Sentencia 1997-05640 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 470012331000199705640 01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Nº Interno: 23.156

Demandante: Ligia Niño de Peñalver y otros

Demandado: la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D. C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Ejercicio oportuno de la acción.

En el caso sub lite, a través de la acción de reparación directa ejercida por los demandantes, se pretende obtener la indemnización de perjuicios a cargo de la entidad demandada, por la muerte del señor Enisberto Peñalver Mejía el día 24 de julio de 1996. En consecuencia, se encuentra que la acción impetrada no caducó puesto que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, toda vez que dicho libelo se radicó el día 5 de diciembre de 1997 (fls. 6-25 c. 1).

2.2. Caso concreto.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron, entre otros, los siguientes medios probatorios:

— Registro civil de defunción elaborado por el Notario 2º del Círculo de Santa Marta, mediante el cual se indicó que el señor Enisberto Peñalver Mejía falleció el 24 de julio de 1996; como causa del deceso se indicó “trauma encefalocráneo - politrauma contuso” (foliatura irregular, dice ser fl. 26 c. 1).

Valoración de la prueba trasladada

Respecto de la valoración de la prueba trasladada, el Código Contencioso Administrativo dispone —en materia de pruebas— que en los procesos seguidos ante esta jurisdicción se deben aplicar, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del Estatuto de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168); por su parte, el artículo 185 de ese último estatuto prevé que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(2).

También ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, habrá lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, llegare a invocar las formalidades legales para obtener su inadmisión(3).

Sobre este mismo tema, la Sección Tercera de la corporación ha sostenido(4):

“De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(5):

‘… el artículo 229 del mismo código dispone:

‘Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (se resalta).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civl. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al caso presente, se tiene que las pruebas en el proceso primitivo (penal) no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia; su traslado tampoco fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, ni la entidad demandada se allanó a la petición probatoria elevada por la parte demandante en el sentido de que se allegare a este proceso la respectiva investigación penal por la muerte del soldado Ardila Lozano.

Aun cuando esta prueba fue decretada por el tribunal y para cuyo efecto se libró el Oficio 0206-00 de marzo 18 de 1999 solicitando el traslado en copia auténtica del correspondiente proceso penal, lo cierto es que no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige y en cuanto se refiere específicamente a las pruebas documentales antes descritas(6) no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen.

No obstante lo anterior, para el específico caso de las pruebas documentales advierte la Sala que si bien se incurrió en una irregularidad al haberse omitido dicho traslado, la misma no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’, solución claramente aplicable en este caso. Ciertamente, se advierte que durante la etapa probatoria ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad pública demandada no hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto”(7) (subrayas del original, negrillas de la Sala en esta oportunidad).

En el caso que ahora se examina, se encuentra que la parte demandante solicitó oficiar a la Fiscalía Segunda Delegada de la Unidad de Vida de Santa Marta para que enviara al proceso copia auténtica de las siguientes piezas procesales: “Informe policial y/o denuncia, auto de apertura de instrucción, acta de levantamiento del cadáver del señor Enisberto Peñalver, acta de necropsia practicada al mencionado señor” (fl. 26 c. 1).

Por su parte, la entidad demandada, en el correspondiente escrito de contestación de la demanda, pidió los siguientes medios probatorios:

“1. Se sirva oficiar al Comando Departamento de Policía Magdalena, para que remita copia del informativo administrativo y disciplinario que se adelantó donde resultó muerto el señor Enisberto Peñalver, por los hechos ocurridos el día 20 de julio de 1996, siendo aproximadamente las 11:30 p. m., en el corregimiento de Taganga. Al mismo tiempo se sirva certificar el nombre de[l] agente que (sic) encontraban prestando servicio para el día de los hechos 20 de julio de 1996, en la Estación de Policía de Taganga y al mismo tiempo solicito al honorable magistrado conductor del proceso, que una vez enviado o suministrado los nombre (sic) de los agentes se sirva señalar fecha y hora para recepcionar los testimonios, a fin de que declaren lo que sepan sobre los hechos relacionados en la demanda, estos pueden ser citados a través de la oficina de personal del Comando Departamento de Policía Magdalena.

2. Se sirva oficiar al Juzgado 68 de Instrucción Penal Militar, con sede en la ciudad de Santa Marta, para que remitan copia autenticada de la investigación donde resultó muerto el señor Enisberto Peñalver, por los hechos ocurridos el día 20 de julio 1996, aproximadamente a las 11:30 p. m., en la población de Taganga, en caso de no reposar en ese despacho, ofíciese en igual sentido a la auditoría auxiliar de Guerra adscrita al comando Departamento de Policía Magdalena en tal sentido” (fl. 47 c. 1).

El tribunal a quo, mediante auto del 27 de abril de 1998, accedió al decreto de los medios probatorios solicitados; respecto de la prueba pedida por la actora el tribunal requirió, además, “copia de las providencias definitivas que se hayan dictado en dicho proceso, tales como medidas de aseguramiento, resolución acusatoria, cesación de procedimiento y sentencia”.

En cumplimiento de la anterior providencia, la secretaría de dicha corporación requirió, entre otros, a la Fiscalía General de la Nación, a través del Oficio 993 del 29 de mayo de 1998 en relación con la prueba solicitada por la parte demandante.

En Oficio 4786 del 28 de julio de 1998, la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, remitió las copias requeridas del proceso Nº 1.384 adelantado “por el delito de homicidio, donde resultó víctima el señor Enisberto Peñalver Mejía”.

En este orden de ideas se tiene que la prueba trasladada antes mencionada, solicitada por la parte actora, no cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, dado que la parte demandada no las solicitó en su contestación a la demanda, ni se allanó o adhirió a los medios probatorios solicitados por su contraparte, por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan sólo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, tema que fue explicado dentro de la sentencia antes transcrita.

En efecto, se encuentra que entre las posibilidades que tuvo la demandada para pronunciarse frente a dichos medios probatorios de carácter documental guardó silencio respecto de la procedencia de su valoración, circunstancia que permite concluir que en el presente caso se presentó la convalidación a la cual se refiere el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto concierne a las aludidas pruebas documentales exclusivamente.

Por último, se tiene que también obran en el proceso i) acta de inspección judicial de cadáver y ii) protocolo de necropsia efectuado al cadáver del señor Enisberto Peñalver, elementos de acreditación que no podrán ser valorados en este proceso puesto que no tienen el carácter de prueba documental, de conformidad con los postulados del artículo 251(8) del Código de Procedimiento Civil, sino que corresponden a informes de carácter científico elaborados por una entidad oficial, exactamente el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y que reúnen las características de todo dictamen pericial.

Ciertamente, el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, dispuso que la prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Asimismo, respecto de la práctica de la referida prueba, el artículo 237 del Estatuto Procesal Civil señaló lo siguiente:

“(…). 2. Los peritos examinarán conjuntamente las personas o cosas objeto del dictamen y realizarán personalmente los experimentos e investigaciones que consideren necesarios, sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; en todo caso expondrán su concepto sobre los puntos materia del dictamen.

3. Cuando en el curso de su investigación los peritos reciban información de terceros que consideren útiles para el dictamen, lo harán constar en éste, y si el juez estima necesario recibir los testimonios de aquéllos, lo dispondrá así en las oportunidades señaladas en el artículo 180.

4. El juez, las partes y los apoderados podrán hacer a los peritos las observaciones que estimen convenientes y presenciar los exámenes y experimentos, pero no intervenir en ellos ni en las declaraciones.

(…).

6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.

A su turno, el artículo 243 del referido cuerpo normativo determinó que:

Los jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre avalúos y otros hechos de interés para el proceso, a los médicos legistas, a la policía judicial, al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y en general a las entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado, y a las que tengan el carácter de consultoras del gobierno.

Tales informes deberán ser motivados y rendirse bajo juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho de la firma, y se pondrán en conocimiento de las partes por el término de tres días para que puedan pedir que se complementen o aclaren.

También podrá el juez utilizar los servicios de dichas entidades y dependencias oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas, con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen, de lo cual se dejará constancia escrita. (…)” (se destaca).

En ese orden de ideas, se insiste que tanto el protocolo de necropsia suscrito por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como el acta de levantamiento de cadáver elaborado por un técnico judicial de la Unidad Fiscalía 15 de Reacción Inmediata y obrantes en el expediente no podrán ser valorados dentro del presente proceso, pues tal y como se explicó previamente, corresponden a informes de carácter científico elaborados por una entidad oficial y adicionalmente reúnen las características de todo dictamen pericial(9).

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, dentro del proceso penal se destacan los siguientes documentos y actuaciones procesales:

— Providencia del 1º de agosto de 1996 proferida por la Unidad Especializada I Fiscalía Treinta Delegada ante Jueces Penales del Circuito por medio de la cual se ordenó abrir investigación penal por el homicidio del señor Enisberto Peñalver Mejía (fl. 75 c. 1).

