Sentencia 1997-5240 de abril 11 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCION A

Rad. 25000232600019975240 – 01 (23415)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: César Augusto Domínguez Álvarez

Demandado: La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., abril once de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, comoquiera que se trata del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia(2) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda fue presentada dentro los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la presunta responsabilidad del ente demandado, dado que la incautación del vehículo ocurrió el 22 de noviembre de 1995 y la demanda se presentó el 20 de octubre de 1997.

3. Legitimación en la causa por activa.

Como se advierte en la demanda, el actor acudió al presente no en calidad de propietario del bien incautado(3), en la medida en que manifestó que presenta la demanda como titular de los derechos que le corresponderían como poseedor del referido vehículo(4).

Para acreditar su condición, el demandante aportó los siguientes documentos:

— Contrato de permuta suscrito el 2 de noviembre de 1993, entre Germán Alfonso Piña Camacho y Dioselino Escobar Quintero, mediante el cual el primero entregó al segundo en “permuta real y material” el vehículo campero Wrangler, marca American Motors Wrangler, modelo 1986, de placas KF 6371, con motor 10206361T06180NN y serie 810CH1B030509141.

— Promesa de Contrato de Compra-Venta, suscrita el 29 de agosto de 1994 entre el señor Diocelino Escobar Quintero y el señor César Augusto Domínguez, mediante el cual el primero se comprometió a “transferir en venta” al segundo el vehículo campero Wrangler, marca American Motors Wrangler, modelo 1986, de placas KF 6371, con motor 10206361T06180NN y serie 810CH1B030509141 (fls. 37-38 cdno. 2).

— Copia auténtica de una certificación suscrita por la empresa “talleres auto-mecánicos” en la cual se hizo constar que el vehículo antes descrito estuvo en el citado taller del 20 al 25 de octubre de 1994, por unos arreglos en la transmisión. De igual forma, se certificó que el arreglo al vehículo se hizo en nombre del señor César Domínguez con C.C., 79.348.903 de Bogotá (fl. 39 cdno. 2).

— Copia auténtica de una factura de compra-venta 0197, en la cual el señor César Domínguez, el día 5 de marzo de 1995, compró en el almacén “Rines Sanderautos” rines de lujo y llantas para vehículo (fl. 40 cdno. 2).

— Copia auténtica de una certificación suscrita por la empresa “Rectificadora Santa Fe Ltda.”, en la cual se hizo constar que el señor César Augusto Domínguez llevó el automotor antes referido con el fin de que se hiciera una reparación general de motor, culatas y cigüeñal (fl. 40 cdno. 2).

— Certificación del Ministerio de Minas y Energía, plan de legalización de explotadores mineros de hecho, en el cual se hizo constar lo siguiente (fl. 42 cdno. 2):

“Que el vehículo marca Wrangler, color vino tinto, de placas KF 6317, modelo 86, de propiedad del señor Cesar Domínguez Álvarez identificado con cédula de ciudadanía 79.348.903 de Bogotá, estuvo prestando servicios de transporte en el Programa desde el día 20 de septiembre de 1995 hasta cuando el vehículo entró a reparación general.

La presente se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis (1996)”.

— Testimonios de los señores Jaime Alberto Peña Álvarez y Henry Bermúdez, los cuales relataron que les constaba que el señor Cesar Domínguez había efectuado varias adaptaciones mecánicas y accesorias al vehículo (fls. 44-47 cdno. 2).

De los anteriores documentos se puede concluir, sin hesitación alguna, que el demandante acreditó su condición de poseedor sobre el bien objeto de la incautación, al demostrar la tenencia correspondiente con ánimo de señor y dueño (C.C., art. 762).

4. Material probatorio susceptible de ser valorado.

El material probatorio susceptible de valoración que obra en el proceso es el siguiente(5):

— Copia simple del acta de incautación de vehículo, de fecha 22 de noviembre de 1995, mediante el cual se hace constar que la policía metropolitana de Bogotá, décima estación de Engativá, incautó al señor Cesar Augusto Domínguez Álvarez, el vehículo campero, marca American Motors Wlan, modelo 1986, de placas KFF 371, con motor 10206361T06180NN y serie 810CH1Bo30509141 (fl. 1 cdno. 2).

— Copia simple del inventario del vehículo antes incautado (fl. 2 cdno. 2).

Al respecto, la jurisprudencia consolidada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con el tema de la valoración de un documento que ha sido allegado por la parte demandante en copia simple, ha consistido en negarle eficacia probatoria a dichos documentos, al considerar, de conformidad con los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, y el pronunciamiento que, respecto del referido articulado profirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-023 del 11 de febrero de 2008, que los documentos públicos o privados allegados a un proceso deben serlo en original o en copia auténtica para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos y, en consecuencia, susceptibles de valoración.

No obstante lo anterior, en jurisprudencia reciente, la Sala ha aceptado la posibilidad de valorar los documentos aportados en copia simple por el demandante, en tanto le hubiere resultado imposible obtener la copia auténtica, porque el demandado sea quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir justificación alguna.

“No obstante, la Sala, sin desconocer las disposiciones que fueron declaradas exequibles, pero aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tienen valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible:

“Esta situación de inequidad procesal, impone a la Sala la búsqueda dentro del marco jurídico de una solución procesal justa para el caso y que equilibre la posición de las partes en la causa...

(...)

“En tal virtud, la Sala considera que cuando una de las partes no cumple con el deber de aportar la copia auténtica de un documento cuyo original se encuentra en su poder o legalmente bajo su guarda y archivo, corre con el riesgo y los efectos que con su conducta omisiva pretendió evitar, que, en el presente caso, se concreta en tener como susceptible de valoración la copia remitida por la parte que desplegó todas las gestiones que estuvieron dentro de su esfera material y jurídica para que la misma fuera remitida al proceso en las condiciones formales requeridas, y dado que el estudio de la misma interesa al proceso en su conjunto.

“Es decir que el incumplimiento o renuencia en aportar el documento en dichas condiciones legales pese a la orden judicial proferida por el a quo en tal sentido, acarrea como consecuencia en aplicación del principio de la comunidad de la prueba que deba otorgársele valor o mérito probatorio a las copias aportadas con la demanda, solución procesal que restablece el equilibrio de las partes en el proceso, y que se sustenta en los principios constitucionales de igualdad procesal (C.P., art. 13), del debido proceso y derecho de defensa (C.P., art. 29), y de presunción de buena fe respecto de ellas (C.P., art. 83), honrando con ella además los deberes de probidad, lealtad procesal y colaboración de las partes en el proceso (CPC., art. 71).

“La equidad que debe gobernar la actuación judicial en estas circunstancias (C.P., art. 238), determina que se garantice el derecho a la obtención de la prueba que tiene la parte que, como en el sub lite, realizó todo lo que legalmente estuvo a su alcance para la producción en debida forma de aquel elemento de convicción con el que pretende hacer valer sus argumentos, toda vez que no resultan admisibles las conductas procesales en las que la contraparte gozando de una posición privilegiada se abstiene de aportar la prueba, pues ello perturba la investigación de la verdad real en el proceso y, por ende, el correcto y normal funcionamiento de la Administración de Justicia, en contraposición al deber que le atañe a todos los colombianos de colaborar con ésta (C.P., art. 95, num. 7º)”(6).

(...).

— Además, con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículo 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma.

En efecto, el artículo 255 citado prevé: “La parte contra quien se aduzca copia de un documento, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección judicial, dentro de la oportunidad para practicar pruebas”.

Es cierto que la norma establece un trámite judicial para conferir autenticidad a las copias simples y es el cotejo con el original que se practique en una inspección judicial, a solicitud de la parte contra quien se aduce la prueba, el cual tiene como finalidad conferir certeza al documento que servirá como prueba, para así garantizar el derecho de defensa de quien no ha aportado el documento.

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite una inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La práctica del cotejo previsto en el artículo 255 citado debe quedar reservada para aquellos eventos en los cuales el documento original o la copia autenticada se encuentren en poder de un tercero y, por lo tanto, sin posibilidad de acceso por la parte en contra de la cual se aduce la prueba, para que sea la autoridad judicial la que disponga la exhibición del documento para su confrontación, con el fin de asegurar su derecho de defensa.

— Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que estas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene estos bajo su guarda y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa. Con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso.

— Los requisitos que el Código de Procedimiento Civil señala para conferir valor probatorio a las copias simples y las razones jurídicas aducidas por la Corte Constitucional para declarar su conformidad de las mismas con los mandatos superiores, no se desconocen cuando de manera excepcional se flexibilizan esas exigencias formales, para considerar implícitamente autenticadas las copias simples, como ocurre, se insiste, cuando estas se aducen en contra de quien tiene los originales o copias auténticas de aquellas y, en lugar de tacharlas de falsedad, se vale de las mismas para fundamentar su defensa.

Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la contradicción de la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(7).

— Finalmente, para la Sala no cabe duda de que las pruebas traídas por las partes en copia simple, pueden ser apreciadas sin limitación alguna en lo que les resulte desfavorables, en aplicación, igualmente, del principio de lealtad procesal. Por lo tanto, todas las consideraciones anteriores resultan relevantes pero cuando esas copias simples se aducen en contra de la otra parte, que, se reitera, tiene en su poder los originales de los documentos o las copias auténticas de los mismos.

