Sentencia 1997-05356 de mayo 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 760012331000199705356-01 (23.832)

Actor: Carlos Alejandro Echeverri Restrepo

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Asunto: Acción contractual

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil trece.

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes: 

1. El 4 de diciembre de 1997, el señor Carlos Alejandro Echeverri Restrepo interpuso demanda en contra del Municipio de Santiago de Cali, en la que formuló las siguientes pretensiones (se transcriben tal cual obran en el proceso):

“8. Peticiones.

“8.1.1 Que se declare que el municipio incumplió injustificadamente su obligación de celebrar el contrato con mi poderdante.

“8.1.2. Que como consecuencia de este incumplimiento, debe indemnizar el valor total de los perjuicios ocasionados al mismo y que resulte probados en este proceso, y

“8.1.3. Se ordene al Municipio de Cali cancelar la suma de doscientos cincuenta y cuatro millones novescientos veintisiete mil ciento veinte pesos ($254’927.120) más los correspondientes intereses que estas sumas debieron producir en cabeza de mi poderdante, desde el 1º de agosto de 1997.

“En caso de que no se acceda a la pretensión principal, en subsidio solicitamos que se condene a pagar el valor de los perjuicios causados por el municipio de Cali, los cuales ascienden a la suma de ochenta millones doscientos ochenta y siete mil pesos ($80’287.000) por concepto de perjuicios materiales, más mil gramos oro por perjuicios morales…” (fl.104 y 105 cdno. 2).

Como fundamento de sus pretensiones, el actor narró que el Municipio de Cali decidió realizar un edificio de parqueo subterráneo y una plazoleta pública en la llamada Manzana T Prima.

En cumplimiento del Decreto 2090 de 1989, el mencionado municipio contrató con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Valle del Cauca, la coordinación del concurso de arquitectura, el cual permitiría escoger el mejor anteproyecto arquitectónico para realizar el mencionado edificio de parqueo, para lo cual señaló las siguientes fechas: inscripciones a partir del 13 de septiembre de 1996, entrega de propuestas hasta el 22 de noviembre de 1996, cierre del concurso el 28 de noviembre siguiente, evaluación de las propuestas del 28 de noviembre al primero de diciembre y proclamación de los ganadores el 2 de diciembre de 1996.

Adujo que el jurado calificador estuvo integrado por cinco miembros, de los cuales dos representaban a la Sociedad Colombiana de Arquitectos a nivel nacional, uno de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Valle, un representante de Planeación Municipal y un representante de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali.

Manifestó que, por la magnitud de la obra, se presentaron 35 anteproyectos anónimos y de éstos se hizo una preselección de los 10 mejores y luego, de manera unánime, se concedió el primer premio al anteproyecto 23, el cual fue el presentado por el demandante.

Señaló que, de acuerdo con las bases del concurso, el primer premio era de $7’498.680 “como anticipo del contrato de elaboración del proyecto arquitectónico”, la obligación del Municipio de Santiago de Cali de contratar con el ganador la elaboración de dicho proyecto y la supervisión arquitectónica de la construcción del edificio de parqueo y plazoleta pública, dentro del mes siguiente a la fecha de la premiación.

Indicó que, según las bases del concurso, para determinar el monto de los honorarios del ganador por la elaboración del proyecto arquitectónico y la supervisión técnica, el promotor estaba obligado a liquidar dichos conceptos, de acuerdo con las áreas resultantes y las categorías establecidas en el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura.

Manifestó que la forma de pago establecida en el concurso era: un anticipo correspondiente al primer premio del concurso, un segundo contado a la entrega de los planos generales del proyecto, un tercero a la entrega de los detalles del proyecto arquitectónico, los planos constructivos y los respectivos planos técnicos, y un 10% del total (correspondiente a la supervisión arquitectónica de la obra) se pagaría en dos contados.

Expresó que ganar el mencionado concurso, en lugar de traerle orgullo y felicidad, le ha causado una terrible frustración ante el Estado y la sociedad, pues lo que recibió como premio ni siquiera le sirvió para pagar los gastos en los que incurrió para cumplir con sus compromisos como adjudicatario del referido concurso y que, por ello, no sólo perdió dinero, sino también tiempo y energía.

Señaló que, luego de varias reuniones con distintas dependencias de la Administración Municipal y diversas comunicaciones enviadas a la Dirección de Planeación Municipal, la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Cali y el Departamento Administrativo del Municipio de Santiago de Cali, el demandado hasta la fecha no ha definido si desea suscribir el contrato y continuar con el proyecto arquitectónico o si, definitivamente, tiene la intención de posponerlo o cancelarlo.