— Decisión de la Fiscalía Segunda - Unidad Especializada Grupo de Vida del 23 de junio de 1997, en la que se profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Miguel Guerra Yepes, Emelsy Verónica Tejeda Cantillo, Edgardo Cobo Baquero y Francisco de Jesús Tejeda, por el delito de homicidio en calidad de coautores. Igualmente, en tal proveído se profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Juan Segundo Guerra Villapañe, Teresa Mercedes Jiménez Guerra, Victoriano Guerra Cantillo, Emigdio Mattos González y Wilmer Mattos Urueta, por el delito de hurto agravado e incendio. Por su parte, respecto del señor Romeiro Alonso Cantillo Guerra la referida Fiscalía se abstuvo de proferir medida de aseguramiento (fls. 79-88 c. 1).

— A folios 89 al 94 del cuaderno 1 se encuentra auto proferido por la Fiscalía Segunda Unidad Primera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, el día 25 de julio de 1997, por medio del cual se resolvió la situación jurídica de los señores Atilio Emilio Garay Mattos, Adalberto Antonio Granados Iguarán y Alejandro Rosado Garay, en la cual se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los sindicados.

— Proveído del 22 de septiembre de 1998 expedido por la Fiscalía Segunda Especializada Grupo de Vida, en el cual se resolvió la situación jurídica del señor Yeri Edimil Cantillo Mattos (fls. 95-99 c. 1).

— Resolución de acusación proferida el 24 de noviembre de 1997 en contra de los señores Francisco Jesús Tejeda, Emelsy Verónica Tejeda Cautillo y Edgardo Colo Baquero por el delito de homicidio agravado del señor Enisberto Peñalver Mejía. A su vez se ordenó la preclusión de instrucción a favor del señor Romeiro Alonso Cantillo Guerra (fls. 100-106 c. 1).

— Providencia de fecha 9 de febrero de 1998 mediante la cual se profirió resolución de acusación en contra del señor Yeri Edimil Cantillo Mattos como coautor del delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado e incendio agravado (fls. 107-112 c. 1).

— Auto del 20 de febrero de 1998 a través del cual se expidió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Carlos Julio García Daniels como coautor de los delitos de homicidio agravado e incendio agravado (fls. 113-116 c. 1).

— Resolución de acusación proferida el 1º de abril de 1998 en contra de Adalberto Antonio Granados Iguarán, alias “Guaza” y Alejandro Rosado Garay alias “Chimi”, por los delitos de hurto calificado agravado e incendio agravado (fls. 117-121 c. 1).

— A folios 122 al 135 del cuaderno 1 se encuentra resolución de acusación en contra del señor Miguel Guerra Yepes como coautor del delito de homicidio agravado en el que resultó víctima el señor Enisberto Peñalver Mejía. A su vez, se acusó al señor Carlos Julio García Daniel, alias “Pochorrongo” como coautor de los delitos de homicidio agravado e incendio agravado y resolución de acusación en contra de Atilio Emilio Garay Mattos, alias “Flecha”, Juan Segundo Guerra Villafañe, Teresa Mercedes Jiménez Guerra, Victoriano Guerra Cantillo, Emigdio Mattos González alias “Chiquitín” y Wilmer Mattos Urueta, alias “Cabeza mocha”, por los delitos de hurto calificado agravado e incendio agravado.

— Denuncia presentada el 22 de julio de 1996 por el señor Starling Peñalver Niño ante la Unidad Fiscalía 18 Reacción Inmediata contra los señores Miguel Guerra, Emelsy Tejada, por el delito de tentativa de homicidio, incendio y otro en la cual se indicó lo siguiente:

“El día domingo a la una o una y media de la mañana estaba yo en el Estadero Son Caribe ubicado en Taganga diagonal al hotel Delfín, el señor Luis Eduardo Barros que tiene una venta de chuzo en el negocio le entregué un chuzo a un señor que no le se el nombre él se negó a cancelárselo, luego de esto decidió pagárselo y en el momento que le paga lo agredió allí se encontraba el primo mío Luis Alberto Peñalver que nos estaba colaborando como mesero ese día este señor después que agredió a Luis Eduardo, también le dijo que no le iba a pagar nada al primo mío entonces el primo le dijo que él no tenia nada que ver con el inconveniente y sin mas allá mas acá lo agredió y le dijo a los demás vamos a joder a estos hijueputas, luego de esto comenzaron a agredir a los dos a Luis Eduardo Barros y a Peñalver Luis, a mi me avisan al rato que están fregando a Tuqui que le dicen a Luis Eduardo Barros y a tu primo en este caso es Luis Peñalver entonces yo salí en el momento al ver la confusión de la gente yo hice fue evitar la pelea, ahí comencé a gritarle y apaciguar los ánimos, mi papá Enisberto Peñalver no se encontraba en el negocio sino en una caseta TIBISAY con mi mamá, cuando ellos llegaron al negocio encontraron la trifulca él estaba indagando qué estaba pasando uno de ellos amenazó al primo mío y mi papá intervino ahí fue donde le cayeron varias personas comenzó a llegar más gente, comencé a calmar a la gente mi papá al ver varias personas encima de él sacó el arma alcanzó a golpear a uno en la cara, comenzaron a tratar de quitarle el arma luego de eso en el forcejeo hubo un disparo cayéndole el tiro a un señor de apellido Cantillo que está herido en el Hospital al oír el disparo se abrieron, comenzaron a gritar vamos a matar a ese hijueputa comenzaron a tirarle piedras al negocio botellas de todo a mi papá mi mamá, yo cogí y metí en el negocio a mi papá mamá y dos hermanos menores, la gente empezó a prender fuego al negocio con ellos dentro, cuando mi papá se disponía a trasladarse a la Inspección Franklin Tejada y los demás del pueblo comenzaron a perseguirlo Franklin sacó un arma comenzó a dispararle a mi papá, cuando perseguían a mi papá hubo enfrentamiento entre ellos porque mi papá trataba de defenderse, mi papá quedó sin municiones cuando todo el pueblo le cae encima a mi papá pegándole con tranca, piedras, botellas, ahí intervinieron los denunciados, luego que lo apedrearon lo iban a echar al mar para ahogarlo, llegaron dos policías y también salieron apedrados (sic), esos policías llamaron una patrulla y ahí se llevaron a mi papá y el denunciado Miguel Guerra le arrojó a mi papá una piedra grande en toda la cara que es lo que lo tiene en estado de gravedad porque lo operaron y le cogieron 90 puntos y se encuentra actualmente en cuidados intensivos de la Clínica La Milagrosa con pronóstico reservado, en todo el problema le quitaron a mi papá el arma y $700.000 que tenía en el bolsillo, los que estábamos dentro del negocio nos ayudaron a salir dos señores de Taganga y eso quedó totalmente destruido por las llamas antes de eso se saquearon todo el sonido amplificadores (2) un DECK, 1 SIDI (sic), un ecualizador los que saquearon fueron El Plomo, el Flecha y Chiquitín son los apodos y ellos prendieron fuego con ayuda de otras personas, dentro del negocio habían mas de $700.000, saquearon mas de 87 sillas que habían y unas 16 mesas, 8 parlantes, 8 bafles, 7 tuiteres, saquearon toda la cerveza. Preguntado: Dónde vive o se puede localizar Miguel Guerra y el resto de denunciados. Contestó: En Taganga y los demás denunciados también, a Miguel Guerra yo lo conocía de vista porque llegaba al negocio. Preguntado: ¿Qué personas sabe usted fueron testigos cuando su papá fue agredido físicamente? Contestó: El primo mío Luis Alberto Peñalver que estuvo presente en todo el problema y el señor Luis Eduardo Barros que vio gran parte de los hechos porque lo metieron en una casa, los policías que estaban de turno ese día en la Inspección y los de la Patrulla vieron cuando le tiraron el peñón. Preguntado: Diga ¿qué más desea agregar? Contestó: Miguel Guerra es de estatura bajita o media, de 22 años de edad mas o menos, grueso, corte de pelo bajo, moreno, pelo liso bajito” (sic) (fls. 72-73 c. 1).

— Testimonio rendido en el proceso por el señor Luis Barros Meza:

“Preguntado: Diga si ¿conoció al señor Enisberto Peñalver Mejía y en caso afirmativo por qué lo conoció? Contestó: Si lo conocí porque era el papá de un amigo y a la vez era vecino del barrio, lo conocí durante doce años aproximadamente. Preguntado: Diga qué sabe acerca de hechos ocurridos el día 20 de julio de 1996 en la localidad de Taganga en los cuales perdió la vida el citado señor Enisberto Peñalver Mejía. Contestó: Yo me encontraba a las 12 de la noche del día 20 de julio, en el estadero Son Caribe el cual está ubicado en la orilla de la playa mas exactamente en el Camellón de Taganga cuando de pronto llegaron unos tipos pidiendo cerveza y comida la cual no quisieron pagar, al rato se formó una discusión entre ellos, el sobrino de Enisberto Peñalver que se llama Luis Alberto Peñalver y mi persona haciéndole reclamo de lo consumido, ellos se negaron rotundamente a pagarlo, mas tarde se formó la pelea, al rato llegó el señor Enisberto Peñalver de la caseta en la cual se encontraba preguntando qué pasaba, los tagangueros sin mediar palabras procedieron a agredirlo, eran aproximadamente en el momento de la pelea de 7 a 10 tagangueros, en el transcurso de la pelea llegaban mas personas a ver lo que pasaba y de esta forma lograron acorralarnos tanto a la familia de Enisberto Peñalver como a mí, al ver que al situación se ponía complicada yo opté por ir a avisarle a la Policía que se encontraba cerca al lugar a unas 3 o 4 cuadras, llegué rápido por la situación en que estábamos y además que queda cerca, en el momento en que llegué a la inspección o cuartel se encontraban un número no inferior a seis policías los cuales no procedieron de forma inmediata por más que les insistí en que la vida de Enisberto Peñalver y su familia corría peligro ya que la gente estaba bastante alterada y se escucharon disparos y muchos pedían quemar el sitio. Cuando noté que los policías no procedieron a proteger la vida de Enisberto Peñalver y su familia me devolví por otro camino y me estacioné en un sitio donde se podía observar todo lo que estaba sucediendo con el señor Enisberto Peñalver y el estadero desde allí se podía observar cómo las personas tomaban los objetos de valor como los bafles, mesas, sillas, cerveza, botella de whiskey, las partes del equipo de sonido en fin todo lo que contenía el estadero y otras personas se dedicaban a incendiar el estadero, mientras tanto que otro grupo como alrededor de 20 personas se encargaban de masacrar con piedras, garrotes, remos, botellas y todo lo que encontraban en la playa al señor Enisberto Peñalver, mucho después alrededor de 45 minutos pude observar que llegaban los primeros agentes de policía ya demasiado tarde porque el señor Enisberto Peñalver estaba prácticamente muerto incluso algunos tipos le pegaron delante de los agentes ya montado en la patrulla con rumbo a Santa Marta. El señor Enisberto Peñalver se encontraba bastante grave y delicado de salud por los golpes causados fue conducido primeramente al Hospital luego a la Clínica del Prado y por fin fue aceptado por la Clínica La Milagrosa, duró 72 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos pero los médicos no daban señales de mejoría y murió si no estoy mal el 23 de julio del mismo año. (…) Preguntado: Infórmele al H. Tribunal qué distancia aproximada existe entre el kiosko y el lugar aledaño a los hechos y el cuartelillo o estación de policía. Contestó: Todos esos sitios están cerca aproximadamente de 3 a 4 cuadras. Preguntado: Sírvase informar aproximadamente ¿qué tiempo transcurrió entre el momento en que se inició la agresión contra el susodicho Enisberto Peñalver y el momento en que usted dio aviso a la Policía de esos hechos? Contestó: El tiempo transcurrido fue de aproximadamente cinco minutos. Preguntado: Teniendo en cuenta el aviso oportuno que usted dice haberle dado a la Policía, la distancia entre esta y los hechos y el período de la duración de la trifulca ¿considera usted que la fuerza pública tuvo oportunidad de evitar la muerte trágica del señor Peñalver? Contestó: Claro si la Policía hubiera actuado de manera eficiente hubiera podido evitar la muerte y la destrucción de todos los bienes del señor Ensiberto Peñalver porque vuelvo y repito, del sitio de los hechos a la inspección no hay mas de 7 minutos y ellos tuvieron mucho tiempo para evitar todos esos hechos” (sic) (fls. 156-157 c. 1).

— A folios 159 y 160 del cuaderno 1 se encuentra el testimonio rendido por el señor Luis Alberto Peñalver Stephens.

“Preguntado: Diga si ¿conoció al señor Enisberto Peñalver Mejía y en caso afirmativo por qué lo conoció? Contestó: Si por supuesto porque era mi tío. Preguntado: Diga qué sabe acerca de hechos ocurridos el día 20 de julio de 1996 en la localidad de Taganga a consecuencia de los cuales perdió la vida el citado señor Enisberto Peñalver Mejía: Contestó: Él tenía un kiosko llamado Son Caribe, él atendía ese kiosko junto con sus hijos y conmigo que soy su sobrino, ese día el 20 de julio de 1996 un amigo llamado Luis Barrios y Susana Jiménez se encontraban ahí y unos señores de Taganga comenzaron a buscar pelea entonces mi tío se encontraba hacia la caseta y lo mandaron a llamar, cuando mi tío llegó un grupo de personas lo atacaron y mi tío le dijo a Luis Barros y a Susana Jiménez y a mi que fuéramos a la Policía para que ellos detuvieran a las personas que lo estaban atacando, ellos inmediatamente se dirigieron hacia la Policía, las personas siguieron atacando a mi tío y mi personas (sic) que estábamos hacia la orilla de la playa, mi tío y yo nos dirigimos hacia la entrada de Taganga con el fin de llegar a la Inspección de Policía en una de esas me escapé y logré llegar a la Inspección de Policía y les dije que estaban atacando al kiosko a mi tío y a sus hijos que por favor me ayudaran y ellos respondieron siempre con las mismas cosas siempre hay peleas en ese kiosko, un Policía que estaba ahí me quería pegar y ese mismo policía estaba en estado de embriaguez y un compañero de él le decía que se fuera para dentro que viene mi Capitán que te van a botar, mientras que sucedía esto a mi tío lo estaban linchando un grupo de pobladores de Taganga con piedras con palos, ninguno de los policías llegaron hacia el lugar donde estaban linchando a mi tío, eso fue como 45 minutos después llegó una camioneta de la Policía ya prácticamente cuando mi tío estaba moribundo y se lo llevaron para el Hospital Central de ahí lo trasladaron a la Clínica La Milagrosa donde falleció 4 días después el 24 de julio de 1996. Cuando yo estaba en la Inspección de Policía después que las personas que estaban linchando a mi tío se dirigieron hacia al Inspección y se querían meter para golpearme a mi y unos Policías que estaban en la Inspección me dijeron que por culpa tuya van a coger la Inspección y la van a destruir. Preguntado: ya que manifestó que era sobrino del señor Enisberto Peñalver, diga si ¿sabe con qué personas vivía él y quiénes dependían económicamente del señor Peñalver? Contestó: vivía su esposa Ligia Niño de Peñalver y sus hijos Estarli, Junior, mayores de edad y Heiner, Lismary, Ingrith y Paul, todos dependían de él ya que el negocio era el único sustento para la familia, los hijos lo ayudaban a atender el kiosko (…) Preguntado: Diga si ¿tiene conocimiento qué suerte corrió el mencionado kiosko o establecimiento de comercio y las cosas que allí se encontraban como consecuencia de los hechos que usted viene narrando? Contestó: El kiosko lo quemaron junto con el equipo de sonido que él tenía, los congeladores, unos cassettes, las sillas, una moto que él tenía, hay cosas que las personas de Taganga se les robaron. Preguntado: Diga si ¿sabe la distancia aproximada que hay entre el kiosko y los lugares aledaños donde se escenificó la trifulca y la Inspección de Policía? Contestó: Unas cuatro o cinco cuadras. Preguntado: Infórmele al Despacho ¿qué duración aproximada tuvo la pelea donde el señor Peñalver fue lesionado de gravedad? Contestó: unos 45 minutos. Preguntado: Ya que usted dice haber llegado hasta la Inspección de Policía a pedir ayuda en favor (sic) de su tío Enisberto Peñalver diga si ¿usted observó una actitud diligente de los Agentes de Policía que estaban allí para ir en auxilio de la persona que tenía su vida en peligro o si por el contrario observó un comportamiento negligente en ellos? Contestó: Ellos cuando yo les dije que ayudaran a mi tío que lo estaban linchando ellos prácticamente no prestaron atención inclusive uno de ellos dijo: “otra vez pelea en ese kiosko” y otros mostraban su nerviosismo. Preguntado: ¿Puede usted recordar el número aproximado de Policías [que] se encontraban en la Estación cuando Ud. fue a prestar auxilio y si estos se encontraban armados? Contestó: Unos siete a nueve policías aproximadamente y todos estaban armados. Preguntado: teniendo en cuenta la distancia de la Policía al lugar de los hechos, el tiempo transcurrido en la pelea ¿cree usted que si la Policía hubiere actuado había evitado la muerte del señor Peñalver Mejía? Contestó: Claro que sí, porque eso duró como ya lo había dicho anteriormente unos 45 minutos, tiempo suficiente para que la Policía ayudara a mi tío (sic) (…)”.

