Sentencia 1997-04807 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 25000-23-26-000-1997-04807-01(21598)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: José Martín Páez Buitrago y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa

Referencia: acción de reparación directa (apelación sentencia)

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 26 de julio de 2001, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en la suma de 1500 gramos oro equivalentes para el 8 de agosto de 1997 a un valor de $ 17.296.215 mientras que el monto exigido en 1997, año de presentación de la demanda, para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000 (D. 597/88).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por los actores con ocasión de la muerte de José Israel Páez Albañil, Israel Cañas Velasco, Alirio Tapias Benavides, Adán Gutiérrez Guauque, Olman Rodrigo Pedraza Pérez y Carlos Armando Gil Bosiga en hechos sucedidos el 7 de agosto de 1995, lo que significa que tenían, en principio, hasta el día 7 de agosto de 1997 para presentarla, sin embargo como esta fecha correspondió a un día festivo, el término de caducidad se trasladó hasta el siguiente día hábil, 8 de agosto de 1997, siendo esta la fecha en la cual se presentó la demanda y, por consiguiente, el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

3. Las pruebas allegadas al proceso.

Como pruebas relevantes, se allegaron al expediente las siguientes:

• Protocolos de necropsia, actas de levantamiento del cadáver y estudios de balística practicados a los cuerpos de los fallecidos Páez Albañil José Israel, Carlos Armando Gil Bosica, Olman Rodriguez(sic) Pedraza Pérez, Israel Cañas Velasco, Adán Gutiérrez Guaque y Alirio Tapias Benavides(9).

• Expediente prestacional adelantado por la muerte del soldado Páez Albañil José Israel y que finalizó con el reconocimiento de “prestaciones sociales por muerte” y pago de seguro de vida a favor del grupo familiar del fallecido(10).

• Oficio 297 de 24 de febrero de 2000 mediante el cual el comandante del batallón de artillería 13 del Ejército Nacional, dio respuesta a requerimiento realizado por el tribunal a quo respecto de las circunstancias en las cuales se desarrollaron los hechos objeto de debate y las medidas de seguridad que generalmente se adoptan en los desplazamientos de tropas(11).

• Reglamento de combate de contraguerrilla Ejec 3-10 y reglamento para el servicios de tropas en orden público rural FF.MM 3-18 aprobados por el comandante general de las Fuerzas Militares mediante disposiciones 036 de 1987 y 003 de 1988 respectivamente(12).

• Investigación disciplinaria (parcial) adelantada con ocasión de “la muerte de 7 soldados, ocurrida el 7 de agosto de 1995, en la vereda la Victoria en el municipio de Choachí”(13).

• Registros civiles de defunción de los señores José Israel Páez Albañil, Israel Cañas Velasco, Alirio Tapias Benavides y Carlos Armando Gil Bosica, Adán Gutiérrez, Olman Rodrigo Pedraza Pérez en los cuales se consignó que sus decesos ocurrieron el día 7 de agosto de 1995(14).

• Registros civiles de nacimiento de los demandantes con los cuales se pretendió acreditar la calidad con la cual acudieron al proceso(15).

• Informativos administrativos por muerte de los soldados Israel Cañas Velasco, Alirio Tapias Benavides, Olman Rodrigo Pedraza Pérez(16).

• Declaraciones rendidas por los señores Alirio Alfonso Peña y Abel Gualteros Villamil, Roque Julio Velandia Castillo, Luis María Traslaviña Melo, Agustín Grandas Díaz, Luis Ernesto Benvavides, Jorge Lozano Aguirre, Luis Arturo Pérez Herrera, Waldina Alfonso de Martínez, José Joaquín Mesa, Nemen Antonio Acevedo Álvarez, Luisa Gutiérrez de Montaña, Silvio Gutiérrez Pérez, Olimpia Montaña Suarez, Tiberio Sanchez Trujillo, José Cayetano Avella Barrera quienes informaron sobre su conocimiento de las relaciones de afecto y cariño de los soldados fallecidos con sus respectivos núcleos familiares(17).

• Investigación preliminar (parcial)(18) adelantada por la Fiscalía General de la Nación, unidad especializada en terrorismo y conexos respecto de los hechos ocurridos el 7 de agosto de 1995 en la vía Choachí - Bogotá(19).

4. Daños sufridos por integrantes de las Fuerzas Militares en el desarrollo de sus funciones. Riesgo propio del servicio. Necesidad de demostración de una falla en el servicio o la exposición a un riesgo excepcional para comprometer la responsabilidad del Estado.

Esta Sala, en sentencia de 19 de abril de 2012(20), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(21).

En lo que se refiere a las demandas de responsabilidad derivadas de los daños que sufren los miembros de las Fuerzas Militares en desarrollo de sus funciones, ha sido posición reiterada de la Sección la de sostener que, en principio, no se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado, en el entendido que las especiales funciones por ellos desarrolladas conllevan un alto nivel de riesgo que ha sido asumido voluntariamente por estas personas al momento de incorporarse a dichas instituciones.

Consciente de la existencia de tales riesgos, el legislador, para los agentes de las Fuerzas Militares, ha adoptado medidas de orden laboral, fundadas en un criterio de igualdad material, en las cuales ha establecido un régimen diferenciado de prestaciones sociales, encontrándose entre ellas la denominada indemnización a forfait “que se aplica en favor de los miembros de la Fuerza Pública cuando les sobrevienen graves lesiones o muerte con ocasión del cumplimiento de los actos de servicio, en otras palabras, cuando el acto lesivo ha tenido lugar en razón a los riesgos ordinarios que la función implica”(22).

Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que en aquellos casos en los cuales el daño sufrido nace de una falla en el servicio o del sometimiento del agente a un riesgo excepcional distinto al de sus compañeros, la Sección haya declarado la existencia de responsabilidad estatal al entender que estos casos no se encuentran comprendidos dentro del riesgo propio del servicio asumido por el agente. Así lo ha explicado la Sala:

“La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal del militar profesional constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en los eventos en los cuales infortunadamente tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la Fuerza Pública; de allí que cuando el aludido riesgo se concreta, en principio no resulte jurídicamente viable atribuirle al Estado responsabilidad extracontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte devienen del acaecimiento de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se hubiere visto sometido el militar profesional afectado, riesgo de mayor entidad que aquel al cual se hubieren visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada”(23).

Precisado lo anterior, procede la Sala a la valoración del material probatorio aportado al proceso.

5. Valoración probatoria.

5.1. El daño sufrido. Esta probada la muerte de siete soldados para el día 7 de agosto de 1995.

Se encuentra debidamente acreditado que José Israel Páez Albañil, Israel Cañas Velasco, Alirio Tapias Benavides, Adán Gutiérrez Guauque, Olman Rodrigo Pedraza Pérez y Carlos Armando Gil Bosica fallecieron el día 7 de agosto de 1995, conforme lo indican las copias auténticas de los registros civiles de defunción, las actas de levantamiento de cadáver y los protocolos de necropsia(24).

