Sentencia 1997-05032 de abril 11 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad. 25000-23-26-000-1997-05032-01(21134)

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Gabriela Gómez Rodríguez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D. C., once de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 26 de abril de 2001, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 16 de septiembre de 1997 y la pretensión mayor se estimó en dos mil (2.000) gramos de oro fino, por concepto de perjuicios morales, cantidad equivalente a $ 25.763.060, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000(16).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente a la fecha de presentación de la demanda, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años siguientes al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte de Augusto Carvajal Gómez, ocurrida el 20 de septiembre de 1995 y como quiera que la demanda se interpuso el 16 de septiembre de 1997(17), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El caso concreto

De acuerdo con lo expresado en acápites anteriores, para resolver el caso concreto, debe establecerse, en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda para, luego, entrar a definir si el mismo es antijurídico y si le es imputable a la parte demandada.

4. Cuestión previa: el mérito probatorio de las pruebas trasladadas.

Debe señalarse que en la demanda se solicitó el traslado en copia auténtica de la investigación previa número 240573, adelantada por el fallecimiento del señor Augusto Carvajal Gómez(18).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario reiterar lo expresado en anteriores oportunidades respecto de las reglas aplicables frente al traslado de pruebas y su mérito probatorio(19).

En tal sentido, el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo dispone que “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

En relación con el traslado de pruebas, debe aplicarse, entonces, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella” (se destaca).

De otra parte, el artículo 229 del mismo código dispone:

“Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

Conforme a lo anterior se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando hayan sido trasladados en copia auténtica y siempre que se hubieren practicado con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, han sido ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, se tiene claro que podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, una vez allegado el documento, deberá expedirse un Auto que ordene tenerlo como prueba y la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Para el específico caso de la prueba documental la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal “Se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”.

De igual manera ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(20).

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, con relación a las pruebas de inspección judicial y de pericia, se ha señalado que no pueden trasladarse válidamente a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen y ello obedece a que, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, con garantía de oportunidad a las partes para estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivo.

De acuerdo con el anterior marco legal y jurisprudencial, es claro que las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, este se efectúe dando cumplimiento a los requisitos antes referidos. Si estos no se cumplen, no podrán ser tenidas tales probanzas en cuenta por el juzgador.

Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, en el presente caso se ha producido el traslado de una investigación previa adelantada por la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos que dan origen a la acción contencioso administrativa que ahora se decide, investigación esta allegada en copia auténtica a petición de la parte demandante como prueba, por lo que, es viable su valoración en vista de que si bien las declaraciones testimoniales en él contenidas no fueron ratificadas en esta actuación, resultaría contrario a la lealtad procesal que la parte demandante hubiese solicitado que la prueba hiciera parte del acervo probatorio, pero que —ahora— se permitiera que invoque la ausencia de formalidades legales para obtener su inadmisión por considerar que contiene conclusiones desfavorables respecto de sus intereses.

Adicionalmente, debe destacarse que la parte demandante ha edificado sus alegaciones en contra del fallo de primera instancia y, con ellas su hipótesis de homicidio, en procura de que se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las pruebas obrantes en la citada investigación, en particular el resultado de la prueba de absorción atómica realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Así las cosas, la Sala procederá a establecer lo probado en el proceso de conformidad con la valoración de la prueba trasladada, en consonancia con las anteriores consideraciones.

5. Los hechos probados en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado lo siguiente:

El fallecimiento del señor Augusto Carvajal Gómez, ocurrido el 20 de septiembre de 1995, se encuentra demostrado con la copia auténtica del registro civil de defunción, según el cual la causa del deceso obedeció a una “laceración cerebral”(21).

Según lo consignado en el extracto de su hoja de vida, el señor Augusto Gómez Carvajal al momento de su muerte ostentaba el grado de patrullero, vinculado a la Policía Nacional desde el 3 de mayo de 1993 hasta la fecha de su muerte, 20 de septiembre de 1995 anotando como causal de retiro la “muerte en servicio activo”(22).

