Sentencia 1997-05128 de febrero 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad. 76001232500019970512801

Consejero ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Expediente: 20.751

Actor: Sigifredo Salazar Ramírez y otros

Demandado: Empresas Municipales de Cali - Emcali

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 19 de enero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión con Sede en Cali, en el caso sub examine.

1. En primer lugar es pertinente esclarecer la competencia de esta jurisdicción para conocer del sub judice, como quiera que ese fue el argumento que empleó el a quo para declararse inhibido:

De conformidad con el artículo 4º del Acuerdo Municipal 14 del 16 de diciembre de 1996, se transformó la naturaleza jurídica de las Empresas Municipales de Cali-Emcali de establecimiento público a empresa industrial y comercial del municipio, es decir, se trata de una entidad pública, por consiguiente, en atención a la preceptuado en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo —modificado por la Ley 1107 de 2006—, en la actualidad, el criterio para definir si una controversia pertenece al ámbito de decisión de esta jurisdicción especial, es el orgánico, motivo por el cual lo primero que deberá advertir el operador judicial es si la demanda se dirige en contra de una entidad pública (v. gr. aquellas de las establecidas en la L. 489/98, art. 38) o una sociedad de economía mixta con capital público superior al 50%; de lo contrario, si la entidad, sociedad, persona o sujeto que integra el litigio (por activa o por pasiva), no se enmarca dentro de los anteriores supuestos, deberá constatarse si el mismo cumple o no con funciones propias a cargo de los órganos del Estado y, precisamente, si el litigio se deriva del ejercicio de tales funciones(2).

En el caso concreto, es claro que al ser demandada las Empresas Municipales de Cali-Emcali, como entidad pública, la jurisdicción para conocer de este asunto está asignada a la contencioso administrativa, en atención a que la Ley 1107 de 2006, tenía aplicación inmediata, pues, según el art. 3º ella, “... tiene vigencia a partir de su promulgación”(3), razón suficiente para reiterar la jurisdicción y competencia de esta corporación en la definición de la controversia suscitada.

En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión proferida por el a quo, y resolverá el fondo del asunto, por tratarse de un fallo inhibitorio, en concordancia con el inciso 3º del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que indica:

“ART. 357.—Competencia del superior. “(...)

Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, este deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.

Es pertinente aclarar que la competencia de la Sala para resolver el sub examine, no se encuentra limitada por los argumentos contenidos en el recurso de apelación, toda vez que al tratarse de un fallo inhibitorio, cuyos fundamentos fueron desvirtuados, es necesario dictar sentencia de remplazo, que decida de fondo el asunto sometido a su consideración. En ese sentido la Sala ha considerado:

“Al respecto conviene recordar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

(...).

No sobra puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i) En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante solo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii) En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “... aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final)(4).

(...).

De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación”(5) (negrillas adicionales).

Así la cosas, queda claro que el ad quem al decidir el recurso de apelación debe limitarse a lo expuesto en la sustentación del mismo, salvo que se trate de sentencia inhibitoria, caso en el cual resulta lógico que se estudien los fundamentos de esa decisión y en el evento de que no sea viable su confirmación, se deberán decidir todos los extremos de la litis, como se procederá en el presente caso.

2. Con fundamento en las pruebas practicadas, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

2.1. Conforme a la constancia expedida por el Comandante de la Primera Estación Terrón Colorado, Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el señor Sigifredo Salazar Ramírez el 27 de abril de 1997, sufrió lesiones por una descarga eléctrica:

“El suscrito comandante de la primera estación terrón Colorado hace constar que para el día 27.04.97 ha (sic) eso de las 12.00 sufrió lesiones por una descarga eléctrica de alta tensión, el señor Sigifredo Salazar Ramírez, con 30 años de edad, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 70’724.423 de Sonsón (Antioquia), unión libre, de profesión electricista, residente en la avenida 6 oeste Nº 31-30 sector las fresas; el antes mencionado presenta quemadura de 3 grado en el brazo izquierdo, quemaduras múltiples en todo el cuerpo y quemaduras internas, siendo atendido en el puesto de salud Terrón Colorado y remitido al Hospital Universitario de Cali, caso conocido por el señor subintendente Juan Carlos Patiño Betancuorth (sic) y AG: Montoya José Javier caso policivo que se encuentra radicado en el folio 77 del libro de población de esta unidad” (fl. 33, cdno. 1).

2.2. Como consecuencia de la descarga eléctrica, al señor Sigifredo Salazar se le amputó el miembro superior izquierdo a la altura del codo, según da cuenta la historia clínica (fls. 30 a 38, cdno. 3), lo que le produjo deficiencia de 50%, discapacidad de 4% y minusvalía de 12.5%, para un porcentaje de invalidez total del 66.5, según lo determinó el médico laboral, de la división de empleo seccional del Valle del Cauca, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fl. 34, cdno. 1).

De lo anterior, la Sala tiene por acreditado el daño antijurídico padecido por el señor Sigifredo Salazar Ramírez, esto es, la amputación de su miembro superior izquierdo a la altura del codo, como consecuencia de una descarga eléctrica, lo que le ocasionó una incapacidad del 66.5%.

2.3. Sobre la forma cómo ocurrieron los hechos, dan cuenta los siguientes testimonios:

— Declaración del señor Harvey Hernán Riascos Claros, vecino del lugar donde ocurrió el accidente y testigo presencial del mismo:

“Preguntado. Diga al despacho si se enteró usted acerca del accidente sufrido por el señor Sigifredo Salazar R. el día 27 de abril de 1997 en las horas de la mañana cuando caminaba por la carretera que de Cali conduce al municipio de Buenaventura a la altura del Km. 7. En caso afirmativo dirá todo lo que sepa y conste sobre el particular. Contestó: Si, yo estaba al frente de donde pasó el accidente, yo vi la candelada yo vi el señor salió en mal estado, como yo estaba en parte alta me tiré por un barranco lo cogí lo subí a un jeep, lo baje a donde la familia de él, pero estaba muy grave, cuando lo vi estaba solo, la familia dice que estaba otro señor, yo lo acudí a él y estaba muy grave. El señor lo tiró una cuerda de energía de alta tensión lo tiró, esa baja a la trituradora Saratoga, ahí fue cuando vi la candelada, el señor estaba muy grave, estaba con la carne brotada toda testada (sic), los dedos de los pies los tenía chamuscado (sic), eso fue espantoso, lo llevé a la familia de él, lo deje y me fui para mi casa. Cuando lo volví a ver con la mano amputada. (...) Preguntado: Manifieste el testigo si se enteró en qué estado de funcionamiento se hallaban las cuerdas de fluido eléctrico en el lugar de los hechos. Contestó: Una estaba a raz (sic) del piso y otra que va por la parte de arriba” (negrilla adicionales - fl. 21, cdno. 3).