También está demostrado que los antes mencionados ostentaban al momento de su muerte de la calidad de soldados voluntarios, de conformidad con lo consignado en los informes administrativos suscritos por el MY Emiro Alfonso Barbosa Ramírez(25).

5.2. El operativo desarrollado por los militares consistía en la interceptación de un retén “guerrillero” en la vía que conduce de Choachí a Bogotá fue realizado de manera improvisada y sin atenerse a las medidas de seguridad que debían tenerse en cuenta, dada la peligrosidad de la zona.

En lo que concierne a la forma en que ocurrió el hecho que desencadenó en la muerte de los soldados José Israel Páez Albañil, Israel Cañas Velasco, Alirio Tapias Benavides, Adán Gutiérrez Guauque, Olman Rodrigo Pedraza Pérez y Carlos Armando Gil Bosiga, la Sala encuentra probado que, el día en cuestión, la compañía contraguerrilla “Cazador 36” del Ejército Nacional, a la que aquellos pertenecían, fue asignada con el fin de desarticular un retén de la guerrilla en la vía que conduce de Bogotá a Choachí.

Así se señaló en el informe de los hechos rendido por el teniente Rincón Moreno Carlos, documento en el que se consignó lo siguiente(26):

“A las 9.00 horas del día 7 de agosto, recibí la orden verbal de mi coronel Díaz, comandante de la Escuela de Artillería de darle parte de la contraguerrilla Cazador 36 del batallón de contraguerrillas 36, ya que me encontraba como oficial de inspección y el señor ST López comandante de la contraguerrilla se encontraba enfermo. Di parte de 0-04-28 y en esos momentos se recibió la información por parte de la sección segunda de que en la vía que de Bogotá conduce a Choachí, la guerrilla estaba efectuando un retén y tenía retenidos a varios vehículos y arengando a la población civil. Como quiera que se hacía necesaria la presencia de la tropa en ese lugar y en la contraguerrilla no había oficial que la comandara, mi coronel me dio la orden de salir al mando de la mencionada contraguerrilla en dos vehículos hacia el lugar del retén con el fin de verificarlo y contrarrestar la acción de los subversivos. No obstante el suboficial del S-2 que había suministrado la información se iría con media hora de anticipación con el fin de confirmar el retén y devolverse en caso de poder hacerlo. Yo arranqué y debía encontrarme con el suboficial en el trayecto ya que me confirmaría la presencia de los bandoleros. Organicé y seleccioné conmigo al SV Soler José del Carmen y 14 soldados, conformando dos equipos, 7 soldados con el sargento y 7 soldados conmigo, los cuales viajamos en un camión F600 conducido por el civil D3 Martínez Varela Ciro; llevamos el radio Motorola de la contraguerrilla, el cual se probó y se animó a la gente. El segundo camión saldría 20 minutos después con el resto de personal. Procedí entonces a hacer el desplazamiento y llegamos hasta la parte más alta del trayecto y en el sitio donde la carretera descuelga para Choachí, el camión hizo alto pues el conductor nota la presencia de 4 tipos en la parte alta de un cerro, a una distancia bastante lejana, poco más de 1 kilómetro se presentaba una hilera de carros sin confirmar, pero presuntamente eran los que estaban trancados por el retén de la guerrilla. Era la información del conductor pues yo me desplazaba totalmente carpido (sic) en el camión, entonces bajé de este con todos los soldados, los soldados querían iniciar desplazamiento por la carretera y a pie pero el lugar donde nos bajamos del camión no era aconsejable pues al lado izquierdo existe un cañón bastante profundo y tácticamente me tomaba de tres a cuatro horas llegar hasta el sitio del retén, hacia la parte derecha, una montaña de piedra imposible de escalar. Como lo intentamos con los soldados, no habíamos sido aún detectados. Pongo de presente que desconocíamos el número de bandoleros. Procedí a llamar entonces a un soldado que iba en la cabina con el conductor el cual se constituía en los ojos de nosotros pues íbamos totalmente carpidos (sic), le indiqué que avanzaríamos hasta un sitio plenamente establecido por mí, 200 0(sic) 300 metros más adelante con el fin de buscar mejor protección para desembarcar y organizarnos y así continuar por equipos tácticamente.

“Lógicamente que el soldado de la cabina iba de civil y con un cable en la mano con la misión de halarlo y darnos la señal una vez advirtiera peligro para nosotros reaccionar. Puse también en conocimiento de la patrulla que para mí no era lógico seguir a pie por la carretera pues el sitio era bastante despejado y notarían rápidamente la presencia de la tropa lo cual nos haría vulnerables. Subimos rápidamente al camión, la moral era muy alta, pues el éxito estaba por venir. Nuevamente organicé los soldados, les di mucho ánimo y arrancamos. No me explico por qué razón el soldado de la cabina no hizo alto en el lugar indicado, ni por qué razón el conductor tampoco lo hizo pero el caso es que nos metieron en pleno retén, el conductor apagó el carro, fue hacia atrás y me informó la presencia de cuatro bandoleros en la parte de atrás del carro, no había nada que hacer y le dije al soldado de la M-60 que si veía a los cuatro bandoleros y me dijo que sí. Mis palabras fueron Dios y suerte y nos lanzamos a tierra. En ese momento recibimos la descarga de fuego de los bandoleros que se encontraban apostados al lado y lado de la vía ocultos en la vegetación dando muerte inmediata a cuatro soldados quienes ni siquiera alcanzaron a bajarse y sus cuerpos quedaron dentro del mismo vehículo. Dos soldados dentro de los cuales estaba el SLV Montoya Guez Melo de Jesús quedaron debajo del vehículo desde donde reaccionaron y a pesar de que les grité una y otra vez y los apoyé con fuego para que se quitaran de ahí, jamás lo hicieron siendo heridos mortalmente. Un séptimo soldado que reaccionó con el de la M-60 desde un hueco, quedando al descubierto y en desventaja, fue sorprendido y atacado por los bandoleros, los cuales le dieron muerte por la espalda.

Estos hechos ocurrieron a eso de las 12 del mediodía y a partir de ese momento y por espacio de cuatro horas y media aproximadamente se repelió el ataque de más o menos 80 bandoleros, sin recibir apoyo ya que el segundo camión con el resto de la contraguerrilla llegó hasta las 17.00 horas ya que el ST López duró perdido casi 3 horas en el cerro donde inicialmente yo me había detenido. Al cesar el fuego a eso de las 5 de la tarde, cuando salimos del sitio donde estábamos repeliendo el ataque, vi que sobre la vía al lado derecho se encontraba un civil muerto, al parecer conductor de una camioneta de servicio público, el cual también fue dado de baja como consecuencia de los disparos de los guerrilleros”.