En el caso concreto, la parte demandante trajo al expediente las copias simples, que aseguró correspondían a las pruebas trasladadas de la investigación penal, que por los mismos hechos de que trata este proceso adelantó el Juzgado 93 de Instrucción Penal Militar. La Sala considera que dichas copias son susceptibles de valoración, porque la misma entidad, en respuesta al oficio que le fue remitido por el tribunal, confirmó estar adelantando el proceso relacionado en ellas; manifestó su disposición a expedir tales copias, siempre que fueron pagadas por la parte actora y no las tachó de falsedad, habiendo podido realizar su cotejo con el original y, en cambio, se refirió a las pruebas documentadas en dichas copias, para fundamentar su defensa”(8).

En el presente caso, el acta de incautación fue presentada con el libelo demandatorio y la parte demandada nunca controvirtió o tachó de falso ese documento, al punto que en la contestación de la demanda, de manera expresa indicó:

“Pruebas

Respetuosamente manifiesto al honorable Magistrado Ponente, que coadyuvo las pruebas presentadas por la parte demandante en lo que beneficie a mi prohijada, además solicito que se oficie a la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá, para que expida copia auténtica de los libros radicadores, donde se registró la inmovilización del vehículo”.

De igual forma, en el escrito de alegatos de conclusión presentado por dicha parte, de manera clara y expresa también reconoció la veracidad de la incautación del vehículo objeto del presente debate en las condiciones de tiempo, modo y lugar mencionadas en la demanda. Al respecto manifestó:

“Conforme a las pruebas aportadas en el proceso se puede concluir que si bien es cierto se produjo la incautación del vehículo automotor tipo campero, particular, carpado, placas KFF 371 (antes 6371), marca American Motors Wrangler, modelo 1986, color rojo, motor 10206361T06180NN, serie 810CH1B03050914, en las condiciones anotadas en el libelo de la demanda, pero todo se debió a una orden legítimamente impartida por el juzgado 30 civil del circuito de Santafé de Bogotá, por lo que se puede manifestar que el actuar de la Policía Nacional obedeció al cumplimiento de una orden legítima (...)”.

De manera que en el punto de la incautación del vehículo antes referido, el demandado reconoció la veracidad de lo que al respecto relató en la demanda, dentro de la cual obraba, como anexo, el acta de incautación correspondiente.

Se agrega, además, que el citado documento fue solicitado tanto por la parte actora, como por la parte demandada y decretada por el tribunal a quo, sin embargo, nunca fue aportado al proceso, motivo por el cual la inactividad y omisión que en este sentido es atribuible a la parte demandada, puesto que tenía la obligación de allegar dicho documento pues debe reposar dentro de sus instalaciones no puede perjudicar a la parte demandante, la cual, cumpliendo con el deber de aportar todos los documentos que hubiere tenido en su poder, así lo hizo, al anexar con la demanda la copia del acta de incautación.

Así las cosas, aún cuando el citado documento fue aportado en copia simple, esta Subsección le otorgará mérito probatorio.

— 2 fotografías en las cuales aparece la silueta de un vehículo tipo campero dentro de lo que parece ser una de las instalaciones del Policía Nacional.

Si bien la Sala ha dicho que las fotografías carecen de mérito probatorio cuando no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas(9), lo cierto es que la Subsección les otorgará mérito probatorio para acreditar los hechos que dice contener la imagen, esto es que el vehículo campero que allí aparece fue el bien incautado al demandante y que la fachada en la cual se dice estaba ubicado corresponde a una estación de Policía, puesto que el contenido de esas fotografías fue corroborado por los testimonios de los señores Jaime Alberto Peña Álvarez y Henry Bermúdez quienes al ponérseles de presente tales fotografías, identificaron que el vehículo que allí aparecía era el que venía siendo usado y utilizado por el demandante, de igual forma el tribunal a quo realizó una inspección judicial en las instalaciones de la Policía, en donde se dijo en la demanda que había sido llevado el vehículo y se pudo constatar que la fachada corresponde a aquella que aparecía en las fotografías.

— Documento contentivo de una petición, con sello de presentación el día 11 de junio de 1996 ante la división de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales , mediante el cual el señor César Augusto Domínguez Álvarez solicitó que se oficie a la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá para que ordenara efectuar la restitución de vehículo incautado. Lo anterior lo pidió, al parecer, con fundamento en el fallo de tutela (fls. 24-25 cdno. 2).

— Oficio 3251-2 de fecha 2 de agosto de 1996, mediante el cual la DIAN dio respuesta a la anterior petición, en los siguientes términos (fl. 26 cdno. 2):

En razón a que este despacho no ha proferido acto administrativo decretando medida cautelar alguna contra el vehículo en mención en su oficio, igualmente no puede proferir acto que la levante.

Sin embargo oficiamos al Juzgado Séptimo Civil del Circuito y a la Secretaría de Tránsito y Transportes de esta ciudad comunicándoles que resulta innecesario continuar con medidas cautelares que se hayan tomado contra bienes del contribuyente Parra Marín Fernando NIT 79.044.563 quien ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias .

— Documento contentivo de una petición, con sello de presentación el día 8 de noviembre de 1996 ante la oficina de correspondencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, a través del cual se solicitó que se ordenara la restitución inmediata del vehículo incautado, comoquiera que habían sido levantadas las medidas cautelares que se habían proferido en varios procesos judiciales, razón por la cual no había lugar entonces a continuar con la retención del vehículo (fls. 27-33 cdno. 2).

— Oficio 3405 de fecha 29 de noviembre de 1996, suscrito por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C., mediante el cual dio respuesta a la anterior petición en los siguientes términos:

“En atención a la petición presentada ante este Comando, mediante la cual solicita la restitución del vehículo de placas KFF371, marca American Motors Wrangler, motor 10206361706180NN, me permito manifestarle que no es posible acceder a su pretensión, en razón a que revisados los libros radicadores de vehículos inmovilizados y dejados a disposición del grupo automotores de la Sijín MEBOG, no se halló registro sobre el automotor de características detalladas en su escrito, en consecuencia el vehículo no ha sido entregado a esta unidad, ni dejado a disposición de este comando, de conformidad con lo manifestado por el señor jefe del grupo mencionado, mediante oficio 2960 del 221196.

No obstante lo anterior, este comando ordenará la investigación correspondiente con el fin de establecer quién efectuó la retención del automotor y ante qué autoridad fue dejado a disposición”.

— Contrato de Permuta suscrito el 2 de noviembre de 1993, entre Germán Alfonso Piña Camacho y Dioselino Escobar Quintero, mediante el cual el primero entregó al segundo, en “permuta real y material”, el vehículo campero Wrangler, marca American Motors Wrangler, modelo 1986, de placas KF 6371, con Motor No. 10206361T06180NN y serie 810CH1B030509141.

— Promesa de contrato de compraventa, suscrita el 29 de agosto de 1994, entre el señor Diocelino Escobar Quintero y el señor César Augusto Domínguez, mediante el cual el primero se comprometió a “transferir en venta” al segundo el vehículo campero Wrangler, marca American Motors Wrangler, modelo 1986, de placas KF 6371, con Motor No. 10206361T06180NN y serie 810CH1Bo30509141 (fls. 37-38 cdno. 2).

— Copia auténtica de una certificación suscrita por la empresa “talleres auto-mecánicos” en la cual se hizo constar que el vehículo antes descrito estuvo en el citado taller del 20 al 25 de octubre de 1994, por unos arreglos en la transmisión. De igual forma, se certificó que el arreglo al vehículo se hizo en nombre del señor César Domínguez con cédula de ciudadanía, 79.348.903 de Bogotá.

— Copia auténtica de una factura de compra-venta 0197, en la cual el señor César Domínguez, el día 5 de marzo de 1995, compró en el almacén “Rines Sanderautos” rines de lujo y llantas para vehículo.

— Copia auténtica de una certificación suscrita por la empresa “Rectificadora Santa Fe Ltda.”, en la cual se hizo constar lo siguiente:

“Hago constar que el vehículo:

Marca: Jeep Wrangler

Modelo: 1986

Placa: KF 6371

Motor 10206361-T066180 NN

Color: Rojo

Fue traído para reparación general de motor, culatas y cigüeñal el día 26 de junio de 1995, por el señor Cesar Augusto Domínguez Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía 79.348.903 de Bogotá.

Se expide a solicitud del interesado, a los veinticinco (25) días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis (1996)”.

— Certificación del Ministerio de Minas y Energía, plan de legalización de explotadores mineros de hecho, en el cual se hizo constar lo siguiente (fl. 42 cdno. 2):

“Que el vehículo marca Wrangler, color vino tinto, de placas KF 6317, modelo 86, de propiedad del señor Cesar Domínguez Álvarez identificado con cédula de ciudadanía 79.348.903 de Bogotá, estuvo prestando servicios de transporte en el Programa desde el día 20 de septiembre de 1995 hasta cuando el vehículo entró a reparación general.

La presente se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis (1996)”.

— Testimonio rendido por el señor Jaime Alberto Peña Álvarez ante el tribunal a quo, el día 19 de marzo de 1999, en el cual expuso lo siguiente:

“(...).

Contesto: Si conozco a César Augusto Domínguez Álvarez, desde toda la vida, en razón a que somos primos hermanos, porque él es hijo de mi tía Mariela Domínguez, quien es hermana de mi mamá. (...) Contesto: Si conocí el carro al que se refiere la pregunta, me consta que estaba en buen estado y fuera de eso yo le hice una reparación al vehículo entre los años 94 y 95, le hice una reparación que consistió en sustituir los impulsadores de las válvulas al motor que tenía es un V8, 350, Chevrolet, el carro tenía un buen radio, en términos generales estaba en buen estado, como dije anteriormente yo soy técnico automotriz. En esa época 1994, 95, tenía cuatro explotadores de huevo, era carpado de color negro y las latas rojas, su cojinería estaba en perfecto estado.

