Sentencia 1997-05000/20008 de diciembre 3 de 2007

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Rad.: 25000-23-26-000-1997-05000-01(20008)

Actor: Juan Agustín Santana y otros

Demandados: Distrito Capital y otro

Referencia: Acción de reparación directa - Consulta.

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil siete.

Atendiendo la prelación dispuesta por la Sala en sesión del 9 de diciembre de 2004, Acta 40, se procede a decidir en el grado jurisdiccional de consulta, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión —Sede Bogotá—, el 16 de noviembre de 2000 y a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2004, por ese mismo Tribunal, mediante las cuales se condenó al Distrito Capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá, a pagar a los demandantes los perjuicios que sufrieron, respectivamente, por la muerte del señor Jorge Armando Santana Bustos y por las lesiones sufridas por el señor Wilinton Leyton Quintero, sentencias que serán modificadas. Las decisiones adoptadas por el Tribunal a quo, fueron las siguientes:

La sentencia proferida el 16 de noviembre de 2000 (objeto de consulta), en el proceso distinguido en esta corporación con el número interno 20.008 fue la siguiente:

“1. Declárase no probada la excepción de ilegitimación por pasiva interpuesta por el apoderado del Distrito Capital de Bogotá.

2. Declaráse que el Distrito Capital de Bogotá y el Fondo Local de los Mártires de Bogotá son solidaria y patrimonialmente responsables por la falla del servicio de que fue víctima Jorge Armando Santana Bustos dentro del marco de circunstancias que se relataron en los considerandos de este fallo.

3. Como consecuencia de la declaratoria anterior, CONDÉNASE al Distrito Capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá a pagar, por concepto de perjuicios morales las cantidades que a continuación se indican y a las personas que se relacionan así:

Perjuicios morales:

“Para Juan Agustín Santana Carrillo y María del Rosario Bustos de Santana (padres), mil (1.000) gramos de oro fino para cada uno.

“Para Erica Viviana, Arnulfo Manuel, Publio Elías, Priscila, Elizabeth, Hony, David Agustín, Elsy Noemí, Divaniel Urías Santana Bustos (hermanos), quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno.

“El pago se deberá hacer teniendo en cuenta el precio del referido metal en el momento de quedar ejecutoriada la presente sentencia, según certificación que sobre el particular expida el Banco de la República.

“4. A este fallo se le deberá dar cumplimiento en los términos consagrados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. Para tal fin expídanse las copias del fallo a los interesados, precisando cuál de ellas presta mérito ejecutivo.

“5. Niéganse las pretensiones formuladas por el apoderado del Distrito Capital de Bogotá en cuanto hace referencia al llamado (sic) en garantía realizado en contra de la Previsora S.A., con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

La sentencia proferida el 29 de enero de 2004 (recurrida por la parte demandada), en el proceso distinguido en esta corporación con el número interno 27.078, fue la siguiente:

“1. Declárese no probada la excepción propuesta por la parte demandada - Distrito Capital de Bogotá - consistente en ineptitud de la demanda en consideración a la parte motiva del proveído.

“2. Declárase que el Distrito Capital de Bogotá y el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires de Bogotá son solidaria y patrimonialmente responsables por la falla del servicio de que fue víctima Wilinton Leyton Quintero conforme a las consideraciones expuestas en la sentencia.

“3. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase solidariamente al Distrito Capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá, a pagar al señor Wilinton Leyton Quintero la suma de diecisiete millones doscientos noventa y tres mil novecientos noventa y seis pesos ($17’293.996), por concepto de los perjuicios materiales que se le ocasionaron en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro.

“4: Condénase solidariamente al Distrito Capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá a pagar por concepto de daños morales el equivalente a:

“Adelaida Quintero Mariño (madre de la víctima) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Publio Elías Santana Bustos (padre de crianza) veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Luz Stella Bernal y Lina María Santana Quintero (hermanas) para cada una, quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“5. Condénase solidariamente al Distrito Capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá a pagar al señor Wilinton Leyton Quintero por concepto de perjuicio fisiológico (daño a la vida de relación) el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“6. Sin condena en costas”.

I. Antecedentes procesales 

1. Las pretensiones.

1.1. El 10 de septiembre de 1997, los señores Juan Agustín Santana Carrillo y María del Rosario Bustos de Santana, obrando en nombre propio y en representación de la menor Erica Viviana Santana Bustos, y los señores Arnulfo Manuel, Publio Elías, Priscila, Elizabeth, Hony, David Agustín, Elsy Noemí y Divaniel Urías Santana Bustos, obrando en nombre propio, en ejercicio de la Acción de Reparación Directa, a través de apoderado judicial, formularon demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Santafé de Bogotá, con el objeto de que se les declarara patrimonialmente responsables de los daños y perjuicios que sufrieron como consecuencia de la muerte del señor Jorge Armando Santana Bustos, ocurrida en el 23 de marzo de 1997, en el accidente de tránsito que se produjo en la vía Bogotá - Villavicencio, Kilómetro 6.

A título de indemnización solicitaron el pago de una suma equivalente a 1.500 gramos de oro puro, para los señores Juan Agustín Santana Carrillo y María del Rosario Bustos de Santana, y de 500 gramos de oro puro para Erica Viviana, Arnulfo Manuel, Publio Elías, Priscila, Elizabeth, Hony, David Agustín, Elsy Noemí y Divaniel Urías Santana Bustos, por perjuicios morales.

1.2. Con fundamento en los mismos hechos, el 26 de septiembre de 1997, la señora Adelaida Quintero Mariño obrando en nombre propio y en representación de los menores Wilinton Leyton Quintero y Lina María Santana Quintero; el señor Publio Elías Santana Bustos obrando en nombre propio y en representación de la menor Luz Stella Santana Bernal, y los señores Juan Agustín Santana Carrillo y María del Rosario Bustos De Santana obrando en nombre propio, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, a través de apoderado judicial, formularon demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Santafé de Bogotá, con el objeto de que se les declarara patrimonialmente responsables de los daños y perjuicios que sufrieron como consecuencia de las lesiones personales padecidas por el joven Wilinton Leyton Quintero.