Esta versión de los hechos fue ratificada por el mismo teniente Rincón dentro de la investigación disciplinaria adelantada por los hechos, diligencia en la cual, respecto de los momentos previos al encuentro con la columna guerrillera, explicó lo siguiente(27):

“El conductor hizo alto, pues en la parte alta a su derecha notaba la presencia de aproximadamente cuatro tipos extraños, lo que para él causó curiosidad informándome inmediatamente, yo como comandante procedí a bajar el personal que se encontraban en el vehículo conmigo y analizar la situación, procedimos a pegarnos a la peña como medida de seguridad pues era evidente la existencia de algún personal extraño, decidí verificar cincuenta metros más adelante la forma de subir esta peña lo cual fue totalmente imposible pues todos lo intentamos. Al lado izquierdo de nosotros se encuentra (sic) un caño olla profundo de escasa vegetación, uno de los soldados divisó hacia la parte de debajo de la carretera 800 o 900 metros adelante de nosotros una serie de vehículos parados, extraños, los cuales nos hacía confirmar la presencia de los bandoleros, no teníamos un conocimiento exacto si estaban ahí y si de haberlos, no teníamos una composición y fuerza exacta del enemigo, hubo participación de parte de los soldados que yo conducía manifestándome que siguiéramos por la carretera lo cual dentro de lo que yo conozco atenta contra las normas de seguridad impuestas por el comando, consideré que me encontraba todavía en capacidad de hacer un acercamiento de 200 o 300 metros más adelante en el vehículo, pues en el momento no había sido detectado, llamé entonces al soldado que estaba en la cabina, personalmente le indiqué donde debía dejarme, el área que yo le había indicado al soldado era una curva cerrada en donde al lado y lado de la carretera se presentaban dos bosques pequeños donde perfectamente podía desembarcar y organizar el personal y mi ruta de desplazamiento para la infiltración que yo pretendía hacer, no le informé de esto al conductor exactamente, más sí le informé de que debía hacer alto unos metros más adelante que ya el soldado que iba con él sabía exactamente dónde, recogí la gente y la subí nuevamente al vehículo, les informé de la situación de lo que yo había decidido a lo que estuvieron de acuerdo, la motivación por parte mía hacia ellos era bastante pues se nos presentaba una buena oportunidad, en el momento, arrancó el vehículo, transcurrieron de 5 a 10 minutos, el conductor hizo alto, supusimos que era el sitio indicado, el conductor apagó el vehículo yendo hacia la parte de atrás me informó de la presencia de cuatro bandoleros plenamente identificados, uno de los soldados que iba conmigo, exactamente el de la pita no sé el nombre, me informó que el conductor nos había metido en el grueso del retén, la expresión de nosotros en el momento fue como hijueputa como nos había metido en el retén, pregunté a uno de los soldados, el de la ametralladora, si él los veía a los cuatro tipos pues la carpa tenía ciertos rotos, también le pregunté a un soldado fusilero a lo cual respondieron que sí, inmediatamente mi expresión fue que Dios y la suerte nos acompañen y que procedieran a tirarse del camión siendo recibidos por 70 o 80 bandoleros que se encontraban en cerro pequeño...”.

También se encuentra en el proceso la declaración rendida por el adjunto especial, Ciro Martínez Varela, quien fuera el designado para conducir el vehículo en el cual se movilizaron los soldados. Este declarante explicó que hicieron un pare previó al retén ilegal y que recibió la orden del teniente Rincón de seguir un poco más adelante pero que al llegar a una curva se encontró con las tropas guerrilleras ahí asentadas, situación que lo llevó a intentar alejarse de ese sitio, de manera infructuosa puesto que finalmente fue bloqueado por otro vehículo. Así lo explicó(28):

“El día siete de agosto me fueron a llamar a la casa para que me presentara, yo me presenté inmediatamente a la escuela, llegué a la guardia y mi coronel Díaz me dio la orden de que cogiera el vehículo Pick-Up azul de la Escuela de Artillería para movilizar un personal que salía para la vía a Choachí, en el cual iba como comandante mi teniente Rincón. Mi teniente me dijo al salir de la guardia que saliéramos hacia la vía de Usme que cuando ya fuéramos arribita parara y nos devolviéramos para coger la vía a Choachí, por medida de seguridad para que no se dieran cuenta para donde había salido el carro (...) mi teniente me dijo que me desplazara por la vía a Choachí donde supuestamente por informaciones al parecer había un retén de la guerrilla, cuando llegamos al páramo paré un momentico y le pregunté a mi teniente que si seguíamos, yo me bajé del vehículo y le pregunté que si seguíamos y él me dijo que continuamos la marcha, al llegar al sitio del basurero de Choachí paré ahí porque miré unos vehículos que estaban al fondo sobre la vía, volví y me bajé y le dije a mi teniente que si nos quedábamos ahí y él me contestó que los llevara un poquito más adelante porque en ese sitio donde paré no se podía desplazar el personal para ningún lado porque es una roca, entonces seguí, a lo que ya iba a llegar al sitio donde estaban los vehículos parados pregunté a uno de los soldados que si podíamos parar ahí y me contestaron que no, que siguiera un poquitico porque no se podía bajar el personal en ese momento yo asomé a la curva y me encontré con toda la guerrilla que estaba ahí en la carretera y ellos me trataron de hacer el pare y yo mermé un poquito la velocidad pero yo viendo que eran hartos (sic) entonces yo seguí normal tratando de salirme de donde estaban ellos había un vehículo adelante que no me dio paso, ahí me tocó parar y ahí fue el momento que hubo el enfrentamiento, yo me bajé del vehículo y escuché que dijeron ahí vienen soldados porque se les ven las botas, entonces yo me tiré debajo del carro porque en ese momento fue cuando se prendió el tiroteo”.

En muy similares términos rindieron declaración los soldados voluntarios, José Alejandro Cipagauta, José Santos Basto Flórez, Henry Vargas Salcedo, Orlando Vargas Silva, Tito Bocuru Onatra, Luis Felipe Celiz Cordero y el sargento vice primero José del Carmen Soler(29), quienes hacían parte del operativo militar al que se ha hecho referencia y quienes viajaban en la parte de atrás del vehículo. Estos declarantes enfatizaron que, al no tener visibilidad sobre lo que acontecía, se encontraban pendientes de la señal de desembarque que tenía que darles el soldado que se encontraba en la parte delantera del vehículo —y que consistía en el movimiento de una cabuya que habían dispuesto con dicho fin— pero que, sin embargo, esa señal nunca llegó siendo que finalmente se encontraron en la mitad del retén guerrillero. De igual manera el sargento Soler indicó que el radio de comunicaciones con el que contaban, pese a ser probado previamente, no funcionó al momento del enfrentamiento, situación que explicó por cuanto “muchas veces la situación del terreno no permite la comunicación”.