Preguntado: Manifieste al despacho si usted reconoce el carro al que usted se ha referido en la respuesta anterior, en las fotografías que se le ponen de presente. Se le ponen de presente dos fotografías que aparecen a folio 3 del cuaderno 2. Contesto: Si el carro al que me he referido en mi respuesta anterior, es el mismo que veo en estas fotografías.

Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora para que interrogue:

(...).

Contesto: Si tenía un motor superior cilindraje al original, mayor caballaje, mayor número de cilindros los cuales eran ocho, es en cuanto al motor, en su interior tenía buen radio, tenía rines de lujo, llantas anchas, amortiguadores de aire, marca Monroe, esto me consta porque yo me fijo mucho en este porque me gustan demasiado los carros, los detallo, me gusta manejarlos y yo manejé ese carro, tenía muy buen pique y fondo, era más estable de lo normal porque tenía unas llantas demasiado anchas, yo lo manejé varias veces, antes de la reparación que le hice y después también varias veces.

Preguntado: Teniendo en cuenta que Ud. ha manifestado que el motor tenía mayor número de cilindros (8), sírvase informar al despacho, cuál era el número de cilindros que normalmente tiene ese tipo de vehículo al que Ud. se refiere. Contesto: Ese tipo de vehículo lo conozco con un seis cilindros en línea de serie, viene con unas llantas mucho menores en su tamaño, viene con un equipo de sonido mucho más simple, la amortiguación original es diferente de menos capacidad que la que tenía este vehículo cuando yo lo conocí”.

— Testimonio rendido por el señor Henry Bermúdez Ruíz ante el Tribunal a quo, el día 19 de marzo de 1999, en el cual expuso lo siguiente:

“(...) Contesto: Conocí el vehículo y su estado de mantenimiento y conservaciones era bueno, porque en varias ocasiones tuve la oportunidad de manejarlo y el carro se encontraba en excelente estado para andar, se notaba que el carro se le hacía el mantenimiento que requiere cualquier vehículo para su respectivo uso.

Preguntado: Diga al despacho si las fotografías que se le ponen de presente corresponden al carro al que usted se ha referido en su respuesta anterior. Se le ponen de presente las fotografías que aparecen a folio 3 del cuaderno 2. Contesto: Sí el vehículo que se me pone de presente en fotografías es el mismo al que me he referido antes, se le cambiaron las llantas por unas mejores, la carpa y lo mandó pintar quedando en buen estado de presencia.

Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora para que interrogue:

(...) Contesto: Que me acuerde creo que el carro estuvo en poder de César Domínguez de dos a tres años más o menos.

Preguntado: Sírvase manifestar al despacho, qué tipo de adaptaciones mecánicas y accesorios especiales recuerda usted que tenía el vehículo antes mencionado y que por lo mismo lo hicieran de mayor valor. Contesto: Se le cambiaron los rines por unos de lujo, la carpa nueva, se pintó el vehículo, se le puso un equipo de sonido con una planta y unos bafles potentes y al motor se le hizo una reforma que consistieron en el cambio de los pistones por unos de mayor calidad, el carburador también se le cambió en esa época que recuerde en este momento”.

— Dictamen pericial rendido por los señores Jorge Hernando Díaz Valdiri y Antonio José Sánchez Zambrano, mediante el cual dieron su concepto en relación con el daño emergente y el lucro cesante que habría tenido el vehículo antes descrito, debido al cese de la explotación económica desde el 22 de noviembre de 1995 (fls. 48-57 cdno. 2).

— Dictamen pericial rendido por los señores Guillermo Álvarez Real y Carlos Augusto Bernal Méndez, en el cual avaluaron el vehículo objeto de la supuesta incautación y determinaron el daño emergente y el lucro cesante que se habrían presentado por estos hechos (fls. 65-67 cdno. 2).

— Oficio de fecha 3 de julio de 2000, suscrito por el jefe de denuncias y contravenciones del Departamento de Policía Bacatá – Estación Novena Fontibón, mediante el cual, en respuesta a un oficio enviado por el Tribunal a quo, manifestaron lo siguiente (fl. 68 cdno. 2):

“En atención a su Oficio 0004094, donde se requiere información sobre el vehículo campero de placas KFF 371 marca American Motors modelo 1986, comedidamente me permito solicitarles mayor información ya que revisados los libros radicadores de automotores que por una u otra causa han sido retenidos y no aparece el vehículo en mención incautado por la novena estación de policía de Fontibón, para poder aportar la información requerida por su despacho, agradeciéndoles su gentileza”.

— Oficio 28026 del 11 de julio de 2000, mediante el cual el coordinador del grupo archivo general de la secretaría general de la Policía Nacional, expuso lo siguiente(10):

“Con toda atención me permito dar respuesta al oficio de la referencia para informar a ese honorable tribunal que consultada la base de datos que se lleva en este grupo no aparece antecedentes en relación al señor Augusto Domínguez Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía 79.348.903 de Bogotá, por lo anterior se le sugiere rectificar los nombres o el número de cédula o la fecha de retiro para así facilitar la ubicación del actor y darle una respuesta favorable”.

— Oficio 848 Coman tesex del 30 de junio de 2000, mediante el cual el jefe archivo, en apoyo con el comandante de la Sexta Estación Tunjuelito del Departamento de Policía Tequendama, en el cual se indicó lo siguiente(11) (fl. 74 cdno 2):

“Me permito informar a ese despacho, sobre la información requerida por usted en los oficios mencionados y mirando la dirección, calle 26 con carrera 85 de Santafé de Bogotá, corresponde por jurisdicción y localidad a la novena estación, a donde fueron enviados los Oficios en mención a la carrera 98 Nº 18-90 novena estación”.

— Acta de Inspección Judicial en la cual se hizo constar lo siguiente:

En Bogotá D.C. a los diez y nueve días del mes de octubre del año dos mil? (sic) nos trasladamos a la estación de policía de Engativá? (sic) ubicada en al Cra &’(sic) 78 a no. 70-58 de la nomenclatura urbana de la ciudad, con el objeto de realizar e (sic) inspección judicial decretada en este proceso número 15240.

En el lugar nos atendió el teniente Lopera, oficial de servicio, a quien le enteramos del objeto de la diligencia.

Después de esta constatamos que las fotos del jeep que aparecen dentro del expediente coinciden con la fachada del edificio de la estación.

En constancia se firma

— Oficio 41571 del 10 de noviembre de 2000, a través del cual la jefe oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía manifestó lo siguiente (fl. 78 cdno. 2).

“En atención a su solicitud contenida en el oficio 00-04-098, Expediente 97-D-15240, le informo que una vez revisado el archivo central del Ministerio, no se encontró documento alguno relacionado con la contratación de vehículos automotores, destinados al servicio del programa de legalización de pequeña minería de hecho, en desarrollo del artículo 58 de la Ley 141 de 1994.

Lo anterior se debe a que el mismo fue adelantado por la Subdirección de Ingeniería de la Dirección General de Minas, dependencias que fueron suprimidas por el Decreto 1674 de 1997, así como el hecho de que no se cuenta con un archivo específico del tema.

No obstante, los funcionarios encargados del manejo del archivo de esta entidad continuarán en la búsqueda de los documentos por ustedes solicitados y en el momento en que sean ubicados, se procederá a informar a su despacho”.

— Oficio 2366 del 6 de diciembre de 2000, mediante el cual el Juzgado Séptimo remitió copia auténtica del proceso 2668 Ejecutivo Singular de José Nelson Romero Torres contra Fernando Parra Marín (fls. 80-167 cdno. 2).

Oficio 4618 del 13 de octubre de 2000, a través del cual el Juzgado Treinta Civil del Circuito remitió las copias solicitadas mediante Oficio 00-004-092 expedido por el Tribunal a quo.

— Oficios 980036(12) mediante los cuales el Jefe de Talento Humano de la Décima Estación de Engativá del Departamento de Policía de Tisquesusa hizo constar que los señores tenientes José Yesid Gracia Muñoz y Manuel Daría Galindo Duque, para el mes de Noviembre de 1995, laboraban en esa dependencia desempeñándose como Comandante del CAI de Normandía y como Subcomandante de esa Estación respectivamente (fls. 168-169 cdno. 2).

5. Hechos probados, ordenados de manera cronológica.

— Mediante auto del 17 de febrero de 1995, el juzgado 30 civil del circuito de Bogotá D.C., dentro del proceso ejecutivo No. 6925, demandante: José Nelson Romero Torres, demandado: Fernando Parra Marín, decretó el embargo y secuestro del vehículo de placas KF-6371 de propiedad del ejecutado (fl. 154 cdno. 2).

— A través del Oficio 536 del 27 de febrero de 1995, la Secretaría del juzgado 30 comunicó a la oficina de tránsito y transportes acerca de la medida cautelar decretada (fl. 155 cdno. 2).

— En Oficio 50 del 29 de marzo de 1995, la Secretaría de Tránsito y Transporte, en respuesta a la anterior comunicación, informó que en el registro del vehículo objeto de la medida figuraba como propietario el señor Fernando Parra Marín desde el 21 de diciembre de 1994. De igual forma indicó que el embargo ordenado había quedado registrado (fl. 156 cdno. 2).