Concluyó que, como no ha recibido respuesta alguna por parte del demandado y durante más de seis meses no ha aceptado otras propuestas laborales, por cuanto se ha dedicado exclusivamente a realizar todas las gestiones para celebrar el contrato, acude a esta jurisdicción para que decida si la actuación del Municipio de Santiago de Cali es acorde con el ordenamiento jurídico y para que, en caso de que se considere que la conducta del demandado es injusta o ilegal, se le condene a pagar los perjuicios morales y materiales que le causó (fls. 90 a 98 cdno. 2).

2. La demanda se admitió el 16 de diciembre de 1997 y se notificó en debida forma a la demandada, que se opuso a las pretensiones, solicitó la práctica de pruebas y señaló que, si bien es cierto realizó un concurso de arquitectura abierto y anónimo, para elegir el anteproyecto que serviría para la elaboración del proyecto arquitectónico definitivo y para el desarrollo de los estudios complementarios para el edificio de parqueo subterráneo y plazoleta pública en la llamada Manzana T Prima, también es cierto que, en las bases o normas del mencionado concurso, se indicó que si no suscribía el contrato, el ganador conservaría el anticipo a manera de premio.

Adujo que el señor Carlos Alejandro Echeverri Restrepo solamente tuvo una mera expectativa de suscribir el contrato para la elaboración del referido proyecto arquitectónico y que, de conformidad con el acápite de premios, consignado en las bases del concurso, aquél conservó el supuesto anticipo a manera de premio, por valor de $7’498.698.

Señaló que no se le puede condenar a pagar indemnización alguna, toda vez que hizo uso de una de las normas previstas en las bases del concurso, la cual establecía que, si el promotor no suscribía el contrato, le entregaría al ganador del concurso la suma de $7’498.698, a título de premio y no como anticipo.

Indicó que el hecho de haber conversado con el ganador, una vez culminó el término de un mes para suscribir el contrato, solamente demuestra que trató de obtener las asignaciones presupuestales correspondientes para realizar el proyecto arquitectónico, pero en ningún momento emitió su voluntad clara y expresa de firmar aquél, razón por la cual es claro que el actor solamente tuvo una mera expectativa que no le otorga derecho alguno, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 153 de 1887 y la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Adujo que su conducta fue ajustada a derecho, pues, en primer lugar, en las bases del concurso se previó desde un principio la posibilidad de no celebrar el contrato con el ganador y dicho documento es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y, en segundo término, porque si celebraba el contrato, en las condiciones referidas, infringiría las normas de contratación previstas en los artículos 345, 121 y 122 de la Constitución Política, el 41 de la Ley 80 de 1993 y 38, 71, 72 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Luego de citar varias jurisprudencias del Consejo de Estado sobre la indemnización de perjuicios en materia contractual, concluyó que no se puede reconocer indemnización alguna al demandante, por concepto de perjuicios morales o materiales, toda vez que no se demostró una conducta culposa o dolosa, en su calidad de promotor del concurso arquitectónico, ni mucho menos el incumplimiento de alguna obligación que estuviera a su cargo (fls. 119 a 140 cdno. 2).

3. Vencido el período probatorio y fracasada la audiencia de conciliación, el 4 de diciembre de 2000 el a quo corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (fl. 165 cdno. 2).

La parte actora, luego de transcribir los hechos de la demanda, adujo que no suscribir el contrato con el demandado le causó perjuicios morales y materiales, toda vez que no recibió los honorarios que le correspondían por su trabajo, los cuales están regulados por le Decreto 2090 de 1989.

Adujo que se demostró que el demandado en algún momento tuvo la intención de suscribir el contrato, pues meses después de la premiación le ofreció $140’000.000 por concepto de honorarios.

Indicó que el Municipio de Santiago de Cali, según las bases del concurso, tenía un mes para suscribir el contrato y que no podía colegirse que aquél tenía la potestad de no celebrarlo, pues ello le generó perjuicios que deben indemnizarse.

Concluyó que, a la fecha, el demandado no ha expedido el acto administrativo en el que determine las razones por las cuales no suscribió el contrato y que no existe norma alguna que le permita omitir el deber de celebrarlo, pues dicha obligación se la impuso él mismo, en las bases del referido concurso (fls. 166 y 167 cdno. 2).

