona de Pedro José Yalanda Campo, revocando la libertad provisional que le había sido concedida (fl.293 a 303 cdno. 3), decisión que se concretó el 31 de agosto (fl. 313 cdno. 3); y (v) el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Silvia (Cauca) el 24 de enero de 1995 resolvió cesar todo procedimiento contra Guillermo Oliveros al establecer que la muerte del señor Yalanda Campo fue perpetrada por el señor Román Perdomo, quien hirió de muerte a la víctima, por lo que, en su criterio:

No se les debió dictar resolución de acusación al señor Guillermo Oliveros y a la señora María Chiquinquirá Montaño Tunubalá porque se dio aplicación a una responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico sustantivo; en consecuencia, con la claridad de lo expresado en el dictamen tantas veces citado debe concluirse que los dos acusados deben estar en libertad, pues no son autores ni coautores, debiéndose cesar procedimiento pues los mal acusados no han cometido ninguna de las faltas consagradas como típicas y punibles en el Código Penal parte especial (resaltado fuera de texto)(7).

4. La Fiscalía General de la Nación privó al actor injustamente de su libertad.

Debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute en este proceso ocurrió entre el 17 de junio y el 24 de diciembre de 1991 y el 30 de agosto de 1994 y el 24 de enero de 1995(8), es decir en vigencia del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 a cuyo tenor:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Al respecto, la corporación ha señalado que cumplidos los presupuestos de la norma en cita opera por ministerio de la ley la responsabilidad estatal, por privación injusta de la libertad. Señala la providencia:

El Decreto-Ley 2700 de 1991, norma vigente para la época de los hechos, señalaba en el artículo 414 los supuestos bajo los cuales se entendía configurada la privación injusta de la libertad de las personas. De manera que si bien se reconoce al Estado el ejercicio del ius puniendi y se agrega que éste comporta la posibilidad de restringir la libertad personal con fines preventivos, se precisa que por disposición legal esa detención se caracteriza como injusta y por ende constitutiva de un daño antijurídico en aquellos eventos en los cuales se dispone la absolución del sindicado como consecuencia de la verificación de uno cualquiera de los eventos señalados por la norma en comento (Sent. de feb. 18/2010, rad. 18093)(9).

Siendo así, habiéndose demostrado que el señor Guillermo Oliveros permaneció detenido durante 11 meses por un delito que no cometió, tal y como consta en la providencia del 24 de enero de 1995, que dio por culminada la investigación con cesación de procedimiento, lo que se sigue es declarar responsable al Estado por el daño causado e imponerle la obligación de repararlo.

Como antes se señaló, quedó demostrado que en contra del señor Guillermo Oliveros se impuso medida de aseguramiento, vigente durante 11 meses, por el delito de homicidio y que la investigación culminó con cesación del procedimiento porque el inculpado no cometió el delito. Como consta en la providencia ya relacionada, allegada al expediente en copia auténtica, expedida por el Secretario del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Silvia (Cauca) (fls. 54 a 55 cdno. 1).

Ahora bien, la Nación Rama Judicial demandada en este asunto, adujo en su defensa que el daño no le era imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues la entidad se limitó a investigar los hechos en los que perdió la vida el señor Yalanda Campo, como es su deber.

La Sala estima que si bien se encuentra demostrado que la investigación adelantada en contra del señor Oliveros tuvo su origen en la denuncia formulada por un hermano del occiso, tal como consta en la causa penal (fl. 70 cdno. 2), y que es deber constitucional de la entidad demandada investigar los delitos y lograr la comparecencia de los sindicados al proceso, también lo es que la medida de aseguramiento impuesta fue injusta y siendo así se configura una de las causales de responsabilidad previstas por el legislador.

Cabe agregar que la única causal de exoneración de responsabilidad del Estado, en los términos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, tenía que ver con el hecho de la víctima, pero en el sub examine no se demostró el concurso del sindicado en la imposición de la medida.

5. La indemnización de los perjuicios.

La Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto condenó a la entidad demandada por los perjuicios morales causados al demandante. No obstante lo anterior, modificará la sentencia del Tribunal en cuanto la condena impuesta en gramos de oro, para calcularla en salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 8 de agosto de 2000, la cual quedará así:

1. Se declara probada la excepción de indebida legitimación por pasiva a favor del Ministerio de Justicia, en consecuencia se exonera de toda responsabilidad.

2. Se declara responsable a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Guillermo Oliveros producida entre el desde (sic) el 17 de junio de 1991 y el 27 de diciembre de 1991; el 30 de agosto de 1994 y el 24 de enero de 1995, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. CONDENAR a la Nación Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios morales al señor Guillermo Oliveros el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Nación Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin costas (CCA, art. 171).

2. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(7) Allegada al expediente en copia auténtica, expedida por el Secretario del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Silvia (Cauca) (fls. 54 a 55 cdno. 1).

(8) Según certificaciones expedidas por el coordinador de la Cárcel Municipal de Inzá (Cauca) (fl. 12 cdno. 1) y por el director (E) del Centro de Rehabilitación “San Francisco” de Silvia (Cauca) (fl.13 cdno. 1) el señor Guillermo Oliveros permaneció detenido entre el 17 de junio y el 24 de diciembre de 1991 y del 30 de agosto de 1994 hasta el 24 de enero de 1995.

(9) En este sentido pueden verse las sentencias del 25 de marzo de 2010, radicación 17741; del 3 de febrero de 2010, radicación 17123; del 26 de mayo de 2010, radicación 17845, entre otras.