— Por su parte, dentro del proceso ejecutivo 1293, demandante: José Nelson Romero Torres, demandado Fernando Parra Marín, adelantado ante el juzgado 7º civil del circuito de Bogotá D.C., en auto del 3 de abril de 1995, también se decretó el embargo del vehículo KF 6371 denunciado como de propiedad del demandado (fl. 90 cdno. 2).

— En Oficio 836 del 19 de abril de 1995, el Secretario del juzgado 7º, le informó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, la anterior medida.

— El 5 de julio de 1995, mediante el Oficio 1.666, el secretario del juzgado 30, comunicó al comandante del F2 que en el proceso respectivo se había ordenado la aprehensión del vehículo de placas KF 6371. En el mismo documento se expuso: “Sírvase proceder de conformidad, dejando a disposición de este Despacho el citado automotor” (fl. 159 cdno. 2).

— En oficio del 29 de agosto de 1995, el Secretario del juzgado 7º civil del circuito de Bogotá, informó al juzgado 30, que dentro del proceso ejecutivo que el primer despacho estaba adelantando, se había decretado el embargo de los bienes y/o remanentes que al ejecutado le llegaren a quedar en el proceso ejecutivo que se venía adelantando en el citado juzgado 30. Informó que la medida se limitaba a la suma de $ 6’864.000 (fl. 160 cdno. 2).

— En comunicación del 11 de julio de 1995, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informa al juzgado 7º lo siguiente (fl. 113 cdno. 2):

“Comedidamente, procedo a informar el estado actual de los procesos de cobro persuasivo, respecto de cada uno de los contribuyentes informados por su despacho mediante los oficios en referencia, de acuerdo con la relación que se anexa:

Su señoría, igualmente solicito a usted, comunicar con destino a este despacho, el estado actual de los procesos que involucran a los contribuyentes que relacionamos, y que en el momento de proferir sentencia se tenga en cuenta las deudas fiscales a favor del Estado y a cargo de las citadas personas por concepto de impuestos conforme a lo establecido en el artículo 2436, 2497 y 2502 del Código Civil en cuanto a la prelación de créditos” (Se resalta).

— En Oficio 2875 del 11 de octubre de 1995, el secretario del juzgado 30 le informó al juzgado 7º, que se había tenido en cuenta el embargo decretado en este último.

— El 22 de noviembre de 1995, la Policía Metropolitana de Bogotá, Décima Estación de Engativá, incautó al señor César Augusto Domínguez el vehículo campero, marca American Motors Wrangler, modelo 1986, de placas KFF 371, con motor 10206361T06180NN y serie 810CH1B030509141. En la respectiva acta se hizo constar que la orden de embargo provenía del juzgado 30 civil del circuito de Bogotá, de conformidad con el Oficio 1.666.

— En auto del 5 de febrero de 1996, el juzgado 30 civil del circuito dio por terminado el proceso ejecutivo por pago de la obligación, levantó las medidas cautelares decretadas hasta esa fecha y ordenó, en el evento en que existiese embargo sobre el remanente, que se le pusiera a disposición del Juzgado correspondiente (fl. 139 cndo. 2).

— En providencia del 6 de febrero de 1996, el juzgado 7º decretó la terminación del proceso ejecutivo que venía adelantando, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas, no obstante lo cual, manifestó:

“[Q]uedan a disposición [las medidas cautelares] de la administración local de impuestos nacionales en virtud de lo comunicado en el oficio # 006914 COD. 32-51-2 del 11 de julio de 1995. Ofíciese de conformidad (CPC., art. 542)”.

— A través del Oficio 497 del 12 de febrero de 1996, el secretario del juzgado 30, comunicó al comandante F2 automotores que aunque se había decretado el desembargo del automotor de placas KF 6371, debía poner a disposición del juzgado 7 civil el vehículo ya referido, “una vez [fuera] capturado (sic)” (fl. 140 cdno. 2).

— En esa misma fecha, el secretario del juzgado 30, le informa al secretario de tránsito y transportes, en iguales términos del oficio anterior, las medidas adoptadas el proceso ejecutivo que se adelantaba en aquel despacho (fl. 141 cdno. 2).

— El juzgado 7º en oficio del 20 de febrero de 1996 informó al juzgado 30 que en el proceso ejecutivo respectivo se había ordenado el levantamiento del embargo de los bienes y/o remanentes sobre los bienes del ejecutado dentro del proceso que se adelantaba en el juzgado 30, pero se le puso de presente que dicha medida quedaba vigente para el proceso “embargo crédito fiscal que le adelanta la Administración de Impuestos Nacionales DIAN, al ejecutado” (fl. 142 cdno. 2).

— En oficios 452 y 453 de febrero 20 de 1996, el juzgado 7º civil le informó al director del DATT, y a la DIAN acerca de la medida adoptada en el auto del 6 de febrero de 1996 (fls. 119-120 cdno. 2).

— Documento contentivo de una petición, con sello de presentación el día 11 de junio de 1996 ante la división de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales, mediante el cual el señor César Augusto Domínguez Álvarez solicitó que se oficie a la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá que ordene efectuar la restitución de vehículo incautado. (fls. 24-25 cdno. 2).

— Oficio 3251-2 de fecha 2 de agosto de 1996, mediante el cual la DIAN brindó respuesta a la anterior petición en los siguientes términos (fl. 26 cdno. 2):

En razón a que este despacho no ha proferido acto administrativo decretando medida cautelar alguna contra el vehículo en mención en su oficio, igualmente no puede proferir acto que la levante.

Sin embargo oficiamos al Juzgado Séptimo Civil del Circuito y a la Secretaría de Tránsito y Transportes de esta ciudad comunicándoles que resulta innecesario continuar con medidas cautelares que se hayan tomado contra bienes del contribuyente Parra Marín Fernando NIT 79.044.563 quien ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias .

— Documento contentivo de una petición, con sello de presentación el día 8 de noviembre de 1996 ante la oficina de correspondencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, a través del cual se solicitó que se ordenara la restitución inmediata del vehículo incautado, comoquiera que habían sido levantadas las medidas cautelares que se habían proferido en varios procesos judiciales, razón por la cual no había lugar entonces a continuar con la retención del vehículo (fls. 27-33, cdno. 2).

— Oficio 3405 de fecha 29 de noviembre de 1996, suscrito por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C., mediante el cual dio respuesta a la anterior petición en los siguientes términos:

“En atención a la petición presentada ante este comando, mediante la cual solicita la restitución del vehículo de placas KFF371, marca American Motors Wrangler, motor 10206361706180NN, me permito manifestarle que no es posible acceder a su pretensión, en razón a que revisados los libros radicadores de vehículos inmovilizados y dejados a disposición del Grupo Automotores de la Sijín MEBOG, no se halló registro sobre el automotor de características detalladas en su escrito, en consecuencia el vehículo no ha sido entregado a esta unidad, ni dejado a disposición de este comando, de conformidad con lo manifestado por el señor Jefe del Grupo mencionado, mediante Oficio 2960 del 221196.

No obstante lo anterior, este comando ordenará la investigación correspondiente con el fin de establecer quién efectuó la retención del automotor y ante qué autoridad fue dejado a disposición”.

— En respuesta a una petición presentada por el comandante de la zona décima Engativá del departamento de Policía de Tisquesusa, el juzgado 7º, el 14 de febrero de 1997, expidió la siguiente certificación (fl. 122 cdno. 2):

— Que el vehículo de placas KF-6371 fue embargado por este Juzgado mediante auto del 3 de abril de 1995 y comunicado a la oficina de tránsito y transporte de esta ciudad con el Oficio 836 del mismo año.

— Que dentro del presente asunto no se efectivizó la diligencia de secuestro de dicho vehículo.

— Que por auto calendado el 6 de febrero del año pasado se decretó la terminación del proceso por pago total de la obligación y en consecuencia de ello se ordenó el levantamiento de tal medida de embargo, quedando la misma a disposición de la DIAN debido al proceso fiscal que tal entidad sigue contra el señor Fernando Parra Marín, hecho este que fue dado a conocer al DATT, con el Oficio 452 de 1996.

— Que en definitiva el vehículo de marras nunca fue capturado por mandato de este despacho y, menos aún, dejado a disposición de esta autoridad”.

— En respuesta a una petición presentada por el comandante de la zona décima Engativá del Departamento de Policía de Tisquesusa, el juzgado 30, el 10 de marzo de 1997, expidió la siguiente certificación (fl. 165 cdno. 2):

“[P]ara informar que mediante el Oficio 1666 de julio 5/95 se decretó la aprehensión del automotor de placas KF 6371. No hay constancia en el proceso de que se haya dejado a disposición de este despacho. El proceso se terminó y se decretó el levantamiento de las medidas mediante auto del 5 de febrero del año de 1996.

Lo anterior para que obre dentro de la investigación disciplinaria 004/97 que adelanta ese departamento”. (Se resalta).

— El día 20 de octubre de 1997 se radicó la demanda objeto del presente proceso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

— Memorial allegado por el apoderado de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo que adelantaba el juzgado 7º, a través del cual le solicitó que se oficiara a la DIAN con el fin de que informara a ese despacho las razones por las cuales no habían oficiado para desembargar el remanente en el proceso ejecutivo, teniendo en cuenta que la deuda fiscal se encontraba cancelada y el proceso terminado (fl. 128 cdno. 2).

