Sentencia 1997-05523/24724 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 24724

Rad.: 50001-23-31-000-1997-05523-01 (acumulado)

Actor: Arnoldo Neusa Pachón y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

III. Competencia.

9. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en un proceso que, por su cuantía determinada al momento de la interposición del recurso de apelación, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998(7).

IV. Validez de los medios de prueba.

10. Dado que algunos de los medios de prueba relacionados en el acápite anterior fueron practicados en dos procesos ajenos al presente trámite contencioso, la Sala emite las siguientes consideraciones para indicar que dichas pruebas se pueden valorar para decidir el presente asunto, en especial en lo que se refiere a los siguientes temas: 1) el traslado a las partes de los documentos allegados durante la segunda instancia; 2) las declaraciones juramentadas rendidas en otros procesos; y 3) la posibilidad de apreciar las copias simples que reposan en el expediente.

10.1. En lo que tiene que ver con la posibilidad de valorar los documentos que fueron allegados durante el trámite de la segunda instancia, observa la Sala que sobre dichas pruebas se cumplió con el requisito de contradicción.

10.1.1. En efecto, en el plenario reposa la documentación que fue arrimada mediante oficio 0376 del 3 de julio de 2004, suscrito por el jefe de unidad de fiscalía de Villavicencio (fl. 216 del c. ppal). La práctica de esa prueba documental fue solicitada por la parte demandante (fl. 112 del c. ppal) y decretada por el Consejo de Estado en el trámite de la segunda instancia, mediante auto de 23 de abril de 2004 (fls. 173 a 176 c. ppal). Luego de allegados dichos documentos el 26 de noviembre de 2006 (fl. 175 c. ppal), la ponente del proceso resolvió tenerlos como prueba y, al mismo tiempo, corrió traslado por 5 días a la parte demandada para poner en su conocimiento los medios probatorios adjuntados(8), lo que implica que ambos extremos procesales tienen pleno conocimiento del contenido de la prueba trasladada.

10.1.2. También se tuvieron en cuenta las actuaciones adelantadas por la personería municipal de Mesetas con ocasión de la muerte de Medardo Neusa Cortés, Nelson Enrique Neusa Pachón y Edilberto Patiño. Los correspondientes informes fueron remitidos al presente proceso por la directora nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo. Esta prueba documental fue solicitada por la parte demandante (fl. 112 c. ppal) y decretada por el Consejo de Estado, en auto de 30 de octubre de 2003 (fl. 119 c. ppal). Igualmente, en auto del 23 de abril de 2004, se resolvió tener como prueba las aludidas piezas probatorias y correr traslado de las mismas a los diferentes intervinientes procesales(9) (fls. 173 a 176 c. ppal).

10.1.3. Así las cosas, los documentos allegados durante la segunda instancia, cumplieron con el requisito de la contradicción y, por tanto, son apreciables para resolver el presente litigio, máxime cuando los intervinientes no han formulado reparo alguno al respecto.

10.2. En lo que respecta a las declaraciones contenidas en procesos ajenos al de autos, no se desconoce que, de acuerdo con lo que se ha dicho reiteradamente por la Sala(10), para que las declaraciones juramentadas rendidas en un trámite ajeno al proceso contencioso administrativo puedan ser tenidas en cuenta, deben ser ratificadas según el trámite establecido en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil(11). No obstante, la reciente jurisprudencia de la Sala plena de la sección tercera también ha admitido la valoración de los testimonios trasladados sin que sea necesaria su ratificación, en los siguientes términos:

12.2.23. Como corolario de todo el razonamiento explicado en el presente acápite de validez de los medios de prueba la Sala concluye, en relación con la posibilidad apreciar las pruebas testimoniales que han sido recaudadas en un proceso ajeno al trámite contencioso administrativo, lo siguiente:

12.2.23.1. En principio, para que puedan ser apreciadas dichas pruebas, deberá cumplirse con la ratificación de que trata el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, o prescindirse de dicho trámite tal como lo dispone la aludida norma, esto es, manifestándolo ambas partes mediante escrito autenticado o verbalmente en audiencia…

12.2.23.2. Excepcionalmente, los testimonios podrán apreciarse siempre que las partes muestren de forma inequívoca, con los comportamientos por ellas desplegados a lo largo del proceso, que desean que dichos medios de prueba hagan parte del expediente sin necesidad de que sean ratificados…

12.2.23.3. Finalmente, se repite, las variaciones jurisprudenciales expuestas anteriormente… se unifican en esta providencia de Sala plena de sección, en el sentido de que cuando la demandada es la Nación, y es una entidad del orden nacional quien recaudó los testimonios con plena observancia del debido proceso, entonces puede afirmarse que la persona contra la que pretenden hacerse valer dichas pruebas, por ser la misma, tuvo audiencia y contradicción sobre ellas. En este caso, se entiende que la Nación es la persona jurídica en cuya cabeza radican las garantías que se pretenden preservar con las previsiones del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, también es plausible afirmar que tales prerrogativas no se transgreden cuando se aprecia el testimonio trasladado en las condiciones aludidas.

12.2.24. Así las cosas, en el presente caso se dará plena apreciación a los testimonios que fueron recaudados por la Procuraduría General de la Nación, los cuales pretenden hacerse valer en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional(12).

10.2.1. En el presente caso, la Sala podrá apreciar los testimonios que fueron practicados ante el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que la presente demanda se dirige contra otra entidad que igualmente hace parte de la Nación, como lo es la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

10.3. Finalmente, debe decirse que todos los documentos allegados al proceso mediante el oficio 29175 CEOJU-NG-714 del 2 de agosto de 2004 (obrantes a fls. 181 a 215 del c. ppal) pueden tenerse como auténticos, pues cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(13). De otra parte, en relación con algunos otros documentos que reposan en copia simple dentro del plenario, la Sala precisa que dichos medios de prueba también pueden ser objeto de análisis de cara a la decisión del presente caso, en la medida en que no han sido tachados de falsos por los intervinientes procesales, regla esta que se extrae de un reciente pronunciamiento emanado de la Sala plena de la sección tercera(14).

V. Los hechos probados.

11. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

11.1. El señor Nelson Enrique Neusa Cortés, nacido el 2 de febrero de 1975 en Paime —Cundinamarca—, era hijo del señor Arnoldo Neusa Pachón. También era hermano de la señora Neidy Yamile Neusa Romero (registros civiles obrantes en copia auténtica a folios 3 y 4 del cuaderno 1).

11.2. Por su parte, el señor Merardo Neusa Pachón, nacido el 21 de enero de 1956 en Paime —Cundinamarca—, era cónyuge de la señora Isabel Gómez Ramírez —nacida el 31 de agosto de 1962—(15); padre de Adenis Neusa Gómez —nacida el 22 de febrero de 1981— y Luz Dary Neusa Gómez —nacida el 20 de abril de 1980—; y hermano de Víctor Julio Neusa Pachón, Alba Mariela Neusa Pachón, Israel Neusa Pachón, Gustavo Neusa Pachón, Eduardo Neusa Pachón y Hernando Neusa Pachón. Además era hijo de la señora María del Carmen Pachón de Neusa (registros civiles obrantes en copia auténtica a folios 7 a 14 del cuaderno 2).

11.3. Los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón eran campesinos residentes del municipio Mesetas en el Meta, y desempeñaban labores agropecuarias desde tiempo atrás(16).

11.4. El 30 de julio de 1994, miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 21 ejecutaron operaciones en contra del 40 frente de las FARC en el municipio de Mesetas —Meta—, debido a que el día 22 de julio del mismo año, un grupo de insurgentes intentó tomarse el cuartel de la Policía en el municipio(17). Dichas operaciones fueron llevadas a cabo en tres fases: asalto helicoportado, maniobra de búsqueda y provocación, y bloqueo(18).

11.5. El mismo día, los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón se encontraban en la finca “Los Claveles” en la vereda “La Cristalina” en el municipio de Mesetas. Allí se dedicaban al corte y sacudida de pasto(19).

11.6. Las compañías militares “Lince” y “Arahuaco” adscritas a los batallones de contraguerrillas Nº 20 y 21 respectivamente, que se encontraban ejecutando la orden de operaciones Nº 20 “Mesetas”, se desplazaron hacia la vereda “La Argentina” del municipio de Mesetas(20) y, cuando en el trayecto se encontraban pasando por la vereda “La Cristalina”, entraron en supuesto contacto con subversivos pertenecientes a la guerrilla de las FARC(21), razón por la que abrieron fuego para combatir a los presuntos guerrilleros(22).

11.7. Al final de los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, resultaron muertos tres presuntos integrantes de las FARC y un soldado perteneciente a la compañía “Lince”. Dicho saldo fue informado por la estación de radio local del municipio(23), en cuya emisión se dijo que los cadáveres fueron enviados como N.N. a la morgue del cementerio de Granada —Meta—(24). Ello se relató también en el informe de resultados operacionales de las compañías “Lince” y “Arahuaco”, que están plasmados en los respectivos documentos suscritos por el teniente Milton Varón Rubio y el capitán Nelson Mancipe Carrillo (fls. 190 a 215 c. ppal).

11.7.1. Así, en el informe rendido por el capitán Nelson Mancipe Carrillo, se describen las incidencias del supuesto combate, en los siguientes términos:

4. Informaciones de valor para operaciones futuras:

(…)

La mayoría de la población civil está adoctrinada, ya que contribuyen con alimentos y vacunas; además con informaciones.

(…)

30 de julio de 1994

Se inicia desplazamiento hacia la argentina, una vez llegados a la vereda La Cristalina, entran en contacto armado las compañías Arahuaco y Lince con maniobras de las dos unidades, de persecución hasta la vereda La Argentina, tomando como dirección La Marina. En el enfrentamiento la CP Lince sufre 1 baja y 1 soldado herido, siendo dados de baja 3 sujetos quienes fueron encontrados a 25 metros de 12 equipos. Al reorganizar el personal se ordenan los registros correspondientes encontrando víveres, material de intendencia, programas de publicidad y programas subversivos, libros de comunismo y estatutos (fls. 201 y ss., c. ppal).

11.7.2. Por su parte, en el informe suscrito por el teniente Milton Varón Rubio, se dice que las compañías “Lince” y “Arahuaco” combatieron contra un nutrido grupo de guerrilleros que se encontraban en un claro y en la mata de monte cercanos a las operaciones, a una distancia aproximada de 50 a 100 metros. Dicen que al final del combate se encontraron 3 guerrilleros muertos, así como material de guerra perteneciente al grupo guerrillero. Dice el informe:

… Con el apoyo de los dos equipos del Gil, fue recibido con fuego del enemigo que se encontraba emparapetado a la orilla de la matamonte a unos 50 metros de distancia, en el momento del contacto el equipo de apoyo suministró del gil de apoyo en primera instancia con fuego de M-60 y mortero hacia el punto donde se había establecido el contacto, estableciendo así la base de fuego y maniobrando con el otro grupo en apoyo del equipo de choque. En primera instancia, el gil Delta que se encontraba a una distancia de 100 mts inició el fuego y maniobra con sus equipos por el sector izquierdo, tratando de envolver al grupo que había entrado en contacto con el gil gama… fue herido un soldado del equipo de choque del gama, lo que obstaculizó en primera instancia el avance del equipo, rápidamente se estableció contacto radial con cada uno de los comandantes de contraguerrilla y gil dándole la orden a Lince uno que maniobrara sobre la derecha con los dos giles, tratando de envolver a una distancia de dos kilómetros… los cuatro giles rápidamente siguieron la maniobra, entrando en contacto cada uno de ellos con pequeñas avanzadas conformadas por 12 a 15 bandoleros… Lince Dos, quien avanzaba por el sector izquierdo con los dos giles maniobrando, entró en contacto con un grupo grande en una parte despejada después de la matemonte, donde hubo intercambio de fuego nutrido hacia los bandoleros que trataban de aferrar a la tropa al área, aproximadamente por un lapso de una hora. Avanzados el fuego y movimiento se logró llegar a una posición donde el grupo se encontraba, que era una parte alta donde predominaba sobre todo un potrero, donde por acción de las granadas de fusil fue asesinado un soldado del gil gama del equipo de apoyo. Lince 1 seguía su envolvimiento sobre el sector derecho, tratando de cercar las cortinas de fuego con las avanzadas que iba dejando el grupo subversivo. La unidad en apoyo de las contraguerrillas avanzó en un área general de 4 km, donde se encontraban las avanzadas del grupo, estableciendo contacto con ellas. La CP Arahuaco se encontraba en el área general de apoyo cercano, más o menos a dos o tres kilómetros, después del último contacto aproximadamente a las 15:00, se inició un registro del parea general del contacto, encontrando 3 bandoleros dados de baja con material de guerra e intendencia. Por inteligencia técnica se logró establecer 13 bandoleros dados de baja de los diferentes grupos según su reporte”.

Resultados del contacto

Bandoleros dados de baja... 03 (fls. 211 y ss., c. ppal).

11.8. Al día siguiente de los hechos, esto es el 31 de julio de 1994, algunos habitantes del municipio de Mesetas se alertaron por la ausencia de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón(25).

11.9. Los pobladores de la zona sospecharon que existía alguna relación entre la noticia anunciada por la radio y la desaparición de los habitantes de su comunidad, razón por la que los familiares de los desaparecidos se dirigieron al batallón del municipio de Mesetas para buscar respuestas. Una vez en la guarnición militar, los funcionarios les indicaron a los dolientes que se dirigieran al Instituto de Medicina Legal del municipio de Granada, lugar donde finalmente fueron reconocidos los cadáveres de Edilberto Patiño y los familiares de los hoy demandantes —Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón—(26).

11.10. Los cadáveres de los supuestos guerrilleros muertos en combate, entre ellos los de los parientes de los accionantes, fueron materia de las respectivas diligencias de levantamiento realizadas en la morgue del cementerio del municipio de Granada(27), en cuyas actas —acompañadas de varias fotografías— se dejó constancia de que se trataba de cuerpos remitidos por el Ejército Nacional, que portaban vestimenta de civil. El levantamiento de los cuerpos no se hizo en el sitio del supuesto combate. Las actas de necropsia contienen los datos relevantes que pasan a reseñarse.

11.10.1. Al cadáver del señor Merardo Neusa Pachón se le practicó estudio de necropsia el 1º de agosto de 1994, en el que pudo determinarse que la causa de la muerte fue una herida por arma de fuego recibida en la parte de arriba de la cabeza, con trayectoria de arriba hacia abajo. Además se detalla que el cuerpo presentaba escoriaciones en los miembros superiores del cuerpo:

Extremidades: escoriación en región supraclavicular izquierda, en parte media. Cicatriz antigua cara anterior rodilla izquierda, escoriación en región interescapular.

(…)

1. Orificio de entrada de proyectil de arma de fuego de 1.5 x 1.4 cms, a 4 cms, de la línea media y a 2 cms, del vértice en región parietal derecha.

2. Orificio de salida, gran herida de 12 x 9 cms, que compromete parietal, temporal y occipital derechos.

3.- Lesiones: Cuero cabelludo, fractura parietal, lacera meninges; lacera tejido cerebral, meninges. Fractura los parietal, temporal y occipital derecho con formación de ventana en cráneo.

4. Trayectoria: a. supero-inferior (fls. 337 y 338, c. ppal).

11.10.2. Por su parte, en la necropsia practicada al cadáver del señor Nelson Enrique Neusa Cortés —familiar de los demandantes—, se especifican varias heridas padecidas por el occiso en sus extremidades superiores, así como también una herida masiva en su cabeza con pérdida total de la masa encefálica, de la cual no fue posible establecer características tales como el orificio de entrada y/o de salida. Del mismo modo, los examinadores dan cuenta de varias escoriaciones presentes en el cadáver:

Tórax: Escoriaciones de más o menos 20 centímetros, en región de últimos arcos costales derechos.

(…)

Descripción de heridas:

Gran herida de 16 x 15 cms, que compromete cuero cabelludo, huesos y tejido cerebral que vá (sic) desde región frontal, destruye todo el techo de la boveda craneana y compromete hasta la región occipital. Hay ausencia total de masa encefálica. Por las características de la herida es imposible determinar sitio de entrada o de salida del proyectil.

2.1. Orificio de entrada de proyectil de arma de fuego de 1 x 0.8 cms, a 44 cms del vértice en cara externa del tercio inferior del brazo izquierdo a la altura del codo.

2.2. Orificio de salida de 3 x 2 cms, a 43 cms del vértice en tercio inferior de cara interna del brazo izquierdo.

2.3. Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, fractura completa del húmero, músculos, tejido celular subcutáneo y piel.