— La señora Nelcy Silvia Valdivia, quien también se encontraba presente en el momento del accidente, indicó:

“Preguntado: Diga al despacho si se enteró usted acerca del accidente sufrido por el señor Sigifredo Salazar el día 27 de abril de 1997 cuando caminaba por la carretera que de Cali conduce al municipio de Buenaventura a la altura del Km. 7. En caso afirmativo dirá todo lo que sepa y conste sobre el particular. Contestó: Que el pasaba por ahí, yo lo vi, yo estaba sentada afuera de mi casa, lo vi cuando pasó y luego lo vi tirado, entonces mi esposo y yo lo sacamos afuera de la carretera, mi esposo ya murió, eso fue con ayuda de un vecino que se llama Harvey, lo montaron en un jeep y lo llevaron al hospital. El estaba muy quemado la mano izquierda y en la cabeza. Preguntado: El señor Harvey Riascos Claros en declaración a este despacho informa que auxilió al señor Sigifredo Salazar montándolo a un Jeep y llevándolo a su casa y que ahí se quedó el señor Salazar. Explique su afirmación anterior de que en esa (sic) Jeep fue llevado al hospital. Contestó: Como fue que el señor Harvey lo montó al Jeep, pensé que lo llevaban al hospital pero nunca pensé que lo llevaran para la casa. Preguntado: Indique al despacho si lo sabe qué actividad adelantaba el señor Sigifredo Salazar el día que ocurrieron los hechos y con quien se encontraba acompañado. Contestó: El pasaba con el amigo que no conozco, no sé qué andaría haciendo. El tuvo el accidente con uan (sic) cuerda que estaba al frente de mi casa a uno cincuenta metros, estaba en el piso. Preguntado: Antes del mencionado accidente cuanto tiempo llevaba la cuerda en las condiciones que usted acaba de anotar, es decir, en el piso. Contestó: Lo que hace que vivo allí es decir unos diez años. Preguntado: Durante todo ese tiempo ni usted ni ninguno de los vecinos del lugar habían solicitado la reparación de la cuerda de energía eléctrica que se encontraba en el piso dado que representaba constante peligro para los que pasaran por ahí: Contestó: Nadie había solicitado la reparación. Preguntado: Diga al despacho a qué distancia queda la trituradora Saratoga del sitio donde ocurrió el accidente. Contestó: Eso no sé, si sé que queda por ahí, queda lejitos a la vuelta de la casa mía. Preguntado: Recuerda usted si después del accidente a que ha hecho referencia fue reparada la cuerda que se encontraba en el piso. En caso afiermativo (sic) dirá que entidad o que persona adelantó dicha reparación. Contestó: Yo sí recuerdo y vi pero no sé más, la estaban reparando de Emcali porque vi que eran de Emcali, ya que los carros tenían el distintivo, el uniforme era café (fl. 24, cdno. 3).

2.4. El subgerente de las Empresas Municipales de Cali - Emcali certificó que esa entidad presta el servicio público de energía eléctrica en el lugar del accidente sufrido por Sigifredo Salazar:

“De acuerdo a lo solicitado en el oficio citado en el asunto certifico que si se presta el servicio público de energía eléctrica en el sector cuarto de lengua, kilometro 6, 7 y 8 que del municipio conduce a la vía al mar” (fl. 95, cdno. 3).

2.5. Sobre los hechos, el jefe del departamento de operaciones, de las Empresas Municipales de Cali, informó lo siguiente:

“En atención a su solicitud y relacionada con el accidente del Sr. Sigifredo Salazar Ramírez, (...) el día 27 de abril de 1997, a las 10:00 a.m. aproximadamente, en las instalaciones de la planta Triturados Saratoga, ubicada en el km 8 de la vía al mar, le comunico que:

1. Se revisó el libro de opción de operaciones del sistema eléctrico de distribución de Emcali EICE y no se encontró ningún evento sobre el circuito Pichinde, que registrara el accidente del Sr. Sigifredo Salazar.

2. Se realizó una visita técnica al lugar del accidente y se encontró reubicado un tramo de la red interna perteneciente a la Trituradora Saratoga, entre los nodos: 120-46-58 y 120-48-91, por lo anterior se procedió a verificar el archivo de programación de suspensiones del servicio de energía, maniobras o mantenimientos de las redes de distribución del circuito Pichinde y no se encontró ningún documento que justificara la coordinación de estos trabajos entre la Trituradora Saratoga y Emcali - EICE.

3. El tramo de red primaria entre los nodos 120-46-58 - 120-48-91 donde ocurrió el accidente del Sr. Sigifredo Salazar, es un ramal interno perteneciente a la Trituradora Saratoga, por tal razón Emcali - EICE desconoce los problemas eléctricos o las modificaciones que se presenten interiormente, al no ser que el cliente las reporte y solicite la colaboración respectiva” (fl. 98, cdno. 1).

2.6. Sobre el estado de las redes en el lugar de los hechos, el Ingeniero Jaime Isajar, jefe del departamento de mantenimiento y de operación zona sur de Emcali, le informó a la dirección jurídica de esa entidad, en comunicación que data del 2 de septiembre de 1997, lo siguiente:

“De acuerdo a visita técnica realizada al lugar del accidente, Vivero Saratoga, kilómetro 8 vía al mar, la red de media tensión presentó las siguientes características:

1. Es una red de un voltaje de 13.2 kv, propiedad privada, perteneciente a la Trituradora Saratoga, cuyos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, corresponden su ejecución a los propietarios, previa coordinación con Enercali S.A.

2. De acuerdo al tipo de posteadura y configuración de la red, se ve claramente que esta red, corresponde a particulares y que Enercali y Emcali Eice, no han ejecutado ningún trabajo a esta red y para hacerlo, debe previamente recibir autorización de los propietarios.

3. El estado de la red, crucetas de madera, se encuentran en mal estado, por falta de mantenimiento, siendo esta una muestra que los propietarios no han realizado mantenimiento y tampoco han solicitado a Emcali Eice dichos trabajos, quien los realiza, cuando nuestros clientes lo solicitan, previo pago de los costos, ya que plenamente está identificado como un ramal de propiedad privada.

Ante estas consideraciones, Emcali Eice no tiene ninguna responsabilidad del accidente ocurrido al señor Sigifredo Salazar, (...) ya por ser un ramal de propiedad privada y todo lo que ocurra sobre ella, es responsabilidad del propietario de energía” (énfasis de la Sala - fl. 99 a 100, cdno. 1).

