Sentencia 1997-05005 de abril 14 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 19001-23-31-000-1997-05005-01(20587)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Luis Édgar Beltrán Rodríguez y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec

Referencia: Apelación sentencia. Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto antes de la vigencia de la Ley 954 de 2005 contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Cauca en un proceso de doble instancia por razón de la cuantía(1).

II. Consideraciones previas sobre la validez de algunos medios de prueba aportados al proceso

8. Previo a decidir de fondo es preciso señalar que los testimonios y declaraciones que obran en el proceso disciplinario, adelantado por la Procuraduría General de la Nación (cdnos. 4 y 5), así como en el proceso penal, adelantado por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán (cdno. 2, fls. 101 y ss., cdno. 3), no pueden valorarse por el Consejo de Estado debido a que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para el traslado de pruebas, toda vez que no fueron practicados a petición o con audiencia de la parte demandada, y tampoco fueron objeto de ratificación dentro del proceso contencioso administrativo.

9. Se exceptúa de lo anterior los documentos públicos que se encuentren debidamente autenticados, en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y los informes técnicos y peritaciones de entidades oficiales, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del mismo ordenamiento.

III. Hechos probados

10. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

10.1. El señor Orlando Beltrán Rodríguez ingresó el 4 de diciembre de 1995 a la Penitenciaria Nacional de Popayán, sindicado de los delitos de homicidio, hurto, secuestro simple, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno, a órdenes de la Fiscalía 24 Seccional de Belalcázar (Cauca)(2) (tarjeta dactilar del interno —cdno. 2, fl. 24—).

10.2. En la mañana del día 21 de abril de 1997 el director regional del Inpec, el defensor regional del pueblo, el procurador departamental del Cauca, un funcionario de la Secretaría de Gobierno de Popayán y representantes de los internos recluidos en los patios 2 y 4, ingresaron a la oficina de dirección de la Penitenciaría Nacional San Isidro para participar en una mesa de concertación convocada por el director del centro penitenciario, mayor (r) Édgar Novoa López, con el propósito de buscar salidas a los problemas que motivaron la declaratoria de una huelga de hambre por parte de la población reclusa y la formulación de un pliego de peticiones (copia del libro de minuta de guardia —cdno. 2, fl. 7—; informe presentado por el inspector jefe al director de la Penitenciaría Nacional de Popayán —cdno. 4, fls. 679 y 680—; informe presentado por el mayor (r) Édgar Novoa López al Director General del Inpec —cdno. 4, fls. 675 y 676—; y comunicado expedido el 23 de abril de 1997 por el defensor regional del pueblo —cdno. 3, fls. 522 a 524—).

10.3. Pasadas las tres de la tarde, y mientras la comisión negociadora se encontraba todavía reunida, se escucharon dos disparos de arma de fuego desde una de las garitas. Las conversaciones continuaron por algunos minutos más, hasta que una serie prolongada de disparos obligó a su suspensión. Al ingresar a la parte interna del establecimiento penitenciario se observó una “batalla campal” entre el cuerpo de vigilancia y custodia y los internos, que se extendió por varias horas (comunicado expedido por la Defensoría del Pueblo, regional Cauca, de fecha 23 de marzo de 1997 —cdno. 3, fls. 522 a 524—). Esto motivó a solicitar el refuerzo de efectivos policiales, los cuales hicieron su ingreso a las instalaciones del penal pasadas las cinco de la tarde (copia del libro de minuta de guardia —cdno. 2, fl. 69—; informe presentado al Comandante (E) del Departamento de Policía del Cauca por el comandante de primer distrito de la misma institución —cdno. 4, fls. 823 y 824—; testimonio del mayor (r) Édgar Novoa López —cdno. 6, fl. 121—).

10.4. Inicialmente, la guardia penitenciaria intentó controlar la situación ingresando a los patios y pasillos armados con escudos, bastones de mando y lanza gases. Sin embargo, inmediatamente fueron repelidos por los internos, quienes tenían en su poder palos, piedras, varillas y armas cortopunzantes. Esto originó la reacción de la guardia, que procedió a hacer uso de las armas de fuego disponibles contra la población reclusa (testimonios del mayor (r) Édgar Novoa López —cdno. 6, fl. 121—; informe presentado al Comandante (E) del Departamento de Policía del Cauca por el comandante de primer distrito de la misma institución —cdno. 4, fls. 823 y 824—).