— Memorial de fecha 17 de julio de 1998, mediante el cual la DIAN informó al juzgado 7º que en el proceso fiscal que venía adelantado contra el señor Fernando Parra Marín, dicho contribuyente ya había cancelado las obligaciones que tenía para con el fisco nacional por concepto de impuestos. Lo anterior se expuso, para que se ordenara a quien correspondiera “tomar las medidas necesarias” (fl. 32 cdno. 2).

— Auto del 13 de agosto de 1998, mediante el cual, el juzgado 7º para resolver la petición del apoderado del demandante dentro del proceso ejecutivo que venía adelantando expuso:

“Toda vez que en fecha posterior la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales informa este despacho que el señor Fernando Parra Marín canceló sus obligaciones por concepto de impuestos, no procede a oficiar a dicha oficina”.

— Memorial allegado por el apoderado de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo que adelantaba el juzgado 7º, por el cual solicitó, teniendo en cuenta el oficio remitido por la DIAN, que se oficiara a la oficina de tránsito y transporte con el fin de que procediera al desembargo del vehículo objeto de la medida cautelar (fl. 131 cdno. 2).

— Auto del 24 de septiembre de 1998, a través del cual el juzgado 7º, en respuesta a la anterior petición, sostuvo: “Previamente acredítese que el automotor se encuentra a disposición de este despacho”.

— Memorial allegado por el apoderado de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo que adelantaba el juzgado 7º, mediante el cual solicitó que se oficiara al juzgado 30 civil, con el fin de que este despacho, a su vez, oficiara a la oficina de tránsito y transporte con el fin de que procediera al desembargo del vehículo objeto de la medida cautelar o, en su defecto, que se ordenara el desglose del oficio allegado por la DIAN con el fin de presentarlo directamente al juzgado 30 civil (fl. 134 cndo. 2).

— Auto del 14 de enero de 1999 mediante el cual el juzgado 30 civil, en respuesta a un memorial —el cual no fue aportado al presente proceso— manifestó lo siguiente (fl. 166 cdno. 2):

“El libelista deberá estarse a lo dispuesto en auto de fecha 5 de febrero de 1996 en donde se resolvió terminar el asunto epígrafe por pago integral de la deuda, con todo, y comoquiera que el proceso ejecutivo cursante en el juzgado 7º civil del circuito de esta ciudad se encuentra igualmente terminado según comunicación visible a folio 17 se dispone oficiar nuevamente a la oficina de tránsito y transporte competente para que cancele la medida de embargo que recae sobre el automotor indicado en el anterior pedimento. Ofíciese y déjese constancia de rigor”.

— En Oficio 239 del 22 de enero de 1999 el juzgado 30 comunica el anterior auto al secretario de tránsito y transportes (fl. 167 cdno. 2).

— Auto del 12 de febrero de 1999, mediante el cual el juzgado 7º ordenó desglosar el documento solicitado (fl. 135 cdno. 2).

6. Acreditación de los elementos de la responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas; del mencionado precepto constitucional la jurisprudencia de esta sección ha colegido, en cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, que deben concurrir en el plenario los elementos demostrativos de la existencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado —o determinable—, que se inflige a uno o a varios individuos; (ii) una conducta, activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, y (iii) cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquel, vale decir que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada.

En este orden de ideas, si bien para determinar la responsabilidad del Estado en un caso concreto, el primer elemento a analizar debe ser la existencia del daño antijurídico, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, lo cierto es que dadas las particularidades de este asunto, resulta ineludible e indispensable comenzar el análisis a partir de la determinación de si se encuentra probada la falla del servicio endilgada en la demanda, con el fin de establecer, a partir de esta verificación, si se produjo el daño también indicado.

En este sentido se solicita que se declare la responsabilidad extracontractual del Estado por la presunta falla en el servicio consistente en: i) la omisión por parte de la Policía Nacional en haber puesto un vehículo incautado a disposición de la autoridad judicial competente; ii) por no haber restituido el automotor al demandante cuando era su deber hacerlo y; iii) por no haberle reportado al actor la información necesaria acerca del paradero del citado bien mueble, circunstancias que habrían causado la imposibilidad de adelantar la diligencia de secuestro correspondiente, situación que, como consecuencia, habría ocasionado la vulneración de su derecho a la defensa, manifestado en la imposibilidad de demostrar en dicha diligencia, en los términos del artículo 686 del Código de de Procedimiento Civil, su condición de poseedor del citado bien y, de tal forma, haber podido obtener la restitución del mismo, con el objetivo de continuar con su actividad económica.

Una vez analizadas las pruebas obrantes en el proceso, para esta Subsección resulta clara y manifiesta la existencia de una conducta omisiva y activa imputable o atribuible a la Policía Nacional, generadora del daño alegado en la demanda, situación que dará lugar a declarar la responsabilidad del ente demandado.

En efecto, se encuentra acreditado que dentro del proceso ejecutivo 6925, adelantado ante el juzgado 30 civil del circuito de Bogotá D.C., demandante: José Nelson Romero Torres; demandado: Fernando Parra Marín, se decretó el embargo y secuestro del vehículo de placas KF-6371 de propiedad del ejecutado.

La anterior medida cautelar fue comunicada a la Oficina de Tránsito y Transporte para los efectos pertinente, entidad que mediante Oficio 50 del 29 de marzo de 1995, informó que el vehículo figuraba a nombre del ejecutado desde el 21 de diciembre de 1994 y, en consecuencia comunicó que el embargo había quedado registrado.

Por lo anterior, el juzgado 30, a través del Oficio 1666 del 5 de julio de 1995, comunicó al comandante del F2 (hoy Dijin) Automotores de la Policía Nacional que se había ordenado la aprehensión del vehículo objeto de la medida, para lo cual se expuso, de manera expresa, lo siguiente: “Sírvase proceder de conformidad, dejando a disposición de este despacho el citado automotor”.

En cumplimiento de la anterior orden, la Policía Nacional, el 22 de noviembre de 1995, incautó al señor César Augusto Domínguez el vehículo objeto de la medida cautelar, con la indicación expresa y precisa de que dicha aprehensión provenía de la orden de embargo proferida por el juzgado 30 civil del circuito mediante Oficio 1666.

Con posterioridad y sin que el juez 30 civil del circuito tuviese conocimiento de la existencia de la aprehensión por parte de la Policía Nacional, envió de nuevo una comunicación al comandante del F2 Automotores, mediante la cual le informó que aunque se había decretado el desembrago del vehículo KF 6371, debía ponerlo a disposición del juzgado 7 civil del circuito(13) una vez fuese “capturado”.

De conformidad con lo anterior, se encuentra plenamente demostrado el incumplimiento de una obligación por parte del ente demandado, consistente en no haber dejado a disposición tanto del juzgado 30 civil del circuito (en un principio) como del juzgado 7º civil del circuito (con posterioridad), el vehículo automotor que, precisamente, por orden del juzgado 30, había sido aprehendido por agentes de la Policía Nacional.

Así las cosas, como consta en el expediente, el día 22 de noviembre de 1995, precisamente en cumplimiento de la orden proferida por el juzgado 30, la Policía Nacional aprehendió el vehículo, sin embargo omitió, sin justificación alguna, ponerlo a disposición tanto del juzgado 30, como del juzgado 7º, no obstante la orden clara y precisa que en este sentido se le había impartido.

En efecto, de las copias auténticas de cada uno de los expedientes ejecutivos que fueron allegados al presente proceso, no existe constancia alguna de que la Policía Nacional hubiere puesto a disposición de los citados despachos el vehículo aprehendido, al punto de que en respuesta a una comunicación presentada por el comandante de la zona décima de Engativá del departamento de Policía de Tisquesusa mediante la cual solicitaba que se le informara si el vehículo incautado había sido puesto a disposición de los juzgados 30 y 7º, ambos despachos dejaron claro que tal circunstancia no había ocurrido, esto es, los citados juzgados en momento alguno se enteraron de que la Policía Nacional había aprehendido el mencionado automotor.

De conformidad con lo anterior, para la Subsección resulta absolutamente clara la omisión del cumplimiento de la obligación que había sido radicada en el ente demandado, consistente en dejar a disposición de la autoridad competente el vehículo aprehendido.

Ahora bien, tal omisión fue, sin duda, determinante en la producción del daño alegado en la demanda, comoquiera que al no dejar a disposición de la autoridad competente el vehículo aprehendido, imposibilitó que se adelantara la diligencia de secuestro correspondiente, situación que, a su vez, impidió que el demandante pudiera ejercer su derecho de defensa, con el fin de oponerse a esa diligencia de secuestro o solicitar la revocatoria de las medidas cautelares en los términos del numeral 8º del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, una de las características de las medidas cautelares —entre ellas el secuestro por su puesto—, según la doctrina, radica en el hecho de que se trata de típicos actos jurisdiccionales y actuaciones propias del proceso, en la medida en que con ellas se pretende “garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva”(14), de manera que corresponde al operador judicial o a una autoridad administrativa a la cual se le hayan delegado funciones jurisdiccionales, la competencia para decretarlas y practicarlas(15).

Ahora bien, dentro del catálogo de medidas cautelares previstas en el ordenamiento se encuentra el secuestro, el cual es definido por el artículo 2273 del Código Civil como “el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe retribuirla al que obtenga una decisión a su favor”, al tiempo que el artículo 2276 de la misma codificación prevé que el secuestro judicial es aquel decretado por el juez.

De manera que esta medida cautelar supone entonces “la aprehensión material [ordenada por el juez] de los bienes y la restricción a la posesión o tenencia que en ellos exista, porque los bienes pasan a poder del secuestre(16)”.