2.4. Trayectoria:

a. Infero superior

b. Antero posterior

3.1. Orificio de entrada de proyectil de arma de fuego de 2 x 1 cms, a 45 cms del vértice en cara anterior del tercio inferior del brazo izquierdo.

3.2. Orificio de salida de 3 x 2 cms, a 48 cms del vértice en cara interna del tercio inferior del brazo izquierdo a la altura del pliegue del codo.

3.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, músculos, tejido celular subcutáneo y piel.

3.4. Trayectoria:

a. Supero inferior

b. Antero posterior

4.1. Orificio de entrada de proyectil de arma de fuego a 46 cms del vértice y a 5 cms de la línea media posterior, en línea para-espinal derecha con T12.

4.2. Orificio de salida de 3 cms en la línea media posterior, a 58 cms del vértice en región lumbar derecha.

4.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, piel.

4.4. Trayectoria: supero inferior (fls. 341 y 342 c. ppal).

11.10.3. Y en la necropsia practicada al cadáver del señor Edilberto Patiño Patiño, se deja ver que el cadáver presentaba varias escoriaciones en diferentes partes del cuerpo, así como también se menciona una herida con arma de fuego propinada en la boca del occiso, con ahumamiento en el orificio de entrada. Textualmente se consigna la siguiente información relevante:

Extremidades: Cicatriz antigua en rodilla derecha, escoriación en tercio medio de cara anterior de tercio medio de brazo izquierdo, escoriación en tercio medio de cara externa de antebrazo izquierdo, cicatriz antigua en muslo derecho.

(…)

Descripción de heridas:

1.1. Orificio de entrada de proyectil de arma de fuego de forma irregular de 4 x 5.5 cms. a 3.5 cms. de la línea media y a 47 del vértice en línea media clavicular con segundo espacio intercostal izquierdo.

1.2. Se sigue trayectoria por tejido sub-cutáneo y músculos, se recupera alojado en séptimo arco costal izquierdo.

1.3. Lesiones: piel, tejido sub-cutáneo, músculo, fractura arco costal y se aloja en tejido sub-cutáneo.

1.4. Trayectoria:

a. Supero inferior.

2.1. Orificio de entrada de proyectil de arma de fuego de más o menos 2 x 1 cms. con ahumamiento en labios; ubicada en arcada dental superior.

2.2. Orificio de salida de 8 x 13 cms. de forma irregular, con pérdida de sustancia, ubicada en arco sub-maxilar y región lateral superior y media del cuello izquierdo a 5 cms de la línea media y a 19 del vértice.

2.3. Destruye incisivos dentales superiores, continúa con túnel en paladar blando fractura palatino, maxilar inferior, produce sección de vasos del cuello, tejido muscular subcutáneo y piel.

2.4. Trayectorias:

a. Derecha izquierda

b. Supero inferior

c. Antero posterior (fls. 339 y 340 c. ppal).

11.11. El levantamiento de los cadáveres de los familiares de los demandantes, del señor Edilberto Patiño Patiño(28) y del soldado profesional que resultó muerto en el marco de los combates, fue realizado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación en la morgue del cementerio del municipio de Granada —Meta—, diligencias en las que también se elaboró un álbum fotográfico en el que se hizo una descripción de las heridas padecidas por cada uno de los occisos. De dichas piezas probatorias es pertinente reseñar lo siguiente.

11.11.1. En el levantamiento de Merardo Neusa Pachón se pusieron de presentes las escoriaciones ya descritas en el acta de necropsia, así como también se describe un golpe con equimosis recibido por el occiso en el ojo derecho:

1. Un orificio de borde irregular de doce por diez cms producido al parecer por proyectil disparado en arma de fuego con exposición de masa encefálica, comprometiendo las regiones parietal y occipital de lado derecho…

2. Un orificio de borde irregular de dos cms. de diámetro producido al parecer por proyectil disparado en arma de fuego, con exposición de masa encefálica en el parietal izquierdo…

3. Equimosis región del párpado derecho…

4. Escoriación flanco derecho…

5. Escoriación en la región escapular media lado izquierdo…

6. Escoriación en el flanco izquierdo parte interna baja… (fls. 244 y ss., c. ppal).

11.11.2. De otra parte, durante el levantamiento de cadáver de Nelson Enrique Neusa Cortés, se hizo constar:

PRIMERA. Una herida abierta con desprendimiento de cráneo, exposición total de masa encefálica interesando las regiones frontal, parietal derecha e izquierda, región orbital izquierda, temporal izquierda y región occipital lado izquierdo…

2. Un orificio de tres por tres cms. borde irregular producido al parecer por proyectil disparado en arma de fuego localizado en el codo izquierdo cara anterior…

3. Un orificio de tres por dos cms. borde irregular producido al parecer por proyectil disparado en arma de fuego localizado en el antebrazo izquierdo parte media cara anterior…

4. Un orificio de dos por un cms borde irregular producido al parecer por proyectil disparado en arma de fuego localizado en el codo izquierdo cara posterior…

5. Un orificio de dos por dos cms. borde irregular producido al parecer por proyectil disparado en arma de fuego localizado en el antebrazo izquierdo cara posterior interna…

6. Escoriaciones en la planta del pie derecho… (fls. 276 y ss., c. ppal).

11.11.3. En el acta de levantamiento del cadáver del señor Edilberto Patiño Patiño, quien murió en compañía de los familiares de los hoy demandantes en reparación, se hace mención de varias heridas por arma de fuego, así como también de varias escoriaciones y hematomas presentes en varias partes del cuerpo:

1. Una herida abierta en forma irregular de 7 por 10 cms comprometiendo la región malar, maxilar inferior horizontal, cara lateral del cuello del lado izquierdo…

2. Herida abierta en forma irregular de 7 por 6 cms. comprometiendo la región external superior, región faceta yugular, región pectoral izquierda...

3. Herida abierta de 1.5 cms en el dorso de la mano izquierda en la primera falange de los dedos pulgar e índice…

4. Abulsión en el brazo izquierdo cara anterior parte media…

5. Herida abierta de dos cms. por uno producida al parecer por proyectil disparado en arma de fuego en la eminencia tenar de la mano izquierda.

6. Hematoma región malar izquierda.

7. Hematoma región infrahioidea lado izquierdo inferior.

8. Hematoma hipocondrio lado derecho parte superior.

9. Escoriación región umbilical parte superior derecha.

10. Escoriación cara anterior parte media brazo izquierdo.

11. Hematoma región cervical…

12. Escoriación flanco izquierdo…

13. Orificio de borde irregular de un cms de diámetro producido al parecer por proyectil disparado en arma de fuego localizado en la región occipital media inferior…

(…)

18. Escoriación región epigastrio… (fls. 258 y ss., c. ppal).

11.11.4. Finalmente, en relación con el cadáver del soldado que resultó muerto en los operativos, en el acta de levantamiento se dijo que la causa de la muerte fueron unas heridas con las siguientes características:

6.4. Descripción de las heridas: Orificio de forma irregular al parecer por proyectil disparado en arma de fuego en la región occipital lado derecho parte media — un orificio cerrado en el brazo izquierdo parte superior cara externa, orificio de forma irregular en región glútea derecha cara interna… (fls. 240 y ss.).

11.12. Por los hechos acaecidos en Mesetas, varios integrantes de la población civil interpusieron quejas ante la personería del municipio, con el fin de que dicha entidad investigara las circunstancias de las muertes(29). En dichas averiguaciones pudo establecerse que los señores Nelson Enrique Neusa Cortés, Merardo Neusa Pachón y Edilberto Patiño, fueron muertos en una parcela de propiedad de este último(30), lugar de donde los cadáveres fueron levantados por los miembros del Ejército Nacional(31). Ello también se pudo establecer por una visita realizada en el sitio de los hechos por el personero de Mesetas, en el transcurso de la cual pudieron encontrarse charcos de sangre y orificios de disparos en el piso de la heredad. El acta correspondiente merece ser citada in extenso, en atención a su importancia de cara a la decisión que debe asumir la Sala:

… El despacho de la Personería Municipal de Mesetas-Meta, dando cumplimiento a lo ordenado en auto que antecede dispone trasladarse del perímetro urbano de esta localidad a la vereda “La Cristalina”, concretamente al predio rural de nombre “Los Claveles”, jurisdicción de este municipio y de propiedad de la familia Patiño Patiño, a fin de practicar visita especial al lugar de los hechos donde se cometiera el presunto homicidio en las personas que en vida respondieran por los nombres de: Edilberto Patiño Patiño, Nelson Enrique Neusa y Merardo Neusa Pachón, en asocio del señor Jair Patiño Patiño… la diligencia inicialmente arribó al predio rural denominado “El Placer”, vereda “La Cristalina” de propiedad del señor Edwar Bautista y estando en dicho lugar se divisa el predio “Los Claveles” donde existen dos casas y se puede captar visualmente que están construidas así: una de ellas con techo de zinc y paredes de tabla y la otra con techo de palma y paredes en tabla, lugar este que al parecer fue donde se cometieron los homicidios de Edilberto Patiño Patiño, Nelson Enrique Neusa y Merardo Neusa Pachón. Luego el despacho se dispone a salir del predio denominado “El Placer” en dirección concreta a llegar primero a evidenciar el lugar de los hechos ocurridos el día treinta (30) de julio del año en curso. El despacho de la personería en asocio de los acompañantes de la diligencia se moviliza a pie en una extensión de un kilómetro y por terreno quebrado dejando atrás los linderos que delimitan la finca “El Placer” para ingresar al predio de marras y que es de propiedad de la familia Patiño Patiño, en dicho recorrido apareció en línea directa que la distancia de la casa de techo de zinc y la de techo de paja se hallan separadas por unos trescientos (300) metros aproximadamente. Una vez en el lugar donde se habrían cometido los hechos relevantes, se apreció deshabitada, por lo tanto no se pudo informar a persona alguna sobre el objeto de esta diligencia y no teniendo a quién enterar de la misma, se dispone hacer el reconocimiento del inmueble, para lo cual se procede de la siguiente manera: la toma de una fotografía que capte la totalidad del inmueble y la parte del frente. Identificación del inmueble constituido por techo de palma, paredes en tabla rústica de madera, columnas de madera redonda y cuadrada y por la parte frontal se observan tres, una puerta de madera abierta, sobre uno de los costados (izquierdo) se hallan colgadas tres herramientas de trabajo: dos hachas y un azadón, siguen una mesa de madera y una banca de madera ubicada sobre el corredor. Siguiendo por el otro costado derecho u oriente se constataron dos linternas a lado y lado de la entrada y en la parte de la esquina de la casa y junto al poste o sanco de madera una camisa de color rojo a cuadros, que al parecer portaba la víctima Edilberto Patiño Patiño el día de su fallecimiento, está en forma arrumada en el piso y al lado de esta una cotiza de color negro y en el poste de madera colgaba o pendía una pantaloneta, también al parecer del occiso Edilberto Patiño Patiño… estando en el lugar que sería el patio de la casa se observó la existencia de tres ollas o utensilios de cocina regados o tirados en el piso y, además, se verifican los tres puntos donde quedaron las víctimas ya mencionadas y demarcadas con estacas de palo y a la altura de la puerta del trasfondo que coincide con la puerta de entrada se observa una escoba botada en el piso y, ya en la última de sus esquinas ojeando por un lado se encuentra una troja (cuatro palos de vara en tierra y tablas superpuestas, cuya función es servir de lavaplatos) y mirando en dirección contraria, es decir, por el costado lateral opuesto al ya descrito, se hallaron en el suelo un par de botas amarillas en cuero, en posición adversa, que al preguntarle al señor Patiño Patiño Jair, de quién eran estas manifestó: “que eran de mi hermano Edilberto Patiño”. La diligencia se ubica en este extremo del inmueble, siendo la referencia a tomar para describirla… un cambuche o rancho construido en uno de sus costados o sea el del frente, con techo de palma y el costado opuesto construido en tejas de zinc y palma, que al inspeccionar su interior se hallaron en él nueve (9) tejas de zinc superpuestas sostenidas en lo alto o a determinada altura del piso… El despacho de la personería municipal, se detiene en este punto donde se encuentra ubicada la diligencia para verificar los puntos demarcados y que se mencionó anteriormente y donde fue este el lugar donde ocurrió el triple homicidio, tal como se denota en esta acta, los hechos tuvieron ocurrencia entre el cambuche o sea en la parte posterior del inmueble de vivienda y en estos instantes el funcionario de la personería municipal dispone la toma de fotografías: una toma que cobija a los tres puntos demarcados con señas de palos y junto a ellos flores y en éstos tres puntos se constató la existencia de vestigios de sangre y que por efectos del sol estaba seca en el piso y que de acuerdo a la toma fotográfica indica que en la del medio se halló muestras de cabello, del cráneo, que al parecer pertenecía al difunto Nelson Neusa y las señales de los lados se presume que correspondían a los cuerpos tendidos de los occisos Edilberto Patiño Patiño y Merardo Neusa Pachón, sin poderse establecer específicamente el lugar de cada uno de estos… simultáneamente se prevé que en los tres lugares donde se supone haber sido ejecutadas las víctimas se aprecia a simple inspección de vista un círculo y junto a la señal de madera de cada uno de éstos, huecos y hoyos en la tierra como consecuencia de los impactos de arma de fuego y esto hace presumir al funcionario que los disparos fueron dirigidos o enfocados hacia abajo. En este estado de la diligencia, el despacho solicita a persona acompañante de esta, se sirviera excavar los puntos referenciados, empezando por el que se cree le correspondiera a Nelson Neusa y prosiguiendo con el del cambuche o parte de arriba o lado izquierdo y termina con el tercero o sea el de abajo o lado derecho, según la posición del suscrito con el ánimo de buscar y encontrar cápsulas o vainillas de proyectiles o de las armas de fuego utilizadas para el homicidio. Que transcurridos algunos minutos, y pendiente o a la expectativa el despacho no fue posible encontrar el objetivo propuesto. El despacho considera viable entrar a describir los huecos u hoyos a los que nos hemos venido refiriendo y en la secuencia ya establecida anteriormente como lo confirma la toma fotográfica, donde aparece indicando el del medio y se inicia con este, se continúa con el del lado y finalmente con el del lado de abajo, o sea izquierdo y derecho respectivamente, y en cada uno de estos se estableció la existencia de dos huecos en la tierra como resultante del impacto del arma de fuego… Continuando la diligencia el despacho procede a ingresar al interior del inmueble, lo cual lo hace por la puerta de atrás o posterior y a simple inspección de vista se verificó que el lugar que fuera habitación del occiso Edilberto Patiño Patiño se encontraba en completo desorden, las pertenencias de este dando señales de haber sido requisada tal como se podrá apreciar en la fotografía tomada y, además, estas pertenencias del fallecido estaban dispersas por el piso… Se deduce entones, por parte de este despacho en la diligencia que realiza, que está plenamente identificado el lugar donde quedaran los cuerpos de las víctimas asesinadas: Edilberto Patiño Patiño, Nelson Enrique Neusa y Merardo Neusa Pachón, sin poder encontrar indicio alguno de que estos hubiesen forcejeado o que hubiesen quedado muestras de haber sido heridos o lesionados porque la diligencia practicada no las observó, lo que implica que estos pudieron haber sido colocados en indefensión para obtener el cometido… En este lugar se termina la diligencia de la visita especial siendo las cuatro p.m. (4:00 p.m.) y el despacho dispone su traslado a la casa vecina que hace parte de la misma propiedad de la familia Patiño Patiño y al mismo a que se ha referido en el inicio de esta diligencia a fin de verificar los daños ocurridos en el techo de zinc por efectos de los impactos, como también el registro efectuado por parte de una institución militar, presuntamente del Ejército Nacional - unidad móvil de contraguerrilla y confirmar en esta visita la labor a que se dedicaban los campesinos fallecidos… (fls. 147 —vuelto— y siguientes).

11.13. Por la muerte de las tres personas mencionadas, entre ellas los señores Merardo Neusa Pachón y Nelson Neusa Cortés, algunos habitantes del municipio de Mesetas interpusieron denuncia penal(32). También un miembro de la Brigada Móvil Nº 1 presentó su denuncia ante el coordinador de unidad de fiscalías de Granada, por la muerte del soldado Alberto Hernández Mayorca(33).

