Sentencia1997-04962 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-1997-04962-01 (19914)

Consejera Ponente:

Dr. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Andrés Correa Espejo y Otros.

Demandado: Distrito Capital de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil once

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones

Decide la Sub-Sección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá —Sección Tercera—, el dieciséis (16) de noviembre del dos mil (2000), mediante la cual se resolvió negar las pretensiones de la demanda.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si las entidades demandadas están obligadas a indemnizar a los demandantes, los perjuicios causados con ocasión del fallecimiento del señor Gabriel Correa Vargas.

El daño

El señor Gabriel Correa Vargas, como consecuencia del accidente de tránsito citado, falleció por Hipertensión endocraneana de acuerdo con lo anotado en el registro civil de defunción del 28 de agosto de 1996. (fl. 8 2).

Del mismo modo, de los medios probatorios se observa que la muerte del señor Gabriel Correa Vargas causó daños a los demandantes, quienes demostraron el vínculo que los unía a él, así:

Está probado el parentesco entre el señor Gabriel Correa Vargas, y sus hermanos José Benancio, Ana Isabel, Carlos Julio, Luís Antonio y Raquel Correa Vargas, como se puede constatar en los registros civiles de nacimiento obrantes a folios (fls. 2, 3, 5, 6, 7 cdno. 2).

Del mismo modo se encuentra acreditado el parentesco entre el señor Gabriel Correa y sus padres Andrés Correa Espejo, Raquel Vargas, soportado con el Registro civil de nacimiento de Gabriel Correa Vargas, expedido el 3 de abril de 1997, por el Notario Primero del Círculo de Duitama, donde consta que nació el 9 de Junio de 1969. (fl. 4 cdno. 2)

La demostración del vínculo marital y de parentesco en el primer grado de consanguinidad entre los demandantes y Gabriel Correa Vargas unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que aquellos sufrieron por la muerte de este.

Lo probado en el proceso

De las pruebas allegadas oportunamente al proceso se destacan:

1. Registro civil de defunción del señor Gabriel Correa Vargas, del 28 de agosto de 1996, en la cual consta que falleció el 26 de agosto de 1996, debido a “hipertensión endocraneana / accidente de tránsito”. (fl. 8 cdno. 2)

2. Registro civil de nacimiento de Gabriel Correa Vargas, expedido el 3 de abril de 1997, por el Notario Primero del Círculo de Duitama, donde consta que nació el 9 de junio de 1969. (fl. 4 cdno. 2).

3. Registros civiles de nacimiento de José Benancio, Ana Isabel, Carlos Julio, Luís Antonio y Raquel Correa Vargas. (fls. 2,3,5,6,7 cdno. 2).

4. Registro de matrimonio de Andrés Correa Espejo y Raquel Vargas, expedido por la Notaría Única de Paipa. (fl. 1 cdno. 2).

5. Informe de accidente de tránsito 94-184815, ocurrido el 25 de agosto de 1996, a las 22 horas, en la calle 170 sentido occidente oriente a 100 metros de la autopista norte; sobre el estado de la vía consta que era una vía con huecos y mala iluminación, sin ninguna señal ni control; choque entre una motocicleta Suzuki de placas YLG-11 conducida por Gabriel Correa Vargas y la camioneta Renault de placas FSA-027 conducida por el señor Jorge Antonio Buitrago; el señor Gabriel Correa Vargas presenta trauma craneoencefálico, politraumatismo fue remitido al Hospital Simón Bolívar; causa probable del accidente no mantener la distancia de seguridad. (fls. 20 y 21 cdno. 2).