El demandado reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que entre este y el arquitecto Carlos Alejandro Echeverri Restrepo no existe ni ha existido un contrato y que la acción contractual ejercida por el actor es improcedente, toda vez que fundamenta sus pretensiones en una serie de expectativas originadas en un concurso que ganó y del que considera tener derechos que en realidad no tiene (fls. 171 y 172 cdno. 2).

El Ministerio Público guardó silencio durante esta etapa procesal.

II. Sentencia de primera instancia:

En sentencia de 31 de mayo de 2001, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que el concurso que ganó el actor era de carácter cultural y no un proceso de selección que cumpliera los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993.

Al respecto, el a quo puntualizó (se trascribe tal cual obra en el expediente):

“El contenido del documento que contenía las bases del concurso, ciertamente ofrece un sentido en extremo ambiguo, pues mientras se fijaron parámetros específicos de un concurso de connotación cultural y no de un proceso licitatorio o concursal con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, sin embargo se contempló la posibilidad de la celebración de un contrato estatal con el concursante que resultara favorecido con la adjudicación del primer premio. Tales previsiones sin embargo, por no estar amparadas por el procedimiento legal, no pueden tener ninguna validez, pues la administración municipal, no podía de manera alguna soslayar un procedimiento licitatorio o un concurso de méritos que se imponía dadas las características y la cuantía de la obra a realizarse. No podía de manera alguna disfrazar un procedimiento licitatorio o concursal con un concurso de características diferentes a aquellos, pues sus efectos son esencialmente también diferentes...

“La actuación de la administración municipal, indudablemente no fue seria ni acorde con los principios que deben orientar su actividad, especialmente el de cumplir con los procedimientos legalmente establecidos para la celebración de un contrato estatal. Actuación que seguramente reportó algunos contratiempos al demandante que resultó ganador del primer premio en el aludido concurso, los que asegura, se traducen en perjuicios económicos, sin embargo sus pretensiones en ese sentido no están llamadas a prosperar pues los efectos de la valoración y premiación del jurado calificador al designarlo como ganador del primer puesto del concurso no son otros que darle un reconociendo como ganador, lo que reporta un beneficio económico previamente establecido, todo lo cual se cumplió acorde con las pautas del concurso. Así pues, como no son asimilables de ninguna manera el acto de adjudicación que usualmente se expide al concluir el procedimiento licitatorio con el producido en el concurso en el que participó el actor, no deriva en su favor ningún derecho contractual, pues éste sólo reportó como se expresó, un reconocimiento a título de premio dentro de un concurso netamente cultural.

“Por todo lo expuesto, se despacharan en forma desfavorable las pretensiones de la demanda…” (fls. 176 a 185 cdno. 1).

Recurso de apelación 

Frente a la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que no era lógico que el a quo absolviera de responsabilidad al demandado, a pesar de que reconociera que su actuación no fue seria ni acorde a los principios legales y que los ciudadanos de ninguna manera deben asumir los perjuicios que se le causen por el obrar irresponsable de la administración.

Adujo que la conducta antijurídica del demandado no la constituye la violación de la Ley 80 de 1993, sino el incumplimiento de celebrar un contrato, el cual era un compromiso claro, expreso y exigible a su favor.

Manifestó que el a quo se equivocó al considerar que la única obligación del demandado era la de pagar el premio, pues en el proceso se demostró que dicho incentivo estaba compuesto por dos elementos, el dinero que se recibió como anticipo y la celebración del contrato, el cual, en su concepto, era el estímulo principal del concurso.

Indicó que aceptar los argumentos del a quo era consentir que la administración acomodara a su antojo la adjudicación de los contratos, pues se le permite que cuando el ganador de un concurso o licitación no sea de su conveniencia o agrado, simplemente le de un premio y no celebre el contrato.

Expresó que el obrar irresponsable de la administración le causó un daño que debía considerarse como antijurídico, toda vez que no tenía el deber de soportar los perjuicios que se le causaron por no celebrar el contrato.

Señaló que el Municipio de Santiago de Cali no podía excusarse de celebrar el contrato, con el argumento de que no contaba con el presupuesto para hacer la obra, pues, si eso era cierto, nunca debió realizar el concurso, ni mucho menos establecer como premio mayor la celebración del contrato con el autor del proyecto arquitectónico ganador

Concluyó que no reclamaba que se hiciera la obra, sino que el demandado le pagara los perjuicios que le causó por no celebrar el contrato, los cuales los constituyen: i) lo que hubiera ganado si celebraba el contrato y ii) lo que dejó de ganar mientras esperaba que comenzara el proyecto (fls. 187 a 192 cdno. 2).