— Testimonio rendido por el señor Iván Alfonso Campo Mengual:

“Preguntado: Sírvase informar al Despacho si en el ejercicio de su profesión de Periodista tuvo conocimiento de los hechos ocurridos a la media noche del 20 de julio de 1996 en el corregimiento de Taganga, en los cuales perdió la vida el señor Enisberto Peñalver Mejía a manos de una turba de enfurecidos individuos. En caso positivo haga un relato de esos acontecimientos conocidos por usted. Contestó: Tuve conocimiento con base en las informaciones suministradas por la Policía Nacional a través de un boletín de prensa y con informaciones entregadas por parte de algunos familiares de la víctima y personas residentes en el Corregimiento de Taganga en el que se informaba sobre los hechos en que había sido agredido el señor Peñalver por parte de un grupo de personas que se acercaron a su negocio procediendo lanzando improperios llegando posteriormente agredirlo físicamente causándole graves heridas que lo mantuvieron durante varios días en estado agónico en una clínica de la ciudad hasta su deceso, se conoció igualmente que los agresores utilizaron para su acción una gran roca la cual fue mostrada a los medios de prensa como el arma con que se dio muerte al señor Peñalver. Preguntado: ¿Qué conocimiento tuvo usted de la actuación de la fuerza pública acantonada en el corregimiento mencionado en cumplimiento de su deber de protección de la vida y bienes del difunto Peñalver Mejía en el caso referido? Contestó: De acuerdo a las informaciones que se conocieron fue negligencia de la fuerza pública la noche del 20 de julio de 1996 en razón a que a pesar de la imploración por parte de familiares de la víctima que se protegía sus (sic) vida y bienes no se vio el accionar inmediato por parte del personal uniformado que prestaba sus servicios en esa oportunidad en el Puesto de Policía de Taganga muy a pesar de que se les solicitó pedir refuerzos al comando en esta ciudad. Preguntado: Sírvase informarle al honorable tribunal, si de los comentarios y opiniones expresados por la ciudadanía y por los medios de comunicación sobre el caso, usted pudo interpretar o deducir que existió una conducta omisiva de la fuerza pública en la protección oportuna y efectiva de la vida y bienes del ciudadano que en vida respondía al nombre de Enisberto Peñalver Mejía. Contestó: Si efectivamente se pudo notar en esa oportunidad la negligencia por parte del personal de la Policía Nacional que para esa fecha prestaba sus servicios en el Corregimiento de Taganga máximo que hicieron caso omiso a los llamados que en varias oportunidades se les hiciera no solo por parte de los familiares de la víctima sino de los mismos pobladores de esa localidad. Preguntado: Considera usted que una actuación medianamente diligente de la Policía de Taganga en este caso, ¿Pudo haber evitado la trágica desaparición del plurimencionado señor? Contestó: Si se pudo haber evitado los hechos que resultaron con la posterior muerte del señor Peñalver y las acciones que se cometieron contra su vida” (sic) (fl. 164 c. 1).

— A folio 166 se encuentra declaración rendida por el señor Luis Fernando Iguarán, quien sobre la forma en que conoció de los hechos destacó:

“En la mañana siguiente nos enteramos del caso en la redacción del Noticiero PTC la noticia del cual en el momento era el coordinador periodístico, inmediatamente dispuse uno de mis compañeros periodistas a que se trasladara al lugar de los hechos para realizar o desarrollar la información, personalmente no fui al lugar, me enteré de lo sucedido por lo contado por mi colega y por la noticia que redacto para la emisión de esa noche, de acuerdo a lo que puedo recordar tengo entendido que la víctima era un negociante que tenía un local en las playas de Taganga y que por una discusión con uno de los nativos del lugar fue linchado por varias personas de este corregimiento. Preguntado: ¿Qué conocimiento tuvo usted de la actuación de la fuerza pública acantonada en el corregimiento mencionado en cumplimiento de su deber de protección de la vida y bienes del difunto Peñalver Mejía en el caso referido? Contestó: Repito, no fui testigo presencial ni fui al sitio de los acontecimientos horas después pero conozco que la Estación de Policía de Taganga queda muy cerca al lugar de los hechos, y seguramente de actuar con rapidez posiblemente hubiesen podido evitar la tragedia, también soy consciente y lo digo por algunas experiencias vividas que es muy difícil con poco personal como imagino que en ese momento había en la Estación de Policía, controlar una turba enardecida y posiblemente alterada por el alcohol, no recuerdo con exactitud los hechos según el relato de mis compañeros pero en ese momento sí se habló de alguna negligencia o tardanza por parte de la fuerza pública. Preguntado: Sírvase informarle al honorable tribunal, si de los comentarios y opiniones expresados por la ciudadanía y por los medios de comunicación sobre el caso, ¿usted pudo interpretar o deducir que existió una conducta omisiva de la fuerza pública en la protección oportuna y efectiva de la vida y bienes del ciudadano que en vida respondía al nombre de Enisberto Peñalver Mejía? Contestó: No lo puedo asegurar pero sí pienso que han debido actuar con más rapidez la policía porque tengo entendido que la trifulca, antes de registrarse la muerte duró un tiempo considerable en el cual la policía pudo evitar la muerte de esta persona. Preguntado: Considera usted que ¿una actuación medianamente diligente de la Policía de Taganga en este caso, pudo haber evitado la trágica desaparición del mencionado señor? Contestó: Si como lo dije anteriormente”.

— A folios 168 y 169 del cuaderno 1 obra en el proceso el testimonio del señor Manuel Antonio de la Rosa Gutiérrez, quien narró:

“Yo estuve en Taganga hasta las 10 de la noche de ese día, luego en la madrugada cuando estaba en Barranquilla recibí la llamada de un hermano de él que es profesor me comentó lo ocurrido, de inmediato me trasladé aquí a Santa Marta. Él cuando se despide de mí me manifestó que se iba con la esposa a echar una bailada y que el negocio se lo dejaba al hijo a esperar que terminaran los clientes que estaban ahí que ya eran pocos. Me contaron que cuando él estaba en la caseta se presentó un muchacho a decirle que en el negocio de él había una pelea y que cuando el llegó la pelea no existía sino una discusión entre un vendedor de perros que permanecía en la puerta del negocio y unos clientes que trató de mediar, incluso ofreciendo el dinero para pagar los chuzos motivos de la discusión para que esta cesara pero fue agredido, a continuación él se defendió de la agresión a trompadas y luego fue agredido por la cantidades de tipos que estaban ahí en solidaridad con los tagangueros, de ahí en adelante varias personas se dirigieron al Cuartel de Policía, incluso el vendedor de chuzos y luego él sacó el arma para hacer disparos al aire quemando como treinta cartuchos posteriormente se le acabaron las municiones y los agresores al percatarse de estos (sic) lo atacaron con garrote, piedra, él inclusive cuando queda exámine o inconsciente, mucho rato después es cuando llega la Policía, me cuentan que ya estando en el carro de la Policía y en presencia de ellos un taganguero le propinó una pedrada en la cabeza que es la que se presume le causó la lesión craneana, esto fue delante de la Policía, luego lo llevaron a la Clínica La Milagrosa, todo esto me lo contaron a mí (…) Preguntado: Diga si ¿sabe qué suerte corrieron el kiosko y los bienes muebles y enseres de dotación del establecimiento de comercio del finado Peñalver en la noche de los hechos? Contestó: El kiosko fue quemado, saqueado en su totalidad, el equipo, la dotación de música como casettes, CD, discos fue robado, incluso la moto de propiedad de Enisberto fue incendiada. El kiosko era arrendado pero a la viuda le tocó pagar todos los daños (…) Preguntado: Sírvase decir qué distancia aproximada existe entre el cuartelillo de la Policía y el lugar de ocurrencia de los hechos en los cuales perdió la vida el señor Peñalver. Contestó: Por ahí unas cinco cuadras cortas. Preguntado: Sírvase decir si usted tuvo conocimiento del tiempo aproximado que duró la trifulca. Contestó: Aproximadamente una hora. Preguntado: Diga si ¿usted tuvo conocimiento de cómo fue la actuación de la Policía de Taganga referida a los hechos? Contestó: Me dicen que cuando cesó la detonación de los tiros ellos actuaron en una forma negligente causado por el temor que ellos le tenían a la población taganguera. Preguntado: Diga si ¿usted tuvo conocimiento de que la Policía haya sido informada oportunamente de lo que estaba ocurriendo con el señor Edisberto Peñalver? Contestó: Según me contaron en la velación de él un muchacho de apellido Barros me parece que era el vendedor de chuzos fue quien le aviso a la Policía inicialmente cuando todavía la trifulca estaba en sus inicios, posteriormente un familiar del difunto Peñalver me parece que se llama Luis Peñalver y luego la hija Lizamary y ellos la Policía no podrán escudarse en desconocimiento del hecho que se estaba suscitando, además cuando treinta tiros disparados por el difunto al aire disparados con arma 38 larga tuvo que haber sido escuchada claramente en el Cuartel de la Policía y la presencia de los uniformados se vio aproximadamente media hora después que se produjo el linchamiento del finado”.

— A folio 183 del cuaderno 1 obra declaración rendida por la señora Nubia Rosa Sánchez Castro.