A título de indemnización solicitaron: (i) por perjuicios morales: el pago de una suma equivalente a 1.500 gramos de oro puro, para Wilinton Leyton Quintero, Adelaida Quintero Mariño y Publio Elías Santana Bustos, y de 500 gramos de oro, para Juan Agustín Santana Carrillo, María del Rosario Bustos de Santana, Luz Stella Santana Bernal y Lina Maria Santana Quintero; (ii) por perjuicios materiales, a favor de Wilinton Leyton Quintero, la suma que se tasara de acuerdo con las siguientes bases: el salario que recibía para marzo de 1997; la vida probable del damnificado; el grado de incapacidad laboral fijado por el médico de Medicina Laboral del Ministerio del Trabajo; las fórmulas financieras adoptadas por la corporación y la actualización del dinero según la variación porcentual del índice de precios al consumidor y, (iii) a favor de Wilinton Leyton Quintero, por perjuicio fisiológico, el pago de una suma equivalente a 1.500 gramos de oro puro.

Atendiendo la solicitud formulada por la parte demandante, esta Sala, por auto de 4 de marzo de 2005, dispuso la acumulación de los procesos.

2. Fundamentos de hecho.

Los hechos relatados en las demandas son, en resumen, los siguientes: en la madrugada del 23 de marzo de 1997, los señores Jorge Armando Santana Bustos, su esposa e hijo, y el joven Wilinton Leyton Quintero se desplazaban en la vía que de Bogotá conduce al municipio de Villavicencio. Aproximadamente a la 1:00 a.m., se estacionaron al lado de la vía, con la precaución de dejar encendidas las luces estacionarias, a fin de verificar la razón por la cual el vehículo expelía un intenso olor a gasolina. Del vehículo descendieron los señores Jorge Armando y Wilinton Leyton, quienes ubicaron un maletín rojo y los bafles del baúl a una distancia prudencial del vehículo, para indicar a los demás conductores que se encontraban estacionados.

Al verificar que la manguera de la gasolina se encontraba desprendida procedieron a conectarla, pero en el momento en que estaban guardando en el baúl los objetos que habían ubicado en la carretera para alertar a los demás conductores, fueron atropellados por la camioneta de placas OBD 355, conducida por el señor Javier Linares Carranza, de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, la cual se desplazaba sin luces y a exceso de velocidad, por lo que no alcanzó a frenar.

Los señores Santana y Leyton quedaron atrapados entre los dos vehículos, gravemente heridos. Fueron trasladados al CAMI de “Meissen”, donde falleció el señor Jorge Armando Santana unas horas mas tarde. Como consecuencia del accidente, el señor Leyton sufrió graves heridas en la pierna y brazo derechos, que le generaron merma en su capacidad laboral.

Se afirmó en las demandas que el daño era imputable al Estado, a título de falla del servicio, por haber sido causado por un vehículo de propiedad de una entidad pública, cuando era conducido en forma irresponsable y descuidada por un funcionario público, y por permitir que el mismo fuera utilizado en actividades por fuera del servicio público, dado que el conductor podía disponer de él sin límite de tiempo, lo cual quedó demostrado con el hecho de que el accidente ocurrió a la 1:00 a.m. Además, adujeron que la conducción de vehículos constituía una actividad peligrosa y de riesgo y que, por lo tanto, los daños causados con esos bienes generaban responsabilidad presunta de la entidad que los tuviera a su servicio.

3. La oposición de la demandada.

En los escritos de respuesta, el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá se opuso a las pretensiones formuladas en ambas demandas, con fundamento en que: (i) carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado que el vehículo oficial que se mencionó en aquéllas era de propiedad del Fondo de Desarrollo Local, que de conformidad con el Decreto-Ley 1421 de 1993 estaba dotado de personería jurídica y autonomía administrativa; (ii) el daño se produjo por culpa exclusiva de las víctimas, quienes no utilizaron el equipo de carretera idóneo para alertar a los demás conductores de que se hallaban estacionados en la vía, como triángulos o luces reflectivas y que, además, debió estacionarse por fuera de la vía, en especial, tratándose de una carretera oscura y curva; (iii) el hecho era imputable de manera exclusiva al funcionario de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien sin autorización y por fuera del servició movilizó la camioneta, con el duplicado de las llaves que tenía en su poder, por lo que actuó por su propio riesgo, y (iv) en el evento de que se comprobara que los hechos ocurrieron como se afirma en la demanda, se habría producido una compensación de culpas, en los términos del artículo 2357 del Código Civil.

4. Llamamiento en garantía.

En el proceso distinguido en esta corporación con el número interno 20.008, el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, mediante escrito radicado ante el a quo el 9 de marzo de 1998, formuló llamamiento en garantía a la Compañía de Seguros La Previsora S.A., con fundamento en que la camioneta de placas OBD 355, de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires estaba amparada con la póliza Nº 07-58880 que cubría el siniestro que causó el automóvil antes descrito el día 22 de marzo de 1997.

Por auto de 17 de septiembre de 1998, se aceptó el llamamiento en garantía. El auto fue notificado el 19 de noviembre de la misma anualidad. La compañía de seguros contestó el llamamiento el 26 de noviembre de 1998. Se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que la póliza colectiva de automóviles no cubría el siniestro porque el conductor del vehículo oficial hizo uso del mismo sin permiso y en el contrato de seguro se pactó como exclusión del amparo de responsabilidad civil extracontractual “la conducción del vehículo por personas no autorizadas”. Agregó que el valor asegurado por lesiones o muerte de una persona dentro de la póliza colectiva de automóviles ya referido fue determinado en $5.000.000, que era, por lo tanto, el límite máximo de responsabilidad en caso de que la sentencia le fuera desfavorable.