Lo anterior fue reiterado en la declaración que presentó ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, diligencia en la que agregó:

“Preguntado: Explique al despacho por qué razón si la prestación del servicio de energía eléctrica le corresponde al Estado a través de sus entidades públicas creadas para ello por qué se da el caso de que existan ramales de propiedad privada. Contestó: Emcali por ser una entidad prestadora del servicio le corresponde la distribución y el mantenimiento de las redes cuando están ubicadas en zonas públicas y cuando los propietarios construyen las redes y se las ceden mediante documentos a la empresa, en estos casos es responsabilidad de la empresa, pero cuando están en propiedad privada y no son cedidas a la empresa son propiedad particular y ellos deben asumir los costos de mantenimiento y se pueden ejecutar a través del contratista que previamente en coordinación con Emcali la ejecución de los trabajos quiere decir esto que Emcali debe enterarse y autorizar los trabajos con el fin de que se cumplan las normas técnicas y las normas de seguridad del personal que va a laborar, también los particulares pueden autorizar a Emcali que realicen los trabajos de mantenimiento previo pago de dichos trabajos pues no está permitido que particulares trabajen sin el cumplimiento de las normas de seguridad y técnicas. Preguntado: Diga al despacho si respecto de estas redes de propiedad privada Emcali revisa constantemente o con alguna frecuencia el estado de las mismas o si noi (sic) lo puede hacer mientras el particular propietario no lo permita. Contestó: Emcali tiene un programa de mantenimiento de los circuitos a través del año, se hace un programa que se hace con base al número de interrupciones del circuito, a quejas de nuestros clientes por mala calidad en el servicio o también por programas de ensanche o expansión del servicio y de acuerdo a este programa anticipadamente a la fecha se le hace un recorrido a la red y se evalúa las necesidades del mantenimiento y en los casos en que son redes particulares se les informa a los clientes que para tal fecha se van a hacer los trabajos que si ellos si existe problema en su red, que contraten o que autoricen a Emcali para realizar los trabajos en la red privada. También los mismos clientes de redes particulares detectan el problema en su red y nos lo solicitan por escrito que les hagamos las revisiones y se coordinan los trabajos a ejecutar previa programación con los clientes. Preguntado: (...) Diga al despacho si con anterioridad a la visita practicada en aquella ocasión [se refiere a la efectuado después del accidente con el fin de rendir su informe] Emcali en su labor preventiva y dfe (sic) mantenimiento había detectado las mencionadas anomalías y se las había advertido al propietario de la red. Contestó: El sector donde esta (sic) redes un lugar muy empinado, no es de fácil acceso y por tanto no había sido detectado pro (sic) Emcali ni la habíamos informado no el cliente nos los había solicitado” (negrillas adicionales - fls. 10 a 11, cdno. 2).

2.7. Por su parte el ingeniero Francisco Sánchez, jefe de sección de control de redes, en su comunicación dirigida a la dirección jurídica de Emcali, informó:

“En visita efectuada al sitio donde se accidentó el señor Salazar Ramírez, (...) se verificó que el tendido de media tensión corresponde a una línea de 13.2 Kv, de propiedad de la Trituradora Saratoga.

Este circuito de media tensión está alimentado desde el nodo 120-48-74 y alimenta un transformador particular de 5 kva, nodo 120-48-91, medidor FANN 25973606, cliente 46-1272433-2, Vivero de Saratoga, tanto la red y el transformador están en predio de dicha trituradora” (fl. 101, cdno. 1).

En el testimonio que rindió, explicó su respuesta en los siguientes términos:

“Dentro de la funcionalidad del sistema eléctrico de las empresas municipales todos los puntos de derivación o de maniobra y donde se encuentren instalados equipos ya sean de protección o de distribución se los identifica con un nodo y es así que el primer nodo a que se hace referencia corresponde al punto de maniobra entre las redes de Emcali y la red particular que se alimenta a este predio, el segundo nodo hace referencia a la ubicación del transformador. Con respecto al equipo del medidor y el nombre del suscriptor a que hago referencia en el oficio corresponde al (sic) identificación de la facturación de los consumos realizados por dicho predio” (fl. 17, cdno. 2).

De lo anterior queda claro que las redes eléctricas de propiedad de la Trituradora Saratoga, son alimentadas por la electricidad que distribuye las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

2.8. Dictamen pericial rendido por dos ingenieros eléctricos, en el que consignaron las siguientes conclusiones:

“1. Después de estas verificaciones que consideramos suficientes, y en nuestra calidad de peritos designado por su honorable despacho, podemos dictaminar:

2. Efectivamente el lugar de los hechos es un predio de propiedad privada perteneciente a Trituradora y Vicero Saratoga.

3. Las redes de alimentación eléctrica donde ocurrieron los hechos son de propiedad privada y al no ser de Emcali EICE, es esta empresa no le corresponde su mantenimiento o reposición, salvo que el propietario así lo solicite.

4. Las redes no pueden técnicamente soportar otros usuarios, por tal motivo no pueden ser utilizadas por Emcali EICE, para alimentar a otros abonados haciendo uso de ellas como servidumbre.

5. En el sector donde ocurrieron los hechos no existe actualmente un número potencial de usuarios que haya ameritado la utilización de dicha red para parte de Emcali EICE.

6. Según el reglamento de servicio vigente en épocas de construcción del tendido eléctrico de Empresas Municipales de Cali, gerencia energía eléctrica, capítulo II, artículo 7º, 8º y 23, las cuales se encuentran en el anexo (9) debidamente resaltados. Estas redes al servir de acometida a un predio privado son de su responsabilidad en cuanto a daños y perjuicios de todo orden” (fl. 38, cdno. 2).

Dentro del término del traslado del dictamen pericial, la parte actora lo objetó por error grave, por considerar que la experticia se pronunció sobre aspectos que le concernían únicamente al juez de conocimiento, como lo es, determinar si las Empresas Municipales de Cali eran responsables por las lesiones que sufrió Sigifredo Salazar Ramírez.

Para la Sala estas objeciones no constituyen error grave del peritazgo. Más bien, se trata de discutir aspectos de puro derecho, que desde luego no corresponde definir a los peritos sino al juez, sin que ello implique que el dictamen incurra en su aspecto técnico o científico, en un error. En este orden de ideas, la objeción formulada carece de fundamento, y por tanto no está llamada a prosperar.

Del dictamen pericial rendido, es preciso resaltar el contenido del anexo 8, denominado “Concepto técnico del ingeniero Edilberto López Toro”, de fecha 28 de mayo de 1999, en el que se señaló el mal estado en el que se encontraban las redes eléctricas en el lugar en el que sufrió el accidente el señor Sigifredo Salazar Ramírez, así:

“De acuerdo con la visita realizada el día de ayer [mayo 27/99] con el Ingeniero Pablo Emilio Estupiñan Vera a la trituradora Saratoga ubicada en el kilometro 8 de la vía al mar se puede constatar la condiciones técnicas en las cuales se encuentra la línea primaria a 13.200 voltios (nivel de tensión II) que alimenta el predio en mención.

Estas redes eléctricas no cumplen con las normas que rigen la construcción de las redes aprobadas por Emcali EICE ESP, normas que fueron reglamentadas con el único fin de garantizar la seguridad de las personas, estabilidad de la construcción bajo parámetros adversos, confiabilidad del servicio, etc.

Se encuentra por ejemplo, deflexiones de la línea a 90 grados construidos en configuración “corrido a doble nivel”, conjunto que no debe estar reglamentado en ninguna de las electrificadoras del País ya que es una construcción altamente vulnerable en condiciones críticas para las cuales se deben construir todas las líneas eléctricas. Además algunas crucetas que soportan los aisladores son de madera en mal estado.

Las condiciones de deterioro en la cuales se encuentran estas redes eléctricas exponen al peligro a los habitantes y trabajadores de la trituradora, por lo cual es necesario acometer acciones encaminadas a reponer los equipos y materiales eléctricos atendiendo los requerimientos de las normas vigentes” (fl. 34, cdno. 2).