En este orden de ideas, dado que se trata de actos jurisdiccionales, le corresponde al juez tanto decretar el secuestro de determinado bien, como adelantar las actuaciones correspondientes para su práctica, diligencia que se encuentra regulada en los artículos 682 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, la sola aprehensión material de un bien no supone el secuestro del mismo, como medida cautelar, puesto que para que esto ocurra se requiere necesariamente surtir el procedimiento correspondiente, respetando, claro está, cada una de sus etapas, para que se entienda que el bien objeto de la medida quedó debidamente secuestrado.

En este sentido, dentro de esta diligencia se prevé la posibilidad de que quien alegue ser el poseedor en nombre propio o tenedor a nombre de un tercero poseedor pueda oponerse al secuestro, para lo cual debe aducir prueba siquiera sumaria de la condición en la cual dice actuar o incluso se le permite solicitar pruebas para estos efectos.

Si la oposición prospera en los términos de la citada norma, el secuestro debe levantarse y, por supuesto, el bien objeto de la medida debe entregarse al poseedor que logró oponerse a la diligencia.

Por consiguiente, dado que la sola aprehensión no supone la perfección del secuestro, resulta indispensable, necesario e ineludible, tratándose de los casos como el presente, en los cuáles dicho acto material —aprehensión— sea ejecutado por la Policía Nacional o por cualquier otra autoridad que tenga competencia para ello, que la referida autoridad ponga a disposición, de manera inmediata, el bien a disposición del operador judicial que dictó la orden, puesto que de esa manera se permite que el juez, en primer lugar, conozca acerca de la ocurrencia de esa situación, al tiempo que permite adelantar el procedimiento establecido en la ley para la práctica debida del secuestro.

En el presente caso, se reitera, ocurrió precisamente lo contrario, puesto que, como se encuentra probado, el ente ahora demandado incumplió su deber de poner a disposición del juez competente el bien incautado, situación que impidió que se realizara la diligencia de secuestro y, con ello, que el aquí demandante hubiere podido oponerse a dicha diligencia.

Para el tribunal a quo, aunque reconoce que pudo haber sido cierta la afirmación del demandante de que la omisión antes detallada del demandado habría determinado la imposibilidad de que hubiere podido ejercer el derecho a oponerse a dicha diligencia, lo cierto es que manifestó que, con todo, el demandante pudo haber ejercido la facultad que le otorga el numeral 8º del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, según la cual habría podido solicitar el levantamiento del embargo en los términos allí previstos.

Al respecto cabe indicar que la anterior afirmación resulta imprecisa, comoquiera que para que pueda prosperar tal solicitud, en los términos de la norma citada por el tribunal a quo, se requería, necesariamente, que se hubiere adelantado la diligencia de secuestro.

La norma en comento prevé lo siguiente:

“ART. 687.—Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:

(...).

8. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte días siguientes, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquella se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión.

Para que el incidente pueda iniciarse es indispensable que el peticionario preste caución que garantice el pago de las costas y la multa que lleguen a causarse, y si se trata de proceso ejecutivo además que no se haya efectuado el remate del bien.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará igualmente al tercero poseedor que se opuso a la diligencia de secuestro, pero no estuvo representado por apoderado judicial. Promovido el incidente quedará desierta la apelación que se hubiere propuesto y de ello se dará aviso al superior.

Si el incidente se decide desfavorablemente a quien lo promueve, se impondrá a este una multa de cinco a veinte salarios mínimos mensuales.

El auto que decida el incidente es apelable en el efecto diferido”.

Como se observa, para poder realizar la solicitud y que ésta hubiera prosperado, se requería ineludiblemente que se hubiere surtido, por el juez competente, la diligencia de secuestro y ésta efectivamente se hubiere practicado, dado que la norma de manera clara y expresa está indicando que la petición debe estar encaminada a solicitar el levantamiento del secuestro, situación que supone, como no puede ser de otra forma, que esta medida cautelar se hubiere practicado, circunstancia, se reitera, que no ocurrió en el presente caso, puesto que ni siquiera la diligencia correspondiente se tramitó, por la sencilla pero potísima razón —falla en el servicio— de que la entidad demandada nunca puso a disposición del Juzgado competente el bien incautado.

También se podría decir que el demandante tenía la posibilidad de acudir al proceso —así no fuere de conformidad con la norma antes descrita—, presentado algún memorial o petición dirigida al juzgado 30 o 7º, para efectos de que se le pusiera en conocimiento que se le había incautado el vehículo, con el fin de que los mencionado operadores judiciales, a su vez, procedieran a requerir a la Policía Nacional para que dicha parte procediera pusiera a disposición el citado automotor.

Al respecto debe recordarse que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política, “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, situación que se traduce, en lo que interesa al caso concreto, en que no se le puede exigir a los particulares el cumplimiento de cargas u obligaciones que no encuentren expreso sustento en el ordenamiento o hayan encontrado origen en su propio comportamiento.

Por el contrario, el particular lo que debe esperar de la administración y lo que puede y debe exigirle, es que cumpla con las cargas y obligaciones que se le han impuesto, en la medida en que todas ellas están encaminadas e instituidas para proteger y garantizar los derechos de las personas.

En el presente caso debe tenerse en cuenta que la obligación de poner a disposición de la autoridad competente el vehículo retenido recaía única y exclusivamente en la parte demandada, puesto fue en ese sentido en que le fue ordenado por el juzgado 30 según ha quedado expuesto; de igual forma el demandante, en relación con el proceso ejecutivo, era un simple tercero que, por ende, nunca fue vinculado formalmente y, al revisar las normas que regulan el proceso ejecutivo y las medidas cautelares, solo tenía la oportunidad de hacer valer sus derechos en el referido proceso a través de la formulación de la respectiva oposición dentro de la diligencia de secuestro que nunca se practicó.

Con todo, cabe agregar que la parte demandante, por el contrario, asumió una posición activa en relación con la situación que se estaba presentado a raíz de la incautación del vehículo, tal como dan cuenta las peticiones que formuló ante la DIAN y la misma Policía Nacional, a través de las cuales solicitó que se realizaran las labores pertinentes para obtener la restitución del citado vehículo.

Asimismo resulta en extremo importante resaltar que aún cuando el demandante hubiese buscado por cualquier medio —carga que no se le podía imponer- poner en conocimiento del juzgado 30 o del juzgado 7º, la situación que se venía presentando en relación con la omisión del demandado de poner a disposición de dichas autoridades el citado bien incautado, lo cierto es que aunque los referenciados operadores judiciales hubieren tenido en cuenta esa manifestación y hubieren requerido a la Policía Nacional, para efectos de que cumpliera con la obligación que se le había impuesto, tales medidas hubiesen sido inocuas e ineficaces, por la sencilla razón de que el citado ente demandado, tanto con anterioridad al inicio del presente proceso como durante el transcurso del mismo, nunca pudo dar razón de la ubicación del vehículo incautado.

Ciertamente, como consta en el expediente, en respuesta a una petición presentada por la parte demandante a la Policía Nacional con el fin de que se ordenara la restitución del vehículo incautado al conocer que las medidas cautelares de las cuales fue objeto habían sido levantadas, el ente demandado manifestó que no podía acceder a la mencionada pretensión, comoquiera que revisados los libros radicadores de vehículos inmovilizados y dejados a disposición del Grupo Automotores de la Sijín Mebog, “no se [había] hallado registro sobre el automotor de características detalladas en su escrito”.

Ya dentro del trámite del presente proceso, el tribunal a quo accedió al decreto de una prueba solicitada por la parte demandante consistente en oficiar a la Policía Nacional con el fin de que brindara información acerca del vehículo objeto de la incautación, requerimiento que fue contestado de la siguiente manera: “comedidamente me permito solicitarles mayor información ya que revisados los libros radicadores de automotores que por una u otra causa han sido retenidos y no aparece el vehículo en mención incautado por la novena estación de Policía de Fontibón (...)”.

Lo anterior sin mencionar que existe evidencia de que el vehículo permanece por lo menos lo estaba para el momento en que se practicaron las pruebas en primera instancia —octubre de 1999— en las instalaciones de la entidad demandada tal como lo hicieron constar los peritos que practicaron un dictamen para determinar el daño emergente y el lucro cesante que se habría causado por la imposibilidad del demandante en obtener la restitución del vehículo. Al respecto manifestaron:

“Para desarrollar la labor encomendada, nos trasladamos a las instalaciones de la policía, en donde está el vehículo mencionado, lo observamos y lo comparamos con una fotografía que nos había suministrado el demandante y establecimos que es el mismo”.

A partir de lo anterior puede concluirse, contrario a lo expresado por el tribunal a quo, que la circunstancia de que en la demanda se hubiese afirmado que el actor no conocía el paradero del vehículo, cuando en realidad este permanecía en las instalaciones de la Policía, no significaba una falta de veracidad en los hechos del libelo, sino que es muestra evidente de otra irregularidad del ente demandado, puesto que no solo incumplió con su obligación de poner a disposición de la autoridad competente del vehículo incautado, sino que fue incapaz de dar razón de la ubicación del citado bien mueble aún cuando de las pruebas obrantes en el proceso dicho automotor permanece bajo custodia del demandado.