“Preguntado: Sírvase decir si conoció a la persona que en vida respondía al nombre de Enisberto Peñalver Mejía. En caso positivo por qué lo conoció y desde cuándo. Contestó: Si yo lo conocí desde cuando estaba joven sin casarse y después nos dejamos de ver un tiempo y después nos volvimos a vernos en mi negocio que queda en Taganga donde llevo vendiendo electrodomésticos. Preguntado: Diga si tuvo conocimiento de las circunstancias en que el mencionado señor perdió la vida en la localidad de Taganga. Contestó: No porque yo estaba en mi casa, me fueron a avisar como a las tres y media de la mañana y me levanté y me fui con mi hijo y encontramos el kiosko quemado y la moto también, después empezamos a agilizar para que llegaran los bomberos, estos llegaron como a las cuatro y media cinco de la mañana apagaron lo que había de candela porque todo ya estaba consumido, faltó solamente el tanque de gas propano para explotar, esto si lo evitaron los bomberos. Preguntado: Infórmele al despacho si usted celebró algún tipo de contrato con el mencionado señor cuyo objeto fue un kiosko donde funcionó un establecimiento de comercio denominado “El Son Caribe” en la localidad de Taganga. En caso positivo diga si recuerda ¿cuál era el valor de la renta, la fecha o época de celebración, el término de vigencia y si tenía la intención de prolongar o renovar dicho contrato? Contestó: Sí hicimos un contrato del kiosko llamado El Son Caribe este contrato se hizo por seis meses, la primera vez y después se renovó por dos años, a él le iba muy bien en el kiosko. El valor del contrato por primera vez fue de $250.000.oo mensual, el cual fue firmado el 4 de junio de 1995 y el segundo lo firmamos vencidos los seis primeros meses por el valor de $300.000.oo mensual. El contrato era de arrendamiento del kiosko con parte de silleteria, estufa, 3 enfriadores, loza y cubiertos, 12 mesas con sus sillas, y él tenía también mesas con silletería que había arrendado, también era de él el equipo de sonido, muy bueno con sus casettes y CD, también tenía un enfriador POLAR de mil botellas. El contrato estaba recién renovado por que se firmó en enero de 1996. Preguntado: Diga si ¿tuvo conocimiento como le estaba yendo al señor Peñalver Mejía en la explotación comercial de ese negocio y qué ingresos aproximados mensuales podría estar percibiendo al momento en que ocurrieron los hechos en los cuales perdió la vida? Contestó: Él me había dicho en esos días que le iba muy bien que había saldado unas cuentas que tenía con tres bancos y que gracias a Dios en esos días salía de la última y que de ahí en adelante trabajaba para sus hijos para darle los estudios de medicina a una hija que acababa de salir de bachillerato. Creo que cada quince días realizaba un concurso de Salsa y eso le iba muy bien, un concurso le deja en ganancia como tres millones de pesos libres, el día de la muerte le había contado a un hermano mío que ya había sacado la inversión que ya le quedaba su ganancia, que se iba a quedar con su señora un rato con su señora (sic) en la caseta. El promedio mensual podía ser de seis millones de pesos de ganancia”.

— Declaración presentada por el señor Gustavo Rafael Cadena Rojas a través de la cual indicó que conoció al señor Enisberto Peñalver Mejía al haber celebrado con el mismo una compraventa de la motocicleta “Suzuki cilindraje 125, color azul” por el valor de $1’400.000. A su vez manifestó que se enteró de los hechos del 1º de enero de 1996 a través de los periódicos locales y comentarios de personas (fl. 185 c. 1).

— Dictamen pericial del 24 de septiembre de 1999 y su aclaración con fecha 13 de diciembre de 1999 mediante el cual se calcularon “los daños causados a la muerte del señor Enisberto Peñalver Mejía” (fls. 201-205 c. 1).

3. Conclusiones probatorias.

Analizados los medios probatorios que integran el proceso, la Sala confirmará la decisión apelada, con fundamento en el razonamiento que a continuación se desarrolla:

Para el presente caso la Sala observa que se acreditaron ciertos elementos definitivos que estructuran la responsabilidad de la Policía Nacional frente a la muerte del señor Enisberto Peñalver Mejía, como consecuencia de las graves heridas causadas en hechos ocurridos el 20 de julio de 1996, en el corregimiento de Taganga.

En ese sentido, se observa que se acreditó que la Estación de Policía de Taganga se encontraba muy cerca del lugar en el cual se desarrolló la pelea entre el señor Enisberto Peñalver y varios de los clientes del kiosko “Son Caribe”. Al respecto, el señor Luis Fernando Iguarán indicó que si bien él no fue testigo presencial de los hechos, sí conocía la ubicación de la mencionada Estación de Policía la cual “queda muy cerca al lugar de los hechos”. Igualmente, los señores Luis Alberto Peñalver, Luis Barros Meza y Miguel Antonio de la Rosa coincidieron todos al indicar que el puesto de policía se encontraba aproximadamente a unas 3 o 4 cuadras del sitio en el que ocurrió el enfrentamiento.

A su vez, se probó que mientras se desarrollaba la pelea, el señor Enisberto Peñalver Mejía utilizó su arma de fuego y disparó en varias oportunidades. En efecto, en la denuncia penal presentada por el señor Starling Peñalver Niño se advirtió que una vez comenzó el enfrentamiento, la víctima en medio del forcejeo hirió con su arma a una de las personas que se encontraba en el kiosko y que, seguido a ello, ya cuando se involucraron más personas a la pelea, en medio del desorden, el señor Franklin Tejada disparó en contra de la víctima la cual respondió a tal ofensa por lo que hubo un enfrentamiento hasta que finalmente el señor Enisberto Peñalver Mejía se quedó sin municiones. Sumado a ello, el señor Luis Barros Meza sostuvo en su declaración que mientras él se encontraba en la estación de Policía solicitando ayuda de los agentes para efectos de salvaguardar por la vida del señor Peñalver Mejía y de sus familiares, alcanzó a escuchar varios disparos. En ese mismo orden de ideas, se probó también que mientras se desarrollaba el altercado, parte de la multitud incendió el kiosko del señor Peñalver Mejía con todos los bienes muebles que allí se encontraban. Sobre ello, varios de los testimonios rendidos, al igual que la denuncia, son congruentes en afirmar que el kiosko fue atacado por varias personas quienes prendieron fuego y saquearon varios de los elementos del establecimiento.

Asimismo, la Sala encuentra por cierto el hecho de que el señor Enisberto Peñalver Mejía recibió un fuerte golpe en la cabeza con una piedra cuando ya se encontraba dentro de la patrulla de la policía y bajo la protección de dicha institución. En ese sentido, en el testimonio del señor Barrios Meza se indicó que “incluso algunos tipos le pegaron delante de los agentes ya montado en la patrulla”; en esa misma línea narrativa, el señor Starling Peñalver Niño indicó en la denuncia penal radicada ante la Fiscalía, que el señor Miguel Guerra le lanzó a la víctima una piedra “en toda la cara” y cuando se le preguntó respecto de quienes presenciaron las agresiones en contra del señor Peñalver Mejía, este indicó que miembros de la patrulla vieron cuando le fue arrojado el peñón que le causó graves heridas.

Sobre el particular, resulta importante destacar que si bien tal golpe lo propinó una de las personas que hacía parte de la multitud que previamente había agredido al señor Enisberto Peñalver Mejía, lo cierto es que este sufrió tal ataque cuando ya se encontraba dentro de la patrulla de la policía que iba a remitirlo a un centro médico en la ciudad de Santa Marta. Sobre lo anterior se tiene que era responsabilidad de la autoridad velar por la seguridad del señor Peñalver Mejía mientras se encontraba bajo su tutela, no obstante que aún cuando ya los policías estaban al tanto de la grave situación, del desorden y la convulsión de la ciudadanía, no tomaron las medidas necesarias para brindar la atención que la víctima requería.

Aunado a lo anterior, en el proceso obran varias declaraciones de testigos que aseguran que una vez inició la turba y se produjeron las agresiones en contra del señor Enisberto Peñalver Mejía y su familia, acudieron de manera inmediata a la Estación de Policía de Taganga con el fin de pedir ayuda y a pesar de haber narrado la gravedad de la situación, los agentes con desidia resolvieron no atender a dicho llamado aunque se les insistió en que la vida del señor Peñalver Mejía corría un grave peligro y que finalmente llegaron al lugar de la pelea casi 45 minutos después de su comienzo cuando la víctima ya se encontraba moribundo.

Sobre el particular, observa la Sala que incluso prescindiendo de tales declaraciones, las mismas finalmente no resultan determinantes para la producción del fallo, comoquiera que tal y como se expuso previamente, se verificó que: i) la Estación de la Policía de Taganga se encontraba a una distancia mínima del lugar de los hechos; ii) en el transcurso de la pelea se realizaron múltiples disparos e incluso se generó el incendio del kiosko “Son Caribe”; iii) a pesar de dichos eventos, la reacción de la policía fue mínima pues llegó cuando ya había pasado mucho tiempo desde el inicio del enfrentamiento. En efecto, los policías arribaron cuanto el señor Peñalver Mejía ya estaba gravemente herido y había pasado un largo lapso desde que la víctima recibió múltiples agresiones, con el agravante de que no se adelantaron las medidas de seguridad necesarias para protegerlo puesto que incluso cuando la víctima ya se encontraba en la patrulla de la policía, recibió un golpe con una piedra en su cabeza en presencia de los agentes, quienes no hicieron nada para evitarlo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala debe concluir que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es responsable por la muerte del señor Peñalver Mejía, por virtud de lo cual debe ser condenada al pago de la indemnización correspondiente al monto de los perjuicios causados a los demandantes.

Indemnización de perjuicios

Comoquiera que la sentencia de primera instancia fue impugnada únicamente por la parte demandada, el análisis que debe abordar esta Subsección se circunscribirá al estudio de la procedencia, o no, de la indemnización reconocida por el tribunal a quo, sin que por ello haya lugar al reconocimiento de otros perjuicios que no fueron objeto de la condena de primera instancia o al aumento del monto de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de la actualización de la condena a que hubiere lugar, lo cual, como lo ha dicho la jurisprudencia de esta corporación(10), en modo alguno implica la vulneración del principio de la no reformatio in pejus que opera a favor de la entidad demandada por ser apelante única.