Las conclusiones indicadas, coinciden con los conceptos que fueron emitidos por los ingenieros eléctricos vinculados con Emcali, en tanto señalan que las redes de la Trituradora Saratoga se encontraban en mal estado y en condiciones técnicas inadecuadas, las cuales a pesar de que los primeros informes se rindieron en el año 1997, para 1999 continuaban en estado de deterioro.

3. De los anteriores medios probatorios la Sala da por acreditado que las lesiones sufridas por el señor Sigifredo Salazar Ramírez ocurrieron por una descarga eléctrica, que recibió en momentos en los que se desplazaba por el kilometro 7 de la vía que conduce de Cali a Buenaventura.

Se encuentra acreditado, además, que las redes de energía eléctrica que ocasionaron el accidente son de propiedad de la Trituradora Saratoga, las cuales eran alimentadas por las Empresas Municipales de Cali y que se encontraban en estado de deterioro.

4. La conducción de energía eléctrica ha sido tradicionalmente considerada por la doctrina y la jurisprudencia una actividad peligrosa(6), en la que la parte demandada solo se exonera de responsabilidad si acredita la ocurrencia del hecho exclusivo de un tercero o de la víctima o la ocurrencia de fuerza mayor, en ese sentido esta sección se ha pronunciado así:

“En primer término, es preciso afirmar que cuando el Estado, en cumplimiento de sus deberes y fines constitucionales y legales de servir a la comunidad y promover la prosperidad general, construye una obra o presta un servicio público utilizando recursos o medios que por su propia naturaleza generan un peligro eventual o un riesgo excepcional para la vida, la integridad o los bienes de los asociados, está llamado a responder por los daños que se produzcan cuando dicho peligro o riesgo se realice, por cuanto de no hacerlo estaría imponiendo a las víctimas, en forma ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas que están llamados a soportar todos los administrados, como contraprestación por los beneficios que les reporta la prestación de los servicios públicos.

En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una típica responsabilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima”(7).

Además se ha dicho que cuando su guarda está a cargo de una entidad estatal, el daño causado en desarrollo de la misma resulta imputable a esta. Al respecto, sobre las actividades peligrosas y la teoría de la guarda, la Sección, en sentencia del 19 de julio de 2000, Expediente 11.842 señaló:

“Adicionalmente, se considera necesario tener en cuenta la noción de guarda, en relación con la actividad peligrosa desarrollada. Es bien sabido que, en principio, el propietario de la actividad peligrosa o de la cosa con que ella se desarrolla se presume guardián de la misma. No obstante, en algunos eventos, puede demostrarse que la guarda había sido transferida, caso en el cual la responsabilidad del propietario puede desaparecer. Puede suceder, también, que exista una guarda compartida entre varias personas. En ese sentido, el profesor Tamayo Jaramillo explica que “el responsable de la actividad peligrosa ... es quien tiene el poder intelectual de dirección y control, poder que puede estar en cabeza de varias personas naturales o jurídicas, las cuales pueden tener diferentes relaciones de hecho frente a la actividad”(8).

En relación con la guarda acumulativa de la actividad riesgosa, en la medida en que se acepta la existencia de diversos tipos de guardianes, bien porque se domina la actividad (guarda en el comportamiento), o porque se domina la cosa (guarda en la estructura), uno de los análisis a abordar es la posibilidad de predicar la acumulación de las mismas, circunstancia que permitirá definir si, en determinado supuesto, existe o no responsabilidad solidaria en la producción de un daño antijurídico. Tema que fue tratado ampliamente en la sentencia del 13 de agosto de 2008, Expediente 17.042.

Desde otro ángulo, la doctrina nacional en la materia ha puntualizado:

“En determinado momento, la guarda de una cosa puede estar en cabeza de varias personas, sea porque les es común, sea porque les pertenezca y de una u otra forma tienen poder de dirección y control sobre ella, aunque desde diferentes ámbitos ...”(9).

Es posible, entonces, que dos o más personas se sirvan de una cosa, circunstancia por la cual se puede predicar de ellos la condición de guardianes acumulativos. Y, si bien, por regla general, la guarda material es alternativa, es decir, no se comparte en su estructura o en su comportamiento, sino que es ejercida por un determinado sujeto, es cierto que pueden existir eventos en los cuales es viable acumular la guarda, si se tienen por dos o más sujetos diferentes el uso, dirección y control sobre la cosa o actividad, circunstancia que permitirá definir quién o quiénes son las personas que ejercen la facultad de control, uso y dirección sobre la misma y, por consiguiente, en el supuesto de que se genere un daño con ella, se pueda determinar la imputación del resultado(10).

En consecuencia, es posible hablar de la guarda acumulativa, en aquellos eventos en que un número plural de sujetos ejercen el control o la dirección sobre la cosa o la actividad riesgosa, de tal manera que, en estos casos, por regla general, la doctrina y la jurisprudencia se han inclinado por avalar la teoría de la guarda en la estructura y la guarda en el comportamiento, de tal forma que se facilite el análisis de imputación, esto es, de atribución del daño.

En estos supuestos, es imperativo determinar quién es el guardián o guardianes de la cosa, con miras a esclarecer quién es el responsable en la concreción del riesgo, circunstancia que permitirá atribuir la responsabilidad por el daño antijurídico padecido.

Al respecto, esta Sección, precisó:

“Sobre este aspecto, la doctrina distingue entre la peligrosidad de la estructura y la peligrosidad en el comportamiento de las cosas inanimadas, para considerar que hay peligrosidad en la estructura cuando “la cosa tiene un dinamismo propio o, a pesar de no tenerlo, conserva la posibilidad de dañar dada su ubicación, construcción o materiales utilizados” y existe peligrosidad en el comportamiento cuando “una cosa o actividad que pueden tener o no dinamismo propio son utilizadas en tal forma que de ese uso surge la peligrosidad”(11). En este orden de ideas, un vehículo en movimiento representa un peligro por su comportamiento, pero un vehículo estacionado no representa ningún peligro desde el punto de vista de su comportamiento y solo será un peligro en su estructura por la posibilidad de su explosión, por ejemplo. Los daños que se generen como consecuencia de la materialización de esos peligros podrán ser resueltos, como ya se señaló con fundamento en el criterio de imputación de riesgo excepcional”(12) (cursivas del original).

Como lo ha reconocido de manera expresa la Sala, si se predica la peligrosidad de la actividad (v. gr. transporte de energía), así como de la estructura mediante la cual se desarrolla la misma (v. gr. redes e instalaciones de alto voltaje), no cabe duda acerca de la posibilidad de abordar el análisis de imputación, con empleo del título jurídico del riesgo excepcional, toda vez que el daño así producido será el resultado de la materialización del desbordamiento de los estándares del riesgo permitido(13), por cuanto el detrimento se acarrea por el rompimiento de las cargas públicas en la medida que la persona o personas afectadas, son sometidas a un riesgo anormal y excepcional diferente al que deben tolerar, en el diario vivir.