Con ocasión de la muerte del patrullero Carvajal Gómez Augusto, la entidad adelantó el expediente prestacional 15328122(23), actuación mediante la cual se dispuso el reconocimiento de una indemnización por muerte y cesantía a la señora Gabriela Gómez, en la suma de $ 7.761.389,52, tal como consta en la copia auténtica de la Resolución 2509 de 3 de mayo de 1996(24).

Frente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la ocurrencia de los hechos, se tiene la copia auténtica de la minuta de guardia de la Estación Tierra Linda, en la que se consignó(25):

“7:15. Anotación. A la hora por orden del señor ST Gómez Fula el AG Hincapié Jaramillo asume el puesto de Comandante de Guardia, porque el señor CS Carvajal Gómez Augusto se pegó un tiro en la cabeza, fue llevado a la Nissan para ser llevado al Hocen por el AG Valero, en la Nissan 029.

(...).

12:20. Anotación. A esta hora le hago entrega del revólver marca Ruger número 158-91730 con 5 cartuchos una vainilla y una ojiva al señor oficial ST Gómez Fula Juan Carlos, jefe de turno de la primera sección de vigilancia de la Estación Tierra Linda revólver este que portaba de servicio el CS Augusto Carvajal Gómez quien intentó suicidarse. En caso de fallecimiento del herido queda enterado para que lo deje a disposición de la autoridad que practique la inspección del cadáver. El fotógrafo de criminalística de la Sijín Segura Vanegas tomó fotografías del lugar de los hechos como al revólver y escenas del hecho”(26).

Dentro del expediente prestacional 15328122 obra el informe sobre los hechos suscrito por el ST Juan Carlos Gómez Fula, en los siguientes términos(27):

“Respetuosamente me permito dirigirme a ese comando, con el fin de dar a conocer la novedad ocurrida el día de hoy siendo las 07:15 horas, momentos en que me encontraba terminando la minuta de vigilancia perteneciente al segundo turno, cuando escuché al parecer un tiro en la guardia y me trasladé a dicho lugar para verificar de dónde provenía el mismo, encontrando al suboficial CS Carvajal Gomez Augusto identificado con la cédula de ciudadanía 15.328.122 de Yarumal, Antioquia, en el piso, por lo que constaté el estado en que se encontraba el policial, observando que aún se encontraba con vida, con una herida de bala a la altura de la sien, con orificio de salida al otro lado del cráneo ensangrentado con la cabeza hacia abajo (sic). Seguidamente verifiqué cuál móvil se encontraba en la estación y en ese preciso momento hizo presencia la Nissan 029 la cual se encontraba realizando el respectivo relevo tal como está ordenado; trasladando el policial en mención al Hocen e impartí la orden al AG Zapata que escoltara el vehículo del herido, de igual manera al AG Bernal Roa para que sirviera de comandante en la patrulla y al AG Hincapié Jaramillo que recibiera como comandante de guardia provisionalmente mientras se atendía y se daba prioridad a la novedad.

Cabe anotar que ordené el aislar la escena de los hechos para posteriores investigaciones, quedando en este el revólver 38 largo, marca Ruger número 158-91730 en el piso y la ojiva que se encontraba encima del escritorio del comandante de guardia”.

Mediante el Oficio 431/COMAN de 4 de octubre de 1999, suscrito por el coordinador de seguridad Tierra Linda, se estableció que el arma y la munición con que se lesionó el cabo segundo Augusto Carvajal Gómez, eran de propiedad de la Policía Nacional(28).

Por los hechos relacionados con la muerte del cabo segundo Augusto Carvajal Gómez no se llevó a cabo investigación penal militar ni disciplinaria, según fue certificado por la inspección general de la Policía Nacional(29) y la Procuraduría General de la Nación delegada para la Policía Nacional(30), no obstante, la Fiscalía General de la Nación adelantó la investigación previa 240573(31), indagación que culminó con la resolución de 22 de julio de 1996, en la que se tomó la decisión de inhibirse de abrir investigación por atipicidad de la conducta(32). Como fundamento de la decisión, el ente investigador expuso en la mencionada resolución:

“El análisis instrumental para residuos de disparo, emanado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó un resultado negativo tanto en la mano derecha como en la izquierda, pero advierte al investigador que a pesar de ello se encontró en las muestras estudiadas un contenido metálico consistente en residuos de disparo en niveles inferiores a los típicos, lo cual es posible si se dispara un arma bien ajustada mecánicamente o un tipo de arma que deje escasos residuos.