5. Las sentencias proferidas en primera instancia.

En ambas sentencias, el a quo consideró que tanto el Distrito Capital como el Fondo de Desarrollo de Los Mártires estaban legitimados en la causa. El primero porque el conductor del vehículo era funcionario de la Secretaría de Gobierno del Distrito, y el segundo porque poseía patrimonio propio y autonomía administrativa, y era propietario del vehículo con el cual se produjo el accidente.

Accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que el daño era imputable a la entidad, a título de falla presunta del servicio, por haberse producido como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo era la conducción de vehículos automotores y por no haber demostrado la demandada la existencia de alguna causa extraña como eximente de responsabilidad.

También se consideró en las sentencias que no era posible separar el comportamiento personal del agente del servicio público que correspondía a la entidad, dado que el agente pudo utilizar el vehículo contraviniendo la prohibición de su superior jerárquico, porque la entidad omitió ejercer su deber de vigilancia y cuidado sobre el automotor oficial.

Adicionalmente, en la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2000, se consideró que no había lugar a considerar que por el hecho de que las víctimas se desplazaran también en un vehículo se había producido una neutralización de presunciones, de una parte, porque sólo se pretendía la reparación de los perjuicios causados a uno de los intervinientes, y de otra, porque el vehículo particular no estaba desarrollando la actividad peligrosa en el momento del accidente, es decir, que su posición era pasiva en ese momento.

Además, en esta sentencia se exoneró de responsabilidad a la aseguradora porque se consideró que no estaba acreditado el contrato de seguro del cual se pretendía derivar el amparo, habida consideración de que la única prueba que sobre ese aspecto obraba en el expediente era una fotocopia del certificado expedido por la misma, sobre la vigencia del seguro hasta el 15 de agosto de 1996 y los hechos tuvieron ocurrencia el 22 de marzo de 1997.

6. La impugnación de la sentencia.

Contra la sentencia proferida por el a quo 29 de enero de 2004, el Distrito Capital interpuso recurso de apelación. Solicitó que ésta se revocara, porque no existía en el plenario ninguna prueba ni documental ni testimonial que acreditara la forma cómo ocurrieron los hechos y, por lo tanto, que no fue posible establecer ni la velocidad con la que viajaba el conductor del automotor del vehículo oficial, ni la posición en la que se encontraba estacionado el vehículo particular en la vía pública, ni las señales de tránsito que utilizó para advertir a los demás conductores que el automotor se encontraba parqueado en la vía.

Agregó que a pesar de que existía prueba de que el vehículo involucrado en el accidente de tránsito era de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, no se le podía imputar responsabilidad a la Administración dado que el conductor de dicho vehículo, de una parte, fue objeto de sanción disciplinaria por parte de la Personería de Bogotá D.C. porque de manera arbitraria se apropio de dicho automotor, es decir, sin que mediara autorización del ente público y, de otra parte, no estaba en ejercicio de sus funciones, ni estaba autorizado para movilizar el automotor, ni existía prueba de que estuviera obrando bajo el mandato de la entidad pública ni de ningún funcionario.

Concluyó que, de conformidad con las pruebas que obraban en el expediente, se configuró un eximente de responsabilidad consistente en la culpa de un tercero, en relación con la cual el Distrito no tuvo ninguna injerencia y que, por lo tanto, al no existir ningún nexo causal entre la falla, falta u omisión del ente público y el daño causado, la responsabilidad no le era imputable a la entidad.

7. Alegatos en segunda instancia. 

Del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones, en ambos procesos hizo uso la parte demandante quien afirmó que: (i) las entidades demandadas eran solidariamente responsables de los daños causados, porque tenían la guarda conjunta de la actividad peligrosa, dado que el conductor del vehículo estaba vinculado a la Secretaría de Gobierno del Distrito y el vehículo era de propiedad del Fondo de Desarrollo Local Los Mártires; (ii) aunque la responsabilidad se definiera en el caso concreto bajo el régimen de responsabilidad presunta, se había demostrado que el accidente se produjo por una serie de fallas en el servicio imputables a la administración, como la omisión en la vigilancia y custodia de la destinación que debía darse al vehículo oficial y la permanencia en el servicio de un funcionario irresponsable y negligente, si se tenía en cuenta que éste violó la prohibición respecto de la utilización de los carros oficiales para uso particular y abandonó a las personas que acababa de atropellar, en vez de brindarles algún socorro, y (iii) no se configuró la culpa personal del agente ni la culpa exclusiva de la víctima, porque se demostró que el agente utilizó el vehículo oficial, asignado en razón de su cargo, lo que configuraba una relación directa con el servicio, y la víctima no fue imprudente dado que cuando el taxi detuvo su marcha lo hizo dentro de las debidas medidas de precaución, esto es, lo estacionó a un costado de la vía, encendió las luces de parqueo, instaló conos reflectores y colocó una señal manual de advertencia.

II. Consideraciones de la Sala 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, esta corporación es competente para conocer en grado de jurisdiccional de consulta la sentencia proferida el Tribunal Administrativo de Descongestión -Sede Bogotá-, el 16 de noviembre de 2000, en tanto la condena impuesta al Distrito Capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá, superó los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la época del fallo y no fue apelada por las entidades demandadas.

De igual manera, la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital en contra de la sentencia proferida el 29 de enero de 2004, por ese mismo Tribunal, por tratarse de un proceso de doble instancia, seguido contra una entidad territorial.

Teniendo en cuenta que tanto la consulta como la apelación se surten a favor de las entidades estatales condenadas a indemnizar los perjuicios sufridos por los demandantes, se revisarán todos los aspectos de la controversia, sin que en ninguno caso pueda hacerse más gravosa la situación de esas entidades.

Con este marco de decisión y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se anticipa, la Sala confirmará la sentencia impugnada, en la cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Distrito Capital y del Fondo de Desarrollo Local Los Mártires, por la muerte del señor Jorge Armando Santana Bustos y por las lesiones sufridas por Wilinton Leyton Quintero, pero se modificará la decisión para actualizar la condena por el perjuicio material impuesta por el a quo a favor de algunos de los demandantes.