En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, la doctrina mayoritaria ha reconocido la imposibilidad de imputar la responsabilidad al guardián del comportamiento, cuando de los supuestos fácticos se desprende que el daño se origina en la estructura misma de la cosa, o de los elementos a través de los cuales se desarrolla la actividad(14); no sucede lo propio en sede de la responsabilidad extracontractual de la administración pública, pues, si el Estado es el guardián del comportamiento o de la actividad peligrosa, es porque se está frente a la prestación de un servicio público o actividad estatal y, por lo tanto, no se puede liberar de su responsabilidad en relación con los hechos, máxime si el daño es producto de la concreción de una actividad de alto riesgo, tal como lo es la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica u otros similares.

En efecto, en tratándose de la responsabilidad extracontractual del Estado, no es posible excluir la imputación del resultado, en aquellos eventos en que se tenga una guarda compartida de la cosa o de la actividad peligrosa, como quiera que, en estos supuestos, la administración pública debe ser juzgada bajo el amparo del artículo 90 de la Constitución Política y, por lo tanto, deberá reparar el daño de manera integral para luego repetir, si es del caso, en contra de la persona o personas que tenían la guarda material compartida del factor o elemento de riesgo.

Así las cosas, en eventos en que se juzgue la responsabilidad patrimonial de la administración pública, donde se aprecie la existencia de una guarda acumulativa entre dos o más sujetos, uno de los cuales sea el aparato estatal, no se podrá excluir el deber de reparación integral, bien porque el Estado sea el guardián de la estructura o del comportamiento, dado que en estas situaciones la administración, en su calidad de controladora de la cosa o de la actividad, estará obligada a la reparación del perjuicio.

Sobre el particular, se debe señalar que la actividad de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, es en sí misma una actividad lícita del Estado que somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo excepcional y que, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios. Así lo ha sostenido en diversas oportunidades esta misma Sección.

En criterio de la Sala, si bien es cierto que las Empresas Municipales de Cali han puesto de manifiesto que la red con la cual se causó el daño era de propiedad de la Trituradora Saratoga y que por consiguiente su naturaleza es privada, lo cierto es que de manera independiente a ello, quien tenía la guarda en el comportamiento (actividad riesgosa) era Emcali, como quiera que era la entidad pública encargada de la generación, distribución y comercialización de la energía.

Y, fue precisamente la energía transportada por Emcali, la que desencadenó el resultado dañoso, circunstancia por lo que no es posible aceptar que se puedan desprender de la responsabilidad, máxime si esa entidad era la encargada del mantenimiento de las redes, bien se tratara de redes de servicio público o privado, este último caso en el que la entidad cobrará por los servicios prestados al particular propietario de la línea.

Así mismo, el que posee la guarda en la estructura, según el acervo probatorio que integra el proceso, es la Trituradora Saratoga, quien como titular de la red privada, ha debido conocer las irregularidades que se presentaban en los elementos que conformaban la red y el mal estado en el que se encontraban.

En ese orden de ideas, en el asunto sub examine se presenta un fenómeno de guarda acumulativa, como quiera que el daño resulta imputable tanto a quien ejerce la guarda de la actividad riesgosa, como al propietario de la cosa mediante la cual se presta y desarrolla la misma.

Es claro entonces, que existieron en la generación del daño antijurídico, que se tradujo en las lesiones ocasionadas al señor Sigifredo Salazar Ramírez, dos causas claramente identificables, a saber: i) el riesgo que genera la transmisión y comercialización de energía que, en determinados eventos puede llegar a producir un daño que la persona no se encontraba obligada a soportar, en tanto se le somete a un riesgo excepcional, y ii) el descuido del propietario del inmueble y de las redes, por no arreglar oportunamente la infraestructura averiada, lo que aumentó aún más el riesgo que produce este tipo de actividades peligrosas, como lo es el transporte de energía eléctrica.

Debe precisarse, entonces, que en el caso concreto el deber de reparación se radica en cabeza de la entidad demandada, en la medida en que el daño se concretó a causa de la energía producida y transportada por Emcali, así como por la estructura mediante la cual se desarrollaba la actividad y, concretamente, en las condiciones en que se encontraba la misma, lo que permitió que este se materializara, razón por la cual se estructura la institución de la guarda acumulativa, con miras a radicar la responsabilidad de reparar el perjuicio en cabeza de la entidad pública demandada.

Acerca del contenido y alcance de la guarda acumulativa, la Sala ha puntualizado:

“La Sala comparte el criterio de los doctrinantes Mazeaud-Tunc, según los cuales debe admitirse “el carácter acumulativo de la guarda y declarar que el guardián de la estructura y el guardián del comportamiento son igualmente responsables con respecto a la víctima, aún permitiendo a cada uno de ellos, para hacer que recaiga sobre el otro la carga definitiva del accidente, pruebe que el siniestro se ha debido exclusivamente al comportamiento de la cosa o a la estructura defectuosa”(15).

De acuerdo con lo anterior, y con el material probatorio allegado al proceso, se puede afirmar que la guarda de la actividad de conducción de la energía eléctrica en la línea que dio lugar al daño que se reclama, se encontraba en cabeza de las Empresas Municipales de Cali, de allí que al concretarse el riesgo es la llamada a responder por los daños causados.

En ese mismo sentido, es preciso tener en cuenta que la modernización del Estado, que le permite cumplir con los fines que justifican entre otras cosas, su existencia, de manera más eficiente, no puede generar mayores cargas a los ciudadanos y cosificar a los seres humanos, aspecto que fue plasmado en los siguientes términos:

“Que el progreso venga, pero no a costa del ser humano; quién, con sanidad mental, se opondría a las innumerables ventajas de tantos avances tecnológicos que ciertamente se traducen en un mejor estar del hombre; pero, eso sí, sin hollar su existencia ni su dignidad.

Evócase lo anterior porque lo reclamado el asunto que se agitó en esta controversia. Un ser humano ha sido aniquilado, con el condigno desamparo de su familia, por una de las actividades que más peligrosidad comporta: el manejo del fluido eléctrico. Si. La explotación del campo energético, ese mismo cuyos efectos y complejidades, no obstante los importantes avances hasta ahora logrados, acaso ni haya llegado al hombre a comprender del todo y constituya aún, por lo mismo un vasto tema enigmático, colocándolo todo en evidente riesgo. Tiene que convenirse, pues, en que allí debe extremarse la diligencia, que todo deba adelantarse con el mayor escrúpulo, haber manos expertas, personal calificado, todo detalle ser examinado cautelosamente. Y que, por lo tanto, no habiendo sitio para la improvisación, tanto menos lo habrá para desacatar normas y reglamentos que propendan a eliminar los riesgos”(16).

Así las cosas, como la entidad demandada, en el ejercicio de una actividad peligrosa, la conducción de energía eléctrica, expuso a la víctima a un riesgo de carácter excepcional que no tenía el deber de soportar, resulta procedente declarar la responsabilidad de las Empresas Municipales de Cali.

Debe puntualizarse que, por ser el título de riesgo excepcional de naturaleza objetiva, no le basta a la entidad demandada probar que su actuar fue diligente y cuidadoso, con el fin de enervar las pretensiones formuladas, sino que, en estos supuestos, el factor subjetivo no interviene en la imputación del hecho dañoso, circunstancia por la cual la única forma con que cuenta el extremo pasivo de la litis para liberarse de la imputación, es a partir de la demostración de una causa extraña en relación con el daño, esto es: i) que se produjo a causa de una fuerza mayor, o ii) por culpa exclusiva de la víctima, o iii) a consecuencia del hecho exclusivo y determinante de un tercero, las que no fueron acreditadas en el proceso.