11.14. La fiscalía atendió a las denuncias interpuestas, las unificó, y abrió investigación previa por las muertes ocurridas el 30 de julio de 1994 en Mesetas (fl. 295 c. ppal). Finalmente, la investigación no superó esta etapa, pues se suspendió la actuación y, posteriormente, se ordenó su archivo (fl. 423 c. ppal). La Sala considera pertinente reseñar las siguientes piezas procesales, elaboradas en el curso de la aludida investigación:

11.14.1. Se ofició al Instituto Nacional de Medicina Legal para que certificara si las heridas padecidas por los familiares de los hoy demandantes y por el señor Edilberto Patiño, tenían rasgos relacionados con signos de tortura o con disparos efectuados a corta distancia. Dicho requerimiento fue respondido por la regional oriente de la dirección seccional del Meta del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el oficio 0128-95 del 25 de julio de 1995, en el cual se consignó:

… Revisados los protocolos de necropsias Nº 0125-94, correspondiente a Edilberto Patiño, Nº 0126-94 correspondiente a Nelson Neusa Cortés y Nº 0127-94 correspondiente a Merardo Neusa, no se hallan descritos signos de torturas ni hay presencia de tatuajes en las heridas descritas como orificios de entrada de PAF… (fl. 414, c. ppal).

11.14.2. Las pesquisas llevadas a cabo por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, fueron reseñadas en el memorando del 3 de octubre de 1994. De dichas actuaciones se destaca el hecho de que no fue posible recoger los testimonios de la mayoría de los militares presentes en los hechos discutidos, toda vez que los mismos se encontraban en labores de combate. Dice el memorando:

Se recibió protocolo 125-94 correspondiente a Edilberto Patiño Patiño con proyectil anexo, protocolo 126-94 de Nelson Enrique Neusa, protocolo 127-94 de Merardo Neusa Pachón en original y copia, los que se anexan al expediente.

Se ofició con el número 1820 al comando de la Brigada Móvil solicitando la presentación del teniente Barón Rubio Milton y demás militares que se enteraron de los hechos, sin ser posible su comparecencia a esta unidad; razón por la cual se envió un nuevo oficio, el número 2011 reiterando la petición al comando de la Brigada Móvil.

Por intermedio de la inspección municipal de Mesetas, se citan los miembros de la junta de acción comunal y demás personas que se hayan enterado de los hechos; pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a pesar de haberse recordado esta solicitud al inspector, a través de llamada telefónica con el señor José Alcibiades Barragán Leonel secretario del juzgado promiscuo municipal de ese municipio, quien confirmó haberle entregado el mensaje al señor inspector y este, a su vez, dijo poseer el telegrama 195, del cual se anexan las respectivas copias.

El día 28 de septiembre, la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación practicó visita a la actuación de las diligencias; por lo cual se anexa la respectiva copia de acta.

El suscrito, personalmente, ha visitado las instalaciones de la Brigada Móvil, tratando de ubicar a los militares que deben rendir la diligencia de declaración, con resultados negativos ya que verbalmente me han informado que se encuentran en operaciones militares.

Para la práctica de las diligencias con las personas residentes en la vereda La Cristalina, me permito sugerir, se haga a través de la fiscalía local de Mesetas… (fls. 346 y ss., c. ppal).

17.14.4. Se recibió declaración juramentada rendida por el comandante de la Compañía Lince, señor Milton Varón Rubio, quien narró las condiciones en que se llevó a cabo el supuesto combate en que resultaron muertos los familiares de los hoy demandantes en reparación. El testigo manifestó que los guerrilleros “dados de baja” fueron encontrados en un campamento de la guerrilla ubicado en una mata de monte. Es pertinente reseñar de dicha declaración los siguientes apartes:

… iniciamos a iniciar al sector donde la otra contraguerrilla estaba en contacto, cuando íbamos avanzando y maniobrando hacia dicha mata de monte empezó la guerrilla a dispararnos a la contraguerrilla que íbamos en apoyo, hubo bastante fuego cruzado de lado y lado, más o menos a los quince minutos de estar en esa situación una granada de fusil al parecer cayó cerca del soldado Hernández Mayorga Luis muriendo de ipso facto, la otra contraguerrilla ya había logrado avanzar por la mata de monte donde estaban dichos bandoleros que seguían en huida hacia la vereda La Libertad, se siguieron los combates hasta aproximadamente las tres de la tarde del día treinta de julio, donde la contraguerrilla del TE Bustamante que era la que iba en persecución no encontró más rastros del grupo de bandoleros, ni fuego por parte de ellos, se le ordenó al teniente que iniciara el repliegue hacia la parte donde se había iniciado el contacto, registrando el área con el fin de reorganizar la compañía y seguir la persecución con toda la compañía, el teniente empezó el registro y más o menos a las cuatro y media me informó por radio que habían encontrado un cambuchadero guerrillero más o menos ochenta bandoleros, y dentro de él habían tres subversivos dados de baja y unos equipos alrededor de ellos en diferentes puntos, se le ordenó que hiciera el registro detallado del área a ver qué más encontraba, en ese momento yo me encontraba más atrás a un kilómetro o un kilómetro y medio más o menos, entablé conversación con el comandante de la Compañía Arahuaco y le informé lo que se había capturado, eso fue más o menos a las cuatro de la tarde del día treinta de julio de 1994, mi capitán me dijo que registrara e informara, para él poder informar al puesto de mando con quien yo en ese momento no tenía comunicación, se registró el campamento y aparte de los que ya se había encontrado, se encontraron más o menos cincuenta arepas preparadas, plásticos y dentro de los equipos munición 7-62., munición para fusil R-15 y munición para fusil AK-47 y uniformes de policía, hamacas, un poncho, cuadernos de la cuadrilla donde llevaban parte del armamento, cuadernos donde se llevaban órdenes del día y libros sobre comunismo, se informó esto a mi capitán Mancipe, comandante de la compañía Arahuaco… él me informó que venía en helicóptero a recoger todo ese material recuperado, los subversivos dados de baja y el soldado que me fue dado de baja… (fls. 351 y ss., c. ppal).

17.14.5. Por medio de decisión calendada el 3 de junio de 1997, la unidad de preliminares de la dirección regional de oriente de la Fiscalía General de la Nación, decidió suspender la investigación, pues consideró que:

Sometido a examen el diligenciamiento que nos ocupa, se advierte que no existe mérito para dictar resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria por cuanto de las pruebas allegadas no se deriva contra persona determinada prueba que comprometa su responsabilidad en el punible investigado; teniendo en cuenta además, que se encuentran agotadas las posibilidades probatorias para definir la actuación en tal sentido.

En atención a que las circunstancias que anteceden han permanecido desde el comienzo de la investigación previa y durante un lapso superior a un año dispuesto por el legislador para que resulte procedente la suspensión de la misma; esta Unidad de Fiscalías, en consideración a los términos del art. 30 del decreto 2790 de 1990 adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991, art. 4, dispone la suspensión de la actuación surtida… (fl. 423, c. ppal).

VI. Problema jurídico.

18. Para emitir una decisión de mérito dentro del proceso de la referencia, la Sala deberá verificar si están probados los elementos que estructuran la responsabilidad en cabeza del Estado, labor en la cual tendrá que dar solución a los siguientes interrogantes:

18.1. Es necesario determinar si la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón fue causada por miembros del Ejército Nacional, y si ese hecho se produjo como consecuencia de una falla del servicio, la cual es alegada por los demandantes cuando manifiestan que sus familiares fueron ejecutados extrajudicialmente.

18.2. En segundo lugar, comoquiera que los cadáveres de los mencionados señores fueron presentados por el Ejército Nacional con la consigna de que se trataba de “bandoleros” dados de baja en combates con la guerrilla, entonces es necesario estudiar si con las pruebas del plenario se evidenció la causal excluyente de responsabilidad de hecho propio y exclusivo de la víctima.

18.3. Finalmente, en caso de que se decida que es procedente la declaración de responsabilidad a cargo de la entidad demandada, entonces será necesario que la Sala determine si es posible aplicar al resarcimiento de daños, los criterios de reparación integral que han sido fijados por la sección tercera en otras oportunidades —en acogida de los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, cuando se demuestra que el daño se produjo con ocasión de graves violaciones a los derechos humanos de los demandantes; decisión esta que sería asumida a pesar de que la parte actora no solicitó en su demanda el reconocimiento de este tipo de reparación.

19. Previo al abordaje de las preguntas antes formuladas, es necesario determinar si está probado el daño, según fue alegado en el libelo introductorio.

VII. Análisis de la Sala.

20. En lo que tiene que ver con la demostración del daño, en la demanda se solicitó su indemnización tanto en su aspecto inmaterial, representado por el daño moral padecido por los demandantes con ocasión de la muerte del pariente cercano, como en su dimensión material, consistente en la pérdida de la ayuda económica que los accionantes supuestamente recibían de parte de los occisos.

20.1. En lo que tiene que ver con el daño inmaterial, de conformidad con los hechos probados la Sala tiene por demostrado el perjuicio moral cuyo resarcimiento es deprecado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditada la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón ocurrida 30 de julio de 1994, suceso este que, por razón del parentesco, permite inferir el dolor que el deceso de los occisos produjo en sus allegados.

20.1.1. En efecto, se tiene acreditado el parentesco que los demandantes tenían con Nelson Enrique Neusa Cortés, pues el señor Arnoldo Neusa Pachón —padre— y Neidy Yamile Neusa Romero —hermana— allegaron al expediente los registros civiles de nacimiento que prueban su calidad de parientes —párr. 11.1—.

20.1.2. En lo que respecta al señor Merardo Neusa Pachón, también se encuentra acreditada su relación familiar con Isabel Gómez Ramírez —cónyuge—, Adenis Neusa Gómez —hija—, Luz Dary Neusa Gómez —hija—, Víctor Julio Neusa Pachón —hermano—, Alba Mariela Neusa Pachón —hermana—, Israel Neusa Pachón —hermano—, Gustavo Neusa Pachón —hermano—, Eduardo Neusa Pachón —hermano—, Hernando Neusa Pachón —hermano—, María Del Carmen Pachón de Neusa —madre—; pues se allegaron al expediente los registros civiles de nacimiento de quienes integran esta parte actora —párr. 11.2—.

20.1.3. La Sala considera que, debido al nexo de parentesco que existía entre los fallecidos y los hoy accionantes en reparación, es presumible que la muerte de aquel implicó para éstos una situación de congoja y dolor(34).

20.2. En lo que tiene que ver con el daño material, aunque en la demanda se pidió la indemnización del mismo tanto en el aspecto del daño emergente como en el del lucro cesante, lo cierto es que en el paginario no reposa prueba alguna de que los occisos prestaran ayuda económica a sus parientes —lucro cesante—, o de que estos últimos hayan incurrido en gasto alguno con ocasión de la muerte de sus allegados —daño emergente—.

20.2.1. Mención especial merece el hecho de que el señor Merardo Neusa Pachón murió cuando se encontraba en edad productiva y desempeñaba una actividad económica como lo era la de campesino, razón esta por la que es plausible inferir que el susodicho destinaba parte del producto de su trabajo al sostenimiento de su cónyuge y sus dos hijas, máxime cuando estas últimas eran menores de 25 años para el momento del deceso.

20.2.2. A partir de la prueba del vínculo matrimonial entre el señor Merardo Neusa Pachón y la señora Isabel Gómez Ramírez, y con base en el parentesco existente con sus hijas —Adenis Neusa Gómez y Luz Dary Neusa Gómez—, puede inferirse que la ayuda económica que estas percibían se perdió como consecuencia de la muerte de aquél, ocurrida en el marco de los hechos materia del presente litigio. Puede hacerse dicha inferencia teniendo en cuenta que el artículo 411, numerales 1º y 2º del Código Civil establece la obligación de dar alimentos al cónyuge o compañero permanente y a los hijos, y es presumible que el señor Neusa Pachón dedicaba parte del fruto de su trabajo al cumplimiento de dicha obligación(35).

20.2.3. En síntesis, la Sala considera que está probado el daño material —lucro cesante— padecido por quienes demandaron por la muerte de Merardo Neusa Pachón, no así en relación con el grupo familiar del occiso Nelson Enrique Neusa Cortés, quien tenía 19 años de edad al momento de su deceso.

21. En lo que tiene que ver con la imputación fáctica del daño, la Sala observa que dentro del expediente se acreditó que los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón fueron muertos por miembros del Ejército Nacional, pues sus cadáveres —junto al del señor Edilberto Patiño— fueron remitidos por miembros de esa fuerza armada a la morgue del cementerio de Granada —Meta—, con la consigna de que se trataba de guerrilleros que habían sido “dados de baja” durante un combate armado llevado a cabo en el sector de “La Cristalina” en el municipio de Mesetas, en la finca “Los Claveles” —párrs. 11.7 y ss.—.

21.1. En efecto, en el expediente reposan los informes emitidos por las compañías “Lince” y “Arahuaco” —párrs. 11.7.1 y 11.7.2— de los batallones contraguerrilla Nº 20 y 21, en los que se da parte de los resultados del operativo llevado a cabo en virtud de la orden de operaciones Nº 020 “Mesetas”, y en los que se pone en conocimiento de las autoridades pertinentes el informe de patrullaje efectuado por estas compañías el 30 de julio de 1994. Allí consta de manera clara y expresa que durante la ejecución de dicha operación se “dio de baja” a tres miembros de las FARC, a quienes corresponden los cadáveres que fueron dejados en la morgue de Granada.

21.2. Igualmente, las declaraciones rendidas por habitantes del referido municipio dan cuenta de los enfrentamientos que sostenía el Ejército Nacional con columnas guerrilleras en la vereda, y también indican que la muerte de los tres supuestos guerrilleros fue informada por la emisora local —párr. 11.7. —, situaciones que, aunadas al hecho de la desaparición de Nelson Enrique Neusa y Merardo Neusa el mismo día de la realización de las operaciones por el Ejército, constituyen claras pruebas de que los familiares de los peticionarios fueron muertos por acción de miembros del Ejército Nacional, hecho este que no fue controvertido por la entidad demandada en sus intervenciones procesales.

22. Ahora bien, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que este fue causado por el Ejército Nacional cuando sus agentes desplegaban una actividad peligrosa, como lo es el desarrollo de un operativo militar con empleo de armas de fuego llevado a cabo con ocasión de la orden de operaciones Nº 20 “Mesetas”. La jurisprudencia de la Sala tiene establecido que el título de imputación que puede ser utilizado para analizar la responsabilidad estatal, es el de riesgo excepcional bajo la óptica de un régimen objetivo de responsabilidad, en el que al demandante le basta probar la existencia del daño, del hecho dañoso y del nexo causal entre el primero y el segundo. Demostrados esos elementos, a la entidad demandada le corresponde, para exonerarse de responsabilidad, probar que el hecho tuvo origen en una de las causales excluyentes de responsabilidad fijadas por el ordenamiento jurídico —hecho de un tercero, hecho de la víctima y fuerza mayor—(36).

22.1. Sin embargo, cuando en el libelo de la demanda se invoque o sea evidente la falla del servicio cometida por la administración, se estudiará la responsabilidad bajo ese título de imputación(37), ya que, de acuerdo con esta corporación, en estos eventos es necesario que el Consejo de Estado, a través de sus decisiones, formule las pertinentes advertencias a la administración con el fin de que esta procure evitar la reiteración de conductas anormales y para que la decisión asumida por la justicia contenciosa administrativa sirva para trazar políticas públicas en materia de administración(38).

22.2. De conformidad con lo anterior, en atención a que en la demanda se señaló que la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón fue producida por una acción de los miembros del Ejército Nacional, constitutiva de una falla del servicio consistente en que a los mencionados señores se les asesinó sin que existiera una razón legítima para ello, entonces la Sala principiará por estudiar si se configuró esa falla. Definido aquello, se indicará posteriormente que, si en gracia de discusión se entendiera que no está demostrada una falla del servicio, entonces el caso podría analizarse con base en un régimen objetivo de imputación de responsabilidad, ya que el hecho dañoso se desplegó en el marco de una actividad peligrosa, como lo es el adelantamiento de un operativo armado por parte de los miembros de la institución militar involucrada en la presente contención. Finalmente, se analizará si en el proceso estuvieron demostrados los elementos necesarios para la exoneración de responsabilidad por un hecho de la víctima que alega la entidad demandada, consistente en que los finados familiares de los demandantes pertenecían, supuestamente, a un grupo guerrillero que se enfrentó con la patrulla militar desplegada en el lugar de los acontecimientos. En este punto se enfatizará que la prueba de la causal eximente de responsabilidad es una carga que corresponde a quien la alega.