En cuanto al soldado que había sido enviado previamente en motocicleta, con el fin de detectar la existencia del retén, encuentra la Sala que aparece la declaración del sargento Sánchez Manzano Luis quien manifestó haber sido designado para esa tarea. Este declarante indicó que no llevaba consigo ningún elemento de comunicaciones en aras a salvaguardar su integridad y que lo pretendido era devolverse antes de contactar con los guerrilleros pero que al llegar al lugar fue retenido por los subversivos quienes le impidieron regresar. Esta fue su versión de lo acontecido(30):

“... me dirigí al comando, fue cuando me dijeron que de la brigada habían informado a la escuela que dentro de la vía de Bogotá a Choachí había un retén, mi coronel Díaz Fernández, el comandante de la escuela me dio la orden de que cogiera la moto y fuera a confirmar la información y como ese es mi trabajo pues fui a cumplir la orden y me dirigí por esa vía, la orden era de que fuera a confirmar si efectivamente había retén en ese sector, porque no se sabía si era cierto o no y menos en el sitio exacto, yo tenía que informar si había o no había retén. Efectivamente durante el trayecto en un sitio denominado la Victoria había un guerrillero parando el tráfico y al llegar yo al sitio donde estaba, el bandolero ahí parado me dijo bájese de la moto, yo llevaba el casco puesto y me dijo quítese el casco, yo procedí a quitármelo, luego me preguntó que yo de donde venía y yo le contesté que venía de Bogotá y que para donde me dirigía yo, le contesté que iba para Choachí para un sitio denominado la piscina de aguas termales, cuando llegué ahí me bajaron de la moto, yo le dije al bandolero que era un comerciante, que si yo me podía devolver y él me contestó que no, me dijo que siguiera más adelante, a la vuelta donde había una peña sobre la vía se encontraba el grupo grande de las personas civiles que venían viajando hacia Choachí y donde se encontraba un trancón de los vehículos (...).

“Después de unos largos minutos, por ahí a los cuarenta minutos, al lado de atrás donde se encontraba el primer bandolero que me retuvo, se inició una tirazón (sic), unos disparos y fue cuando la gente donde yo me encontraba pensamos que había llegado el Ejército (...) yo al momento de salir de la escuela me dijeron que llevara un radiecito Motorola manifestando yo a mi coronel de que yo no podía llevar el Motorola por medidas de seguridad porque al momento de llegar al sitio me podían encontrar y me mataban, me dijo mi coronel que yo sabía hacer su trabajo (sic), me dijo que me fuera (...).

“... Hay que tener en cuenta de que a finales del mes de mayo hubo un caso similar, casi en el mismo sitio donde también me pasó el mismo caso, pero en esta oportunidad no hubo enfrentamiento y por lo tanto no hubo muertos. Pero si hubo polémica a nivel nacional echándole en contra al Ejército del porque no había procedido, a mí me mandaron a confirmar y me detuvieron ahí y por seguridad no llevaba radio”.

En cuanto a las indicaciones que fueron dadas a los soldados antes de salir al operativo aparecen los dichos del teniente coronel Francisco Díaz Fernández quien explicó que la operación militar, pese a lo inminente del hecho, fue debidamente planeada siendo que no pudo darse apoyo por vía aérea dadas las adversas condiciones climáticas que se presentaban en ese momento. Así mismo señaló que las instrucciones dadas a los militares eran las de desembarcar antes de llegar al retén para realizar maniobras envolventes en contra de los guerrilleros. Este es el dicho de este declarante en sus acápites más importantes(31):

“Siendo las nueve de la mañana del siete de agosto, se recibió la información por la decimotercera brigada y algunos medios de comunicación, sobre la presencia de un grupo subversivo de las FARC montando un retén entre la vía que de Bogotá conduce a Choachí, en el sitio denominado Maíz Pelado. Se recibió una llamada por parte del jefe del Estado mayor de la decimotercera brigada y comandante encargado de la brigada, señor coronel Fracica, inquiriendo sobre qué acciones se estaban tomando para neutralizar dicha acción subversiva. Como la escuela de artillería tenía como reacción a órdenes de la brigada una compañía de contraguerrillas del batallón treinta y seis, se solicitó su empleo, para lo cual se optó por enviar en una moto un agente de la sección de inteligencia, concretamente el sargento segundo Sánchez, el cual tenía como misión desplazarse al lugar de los hechos para si se confirmaba el retén de los subversivos regresar e informar a la contraguerrilla que en ese momento se desplazaba en un vehículo civil, esto con el objeto de alertar a las tropas sobre posibles emboscadas de los subversivos. A esta primera sección comandada por el teniente Rincón Moreno, le seguía a un tiempo prudencial, unos quince o veinte minutos, otra sección de la misma contraguerrilla comandada por su subteniente, cuyo nombre no recuerdo. Simultáneamente y para prestarle apoyo de fuego aerostático, la brigada desplazó dos helicópteros entre ellos un artillado, en uno de los cuales, concretamente en un Iracois, se desplazó el comando de la escuela personalmente hacia la parte alta de La Calera, en virtud que por el sector de la Escuela de Artillería estaba completamente cerrado por mal tiempo (...) por ello igualmente se hizo el esfuerzo de sobrepasarla por el sector de La Calera, siendo imposible complementar la operación con apoyo aerotáctico y que en resumen comprendía: una moto con un agente que hacía las veces de reconocimiento por tierra, el cual no pudo regresar ya que los bandoleros se lo impidieron, se complementaba esta acción con dos vehículos civiles que transportaban tropas con una distancia de tiempo de aproximadamente de unos quince o veinte minutos, con el objetivo de que el segundo vehículo tuviera el suficiente tiempo de reaccionar, pero que tampoco fuese a quedar demasiado cerca del primer vehículo, ya que en caso de un combate o emboscada por parte de los subversivos, sería contraproducente el que los dos carros fueran muy cerca. Posteriormente a las doce y treinta o trece horas se recibió el informe de que el primer vehículo había entrado en combate con los subversivos. Ante esta información y la imposibilidad de hacer un desplazamiento por aire por los motivos enunciados anteriormente, el comandante de la Escuela de Artillería se desplazó personalmente al lugar de los hechos donde ya había ordenado el desplazamiento de un tanque M-8 con ametralladoras .50 para apoyar a la sección que estaba en combate (...) en el momento en que el comando de la escuela se desplazó al sitio de los hechos se encontró con la segunda sección que estaba en apoyo de la que se había desplazado en primera instancia e igualmente el tanque M-8 quienes estaban en contacto armado; desde este sitio inicié a dirigir personalmente las operaciones (...) al llegar al sitio de los hechos el primer tanque reportó por radio que se encontraron seis soldados muertos y cuatro heridos más un personal de soldados, un oficial y un suboficial quienes estaban combatiendo en ese momento (...) deseo manifestar que al iniciar la operación, esta no obedeció a una improvisación o producto de un momento crucial que se estaba viviendo, sino que esta obedeció a un planeamiento que inclusive contó con el apoyo de la brigada y que personalmente el comandante de la escuela, antes de salir la patrulla, les explico a los soldados y especialmente al teniente Rincón, la necesidad de tener un plan de reacción en el momento del desplazamiento y que por ningún momento debería llegar exactamente hasta el sitio del retén sino que cuando detectara, ya sea por la presencia de vehículos estancados en la carretera por el no paso que hacia la guerrilla, debería inmediatamente desembarcar y hacer un envolvimiento (...) el dispositivo de los bandoleros cubría dos kilómetros dividido en una primera parte que era un grupo de reacción y seguridad de los sediciosos ubicado a la altura de la quebrada El Raizal, más adelante a un kilómetro aproximadamente se encontraba el dispositivo o reten compuesto por unos setenta bandoleros aproximadamente y a un kilómetro de este sitio se encontraba otro grupo de los subversivos constituido por unos cincuenta bandoleros que podría denominarse grupo de cierra (sic). Consecuente con lo anterior, la contraguerrilla al mando del teniente Rincón entró en contacto armado con el segundo grupo o grupo principal y cuando el apoyo de la segunda sección y el M-8 iban a apoyarlo, fueron hostigados por el primer grupo ubicado en la quebrada El Raizal, donde igualmente se formó un combate impidiendo que los apoyos se desplazarán directamente a apoyar a los que ya estaban en contacto (...) ante todo era una operación de características irregulares, entendiéndose como tal la aplicación por los subversivos de métodos y artimañas para efectuar acciones delictivas contra la población civil y las tropas y como tal la reacción de las tropas, tiene que enmarcarse dentro de los principios de la guerra irregular. Además de ello no se puede desconocer el gran número de subversivos, aproximadamente doscientos los que montaron el retén y posteriormente libraron los combates con las contraguerrillas y como es obvio en un combate de esta magnitud y en el cual se pueden producir bajas en ambos bandos, se corría el riesgo de que hubiese bajas en las propias tropas...”.