4.(sic) Los perjuicios.

4.1. Perjuicios morales.

En lo que concierne a la indemnización de perjuicios, se tiene que Sigifredo Salazar Ramírez, es hijo de Edelmira Ramírez y hermano de María Elinor, Sonia, Heriberto, Alberto, Eunice, Nelsón, y José Wilson Salazar Ramírez, según dan cuenta las copias auténticas de los registros civiles de la Notaría Única del Círculo de Sonsón y de Bugalagrande (fls. 7, 12, 13, 14, 81, 83, 85, 87, cdno. 1).

Así las cosas, la prueba de la relación de consanguinidad permite inferir la existencia de afecto y unión entre la víctima, su progenitora y hermanos. La jurisprudencia ha considerado que el daño corporal de alguno de los miembros de la familia afecta a los demás, en lo que concierne al perjuicio moral.

Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en los demandantes, con motivo de las lesiones sufridas por Sigifredo Salazar Ramírez, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, entendida la familia como núcleo básico de la sociedad, así como en quien directamente las padece.

Las reglas del común acontecer, y la práctica científica han determinado de manera general, que cuando se está ante un atentado contra la integridad física o psíquica de un ser querido, se siente aflicción.

En consecuencia, como la entidad demandada no desvirtuó la presunción de aflicción ocasionada a los demandantes con las de su pariente (madre y hermanos) en primer y segundo grado de consanguinidad, de acuerdo con los registros civiles allegados al proceso, se da por probado el daño moral con fundamento en la presunción judicial o de hombre, que constituye un criterio de valoración; en el derecho americano a dichas presunciones judiciales se les llama “inferencias”; la presunción es un razonamiento que está basado enteramente en la lógica y la experiencia, por ello no se puede confundir con el indicio ya que este es un hecho. Sin embargo, en su estructura lógica-deductiva, participa de la naturaleza de los indicios, como quiera que el juez las deriva de premisas mayores y de inferencias lógicas.

No ocurre lo mismo con quien adujo ser la compañera permanente, señora Ana Mercedes Agudelo, así como sus cuatro hijos, pues no acreditó con ningún medio probatorio su condición de tal, así como tampoco la de terceros afectados. En efecto, tan solo dos testimonios dan cuenta de la vida familiar del señor Sigifredo Salazar Ramírez, sin embargo de ellos no se puede concluir quienes constituyen su núcleo familiar, ya que no precisan los nombres de quienes lo conforman(17). Por lo anterior, no se puede hacer ningún reconocimiento en su favor.

En consecuencia, conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(18).

En ese orden de ideas, respecto de los gramos de oro solicitados como indemnización se hará la equivalencia a salarios mínimos legales mensuales del 2012 y se condenará, a la demandada a pagar, la suma de 70 salarios mínimos legales mensuales para el señor Sigifredo Salazar Ramírez, 40 salarios mínimos legales mensuales para la madre, señora Edelmira Ramírez, y 20 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los hermanos.

5.2.(sic) Perjuicios materiales.

5.2.1. Daño emergente.

Por este concepto se encuentra acreditado que el señor Sigifredo Salazar Ramírez incurrió en gastos con el fin de atender las lesiones padecidas, según dan cuenta las siguientes facturas emitidas por la droguería Ibérica (fls. 16 a 21, cdno. 1):

— Factura 7740 del 20 de junio de 1997, por valor de $ 555.000.

— Factura 7741 del 20 de junio de 1997, por valor de $ 287.000.

— Factura 7755 del 31 de julio de 1997, por valor de $ 200.000.

— Factura 7756 del 31 de julio de 1997, por valor de $ 540.000.

— Factura 4511 del 13 de mayo de 1997, por valor de $ 67.500.

— Factura 9457 del 5 de septiembre de 1997, por valor de $ 40.000.

Las anteriores facturas obedecen a curaciones y medicamentos, que fueron sufragados por el señor Sigifredo Salazar. Igualmente obra una factura emitida por la Droguería Alianza Ltda., de 25 de septiembre de 1997, por valor de $ 3.150, por concepto de medicamentos.

No ocurre lo mismo con los documentos que se obran en los folios 15, 22 y 24, pues no existe certeza acerca de su concepto, expedición y de quién efectuó el pago del valor allí indicado.

Por lo anterior el daño emergente acreditado asciende a $ 1.692.650, suma que será actualizada de conformidad con la siguiente fórmula:

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Reemplazando se tiene:

S1997-05128(2).JPG
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5.2.2. Lucro cesante.

Con el fin de establecer los ingresos mensuales del señor Sigifredo Salazar Ramírez, se aportaron al proceso varias certificaciones que dan cuenta que se desempeñaba como contratista ocasional en diferentes establecimientos de comercio (fls. 27 a 32, cdno. 1), sin embargo, de ellas no se puede establecer un monto exacto, precisamente por tratarse de trabajos determinados por la obra contratada.

Sin embargo, se encuentra probado que Sigifredo Salazar Ramírez realizaba una actividad productiva, por lo que se presume que devengaba al menos el salario mínimo, y en atención a ello se tendrá en cuenta el vigente para el presente año ($ 566.700) por razones de equidad, pues el valor del salario mínimo, para la fecha de los hechos correspondía a la suma de $ 172.005, el que actualizado equivale a $460.066, es decir, inferior al del año 2012.

Al salario base de liquidación, de conformidad con la posición de la Sala(19), se le debe aumentar un 25% ($ 141.675), por concepto de prestaciones sociales, en atención a que las mismas son un imperativo de ley y por tal razón deben ser reconocidas, para un total de $ 708.375, lo que arroja el salario base de liquidación ya que la incapacidad sufrida por el señor Sigifredo Salazar fue superior al 50%, eventos en los que la Sala ha considerado que se debe tomar el 100% de los ingresos(20).

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

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S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta actualizada que equivale a $ 708.375.

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de los hechos (abr. 27/97) hasta la fecha de esta sentencia (feb./2012), esto es, 178,06 meses.

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La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

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S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta actualizada que equivale a $ 708.375.

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de esta sentencia (feb./2012) hasta la fecha de vida probable de Sigifredo Salazar Ramírez (543,48) quien tenía 31 años para cuando sufrió el accidente, menos el período consolidado (178,06), esto es, 365,42 meses.

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Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro cesante a favor de María Fabiola García Mayo equivale a $ 320.981.825.

5.3. En relación con el perjuicio inmaterial derivado de una lesión a la integridad psicofísica de la persona, la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011, en las que se señaló:

“De modo que, el “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psiocofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v. gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica solo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v. gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(21).

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

Es así como la doctrina, sobre el particular señala:

Hecha esta identificación, entre el daño corporal y el daño a la salud, vemos que también se identifica con el perjuicio fisiológico; terminología que impera en la doctrina francesa para referirse al daño en la esfera funcional, como sinónimo del daño a la integridad física y psíquica de la persona; se denomina así porque afecta, como decimos, la esfera funcional con independencia de la pérdida de rentas que pueda ocasionar.