23. La Sala encuentra que en el caso de autos la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada, puede ser analizada teniendo en cuenta los parámetros de la teoría de la falla del servicio, ya que se encuentra plenamente demostrada con las pruebas allegadas al expediente, las cuales permiten la construcción de unos indicios que señalan el hecho de que la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón ocurrió como consecuencia de una ejecución extrajudicial, según pasa a indicarse en relación con los siguientes puntos: 1) las contradicciones existentes entre las versiones que sobre los hechos dieron los militares involucrados, y otros medios de convicción obrantes dentro del expediente, especialmente en lo relacionado con el sitio en que yacieron una vez muertas las víctimas; 2) los indicios relacionados con la falta de investigación de los hechos y la falta de colaboración con el recaudo probatorio por parte de la entidad demandada, incluido el indicio relacionado con el levantamiento de los cadáveres realizado en un sitio diferente a aquél en que cayeron muertos los familiares de los demandantes, sin que en el expediente se encuentre demostrada circunstancia alguna que justificara tal proceder; y 3) las características de las heridas mortales padecidas por los fallecidos parientes de los accionantes y la forma en como fueron presentados los cuerpos para las inspecciones post mortem.

23.1. En primer lugar, la Sala considera pertinente poner de presente las contradicciones existentes entre los informes militares elaborados por la entidad demandada con posterioridad a los hechos ocurridos el 30 de julio de 1994, y las demás pruebas existentes en el expediente. Así, en relación con las circunstancias de lugar en que habría ocurrido la muerte de los familiares de los demandantes, en el proceso existen algunas pruebas que señalan que el fallecimiento se produjo en medio del combate llevado a cabo en una “mata de monte”, y otras que indican que los occisos perecieron cuando fueron ejecutados en la parcela del señor Edilberto Patiño Patiño. Frente a tal discrepancia, la Sala da mayor credibilidad a la versión de que la muerte de los señores Merardo Neusa Pachón, Nelson Neusa Cortés y Edilberto Patiño, ocurrió cuando se encontraban en la casa del último de los referidos. Lo anterior con base en las siguientes razones:

23.1.1. En primer lugar, es necesario tener en cuenta el criterio que ha sido adoptado por la Sala en otras oportunidades, según el cual es necesario revisar el nivel de credibilidad de las pruebas que soportan cada una de las versiones sobre los hechos, y el nivel de probabilidad lógica de cada una de las hipótesis encontradas. Ello se dijo por esta subsección “B” en la Sentencia del 7 de abril de 2011, en los siguientes términos:

21. La anterior antinomia corresponde ser resuelta por la Sala empleando los postulados de la sana crítica, normada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(39), y definida por la jurisprudencia de esta corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(40) y en virtud del cual“ el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(41). Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que, en aplicación de las “reglas de las sana crítica”, el juez deberá valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que tiene a su alcance y otorgarles el nivel de credibilidad que les corresponda, atendiendo siempre a los criterios de razonabilidad que rigen la interpretación judicial:

“3.1. Las reglas del criterio humano influyen en diversos aspectos de la actividad jurisdiccional, principalmente, en lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en la elaboración de presunciones, en la apreciación de la prueba con miras a la formación de la convicción del juez y, finalmente, para colmar aquellos preceptos jurídicos incompletos que deben ser complementados por el sentenciador. En tratándose de la estimación probatoria, la sana crítica apareja aquel modo de apreciar la prueba en el que el juzgador, “teniendo por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un determinado caso, goza de libertad para valorarla, cuidándose, claro está, de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. A tal sistema de valoración alude el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil” (casación del 16 de noviembre de 1999)”.

“Dicho sistema de valoración de las pruebas se encuentra estructurado sobre la libertad y autonomía del juzgador para determinar el peso de las mismas y obtener su propio convencimiento, bajo el apremio, únicamente, de enjuiciarlas por medio del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia, entendiendo por estas últimas, aquellos dictámenes hipotéticos de carácter general originados en el saber empírico, a partir de situaciones concretas, pero que, desligándose de estas, adquieren validez en nuevas circunstancias o, lo que es lo mismo, “aquellas máximas nacidas de la observación de la realidad que atañe al ser humano y que sirve de herramienta para valorar el material probatorio de todo juicio” (casación del 24 de marzo de 1998). Si bien, como ya se ha dicho, el sistema de la sana crítica se finca sobre la libertad del juzgador en la actividad intelectiva que presupone la valoración de la prueba, este, al realizar la labor que se le ha confiado no puede descarriarse hacia la arbitrariedad, pues la ponderación de las pruebas se encuentra sometida a la racionalidad nacida de las máximas de la lógica y las reglas de la experiencia(42) (negrillas del texto citado)”.

22. Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez debe elegir aquella que esté soportada en los elementos de juicio que aporten un mayor nivel de probabilidad lógica, labor en la que las máximas de la experiencia —o supuestos adicionales, según cita la doctrina—, desempeñan un papel relevante(43). Al decir de Taruffo,

“… si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (…). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas(44)”.

23. De acuerdo con los anteriores parámetros, la Sala procede a analizar los medios de prueba que se observan en el proceso, referidos a las circunstancias en que se produjo la muerte del infante de marina Hugo Eider Campos Medina, para efectos de establecer el supuesto de hecho sobre el cual debe analizarse la presunta responsabilidad a cargo de la administración, frente a los hechos ocurridos el 4 de septiembre de 1995. Para tal efecto se llevará a cabo un estudio analítico de cada uno de los medios de prueba, se establecerá el nivel de credibilidad que los mismos ofrecen y, finalmente, se verificará el nivel de probabilidad que ofrece cada una de las hipótesis sobre el caso, para lo cual se aplicarán las máximas de la experiencia(45).

23.1.2. En el caso concreto, las únicas pruebas que soportan la versión de que los familiares de los demandantes fueron muertos en combate, son los informes militares elaborados con posterioridad a las operaciones —párr. 11.7—, y el testimonio del teniente Milton Varón Rubio —párr. 17.14.4, pruebas estas que no resultan creíbles en la medida en que, por un lado, omiten describir la forma concreta en que se produjeron los decesos de los supuestos guerrilleros y, por otra parte, de acuerdo con las reglas de la experiencia, es improbable que unos combatientes, en las circunstancias de batalla narradas por los militares, hayan sido muertos cuando se encontraban en una mata de monte, pero vestidos de civil y sin armas de fuego.

23.1.3. Por el contrario, las pruebas que señalan que la muerte de Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón ocurrió cuando se encontraban en la casa de la tercera víctima —Edilberto Patiño Patiño—, merecen mayor credibilidad en tanto son más descriptivas, y en la medida en que soportan una versión que está dotada de mayor nivel de probabilidad lógica, de cara a los demás elementos que integran el acervo probatorio.

23.1.4. En efecto, todos los testimonios practicados en el marco del presente proceso contencioso, y también las denuncias y quejas que por las desapariciones de los occisos se presentaron ante las autoridades competentes, son consonantes en señalar que los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón fueron ejecutados en inmediaciones de la parcela perteneciente a Edilberto Patiño, lugar a donde se dirigieron el día de los hechos para efectuar labores agropecuarias —párrs. 11.5 y 11.8—. Al respecto, todos los testimonios confluyen en lo que tiene que ver con las circunstancias en que los declarantes afirman que se produjo el desaparecimiento de los fallecidos, con la indicación de que se trataba de campesinos que se encontraban sacudiendo pasto en una finca, lo cual coincide plenamente con el hecho de que posteriormente fueran hallados rastros de sangre y señales de disparos en el piso de la parcela donde, según afirman los declarantes, habrían sido muertos Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón, en compañía del dueño de la unidad agrícola. Además, en los diversos testimonios valorados en el acápite de hechos probados, se aprecia que las aseveraciones de los deponentes son espontáneas y no exhiben contradicciones —internas o externas—, además de que son pormenorizadamente descriptivas en cuanto a los detalles, rasgos todos ellos que permiten darles plena credibilidad a la luz de las reglas de la sana crítica.

23.1.5. Dicha versión se corroboró con la inspección que el Ministerio Público realizó en la casa del señor Patiño Patiño —párr. 11.12—, durante la cual pudo establecerse que no se trataba de un “cambuche” guerrillero, como pretendió afirmarse en las versiones militares, sino que era una casa campesina en la que estaban presentes las herramientas necesarias para el trabajo de la tierra, y en la que no se observó rasgo alguno compatible con un campamento guerrillero. Del mismo modo, se estableció la existencia de abundantes rastros de sangre en el piso de la heredad, así como la presencia de orificios producidos en el suelo por disparos de arma de fuego, lo cual concuerda con la hipótesis de que a los occisos se les ejecutó extrajudicialmente, dejando sin piso el relato de que dichas muertes se produjeron en combate. En este aspecto circunstancial, la visita efectuada en la heredad por el Ministerio Público, confirmó el dicho de los testigos, quienes afirmaron que los familiares de los demandantes fueron ultimados en dicho sitio.

23.1.6. Lo anterior coincide con el hecho de que los occisos no tuvieran indumentaria de guerra en el momento en el que se realizó el levantamiento de los cadáveres —párr. 11.10— pues, según se verá, no es creíble que las muertes se hayan producido durante el supuesto combate en una mata de monte, cuando los presuntos guerrilleros no contaban con armamento ni con la vestimenta adecuada para las actividades guerrilleras. Antes bien, la forma en como vestían los occisos y la carencia de elementos bélicos, es una confirmación de las afirmaciones vertidas en las demás pruebas del proceso, según las cuales los familiares de los demandantes —y también la tercera persona fallecida— eran labriegos ajenos a cualquier actividad bélica.

23.1.7. Así las cosas, para la Sala tiene un mayor nivel de probabilidad lógica la hipótesis de que los señores Merardo Neusa Pachón y Nelson Enrique Neusa Cortés fueron ejecutados extrajudicialmente por los miembros del Ejército Nacional, afirmación esta que, según se verá, es armónica con lo que puede decirse en relación con las heridas padecidas por los occisos.

23.2. De otra parte, no se pierden de vista las maniobras efectuadas por los militares para evadir la acción de la justicia frente a las muertes de los familiares de los hoy demandantes en reparación directa, lo que representó un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos que hoy se discuten.

23.2.1. En efecto, por un lado, las patrullas militares no permitieron que el levantamiento de los cadáveres se llevara a cabo en el mismo lugar donde los familiares de los demandantes cayeron muertos, y en el proceso tampoco se observa acreditada circunstancia alguna que justificara una alteración de la escena del crimen —párr. 11.11—. En este punto, aunque la Sala tiene por demostrado que se estaban llevando a cabo combates con la guerrilla el 30 de julio de 1994, en los que incluso resultó muerto un integrante de las fuerzas militares —párr. 11.11.4—, tal situación no implica por sí sola una imposibilidad de llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos en la escena donde ocurrió la muerte, máxime cuando en el presente litigio se demostró, según lo dicho antes, que los señores Neusa no cayeron muertos en la “mata de monte” donde se estaba llevando a cabo la batalla, sino que fallecieron en la casa del señor Edilberto Patiño —también occiso—, lugar en el que perfectamente habría podido efectuarse el levantamiento con asistencia de las autoridades judiciales competentes. Muestra de esto último lo es la diligencia que posteriormente se practicó en el sitio de los hechos —párr. 11.12—.

23.2.2. De otra parte, es necesario tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación intentó en varias oportunidades practicar diligencias de declaración juramentada con los militares participantes en la operación militar, lo cual no fue posible llevar a cabo debido a que el Ejército Nacional no dispuso las medidas que eran necesarias para que sus efectivos respondieran ante las autoridades penales —párr. 11.14.2—.

23.2.3. Del mismo modo, cuando esta jurisdicción contenciosa requirió a las autoridades militares para que remitieran al presente trámite unas pruebas que eran de la mayor importancia para el estudio de los acontecimientos, las diferentes brigadas y batallones oficiados fueron renuentes a colaborar con la justicia, actitud esta que mereció una fuerte reprimenda por parte de esta corporación a la entidad demandada —párr. 7 del trámite procesal—.

23.2.4. Finalmente debe resaltarse que con ocasión de las muertes padecidas por Merardo Neusa Pachón, Nelson Enrique Neusa Cortés y Edilberto Patiño Patiño, la justicia penal militar se abstuvo de efectuar averiguación alguna, en lo que constituye una omisión que resulta inexplicable de cara a la gravedad que implica la muerte de tres civiles a manos de una fuerza armada que está instituida, precisamente, para la protección de las personas en su vida, honra y bienes.

23.2.5. Dichas situaciones permiten a la Sala inferir, mediante indicios, que la renuencia de la entidad demandada a colaborar con la investigación de los hechos que hoy se discuten, estaba orientada a tender un manto de encubrimiento sobre la actividad ilícita desplegada por los militares destacados en la vereda “La Cristalina”, en lo que constituye una prueba más de que los familiares de los hoy demandantes en reparación fueron asesinados de una forma que contraría los postulados esenciales del ordenamiento jurídico, según se verá más adelante. En este punto se reitera lo que se ha dicho en otros pronunciamientos de esta subsección “B”, de acuerdo con los cuales los indicios antes construidos son prueba válida para imputar responsabilidad a la entidad demandada:

Siendo así, no deja de producir extrañeza que en la sede de la Brigada con jurisdicción en la zona no se tenga información sobre los hechos. Circunstancia que, aunada al fallido resultado de la investigación a cargo de la fiscalía, permite a la Sala lamentar el ocultamiento de las evidencias, máxime cuando al Estado le asiste el deber de conocer los hechos delictivos y a cada una de las autoridades la obligación de asumir el esclarecimiento de la verdad, con fines de justicia y reparación integral de las víctimas como un deber jurídico propio e irrenunciable(46).

4.3. Los hechos que ocupan la atención de la Sala coinciden con prácticas conocidas de las fuerzas del orden en Colombia, denunciadas interna y externamente, consistentes en conducir a las víctimas con el apoyo de civiles informantes, simular combates o atribuirle la comisión de delitos, para obtener privilegios económicos e institucionales por su muerte.

(…)

5.1. En un caso de desaparición forzada, la Sala tuvo la oportunidad de analizar la responsabilidad que se atribuía al Ejército Nacional con base en indicios, condenando al Estado por los perjuicios causados…(47):

(…)

5.2. En casos como el presente, en los que varias personas mueren como consecuencia de múltiples impactos de arma de fuego, en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a los autores materiales de un delito, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros, para efectos de endilgar responsabilidad a los inculpados.

(…)

Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(48). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad(49). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido.

El juez dispone muy a menudo de conocimientos generales vinculados con el hecho a probar y útiles, de alguna manera, a los defectos de su determinación; es más, sin estos conocimientos la valoración de la prueba sería normalmente imposible. Se trata de las nociones derivadas de la experiencia común que encuentran su formulación sintética en las denominadas máximas de la experiencia y que desarrollan un papel relevante en la valoración de las pruebas(50).

Al analizar un caso concreto, el operador jurídico puede verse enfrentado a la necesidad de hacer inducciones a partir de hechos probados. Al respecto, Michele Taruffo da cuenta “(…) que no toda inferencia que vaya de un “hecho conocido” al “hecho ignorado” ofrece la prueba de este último, dado que pueden existir inferencias dudosas, vagas o contradictorias o, en todo caso, tan “débiles” como para no ser suficientes a este efecto; en cambio, es concebible que la prueba se obtenga cuando las inferencias formuladas por el juez sean suficientemente “seguras” y “fuertes” para reducir el margen de error y de inaceptabilidad del razonamiento presuntivo (...)”(51).

Las máximas de la experiencia permiten concluir que casos similares pueden compartir elementos comunes, como el que ahora se estudia.

El Código de Procedimiento Civil establece que los indicios deberán ser apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración su gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los demás medios de prueba que obren en la actuación procesal… Así mismo, para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso y el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes (arts. 248 a 250)(52).

23.2.6. Tales indicios se ven complementados, por un lado, con el mayor nivel de probabilidad lógica que tiene la versión de que los familiares de los demandantes eran ajenos a los combates cuando fueron muertos por el Ejército Nacional, según se estudió más arriba y, por otra parte, se refuerzan con lo que pasa a explicarse en relación con los estudios post mortem que se efectuaron a los hoy fallecidos.