Del material probatorio antes expuesto, la Sala extrae las siguientes conclusiones:

• Que un grupo de soldados, entre los cuales se encontraban los fallecidos, fueron enviados a desactivar un retén guerrillero en la vía Choachí - Bogotá, para lo cual se dividieron las tropas en dos grupos y el primero de ellos inició el desplazamiento en un vehículo “carpado”.

• Que como medida de precaución se envió primeramente a un soldado quien debía informar la ubicación del retén guerrillero, sin embargo este agente de la demandada fue enviado sin equipo de comunicación alguno y no pudo regresar a dar la información por cuanto fue retenido por los guerrilleros.

• Que antes de adentrarse al retén, los soldados se detuvieron pero, ante la imposibilidad de determinar el lugar donde se encontraban asentados los guerrilleros, el oficial a cargo tomó la determinación de avanzar un poco más hacia un lugar que consideró propicio para el desembarque efectivo de los soldados. Sin embargo, en ese desplazamiento el conductor del vehículo se encontró súbitamente con las tropas guerrilleras, razón que lo llevó a seguir adelante con el vehículo hasta el momento en que fue bloqueado por otro automotor.

• Que las tropas de apoyo terrestre que venían detrás de ellos no pudieron apoyarlos con prontitud, dado que, inicialmente, extraviaron su camino y, posteriormente, fueron hostigadas por guerrilleros que se encontraban antes del lugar donde estaba el retén.

• Que el apoyo aéreo tampoco se pudo hacer presente, debido a condiciones meteorológicas adversas que impidieron sobrevolar el lugar donde se desarrollaron los hechos.

• Que los equipos de comunicación asignados para el cumplimiento de la misión, no funcionaron, razón por la cual, no fue posible que los militares coordinaran conjuntamente el operativo.

Ante el marco de circunstancias que se deja visto, considera la Sala que se demostró en el proceso que la muerte de los soldados José Israel Páez Albañil, Israel Cañas Velasco, Alirio Tapias Benavides, Adán Gutiérrez Guauque, Olman Rodrigo Pedraza Pérez y Carlos Armando Gil Bosiga se encuentra enmarcada dentro de una falla en el servicio imputable a la entidad demandada derivada de una inadecuada planeación del operativo militar que les fue encomendado.

Y es que si bien la Sala no desconoce que la reacción de los militares estuvo condicionada a la noticia de un retén subversivo en la vía, hecho que los conminó a tomar medidas urgentes para detener a los guerrilleros, lo cierto es que la operación militar se desarrolló sin tener en cuenta las circunstancias de alto riesgo a que se exponían los militares que fueron enviados en el primer vehículo.

En este orden de ideas, es claro para la Sala que las medidas de seguridad adoptadas para mantener la integridad de los soldados fueron insuficientes. Es así como la decisión de mandar primeramente un hombre, desarmado y sin equipo de comunicaciones, se mostró como inadecuada para lograr el cometido de informar a los militares la posición del enemigo. De igual manera, el supuesto apoyo terrestre que debía partir 15 o 20 minutos después, resultó finalmente extraviado a una distancia temporal de más de dos horas, con lo cual —además de demostrar que los militares ni siquiera conocían la zona a la cual se dirigían— era claro que ningún soporte efectivo pudo brindar al grupo de compañeros que iban más adelante. Igual razonamiento se sigue frente al apoyo aéreo que se suponía les iba a ser suministrado a los militares en tierra, el cual finalmente no pudo llegar al lugar del hecho debido a dificultades climáticas.

Las anteriores circunstancias vinieron a ser agravadas por la deficiencia de los equipos de comunicaciones empleados en el operativo los cuales, a juicio de la Sala, resultaban fundamentales para poder coordinar el despliegue militar de una forma segura, y si bien se desconoce si fallaron debido a fallas técnicas o al relieve del terreno donde se encontraban, dicha circunstancia pone de manifiesto, la improvisación con que fue planeado el operativo, puesto que dadas las dificultades para ubicar el retén, lo mínimo que podía exigirse a la demandada es que proveyera de equipos a la altura de las circunstancias de lugar en el cual iban a ser desplegados, toda vez que sus fallas podían ocasionar circunstancias lamentables como las que, en este caso, finalmente se materializaron.

De todo lo visto, es evidente que la muerte de los soldados a que se ha hecho referencia, obedeció a una falta total de planeación y coordinación del operativo al cual fueron encomendados, riesgo que sin lugar a dudas, mal puede considerarse como propio de la actividad militar y, por ende, es claro que se encuentra comprometida la responsabilidad de la demandada.