— Perjuicios morales

En el presente caso se decretará la reparación de los perjuicios morales mediante la tasación en salarios mínimos mensuales vigentes para la señora Ligia Cleotilde Niño Obregón quien actúa en calidad de esposa del señor Enisberto Peñalver Mejía, comoquiera que obra en el proceso el registro civil de matrimonio correspondiente (fl. 27 c. 1) y para Ingrid Johana, Paul David, Starling Moisés, Lismary Peñalver Niño, Enisberto Junior Peñalver Altamar y Heiner Estarlin Peñalver Sánchez (hijos del señor Peñalver Mejía fls. 28-33 c. 1) toda vez que obran los respectivos registros civiles que dan cuenta de la relación de parentesco que los vincula con la víctima directa.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Ligia Cleotilde Niño Obregón (esposa de la víctima)100 SMMLV
Ingrid Johana Peñalver Niño (hija de la víctima)100 SMMLV
Paul David Peñalver Niño (hijo de la víctima)100 SMMLV
Starling Moisés Peñalver Niño (hijo de la víctima)100 SMMLV
Lismary Peñalver Niño (hija de la víctima)100 SMMLV
Enisberto Junior Peñalver Altamar (hijo de la víctima)100 SMMLV
Heiner Estarlin Peñalver Sánchez (hijo de la víctima)100 SMMLV

 

Perjuicios materiales

Si bien en el punto segundo de la sentencia de primera instancia se condenó “in genere” a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a “la parte demandante los perjuicios materiales que resulten”, lo cierto es que tal circunstancia no impide que la Sala pueda proferir condena en concreto dado que se encuentran en el expediente los elementos suficientes para ello, sin que ello implique perjudicar a la entidad demandada en su condición de apelante única y, por tanto, amparada por el principio de la no reformatio in pejus.

Según se explicó en los antecedentes de esta providencia, una vez se profirió la sentencia de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Descongestión, la parte actora presentó incidente de liquidación de perjuicios comoquiera que en la referida providencia se había condenado en abstraco en punto de los perjuicios materiales, memorial que acompañó con liquidación de perjuicios y otros documentos.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en auto del 7 de octubre de 2001, corrió traslado de la liquidación de conformidad con el numeral 2º del artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante proveído del 11 de marzo del 2002 el a quo abrió a pruebas el trámite incidental de liquidación de perjuicios y requirió al perito que suscribió la liquidación presentada para efectos de resolver interrogatorio, prueba que se practicó en audiencia del 18 de marzo del 2002.

Posterior a ello, el expediente se envió a esta corporación con el fin de que se pronunciara respecto del recurso de apelación presentado por la entidad demandada; la magistrada sustanciadora para la época profirió auto el 24 de septiembre del 2002 mediante el cual señaló que previo a resolver sobre la impugnación, el expediente debía devolverse al tribunal de origen pues estaba cursando el incidente de liquidación, el cual debía surtirse a cabalidad.

Por lo tanto, el Tribunal Administrativo del Magdalena en providencia del 13 de septiembre improbó la liquidación de perjuicios presentada al considerar que respecto al daño emergente, el perito no tomó en cuenta el desgaste natural de los elementos de su uso que conduce a una depreciación, sumado a que tampoco se acreditó que los elementos descritos en las facturas allegadas con el incidente hubieran sido los mismos utilizados por el señor Peñalver Mejía en el kiosko “Son Caribe” y que respecto del documento que pretendía certificar la celebración de contrato de compraventa de ciertos bienes, el mismo cuenta con nota de presentación en notaría el día 17 de marzo de 1997, esto es con posterioridad a la muerte de la víctima, motivo por el cual generaba ciertas dudas sobre su veracidad.

Por su parte, en cuanto a la suma que el perito indicó que debía reconocerse por lucro cesante, el tribunal destacó que no existían elementos suficientes que respaldaran la cifra que sirvió como punto de partida para reconocer la suma pues no existen recibos, anexos contables, declaración de renta u otros documentos que certifiquen el ingreso económico que recibía el señor Enisberto Peñalver Mejía por la actividad que realizaba, motivo por el cual efectuó la liquidación tomando como base el salario mínimo mensual legal vigente para la época de los hechos.

Sobre lo anteriormente narrado la Sala encuentra que si bien dicho trámite no se ajusta plenamente a las previsiones legales, puesto que previo a surtirse el trámite incidental propuesto por la parte actora el Tribunal Administrativo del Magdalena debió darle curso al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, lo cierto es que en dicha actuación se decretaron y recaudaron unas pruebas en relación con las cuales se garantizaron a plenitud los principios de contradicción y defensa de los sujetos procesales.

En efecto, según se indicó previamente, el a quo corrió traslado de la liquidación presentada por la parte actora en proveido del 7 de octubre del 2001, el cual se notificó por estado el 9 de los mismos mes y año, según constancia de la secretaría del tribunal que obra el reverso de la providencia y frente al cual las partes guardaron silencio; igualmente, el auto mediante el cual se abrió a pruebas el incidente de liquidación de perjuicios se notificó el día 19 de marzo de 2002, tal y como consta al respaldo de la mencionada decisión frente a la cual tampoco hubo oposición de las partes.

Por lo tanto, tales documentos también podrán ser tomados en cuenta por la Sala para efectos del cálculo de la liquidación de los perjuicios materiales si así lo permiten, comoquiera que las partes tuvieron conocimiento suficiente de los mismos, pues se les otorgó la oportunidad para que pudieran intervenir y objetar dichas pruebas, lo que significó el respeto del derecho de contradicción que les asiste a las partes.

Daño emergente

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que la familia del señor Enisberto Peñalver Mejía habría tenido que realizar por concepto del pago de servicios médicos y hospitalarios, funerarios y por la destrucción y saqueo del kiosko y la dotación del mismo.

Sobre ello, la Subsección observa que si bien obra en el proceso un dictamen pericial mediante el cual se indicó que por dicho rubro debía reconocérsele a las víctimas la suma de $35.339.000, lo cierto es que una vez analizada tal prueba en conjunto con los otros medios de acreditación del expediente, se observa que el mismo no tuvo algún tipo de fundamento que permitiera llegar a dicha conclusión, pues no existen avalúos, facturas o cualquier otro tipo de documento que permitan sustentar tal afirmación.

Ahora bien, el señor Manuel Antonio de la Rosa, al habérserle preguntado por los bienes muebles que contenía el kiosko “Son Caribe”, indicó que por su cercanía con el señor Enisberto Peñalver y por negocios celebrados con este, tenía pleno conocimiento de la dotación del establecimiento, así:

“Preguntado: Ya que usted frecuentaba el establecimiento de comercio referido y manifiesta que fue allegado al señor Erisberto (sic) Peñalver y que además conocía el giro de ese negocio sírvase informarle al despacho si recuerda la dotación de que disponía ese negocio. Contestó: Un equipo Yamaha con ocho vafles (sic) con sus respectivos Twiiter marca JVL y parlantes de la misma marca, aparato de CD profesional DESK, marca Pioner, tocadisco, ecualizador, pre-electrónico y todo el sistema de cable requerido además tenía dos enfriados, un congelador, aproximadamente 150 sillas Rimax, 30 mesas de la misma marca, la dotación de CD, cassettes y discos, además de whiskey, cerveza, gaseosa, comida” (fl. 169, cdno. 1).

A su vez, al trámite incidental, la parte actora allegó facturas del establecimiento comercial “El Borja” elaboradas en diciembre de 1995 a nombre del señor Enisberto Peñalver Mejía en la cual se estableció que este pagó la suma de $3.060.000 por los siguientes artículos: dos amplificadores de sonido marca Yamaha, un mixer Gemini, un ecualizador en stereo, un compac disck Sony y un deck doble casette.

Por otro lado, se aportó un “documento de venta” suscrito por el señor Manuel Antonio de la Rosa Gutiérrez mediante el cual se indicó que había celebrado con el señor Enisberto Peñalver contrato de compraventa sobre ciertos bienes muebles, específicamente seis parlantes, 8 twitter, 120 cassettes, seis cajas para parlantes y ocho cajas pequeñas por la suma de $3.640.000. Al respecto se tiene que aun cuando el documento indica que fue suscrito el 15 de noviembre de 1995, los cierto es que cuenta con un sello de presentación personal ante la Notaría Novena del Círculo de Barranquilla con fecha posterior al fallecimiento de la víctima, lo cual le resta credibilidad al supuesto negocio celebrado entre ellos.

Aunado a lo anterior se allegó factura de compraventa por medio de la cual se verificó que el señor Enisberto Peñalver Mejía había adquirido un revólver Llama Cal. 38 LG., cartuchos, estuche y salvoconductos; sobre ello la Sala no reconocerá por daño emergente el valor de dicha arma, puesto que en el escrito contentivo de la demanda, no se solicitó el perjuicio causado por la pérdida de la misma, por lo cual en virtud del principio de congruencia, el fallador solo podrá reconocer aquellos perjuicios solicitados por la parte siempre y cuando estén acreditados, circunstancia que no se configuró sobre tal objeto pues como se indicó previamente, la demanda se encaminó a obtener el reconocimiento por daño emergente de los gastos médicos, funerarios y los benes destruidos de dotación del kiosko “Son Caribe”.