23.3. En efecto, al analizar las lesiones mortales padecidas por las tres personas que fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate, se aprecia que todas ellas tienen características de muertes propinadas cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión, aspecto sobre el cual la Sala discrepa de lo dicho por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el oficio del 25 de julio de 1995 —aludido en el párrafo 11.14.1 de los hechos probados—. Del mismo modo, a los occisos no les fue encontrado material de guerra, ni tampoco se demostró que hubieran empuñado un arma y que la hubieran disparado en contra de los militares; por el contrario, cuando se practicaron los levantamientos de los cadáveres, todos ellos estaban vestidos de civil, con una indumentaria que no es la común en el desarrollo de combates que, según fueron descritos en las versiones militares, se estaban librando en medio de una “mata de monte”. Adicionalmente, todos los cuerpos presentaban escoriaciones y hematomas que tampoco se compadecen con la versión de que la muerte de los occisos se produjo a la sazón de una reyerta, punto en el que también se discrepa de lo dicho por el Instituto Nacional de Medicina Legal en el aludido oficio.

23.3.1. Al observar las heridas fatales padecidas por los occisos, lo primero que llama la atención de la Sala es que todos ellos las recibieron en la cabeza —párrs. 11.10 y ss.—.

23.3.1.1. El primero de los mencionados —Merardo Neusa Pachón— sufrió una lesión que destruyó el lado derecho de su cráneo, con una trayectoria que fue descrita en el examen de necropsia como “supero-inferior” y antero-posterior (desde el hueso parietal hasta el occipital) —párr. 11.10.1—, rasgo este que permite a la Sala inferir que el tirador se encontraba en un punto superior a aquél en que se encontraba el fallecido, lo que a su vez pudo haber implicado una situación de ventaja tal que, puesta en armonía con los otros indicios del proceso reseñados más arriba, hace plausible la versión de que se trató de un ajusticiamiento.

23.3.1.2. En la herida fatal sufrida por el señor Edilberto Patiño —párr. 11.10.3—, por su parte, está presente un rasgo indicativo de que el tiro homicida fue efectuado a corta distancia. Dicho signo está representado por el ahumamiento visible en el orificio de entrada del proyectil, plasmado en los labios del aludido, evidencia frente a la cual resulta inverosímil pretender afirmar que un disparo de estas características, recibido desde cerca y en la boca, ocurrió cuando el supuesto guerrillero se encontraba en actitud de combate.

23.3.1.3. Por último, en relación con la lesión fatal padecida por el tercer occiso —Nelson Enrique Neusa Cortés—, que fue de una magnitud tal que imposibilitó determinar el orificio de entrada o el de salida, y que además implicó la pérdida total de la masa encefálica —párr. 11.10.2—, la Sala no encuentra en los hechos probados situaciones que permitan afirmar razonablemente que el deceso de la mencionada persona, cuya vida fue segada cuando estaba en compañía de los señores Merardo Neusa Pachón y Edilberto Patiño, se produjo en condiciones diferentes a las de las demás víctimas. Adicionalmente, se puede afirmar que los disparos fueron recibidos desde una posición ventajosa del tirador, comoquiera que el cadáver exhibe otra herida por disparo en la región lumbar con trayectoria “supero-inferior”. En ese orden, el hecho de haber fallecido en compañía de los otros dos occisos, sumado a la prueba indiciaria estudiada en los párrafos precedentes de la presente sentencia, son rasgos que permiten afirmar la más probable hipótesis de que la muerte del mencionado señor —al igual que las de sus acompañantes— pudo haber ocurrido en el marco de una ejecución extrajudicial ocurrida en la casa de Edilberto Patiño.

23.3.1.4. En este punto no se pierde de vista que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el oficio calendado el 25 de julio de 1991, dijo que los cadáveres de los señores Merardo Neusa Pachón, Edilberto Patiño Patiño y Nelson Neusa Cortés no presentaban señales de tortura ni de disparos recibidos a corta distancia —párr. 11.14.1—. No obstante, la Sala observa que en la aludida prueba nada se dijo acerca de las premisas que condujeron al mencionado instituto a llegar a tal conclusión, de forma tal que no es posible, bajo los criterios de la sana crítica, dar credibilidad a esa indicación hecha por la aludida entidad, y por el contrario, según lo que se razonó en párrafos anteriores, los occisos exhibían claras señales de violencia y de haber sido muertos cuando se encontraban en estado de indefensión. A este respecto, como se explicará más adelante, la Sala dispondrá el envío de esta providencia al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de poner a dicha entidad en conocimiento de los razonamientos que condujeron a no otorgar credibilidad a un certificado por ella expedido que, según lo aquí explicado, carece de mérito probatorio debido a la total ausencia de un análisis científico serio que permita soportar las conclusiones vertidas por la entidad en el aludido documento.

23.3.1.5. Se hace énfasis también en el hecho de que todos los cadáveres reportados por el Ejército Nacional como muertos en combate, presentaban heridas —escoriaciones y hematomas— diferentes a las propinadas mediante armas de fuego, frente a lo cual es pertinente insistir en que es altamente probable que las mismas hayan sido padecidas por los occisos antes de recibir los disparos letales, máxime cuando en el expediente no existe prueba alguna que permita afirmar que se trata de señales de violencia causadas durante el proceso de manipulación de los cadáveres.

23.3.2. De otra parte, al analizar la forma en que los occisos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación para la realización de los levantamientos, la Sala fija su atención en el hecho de que en las actas se hizo constar que aquéllos portaban prendas de civil —párr. 11.10—, lo cual resta toda credibilidad a la versión de que se trataba de combatientes, más aún cuando los informes militares describen enfrentamientos llevados a cabo en la “mata de monte”, en un ambiente en el que sería de esperarse que los guerrilleros usaran una indumentaria que permitiera una mimetización en medio de la manigua, y no que realizaran sus ataques con prendas coloridas, como las que fueron encontradas a los familiares de los demandantes, lo que los haría fácil blanco del fuego enemigo.

23.3.2.1. La Sala considera que no es creíble que unos supuestos guerrilleros ataviados de esa forma, utilizaran la selva para refugiarse y dirigir ataques en contra de miembros del Ejército Nacional, estos sí ataviados con trajes camuflados y demás equipamientos para el combate. Además, si fuera cierto que los tres supuestos guerrilleros muertos estaban vestidos de civil en medio de la selva, entonces era de esperarse que dicha situación fuera plasmada en los correspondientes informes militares, y también en el único testimonio rendido por uno de los militares involucrados, pero lo que se observa es que la versión del Ejército Nacional habla de masivas cuadrillas guerrilleras equipadas con armas de distinto calibre y tipo, sin que sea posible creer que los supuestos enemigos estuvieran vestidos con “pantalonetas”, franelas estampadas y pantalones de mezclilla.

23.3.3. En el anterior orden de ideas, la Sala considera que en el plenario existen suficientes elementos de juicio para afirmar que, por las heridas recibidas y por la indumentaria que los occisos portaban al momento de su muerte, los señores Merardo Neusa Pachón y Nelson Neusa Cortés —y también su acompañante Edilberto Patiño Patiño— fueron muertos por miembros del Ejército Nacional en una situación totalmente ajena al enfrentamiento bélico.

23.4. De conformidad con lo antes expuesto, para la Sala es claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al propinar la muerte a personas no combatientes que se encontraban en estado de indefensión. Este hecho encuadra con lo que el derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos tienen señalado como un comportamiento totalmente proscrito y reprochable: la ejecución extrajudicial y sumaria de personas para hacerlas aparecer como combatientes “dados de baja”. En el caso concreto, el Estado colombiano no cumplió con la obligación que le asistía en relación con el caso de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón, ya que, además de que se les quitó la vida, no se adelantó una investigación seria y dedicada para efectos de establecer la verdad sobre las circunstancias en que se produjeron sus muertes. Esta falencia implicó que no fuera posible la reparación de los familiares de los fallecidos, así como tampoco la imposición de sanciones y castigos para los agentes estatales involucrados en el hecho, según pasa a explicarse.

23.4.1. La norma básica en estos casos es el artículo 3, común a los convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, según lo cual, en caso de conflicto armado sin carácter internacional, las partes en contienda deben cumplir con las siguientes obligaciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, o por cualquier otra causa serán tratadas, en todas las circunstancias, con humanidad sin distingo alguno de carácter desfavorable basado en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto están y quedan prohibidas, en todo tiempo y lugar, respecto a las personas arriba aludidas:

a) Los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios.

(…)

d) Las condenas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal legalmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas por los pueblos civilizados.

23.4.2. Estas reglas fueron luego desarrolladas en el protocolo II adicional a los mencionados convenios(53) y consagradas en lo esencial en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, donde se define la ejecución extrajudicial como aquella que se comete en persona protegida conforme con las normas del Derecho Internacional Humanitario. En el parágrafo del citado precepto del Código Penal se determina que “personas protegidas” son las que reúnen las siguientes características(54):

“PAR.—Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

1. Los integrantes de la población civil.

2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.

(…)

6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.

(…)

8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II y IV de Ginebra de 1949 y los protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.

23.4.3. La conducta de “ejecución extrajudicial” ha sido definida, respectivamente, por organismos, como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los siguientes términos:

Norma básica 9. No se perpetrarán, ordenarán ni encubrirán ejecuciones extrajudiciales o “desapariciones”, y hay que incumplir órdenes de hacerlo.

No se debe privar a nadie de la vida de forma arbitraria o indiscriminada. Una ejecución extrajudicial es un homicidio ilegítimo y deliberado perpetrado u ordenado por alguna autoridad, sea nacional, estatal o local, o llevado a cabo con su aquiescencia.

El concepto de ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes:

— es un acto deliberado, no accidental,

— infringe leyes nacionales como las que prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la privación arbitraria de la vida, o ambas.

Su carácter extrajudicial es lo que la distingue de:

— un homicidio justificado en defensa propia,

— una muerte causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales,

— un homicidio en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho internacional humanitario.

En un conflicto armado, aun cuando este no sea internacional, tanto los soldados y agentes armados de un Estado como los combatientes de grupos políticos armados tienen prohibido llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y sumarias. Tales actos contravienen el artículo 3 común de los convenios de Ginebra (que además prohíbe la mutilación, la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante, la toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos)(55).

En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial.// Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada.// La ejecución extrajudicial debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por los servidores públicos que mataron:// a. Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento.// b. En legítima defensa.// c. En combate dentro de un conflicto armado.// d. Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza como encargados de hacer cumplir la ley(56).

23.4.4. En el anterior orden de ideas, y partiendo de los textos citados en precedencia, la Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción consciente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas(57).

23.4.5. De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados, como lo fue la conducta cometida en el caso de autos por los militares que participaron en la operación desplegada en la vereda “La Cristalina”, del municipio Mesetas —Meta—, con ocasión de la orden Nº 20, consistente en quitarle la vida a unos campesinos no combatientes y luego exhibirlos como guerrilleros dados de baja durante un enfrentamiento armado.

23.4.6. La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que hace parte Colombia, en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad(58), de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados impedir que se presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales(59) y, además, fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de prácticas.

23.4.7. Dentro de dichas políticas deseables a la luz del derecho internacional, el Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea eficaz en el juzgamiento de los eventos en los que se presentan ejecuciones extrajudiciales para que pueda establecerse la verdad sobre las mismas. Además, debe imponer sanciones y castigos a aquellas personas, servidores públicos o particulares, que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la reparación de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido esas deleznables conductas. Al respecto, en el anexo a la Resolución 1989/65 adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se establecieron los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, en los siguientes términos:

1. Los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán porque todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de una persona que actúe con carácter oficial o de una persona que obre a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia de aquélla, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión. Esta prohibición prevalecerá sobre los decretos promulgados por la autoridad ejecutiva.

2. Con el fin de evitar ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, los gobiernos garantizarán un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego.

3. Los gobiernos prohibirán a los funcionarios superiores o autoridades públicas que den órdenes que autoricen o inciten a otras personas a llevar a cabo cualquier ejecución extralegal, arbitraria o sumaria. Toda persona tendrá el derecho y el deber de negarse a cumplir esas órdenes. En la formación de esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberá hacerse hincapié en las disposiciones expuestas.

4. Se garantizará la protección eficaz, judicial o de otro tipo, a los particulares y grupos que estén en peligro de ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, en particular aquellos que reciban amenazas de muerte.

(…)(60)

8. Los gobiernos harán cuanto esté a su alcance para evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias recurriendo, por ejemplo, a la intercesión diplomática, facilitando el acceso de los demandantes a los órganos intergubernamentales o judiciales y haciendo denuncias públicas. Se utilizarán los mecanismos intergubernamentales para estudiar los informes de cada una de esas ejecuciones y adoptar medidas eficaces contra tales prácticas. Los gobiernos, incluidos los países en los que se sospeche fundadamente que se producen ejecuciones extralegales arbitrarias o sumarias, cooperarán plenamente en las investigaciones al respecto.

(…)

9. Se procederá a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial en todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquellos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas. Los gobiernos mantendrán órganos y procedimientos de investigación para realizar esas indagaciones. La investigación tendrá como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Durante la investigación se realizará una autopsia adecuada, se recopilarán y analizarán todas las pruebas materiales y documentales y se recogerán las declaraciones de testigos. La investigación distinguirá entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio.

10. La autoridad investigadora tendrá poderes para obtener toda la información necesaria para la investigación. Las personas que dirijan la investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios para una investigación eficaz, y tendrán también facultades para obligar a los funcionarios supuestamente implicados en esas ejecuciones a comparecer y dar testimonio. Lo mismo regirá para los testigos. A tal fin, podrán citar testigos, inclusive a los funcionarios supuestamente implicados, y ordenar la presentación de pruebas.

11. En los casos en los que los procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta de competencia o de imparcialidad, a la importancia del asunto o a los indicios de existencia de una conducta habitual abusiva, así como en aquellos en los que se produzcan quejas de la familia por esas insuficiencias o haya otros motivos sustanciales para ello, los gobiernos llevarán a cabo investigaciones por conducto de una comisión de encuesta independiente o por otro procedimiento análogo. Los miembros de esa comisión serán elegidos en función de su acreditada imparcialidad, competencia o independencia personal. En particular, deberán ser independientes de cualquier institución, dependencia o persona que pueda ser objeto de la investigación. La comisión estará facultada para obtener toda la información necesaria para la investigación y la llevará a cabo conforme a lo establecido en estos principios.

12. No podrá procederse a la inhumación, incineración, etc., del cuerpo de la persona fallecida hasta que un médico, a ser posible un experto en medicina forense, haya realizado una autopsia adecuada. Quienes realicen la autopsia tendrán acceso a todos los datos de la investigación, al lugar donde fue descubierto el cuerpo, y a aquél en el que suponga que se produjo la muerte. Si después de haber sido enterrado el cuerpo resulta necesaria una investigación, se exhumará el cuerpo sin demora y de forma adecuada para realizar una autopsia. En caso de que se descubran restos óseos, deberá procederse a desenterrarlos con las precauciones necesarias y a estudiarlos conforme a técnicas antropológicas sistemáticas.

13. El cuerpo de la persona fallecida deberá estar a disposición de quienes realicen la autopsia durante un periodo suficiente con objeto de que se pueda llevar a cabo una investigación minuciosa. En la autopsia se deberá intentar determinar, al menos, la identidad de la persona fallecida y la causa y forma de la muerte. En la medida de lo posible, deberán precisarse también el momento y el lugar en que esta se produjo. Deberán incluirse en el informe de la autopsia fotografías detalladas en color de la persona fallecida, con el fin de documentar y corroborar las conclusiones de la investigación. El informe de la autopsia deberá describir todas y cada una de las lesiones que presente la persona fallecida e incluir cualquier indicio de tortura.

14. Con el fin de garantizar la objetividad de los resultados, es necesario que quienes realicen la autopsia puedan actuar imparcialmente y con independencia de cualesquiera personas, organizaciones o entidades potencialmente implicadas.

15. Los querellantes, los testigos, quienes realicen la investigación y sus familiares serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación. Quienes estén supuestamente implicados en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias serán apartados de todos los puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los querellantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las investigaciones.

16. Los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas. La familia del fallecido tendrá derecho a insistir en que un médico u otro representante suyo calificado esté presente en la autopsia. Una vez determinada la identidad del fallecido, se anunciará públicamente su fallecimiento, y se notificará inmediatamente a la familia o parientes. El cuerpo de la persona fallecida será devuelto a sus familiares después de completada la investigación.