10.5. Al final, los enfrentamientos entre la población carcelaria y el cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec dejaron un saldo de cinco (5) internos muertos y dieciocho (18) más heridos (informe presentado por el director de la Penitenciaria Nacional de Popayán, mayor (r) Édgar Novoa López, al director regional occidental del Inpec, Álvaro Vicente Toro —cdno. 2, fls. 134 a 136—). Entre los guardianes también hubo diez (10) lesionados, quienes presentaron golpes, fracturas y traumatismos (informe remitido por el director de la Penitenciaria Nacional de Popayán, mayor (r) Édgar Novoa López, al subdirector del comando superior del Inpec —cdno. 2, fl. 137—). Así mismo, se registraron importantes daños en la planta física de la Penitenciaría Nacional de Popayán, que consistieron en la destrucción de casi el 50% de los techos de los respectivos bloques y celdas y de la totalidad de las paredes que dividen los pasillos de los patios, y en el rompimiento de rejas, ventanas, puertas y algunas instalaciones sanitarias (informe presentado por el comandante de vigilancia al director de la Penitenciaria Nacional de Popayán, mayor (r) Édgar Novoa López —cdno. 2, fls. 136 y 137—).

10.6. Entre los lesionados se encuentra el demandante Orlando Beltrán Rodríguez, quien fue traslado al Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán con un diagnóstico de herida, en el muslo izquierdo, causada por “proyectil de arma de fuego de alta velocidad”, con orificio de entrada posterior. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica y permaneció hospitalizado hasta el 25 de abril de 1997, fecha en la cual fue dado de alta con un diagnóstico de lesión del nervio ciático (historia clínica 443522 —cdno. 2, fls. 31 a 44—).

10.7. Por los anteriores hechos, la Procuraduría General de la Nación ordenó, mediante providencia del 23 de abril 1997, adelantar indagación preliminar con carácter averiguatorio con la finalidad de establecer si en los hechos ocurridos el 21 de abril de 1997 en la Penitenciaría Nacional San Isidro “pudo o no caber responsabilidad por parte de funcionarios del Inpec por omisión o extralimitación de funciones en el uso de las armas con las que se ocasionaron 5 muertos y 18 heridos del personal que se encontraba privado de la libertad” (cdno. 5, fls. 1050 a 1053). En el marco de esta investigación, el 10 de agosto de 1998, se dispuso abrir investigación disciplinaria en contra varios servidores públicos de la Penitenciaría Nacional San Isidro de la ciudad de Popayán (cdno. 5, fls. 991 a 994)(3).

10.8. Previamente, la procuraduría provincial de Popayán, mediante providencia del 25 de septiembre de 1997, había resuelto “inhibirse de ordenar la apertura formal de investigación disciplinaria en contra de agentes del Departamento de Policía del Cauca (...)” por encontrar que lo dicho por varios dragoneantes del Inpec, en el sentido de que agentes de la Policía Nacional habían disparado sus armas en contra de la población reclusa, había quedado desvirtuado con el informe balístico elaborado por el CTI de la Fiscalía(4), y con los testimonios del defensor regional del pueblo(5) y de varios reclusos (cdno. 5, fls. 931 a 935).

10.9. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscalía segunda delegada ante los jueces penales del circuito de Popayán, despacho que mediante providencia del 22 de enero de 1998 resolvió abstenerse de dictar medida de aseguramiento contra seis (6) guardianes del Inpec, como presuntos autores responsables de del homicidio de los cinco (5) internos en los hechos ocurridos el 21 de abril de 1997 (cdno. 3, fls. 410 a 419).

IV. Problema jurídico

11. Compete a la Sala determinar, en primer término, si existe prueba del daño alegado por los demandantes, y luego, si está debidamente acreditado dentro del proceso que la lesión sufrida por el señor Orlando Beltrán Rodríguez es imputable al Estado por haberse producido por impacto de arma de fuego durante un amotinamiento ocurrido al interior de las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de Popayán.