6. Testimonios.

Javier Parra Sierra. Quien iba en un Mazda detrás de la camioneta Renault contra la que se estrelló el señor Correa. Manifestó que el lugar donde ocurrió el accidente estaba oscuro, que el motociclista lo pasó por la izquierda y perdió el control estrellándose contra la camioneta. Aunque el día del accidente no lo notó, considera que la causa del accidente fue un hueco profundo que se encontraba alrededor de una alcantarilla y que la noche del accidente no existía señalización que advirtiera dicho peligro, señaló que la motocicleta se transportaba a mas o menos una velocidad de 80 y 90 kilómetros por hora. (fls. 10 – 13 cdno. 2)

Jorge Antonio Buitrago. Era quien conducía la camioneta contra la que se estrelló el señor Correa, manifestó que la causa probable del accidente fue un hueco ubicado en la mitad de la vía cerca de una alcantarilla, también afirmó que en el sitio no existía señalización alguna. (fls. 14 – 17 cdno. 2)

7. Oficio 99-2-1539 del 28 de octubre de 1999, suscrito por él director técnico de apoyo a la vialidad, en donde manifiesta que consultados los archivos, no se encontró reporte de accidente de tránsito ni arreglos en la calle 170 a unos 100 metros de la autopista norte. (fl. 18 cdno. 2)

8. Oficio 05-SDS-2623 del 3 de noviembre de 1999, suscrito por el director de la unidad de tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en donde informa que la secretaría no dispone de archivos que registren la señalización para la época del accidente. (fl. 23 cdno. 2)

9. Oficio 8610-19999-1529 del 18 de noviembre de 1999, suscrito por el jefe de división de mantenimiento alcantarillado norte, en donde expresa que no se encontraron registros sobre informe de accidente en la calle 170 por autonorte el día 25 de agosto de 1996 y que tampoco hallaron registro sobre arreglo de la mencionada vía. (fl. 26 cdno. 2).

Los demandantes estiman que la causa del daño tiene su origen en la falta de señalización del lugar donde ocurrió el accidente, que advirtiera sobre la presencia de un hueco sobre la vía que causó la muerte al señor Correa Vargas.

En primer lugar, considera la Sala que la Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Bogotá, debe ser exonerada en este caso, toda vez que de las pruebas obrantes en el expediente, se consta que sobre la calle 170 por autopista norte, a la fecha del insuceso, la empresa demandada no se encontraban realizando obras públicas, esto se extracta del Oficio 8610-19999-1529 del 18 de noviembre de 1999, expedido por el jefe de división de mantenimiento alcantarillado norte, en donde manifiesta que no se encontraron registros sobre arreglo en la mencionada vía(3). Por tal razón el estudio de la responsabilidad se circunscribirá específicamente sobre el Distrito Capital de Bogotá.

De la responsabilidad del Distrito Capital de Bogotá

“En relación con la obligación de señalización que tienen las autoridades de tránsito, el artículo 113 del Código Nacional de Tránsito (D.L 1344 de 1970, modificado por el art. 2º del D. 2169/70, L. 33/86, decretos 403, 1344, 1809, 1951, 1809 y 2591 de 1990), aplicable al momento de los hechos, disponía:

“ART. 113.—Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine.

PAR.—Toda zona de prohibición deberá estar expresamente demarcada en su sitio y autorizada mediante providencia del funcionario de tránsito competente”.

“Adicionalmente los decretos ley 1344 de 1970 y 1804 de 1990, atribuían los deberes de señalización de las distintas autoridades de tránsito dependiendo de la naturaleza de la vía en los distintos niveles; al Ministerio de Obras Públicas le otorgan la facultad, para el nivel nacional, de dictar resoluciones sobre señalamiento de carreteras nacionales; y a las Secretarías de Obras Públicas Departamentales o municipales, en los niveles seccional y local, el deber jurídico de señalización de vías”(4).

Así las cosas, correspondía al Distrito Capital de Bogotá en su calidad de propietario de la malla vial, el mantenimiento y la colocación de las señales de tránsito dentro de su perímetro urbano, de acuerdo con lo determinado en el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, adoptado por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte a través de las resoluciones 8408 de 2 de octubre de 1985 y 5246, del 2 de julio de 1985(5), el cual definía en el capítulo I las señales preventivas, así:

“Las señales de prevención o preventivas, tienen por objeto advertir al usuario de la vía las existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de estas. Estas señales se identifican por el código general SP”.