Así las cosas y conforme al material probatorio allegado al expediente se observa que los móviles que determinaron el deceso del CS Augusto Carvajal Gómez, obedecieron al suicidio, ya que los testimonios analizados no hacen alusión a la presencia de otras personas en el lugar de los acontecimientos, sino hasta que llegaron y lo encontraron herido con su arma de dotación disparada y cerca a su cuerpo.

De manera tal que esta delegada observa la viabilidad jurídica de inhibirse de abrir investigación por el presunto delito de homicidio por atipicidad de la conducta tal como se analizó” (se destaca negrilla).

Obra en la mencionada investigación previa 240573 el informe balístico, que dice(33):

“Respuesta a estudio solicitado y observaciones:

Orificio de entrada en frontal derecho con halo equimótico y bordes eritematosos, calco de la boca de fuego sin residuos macroscópicamente visibles, tampoco de tatuaje y ahumamiento, sin embargo en el interior de la herida presenta residuos y ahumamiento, lo cual es compatible con disparo hecho a ‘contacto’.

Orificio de salida en preauricular izquierda, no hay proyectil alojado por tanto no se determina tipo de arma de fuego ni calibre” (se destaca).

Igualmente, la prueba de absorción atómica practicada al cadáver del señor Augusto Carvajal Gómez arrojó las siguientes conclusiones(34):

“Análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica (plasma) o absorción atómica:

La determinación para los residuos compatibles con los de disparo, representada por los elementos plomo y antimonio, Pb, Sb, en las muestras tomadas en las manos dio el siguiente resultado:

Mano derecha: negativo (-)

Mano izquierda: negativo (-)

Observaciones: Debe advertirse al investigador que a pesar del resultado negativo de estos análisis, se encontró que las muestras estudiadas presentan contenido metálico consistente con residuos de disparo en niveles inferiores a los típicos. Este hecho puede presentarse en el posible evento de haber disparado un arma de buen ajuste mecánico o un tipo de arma que deja escasos residuos (ejemplo, pistola). Ver ‘Falsos Negativos’ al respaldo. El investigador debe ponderar este hallazgo con los hechos que hayan podido establecerse en la investigación.

(...).

Los falsos negativos: son atribuibles

A remoción de los residuos después del disparo por lavado de las manos o rozamiento continuo de estas con las ropas (bolsillos) u otras superficies.

— Al uso de armas con buen ajuste que al ser disparadas, no dejan suficientes residuos sobre las manos de quienes las accionan.

—Al uso de guantes u otros elementos para protegerse las manos, impidiendo que los residuos se depositen en ellas.

—Y, dependiendo del recinto o sitio donde sucedan los hechos, a la posibilidad de que los residuos del disparo constituidos por gases y finas partículas, se puedan desviar por corriente de aire sin depositarse en las manos del disparador”(se destaca).

Ante la Fiscalía General de la Nación rindió testimonio el señor Giovanny Zapata García(35), policial que se encontraba en las instalaciones de la Estación de Tierra Linda al momento de los hechos, los que narró como sigue:

“Lo que yo sé, él mismo se disparó el revólver de dotación en la cabeza. Preguntado: ¿Estaba usted presente en el momento en que Augusto Carvajal Gómez se disparó en la cabeza? ¿Cuándo sucedió este hecho y quiénes presenciaron la muerte de dicho señor? Contestó: no, con él no, no recuerdo la fecha, dos minutos antes llegué en la moto de un compañero al puesto de Facón que le había ordenado el teniente y cumpliéndole la orden al mismo teniente, regresé y le di la orden cumplida, yo pasé por el lado del cabo Carvajal y lo saludé, no me contestó, seguí hasta el comedor donde estaba mi teniente y le dije que ya había cumplido la orden, él me dijo gracias y él estaba allí llenando un libro o mirando un libro y le pedí permiso al teniente para desayunar y él me dijo, claro desayune, pedí unos huevos cuando en ese momento escuchamos una detonación en la guardia, entonces nos paramos ambos y nos vinimos despacio hacia la guardia, con cuidado porque de pronto habían atacado a la estación, cuando íbamos llegando a la guardia el agente Bernal que es el centinela pegó un grito diciendo se mató el cabo, ahí si aligeramos el paso para ver qué había pasado cuando vimos era que el cabo estaba ahí echando sangre, él se encontraba sentado en la silla de la guardia, ladeado hacia el lado derecho y cayó en ese momento al piso, ahí fue donde vimos que tenía una lesión en la cabeza a la altura de la cabeza, estaba ensangrentado todo y a lo que él cayó comenzó a toser.