V. Análisis de la Sala

12. La Sala encuentra probado el daño, el cual consiste en la lesión sufrida en la región posterior del muslo izquierdo por el demandante, Orlando Beltrán Rodríguez, a consecuencia de un disparo de arma de fuego, durante un motín ocurrido el 21 de abril de 1997 en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de Popayán.

13. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de detención, el Consejo de Estado ha señalado que es de carácter objetivo, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares(6).

14. Siendo ello así, se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños causados a quienes se encuentra recluidos en establecimientos carcelarios o centros de reclusión, aunque no exista en el caso concreto una falla del servicio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias. En estos eventos, la responsabilidad surge de la aplicación de la teoría del daño especial, pues se parte de la premisa de que las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, no puede considerarse un efecto esperado de la detención, es decir, una carga soportable por quienes se encuentran privados de la libertad(7).

15. Con todo, nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad, siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos.

16. Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación, y no en el de daño especial. Dicho en otros términos, esto significa que no en todos los eventos en lo que se causen daños a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de reclusión hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad de daño especial pues, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales.

17. De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales el actor resultó lesionado, esto es, mientras se encontraba bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se concluye que el daño es jurídicamente imputable a la administración pues, desde un punto de vista objetivo, el Estado tenía la obligación de garantizar la seguridad del señor Orlando Beltrán Rodríguez, esto es, de protegerlo contra actos que pudieran poner en riesgo su vida o su integridad personal.

18. Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que en los hechos del 21 de abril de 1997, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, incurrió en una falla del servicio de vigilancia y custodia puesto que, está probado que los amotinados tenían en su poder armas cortopunzantes, que pudieron haber sido utilizadas para atentar gravemente contra la vida y la integridad física de la guardia penitenciaria, de las otras personas que se encontraban ese día en las instalaciones de la penitenciaría, y de los otros reclusos.

19. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará probada la responsabilidad administrativa del Inpec por las lesiones sufridas por el señor Orlando Beltrán Rodríguez, el 21 de abril de 1997, en momentos en que se encontraba privado de su libertad en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de Popayán.

VI. Perjuicios

20. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales, materiales y fisiológicos con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda, y en las pruebas obrantes dentro del proceso.

1. Perjuicios morales.

21. Respecto del daño moral ocasionado, se encuentra acreditado dentro del proceso que Orlando Beltrán Rodríguez es hijo de Luis Hernando Beltrán (fallecido) y Dercinia Rodríguez, y tiene dos hijas: Yesica Mariuxy y Magerlly Beltrán Acosta, tal como consta en los respectivos registros civiles de nacimiento, expedidos por la registraduría municipal del estado civil de Lérida (Tolima). De la misma manera, quedó demostrado el parentesco de la víctima con sus hermanos Luis Édgar, Ramiro, Luis Álvaro, Luz Mirian, Germán y Jaime Beltrán Rodríguez (cdno. 1, fls. 16 a 30).

22. El Tribunal Administrativo del Cauca consideró que la señora Dercinia Rodríguez Charry no estaba legitimada para demandar en este proceso de reparación directa (cdno. 7, fl. 97) porque no comprobó su parentesco con Orlando Beltrán Rodríguez, pues en el respectivo registro civil de nacimiento aparece como madre del demandante la señora Dercilia Rodríguez (cdno. 1, fl. 16).

23. La Sala constata la existencia de la incongruencia señalada por el tribunal. Sin embargo, estima que esta obedece a un error involuntario de quien suscribió el registro, y que la misma no tiene la entidad suficiente para declarar la falta de legitimación en la causa por activa. Aceptar lo contrario, daría lugar a un exceso de formalismo y al sacrificio injustificado del derecho sustancial.

24. Respecto de la señora Irsa Acosta Méndez, existen declaraciones juramentadas que prueban que es la compañera permanente del señor Orlando Beltrán Rodríguez (cdno. 6, fls. 1.214 a 1.222), lo que se refuerza con los registros civiles de nacimiento que evidencian que ella es la madre de las dos hijas del demandante.