“Dentro de los criterios de utilización de las señales preventivas el mismo manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras establecía:

“SP-60- Peligro no especificado. Esta señal se empleará para advertir la proximidad de un tramo, en el cual puede presentarse un riesgo no especificado. Debe retirarse inmediatamente cesen las condiciones que obligan a instalarla”(6).

En un caso similar al que la Sala estudia, se declaró la responsabilidad de la administración por falla en el servicio, en ese caso esta corporación manifestó,

“De acuerdo con las declaraciones rendidas en el proceso y las distintas pruebas documentales aportadas al mismo -informe del accidente de tránsito-, es preciso concluir que, sumado al deterioro y mal estado de la vía, la zona del accidente no contaba con señalización alguna que advirtiera la existencia de los huecos, situación que imposibilitó a la víctima cerciorarse de su existencia y, por tanto, evitar el peligro que significaban. De esta forma, considera la Sala que el INVIAS incumplió su deber de velar por el mantenimiento y señalización de la carretera en que ocurrió el accidente, pues, sumado al deterioro de la misma, no ubicó las señales necesarias para prevenir a los usuarios y transeúntes sobre la existencia de los huecos en la vía.

“En el caso concreto está acreditado que, pese a la existencia de huecos en la vía –en términos técnicos, “depresiones”-, en la zona del accidente no se encontraba instalada ninguna de estas señales que advirtieran su presencia. Por tanto, se encuentra que, sumado al incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la carretera, se configuró la falla del servicio consistente en la falta de señalización de los huecos presentes en la carretera que significaban peligro para los usuarios y transeúntes, pues de cumplirse con este requerimiento, la señora Ruiz Valencia hubiera advertido y, eventualmente, evitado el accidente. Se concluye, entonces, que el daño antijurídico causado le es imputable al INVIAS de conformidad con el régimen de la falla del servicio, toda vez que, existiendo un deber jurídico previo, la entidad pública omitió su cumplimiento”(7) (destacado fuera de texto).

De lo expuesto se concluye, que el contexto fáctico en el cual tuvieron ocurrencia los hechos objeto de la demanda que aquí se examina, se observa que es responsabilidad del Distrito Capital de Bogotá, frente al mal estado de las vías, su mantenimiento y señalizar la existencia de peligro existente en las mismas. En el caso sub examine se observa claramente que el distrito demandado incumplió con su deber de instalar las señalizaciones respectivas en aras de advertir el mal estado de la vía con presencia de huecos, pues como ya se indicó esta constituye circunstancias de peligro para quienes sobre ella transitan, debido a la falta de iluminación y de la ausencia de avisos.

Sustenta lo expuesto el Informe de accidente de tránsito 94-184815, donde se deja constancia que la vía donde ocurrió el accidente tenía hueco y mala iluminación, además que carecía de señales de control. Así mismo, sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente, obran en el expediente las declaraciones juramentadas de Javier Parra Sierra y Jorge Antonio Buitrago.

El señor Javier Parra Sierra, quien iba en un Mazda detrás de la camioneta Renault contra la que se estrelló el señor Correa, manifestó que el lugar donde ocurrió el accidente estaba oscuro, que el motociclista lo pasó por la izquierda y perdió el control estrellándose contra la camioneta. Considera que la causa del accidente fue un hueco profundo que se encontraba alrededor de una alcantarilla y que la noche del accidente no existía señalización que advirtiera dicho peligro, señaló que la motocicleta era conducida a una velocidad aproximada 80 y 90 kilómetros por Hora. (Fls. 10 - 13 c2).

De otra parte, el testigo Jorge Antonio Buitrago, quien conducía la camioneta contra la que se estrelló el señor Correa, manifestó que la causa probable del accidente fue un hueco ubicado en la mitad de la vía cerca de una alcantarilla, afirmando también que en el sitio no existía señalización alguna. (Fls. 14 - 17 cdno. 2).