III. Trámite de segunda instancia: 

El recurso de apelación fue concedido por el a quo el 19 de junio de 2002 y se admitió en esta Corporación el 5 de febrero de 2003 (fls. 194 y 201 cdno. 1). En el traslado para alegar de conclusión las partes y el Ministerio Público guardaron silencio, según lo indica el informe secretarial que obra a folio 204 del cuaderno principal.

IV. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $254’927.120, solicitada por concepto de perjuicios materiales, supera la cuantía mínima exigida en la Ley vigente al momento de interposición del recurso (Decreto 597 de 1998)(1).

2. Valoración probatoria y caso concreto

En orden a respaldar las pretensiones de la demanda, el actor allegó al proceso, junto con el escrito de demanda, los siguientes documentos:

— Copia simple de un documento titulado: “Bases del concurso para la elaboración del proyecto arquitectónico definitivo y el desarrollo de los estudios complementarios para el edificio de parqueo subterráneo y plazoleta publica en la llamada Manzana T’ (T Prima)” (fls. 2 a 30 cdno. 2).

— Copia simple del “acta de juzgamiento concurso de anteproyecto arquitectónico para la elaboración del proyecto arquitectónico definitivo y el desarrollo de los estudios complementarios para el edificio de parqueo subterráneo y plazoleta pública en la llamada Manzana T’ (T Prima)” (fls. 32 a 34 cdno. 2).

— Documento firmado únicamente por el señor Alejandro Echeverri Restrepo, el cual hace mención a una reunión entre el Director de Planeación del Municipio de Santiago de Cali y los arquitectos Diego Carrejo, Ana Elvira Vélez, Carolina, Alejandro y Juan Bernardo Echeverri (fl. 35 a 37 cdno. 2).

— Comunicación de 16 de diciembre de 1996, mediante el cual el actor le envió a la Sociedad Colombiana de Arquitectos “Los usos y las características de construcción aproximadas, para el futuro proyecto de la Manzana T Prima”, con el fin de que estableciera un valor aproximado para el metro cuadrado de cada tipo de construcción, teniendo en cuenta los valores correspondientes para esa fecha (fl. 38 cdno. 2).

— Cartas y comunicaciones de fax de 19 de diciembre de 1996, mediante las cuales el actor le envió al Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos —Valle del Cauca— y al Director de Planeación de Municipio de Cali, la liquidación de honorarios de la Manzana T Prima (fls. 39 a 42 cdno. 2).

— Documento de 23 de diciembre de 1996, en el cual el arquitecto Alejandro Echeverri Restrepo le comunicó al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali que, una vez estuviera diligenciado el contrato, procedería a firmarlo y perfeccionarlo, a partir del 7 de enero de 1997 (fls. 43 y 44 cdno. 2).

— Documento de 14 de enero de 1997, mediante el cual el actor le solicitó al Jefe de División Urbanismo y Medio Ambiente de la Oficina de Planeación de Santiago de Cali que le enviara las normas de planeación para ese lote, las observaciones que tuviera respecto del anteproyecto ganador y la autorización para escoger el ingeniero estructural, con el fin de realizar el proyecto y definir los términos del contrato (fl. 46. cdno. 2).

— Carta de 15 de enero de 1997, en la que el arquitecto Alejandro Echeverri Restrepo le comunicó al director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Santiago de Cali que le envió el borrador del contrato y el cuadro con las áreas de las diferentes partes del anteproyecto, con los valores por metro cuadrado a precios corrientes del 20 de diciembre de 1996.

En este último escrito, le indicó: 1. que la liquidación de honorarios propuesta se hizo de conformidad con lo estipulado en las bases del concurso, es decir, teniendo en cuenta el Decreto 2090 de 1989, mediante el cual se aprueba el reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2. que dentro del contrato que le envió se incluyeron los honorarios de la reparación de dos edificios de los “Turcos”, los cuales no están dentro del anteproyecto original y 3. que el valor de los honorarios era de $262’062.000 (fl. 53 cdno. 2).

— Comunicación de 22 de enero de 1997, en la que el Jefe de División Urbanismo y Medio Ambiente el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Santiago de Cali le informó al Arquitecto Alejandro Echeverri Restrepo que realizaría los tramites pertinentes para la contratación de los planos topográficos y el estudio de suelos para la construcción del Proyecto Manzana T Prima, que consideraba que el ingeniero estructural debía ser escogido por el arquitecto Echeverry Restrepo y que los servicios y honorarios de éste se debían incluir en la propuesta “técnico - económica de Echeverri Ltda.”, para darle facilidad y agilidad al diseño arquitectónico definitivo (fl. 56 cdno. 2).