Pero esta terminología es peligrosa porque se desliza hacia una realidad diferente. Como se ha precisado por la doctrina italiana, hay que matizar que, si bien a veces se utiliza como sinónimo del llamado daño biológico, la doctrina italiana más especializada, ha señalado que este último, es un concepto médico-legal, mientras que el daño a la salud es un concepto jurídico, normativo, que se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución...”(22) (se destaca).

En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v. gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros)(23), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización)(24).

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial(25). En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(26). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v. gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(27).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), solo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(28).

Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud.

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v. gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.

No obstante lo anterior, es preciso recalcar que en nuestro país no existe un sistema abierto y asistemático del perjuicio inmaterial, puesto que estos esquemas atentan contra el entendimiento del derecho de la responsabilidad, motivo por el cual, será la jurisprudencia de esta corporación la encargada de definir la posibilidad de reconocer otras categorías o tipos de daños distintos al daño a la salud, pero siempre que el caso concreto permita la discusión y se afronte la misma a través de la búsqueda de una metodología coherente que contenga el abanico resarcitorio a sus justas proporciones sin que se desdibuje el contenido y alcance de la teoría del daño resarcible.

Esta es, precisamente, la importancia del daño a la salud, ya que como se ha explicado permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos.

Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material”.

Por lo anterior, y de conformidad con el acta de la junta médica laboral, en la que consta la amputación del brazo izquierdo a la altura del codo realizada a Sigifredo Salazar Ramírez, se hace evidente el daño a la salud, por el cual se le reconocerá por este concepto el valor de 264 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que han sido trazados sobre la materia(29), teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y, por lo tanto, la magnitud del perjuicio que supone una significativa variación en el estado de salud del demandante principal, valor que resulta proporcional con la lesión sufrida, como quiera que en los casos en que las lesiones revisten mayor gravedad, como una incapacidad del 95 o 100% se ha concedido el equivalente a 400 salarios mínimos mensuales vigentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 19 de enero de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión con Sede en Cali, en su lugar se decide:

1. Declárase patrimonialmente responsable a las Empresas Municipales de Cali, por las lesiones causadas Sigifredo Salazar Ramírez.

2. Condénase a las Empresas Municipales de Cali, a pagar, por perjuicios morales a Sigifredo Salazar Ramírez la suma equivalente en pesos a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a Edelmira Ramírez la suma equivalente en pesos a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a Elinor Salazar Ramírez, Sonia Salazar Ramírez, Heriberto Salazar Ramírez, Alberto Salazar Ramírez, Eunice Salazar Ramírez, Nelsón Salazar Ramírez, y José Wilson Salazar Ramírez la suma equivalente en pesos a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos.

3. Condénase a las Empresas Municipales de Cali, a pagar, por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Sigifredo Salazar Ramírez la suma de trescientos veinte millones novecientos ochenta y un mil ochocientos veinticinco pesos ($ 320.981.825).

4. Condénase a las Empresas Municipales de Cali, a pagar, por daño emergente a favor de Sigifredo Salazar Ramírez la suma de cuatro millones cuatrocientos un mil setecientos setenta y un pesos ($ 4.401.771).

5. Condénase a las Empresas Municipales de Cali, a pagar, por daño a la salud a favor de Sigifredo Salazar Ramírez la suma equivalente en pesos a doscientos sesenta y cuatro (264) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

7. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

8. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) En ese sentido se pueden consultar las providencias del 8 de febrero de 2007, Expediente 30.903, y del 6 de diciembre de 2010, Expediente 38.344, M.P. Enrique Gil Botero.

(3) Sobre este tema ha dicho esta Sala que “En efecto, mediante sentencia de abril 9 de 1997, el Consejo de Estado sostuvo que:

‘El asunto era de dos instancias —como se dijo— cuando se inició (D. 528/64, art. 32, ord. 2º, lit. f)). El nuevo código lo hizo de única (CCA, art. 131 nl. 10) y su aplicación es inmediata. Habría tenido segunda instancia si la apelación se hubiera producido antes de la vigencia del nuevo código (se resalta).

En materia procesal no existe derecho adquirido a un determinado procedimiento, ni a un número prefijado de instancias. El proceso iniciado como de dos, puede volverse de única o viceversa. Solo por excepción se quiebra el principio (se resalta).

Y aunque el profesor Hernando Morales coincide con el pensamiento del señor consejero Valencia en cuanto afirma en su obra “Curso de derecho procesal civil” (parte general, pág. 182, edición ABC 1985) que “las leyes sobre jurisdicción y competencia no versan sobre sustanciación y ritualidad de los juicios ni tienen el carácter de instrumentales, sino que a la vez que estructuran el proceso son garantías constitucionales”, sí agrega otras apreciaciones que refuerzan la posición de la Sala. Así, “por eso (las leyes sobre jurisdicción y competencia, se entiende), son de aplicación inmediata a los procesos en curso, salvo que digan otra cosa, con base en el Art. 18 de la ley 153 de 1887 (Giraldo Zuluaga T.m.p.22), sin que se aplique a ellas la perpetuatio jurisdictionis (se resalta)’.

“Por tanto, si por ley varía el juez competente, deben enviarse a quien en lo sucesivo lo fuere, los procesos en curso, pues se trata de competencia, que es de orden público”.

(4) Nota del original: “Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925”.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Exp. 22.372, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) “La Sala definió este régimen de responsabilidad en sentencia del 20 de febrero de 1989, Expediente 4655, actor: Alfonso Sierra [C.P. Antonio José de Irrisari Restrepo], de la siguiente manera:

c) Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios qué derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio.

Tiénese entonces que, según esta concepción, siempre que la actividad generadora de riesgo se cumple en provecho de la colectividad, las cargas que de aquella puedan derivarse no deben gravar más a unos ciudadanos, que a otros. No sería lógico, en efecto, que al tiempo que la administración se lucra de un servicio público, se empobrezca paralelamente un administrado. Es la aplicación del aforismo “ubi emolumentum ibi onus esse debet”, según el cual quien quiera que obtenga beneficios de una actividad generadora de riesgos, asume las cargas que de estos se deriven. En otras palabras, es el precio que fatalmente debe pagar el estado frente a la modernización de los servicios a su cargo y que se traduce en una protección especial y excepcional al patrimonio lesionado”.

Así mismo, en sentencia de 11 de mayo de 1994, Expediente 8639, actor: María Hincapié de Rengifo y Otros, se fijó la siguiente pauta:

Con base en la teoría del riesgo especial o excepcional se declara la responsabilidad del ente público demandado por utilización de cosas peligrosas (como es la explotación del servicio de energía), la Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades para destacar que se presume la responsabilidad de dicho ente porque es quien utiliza la cosa peligrosa para provecho de la comunidad y beneficio suyo, imponiendo a los administrados una carga excepcional que no tiene por qué soportar; carga esta que al causar un daño debe resarcirse como solución de equidad y por el principio constitucional de la equidad. La decisión de responsabilidad también encuentra su fundamento en el art. 90 de la Constitución, porque se produjo un daño antijurídico imputable a una autoridad pública ...”.