25. Se hace claridad acerca de que las hijas del demandante que eran menores de edad al momento de la presentación de la demanda estuvieron debidamente representadas en el proceso, ya que el señor Orlando Beltrán Rodríguez y la señora Irsa Acosta Méndez manifestaron actuar en su propio nombre y representación de ellas, tal como consta en la demanda y en los poderes que la acompañan (cdno. 1, fls. 8 y 20).

26. Demostradas las relaciones de parentesco existentes entre los demandantes puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que entre todos ellos existe un lazo afectivo y, por lo tanto, que sufrieron pena, aflicción y dolor a causa las lesiones sufridas por su padre, hermano, hijo y compañero, lo cual los legitima para reclamar la reparación de perjuicios causados.

27. Por lo demás, las pruebas testimoniales aportadas al proceso, indican que los Beltrán Rodríguez son “una familia muy unida”, que todos sus integrantes se preocupan por el bienestar de los demás, y que las lesiones sufridas por el demandante causaron en ellos un gran “impacto sicológico” (cdno. 6, fls. 1214 a 1222). En cuanto al demandante, es fácil suponer que el tipo de lesión sufrida y las circunstancias en que ésta se produjo, causaron en él angustia, depresión y dolor.

28. Respecto al valor de la condena, los demandantes solicitaron que esta se fijara en la suma de 1.000 gramos oro para cada uno de ellos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Sala abandonó el criterio de remisión al oro para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y señaló que esta debe fijarse por el juzgador en cada caso según su prudente juicio(8), se procederá a determinar el quantum de las respectivas indemnizaciones en moneda legal colombiana, teniendo en cuenta para ello la intensidad del perjuicio sufrido por los demandantes.

29. Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta el tipo de lesión y las circunstancias en las que esta se produjo, la Sala fijará así el valor de la indemnización debida por concepto de daño moral: sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia para el señor Orlando Beltrán Rodríguez; treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su señora madre, su compañera permanente y cada una de sus hijas; y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos.

2. Perjuicios materiales.

30. La demanda solicita pagar al actor el daño emergente consolidado y futuro “por concepto de gastos hospitalarios, por cirugías, drogas, radiografías, asistencia psicológica, fisioterapia (sic) y en fin todos los gastos presentes y futuros que sobrevinieron y sobrevienen con las graves lesiones sufridas por el señor Orlando Beltrán Rodríguez (...)” (cdno. 1, fl. 21). Así mismo, el lucro cesante consolidado y futuro, que corresponde a lo que “ha dejado y dejará de recibir por todo el resto posible de vida que le queda en la actividad económica a que se dedicaba antes de ingresar al penal (...)” (cdno. 1, fl. 21).

31. Respecto del daño emergente, consolidado y futuro, la Sala encuentra que, existiendo prueba de que el demandante sufrió una lesión en su muslo izquierdo a consecuencia de un disparo de arma de fuego, es razonable presumir que tuvo y tendrá que incurrir en gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos, lo cual —pese a lo dicho por el juez de primera instancia— no fue objetado ni desvirtuado por el apoderado judicial del Inpec.

32. No obstante lo anterior, se observa que en el proceso no reposa prueba que permita la cuantificación del perjuicio estudiado, razón por la cual se condenará en abstracto, y se ordenará que éste sea liquidado a través de incidente, de acuerdo con el procedimiento definido en el Código de Procedimiento Civil, y de conformidad con las fórmulas establecidas para ello en la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde se allegarán las pruebas que den cuenta de los gastos causados a esa fecha y de los necesarios a futuro(9).