17. Se redactará en un plazo razonable un informe por escrito sobre los métodos y las conclusiones de las investigaciones. El informe se publicará inmediatamente y en él se expondrán el alcance de la investigación, los procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, y las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de hecho y en la legislación aplicable. El informe expondrá también detalladamente los hechos concretos ocurridos, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, así como las pruebas en que se basen esas conclusiones, y enumerará los nombres de los testigos que hayan prestado testimonio, a excepción de aquellos cuya identidad se mantenga reservada por razones de protección. El gobierno responderá en un plazo razonable al informe de la investigación, o indicará las medidas que se adoptarán a consecuencia de ella.

(…)

18. Los gobiernos velarán porque sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas juicio. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, su nacionalidad, y el lugar en el que se cometió el delito.

19. Sin perjuicio de lo establecido en el principio 3 supra, no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Los funcionarios superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos. En ninguna circunstancia, ni siquiera en estado de guerra, de sitio o en otra emergencia pública, se otorgará inmunidad general previa de procesamiento a personas supuestamente implicadas en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

20. Las familias y las personas que estén a cargo de las víctimas de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias tendrán derecho a recibir, dentro de un plazo razonable, una compensación justa y suficiente(61).

23.4.8. El desconocimiento de esos principios, o la falla por parte de los Estados en la implementación de las mejoras que son necesarias para prevenir y castigar en debida forma las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales, implican el incumplimiento de las normas de derecho internacional que consagran los derechos que se ven conculcados por ese tipo de conductas. Si los casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias judiciales de los respectivos países, entonces los daños que sean causados por motivo de ese incumplimiento serán, eventualmente, materia de análisis de responsabilidad en las instancias judiciales del sistema internacional de derechos humanos.

23.4.9. Ahora bien, en aras de concretar el papel preventivo que debe tener la jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente que la Sala ponga de presente que, de conformidad con observaciones hechas recientemente por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias(62), en algunas ocasiones se ha incurrido en la práctica de quitarle la vida a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que, eufemísticamente, ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos”. Al respecto dijo el relator:

Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como “bajas en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del “número de bajas”. Hubo además algunos alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En general, hubo falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación.

23.4.10. En relación con el modus operandi de los llamados “falsos positivos”, el relator de la ONU hizo la siguiente observación:

(…) Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes(63).

23.4.11. Es por eso que resulta de mayor importancia para el Consejo de Estado poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los ciudadanos ante las instancias internacionales.

23.4.12. Aplicados al caso particular los criterios antes señalados, la Sala considera que la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón ocurrieron como consecuencia de una ejecución extrajudicial efectuada por el Ejército Nacional. Se trata de un homicidio efectuado deliberadamente por agentes estatales cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión. Del mismo modo, no se pudo acreditar por parte de la entidad demandada, que el hecho se hubiera producido en un combate o en cumplimiento legítimo y proporcional de las funciones que correspondían al cuerpo militar desplazado a la zona rural del municipio de Mesetas —Meta— y, por el contrario, se encuentran demostrados el dolo y la culpa grave con que actuaron los agentes estatales, no sólo al quitarle la vida a los familiares de los demandantes, sino al haber obstaculizado las labores que debían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

23.4.13. Por eso, ninguna incidencia tiene en el presente proceso contencioso el hecho de que no se hubiese penalizado o sancionado disciplinariamente a los soldados, suboficiales y oficiales que participaron en la operación militar desplegada por virtud de la orden Nº 20 “Mesetas”. La Sala debe precisar que, de acuerdo con reiterados pronunciamientos de la sección tercera de esta corporación, el hecho de la absolución penal o disciplinaria de los agentes estatales involucrados en la producción del hecho dañoso —o la falta de investigación de los acontecimientos—, no implica en modo alguno que el trámite contencioso deba concluir de la misma forma a favor de la institución a la que pertenecían los efectivos militares. Sobre este tema la sección tercera ha dejado sentada la postura que a continuación se cita:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea esta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad.

En consecuencia, aunque en el caso concreto se hubiera proferido en el proceso penal decisión definitiva, favorable a los intereses del servidor público, dicha decisión no impide que se valore esa misma conducta para establecer si la misma fue o no constitutiva de falla del servicio, es decir, que a pesar de que para el juez penal el servidor estatal no fue penalmente responsable del daño, podrán valorarse las pruebas que obren en este proceso, incluida esa decisión, para establecer si el daño sufrido por los demandantes es imputable al departamento de Caldas y si, además, el título de imputación es el de falla del servicio(64).

23.5. Debe resaltarse en este punto que, si eventualmente se hubiera demostrado que los señores Nelson Enrique Neusa y Merardo Neusa Pachón eran combatientes, entonces debería decirse que la forma en que se les dio muerte no es una reacción proporcional de legítima defensa por parte del Ejército Nacional, pues no es justificado que los actores del conflicto armado acaben con la vida de sus contendores cuando éstos se encuentran en estado de indefensión. Al respecto ha dicho la sección tercera:

El apoderado solicitó en el recurso de apelación que se exonere de responsabilidad a la Administración, o en su defecto que reduzca la indemnización por cuanto la conducta de la víctima fue causa eficiente en la producción del daño antijurídico, por no haber atendido las órdenes de alto de los uniformados.

Este planteamiento de la demandada no es de recibo para la Sala, por cuanto no se desprende del informe rendido por las Fuerzas Militares en relación con los hechos que condujeron a la muerte del señor Raúl Vaca Garzón, que su comportamiento ameritara, que el soldado Jairo Acosta Muñoz, disparara toda vez que, de un lado no era el procedimiento adecuado para tratar de detener a una persona que solo desatendía las órdenes de las autoridades públicas, en tanto que siempre deben las fuerzas del orden procurar causar el menor daño, pero jamás atentar directamente contra la vida de los ciudadanos, salvo en casos extremos en los que se ponga en inminente y real peligro la integridad de los uniformados. Y por cuanto la Sala ha considerado que la defensa putativa reconocida en un proceso penal, no constituye elemento suficiente para liberar de responsabilidad patrimonial al Estado, habida cuenta que subsistió una apreciación errónea de la conducta de la víctima por parte del conscripto, como lo refirió la providencia en el proceso penal(65).

23.6. Expuestos como quedaron los razonamientos anteriores, para la Sala es claro que en el proceso se encuentran acreditados todos los presupuestos necesarios para que pueda predicarse la falla del servicio de la conducta asumida por el Ejército Nacional por intermedio de sus agentes. Las pruebas arrimadas al proceso dan pie para concluir que los militares participantes en el operativo llevado a cabo el 30 de marzo de 1993, le quitaron la vida a los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón en situaciones ajenas al desarrollo de un enfrentamiento armado y, además, hicieron aparecer a los mencionados señores como guerrilleros dados de baja durante un combate, hecho este que amerita la indemnización a favor de la parte demandante, y la condena patrimonial a cargo de la entidad demandada.

24. En este punto es pertinente referir que de conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, no está demostrada la configuración de una causal eximente de responsabilidad, que para el caso concreto estaría representada por el hecho de las víctimas quienes, supuestamente, eran guerrilleros que atacaron con armas de fuego a miembros del Ejército Nacional. Respecto a dicha situación, la Sala considera que no se configuró esa causal excluyente de responsabilidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

24.1. Cuando están demostrados los presupuestos básicos de la responsabilidad —como en el caso de análisis—, corresponde a la entidad demandada la carga de demostrar la configuración de cualquiera de las causales excluyentes de responsabilidad previstas por el ordenamiento jurídico, en aplicación de la regla establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según la cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

24.2. La Sala considera al respecto que el Ministerio de Defensa —Ejército Nacional— no demostró que los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón fueran integrantes activos de algún grupo guerrillero, como se afirmó en varias oportunidades dentro de las versiones dadas por los militares. Por el contrario, los testimonios que fueron recibidos en el marco del presente proceso contencioso administrativo, señalaron que los occisos estaban dedicados a labores propias de la actividad campesina —párrs.11.5, 11.8 y 11.9—.

24.3. En efecto, se dice en las declaraciones juramentadas del proceso que los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón eran conocidos desde hacía varios años en la región, como campesinos trabajadores, de buenas familias y costumbres, dedicados a labores de agricultura y no a las actividades relacionadas con movimientos subversivos. Además, estudiadas las pruebas que reposan en el expediente, ninguna de ellas señala que las aludidas personas fueran integrantes de grupo guerrillero alguno, hecho cuya demostración, se reitera, incumbía a la entidad demandada.

24.4. En respaldo de dicha afirmación, en la diligencia de visita efectuada por el Ministerio Público en la casa del señor Edilberto Patiño Patiño —párr. 11.12—, se hace constar que en dicho lugar había múltiples herramientas propias de la actividad campesina. Además, cuando los cadáveres fueron remitidos para los estudios post mortem, en las correspondientes actas se hizo constar que vestían prendas de civil.

24.5. En el orden de ideas anteriormente expuesto, la Sala considera que las pruebas arrimadas al proceso no son demostrativas de que los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón fueran integrantes de grupo guerrillero alguno y, además, no se evidenció que hayan dirigido ataque alguno en contra de los militares destacados en el área de la quebrada “La Cristalina”. Por lo tanto, no existe situación que válidamente pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

25. Expuestos como quedaron los razonamientos anteriores, para la Sala es claro que se encuentran acreditados todos los presupuestos necesarios para que pueda predicarse la falla del servicio de la conducta asumida por el Ejército Nacional por intermedio de sus agentes, en la medida en que las pruebas arrimadas al proceso dan pie para concluir que los militares participantes en el operativo llevado a cabo el 30 de julio de 1994, le quitaron la vida a los señores Nelson Enrique Neusa y Merardo Neusa Pachón, en situaciones ajenas al desarrollo de un enfrentamiento armado, e hicieron aparecer a los mencionados señores como si se tratara de unos guerrilleros dados de baja durante un combate, hecho que amerita la indemnización a favor de la parte demandante, situaciones todas estas que implican la condena patrimonial a cargo de la entidad demandada.

26. Finalmente, en lo referente a la posibilidad de tener en cuenta criterios de reparación integral como medidas de satisfacción y de no repetición, la Sala debe precisar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, debe atender a los principios de reparación integral y de equidad. Esto significa que, en los procesos en los que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, el juez de lo contencioso administrativo deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para lograr el resarcimiento pleno del perjuicio y el restablecimiento de los derechos conculcados.

26.1. Por regla general, estas facultades se encuentran limitadas por los principios de congruencia, de jurisdicción rogada y de no reformatio in pejus, de manera que para que proceda el reconocimiento de medidas tanto de carácter compensatorio —v.g. la indemnización de los perjuicios morales y materiales causados— como de carácter restitutorio, es necesario que exista una petición expresa de la parte demandante en tal sentido.

26.2. Con todo, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, existen casos en los que el juez puede ordenar medidas que atiendan a la reparación integral del daño, aunque ello conlleve restricciones a los mencionados principios procesales. Esto ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos pues, en estos eventos, la obligación de reparar integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno, pero también de otros instrumentos de derecho internacional que, aunque no tienen carácter estrictamente vinculante —razón por la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”—, gozan de cierta relevancia jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general” y sirven como “criterios auxiliares de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos”.

26.3. Así las cosas, se ha considerado que es posible establecer restricciones a los principios de congruencia, jurisdicción rogada y no reformatio in pejus con el fin, bien sea de dar cumplimiento a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos humanos con prevalencia en el orden interno, o de proteger otros derechos, valores y principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia.

VIII. Conclusión.

27. En el anterior orden de ideas, en el presente caso está demostrada la responsabilidad que le asiste al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, y deberá ser revocada la sentencia que en primera instancia profirió el Tribunal Administrativo del Meta por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar la responsabilidad administrativa de la entidad demandada. Adicionalmente, es procedente que la Sala adopte medidas adicionales de restitución integral de los derechos conculcados con las conductas dañosas desplegadas por el Ejército Nacional, según se explicará en los párrafos subsiguientes.

IX. Liquidación de perjuicios.

28. Respecto al daño moral ocasionado, con base en las pruebas practicadas dentro del trámite contencioso, se tiene acreditado el nexo de parentesco existente entre los demandantes en reparación y los fallecidos señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón —párrs. 11.1 y 11.2—.

28.1. Se reitera en este punto que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que los familiares tienen un nexo sentimental con la víctima y que experimentan sentimientos de congoja y dolor debido a la muerte de sus familiares cercanos. En este sentido, la Sala aclara que en el presente caso acudirá a dicho parámetro jurisprudencial para determinar la procedencia de la indemnización de los demandantes por el perjuicio moral que les causó la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón, ya que dentro del proceso, se logró demostrar que dichas personas conformaban el núcleo familiar de la víctimas.

28.2. En las demandas acumuladas se solicita el reconocimiento de una indemnización por perjuicios morales a razón de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los familiares de los occisos. De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la Sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(66).

28.3. Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos, la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…” , mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad. En ese orden, la Sala observa lo que se ha decidido en casos similares al de autos, y determina la indemnización de perjuicios de carácter moral por la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón, así:

28.3.1. A favor del padre de Nelson Enrique Neusa Cortés, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo. Y a favor de Neidy Yamile Neusa Romero —hermana de la mencionada víctima— la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta sentencia.

28.3.2. Para los familiares del señor Merardo Neusa Pachón, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, es pertinente reconocer a favor de la señora Isabel Gómez Ramírez —cónyuge de la víctima—, de cada una de sus hijas —Adenis Neusa Gómez y Luz Dary Neusa Gómez—, y de su madre —la señora María del Carmen Pachón de Neusa— la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta sentencia, para cada una de ellas. Para cada uno de sus hermanos y hermanas, Víctor Julio Neusa Pachón, Alba Mariela Neusa Pachón, Israel Neusa Pachón, Gustavo Neusa Pachón, Eduardo Neusa Pachón, y Hernando Neusa Pachón, la suma de 50 salarios mínimos legales vigentes al momento de la ejecutoria de este fallo.

29. En lo que tiene que ver con la determinación y tasación de perjuicios materiales, es pertinente recordar que ello sólo es pertinente en relación con el grupo familiar del señor Merardo Neusa Pachón. Al respecto, en la demanda se solicitó su indemnización sin especificar modalidad alguna, y su monto fue determinado como “…La cantidad de cuatro mil (4.000) gramos oro fino, en su equivalente en pesos colombianos, para la fecha de los perjuicios materiales”, tanto para la cónyuge, como para sus dos hijas menores. Como no se solicitó específicamente el reconocimiento de indemnizaciones por concepto de daño emergente y, tampoco fueron probados los perjuicios en esta modalidad, no habrá lugar al estudio de este tipo de daño, y la Sala se concentrará en el análisis de la pérdida de ayuda económica.

29.1. Al revisar los daños causados por concepto de lucro cesante, en el proceso no se demostró la remuneración que el señor Merardo Neusa Pachón recibía por sus labores como campesino en el momento de su muerte(67). No obstante, la Sala tendrá por probado, con aplicación de las reglas de la experiencia, que por la aludida actividad agropecuaria, el occiso devengaba una remuneración equivalente al salario mínimo legal mensual actualmente vigente(68). En ese orden de ideas, se tendrá como renta actualizada la suma de $ 616.000. Se aumentará a dicha suma el 25% correspondiente a las prestaciones sociales que debía percibir le fallecido ($ 770.000) y se sustraerá el 25% de lo que, se presume, invertía en su propio sostenimiento, con lo que queda la base de liquidación en la suma de $ 577.500. El 50% de este valor ($ 288.750) se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la cónyuge Isabel Gómez Ramírez, y el 50% restante se dividirá, en partes iguales, entre las dos hijas del causante, las señoras, Adenis Neusa Gómez y Luz Dary Neusa Gómez, de modo que la suma base para el cálculo de la indemnización a que tiene derecho cada uno de ellos será de $ 144.375.

29.1.(sic) Se tendrá en cuenta además que el señor Merardo Neusa Pachón, en el momento de su deceso, tenía 38 años(69) y, por tanto, una vida probable de 38.64 años (463,68 meses), según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución 0497 del 20 de mayo de 1997. Su cónyuge, menor que él, tenía 31 años de edad en la fecha de los hechos(70), por manera que su vida probable era de 46.80 años, de acuerdo con la tabla citada, razón por la cual en la liquidación se tendrá en cuenta la vida probable del occiso.

29.2. La indemnización a que tiene derecho la señora Isabel Gómez Ramírez, cónyuge del fallecido, comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos —julio 30 de 1994— hasta el presente —junio 2014—, para un total de 239 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable del señor Merardo Neusa Pachón, para un total de 213,6 meses. En cuanto a las dos hijas del señor Merardo Neusa Pachón, conforme a las reglas de la experiencia se supone que dependerán económicamente de su padre hasta llegar a los 25 años de edad, que es cuando se entiende que los hijos podrán proveerse por sí mismos la subsistencia(71).