Se advierte que en relación con todos los aspectos de la controversia planteada, se tendrán en cuenta las pruebas documentales auténticas aportadas por las partes, y las testimoniales practicadas en el proceso, así como las pruebas trasladadas de la investigación disciplinaria adelantada por la Personería de Bogotá, en contra del señor Javier Linares Carranza, por el “manejo irregular de vehículo de la alcaldía”, traídas al expediente, en copia auténtica, por el Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa IV, en respuesta al oficio remitido por el a quo (fls. 128-198 cdno. 2), las cuales podrán valorarse porque su traslado fue pedido por ambas partes.

Cabe aclarar que la declaración del señor Wilinton Leyton Quintero, rendida en el expediente 27.078 no podrá valorarse ahora, porque él es parte en uno de los procesos acumulados, a solicitud de la parte demandante y, por lo tanto, no tiene la calidad de testigo, ni fue llamado a interrogatorio por la parte demandada.

1. Se acreditó el daño aducido en las demandas.

1.1. El señor Jorge Armando Santana Bustos falleció el 23 de marzo de 1997, en Bogotá, según se acreditó con el acta del levantamiento del cadáver practicado el 23 de marzo de 1997, por la Fiscalía 294, en el CAMI Meissen, según la constancia que obra en el folio 257 del Libro de Población de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar (fls. 22-24 cdno. 2), y con el registro civil de la defunción, en el cual figura que la causa de la muerte fue “choque hipovolémico” (fl. 187 cdno. 1, exp. 27.078).

1.2. La muerte del señor Jorge Armando Santana Bustos causó daños a los señores Juan Agustín Santana, María del Rosario Bustos, Arnulfo Manuel, Publio Elías, Priscila, Elizabeth, Hony, David Agustín, Elsi Nohemí, Divaniel Urías y Erica Viviana Santana Bustos, quienes demostraron ser los padres y los hermanos del occiso, según consta en la copia del acta de registro civil de matrimonio de los dos primeros y del nacimiento del fallecido y de los demás demandantes (fls. 1-11 cdno. 2 de pruebas).

La demostración del parentesco en el primer y segundo grado de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que estos sufrieron con la muerte de aquel.

Hecho que además se encuentra demostrado con el testimonio de los señores Luis Eraclio Santana Layton y Lourdes Cortés Quintero (fls. 15, 16 y 21 cdno. 2) quienes afirmaron tener conocimiento directo, en razón de su amistad con la familia del occiso, de las estrechas relaciones familiares que los unían y del dolor que su fallecimiento causó en sus padres y hermanos.

1.2. También está demostrado que el señor Wilinton Leyton Quintero sufrió lesiones, que según consta en el dictamen practicado el 23 de noviembre de 2000 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, le produjeron una pérdida de capacidad laboral del 14.45%, en relación con un diagnóstico de “fractura de tibia y peroné derecho consolidado y fractura de falange proximal 2 dedo” (fls. 94-97 cdno. 1, exp. 27.078).

1.3. La señora Adelaida Quintero Mariño y la menor Lina María Santana Quintero demostraron ser la madre y la hermana en línea materna de Wilinton Leyton Quintero, según consta en la copia del acta de registro civil del nacimiento de los dos últimos (fls. 3 y 5 cdno. 2).

La demostración del parentesco en el primer y segundo grado de consanguinidad entre el lesionado y esas demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que éstas sufrieron con las lesiones padecidas por aquél.

En cuanto al señor Publio Elías Santana Bustos, se demostró que era el padre de crianza del Wilinton Leyton Quintero, y que la joven Luz Stella Santana Bernal, hija de éste, hacía parte de la familia que su padre había constituido con la señora Adelaida Quintero Mariño. Así se acreditó con el testimonio de los señores Darío Rincón, Luís Eraclio Santana Layton, Reinaldo Holguín Zárate y Martín Cundar quienes aseguraron que los señores Publio Santana y Adelaida Quintero hacían vida marital varios años antes del hecho; que el señor Publio trataba a Wilinton Leyton como su hijo; que la joven Luz Stella convivía con su padre y su nueva familia, y que todos habían sufrido mucho por las lesiones padecidas por aquél (fls. 8 a 16 cdno. 2).

Esas pruebas dan certeza a la Sala de que Publio Santana y Luz Stella Santana Bernal fueron terceros damnificados por el hecho y que, por lo tanto, tienen derecho a recibir la indemnización por perjuicios morales deducida por el a quo.

También afirmaron los mismos testigos que las lesiones sufridas por Wilinton Leyton Quintero le impidieron continuar ese año sus estudios y volver a tener una vida normal, dado que desde ese momento no volvió a practicar deportes, situación que demuestra la alteración a sus condiciones materiales de existencia.

2. Régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

La Sala es del criterio de que el régimen bajo el cual deben ser decididas las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación de los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, es el objetivo por riesgo excepcional, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causa extraña, como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor. 

Esto siempre que no se invoque en la demanda el régimen de falla del servicio, pues el criterio de imputación de falla del servicio es aplicable aún tratándose de daños causados con ocasión de actividades peligrosas, por ser consustancial a la jurisprudencia contencioso administrativa permitir identificar las falencias que se presentan en el ejercicio de la actividad administrativa, con el propósito de que: (i) la definición para un caso concreto se convierta en advertencia para la administración con el fin de que ésta procure evitar la reiteración de conductas anormales y (ii) esa decisión sirva para trazar políticas públicas en materia de administración.

No obstante, en ausencia de la demostración de una falla del servicio, habrá de procederse a analizar el hecho probado bajo el criterio de imputación de riesgo excepcional por tratarse de una actividad peligrosa, aun cuando no sea invocado en la demanda, en aplicación del principio iura novit curia.