(...).

Preguntado: Dígale a la fiscalía como se enteró usted que fue con el arma de dotación que el cabo Carvajal Gómez se disparó. Contestó: primero porque el arma cuando llegamos a la guardia se encontraba en el piso cerca al asiento donde él estaba y segundo, cuando llegó gente de la ‘Sijín’ a embalar el revólver vio que había una vainilla y cinco cartuchos y el revólver estaba disparado”.

Igualmente se recibió la declaración del señor Juan Carlos Bernal Roa(36), quien manifestó:

“Preguntado: ¿Sabe usted de qué manera perdió la vida el señor Augusto Carvajal Gómez? Contestó: Una mañana al yo llegar al recibir turno el (sic) Augusto Carvajal entraba a recibir turno de comandante de guardia, estaba en el cubículo de la guardia, yo llegué saludé y pasé a cambiarme uniformarme, me cambié volvie (sic) al cubículo de la guardia, ahí en frente a la guardia queda la oficina donde está el armedillo (sic) tienen todo el armamento para entregar al personal, reclamé armamento me dirigí donde estaba el Cabo Carvajal él se encontraba sentado dentro del cubículo de la guardia, yo me recosté sobre el borde del cubículo un borde de madera que tiene esa baina (sic) y le dije ¿dónde me toca hoy mi cabo dónde me toca hoy?, él me dijo atrás o sea prestando seguridad en la parte trasera de la estación yo le dije nos vemos salí por la puerta de la calle hacia la calle, había dado unos (sic) había salido después de las hastas (sic) de la bandera casi hasta la esquina paradar (sic) la vuelta al otro lado en mitad del camino me encontré con el agente Incapie (sic)quien estaba dialogando con otros dos compañeros de los cuales no recuerdo el nombre porque no conocía muy bien el personal porque hacía muy poco había llegado, cuando saludé a los compañeros en ese preciso momento se escuchó la detonación inmediatamente nos fuimos hacia el interior de la estación y los otros compañeros venían detrás mío y yo entré y volteé a mirar hacia el cubículo y el suboficial estaba de lado en el suelo creo que cayó sobre la parte derecha y al lado del cuerpo había un revólver quedó cerca de él, estaba a poco espacio de la cabeza, pues yo entré lo vi ahí tirado y yo grité inmediatamente les dije ahí el cabo se disparó porque en el preciso momento que yo entré venían los otros compañeros, estaba el del armerillo, y un personal que estaba desayunando.

(...).

Preguntado: Sírvase manifestar si usted se entero (sic) con qué arma fue que se disparó el señor Carvajal. Contestó: Pues el arma que vi en el lugar del hecho fue un revólver ruger calibre treinta y ocho que era de dotación de ahí.

(...).

Tengo que agregar que en días atrás con respecto al hecho me encontraba yo como siempre de servicio en la parte trasera de la estación que es una parte bastante solitaria en las horas de la tarde llegó el cabo a pasar revista del servicio, lo saludé practicamos (sic) tal vez unos cinco minutos en donde me hizo algunas preguntas tales como si estaba amañado yo, de donde venía, que si cuando había llegado yo ahí me habían mandado de una vez para la guardia, de dónde era yo, y a cada respuesta que yo le daba él me decía en la misma forma comentándome sobre él me dijo que él estaba muy aburrido que no estaba amañado que donde estaba anteriormente laborando era mejor que cuando el (sic) había llegado destinado a una cosa y que a él lo habían puesto a hacer otra, que se encontraba aburrido, nunca me dijo si tenía problemas más o no, fue la única vez que practiqué (sic) con él...”.