33. La Sala no accederá al reconocimiento del lucro cesante consolidado en razón a que, al momento en que ocurrieron los hechos, el señor Beltrán Rodríguez se encontraba privado de la libertad, sindicado de los delitos de homicidio, hurto, secuestro simple, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno, lo cual hace presumir que no se encontraba desarrollando ninguna actividad productiva de carácter permanente. Ahora bien aunque los testigos de la parte demandante indican que el señor Beltrán Rodríguez realizaba dentro de la penitenciaría trabajos de ebanistería y carpintería y que de ahí obtenía una suma cercana a los $ 800.000 (cdno. 6, fls. 1214 a 1.222), la Sala echa de menos la certificación respectiva, expedida por la junta del centro de reclusión, conforme a lo previsto en el artículo 81 del Código Penitenciario y Carcelario. Además, no existen pruebas adicionales que permitan concluir que el demandante efectivamente obtenía una suma fija y constante por el desarrollo de esta actividad, pues los propios testigos indican que los ingresos se obtenían a partir de la comercialización, por fuera de las instalaciones de la penitenciaría, de los productos elaborados.

34. En relación con el lucro cesante futuro, la Sala considera que, en principio, habría lugar a su reconocimiento en razón a que no existe prueba de que el señor Orlando Beltrán Rodríguez —quien al momento de los hechos ostentaba la calidad de sindicado— haya sido condenado a una pena privativa de la libertad y, en consecuencia, se encuentre inhabilitado para desarrollar en el futuro una actividad productiva. Aceptar lo contrario, esto es, que por el solo hecho del encarcelamiento no hay lugar al reconocimiento de este perjuicio, sería violatorio del principio constitucional de presunción de inocencia y del derecho de igualdad, pues conllevaría a dar a los sindicados exactamente el mismo tratamiento que se da a los condenados, respecto de quienes el Consejo de Estado sí ha considerado que no procede el reconocimiento del lucro cesante futuro ni consolidado(10).

35. No obstante, se advierte que, para que proceda el reconocimiento del lucro cesante futuro por lesiones causadas a personas detenidas en centros de reclusión en calidad de sindicadas, no solo es necesario que exista certeza del daño, sino que, además, sea posible establecer la gravedad de las lesiones, esto es, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, y si estas son de carácter permanente o transitorio.

36. En el caso concreto, se encuentra plenamente acreditado que el señor Orlando Beltrán Rodríguez sufrió una lesión en la zona posterior de su muslo izquierdo, que le afectó el nervio ciático, y que, según las pruebas testimoniales aportadas al proceso (cdno. 6, fls. 1214 a 1222), le genera dolor y dificultad para caminar. Sin embargo, habida cuenta que el dictamen rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue aportado al proceso por fuera del término probatorio y que, por auto del 9 de diciembre de 2005, esta corporación determinó que no están dadas las condiciones previstas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo para la práctica de pruebas en segunda instancia(11) (cdno. 7, fls. 153 y 154), la Sala no dispone de elementos ciertos para determinar si la lesión es de carácter temporal o permanente, ni en qué grado el actor se encuentra imposibilitado para ejercer una actividad productiva, pues no puede valorar el mencionado dictamen.

37. En estas condiciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(12), aplicable por remisión al procedimiento contencioso administrativo, según lo previsto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, no se accederá el reconocimiento del lucro cesante futuro.

3. Perjuicios fisiológicos (o perjuicio de alteración a las condiciones de existencia).

38. En cuanto al perjuicio fisiológico deprecado, hoy denominado por la mayoría de la Sala perjuicio de alteración a las condiciones de existencia, se decretará en favor de Orlando Beltrán Rodríguez, la suma de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia. Esto en consideración a que, si bien no es posible establecer la gravedad de la lesión padecida, sí puede inferirse razonablemente —con fundamento en la historia clínica y las pruebas testimoniales practicadas— que la afectación del nervio ciático, y el dolor que ello apareja, incide en el estado de salud del demandante y restringe o, al menos, dificulta el desarrollo de las actividades rutinarias o placenteras para cualquier ser humano, como caminar, bailar o practicar algún deporte.

39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia dictada el doce (12) de enero 2001 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

2. DECLARAR administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la lesión sufrida por el señor Orlando Beltrán Rodríguez el 21 de marzo de 1997, durante un amotinamiento en la Penitenciaría Nacional de Popayán.

3. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes al demandante, Orlando Beltrán Rodríguez; de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Irsa Acosta Méndez (compañera permanente), Dercinia Rodríguez Charry (madre) y Yesica Mariuxy y Magerlly Beltrán Acosta (hijas); y de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los hermanos del lesionado: Luis Édgar, Ramiro, Luis Álvaro, Luz Miriam, Germán y Jaime Beltrán Rodríguez

4. CONDENAR, en abstracto, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al pago de los perjuicios irrogados a título de daño emergente consolidado y futuro, a Orlando Beltrán Rodríguez, los cuales se liquidarán mediante incidente, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

5. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a pagar, por concepto de perjuicio de alteración a las condiciones de existencia, la suma de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) La pretensión mayor, correspondiente a los daños fisiológicos causados al señor Orlando Beltrán Rodríguez, fue estimada en la suma de $ 45.000.000, monto que supera la cuantía requerida en 1997, año de presentación de la demanda, para que un proceso, adelantado en acción de reparación, fuera considerado de doble instancia.

(2) Mediante oficio 6 del 11 de enero de 1996, la Fiscalía General de la Nación informó que, a partir de esa fecha, el señor Beltrán Rodríguez quedaba a órdenes de la fiscalía delegada ante los jueces regionales de Cali (tarjeta de dactilar del interno —cdno. 2, fl. 24—).

(3) La decisión de abrir indagación preliminar fue adoptada por el procurador departamental del Cauca, doctor Jorge Alfonso Medina Abella (cdno. 5, fls. 939 a 941). No obstante, mediante providencia del 14 de mayo de 1997, este funcionario resolvió declararse impedido para continuar conociendo del proceso en razón a que participó directamente de los hechos materia de investigación (cdno. 5, fls. 1051 a 1053). Aceptado el impedimento por la procuraduría tercera delegada para la vigilancia administrativa, el 15 de septiembre de 1997 se dispuso el envío del proceso al procurador judicial II (reparto) con sede en Popayán (cdno. 5, fls. 1056 a 1058), el cual a su vez resolvió devolverlo nuevamente a la Procuraduría Departamental del Cauca mediante providencia del 20 de octubre de 1997 en razón a que “el doctor Medina Abella fue nombrado como procurador departamental del Huila (...)” y en su reemplazo se nombró a la doctora Rubiela Lozada quien “no tiene ningún impedimento para conocer de la investigación referida (...)” (cdno. 5, fls. 1062 y 1063). Con todo, según constancia del 17 de septiembre de 1998, el doctor Abella fue designado de nuevo como procurador departamental del Cauca, lo cual “determina que se presenten nuevamente las causas que originaron el impedimento del que nos hemos referido antes” (cdno. 5, fls. 1.158 y 1.159).

(4) Los informes balísticos 2 y 2A, de fecha 30 de abril de 1997, elaborados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, señalan que, practicado el análisis de residuos de disparo en las armas de la policía del departamento del Cauca que estaban en servicio el 21 de abril en los hechos ocurridos en la Penitenciaría Nacional San Isidro (20 fusiles galil y una pistola), se obtuvo un resultado negativo, lo cual indica que “las armas no han sido disparadas después de su última limpieza” (cdno. 2, fls. 204 a 209).

(5) En declaración rendida ante la fiscalía segunda delegada ante los juzgados penales del circuito, con sede en Popayán, el doctor Jorge Muñoz Fernández, defensor regional del pueblo, que “la policía se mantuvo a prudente distancia y no participó utilizando sus armas de fuego para contener la acción de los internos que intentaban acceso al exterior del penal por la entrada principal (...)” y el comandante de la policía le había solicitado que “constatara si las armas que portaban los [uniformados] habían sido disparadas (...)” (cdno. 5, fls. 323 y 324).

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, rad. 18.886, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 19.849, C.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(9) Similar solución se adoptó por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 19.849, C.P. Enrique Gil Botero.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 19.849, C.P. Enrique Gil Botero.

(11) Esto teniendo en cuenta que esa prueba fue decretada en primera instancia “y se dejó de practicar debido a que la parte no concurrió a su valoración médica a la fecha y hora fijada para el efecto y posteriormente no interpuso recurso contra el auto que abrió una nueva etapa procesal (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de diciembre 9 de 2005, Exp. 20.587, C.P. María Elena Giraldo.

(12) El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, establece que “[i]ncumbe a las partes probar los supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.