En consecuencia, se reconocerá a la señora Ligia Clotilde Niño Rendón únicamente el valor actualizado del monto enunciado en las facturas comerciales del establecimiento “El Borja”, por concepto de daño emergente así:

1997-
 

 

RA: $3.060.000 X 3.689820018

RA: $11.290.849

Total perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente: ($11.290.849) once millones doscientos noventa mil ochocientos cuarenta y nueve pesos.

Lucro cesante

Los demandantes solicitaron el reconocimiento de este perjuicio con ocasión de las sumas de dinero dejadas de percibir por la muerte del señor Enisberto Peñalver Mejía, quien sostenía su hogar gracias a lo percibido en el kiosko “Son Caribe”.

En el presente caso, los testimonios de los señores Luis Barros Meza, Luis Alberto Peñalver Stephens, Manuel Antonio de la Rosa Gutiérrez y Nubia Rosa Sánchez Castro coinciden en sostener que el señor Enisberto Peñalver Mejía, para la época de los hechos, laboraba como comerciante, específicamente en el kiosko “Son Caribe” sobre el cual había celebrado contrato de arrendamiento con la última de las nombradas para efectos de beneficiarse del mismo; no obstante, dichas declaraciones no permiten tener por demostrado el monto de los ingresos percibidos por tal concepto, pues las cifras que cada uno calculó que el señor Peñalver Mejía recibía por esa actividad no resultan similares siquiera, en cuanto que tal monto se encuentra en un rango entre los $14’000.000 y $1’000.000.

Al respecto, la Sala observa que en el trámite incidental se presentó liquidación de perjuicios mediante la cual se estableció que analizando las distintas temporadas turísticas del corregimiento de Taganga, en promedio mensual, el señor Enisberto Peñalver recibía mensualmente la suma de $3’675.000, pero que al descontarse el 40% el occiso recibía por su actividad la suma de $1’470.000.

Asimismo, el perito que realizó el experticio rindió interrogatorio ante el tribunal con el fin de explicar cuál fue el método que utilizó para establecer la suma de dinero que mensualmente recibía el señor Peñalver Mejía. Sobre el particular señaló:

“(…) En cuanto al lucro cesante quiero manifestar lo siguiente: está debidamente probado en el expediente que el occiso se dedicaba a la actividad comercial en la zona de la playa de Taganga, a fin de poder cuantificar los ingresos me desplacé a la zona antes mencionada e indagué con personas que también se dedican a la (sic) dicha actividad con el objeto de sacar un promedio de ventas en las diferentes temporadas de vacaciones tales como baja, media y alta como es de público conocimiento. Ahora bien, como los datos obtenidos son actuales es obvio que le apliqué una depreciación del 25% ya que los hechos sucedieron en el año 1996. Por tanto se suma los valores recaudados hasta el momento de las tres temporadas y se deben dividir entre 12 meses o sea el año, a fin de obtener el ingreso promedio mensual, como efectivamente lo hice. Ya obtenido lo que corresponde al promedio mensual se debe descontar un 40% que es lo que al final queda como ganancias en dicha actividad según los conceptos obtenidos de las demás personas que se dedican al mismo oficio” (fl. 284 c. ppal.):

Ahora bien, tal y como se acreditó, las actividades que desarrollaba la víctima en el momento de su fallecimiento como administrador del establecimiento de comercio el kiosko “Son Caribe”, corresponden a típicos actos mercantiles(11) por lo cual se concluye que el señor Peñalver Mejía tenía la calidad de comerciante y, por consiguiente, a su actividad le resultaba aplicable la legislación comercial; en esa medida resulta necesario hacer referencia a los deberes que la ley impone, de manera general, a la totalidad de los comerciantes, entre los cuales se encuentran aquellos que enlista el artículo 19 del Estatuto Mercantil, por cuya virtud:

“ART. 19.—Es obligación de todo comerciante:

1. Matricularse en el registro mercantil;

2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;

3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;

4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades;

5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles;

6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”.

El anteriormente referido mandato coincide con aquel contenido en la parte inicial del artículo 48 del mismo Estatuto Mercantil, a cuyo tenor:

“ART. 48.—Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistema que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Así mismo será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios” (énfasis añadido).

A ello se agrega la disposición legal contenida en el artículo 49 de la misma obra, según el cual la referencia normativa a los libros de comercio tendrá un sentido preciso y claro, de conformidad con el siguiente texto:

“ART. 49.—Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos”.

Resulta importante para la Sala hacer mención de la modificación efectuada al numeral 7º del artículo 28 del mismo Código de Comercio el cual establecía que los referidos libros de contabilidad debían ser inscritos en el correspondiente registro mercantil. Ciertamente, la norma legal en cita fue reformada por el Decreto-Ley 19 de 2012, a través del cual se dictaron “normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”, en cuyo artículo 175, se dispuso:

“ART. 175.—Registro de los libros de comercio

El numeral 7º del artículo 28 del Código de Comercio, quedará así:

7. Los libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y juntas de socios.

En ese sentido, resulta importante destacar que si bien el citado artículo 175 del mencionado Decreto–Ley 19 de 2012 eximió a los comerciantes del deber legal que tenían a su cargo de efectuar el registro mercantil de los libros de contabilidad, tal modificación no supone en manera alguna el desconocimiento del mandato contenido en el numeral 3º del artículo 19 del Código de Comercio, norma que determina con suficiente claridad que los comerciantes tienen que llevar la contabilidad de sus negocios, por lo cual si bien ya no tienen la obligación de realizar el registro mercantil respecto de sus libros de contabilidad, lo cierto es que los comerciantes igual deben conformar tales libros con sujeción a los dictados del Código de Comercio.

Ahora bien, no menos imperativa y clara resulta la directriz que contiene el artículo 50 del referido conjunto normativo, mediante el cual se definen los requisitos mínimos que deben estar presentes en la contabilidad de cualquier comerciante en Colombia, a saber:

“ART. 50.—La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno”.

Igualmente resulta pertinente traer a colación el artículo 52 del Estatuto de los comerciantes, en virtud del cual se impone a estos el deber de efectuar balances generales con periodicidad mínima de un (1) año:

“ART. 52.—Al iniciar sus actividades comerciales y, por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio”.

Por su parte, el artículo 53 de la codificación en cita determina la forma en la cual deben asentarse, en los libros correspondientes, las respectivas operaciones mercantiles, cuestión que incluye el deber de mantener actualizada la contabilidad que se debe llevar en los mismos, así:

“ART. 53.—En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad que las respalden.

El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los documentos que lo justifiquen”.

En consonancia con lo hasta ahora expuesto, debe resaltarse que los libros de contabilidad de los comerciantes, en la medida en que se lleven con sujeción a las prescripciones legales vigentes, desde el punto de vista probatorio reciben el tratamiento propio de documentos privados que la ley presume auténticos, tal como lo prescribe el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil —CPC—, según cuyo inciso tercero “[S]e presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma…” y, en la misma dirección, el artículo 68 del Código de Comercio reconoce plena eficacia probatoria a los libros y a los papeles del comerciante, cuanto se trata de cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, según el siguiente texto:

“ART. 68.—Los libros y papeles de comerciantes constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente.

En materia civil, aun entre comerciantes, dichos libros y papeles solo tendrán valor contra su propietario, en lo que en ellos conste de manera clara y completa y siempre que su contraparte no los rechace en los que le sea desfavorable”(12).

Así las cosas, una vez revisado el expediente, se observa que no se aportó la contabilidad en debida forma del kiosko “Son Caribe” y/o del señor Enisberto Peñalver Mejía en su condición de comerciante, lo que impide a la Sala determinar las sumas de dinero producidas por tal establecimiento de comercio en razón de la actividad allí realizada.

A lo anterior se debe agregar que tal y como se puso de presente, en el dictamen pericial presentado en el incidente de liquidación de perjuicios, para efectos de establecer el monto que percibía el señor Enisberto Peñalver por su actividad económica, se limitó a consultar a personas que se dedicaban a una actividad similar a la de la víctima en la zona de Taganga, pero no se indicó nada en cuanto a que se hubiera consultado la contabilidad del referido comerciante, sino que se precisó un monto a partir de distintos testimonios que para la Sala no brindan certeza alguna acerca del producido del kiosko, por lo cual tales sumas no serán tomadas en cuenta para efectos de realizar la liquidación de los perjuicios causados.

Por consiguiente, si bien se demostró que el señor Peñalver Mejía ejercía una actividad productiva como comerciante en la zona de Taganga, no se probó su ingreso mensual, en consecuencia se liquidará la indemnización con base en el salario mínimo legal mensual vigente para el año 1996 ($142.125).

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $ 142.125

Expectativa de vida total de la víctima: 37.1 años (445.2 meses)

Periodo consolidado: 211 meses

Periodo futuro: 234.2 meses

Índice final: febrero 2014 (último conocido): 115,25924

Índice inicial: julio 1996: 36.16228

Actualización de la base:

1997-1
 

 

RA = $452.991,8878

Toda vez que la renta actualizada es inferior al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, se liquidará el lucro cesante con aplicación de esta última suma ($616.000). Dicho guarismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($770.000) y de dicho monto se reducirá un 25%, correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales ($577.500); y el resultado, según jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado, debe dividirse entre su esposa (50%) y sus hijos (50%).