“En similar sentido, la Sala se pronunció en sentencia del 30 de junio de 1994, Expediente 9269, en los siguientes términos:

En los regímenes de responsabilidad por riesgo creado, en los cuales se aplica la responsabilidad sin falta, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que en casos como el presente el origen de la obligación de reparar los daños causados a particulares, obedece al riesgo que producen ciertas actividades consideradas peligrosas, tales como el transporte de explosivos, la demolición de edificios y la conducción de energía, en donde el caso fortuito no constituye causal de exoneración”.

“Ahora bien, también se ha considerado que en los eventos en los cuales la prestación del servicio de energía eléctrica resulta inadecuada, la responsabilidad estatal no debe manejarse con fundamento en la teoría del riesgo excepcional, sino bajo la perspectiva de la falla probada del servicio, como lo decidió la Sala en un caso de dos personas que resultaron electrocutadas, cuando intentaban instalar una antena de televisión en el tercer piso de un establecimiento escolar, en el siguiente sentido:

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se desprende que en el presente caso la falla del servicio se manifiesta en forma clara, pues según las pruebas obrantes en el expediente ..., acreditan que la muerte de Luis Epifanio Navas Sierra y las lesiones recibidas por Eliécer Antonio de Jesús Sierra Sosa ocurrieron el día 27 de junio de 1989 en el municipio de Baranoa (Atlántico) como consecuencia de la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica por la entidad demandada al no suministrar las medidas mínimas de seguridad, pues en el sitio de los acontecimientos uno de los postes se encontraba inclinado y en malas condiciones y los cables conductores de energía estaban descubiertos sin protección alguna y sin cumplir la distancia límite que debe existir con respecto a la edificación.

La Sala concluye que resultaba innecesario acudir a la teoría del riesgo ante la evidencia probatoria de la falla del servicio público de energía eléctrica por la inadecuada prestación del mismo y la omisión de la administración en tomar las medidas de prevención que las circunstancias del caso imponían”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 11.365, sentencia de 4 de octubre de 2001, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, Exp. 11162, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(8) Tamayo Jaramillo, Javier. De la responsabilidad civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2 edición. Tomo I, Vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996, pág. 78.

(9) Tamayo Jaramillo, Javier. “Tratado de responsabilidad civil”. Ed. Legis, Bogotá, tomo I, págs. 884 y 885.

(10) “En este supuesto, todos los sujetos asumen el carácter de guardianes, ejercitando el poder de gobierno y dirección de la cosa o sirviéndose de ella en conjunto. La pluralidad de guardianes puede presentarse de diferente modo; es factible que existan dos guardianes que de manera compartida se sirvan de la cosa y la tengan a su cuidado, ejercitando sobre ella el poder autónomo de gobierno, control y dirección; así, por ejemplo, cuando dos personas reciben un inmueble en comodato, actúan de manera conjunta como guardianes pues se sirven de ella y la tienen a su cuidado.

En otras oportunidades, en cambio, la pluralidad de guardianes puede presentarse de distinta manera, pues es uno de los sujetos el que se sirve de la cosa, aunque sin tener circunstancialmente sobre la cosa un poder de hecho autónomo que se traduzca en aquellas facultades de dirección, control y cuidado, y otro, distinto de aquel, es quien tiene estas prerrogativas aunque sin servirse de la cosa. Tal lo que sucede, por ejemplo, en el supuesto del contrato de depósito, al que hemos hecho referencia en el punto anterior”. Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de la cosa”. Ed. Universidad, Buenos Aires, pág. 405.

(11) Javier Tamayo Jaramillo. Tratado de responsabilidad civil. Bogotá, Ed. Legis, 2 ed. 2007, pág. 941.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, Exp. 14.780, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(13) “De esta manera, todo aquel riesgo que permanece aun con el cumplimiento de las normas de cuidado que deben acompañar la ejecución de toda actividad socialmente admitida, recibe la denominación de riesgo permitido ... Como postulado general puede entonces decirse que todas aquellas actividades desarrolladas dentro de lo que socialmente se considera un riesgo permitido no pueden dar lugar a reproche jurídico de ninguna naturaleza, aun en el evento de que generen lesiones a particulares ...”. Cf. Reyes Alvarado, Yesid. “Imputación objetiva”, Ed. Temis, Bogotá, págs. 92 y 93.

(14) “Cuando el daño se produce por un vicio de la cosa, esta doctrina considera que solamente debe responder el “guardián de la estructura”, sobre quien pesa el deber de conservar la cosa en buen estado y libre de todo vicio, y que no es otro que el propietario. En este supuesto, sería injusto responsabilizar al “guardián del comportamiento” toda vez que no puede reprochársele haber incurrido en falta alguna. Inversamente, si el daño obedece a deficiencias en el comportamiento de la cosa, debe responder quien tiene la guarda de dicho funcionamiento v. gr. el comodatario o locatario, debiendo en principio, quedar exento de responsabilidad el guardián de la estructura”. Pizarro, Ramón Daniel. Ob. cit., págs. 406 y 407.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 14.180, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(16) Corte Suprema de Justicia, salvamento de voto Dr. Manuel Ardila Velásquez, Exp. 5173 frente a la sentencia del 25 de noviembre de 1999.

(17) Al respecto el señor Harvey Riascos Claros indicó: “Preguntado. Diga al despacho como está conformada la familia del señor Sigifredo Salazar Ramírez. Contestó: Tres persona, la esposa y dos hijos, la señora se llama Mercedes, la de los hijos no me la sé” (fls. 20 a 21, cdno. 3).

En ese mismo sentido la señora Nelcy Silvia Valdivia, señaló: “El y la señora, y tres niños la esposa se llama Ana no le sé el apellido” (fls. 23 a 24, cdno. 3).

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 16.058 (acumulado 21.112), C.P. Enrique Gil Botero y sentencia de 11 de noviembre de 2009, Exp. 18.849, C.P. Enrique Gil Botero.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2004, Exp. 25000-23-26-000-1995-00814-01 (18273), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(21) “El daño subjetivo o daño a la persona es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos. “El daño a la persona”, revista de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y ss.

(22) Vicente Domingo, Elena. “Los daños corporales: tipología y valoración”. Ed. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 139.

(23) “Allí se define el daño existencial [se refiere a la sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior”. Koteich Khatib, Milagros. “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e América Latina”, Universidad Externado de Colombia, pág. 259.

(24) Ver: Corte de Casación Italiana, sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre de 2008, Nº 26972.

(25) Fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.

(26) “Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos”. Cortés, Edgar, ob. cit., pág. 57.

(27) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo. “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210.

(28) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique. “Daño corporal - Daño biológico - Daño a la vida de relación”, pág. 10.

(29) Al respecto, se pueden consultar: sentencias del 17 de agosto de 2007, Exp. 30114, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, del 4 de diciembre de 2007, Exp. 17918, M.P. Enrique Gil Botero, del 19 de octubre de 2007, Exp. 30871, M.P. Enrique Gil Botero, del 1º de octubre de 2008, Exp. 27268 y del 4 de mayo de 2011, Exp. 17396, M.P. Danilo Rojas Betancourth, entre muchos más.