Es claro para la Sala que, en el caso sub lite la falta de señalización en la vía, esto es la calle 170 en sentido occidente oriente a 100 metros de la autopista norte así como el mal estado de esta, se constituye en incumplimiento del deber de mantenimiento y señalización preventiva, lo cual permite imputar el daño antijurídico de que trata el presente asunto al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, entidad que tiene a su cargo el mantenimiento de las vías, pues la omisión de este deber se constituye en una falla del servicio sobre la cual se endilga la causa de los daños cuya reparación se reclama en el presente proceso.

Los testimonios transcritos sumados al Informe de accidente de tránsito 94-184815, dan por demostrado que en el lugar de los hechos calle 170 en sentido occidente oriente a 100 metros de la autopista norte no existía señalización que advirtiera a quienes por ella transitaban sobre el mal estado de la vía y la presencia de huecos en el lugar con poca iluminación, situaciones que permiten concluir de manera inequívoca que la muerte del señor Gabriel Correa Vargas es imputable a la entidad demandada Distrito Capital de Santafé de Bogotá por la omisión de señalización de estas situaciones que constituyen una falla en el servicio.

Por lo anterior la Sala procederá a revocar la sentencia apelada y en su lugar accederá a las pretensiones invocadas en la demanda.

Los perjuicios

Del material probatorio allegado al presente proceso se encuentra acreditada el parentesco de los demandantes y la víctima de la siguiente manera:

Entre el señor Gabriel Correa Vargas, y sus hermanos José Benancio, Ana Isabel, Carlos Julio, Luís Antonio y Raquel Correa Vargas, como se puede constatar en los registros civiles de nacimiento obrantes a folios (fls. 2, 3, 5, 6, 7 cdno. 2).

Del mismo modo se encuentra acreditada que el señor Gabriel Correa es hijo de Andrés Correa Espejo y Raquel Vargas, soportado con el Registro Civil de Nacimiento de Gabriel Correa Vargas, expedido el 3 de abril de 1997 por el Notario Primero del Círculo de Duitama, donde consta que nació el 9 de junio de 1969. (fl. 4 cdno. 2).

Conforme a lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(8).

Por lo cual se procederá a reconocer por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

Andrés Correa Espejo (Padre) 100 SMMLV

Raquel Vargas (Madre) 100 SMMLV

José Benacio Correa Vargas (Hermano) 50 SMMLV

Ana Isabel Correa Vargas (Hermana) 50 SMMLV

Carlos Julio Correa Vargas (Hermano) 50 SMMLV

Luis Antonio Correa Vargas (Hermano) 50 SMMLV

Raquel Correa Vargas (Hermana) 50 SMMLV

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2000, por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá - Sección Tercera.

2. Como consecuencia de lo anterior, declárase administrativa y extracontractualmente responsable al Distrito Capital de Santafé de Bogotá de los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. Condénase al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, a pagar las siguientes sumas de dinero:

Por daño moral, las sumas de dinero que se determinan a continuación, todas ellas expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Andrés Correa Espejo (Padre) 100 SMMLV

Raquel Vargas (Madre) 100 SMMLV

José Benacio Correa Vargas (Hermano) 50 SMMLV

Ana Isabel Correa Vargas (Hermana) 50 SMMLV

Carlos Julio Correa Vargas (Hermano) 50 SMMLV

Luis Antonio Correa Vargas (Hermano) 50 SMMLV

Raquel Correa Vargas (Hermana) 50 SMMLV

Cuarto. Deniéganse las pretensiones de la demanda, respecto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

5. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo devuélvase los expedientes a los tribunales de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Folio 26 cdno. 2

(4) Consejero ponente: Enrique Gil Botero Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de julio de dos mil ocho. Radicación número: 08001-23-31-000-1995-09490-01 (17.163).

(5) Modificada por las resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989, 8171 del 9 de septiembre de 1987 y resolución 3968 del 30 de septiembre de 1992 del Ministerio de Transporte.

(6) Consejero ponente: Enrique Gil Botero Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de julio de dos mil ocho. Radicación: 08001-23-31-000-1995-09490-01 (17.163)

(7) Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 22 de julio de 2009; Exp. 16333; C.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.