6. Valoración y tasación de perjuicios.

Perjuicios inmateriales. Perjuicios morales.

Para reclamar indemnización por la muerte de Israel Cañas Velasco, comparecieron al proceso contencioso las siguientes personas:

— José del Carmen Cañas Murillo y Ana Delina Velasco Castillo en calidad de padres.

— Edgar Cañas Velasco, Wilber Cañas Velasco y William Cañas Velasco en calidad de hermanos.

Por la muerte de Alirio Tapias Benavides comparecieron:

— Francelina Benavides de Tapias en calidad de madre.

— Ana Yanid Tapias Benavides, Daniel Tapias Benavides, Rosa Primitiva Tapias Benavides, Pablo Emilio Tapias Benavides, Marilud Tapias Benavides, Derly Tapias Benavides y Nayibe Tapias Benavides en calidad de hermanos

Por la muerte de Adán Gutiérrez Guauque comparecieron:

— Adán Gutiérrez Ojeda y Flor de María Guauque de Gutiérrez en calidad de padres.

— Ananias Guauque y Ana Joaquina de Guauque en calidad de abuelos maternos.

— Gustavo Gutiérrez Guauque en calidad de hermano.

Por la muerte de Olman Rodrigo Pedraza Pérez comparecieron:

— Gustavo Pedraza Rodríguez y Ana Elia Pérez de Pedraza en calidad de padres.

— Oscar Danilo Pedraza Pérez, Mauricio Pedraza Munevar, Omaira Pedraza Pérez, Fanny Yolanda Pedraza Pérez, Libia Esther Pedraza Pérez, José Alexander Pedraza Pérez y Fabio Nel Pedraza Pérez en calidad de hermanos.

Por la muerte de Carlos Armando Gil Bosiga comparecieron:

— Carmelo Gil Castiblanco y Herminda Bosiga de Gil en calidad de padres.

— Primitiva Cano en calidad de abuela materna.

— José del Carmen Gil Bosiga, Sandra Miryam Gil Bosiga, Lucila Gil Bosiga, Clara Inés Gil Bosiga, María Claudina Gil Bosiga y Mary Luz Gil Bosiga en calidad de hermanos.

Por la muerte de José Israel Páez Albañil comparecieron:

— José Martín Páez Buitrago y Ana Jesús Albañil de Páez en calidad de padres.

— Blanca Cecilia Páez Albañil, Blanca Aliria Páez Albañil, Luis Audelio Páez Albañil, José Heresmildo Páez Albañil, Julia Rosa Páez Albañil, Floresmiro Páez Albañil, Ana Lucinda Páez Albañil, Alcibiades Páez Albañil y Víctor Manuel Páez Albañil en calidad de hermanos.

En cuanto a los parentescos alegados en la demanda, encuentra la Sala que se encuentran debidamente acreditados con los registros civiles de nacimiento y matrimonio obrantes en el expediente(32). De igual manera las declaraciones de Alirio Alfonso Peña y Abel Gualteros Villamil, Roque Julio Velandia Castillo, Luis María Traslaviña Melo, Agustín Grandas Díaz, Luis Ernesto Benvavides, Jorge Lozano Aguirre, Luis Arturo Pérez Herrera, Waldina Alfonso de Martínez, José Joaquín Mesa, Nemen Antonio Acevedo Álvarez, Luisa Gutiérrez de Montaña, Silvio Gutiérrez Pérez, Olimpia Montaña Suárez, Tiberio Sánchez Trujillo, José Cayetano Avella Barrera dan cuenta de que los soldados fallecidos tenían fuertes relaciones de afecto con sus familias que se vieron alteradas con la muerte violenta de sus seres queridos(33).

En esta oportunidad la Sala encuentra procedente reiterar su criterio en el sentido de indicar que el reconocimiento de perjuicios se desprende de la condición personal de damnificado con el daño sufrido, y que el parentesco resulta ser tan solo un elemento probatorio que indica la existencia de una relación familiar consolidada. Este aspecto fue precisado por la Sección en sentencia proferida el 1º de noviembre de 1991, así:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de esta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

“Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

“El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

“Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

“Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el solo hecho del parentesco.

“Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(34). (Resaltado fuera de texto)

Concordante con lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha entendido que únicamente resulta posible acudir al régimen probatorio del “estatuto del registro del estado civil de las personas”, cuando es precisamente ese estado civil, la fuente de las obligaciones, tal como en el caso de los herederos, siendo que en los demás eventos es posible acudir a cualquiera de los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil. Así lo señaló en sentencia del 22 de enero del 2008(35):

“... cuando el estado civil se aduce como fuente de derechos y de obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) es necesario acudir a su régimen probatorio establecido en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970, mientras que cuando se aduce una relación parental, o simplemente parentesco para deducir consecuencias jurídicas distintas a la esfera propia del estado civil, como las concernientes a inhabilidades o incompatibilidades electorales, el parentesco de que se trate puede demostrarse con la prueba del estado civil si lo hay o mediante cualquiera de los medios probatorios legales, previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil”. (Resaltado fuera de texto).

De todo lo anterior se sigue que cuando se demanda la responsabilidad extracontractual del Estado, la demostración del parentesco no constituye en forma alguna una manera de legitimación en la causa por activa de los demandantes, toda vez que, se insiste, la legitimación nace del carácter de perjudicado o damnificado con el hecho dañoso, y, por tanto, la demostración del vínculo parental a través del registro civil, lo único que permite es facilitar a las víctimas la demostración del perjuicio sufrido.

Lo anterior significa que la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de los perjuicios en acciones como la presente, no puede entenderse en forma alguna como una simple verificación de la relación de parentesco de los demandantes, sino que es deber del fallador hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarca la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado...”(36).

Teniendo en cuenta las pruebas atrás referenciadas, la Sala encuentra acreditado el perjuicio material sufrido por los demandantes y, en consecuencia, resulta procedente acceder a su reparación de la forma que sigue.

Para el grupo familiar del señor Israel Cañas Velasco, se reconocerán las siguientes sumas:

— Para José del Carmen Cañas Murillo y Ana Delina Velasco Castillo en su calidad de padres, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

— Para Edgar Cañas Velasco, Wilber Cañas Velasco y William Cañas Velasco en su calidad de hermanos, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Para el grupo familiar del señor Alirio Tapias Benavides se reconocerán las siguientes sumas:

— Para Francelina Benavides de Tapias en su calidad de madre, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes.

— Para Ana Yanid Tapias Benavides, Daniel Tapias Benavides, Rosa Primitiva Tapias Benavides, Pablo Emilio Tapias Benavides, Marilud Tapias Benavides, Derly Tapias Benavides y Nayibe Tapias Benavides en su calidad de hermanos, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Para el grupo familiar del señor Adán Gutiérrez Guauque, se reconocerán las siguientes sumas:

— Para Adán Gutiérrez Ojeda y Flor de María Guauque de Gutiérrez en su calidad de padres, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

— Para Ananias Guauque y Ana Joaquina de Guauque en su calidad de abuelos, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

— Para Gustavo Gutiérrez Guauque en su calidad de hermano, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes.