— Copia simple de un oficio del Director del Departamento Administrativo de Planeación, dirigido a los arquitectos Ana Elvira Vélez, Alejandro Echeverri y Bernardo Echeverri, en el que les solicitó que reconsideraran el valor de los honorarios y de la propuesta económica presentada por ellos (fls. 75 a 78 cdno. 2).

— Copia simple de una comunicación suscrita por el Arquitecto Alejandro Echeverri, dirigida al Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, en la cual le informaba que, a pesar de que ganó el concurso para la selección del anteproyecto arquitectónico para la elaboración del proyecto definitivo para el Edificio de Parqueo Subterráneo y Plazoleta Pública en la llamada Manzana T Prima y haberse comunicado con diferentes funcionarios de la administración municipal encargados de ese proyecto, hasta la fecha no se había perfeccionado el respectivo contrato (fls. 84 y 85 cdno. 2).

En este punto, debe precisarse que, de conformidad con lo previsto por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia consistente en su transcripción o reproducción mecánica y que, según el artículo 254 del Código en cita, las copias tienen el mismo valor del original cuando: i) hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada, ii) sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) sean compulsadas del original o de la copia auténtica. A lo anterior se agrega que el documento público, es decir, aquel que es expedido por funcionario público, en ejercicio de su cargo o con su intervención, se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

En consideración a lo anterior, la Sala encuentra que los documentos aportados por el demandante con la finalidad de acreditar los supuestos de hecho aducidos en la demanda no satisfacen ninguna de las exigencias previstas en el artículo 254 antes citado, para que puedan ser susceptibles de valoración, pues se trata de copias simples que no fueron sometidas a autenticación, en los términos previstos en dicha norma.

Así mismo, es importante señalar que los documentos que obran en copia simple en el proceso no fueron solicitados como prueba por el demandante, tampoco fueron aportados por el demandado y el a quo, en el auto de pruebas, no dispuso oficiar ni requerir al Municipio de Santiago de Cali para que los allegaran en copia íntegra y auténtica (fl. 145 y 146 cdno. 2).

Así las cosas, se concluye que la parte actora, teniendo la carga de la prueba, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no demostró los supuestos de hecho que alegó en la demanda, esto es, los actos y actuaciones administrativas que dieron origen al supuesto incumplimiento del municipio de suscribir un contrato, de manera que, para la Sala, no es posible estudiar los motivos de inconformidad expuestos por aquél contra la sentencia impugnada, pues, precisamente, para analizar dichas objeciones es necesario tener certeza sobre la autenticidad de los documentos en los que fundamenta sus pretensiones.

No obstante, con los documentos que son susceptibles de valoración, por cuanto fueron aportados al proceso en original, la Sala considera que, si el actor, en realidad, ganó el primer puesto de un concurso realizado por el Municipio de Santiago de Cali, “Para la elaboración del anteproyecto arquitectónico que sirva para la elaboración del proyecto arquitectónico definitivo y el desarrollo de los estudios complementarios para el edificio de parqueo subterráneo y plazoleta pública en la llamada Manzana T’ (T Prima)”, éste de manera alguna no puede considerarse como un procedimiento de contratación de la administración, regido por las normas del estatuto de contratación, sino como un concurso intelectual o cultural. 

En efecto, el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de los hechos, establecía que cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se denominaba concurso y se efectuaría mediante invitación pública. 

Así pues, de conformidad con la norma anterior, el Municipio de Santiago de Cali, para contratar la elaboración del referido proyecto arquitectónico, debió seguir el proceso de selección referido y, una vez culminado el mismo, podía expedir el respectivo acto de adjudicación, el cual originaba para la administración y el proponente favorecido el compromiso de observar y cumplir las formalidades propias del perfeccionamiento del contrato. 

Así las cosas, aunque en las bases del concurso el Municipio de Santiago de Cali hubiera contemplado la posibilidad de celebrar un contrato con el ganador del primer premio, tal previsión no tendría validez alguna, toda vez que la administración municipal no podía soslayar el proceso licitatorio o el concurso de méritos que necesariamente debía realizar, dadas las características y la cuantía de la obra que, supuestamente, pretendía llevar a cabo. 

Por lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada y, en consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade RincónMauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción contractual en el año 1997 tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $13’460.000.