Ahora bien, se insiste en que a pesar de que la responsabilidad patrimonial del Estado por el ejercicio de actividades peligrosas se defina con fundamento en el criterio de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional, esto no significa que siempre que intervenga físicamente la actividad en la producción del daño deba declararse dicha responsabilidad, porque en todo caso se requiere de la demostración de que la misma fue la causa eficiente del daño; en caso contrario, cuando se demuestre que la causa eficiente del daño fue extraña a la entidad demandada, deberán negarse las pretensiones de la demanda. Así lo ha considerado la Sala de tiempo atrás:

“…en los casos que particularmente se examina la responsabilidad de la administración, por la explotación de actividades peligrosas como la conducción de energía eléctrica…de lo que se trata es de reparar un daño a quien está legitimado para ello, con fundamento en la teoría del riesgo excepcional, que impone la obligación al explotante de una actividad peligrosa reparar los perjuicios derivados de ésta. En efecto, éste es un riesgo de aquellos que implican generalmente a los particulares una explotación (sic) del cual se pueda derivar un accidente más o menos grave, y por ello puede decirse que solo la temeridad de la víctima haría fracasar las pretensiones indemnizatorias de los damnificados.

“No obstante lo dicho anteriormente, estima la Sala que la mera generación del riesgo en forma aislada necesariamente no puede llevar a la declaratoria de responsabilidad, pues si la entidad demuestra que el daño se presentó por culpa única y exclusiva de la víctima o por cualquier otra ‘causa extraña- como la fuerza mayor o el hecho exclusivo de un tercero no procede la imputación de responsabilidad contra la entidad demandada.

“Dicho en otros términos, en el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, no se prescinde de la exigencia del nexo causal y por ello cuando la administración demuestra la existencia de una causa extraña, se libera de su obligación resarcitoria”(1)

Ahora, bajo cualquier régimen de responsabilidad de los señalados, la causa extraña, como lo es la fuerza mayor o el hecho del tercero, o la culpa de la víctima, excluyen la imputación del daño a la demandada, siempre que dicha causa sea exclusiva, determinante y ajena a la entidad.

3. En la causación de los daños aducidos en la demanda intervino un vehículo oficial, conducido por un servidor estatal.

La muerte del señor Jorge Armando Santana Bustos y las lesiones padecidas por Wilinton Leyton Quintero fueron ocasionadas en un accidente de tránsito acaecido el 23 de marzo de 1997, con intervención de un vehículo oficial de placas OBD-355, conducido por un servidor estatal.

3.1. La intervención en el accidente del vehículo de placas OBD-355 se acreditó con la copia del folio 257 del Libro de Población del Departamento de Policía Tequendama - Estación Ciudad Bolívar, de 23-03-97, que fue enviada al expediente por el Comandante de esa estación (fls. 22-24 cdno. 2 de pruebas), en respuesta al oficio remitido por el a quo. Consta en ese documento:

“A las 3:45 en el Cami Meissen, mediante acta 1910-0810, la Fiscal 294, en asocio del Laboratorio 5 C.T.I., realizó el levantamiento del cadáver del occiso Jorge Armando Santana Bustos…, el cual falleció a las 01:50, a causa de múltiples heridas recibidas al ser arrollado por el vehículo marca ASIA, modelo 96, color rojo, placas OBD-355, conducido por un sujeto desconocido que (sic) emprendió la huida. [El occiso] conducía el vehículo taxi Chevette, modelo 87, placas SFJ 678, el cual desvaraba en el momento de ser arrollado por el vehículo antes mencionado. Hechos sucedidos en la Av. 13…k6…Caso conocido por la patrulla de tránsito 19…, hechos sucedidos a las 00:20 horas…”.

Los señores Darío Rincón, Luís Eraclio Santana Leyton y Martín Cundar (fls. 8-11 y 15-16 cdno. 2), aseguraron haberse enterado del accidente poco después de ocurrido, por lo cual acudieron al lugar, pero sólo observaron los vehículos destruidos por la colisión, pero que los heridos Jorge Armando y Wilinton Leyton ya habían sido trasladados al hospital y que el conductor del vehículo oficial había huido.

De igual manera, el proceso disciplinario que adelantó la Personería de Bogotá contra el señor Javier Linares Carranza, concluyó con resolución sancionatoria, mediante la cual se solicitó al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá sancionar disciplinariamente al inculpado, por haberse sustraído, sin autorización, la camioneta marca Asia tipo Van, modelo 1995, color vinotinto, de placas OBD-335, con la cual “causó la muerte al señor Jorge Armando Santana Bustos e hirió a dos personas” (fls. 183 a 188 cdno. 2).

3.2. El vehículo de placas OBD-355, marca ASIA, color rojo metalizado, con licencia de tránsito No. 95-188775 era de propiedad del Fondo de Desarrollo de los Mártires. Así se demostró con la copia auténtica de la tarjeta de propiedad del vehículo, que fue traída al proceso por el Alcalde Local Los Mártires (fls. 24-25 cdno. 2 de pruebas).

3.3. El señor Javier Linares Carranza era funcionario del Distrito Capital. Ese hecho se demostró con la copia de su hoja de vida (fls. 30 y 35-127 C-2), la cual fue traída al expediente por el Director de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno Distrital, en la que obran, entre otros documentos, la Resolución 447 de 15 de febrero de 1996, mediante la cual el Secretario de Gobierno de Santa Fe de Bogotá, D.C., lo nombró provisionalmente, por el término de 4 meses contados a partir de la fecha referida, en el cargo de auxiliar de servicios generales IV C, código 110, con una asignación mensual de $291.102 (fls. 114 a 116 cdno. 2), y la Resolución 946 de 22 de mayo de 1997 suscrita por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la cual se declaró vacante el cargo de Auxiliar de Servicios Generales IV C, código 110 de la Secretaría de Gobierno, que ocupaba el señor Javier Linares Carranza a partir del 22 de marzo de 1997, por no haberse presentado a laborar desde esa fecha (fls. 51 y 52 cdno. 2 de pruebas). Además, obra en el expediente el Oficio 3841 de 1º de marzo de 1999 suscrito por el Director de Gestión Humana de la Secretaría, en el cual certificó que el señor Linares Carranza laboró como conductor de esa entidad entre el 15 de febrero de 1996 y el 22 de marzo de 1997 (fls. 36 y 37 cdno. 2 de pruebas).