Para el grupo familiar del señor Olman Rodrigo Pedraza Pérez, se reconocerán las siguientes sumas:

— Para Gustavo Pedraza Rodríguez y Ana Elia Pérez de Pedraza en su calidad de padres, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

— Para Oscar Danilo Pedraza Pérez, Mauricio Pedraza Munevar, Omaira Pedraza Pérez, Fanny Yolanda Pedraza Pérez, Libia Esther Pedraza Pérez, José Alexander Pedraza Pérez y Fabio Nel Pedraza Pérez en su calidad de hermanos, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Para el grupo familiar del señor Carlos Armando Gil Bosiga, se reconocerán las siguientes sumas:

— Para Carmelo Gil Castiblanco y Herminda Bosiga de Gil en su calidad de padres, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

— Para Primitiva Cano en su calidad de abuela, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes.

— Para José del Carmen Gil Bosiga, Sandra Miryam Gil Bosiga, Lucila Gil Bosiga, Clara Inés Gil Bosiga, María Claudina Gil Bosiga y Mary Luz Gil Bosiga en su calidad de hermanos, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Para el grupo familiar del señor José Israel Páez Albañil, se reconocerán las siguientes sumas:

— Para José Martin Páez Buitrago y Ana Jesús Albañil de Páez en su calidad de padres, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

— Para Blanca Cecilia Páez Albañil, Blanca Aliria Páez Albañil, Luis Audelio Páez Albañil, José Heresmildo Páez Albañil, Julia Rosa Páez Albañil, Floresmiro Páez Albañil, Ana Lucinda Páez Albañil, Alcibiades Páez Albañil y Víctor Manuel Páez Albañil en su calidad de hermanos, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Perjuicios Materiales. Lucro cesante.

Se encuentra demostrado en el proceso que los señores Israel Cañas Velasco, Alirio Tapias Benavides, Adán Gutiérrez Guauque, Olman Rodrigo Pedraza Pérez, Carlos Armando Gil Bosiga, José Israel Páez Albañil, para el momento de su muerte, se desempeñaban como soldados voluntarios, y en cuanto al monto de lo devengado, la Sala observa que tan solo se allegó al proceso la constancia de salarios correspondiente al soldado Páez Albañil en la que se consigna que para el momento de su muerte, este devengaba una suma de $ 190.294, valor que se encuentra concordante con las disposiciones legales correspondientes al salario de un soldado voluntario para el año 1995(37), razón por la cual, la Sala considera que esa suma debe tomarse como base de liquidación para las demás víctimas.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la totalidad de los fallecidos tenían una edad menor a los 25 años y de que las declaraciones testimoniales recepcionadas en el proceso afirmaron que aún no habían formado familia independiente sino que todavía convivían con sus padres, el lucro cesante se liquidará a favor de estos y hasta la fecha en la cual cumplirían los 25 años de edad, momento en el cual ha presumido la corporación que las personas optan por consolidar su propio núcleo familiar(38).

Lucro cesante originado en la muerte del señor Israel Cañas Velasco

R = $ 190.294 salario devengado.

Sumando 25% prestaciones y restando 25% gastos propios.

$ 190.294 + $ 47.573,5 (25%) = $ 237.867,5

$ 237.867,5 - $ 59.466,8 (25%) = $ 178.400,2

Actualización

For gen 9
 

F14807
 

Para José del Carmen Cañas Murillo

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de padre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 8 de febrero de 1998.

n: Número meses entre los hechos y el 8 de febrero de 1998: 30 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F24807
 

Para Ana Delina Velasco Castillo

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de madre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 8 de febrero de 1998.

n: Número meses entre los hechos y el 8 de febrero de 1998: 30 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F24807
 

Lucro cesante originado en la muerte del señor Alirio Tapias Benavides

Para Francelina Benavides de Tapias

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de madre de la víctima = $ 670.803,66

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 15 de octubre de 1996.

n: Número meses entre los hechos y el 15 de octubre de 1996: 14,26 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F34807
 

Lucro cesante originado en la muerte del señor Adán Gutiérrez Guauque

Para Adán Gutiérrez Ojeda

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de padre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 10 de febrero de 1998

n: Número meses entre los hechos y el 10 de febrero de 1998: 30,03 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F44807
 

Para Flor de María Guauque de Gutiérrez

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de madre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 10 de febrero de 1998.

n: Número meses entre los hechos y el 10 de febrero de 1998: 30,03 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F44807
 

Lucro cesante originado en la muerte del señor Olman Rodrigo Pedraza Pérez

Para Gustavo Pedraza Rodríguez

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de padre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 18 de marzo de 2000.

n: Número meses entre los hechos y el 18 de marzo de 2000: 55,36 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F54807
 

Para Ana Elia Pérez de Pedraza

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de madre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 18 de marzo de 2000

n: Número meses entre los hechos y el 18 de marzo de 2000: 55,36 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F54807
 

Lucro cesante originado en la muerte del señor Carlos Armando Gil Bosiga

Para Carmelo Gil Castiblanco

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de padre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 1º de septiembre de 1998.

n: Número meses entre los hechos y el 1º de septiembre de 1998: 36,8 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F64807
 

Para Herminda Bosiga de Gil

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de madre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 1º de septiembre de 1998.

n: Número meses entre los hechos y el 1º de septiembre de 1998: 36,8 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F64807
 

Lucro cesante originado en la muerte del señor José Israel Páez Albañil

Para José Martín Páez Buitrago

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de padre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 3 de octubre de 1998.

n: Número meses entre los hechos y el 3 de octubre de 1998: 37,86 meses.