Considera la Sala que estas versiones son consistentes entre sí, describen en esencia los mismos acontecimientos de manera armónica, no incurren en contradicción, ni sus dichos hallan disconformidad con lo que reflejan otros elementos de prueba que obran en el proceso.

6. La imputabilidad del daño a la demandada.

Según se expuso en la demanda, el daño antijurídico por el que se pretende reparación, consiste en la muerte de Augusto Carvajal Gómez, ocurrida el 20 de septiembre de 1995, según se alega en la demanda, a consecuencia de un homicidio perpetrado con arma de dotación oficial por un miembro de la Policía Nacional.

De lo probado en el expediente y analizado en precedencia, es claro que la muerte del señor Carvajal Gómez está debidamente acreditada, por lo que debe analizarse ahora si la misma resulta imputable a la entidad demandada.

La imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública del daño antijurídico padecido y que por lo tanto, en principio, estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de responsabilidad; esto del régimen subjetivo (falla en el servicio) o del régimen objetivo (riesgo excepcional y daño especial).

En el presente caso considera la Sala que, en atención a lo probado en el proceso, si bien está acreditado el daño ocasionado, este no resulta imputable a la administración bajo ningún régimen, pues, hay lugar a concluir que la muerte del suboficial Carvajal Gómez fue causada por la propia víctima con el arma de dotación oficial que portaba, circunstancia que rompe el nexo de causalidad entre el daño y el hecho ocasionado con un elemento peligroso de propiedad de la entidad demandada.

Para la Sala, esta conclusión, a la que también llegó la Fiscalía General de la Nación y que sustentó la decisión del a quo en el presente caso, es coincidente con lo que el acervo probatorio indica a esta segunda instancia, de manera que si bien ha sido objeto de crítica por la parte recurrente, lo cierto es que no existe prueba en el plenario que avale su postura en torno a la ocurrencia de un homicidio en este caso y, mucho menos, en las hipotéticas circunstancias que se alegan por parte de la demandante.

En efecto, frente a las conjeturas presentadas por la parte actora, debe decirse que no existe acreditación de que el fallecido tuviera algún problema de tipo personal con alguno de sus compañeros que se encontraban el día de los hechos en la Estación de Tierra Linda, no se demostró que en el momento del disparo se encontrara acompañado en el cubículo de la guardia y mucho menos, que el disparo fatal se hubiera realizado desde el armerillo o por el policial que allí se encontraba, pues las versiones de los testigos de los hechos son coincidentes en señalar que el occiso se hallaba solo, que segundos después de haber escuchado la detonación llegaron al sitio para encontrar al señor Carvajal Gómez herido en la cabeza y con el arma a su lado.

Adicionalmente, la inexistencia de tatuaje y ahumamiento en la superficie de la herida, lleva a concluir sobre la imposibilidad de que la víctima fuera atacada por otra persona, pues tratándose de una persona con formación y experiencia policial, resulta lógico pensar en que hubiera realizado alguna maniobra de defensa y el disparo no se localizaría sobre el hueso frontal derecho y realizado con la boca de fuego del arma aplicada sobre el cuerpo de la víctima —a contacto—.

Es del caso reiterar en esta oportunidad, las consideraciones expuestas por la Sección en sentencia de 8 de julio de 2009(37), al resolver un caso en el que igualmente se alegaba la imposibilidad de que un militar se hubiera suicidado y se argumentaba la hipótesis de un homicidio como causa del deceso. Razonó así la Sala en esa oportunidad:

“Al respecto es importante señalar que la presencia del tatuaje normalmente permite descartar la versión del suicidio, dado que el mismo no se presenta en los disparos hechos o denominados ‘a boca de jarro’, esto es con la boca del arma aplicada contra el cuerpo de la víctima —posición bastante difícil si se tiene en cuenta que el arma utilizada era un fusil, así como la ubicación de la entrada del proyectil—, porque en esos casos, debido a la proximidad con la que se efectúa el disparo, la quemadura y el llamado ‘golpe de mina’ se observan al interior de la herida y no fuera de ella(38). En efecto, el tatuaje está constituido por las partículas de pólvora que no entraron en combustión y se alojan en la epidermis y en la dermis, al salir junto con el proyectil y los gases, de manera que no se presenta cuando el disparo se realiza en la forma antes mencionada, evento en el cual tales partículas quedan dentro de la herida.