29.3. Para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de la señora Isabel Gómez Ramírez, se tendrá en cuenta la fórmula que ha aplicado la Sala(72), de acuerdo con la cual:

129
 

29.4. Indemnización futura o anticipada de Isabel Gómez Ramírez:

130
 

29.5. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tienen derecho los demandantes, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala(73):

131
 

29.6. En lo que tiene que ver con la señora Isabel Gómez Ramírez, se tiene en cuenta como el periodo a liquidar aquél comprendido entre la fecha de muerte del señor Merardo Neusa Pachón -30 de julio de 1994- y la época de expedición de la presente sentencia —junio de 2014— (239 meses), y se realiza la liquidación así:

132
 

29.7. En el caso de Adenis Neusa Gómez, que nació el 23 de febrero de 1981, la edad de 25 años fue alcanzada el 23 de febrero de 2006. Así las cosas, se tendrá en cuenta el periodo de liquidación de la indemnización debida o consolidada, desde la fecha en que ocurrieron los hechos del presente proceso -30 de julio de 1994- hasta que la demandante cumplió 25 años, esto es el 23 de febrero de 2006 (139 meses), y se efectúa la tasación de la indemnización así:

133
 

29.8. En lo que respecta a Luz Dary Neusa Gómez, que nació el 24 de marzo de 1980, la edad de 25 años fue alcanzada el 24 de marzo de 2005. Así las cosas, se tendrá en cuenta el periodo de liquidación de la indemnización debida o consolidada, desde la fecha en que ocurrieron los hechos del presente proceso —30 de julio de 1994— hasta que el demandante cumplió 25 años, esto es el 24 de marzo de 2005 (128 meses), y se efectúa la tasación de la indemnización así:

134
 

29.11. De conformidad con todo lo antes expuesto, se tiene que es procedente el reconocimiento a favor de los demandantes de las siguientes indemnizaciones:

30. Por daño moral se reconocerá a favor de la señora Isabel Gómez Ramírez, de cada una de sus hijas Adenis Neusa Gómez y Luz Dary Neusa Gómez, y de la madre del occiso, la señora María del Carmen Pachón de Neusa, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una al momento de la ejecutoria de esta sentencia. Para sus hermanos y hermanas, Víctor Julio Neusa Pachón, Alba Mariela Neusa Pachón, Israel Neusa Pachón, Gustavo Neusa Pachón, Eduardo Neusa Pachón, y Hernando Neusa Pachón; la suma de 50 salarios mínimos legales vigentes, para cada uno, al momento de la ejecutoria de este fallo. Para el señor Arnoldo Neusa Pachón la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y para Neidy Yamile Neusa Romero la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El valor en pesos de las sumas respectivas, será expresado en el aparte resolutivo de la presente providencia.

31. Por daños materiales se reconocerán las sumas que a continuación se expresan.

31.1. En la modalidad de lucro cesante habrá lugar al reconocimiento de las siguientes sumas de dinero.

31.1.1. A favor de la señora Isabel Gómez Ramírez, la suma de $ 38.235.426 por indemnización futura o anticipada; y la suma de $ 129.998.744 por concepto de indemnización debida o consolidada.

31.1.2. A favor de Adenis Neusa Gómez, por concepto de indemnización debida o consolidada la suma de $ 28.589.680.

31.1.3. A favor de Luz Dary Neusa Gómez, por concepto de indemnización debida o consolidada la suma de $ 25.560.135.

X. Reparación integral del daño

32. Como no es posible retrotraer el hecho causante del daño padecido por las demandantes, como lo es la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón, la Sala considera que es pertinente la adopción de medidas no pecuniarias encaminadas a la satisfacción y a la no repetición(74) de las conductas que fueron materia de pronunciamiento en el presente fallo, las cuales se concretan en lo siguiente:

32.1. Como el hecho de la ejecución extrajudicial de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón no fue investigado por la jurisdicción penal militar, se compulsarán copias a la autoridad pertinente para que se desarchive la investigación penal en relación con los hechos ocurridos el 30 de julio de 1994 en la vereda “La Cristalina” de zona rural del municipio de Mesetas —Meta—. Para tal efecto, como la Corte Constitucional(75) y el Consejo Superior de la Judicatura(76) tienen establecido que los tribunales militares no tienen jurisdicción para juzgar crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública cuando éstos sean presuntamente culpables de delitos ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, entonces se compulsarán las copias pertinentes a la Fiscalía General de la Nación, para que esa entidad examine la posibilidad de desarchivar la investigación respecto de los hechos materia del presente litigio, y asuma las medidas a que haya lugar. Para tal efecto, por Secretaría deberán remitirse a la Fiscalía General de la Nación, copias de los folios 144 a 161, 181 a 428, y 440 a 474 del cuaderno principal del proceso de la referencia, así como también de los folios 123 a 148 del cuaderno 1 (carátula verde) del proceso iniciado por Isabel Gómez y otros, que posteriormente fue acumulado.

32.2. Comoquiera que los miembros del Ejército Nacional que perpetraron el homicidio de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón exhibieron sus cadáveres como si se tratara el de personas delincuentes, entonces el Ministerio de Defensa Nacional deberá realizar una publicación de los párrafos 23 a 23.4 del presente fallo, en un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento del Meta, con la inclusión de un aviso en el que conste que la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón no ocurrió con ocasión de un combate de tropas de los batallones contraguerrilla Nº 20 y 21 con la guerrilla de las FARC, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada por los efectivos militares desplegados con ocasión de la orden de operaciones Nº 20 del 30 de julio de 1994.

32.3. El Ministerio de Defensa Nacional realizará una publicación de esta sentencia en un lugar visible al público de la sede principal de dicha entidad, y la divulgará por medios escritos y magnéticos por todos los batallones del Ejército Nacional.

32.4. En atención a que en el presente fallo se desvirtúa lo dicho por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el certificado calendado el 25 de julio de 1995 —párr. 11.14.1—, cuyas aseveraciones fueron consideradas por la Sala como carentes de fundamento a la luz de los estudios post mortem visibles en el expediente, entonces se ordenará remitir a la mencionada entidad una copia íntegra del presente fallo, con el fin de que se asuman los correctivos pertinentes para que en el futuro las certificaciones sean expedidas con los elementos que son necesarios para evaluar las conclusiones emitidas por el instituto en tales documentos.

XI. Costas

31. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera —Sala plena—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la Sentencia del 4 de febrero de 2003, proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta, y en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional de los daños padecidos por los demandantes con ocasión de la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón, ocurrida el 30 de julio de 1994 en zona rural del municipio de Mesetas —Meta—.

2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional a pagar a favor de los demandantes, a título de indemnización de perjuicios, lo siguiente:

A) A favor del señor Arnoldo Neusa Pachón, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la presente sentencia, como indemnización de perjuicios morales.

B) A favor de Neidy Yamile Neusa Romero, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la presente sentencia, como indemnización de perjuicios morales.

C) A favor de Isabel Gómez Ramírez, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la presente sentencia, como indemnización de perjuicios morales.

D) A favor de Isabel Gómez Ramírez, la suma de $ 38.235.426 pesos moneda corriente por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por indemnización futura o anticipada.

E) A favor de Isabel Gómez Ramírez, la suma de $ 129.988.744 pesos moneda corriente por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por indemnización debida o consolidada.

F) A favor de cada una de las señoras Adenis Neusa Gómez, Luz Dary Neusa Gómez, y de María del Carmen Pachón de Neusa, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la presente sentencia, como indemnización de perjuicios morales.

G) A favor de Adenis Neusa Gómez, la suma de $ 28.589.680 pesos moneda corriente por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por indemnización debida o consolidada.

H) A favor de Luz Dery Neusa Gómez, la suma de $ 25.560.135 pesos moneda corriente por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por indemnización debida o consolidada.

I) A favor de cada uno de los señores Víctor Julio Neusa Pachón, Alba Mariela Neusa Pachón, Israel Neusa Pachón, Gustavo Neusa Pachón, Eduardo Neusa Pachón, y Hernando Neusa Pachón, la suma equivalente 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la presente sentencia, por concepto de perjuicios morales.

3. COMPÚLSENSE copias auténticas de los apartes pertinentes del expediente en el que consta el trámite contencioso administrativo de la referencia, según se refirió en el párrafo Nº 32.1 de la parte motiva de este fallo, las cuales se enviarán con destino a la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de que se estudie la posibilidad de desarchivar la investigación penal que se tramitaba, para efectos de establecer la identidad de los responsables de la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón, ocurrida el 30 de julio de 1994 en la vereda “La Cristalina” en zona rural del municipio de Mesetas —Meta—, y para que se asuman las medidas a que haya lugar.

4. ORDÉNASE al Ministerio de Defensa Nacional realizar una publicación de los párrafos 23 a 23.4 del presente fallo, en un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento del Meta, con la inclusión de un aviso en el que conste que la muerte de los señores Nelson Enrique Neusa Cortés y Merardo Neusa Pachón no ocurrió con ocasión del combate en que participaron tropas de los Batallones Contraguerrilla Nº 20 y 21, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada por los efectivos militares desplegados con ocasión de la orden de operaciones Nº 20 del 30 de julio de 1994.

5. ORDÉNASE al Ministerio de Defensa Nacional realizar una publicación escrita de esta sentencia en un lugar visible al público de la sede principal de dicha entidad, y la divulgación de la misma providencia por medios físicos y/o magnéticos en todos los batallones del Ejército Nacional.

6. Por Secretaría remítase una copia del presente fallo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con lo expresado en el párrafo Nº 32.4 de la presente sentencia.

7. Sin costas.

8. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

10. En firme la presente providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) En ambas demandas se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de perjuicios materiales (fl. 6 del cuaderno 1 y folio 17 del cuaderno 2) en cuatro mil (4000) gramos de oro, equivalentes a $ 52.845.600. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta instancia, se aplica en este punto el numeral 10º del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 1996 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 13.460.000.

(8) Se observa en la parte resolutiva del auto: “…SEGUNDO: Córrase traslado de los documentos obrantes a folios 180, 189 a 215 del cuaderno principal a la parte contraria Nación (Ministerio de Defensa, Ejército), para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este auto ejerza el derecho de contradicción…” (CPC, art. 289, inc. 1º).

(9) En el mismo auto corrió traslado por 5 días a la parte demandada para poner en su conocimiento los medios probatorios adjuntados (fl. 175).

(10) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, exp. 11.898, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(11) Que establece que “Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:// 1º Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior. // 2º Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.// Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.// Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera —en pleno—, Sentencia del 11 de septiembre de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, rad. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (número interno 20.601), actor: María del Carmen Chacón y otros, demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

(13) “ART. 254 ...Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:// 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada”.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera —en pleno—, Sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25.022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros.

(15) Si bien no se aportó la prueba idónea —registro civil de matrimonio— para probar dentro del proceso su calidad de cónyuge, la Sala reitera su jurisprudencia cuando dispone que “…constituye un indicio de la relación existente entre quienes figuran en la partida eclesiástica como contrayentes, indicio que unido al hecho de que la demandante era la madre de los hijos de la víctima, conforme se acredita con los registros civiles de nacimiento, genera en la Sala la certeza de la existencia de la condición de cónyuge…”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 25 de febrero de 2009, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, rad. 18001-23-31-000-1997-00007-01 (18.106), actor: Mery León de Álvarez y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional. En el caso que ahora estudia la Sala, la partida de matrimonio de observa a folio 15 del cuaderno 1 del expediente. La fecha de nacimiento de la aludida demandante, consta en el registro civil visible folio 511 del cuaderno principal.

(16) Como se puede observar en el testimonio rendido dentro del trámite contencioso administrativo, por el señor Horacio Hernán Buitrago García, habitante del municipio de Mesetas (obrante a folios 123 a 130 del cuaderno 2) quien dijo: “… PREGUNTADO: Sírvase decirnos si conoció a los señores Merardo Neusa Pachón, Edilberto Patiño Y Nelson Enrique Neusa Cortés, en caso afirmativo cuanto (sic) tiempo y demás? CONTESTÓ: Si señor yo los distinguí por ahí alrededor de unos diez años… Hasta donde a mí me consta eran afiliados a la junta de acción Comunal y por cierto eran hasta muy colaboradores tanto en trabajos comunales como en trabajos en la carretera y dentro de la vereda de la Cristalina, de lo otro no sé, es gente campesina, trabajadores, luchaban por el progreso de la región no más… PREGUNTADO: De manera concreta díganos de que (sic) derivaban el sustento cada uno de los muertos? CONTESTADO: Pues ellos eran agricultores y vivían del cafecito de la finca y el jornal…”. Las mismas afirmaciones fueron vertidas en los testimonios de Aurora Romero de Montaño (fls. 131 a 134 c. 2) José Arleyo Montoya (fls. 138 a 141 c. 2) Ignacio Ávila Bustos (fls. 142 a 145 c.2) y Raúl Ortega Sánchez (fls. 146 a 148 del c. 2) todos ellos habitantes del municipio de Mesetas.

(17) Como consta en la copia auténtica remitida por el Ejército Nacional de la orden de operaciones Nº 20 “Mesetas” contra el frente 40 de las FARC dada a las compañías “Lince” y “Arahuaco” para la actuación que se cumplió en la vereda “La Cristalina” del municipio de Mesetas, para el 30 de julio de 1994. Allí se dispone: “… La Brigada Móvil Nº 1 a partir del día D___, hora H____ conduce operaciones de destrucción en el área general de los municipios de Mesetas, San Juan de Arama y Vista Hermosa (Meta), para capturar y/o dar de baja, si ofrece resistencia miembros de la XL Cuadrilla de las FARC, los cuales el día 22 de Julio intentaron tomarse la base del Batallón Vargas en el cuartel de la Policía en el municipio de Mesetas (Meta)…” (fls. 182 y ss., c. ppal).

(18) Así se observa en el informe de patrullaje remitido al comandante del comando operativo Nº 3, firmado por el teniente Milton Varón Rubio, encargado de comandar las operaciones ejecutadas por el escuadrón “Lince” (fls. 182 a 194 del c. ppal) y en el informe del capitán Nelson Hincapié Carrillo de la compañía Arahuaco (fls. 209 y siguientes).

(19) Dijo José Arneyo Montoya en su testimonio (fl. 139 c. 2): “… Ellos derivaban su substento (sic) del trabajo es tanto que ese sábado que los mataron estaban recolectando semilla de pasto, esto no lo digo yo pueden ustedes conseguir doscientas o trescientas firmas de distintas veredas que digan si eran trabajadores…”. Versión que se corrobora en el testimonio brindado por el señor Ignacio Ávila Bustos en folio 144 del cuaderno 2 y del señor Horacio Hernán Buitrago cuando expresó: “… PREGUNTADO: Dígale al despacho si usted pudo enterar concretamente a qué actividad se dedicaban el señor Merardo Neusa y su sobrino Nelson Neusa? CONTESTADO: Estaban sacudiendo semilla de pasto en los potreros del Finado Edilberto Patiño…” (fl. 127 del c. 2).

(20) Se observa que algunos miembros del Ejército, encargados de adelantar la operación, maltrataron a la población civil mientras ejecutaban las órdenes. Se reseña lo dicho por Horacio Hernán Buitrago en su testimonio: “…después bajaron unos soldados todos bravos y casi nos agarran a pata, nos trataron mal y en eso llegó un capitán del Ejército e hizo callar esos soldados y nos dijo de buena forma que era mejor que nos fuéramos para la casa…” (fl. 125 c. 2).

(21) Consta en el informe de patrullaje fechado de 25 de agosto de 1994, firmado por el comandante de la compañía Arahuaco, señor Nelson Carrillo Mancipe (fl. 201 del c. ppal).

(22) En queja instaurada bajo la gravedad del juramento ante la Defensoría del Pueblo del municipio de Mesetas, el señor José Alcibíades Arévalo manifestó: “… PREGUNTADO: Sírvase hacernos un relato breve y detallado sobre los motivos materia de su queja? CONTESTADO: El día sábado, treinta de julio del presenta año, a eso de las nueve y veinte de la mañana, se prendió una balacera entre el ejército y presuntamente con un grupo armado y toda la vereda empezó a ser disparada con ametralladoras o quien sabe si sería metras o armas de largo alcance y disparaban a diestra y siniestra y nosotros asustados no hallábamos que hacer, permanecimos adentro de la habitación, pero la casa siempre recibió varios impactos de arma de fuego…” (fl. 146 del c. ppal). La versión de una confrontación entre el ejército y un grupo de supuestos insurgentes es reiterada en diversas quejas presentadas antes la Defensoría de dicho municipio, entre las que se cuentan las instauradas por: Jesús Dairo Deaza Toro (fl. 145 c. ppal) José Arneyo Montoya (fls.150 y 151 del c. ppal) Hernán Buitrago García (fls. 151 y 152 c. ppal) y Jair Patiño Patiño (fl. 155 c. ppal).