4. Se demostró que la actividad peligrosa ejercida por las entidades oficiales fue la causa del daño.

La Sala considera que las pruebas que obran en el expediente, particularmente, la copia del folio 257 del Libro de Población del Departamento de Policía Tequendama - Estación Ciudad Bolívar y la decisión adoptada en el proceso disciplinario adelantado por la Personería de Bogotá contra el señor Javier Linares Carranza, a las cuales ya se hizo referencia, son suficientes para demostrar que el daño fue causado por las entidades demandadas, en tanto al momento del accidente eran éstas las que ejercían la actividad peligrosa, mientras que el vehículo en el cual se desplazaban las víctimas estaba estacionado, es decir, no estaba ejerciendo la actividad y, por lo tanto, no puede predicarse en relación con el mismo su peligrosidad.  

Cabe señalar que no aparece acreditado que el accidente hubiera ocurrido como consecuencia de una falla del servicio, por ejemplo, por la velocidad del vehículo oficial, dado que se desconocen las circunstancias concretas en las cuales se produjo éste. Sin embargo, por tratarse de un daño causado por una actividad riesgosa, ante la ausencia de pruebas de la falla del servicio, resulta procedente aplicar el régimen de imputación de riesgo excepcional, conforme al cual la responsabilidad patrimonial de quien ejerce la actividad peligrosa, se produce al margen de que hubiera actuado de manera reglamentaria o diligente.

En tal evento, corrían las entidades estatales con la carga de acreditar que el daño se produjo por una causa extraña, como la culpa exclusiva de la víctimas, por ejemplo, demostrando que el vehículo estaba indebidamente estacionado: sobre la vía, en una curva, sin señales luminosas, o en cualquiera otra circunstancia que impidiera al conductor del vehículo oficial advertir su presencia y evitar la colisión. Pero como esas pruebas no obran en el expediente, habrá de mantenerse la decisión proferida por el a quo.

5. Los daños sufridos por los demandantes son imputables al Distrito y al Fondo Los Mártires.

El Distrito Capital adujo que el daño no le era imputable porque se produjo por la actuación exclusiva del funcionario de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien sin autorización y por fuera del servició movilizó la camioneta, con el duplicado de las llaves que tenía en su poder, por lo que actuó por su propio riesgo. En relación con esos hechos, obran en el proceso las siguientes pruebas:

(i) El oficio remitido el 17 de abril de 1997 por el Alcalde Local de Los Mártires al Personero de esa mima localidad (fl. 58 cdno. 2), en la cual explicó la labor que desempeñaba el señor Javier Linares el día de los hechos:

“El día 22 de marzo se le solicitó al señor Javier Linares se hiciera presente en la alcaldía a las 8 de la mañana, para estar disponible en una campaña de aseo sobre la avenida 28 entre calle 19 y carrera 30.

“Siendo más o menos las tres y media o cuatro de la tarde me encontré con el señor Javier Linares en la diagonal 22C con carrera 29, muy cerca al lugar de mi residencia y me informó que las llaves de la camioneta las había dejado en la portería del edificio donde resido. Abusivamente, el señor Linares no guardó la camioneta el día sábado, según investigaciones que hice, la movilizó con un duplicado que había sacado sin mi autorización.

“El accidente debió haber ocurrido en la madrugada del domingo en la vía al llano, contra un taxi que estaba estacionado sobre la vía, colisionándolo por la parte de atrás y causando la muerte de una persona y heridas a otras dos. El señor Javier Linares hasta el momento no se ha reportado a la alcaldía”.

(ii) El oficio de 2 de abril de 1997 del Jefe del Centro de Operación Local Los Mártires con el cual aportó una certificación de esa misma dependencia, de cuyo texto señala que el carro de placas Nº OBD-355 de Santa fe de Bogotá, de conformidad con los testimonios de los celadores del parqueadero, durante los meses de febrero y marzo de 1997, era retirado del parqueadero entre las 7 y 8 de la mañana y lo guardaban entre las 5:30 y 7:00 p.m., pero que el día 22 de marzo de 1997 el conductor del carro lo retiró del parqueadero a las 8:00 a.m. y no regresó a guardarlo en las horas ya indicadas (fl. 54-55 cdno. 2 de pruebas).

(iii) El auto de apertura de investigación disciplinaria proferido por la Personería Delegada ante la Vigilancia Administrativa IV el 15 de febrero de 1999, contra el señor Javier Linares Carranza, en su condición de conductor del vehículo de la alcaldía local de los Mártires, por “sustraer sin autorización y fuera del horario de trabajo el vehículo de placas OBD 355, de propiedad de la Alcaldía Local de los Mártires, causando un accidente en el que perdió la vida una persona y causó heridas a dos más” (fls. 149 a 151 C-2).

(iv) Auto proferido el 18 de mayo de 1999, por la Personería de Bogotá, mediante el cual se formuló cargos en contra del señor Javier Linares Carranza (fls. 170-176 C-2), así:

“1. Señor Javier Linares Carranza, usted en su calidad de servidor público…., sustrajo el 23 de marzo de 1997 en horas no laborables y sin autorización, el vehículo marca ASIA, modelo 1995, color vinotinto, con placas OBD-355, de propiedad de la Alcaldía Local Los Mártires, causando con el vehículo un accidente en el que falleció el señor Jorge Armando Santana y causó heridas a dos personas más.

“2. No cumplió lo ordenado por su superior inmediato, doctor Víctor Manuel Veloza Cuesta. Alcalde Local de los Mártires, en el sentido de guardar el vehículo en el lugar acostumbrado, para que permaneciera allí hasta nueva orden y, por el contrario, le comunicó a su superior inmediato que el vehículo ya se había guardado y posteriormente lo retiró violando los reglamentos e instrucciones.

“3. Al retirar el vehículo y ocasionar el accidente, causó daños al bien que estaba bajo su cuidado y a terceras personas”.