Sobre el tatuaje, el doctor Eduardo Vargas Alvarado expresa lo siguiente:

Se produce cuando el disparo ha sido hecho desde una distancia mínima entre la piel y la boca de fuego del arma de 1 a 2 centímetros, y una distancia máxima que varía con las diferentes armas, pero que como término medio puede fijarse alrededor de 50 centímetros (...) Por lo general, su existencia descarta el suicidio y hace pensar en el homicidio...”(39).

A su vez, el doctor César Augusto Giraldo ha señalado:

“Dependiendo de la distancia, es de gran importancia observar si existen granos de pólvora sin combustionar, lo que constituye el tatuaje, que se deposita en la periferia del orificio de entrada: se ha dicho que el tatuaje se observa en disparos a menos de 50 cms., en armas de cañón corto, y a una distancia un poco mayor en armas de cañón largo; parece que una buena medida es considerar como límite máximo para la observación del tatuaje el doble de la longitud del cañón del arma.

(...).

Cuando ha existido un disparo a una distancia menor de 5 cms., o con el cañón apoyado sobre la piel, existen signos adicionales, caracterizados por quemaduras que se ven como chamuscamiento de la piel y de los vellos vecinos al orificio (disparos a boca de jarro). Ocasionalmente en la piel queda la impronta del cañón cuando hace contacto.

En disparos sobre el cráneo, a corta distancia, es fundamental observar cuidadosamente el orificio de entrada recurriendo a una lupa para poder observar los estigmas de pólvora, de chamuscamiento o de quemadura; si el cañón se apoya directamente sobre la piel la explosión de gases hace que el orificio de entrada sea desgarrado e irregular (boca de mina), y los granos de pólvora pueden depositarse en el corion y en la dermis. En el cráneo, la entrada del orificio tiene también características generales como el biselamiento interno, y además fracturas lineales que se irradian desde el orificio de entrada, cuando la distancia es corta, por los efectos de la explosión de los gases. Si entre la piel y el cañón se interpone ropa o algún otro objeto, el tatuaje queda entonces en esos objetos”(40) (se destaca).

En este caso, la longitud y dimensión de un revólver, así como la posición que el fallecido debió asumir para accionar en su contra y con sus propias manos el arma con el fin de causarse la muerte, por la entrada de un proyectil en el hueso frontal derecho, no resulta tan desacertada como estima la parte demandante y dada la ausencia del tatuaje en el orificio de entrada en la forma descrita en el informe balístico, resulta plausible concluir que el disparo se produjo “a contacto duro”, sin distancia entre el arma y el cuerpo de la víctima, lo cual se ve reafirmado con el hallazgo descrito en el mismo informe, según el cual el interior de la herida presentaba residuos y ahumamiento.

Por lo demás, no existen en el expediente pruebas que permitan afirmar que la muerte del señor Carvajal Gómez hubiera obedecido al actuar de alguien distinto a él, como se dijo, la descripción de los orificios de entrada y salida del proyectil en el cuerpo demuestran que el disparo se produjo a corta distancia —orificio de entrada en frontal derecho y salida en el preauricular izquierda—, la trayectoria que realizó el proyectil en el cuerpo de la víctima demuestra la posición en la cual debió colocarse el arma para ejecutar el disparo, además, el revólver de dotación oficial con el cual se produjo la muerte fue hallado en el piso cerca al asiento en donde estaba el fallecido.