En consecuencia, de conformidad con las pruebas que obran en el proceso, puede afirmarse que si el demandado hubiere cumplido de manera oportuna su deber de poner a disposición de la autoridad judicial competente el vehículo decomisado, se hubiese podido adelantar la diligencia de secuestro, a través de la cual, sin duda, el demandante habría intervenido obteniendo la restitución del bien mueble, dado que se encuentra probado que para el momento en el cual se llevó a cabo su incautación, el actor era el poseedor del automotor, circunstancia suficiente, de conformidad con las normas legales, para alcanzar la referida restitución.

En efecto, de haberse desarrollado en los términos que dispone la ley esta diligencia, el aquí demandante habría podido de aportar prueba sumaria o solicitado las que hubiere considerado necesarias para acreditar su condición de poseedor, lo cual, analizando los medios probatorios que obran en el presente asunto, habría logrado demostrar, comoquiera que, según se expuso, reposan en el expediente documentos y declaraciones que acreditan que para el momento de los hechos el demandante tenía la tenencia del bien con ánimo de señor y dueño.

Ahora bien, la Sala no desconoce que, en últimas, las medidas cautelares que se decretaron en cada uno de los procesos tanto civiles como fiscales fueron levantadas, situación que habría tornado inútil la diligencia de secuestro, sin embargo, aún en este escenario, si el ente demandado hubiera puesto a disposición de la autoridad judicial competente el vehículo incautado, incluso cuando ya habían sido levantadas tales medidas, la situación del demandante habría sido aún más clara, puesto que el juzgado respectivo habría tenido la oportunidad de definir la suerte de ese automotor, la cual según la calidad que ha mantenido el demandante de poseedor del bien y tenedor al momento de la incautación, habría llevado a que en este evento hubiese obtenido también la restitución del bien.

En este sentido, uno de los argumentos expuestos por el tribunal a quo según el cual aún cuando estaría demostrado que el vehículo continuaba bajo custodia de la Policía Nacional, su entrega al demandante no se hubiere producido, toda vez que quien aparece como propietario es la persona que figuró como demandado en los procesos ejecutivos, ello habría generado que el bien se le hubiese restituido a esa persona; al respecto cabe indicar que la obligación de la Policía Nacional consistía en poner a disposición de manera oportuna el bien incautado ante la autoridad competente y no la de restituir, por ella misma, el automotor, puesto que tal circunstancia le corresponde al juez de conocimiento.

Lo que ocurrió, se reitera, es que, precisamente, la posibilidad de que se pudiere definir cuál era la suerte del vehículo por parte de la autoridad judicial —esto es la imposibilidad de que el demandante hubiera podido acreditar su derecho sobre el bien— se vio truncada como consecuencia de la omisión del demandado de poner a disposición, de nuevo, de manera oportuna, el bien incautado, situación que se agrava por la circunstancia que dicha entidad ni siquiera ha podido dar razón de la ubicación material del bien.

En consecuencia, como se ha expuesto, se encuentra acreditada la falla del servicio imputada a la entidad demandada consistente en la omisión de poner a disposición de la autoridad judicial competente el vehículo decomisado, la cual, como se advirtió, fue determinante en la producción del daño alegado.

7. Indemnización de perjuicios.

El demandante solicita el pago del perjuicio material consistente en el daño emergente por el valor del vehículo que valoró en la suma de $ 15’000.000; de igual forma solicitó el reconocimiento del lucro cesante por los intereses dejados de percibir sobre la suma que llegue a reconocerse como daño emergente, al tiempo que pidió que se le reconociera el valor de las remuneraciones o pagos dejados de percibir, como consecuencia del cese de la explotación económica a la cual, al parecer, tenía destinado el vehículo. Finalmente solicitó el reconocimiento de perjuicios morales por la angustia que habría sufrido por la desaparición del vehículo y por la circunstancia de que ya no sería posible su recuperación.

Para acreditar el daño emergente y el lucro cesante obran en el expediente dos dictámenes periciales ordenados por el tribunal a quo.

El primero de ellos tuvo por objeto el avalúo del vehículo, con el fin de determinar el valor que para el día 22 de noviembre de 1995 tenía el bien incautado. El otro dictamen tuvo por objeto la determinación de las remuneraciones o pagos dejados de percibir por el demandante como consecuencia del cese de la explotación económica, ocasionados desde el día de la incautación.

En relación con la valoración y apreciación del dictamen pericial, los artículos 237 numeral 6º y 241 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, disponen:

“ART. 237.—Práctica de la prueba. En la práctica de la peritación se procederá así: (...)

“6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones. (...).

“ART. 241.—Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.

Al respecto, la Sala ha dicho:

“Solo al juez, en consecuencia, corresponde apreciar cuál es la fuerza de convicción que debe reconocerle al dictamen, sin que esté obligado a aceptarlo cuando no reúna los requisitos legalmente exigidos para su validez y eficacia. Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia convertiría al juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa.

Ahora bien, la doctrina ha sostenido que es necesario que el dictamen pericial, para ser apreciado por el juez reúna una serie de requisitos de fondo o de contenido para poder ser valorado, entre ellos los siguientes:

“f) Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada “razón de la ciencia del dicho”, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y (...) puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable. (...).

“g) Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo... (...).

“h) Que las conclusiones sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles (...) no basta que las conclusiones sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia, el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión ...”.

“i) Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego una crítica razonada y de conjunto, aquel no puede tener plena eficacia probatoria”(17)(18).

En el presente caso, al analizar los dictámenes periciales, se encuentra lo siguiente:

El peritazgo elaborado por los peritos Guillermo Álvarez Real y Carlos Augusto Bernal Méndez tuvo por objeto el avalúo del bien incautado. No obstante, los peritos incluyeron en su concepto los montos correspondientes al lucro cesante, circunstancia que no se les había encomendado.

En cuanto al daño emergente, los peritos se trasladaron a las instalaciones de la Policía en donde había sido llevado el vehículo incautado; cuentan que lo hallaron y lograron establecer que en efecto se trataba del automotor en mención al compararlo con la fotografía que había sido aportada al proceso.

Manifestaron que se trasladaron a varias empresas concesionarias vendedoras de camperos de segunda y lograron establecer que en promedio un vehículo de igual marca y modelo tenía un valor en el mercado de $ 15’000.000.

De igual forma sostuvieron que, dado que en la “demanda dice que el campero decomisado tenía un motor más potente, rines de magnesio, llantas anchas, defensa delantera y trasera, equipo de sonido marca Alpine de 800 vatios, planta, ecualizador y ocho (8) bafles en buen estado, entonces procedimos a cotizar estos implementos y a establecer los valores de los implementos adicionales y la diferencia entre los originales y los que el vehículo tenía así:

El cambio de motor (recibiendo el original vale)...............$ 2.500.000

Los Rines y llantas (recibiendo los originales)..................$ 950.000

Las exploradoras (nuevas e instaladas)..........................$ 150.000

Las defensas (delantera y trasera instaladas)..................$ 220.000

El equipo de sonido con planta, ecualizador y bafles.........$ 780.000

Total implementos adicionales.....................................$ 4’600.000

A esto le agregamos el valor del campero......................$ 15.000.000

Para la subsección, el monto fijado por los peritos en relación con el valor comercial del vehículo resulta ajustado y fundamentado, en la medida en que considera que el procedimiento por ellos efectuado resultó acertado, motivo por el cual tendrá en cuenta esa cifra para los efectos correspondientes.

No ocurre lo mismo en relación con el procedimiento realizado para determinar el cálculo y valoración de los elementos adicionales que el automotor al parecer tenía al momento de la aprehensión, puesto que los peritos, para llegar a esa conclusión, se limitaron a dar por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda, situación que resulta improcedente, puesto que, como bien se sabe, toda afirmación que manifieste en el libelo —salvo contadas excepciones que no aplican a este caso— debe ser debidamente acreditada.

Si bien de los testimonios que obran en el proceso(19), se podría llegar a la conclusión de que en efecto el vehículo tendría elementos adicionales a los normales que un automotor de ese modelo y marca tendrían, puesto que en dichas declaraciones se expone que contaba con un motor más potente (“V8 350 Chrevrolet”), “un buen radio, cuatro exploradoras de huevo, llantas y rines de lujo, equipo de sonido con una planta y unos bafles potentes”, lo cierto es que no hay elemento alguno que demuestre cuáles eran las características, especificaciones, modelo, de tales elementos —y en el dictamen tampoco se especificó—, motivo por el cual no existe certeza acerca del valor real y concreto que tendrían esas modificaciones, situación que impide tener en cuenta estos cálculos para efectos de la determinación del valor total del automotor.

Aunque en el expediente obra copia auténtica de una factura por concepto de la compra de llantas y rines de lujo por un valor de $ 920.000, de fecha 5 de marzo de 1995, a nombre del señor César Domínguez, documento que permitiría acreditar cuál fue el valor exacto que pagó el demandante por estos elementos, lo cierto es que tampoco se tiene certeza del estado de tales artículos al momento de la incautación, circunstancia que impide determinar con precisión el valor de tales objetos para esa fecha, teniendo en cuenta, además que, por sus características, son elementos que se van gastando y deteriorando por el uso y con el paso del tiempo. Por lo anterior, tampoco se tendrá en cuenta el valor de la citada factura para ser agregado al valor del vehículo fijado por los peritos.

Ahora bien al actualizar la cifra fijada por los peritos como valor del vehículo a la fecha en que se profiere la presente providencia, se obtiene como resultado el siguiente monto:

RA = 15’000.000 ind final (110.63) febrero de 2012

ind inicial (56.43) octubre de 1999

RA = $ 29’407.230

De manera que se reconocerá la suma de $ 29’407.230 como perjuicios materiales, por concepto de daño emergente.