— A favor de la señora Ligia Cleotilde Niño Obregón (cónyuge):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Enisberto Peñalver Mejía (julio de 1996) hasta la fecha de esta sentencia (marzo de 2014), esto es 211 meses, aplicando la siguiente fórmula:

1997-3
 

 

S = $ 288.750 x 366.8691011

S = $ 105’933.453

Futuro: Por el resto del periodo de vida probable de la víctima, esto es 303 meses, aplicando la siguiente fórmula:

1997-2
 

 

S = $ 288.750 X 139.5619163

S = $ 40’298.503

Total perjuicios lucro cesante para Luz Miriam Molina Molina: ($146’231.956) arroja la suma de ciento cuarenta y seis millones doscientos treinta y un mil novecientos cincuenta y seis pesos.

— A favor de Starling Moisés Peñalver Niño (hijo):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Enisberto Peñalver Mejía (julio de 1996) hasta la fecha en que este cumplió 25 años(13), esto es 32 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

Ra = $48’125(14)

1997-4

 

S = $ 48125 x 35.53578421

S = $ 1’710.160

Futuro: No habrá lugar a reconocer dicho perjuicio en esta modalidad, por cuanto a la fecha de esta sentencia el demandante ya adquirió 25 años de edad.

Total perjuicios materiales para Starling Moisés Peñalver Niño: ($1’710.160) un millón setecientos diez mil ciento sesenta pesos

— A favor de Lismary Peñalver Niño (hija):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Enisberto Peñalver Mejía (julio de 1996) hasta la fecha en que la demandante cumplió 25 años(15), esto es 70 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

Ra = $48.125

1997-5

 

S = $48.125 x 83.16334178

S = $ 4’002.239

Futuro: No habrá lugar a reconocer dicho perjuicio en esta modalidad, por cuanto a la fecha de esta sentencia el demandante ya adquirió 25 años de edad.

Total perjuicios materiales para Lismary Peñalver Niño: ($4’002.239) cuatro millones dos mil doscientos treinta y nueve pesos.

— A favor de Ingrid Johanna Peñalver Niño (hija):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Enisberto Peñalver Mejía (julio de 1996) hasta la fecha en que la demandante cumplió 25 años(16), esto es 102 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

Ra = $ 48.125

1997-7

S = $ 48.125 x 131.6776913

S = $ 6’336.989

Futuro: No habrá lugar a reconocer dicho perjuicio en esta modalidad, por cuanto a la fecha de esta sentencia la demandante ya adquirió 25 años de edad.

Total perjuicios materiales para Ingrid Johanna Peñalver Niño: ($6’336.989) seis millones trescientos treinta y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos.

— A favor de Paul David Peñalver Niño (hijo):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Enisberto Peñalver Mejía (julio de 1996) hasta la fecha en que el demandante cumplió 25 años(17), esto es 120 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

Ra = $ 48.125

1997-9

S = $48.125 x 162.4676302

S = $7’818.755

Futuro: No habrá lugar a reconocer dicho perjuicio en esta modalidad, por cuanto a la fecha de esta sentencia el demandante ya adquirió 25 años de edad.

Total perjuicios materiales para Paul David Peñalver Niño: ($7’818.755) siete millones ochocientos dieciocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos.

— A favor de Enisberto Junior Peñalver Altamar (hijo):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Enisberto Peñalver Mejía (julio de 1996) hasta la fecha en que el demandante cumplió 25 años(18), esto es 28 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

Ra = $48.125

1997-10

 

S = $48.125 x 29.91974358

S = $ 1’439.888

Futuro: No habrá lugar a reconocer dicho perjuicio en esta modalidad, por cuanto a la fecha de esta sentencia el demandante ya adquirió 25 años de edad.

Total perjuicios materiales para Enisberto Junior Peñalver Altamar: ($1’439.888) un millón cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos.

— A favor de Heiner Estarlin Peñalver Sánchez (hijo):

Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Enisberto Peñalver Mejía (julio de 1996) hasta la fecha en que el demandante cumplió 25 años(19), esto es 106 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Entonces:

Ra = $48.125

1997-11

S = $ 48.125 x 138.2892651

S = $ 6’655.171

Futuro: No habrá lugar a reconocer dicho perjuicio en esta modalidad, por cuanto a la fecha de esta sentencia el demandante ya adquirió 25 años de edad.

Total perjuicios materiales para Heiner Estarlin Peñalver Sánchez: ($6’655.171) seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento setenta y un pesos.

4. Costas.

Habida consideración de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍQUESE la sentencia apelada, esto es la proferida el 21 de marzo de 2001, por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Barranquilla y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero:

— Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, para la señora Ligia Cleotilde Niño Obregón, la suma de $11’290.849 once millones doscientos noventa mil ochocientos cuarenta y nueve pesos.

— Por perjuicio materiales, en la modalidad de lucro cesante, para la señora Ligia Cleotilde Niño Obregón, la suma de ($146’231.956) ciento cuarenta y seis millones doscientos treinta y un mil novecientos cincuenta y seis pesos.

— Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para el señor Starling Moisés Peñalver Niño, la suma de(1’710.160) un millón setecientos diez mil ciento sesenta pesos.

— Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para la señora Lismary Peñalver Niño la suma de ($4’002.239) cuatro millones dos mil doscientos treinta y nueve pesos.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para la señora Ingrid Johanna Peñalver Niño la suma de (6’336.989) seis millones trescientos treinta y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para el señorPaul David Peñalver Niño la suma de (7’818.755) siete millones ochocientos dieciocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para el señor Enisberto Junior Peñalver Altamar la suma de (1’439.888) un millón cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para el señorHeiner Estarlin Peñalver Sánchez la suma de (6’655.171) seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento setenta y un mil pesos.

Por daño moral, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Ligia Cleotilde Niño Obregón (esposa)100 SMMLV
Ingrid Johana Peñalver Niño (hija)100 SMMLV
Paul David Peñalver Niño (hijo)100 SMMLV
Starling Moisés Peñalver Niño (hijo)100 SMMLV
Lismary Peñalver Niño (hija)100 SMMLV
Enisberto Junior Peñalver Altamar (hijo)100 SMMLV
Heiner Estarlin Peñalver Sánchez (hijo)100 SMMLV

2. Sin costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300, entre muchas otras providencias.

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789, entre otras.

(4) Sentencia de febrero 4 de 2010, Expediente 18.320.

(5) Sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente 11.898.

(6) Diligencia de inspección al cadáver de la víctima Nº 1582-0657; Informe emitido por el cabo primero Carlos Muñoz Sierra - suboficial de administración del Ejército Nacional; Informe emitido por el soldado Oscar Vidales Benítez; Decisión proferida el 1º de octubre de 1997 por la oficina de instrucción penal militar de la Décima Sexta Brigada del Ejército, mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del soldado Oscar Vidales Benítez por el homicidio del señor Luis Fernando Lozano Ardila; Providencia dictada el 12 de noviembre de 1997 por el Tribunal Superior Militar, a través de la cual se confirmó la anterior decisión.

(7) En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de junio 5 de 2008, Expediente 16.589.

(8) ART. 251.—Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”.

(9) Las mismas consideraciones fueron expuestas por la Subsección en la providencia del 30 de enero de 2013, Expediente 25.124. Actor: Ligia Lorena Camacho Sánchez.

(10) Ver sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente 16074.

(11) ART. 20.—Actos, operaciones y empresas mercantiles - concepto. Son mercantiles para todos los efectos legales.

1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos.

(12) Al respecto consultar sentencia del 10 de marzo 2011, Expediente 18.381, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2011, Expediente 19.502 y sentencia del 27 de junio de 2013, Expediente 28.663.

(13) De conformidad con el registro civil de nacimiento, el joven Starling Moisés Peñalver Niño nació el 20 de marzo de 1974 por lo que para la época de los hechos, contaba con 22 años y cuatro meses de edad.

(14) Suma que se obtiene de dividir el 50% de la renta $288.750, entre los seis hijos.

(15) De conformidad con el registro civil de nacimiento, Lismary Peñalver Niño nació el 4 de mayo de 1977 por lo que para la época de los hechos, contaba con diecinueve años y dos meses de edad.

(16) De conformidad con el registro civil de nacimiento, Ingrid Johanna nació el 21 de enero de 1980 por lo que para la época de los hechos, contaba con dieciséis años y seis meses de edad.

(17) De conformidad con el registro civil de nacimiento, Paul David nació el 14 de julio de 1981 por lo que para la época de los hechos, contaba con quince años.

(18) De conformidad con el registro civil de nacimiento, Enisberto Junior nació el 11 de noviembre de 1973 por lo que para la época de los hechos, contaba con veintidós años y ocho meses de edad.

(19) De conformidad con el registro civil de nacimiento, Heiner Estarlin nació el 30 de mayo de 1980 por lo que para la época de los hechos, contaba con dieciséis años y dos meses.