Fórmula:

For gen 1
 

F74807
 

Para Ana Jesús Albañil de Páez

— Indemnización debida o consolidada

Ra: $ 670.803,66

En su calidad de padre de la víctima = $ 670.803/2 = $ 335.401,83

Ra: Renta: $ 335.401,83

Fecha en la cual, la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad: 3 de octubre de 1998.

n: Número meses entre los hechos y el 3 de octubre de 1998: 37,86 meses

Fórmula:

For gen 1
 

F74807
 

7. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida el día 26 de julio de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa responsable administrativamente de los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la muerte de Israel Cañas Velasco, Alirio Tapias Benavides, Adán Gutiérrez Guauque, Olman Rodrigo Pedraza Pérez, Carlos Armando Gil Bosiga, José Israel Páez Albañil acaecida el día 7 de agosto de 1995.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar por perjuicios morales, las siguientes sumas

• A favor de José del Carmen Cañas Murillo, Ana Delina Velasco Castillo, Francelina Benavides de Tapias, Adán Gutiérrez Ojeda, Flor de María Guauque de Gutiérrez, Gustavo Pedraza Rodriguez, Ana Elia Pérez de Pedraza, Carmelo Gil Castiblanco, Herminda Bosiga de Gil, José Martín Páez Buitrago y Ana Jesús Albañil de Páez, la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

• A favor de Blanca Cecilia Páez Albañil, Blanca Aliria Páez Albañil, Luis Audelio Páez Albañil, José Heresmildo Páez Albañil, Julia Rosa Páez Albañil, Floresmiro Páez Albañil, Ana Lucinda Páez Albañil, Alcibiades Páez Albañil, Víctor Manuel Páez Albañil, Ana Yanid Tapias Benavides, Daniel Tapias Benavides, Rosa Primitiva Tapias Benavides, Pablo Emilio Tapias Benavides, Marilud Tapias Benavides, Derly Tapias Benavides, Nayibe Tapias Benavides, Ananias Guauque, Ana Joaquina de Guauque, Gustavo Gutiérrez Guauque, Primitiva Cano, Oscar Danilo Pedraza Pérez, Mauricio Pedraza Munevar, Omaira Pedraza Pérez, Fanny Yolanda Pedraza Pérez, Libia Esther Pedraza Pérez, José Alexander Pedraza Pérez, Fabio Nel Pedraza Pérez, José del Carmen Gil Bosiga, Sandra Miryam Gil Bosiga, Lucila Gil Bosiga, Clara Inés Gil Bosiga, María Claudina Gil Bosiga, Mary Luz Gil Bosiga, Edgar Cañas Velasco, Wilber Cañas Velasco y William Cañas Velasco, la suma de 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de ellos.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar por perjuicios materiales, lucro cesante, las siguientes sumas de dinero.

• A favor de José del Carmen Cañas Murillo la suma de diez millones ochocientos cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 10.805.492,54).

• A favor de Ana Delina Velasco Castillo la suma de diez millones ochocientos cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 10.805.492,54).

• A favor de Francelina Benavides de Tapias la suma de nueve millones ochocientos ochenta mil quinientos cincuenta y un pesos con veinte centavos. ($ 9.880.551,20).

• A favor de Adán Gutiérrez Ojeda la suma de diez millones ochocientos diecisiete mil ciento cuatro pesos con noventa y dos centavos ($ 10.817.104,92).

• A favor de Flor de María Guauque de Gutiérrez la suma de diez millones ochocientos diecisiete mil ciento cuatro pesos con noventa y dos centavos ($ 10.817.104,92).

• A favor de Gustavo Pedraza Rodríguez la suma de veintiún millones doscientos cincuenta mil novecientos setenta y ocho pesos con diez centavos ($ 21.250.978,10).

• A favor de Ana Elia Pérez de Pedraza la suma de veintiún millones doscientos cincuenta mil novecientos setenta y ocho pesos con diez centavos ($ 21.250.978,10).

• A favor de Carmelo Gil Castiblanco la suma de trece millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos sesenta y ocho pesos con noventa y nueve centavos ($ 13.481.368,99).

• A favor de Herminda Bosiga de Gil la suma de trece millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos sesenta y ocho pesos con noventa y nueve centavos ($ 13.481.368,99).

• A favor de José Martin Páez Buitrago la suma de trece millones novecientos seis mil quinientos siete pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 13.906.507,55).

• A favor de Ana Jesús Albañil de Páez la suma de trece millones novecientos seis mil quinientos siete pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 13.906.507,55).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Sin costas (L. 446/98, art. 55).

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase».

(9) Fls. 291-303, 399-410, cdno. de pruebas 6

(10) Fls. 306-334, cdno. de pruebas.

(11) Fls. 391-397, cdno. de pruebas 6.

(12) Fls. 1-273, cdno. de pruebas 6.

(13) Cdno. de pruebas 1. Elemento probatorio susceptible de ser valorado en su integridad por cuanto fue practicado por la entidad demandada, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales sostenidos por esta Sección.

(14) Fls. 1, cdno. de pruebas 2, fls. 5, 17, 24, 36, 45, cdno. de pruebas 5

(15) Fls. 1-4, 7, 9-16, 20-23, 30-34, 37-44, cdno. de pruebas 5.

(16) Fls. 6, 18, 35, cdno. de pruebas 5.

(17) Fls. 21-23, cdno. de pruebas 2. Fls. 51-55, 131-139, 202-208.

(18) La hoja de remisión indica que se enviaron 12 cuadernos pero en el expediente solo aparecen 3.

(19) Fls. 1-210, cdno. de pruebas 4. Documento susceptible de ser valorado únicamente en lo que a su parte documental se refiere, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección respecto del tema de la prueba trasladada.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 21515.

(21) Ídem.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de julio 7 de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio.

(23) En el anotado sentido, véanse las sentencias del Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, de noviembre 15 de 1995 —Exp. 10286—; diciembre 12 de 1996 —Exp. 10437—; abril 3 de 1997 —Exp. 11187—; mayo 3 de 2001 —Exp. 12338— y marzo 8 de 2007 —Exp. 15459—.

(24) Fl. 1, cdno. de pruebas 2, fls. 5, 24, 45, cdno. de pruebas 5, fl. 45, cdno. 5, fl. 24, cdno. 5, fl. 161, cdno. 4, fl. 17, cdno. 5, fls. 291-303, 399-410, cdno. de pruebas 6.

(25) Fls. 6, 18, 35, cdno. de pruebas 5.

(26) Fls. 7-9, cdno. de pruebas 1.

(27) Fls. 145-150, cdno. de pruebas 1.

(28) Fls. 82-88, cdno. de pruebas 1.

(29) Fls. 25-39, 49-53, cdno. de pruebas 1.

(30) Fls. 75-78, cdno. de pruebas 1.

(31) Fls. 139-144, cdno. de pruebas 1.

(32) Fls. 1-45, cdno. 5, fls. 75-86, cdno. 2.

(33) Fls. 21-23, cdno. de pruebas 2. Fls. 51-55, 131-139, 202-208.

(34) Exp. 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, Exp. 12.819, C.P. María Elena Giraldo.

(35) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de enero de 2008, Exp. 2007-00163-00, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 24392.

(37) De conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 131 de 1985 que rezaba: “El que preste el servicio militar voluntario devengará una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementada en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario, el cual no podrá sobrepasar los haberes correspondientes a un cabo segundo, marinero o suboficial técnico cuarto”.

(38) Lo anterior, sin perjuicio de que dicha presunción pueda extenderse en el tiempo en caso de acreditarse situaciones fácticas que así lo ameritaren, al respecto resulta pertinente lo mencionado en sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp.16586.