En cuanto a la cuantificación del lucro cesante se encuentra que los cálculos y operaciones elaborados en cada uno de los dictámenes elaborados, no se encuentran fundamentados en pruebas a través de las cuales se permita acreditar con certeza que el vehículo incautado era utilizado de manera permanente e ininterrumpida en labores de explotación económica.

Ciertamente, cada uno los dictámenes antes referidos, para llegar a sus conclusiones se fundamentaron única y exclusivamente en la siguiente certificación, expedida por el Jefe de la división de contratación de la Empresa Nacional Minera Ltda. – Minercol LTDA., el 13 de agosto de 1999:

“Hace constar:

Que de acuerdo a las certificaciones aportadas por el señor Cesar Domínguez Álvarez, con cédula 79.348.903 de Bogotá, aclaramos que la placa del vehículo es KF-6371. El mencionado vehículo prestó servicios de transporte en el programa del plan de legalización de explotaciones, desde el día 20 de septiembre hasta el 22 de noviembre de 1995, a un costo de $ 60.000 diarios”.

A partir de la anterior certificación, los peritos consideraron que el monto que se reseñó en este documento como ganancia diaria, era una suma que recibía de manera ininterrumpida y permanente, de suerte que el cálculo efectuado consistió principalmente en proyectar —multiplicar— ese monto por el número de meses que transcurrieron entre la fecha inicial, 20 de septiembre de 1995, hasta la fecha en que se elaboraron cada uno de los respectivos peritajes.

Sin embargo, esa sola certificación no resulta suficiente para concluir que la ganancia diaria allí indicada era permanente o, por lo menos, que era un promedio de lo que recibía por la explotación económica del vehículo, puesto que en ningún momento se menciona la clase de contrato en el cual se encontraba enmarcado el servicio prestado, ni el término o condiciones del acuerdo, circunstancias indispensables para determinar con certeza cuál era el monto exacto de lo que habría dejado de percibir —lucro cesante— por la incautación y no restitución del vehículo.

Por el contrario, si se analizan los demás documentos que obran en el proceso, se encuentra un memorando suscrito por el Subdirector de Ingeniería del Ministerio de Minas y Energía, dirigido a la doctora Dora Luz Martínez, jefe de la división administrativa (e) de ese Ministerio, a través del cual le manifestó lo siguiente:

“En el memorando 93680 del 13 de septiembre de 1.995, se solicitaba órdenes de servicio para la comisión 4 y 5, sin embargo el carro 4 prestó el servicio durante 10 días y se canceló el contrato unilateralmente, por lo tanto solicitamos elaborar orden de servicios a nombre del señor Cesar Domínguez propietario del carro 4 por 10 días a partir del 20 de septiembre (...).

Carro 4: A la comisión 4 Campero Wrangler placa 6317, modelo 86, color rojo, para un total de 10 días a un costo de sesenta mil pesos diarios ($ 60.000) al municipio de Sibaté, a partir del 20 de septiembre” (Se resalta).

Así las cosas, se encuentra que si bien hay constancia de que el vehículo fue destinado al servicio de transporte dentro del programa del plan de legalización de explotadores, tal contrato habría durado solo 10 días, contados a partir del 20 de septiembre de 1995, situación que no permite concluir entonces que el automotor era destinado de manera permanente e ininterrumpida a estas labores, lo cual impide, por supuesto, tener por probada la existencia de lucro cesante para estos efectos.

Por consiguiente, esta subsección se abstendrá de otorgarle mérito probatorio a los dictámenes periciales que se efectuaron con el fin de determinar el lucro cesante que habría dejado de percibir el demandante por la incautación y no restitución del vehículo, puesto que carecen de fundamento al no encontrarse probada la existencia misma de este perjuicio.

Igual ocurre con los perjuicios morales, puesto que si bien se indicó en la demanda que el actor, como consecuencia de la incautación del automotor, por el hecho de haberse visto despojado de su capital de trabajo y por darse cuenta que iba a ser posible recuperar el citado bien, padeció sentimientos de angustia y sufrimiento, lo cierto es que no obra en el expediente prueba alguna, por medio de la cual se pudiese acreditar este perjuicio.

En este orden de ideas se revocará la sentencia proferida por el tribunal a quo y, en su lugar, se declarará la responsabilidad del ente demandado por las razones contenidas en la presente providencia.

10. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los daños causados al señor César Augusto Domínguez, de conformidad con lo expuesto anteriormente.

2. Condénase a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar al demandante, la suma de veintinueve millones cuatrocientos siete mil doscientos treinta pesos $ (29’407.230) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

3. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

4.- Sin condena en costas.

8. [sic ]Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación conociera en segunda instancia de un proceso de reparación directa de conformidad con el Decreto 597 de 1988 —$ 13.460.000—.

(3) Evento en el cual, según lo expuso la jurisprudencia de esta Sección, resulta indispensable aportar el título correspondiente y el certificado de la dirección de tránsito y transporte, tradición, en el cual conste como propietario del automotor. Ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2009. Expediente 16.837.

(4) Al respecto el artículo 2342 del Código Civil, prevé:

“ART. 2342.—Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero solo en ausencia del dueño”.

(5) Se advierte que también obra en el expediente copia simple de los siguientes documentos:

— Copia simple de una demanda de tutela dirigida a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, suscrita por el señor Cesar Augusto Domínguez Álvarez (fls. 4-16 cdno. 2).

— Copia simple de la providencia de fecha 27 de mayo de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial dentro de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de tutela.

Al respecto debe indicarse que estos documentos, de conformidad con la ley y la jurisprudencia de esta corporación, carecen de eficacia probatoria y, por tanto, no pueden ser objeto de valoración, comoquiera que fueron aportados en copia simple.

En relación con el valor probatorio de las copias simples puede consultarse entre muchas otras providencias: Sentencia del 9 de marzo de 2011, Expediente: 28270, M.P: Gladys Agudelo Ordoñez; Sentencia del 18 de febrero de 2010, Expediente 17933, MP: Ruth Stella Correa Palacio; Auto del 3 de marzo de 2010, Expediente 37828, MP: Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 18478, MP: Enrique Gil Botero.

(6) Sentencia de 16 de abril de 2007, Exp. AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) En este sentido, ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, Exp: 9.666; de 21 de febrero 21 de 2002, Exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y de 26 de mayo de 2010, Exp. 18.078, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.

(8) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de octubre de 2011.Expediente: 20.450. MP: Ruth Stella Correa Palacio.

(9) Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 18.884. M.P: Ruth Stella Correa Palacio y Sentencia del 18 de marzo de 2012. Expediente 17.492. M.P: Enrique Gil Botero.

(10) Con el citado oficio se dio respuesta a un requerimiento efectuado por el tribunal a quo consistente en que se informara a ese despacho lo siguiente:

“Librar oficio a la dirección general de la Policía Nacional para que se sirva informar al despacho si para el 22 de noviembre de 1995 se encontraban vinculados a la Policía Nacional los señores José Yesid García Muñoz y en caso afirmativo:

a) Cuál era su grado y a qué dependencia o unidad estaban vinculados o adscritos.

b) Si para el 22 de noviembre de 1995 se encontraba prestando sus servicios a la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá D.C.

c) Su historia disciplinaria”.

Como puede fácilmente observarse, la respuesta dada por el ente demandado al tribunal a quo de manera alguna correspondió con los requerimientos expresos y específicos que se le habían hecho, puesto que mientras el oficio del tribunal consistió en requerir información acerca de los señores José Yesid García Muñoz y Manuel Daría Galindo Duque, en la respuesta que se otorgó se hizo referencia la demandante, César Augusto Domínguez Álvarez, quien no era objeto del requerimiento.

(11) Mediante el citado oficio se dio respuesta a los siguientes requerimientos efectuados por el tribunal a quo:

“Oficio 00-04-094

(...) Solicito a usted ordenar a quien corresponda en envío de copia auténtica de los siguientes documentos:

Investigaciones anunciadas en el comunicado 3405 de noviembre 29 de 1996, con el objeto de establecer quién efectuó la retención y ante qué autoridad fue dejado a disposición el vehículo automotor tipo campero, particular carpado con placas KFF 371, (antes KF 6371), marca American Motors Wrangler, modelo 1986, según diligencia de incautación practicada por el señor oficial de la Policía Nacional José Yesid García Muñoz, el día 22 de noviembre de 1995, en la calle 26 con carrera 85 de Santafé de Bogotá.

Oficio 00-04-099

(...) Solicito a usted ordenar a quien corresponda el envío de copia auténtica de los siguientes documentos:

Libros radicadores donde fue registrada la inmovilización del vehículo KFF 371 (antes KF 6371), marca American Motors Wrangler, modelo 1986”.

(12) Se deja constancia que aunque son dos oficios diferentes, se identifican con el mismo número.

(13) Despacho donde a su vez cursaba un proceso ejecutivo entre las mismas partes que en el que se tramitaba en el juzgado 30.

(14) Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001. M.P.: Jaime Araujo Rentería. Ver también Consejo de Estado. Auto del 31 de agosto de 2001. Expediente 16952. MP: Alier Hernández Enríquez.

(15) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Novena Edición. Ediciones Dupré. Bogotá 2005. Pág. 847.

(16) Ibídem pág. 865.

(17) Devis Echandia, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Tomo segundo, Temis, Bogotá, 2002, págs. 321-326.

(18) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de junio de 2008. Exp. 15911.

(19) Ver páginas 26-28 de la presente providencia.