La hipótesis de que el patrullero Carvajal Gómez hubiera sido víctima de un homicidio, no aparece siquiera como una probabilidad aceptable, ya que no existe ningún medio de prueba en el proceso que la respalde, y el hecho de que el resultado de la prueba de absorción atómica fuera negativo en la dos manos de la víctima, carece por sí mismo de la fuerza demostrativa que pretende asignarle la parte demandante, en cuanto se afirma que esta circunstancia solo resulta explicable bajo la óptica de un homicidio, pues olvida resaltar el apelante la observación hecha a continuación, en el sentido de que las muestras estudiadas presentaban “Contenido metálico consistente con residuos de disparo en niveles inferiores a los típicos”, es decir, el estudio científico no descartó de manera absoluta que el señor Carvajal Gómez accionara el arma de fuego contra su humanidad, pues no puede obviarse que la víctima ingresó al hospital el 19 de septiembre de 1995 hacia las 7:35 am(41) y falleció al día siguiente a las 14:10(42), por lo que resulta razonable considerar que en este lapso pudieron haber sido limpiados residuos de sangre en sus brazos y manos, como también la ocurrencia de roce con las sábanas de la camilla y la manipulación del personal médico al paciente, circunstancias que bien pudieron contribuir con la disminución de los residuos de disparo presentes en sus manos al momento de tomar las muestras para el estudio que la parte demandante denuncia como prueba reina del homicidio.

En estas condiciones, y contrario a lo expuesto en la censura y las alegaciones en esta instancia, las pruebas recaudadas permiten establecer la plena compatibilidad de las condiciones en que se produjo la muerte del policial con un suicidio.

En cuanto a las afirmaciones de la parte actora, relacionadas con lo expresado en el Oficio 431/COMAN de 4 de octubre de 1999, suscrito por el coordinador de seguridad de Tierra Linda, con lo cual considera demostrado que el homicida era un miembro de la Policía Nacional del que se desconocía su nombre, es pertinente hacer referencia a lo señalado en el citado oficio en los siguientes términos(43):

“Se desconoce el lugar de facción, turno que le correspondió, munición que recibió cuando lo inició y la que entregó cuando lo terminó, el agente que causó la muerte al cabo segundo Augusto Carvajal Gómez, el 19 de septiembre de 1995, toda vez que no tenemos nombres del citado policial”.

Para la Sala no puede considerarse que esta antitécnica respuesta afirme la ocurrencia de un homicidio, toda vez que fue expresada con las mismas palabras utilizadas por la parte actora en la solicitud de pruebas de la demanda, la que fue decretada en los mismos términos por el tribunal a quo, como se desprende de lo consignado el Auto de pruebas(44).

En conclusión, por haberse producido el daño como resultado de la actuación de la propia víctima, no se genera responsabilidad para el Estado, pues se trata de un acto voluntario de una persona mayor de edad(45), de quien no aparece acreditado que se encontrara en unas circunstancias especiales que obligaran a la entidad a brindarle protección contra sí misma para no causarse un daño con el arma de dotación oficial que portaba(46), habida consideración de que no se acreditó la existencia de un estado de perturbación mental y su decisión tampoco se produjo, según las pruebas que obran en el expediente, forzado por presiones ejercidas por terceras personas en condiciones que resultaran imputables a la administración y mucho menos por otro miembro activo de la Institución armada a título de homicidio, lo que impone confirmar la sentencia impugnada.

7. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 26 de abril de 2001, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Subsección “A”, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(16) Decreto 597 de 1988.

(17) Folio 42 del cuaderno principal 1.

(18) La prueba fue allegada por la Fiscalía General de la Nación mediante Oficio 516 de 30 de noviembre de 1999, tal como consta a folio 299 del cuaderno de pruebas.

(19) Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 4 de febrero de 2010, expediente 18109, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 32651, C.P. Dr. Enrique Gil Botero; sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18.078, C.P. (E): Dra. Gladys Agudelo Ordóñez; sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 21.894, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 16 de septiembre de 2011, expediente 19.642, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 29 de septiembre de 2011, expediente 23.182, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(20) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

(21) Folios 1, 65 y 66 del cuaderno de pruebas.

(22) Folio 101 del cuaderno de pruebas.

(23) Folios 115 a 139 del cuaderno de pruebas, remitido en copia auténtica mediante el Oficio 9236 DIPSO-UNIN-10934 de 9 de septiembre de 1999 obrante a folio 114 del cuaderno de pruebas.

(24) Folio 8 del cuaderno de pruebas.