(23) Así se aprecia en las quejas instauradas por el señor Hernán Buitrago García (fl. 454 y ss. del c. ppal) y del señor José Arneyo Montoya (fls. 451 y ss.) en el que dice: “… Se informó por la radio que el Ejército había dado de baja tres subversivos…” (fl. 452 c. ppal) Igualmente dice el señor José Arleyo Montoya “… por la [emisora] voz del llano habían pasado una noticia que en ese enfrentamiento el ejército había matado tres guerrilleros…” (fl. 139).

(24) Así se aprecia en el acta de levantamiento de cadáver de Nelson Enrique Neusa y Merardo Neusa Pachón (fls. 225 a 230 del c. ppal).

(25) El señor José Arneyo Montoya dijo en su testimonio: “… nos informaron a Oscar Calle, Hernán Buitrago y mi persona quienes en ese momento éramos directivos de la Junta de Acción Comunal de esa vereda y nos dijeron que estaban desaparecidos Nelson, Medardo Neusa y Edilberto Patiño… pregunté yo que qué estaban haciendo los Neusas ahí en la finca de Patiño, dijeron que ellos estaban recolectando una semilla de pasto brachiaria entonces inmediatamente pensamos ya los directivos de la junta en irnos hacia la Argentina casi a la Cristalina, a buscar al Ejército, entonces optamos mejor por hablar con el capitán o teniente de la base de Mesetas a quienes les solicitamos el favor para nosotros y la familia de los desparecidos Merardo Neusa, Nelson Neusa y Edilberto Patiño, que nos ayudaran en qué forma nos ayudaba para que la familia de ellos fueran a reconocer los cadáveres de los tres guerrilleros que según las noticias habían dado para haber (sic) si eran los tres campesinos que estaban desaparecidos en la región, el comandante de la base de Mesetas nos informó que él no podía hacer nada que nos fuéramos a Granada y hablaramos (sic) con el comandante del Batallón…” (fl. 139, c.1).

(26) En su testimonio expuso José Arneyo Montoya: “… entonces entre todos recogimos plata para darle el pasaje a la familia Neusa porque ellos no tenían el pasaje segueron (sic) a Granada los familiares y a pesar de trámites y dificultades lograron establecer que los tres campesinos que se decían guerrilleros estaban en el anfiteatro, después de eso fue que nos dimos cuenta de que eran los campesinos, logramos que los entregaran fueron trasladados a la funeraria de Granada y de la funeraria los tragimos (sic) acá a Mesetas para hacerles su respectivo entierro…” (fl. 139, c. 1).

(27) Las actas de las diligencias de levantamiento de cadáver y las fichas de examen “odontolegal” reposan en copia auténtica a folios 225 a 230. En todas las actas se dice por los agentes del CTI que: “… Fuimos avisados por parte del Ejército de esta localidad que en el anfiteatro del cementerio de esta ciudad se hallaban los cadáveres de tres personas…”. En relación con los tres cadáveres, se dice que son de identidad desconocida —N.N.— y que portaban prendas de civil (fls. 225, 227 y 229 c. ppal). En relación con las prendas que portaban los occisos, se enumera: “… un trapo estilo pañuelo atado al cuello de color rojo, estampado negro y varios signos… camisa buzo de color rojo estampado con negro sin marquillas, pantalón de cuatro bolsillos de blue jean azul prelavado con bordes de aparente cuero en cada uno… sin camisa, pantalón verde claro, pantaloneta blanca de nylon sin marcas, interior color beige sin marcas, medias blancas…”.

(28) Los señores Merardo Neusa Pachón, Nelson Enrique Neusa Cortés y Edilberto Patiño Patiño vestían ropa de civil, según consta en las correspondientes actas de levantamiento y en las fotografías que las acompañan (fls. 240 y ss., c. ppal).

(29) Los ciudadanos Jesús Dairo Deaza Toro, José Alcibiades Arévalo, José Arleyo Montoya, Horacio Hernán Buitrago, y Jair Patiño Patiño (fls. 145 a 155 del c. ppal).

(30) Dijo Horacio Buitrago en el testimonio rendido: “… nos fuimos hacia la casa del señor o finado Edilberto —Patiño— abrigando la esperanza de que lo encontráramos ahí y al llegar allí no encontramos a ninguno pero sí encontramos en la gotera de la casa tres pozos de sangre y mechones de pelos y si miraba unos escarbaditos y nosotros pusimos escarbar ahí y encontrábamos cesos (sic) encontrábamos unas balas apachurradas, no me acuerdo cuantas eran, lo cierto fue que nosotros arrecogimos (sic) todo eso en junta de unas vainillas de proyectiles… PREGUNTADO: Díganos como encontraron dispuestos los proyectiles y las vainillas CONTESTADO: Estaban las balas en el puro medio de los charcos de sangre y las vainillas estaban a los lados de donde estaban los pozos de sangre…” (fl. 126 c. 2). Lo anterior se confirma con la versión rendida por señor José Arneyo en su testimonio (fls. 138 y 141).

(31) Se puede llegar a esta conclusión si se observa el proceso Nº 1471 adelantado por la extinta unidad de fiscalía regional de oriente, en donde reposan actas de levantamiento de cadáver (efectuadas en el cementerio de Granada Meta) e informes del cuerpo técnico de la fiscalía, (fl. 280 del c. ppal), documentos en los que consta que los cuerpos fueron remitidos por miembros del Ejército Nacional.

(32) Denuncias instauradas por los señores José Arneyo Montoya, Horacio Hernán Buitrago y Arnoldo Neusa Pachón (fls. 153 y 154 del c. ppal).

(33) Presentada por el señor Harold Martín Angélica Restrepo, suboficial del Ejército Nacional (fls. 254 y 255 c. ppal).

(34) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 10 de julio de 2003, C.P. María Elena Giraldo Gómez, rad. 76001-23-31-000-1994-9874-01(14083), actor: Jorge Enrique Rengifo Lozano y otros, demandado: Departamento del Valle del Cauca. Se dijo en esa sentencia: “… la jurisprudencia en la actualidad, en lo que atañe particularmente con el daño moral, tiene en cuenta dicha base legal sobre la regulación probatoria de los hechos procesales y por ello lo que concierne con el daño moral de los parientes (padres, hijos, hermanos y abuelos) lo ve indicado mediante prueba lógica indirecta, cuando se demuestra plenamente el hecho del parentesco, pues la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre estos parientes existe afecto…” (negrilla del texto citado). También puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 18 de marzo de 2010, rad. 18569, C.P. Enrique Gil Botero. Y de esta subsección “B” la reciente Sentencia del 30 de abril de 2014, C.P. Danilo Rojas Betancourth, rad. 41001-23-31-000-1993-07386-00 (28075), actor: Alejandro Semanate y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera —en pleno—, sentencia de unificación del 22 de marzo de 2012, exp. 22.206, actor: Inés Domicó Domicó, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

(36) Al respecto dijo el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, rad. 05001-03-26-000-1993-00134-01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otro, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional: “Dado que la muerte del señor Germán Eduardo Giraldo Agudelo se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron causadas con arma de fuego de dotación oficial, durante un operativo policivo, para decidir la responsabilidad del Estado debe tenerse en cuenta que el criterio jurisprudencial vigente en relación con el título de imputación bajo el cual deben ser decididas las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación de los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, es el de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causa extraña como la culpa exclusiva de la víctima…”.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “B”, Sentencia del 29 de octubre de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, rad. 20001-23-31-000-1999-00274-01 (21377), actor: Elida Rosa Carballo y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional. En este caso se condenó a la entidad demandada, bajo el régimen de imputación subjetivo de responsabilidad denominado falla del servicio, con ocasión, de los hechos presentados el 28 de agosto de 1997, donde integrantes del Ejército Nacional dieron muerte a la señora Omaira Madariaga Carballo, cuando se transportaba en compañía de dos personas. Los agentes presentaron a la mencionada señora como una guerrillera dada de baja durante un combate librado con una cuadrilla guerrillera del ELN, supuestamente ocurrido en la vereda “Quebradaseca” del municipio de Curumaní-Cesar. La fallecida era una profesora que prestaba sus servicios en zona rural del municipio de Curumaní-Cesar, oficio por el que era reconocida dentro de la comunidad. En igual sentido consultar Sentencia de esta sección del 27 de septiembre de 2013, rad. 150012331000199505276 01 (19886), actor: Odalinda Vargas de Martínez y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(38) Al respecto, ver entre otras la Sentencia de esta sección del 8 de julio de 2009, rad. 05001-03-26-000-1993-00134-01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía. Lo anterior sin perjuicio de lo dicho por la Sala plena de la sección tercera en la Sentencia del 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, rad. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubalá Aranda, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. Se dijo en dicha providencia: “… En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.// “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado…”.

(39) [15] “ART. 187. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.

(40) [16] sección Cuarta, Sentencia del 30 de enero de 1998, C.P. Delio Gómez Leyva, rad. 8661, actor: Sun Flowers limitada.

(41) [17] Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2005, exp. 27946, rad. 01001-03-26-000-2004(0028)00, actor: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil-Aerocivil, demandado: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.

(42) [18] Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, Sentencia del 30 de septiembre de 2004, M.P. Pedro Octavio Múnar Cadena, exp. 7549.

(43) [19] Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (…). Estas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común. “La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, p. 133.

(44) [20] TARUFFO Michelle, La prueba de los hechos, Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5, p. 325.

(45) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera —subsección “B”—, C.P. Danilo Rojas Betancourth, rad. 27001-23-31-000-1995-02471-01(20333), actor: José Antonio Campos y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional. De la misma Sala y ponente pueden consultarse: Sentencia del 29 de octubre de 2012, rad. 19062, y Sentencia del 29 de septiembre de 2013, rad. 30754.

(46) [13] Corte interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 29 de julio de 1988. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras.

(47) En la providencia que se viene citando, se trae a colación lo dicho por la sección tercera en la Sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, exp. 16337.

(48) [17] “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquél y este. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, en donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría general del proceso y de la prueba, quinta edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, pp. 458 y ss.).

(49) [18] Al respecto se puede consultar la Sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, exp. 16337.

(50) [19] TARUFFO, Miguel, “La prueba de los hechos”, ed. Trotta, Madrid, p. 219.

(51) [20] TARUFFO, Miguel, “La prueba de los hechos”, ed. Trotta, Madrid, p. 472.

(52) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “B”, Sentencia del 14 de abril de 2011, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, rad. 05001233100019960023701 (20145), actor: Ramona María Angulo Arrieta y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. La Sala ha reiterado el mismo criterio en sentencias más recientes, como por ejemplo en la providencia del 6 de diciembre de 2013, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, exp. 2669.

(53) El protocolo II adicional fue aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 171 de 1994, “… por medio de la cual se aprueba el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional…”. La ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(54) El Código Penal Militar vigente para la época de los hechos —Decreto 2550 de 1988—, disponía que el homicidio tendría causal de agravación cuando se realice “colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esa situación” (art. 260, num. 6).

(55) Amnistía Internacional, unidad didáctica II. “Dossier”. Fuerzas de seguridad y derechos humanos. 24. Diez normas básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en www.es.amnesty.org. En la parte pertinente del escrito que se está citando de esta organización internacional, se establecen las siguientes fuentes normativas que sirvieron para la redacción de la norma transcrita: Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (principios 1 y 3), artículo 3 común de los convenios de Ginebra y declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

(56) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, intervención en el “Conversatorio sobre justicia penal militar organizado por el comité institucional de derechos humanos y derecho internacional humanitario”, celebrado en Medellín el 14 de septiembre de 2005.

(57) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera —en pleno—, Sentencia del 11 de septiembre de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourt, rad. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), actor: María del Carmen Chacón y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

(58) De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado —sección tercera— ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias: Sentencia del 8 de julio de 2009, rad. 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía; Sentencia del 23 de agosto de 2010, rad. 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército.

(59) En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en Sentencia definitiva dictada por tribunal competente”.

(60) Los principios contenidos en los numerales 5, 6 y 7, cuya cita se omite, se refieren a la prohibición de la extradición de personas a países donde puedan ser sumariamente ejecutados y a la implementación de las políticas que son necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales en los sitios de reclusión.

(61) La resolución que se cita fue objeto de acompañamiento y reiteración en la Resolución 44/162 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en la 82ª sesión plenaria de la asamblea, celebrada el 15 de diciembre de 1989, en la cual se dijo que la asamblea “hace suyos… los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, enunciados en el anexo a la Resolución 1989/65 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1989”.

(62) Informe dirigido a la Asamblea General de la ONU por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, presentado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 14 periodo de sesiones, tema 3 de la agenda, “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, distribuido al público el 31 de marzo de 2010.

(63) En el informe se hace un relato de las posibles causas por las que el relator de la ONU considera que se ha propiciado la práctica de las ejecuciones judiciales en Colombia, entre los que se encuentran: presiones ejercidas por los mandos militares para la obtención de resultados en los combates; el régimen de recompensas estatuido en las fuerzas militares; en relación con la responsabilidad penal de las personas involucradas en los homicidios, en el informe se considera que la “falta de atribución de responsabilidad penal ha sido un factor clave” pues “los soldados sabían que podían cometer tales actos y salir impunes”, y se destaca la dificultad que tienen los órganos investigativos como el cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía para llevar a cabo los levantamientos de los cadáveres en forma apropiada; y, finalmente, la atribución de competencias a la jurisdicción penal militar para el juzgamiento criminal de los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, cuando lo cierto es que el conocimiento de los mismos debería recaer en la jurisdicción ordinaria.

(64) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, rad. 17001-23-31-000-1995-06024-01(16.533), actor: Libardo Sánchez Gaviria y otros, demandado: departamento de Caldas. La tesis jurisprudencial ha sido recientemente reiterada en otras sentencias de la sección tercera —subsección “B”—, entre ellas la Sentencia del 10 de febrero de 2011 (rad. 19.123) y la Sentencia del 27 de abril del mismo año (rad. 19.451).

(65) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2005, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, rad. 85001-23-31-000-1995-00121-01(14808), actor: María Elina Garzón y otros, demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

(66) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, rad. 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), Belén González y otros - William Alberto González y otra, demandado: Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías —Invías—.

(67) Aunque se demostró dentro del proceso que el occiso trabajaba en labores agropecuarias, estas pruebas no son conducentes para tener certeza respecto al monto de la remuneración que el fallecido percibía por la citada labor.

(68) No se toma el salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos (julio de 1994), toda vez que dicha suma, al ser actualizada, tiene un monto inferior al del salario actualmente vigente.

(69) Así se deduce del registro de defunción visible a folio 5 del cuaderno 2.

(70) La Sala deduce la vida probable de Isabel Gómez Ramírez a partir de la partida de matrimonio obrante a folio 15 del cuaderno 2, en la que se dice que el bautizo de Isabel Gómez Ramírez se efectuó el día 11 de noviembre de 1962. Dicha deducción se genera por que la Sala no cuenta con otro documento que acredite tal dato.

(71) Ibídem, sentencia citada infra nota al pie Nº 42. Allí se dijo: “…En relación con los hijos la indemnización se reconocerá hasta la edad de 25 años, a partir de la cual se presume, con fundamento en las reglas de la experiencia, que pueden ocuparse de su propio sostenimiento…”.

(72) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(73) En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, y “n” corresponde al número de meses por liquidar.

(74) La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2005/35 del 19 de abril de 2005, adoptó los “Principios y directrices básicos sobre el derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, y en el capítulo IX de dicha resolución —“Reparación de los daños sufridos”— consagró las medidas encaminadas a la satisfacción —numeral 22— y a las garantías de no repetición —numeral 23—. Las primeras están relacionadas con la cesación de violaciones continuadas y la consecución de la verdad sobre los hechos para su divulgación. Las segundas están relacionadas con las medidas que deben adoptar los Estados para que no queden impunes las faltas cometidas por sus agentes.

(75) Sentencias C-358 de 1997 y C-878 de 2000.

(76) Sala jurisdiccional disciplinaria, providencia del 14 de agosto de 2008.