(v) Resolución Sancionatoria Nº 113 expedida el 31 de agosto de 1999 por la Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa IV, dentro del expediente 10258-98, mediante la cual se solicitó al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá sancionar disciplinariamente al señor Javier Linares Carranza con multa de 90 días de salario, por sustraer sin autorización la camioneta marca Asia tipo Van, modelo 1995, color vinotinto, de placas OBD-335 con la que causó la muerte al señor Jorge Armando Santana Bustos e hirió a dos personas (fls. 183 a 188, cdno. 2 de pruebas), providencia que cobró ejecutoria, según la constancia expedida por la abogada coordinadora de la personería de Bogotá (fl. 198 cdno. 2). Se lee en esa providencia:

“…En el caso sub examine, la falta se encuentra plenamente demostrada, por cuanto los informes allegados por el Personero y el Alcalde de la localidad, constituyen prueba fehaciente del retiro del vehículo sin autorización ni justificación para ello por parte del conductor del mismo Javier Linares Carranza, quien lo tenía asignado para desempeñar labores propias del servicio público.

“En otro aspecto, el disciplinado reconoció su falta en el escrito de descargos, lo que sin mayores conjeturas indica que es responsable de la falta disciplinaria que se le imputa, por cuanto los hechos sobrevinientes, como fueron el accidente de las personas mencionadas en el proceso, se produjeron en circunstancias por fuera del servicio y en instantes el disciplinado se encontraba conduciendo sin ninguna autorización oficial para hacerlo…”.

Considera la Sala que la actuación desarrollada por el conductor del vehículo comprometió la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, porque el objeto con el cual se causó el daño era de propiedad del Fondo de Desarrollo de los Mártires; el mismo estaba destinado a la prestación de funciones estatales, y en el momento del accidente era conducido por la persona que había sido vinculada laboralmente por el Distrito Capital, es decir, las entidades demandadas son responsables del daño causado con el bien, porque el conductor obró prevalido de esa condición de funcionario y su actuación constituyó una manifestación externa de la prestación de sus servicios.

El hecho de que al momento del accidente el funcionario que causó materialmente el daño no estuviera atendiendo las instrucciones de su superior jerárquico, fue asunto que motivó la imposición de una sanción disciplinaria; no obstante, cabe señalar que esa falta no permite exonerar de responsabilidad a las entidades demandadas, porque éstas no ejercieron ningún control sobre el vehículo, sino que, por el contrario, lo confiaron a su conductor, quien no tuvo que realizar ningún esfuerzo para disponer libremente de él.

Cabe precisar que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala, las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público y no simplemente porque el daño fuera cometido por un funcionario vinculado al Estado(2). Y, en el caso concreto, se reitera, no puede desligarse la actuación del funcionario del servicio que prestaban las entidades, para considerar que ésta se produjo dentro de su ámbito privado separado, por completo de toda actividad pública, porque en la ocurrencia del hecho actuó prevalido de esa condición que le permitía tener acceso al vehículo oficial, con el cual se causó el daño.

En este caso, la actuación lesiva del autor material del daño puede calificarse como propia del funcionamiento de un servicio público porque el evento dañoso supuso una manifestación del desempeño del cargo público, en tanto, esa actuación fue realizada por la persona vinculada por el Distrito para conducir el vehículo oficial, de propiedad del Fondo, para el cumplimiento propio de las funciones asignadas a la alcaldía local de los Mártires.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente el conductor del vehículo oficial lo movilizó sin autorización del alcalde local, razón por la cual éste fue sancionado disciplinariamente. Por lo tanto, debe ser llamado a resarcir el daño causado a las entidades públicas, en acción de repetición. No obstante, frente a los terceros, víctimas o damnificados del hecho, la responsabilidad patrimonial se radica en dichas entidades, en tanto éstas omitieron ejercer los controles necesarios para evitar que el conductor movilizara el vehículo en el sitio y a la hora del accidente.

Por lo tanto, serán solidariamente responsables del pago de la indemnización de los perjuicios que adelante se señalarán, el Distrito Capital de Bogotá porque el conductor del vehículo oficial era empleado suyo y el día de los hechos cumplía funciones bajo la dirección del alcalde local(3) y el Fondo de Desarrollo Local Los Mártires(4) porque era el propietario del vehículo de placas OBD-355, con el cual, según la demanda, se causó el accidente y el bien estaba destinado a la prestación de servicios en la misma Localidad para la que el Fondo había sido constituido.

5. La indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

En ambos procesos, el Tribunal condenó al pago de perjuicios morales en las siguientes cantidades:

5.1.1. En el expediente 20.008, se condenó a pagar a Juan Agustín Santana Carrillo y María del Rosario Bustos de Santana (padres), la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, y para Erica Viviana, Arnulfo Manuel, Publio Elías, Priscila, Elizabeth, Hony, David Agustín, Elsy Noemí, Divaniel Urías Santana Bustos (hermanos), la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno.

Como ya se señaló, se acreditó que estos demandantes sufrieron el perjuicio moral que adujeron. Por lo tanto, se confirmará la sentencia del a quo, en tanto la misma atiende el criterio más reciente señalado por la corporación, para la cuantificación de ese daño.

5.1.2. En el expediente 27.078 se condenó a pagar a Adelaida Quintero Mariño (madre de la víctima) y a Wilinton Leyton Quintero, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno; a Publio Elías Santana Bustos (padre de crianza) veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes; a Luz Stella Bernal (tercera damnificada) y Lina María Santana Quintero (hermana) quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de ellas.

Como ya se señaló, igualmente, se acreditó el perjuicio moral sufrido por esos demandantes. La Sala confirmará la sentencia por considerar que se ajusta a los criterios jurisprudenciales y a las pruebas que obran en el expediente.

5.2. Daño a la vida de relación.

El Tribunal condenó al pago de perjuicios por el daño a la vida de relación de Wilinton Leyton en valor equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Sala reducirá el valor de la indemnización a 20 salarios mínimos legales mensuales, teniendo en cuenta que la pérdida de la capacidad laboral del afectado fue del 14.45% y que, según las pruebas testimoniales que obran en el expediente, a las cuales ya se hizo referencia, la lesión no incidió de manera grave en la vida de relación del lesionado.