(25) Allegada a través del Oficio 384 COMAN de 9 de septiembre de 1999, mediante el cual se allegan los documentos que reposan en la coordinación de seguridad Tierra Linda, relacionados con los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 1995, obrante a folio 92 del cuaderno de pruebas. Esta minuta fue allegada de manera completa mediante el Oficio 431/COMAN de 4 de octubre de 1999, suscrito por el coordinador de seguridad Tierra Linda (fl. 140, cdno. de pruebas).

(26) Folio 94, 148 vto y 149 del cuaderno de pruebas.

(27) Folio 122 del cuaderno de pruebas.

(28) Folio 140 del cuaderno de pruebas.

(29) Oficio 1766 INSGE/SEPRI de 15 de octubre de 1999 obrante a folio 152 del cuaderno de pruebas.

(30) Oficio 2021 de 3 de septiembre de 1999 obrante a folio 98 del cuaderno de pruebas.

(31) Copia auténtica remitida con Oficio 516 de 30 de noviembre de 1999 folio 299 del cuaderno de pruebas.

(32) Folio 340 y 341 del cuaderno de pruebas.

(33) Folio 323 del cuaderno de pruebas.

(34) Folio 327 y vto del cuaderno de pruebas.

(35) Folio 333 del cuaderno de pruebas.

(36) Folios 335 y 336 del cuaderno de pruebas.

(37) Expediente: 17.527, Consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(38) Locles, Roberto Jorge. Balística y Pericia. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1992, pág. 34, 35, 43 a 47.

(39) Medicina legal, segunda edición, Lehmann Editores, San José de Costa Rica, 1980, pág. 164.

(40) Medicina forense, Señal Editora. César Augusto Giraldo, 2001.

(41) Folio 306 del cuaderno de pruebas —Acta de inspección a cadáver—.

(42) Folio 308 del cuaderno de pruebas nota de epicrisis del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.

(43) Folio 140 del cuaderno de pruebas.

(44) Folios 30 y 63 del cuaderno principal 1. En la demanda se solicitó puntualmente el decreto, entre otras, de la siguiente prueba:

“3.2.8. Certificación sobre los siguientes puntos, con base en los informes, partes, informativos, proceso penal y disciplinario, etc.

3.2.8.1.- Si el agente de la Policía Nacional que causó la muerte a Augusto Carvajal Gómez se encontraba prestando servicio el día 19 de septiembre de 1995, el lugar de facción, turno que le correspondió, munición que recibió cuando lo inició y la que entregó cuando lo terminó” (se destaca).

(45) El señor Augusto Carvajal Gómez tenía cumplidos a la fecha de su muerte, 20 años de edad, ya que nació el 22 de diciembre de 1974, tal como consta en la copia auténtica de su registro civil de nacimiento obrante en los folios 2, 99 y 100 del cuaderno de pruebas. En sentencia de 30 de noviembre de 2000. Expediente: 13,229, dijo la Sala "En principio, el tema del suicidio pone de relieve concepciones meramente éticas que comprometen el fuero interno de las personas, pero que deben permanecer al margen del derecho, dado que este solo puede regular la conducta de las personas en cuanto interfieran con los demás y no los deberes que este tiene para consigo mismo. Por esto, la tentativa de suicido no puede ser objeto de represión penal en un Estado que conciba a la persona ‘como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo (...) limitarse a imponerte deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir’. Esta concepción de la persona como autónoma en tanto que digna, implica inevitable e inescindiblemente dejar que sea ‘la propia persona (y no nadie por ella) quien deba darle sentido a su existencia, y en armonía con él un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena. Desde esta concepción, el Estado no está habilitado para exigir a la persona una forma determinada de conducta para consigo mismo y por lo tanto, no puede obligarlo a que cuide de su salud, que se someta a un tratamiento médico ni por supuesto que prolongue su existencia si esta considera que debe ponerle fin a la misma, pues solo un Estado totalitario puede asumirse como dueño y señor de la vida de las personas. En otros términos, aunque las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida de las personas (C.P. art. 2º y 46), ese deber se limita cuando el autor del daño es la persona misma, pues “si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme”.

(46) En el mismo sentido se pronunció la Sección en la Sentencia de 20 de octubre de 2005, expediente 15.394, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, criterio reiterado por la Subsección “A” en la sentencia de 29 de septiembre de 2011, expediente 23.182, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.