5.3. Perjuicios materiales.

El Tribunal condenó a la indemnización de perjuicios materiales a favor del lesionado, desde la fecha de los hechos hasta el término de su vida probable, con fundamento en los siguientes factores: (i) el salario mínimo legal a la fecha de los hechos, más el 25%, por prestaciones sociales, actualizado a la fecha de esa sentencia; (ii) la sobrevivencia del lesionado; (iii) la pérdida de la capacidad laboral, según el concepto de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, y (iv) las fórmulas financieras adoptadas por la corporación. Esa indemnización fue calculada con base en esos factores, en $17.293.996.

No obstante, como no se demostró que el joven laborara para el momento de los hechos, la liquidación debió hacerse desde el momento en que cumplió los 18 años de edad, esto es, desde el 6 de agosto de 1999. Por lo tanto, la Sala procederá a reliquidar la indemnización para el momento de la sentencia de primera instancia y luego actualizará la suma a la fecha de esta sentencia, así:

— Renta: El salario mínimo mensual vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos ($172.005), más 25% por prestaciones, porque el incremento por ese factor fue pedido en la demanda y la liquidación se realizara como si se tratara de persona asalariada ($215.006,25). Ese valor, indexado a la fecha de esta sentencia, equivale a $404.131.86, según el siguiente cálculo:

S1997-00005 C
 

— De la suma final se tomará el 14.45%, que corresponde al de la pérdida de la capacidad laboral, lo cual equivale a $58.397,05, pero como el Tribunal tomó un valor un poco menor $58.393, se tendrá en cuenta éste, para no hacer más gravosa la situación de la entidad.

— Se liquidará la indemnización por el término de la vida probable, que es de 57.82 años, esto es, 693.84 meses, porque la sobrevivencia se cuenta desde que cumplió los 18 años y no desde la fecha de los hechos.

— Las fórmulas financieras adoptadas por la corporación.

S1997-00005 D a
 

Liquidación

Indemnización debida o consolidada

S1997-00005 E
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $58.393

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde la fecha en la cual cumplió los 18 años, hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, esto es, 53.7 meses.

S1997-00005 B
 

Desde la fecha de la sentencia hasta el término de la vida probable del lesionado, esto es, 693.84 meses (vida probable), menos 53.7 meses (indemnización vencida), igual a 640.14 meses.

 

1997-00005 A
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia consultada, esto es, aquella proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión —Sede Bogotá—, el 16 de noviembre de 2000.

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

2. MODIFÍCASE la sentencia recurrida, esto es, aquella proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión —Sede Bogotá—, el 29 de enero de 2004, la cual quedará así:

1. Declárese no probada la excepción propuesta por la parte demandada - Distrito Capital de Bogotá - consistente en ineptitud de la demanda en consideración a la parte motiva del proveído.

2. Declárase que el Distrito Capital de Bogotá y el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá son solidaria y patrimonialmente responsables por las lesiones sufridas por el señor Wilinton Leyton Quintero, en el accidente de tránsito ocurrido el 23 de marzo de 1997, en la vía Bogotá - Villavicencio, Kilómetro 6.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase solidariamente al Distrito capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá, a pagar al señor Wilinton Leyton Quintero la suma de dieciocho millones ciento ochenta y seis mil trescientos catorce pesos ($18.186.314), por concepto de los perjuicios materiales que se le ocasionaron en la modalidad de lucro cesante.

4. Condénase solidariamente al Distrito Capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá a pagar por concepto de daños morales, para Wilinton Leyton Quintero cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para Adelaida Quintero Mariño (madre de la víctima) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para Publio Elías Santana Bustos (padre de crianza) veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para Luz Stella Bernal y Lina María Santana Quintero (hermanas) quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de ellas.

5. CONDÉNASE solidariamente al Distrito Capital de Bogotá y al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires de Bogotá a pagar al señor Wilinton Leyton Quintero por concepto de perjuicio fisiológico (daño a la vida de relación) el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

3. Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez, presidente de la sala—Ruth Stella Correa Palacio—Enrique Gil Botero—Ramiro Saavedra Becerra.

1 Sentencia del 4 de mayo de 1998, exp. 11.044.

2 Ver, entre muchas otras, sentencias de 5 de diciembre de 2006, exp. 19.752 y de 2 de mayo de 2007, exp. 16.743. En sentencia de 26 de septiembre de 2002, exp. 14.036, dijo la Sala: “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”.

3 Las alcaldías locales, conforme a lo previsto en el Decreto-Ley 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá", son dependencias administrativas, hacen parte de la estructura administrativa del Distrito (art. 54), para el cumplimiento de los siguientes fines: “1. Que la comunidad o comunidades que residan en ellas se organicen, expresen institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. 2. La participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, manejo y prestación de los servicios públicos, la construcción de obras de interés común y el ejercicio de las funciones que correspondan a las autoridades. Dicha participación también debe tener lugar en la fiscalización y vigilancia de quienes cumplan tales atribuciones. 3. Que a las localidades se pueda asignar el ejercicio de algunas funciones, la construcción de las obras y la prestación de los servicios cuando con ello se contribuya a la mejor prestación de dichos servicios, se promueva, su mejoramiento y progreso económico y social. 4. Que también sirvan de marco para que en ellas se puedan descentralizar territorialmente y desconcentrar la prestación de los servicios y el ejercicio de las funciones a cargo de las autoridades distritales. y 5. El adecuado desarrollo de las actividades económicas y sociales que se cumplan en cada una de ellas”.

4 Conforme a a lo previsto en el artículo 87 del Decreto-Ley 1421 de 1993, “En cada una de las localidades habrá un fondo de desarrollo con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los recursos del fondo se financiarán la prestación de los servicios y la construcción de las obras de competencia de las juntas administradoras. La denominación de los fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad”.