SENTENCIA 1997-06033 DE FEBRERO 28 DE 2013

 

Sentencia 1997-06033 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Rad. 50001-23-31-000-1997-06033-01(24992)

Ref.: Reparación directa

Actor: Blanca Nubia Gutiérrez Reina

Demandado: Nación - Ministerio de Minas y Energía

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

Procede la Sección Tercera, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 18 de febrero de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se declaró inhibido para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada.

Síntesis del caso

El día 27 de abril de 1996 el señor Luis Gonzalo Henao Henao recibió una descarga de alto voltaje que le produjo la muerte instantánea en el momento en que se disponía a realizar unos trabajos en redes de energía de alta tensión en la urbanización Esperanza 2000, del municipio de Villavicencio, previa la autorización de la Electrificadora del Meta S.A., entidad que debía realizar el corte del circuito eléctrico del sector.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

1. Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 1997 ante el Tribunal Administrativo del Meta (fl. 3-31, cdno. 1), la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina, actuando en su nombre propio y en representación de los menores, Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina y David Gonzalo Gutiérrez Reina, presentó demanda de reparación directa con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

A. Declaraciones.

Se declare administrativamente responsable solidaria o individualmente la entidad que resulte responsable, es decir a la Nación - Ministerio de Minas y Energía Electrificadora del Meta S.A. de la totalidad de los perjuicios ocasionados con la muerte de Luis Gonzalo Henao Henao, según hechos ocurridos el día 27 de abril de 1996 en sector urbano de Villavicencio (Meta), cuando se disponía a realizar trabajos eléctricos de alta tensión, previa orden y autorización de la Electrificadora del Meta, recibiendo una descarga eléctrica que le ocasionó su muerte, simplemente por la negligencia del funcionario encargado de los controles al no coordinar conforme las normas de seguridad de energía, la suspensión del servicio eléctrico.

B. Condenas.

Como consecuencia de la declaratoria administrativa de responsabilidad a LA Nación - Ministerio de Minas y Energía-Electrificadora del Meta S.A. de todos los perjuicios ocasionados a los actores por la muerte de Luis Gonzalo Henao Henao, se CONDENE a la Nación - Ministerio de Minas y Energía-Electrificadora del Meta S.A. a pagar a cada uno de los demandantes o quien sus derechos represente, los perjuicios morales y materiales que paso a solicitar, así:

B.1. Daño subjetivo o perjuicio moral.

A. Único núcleo familiar.

1. Para Blanca Nubia Gutiérrez Reina (compañera permanente) con 1000 gramos de oro fino.

2. Para David Gonzalo Gutiérrez Reina (damnificado) con 1000 gramos de oro fino.

3. Para Juan Manuel Gutiérrez Reina (damnificado) con 1000 gramos de oro fino.

4. Para Mónica del Pilar Linares Gutiérrez (damnificado) con 1000 gramos de oro fino.

El pago de las anteriores cantidades de gramos de oro fino para cada uno de los cuatro (4) actores, se hará en moneda nacional con el precio más alto que el referido metal tenga a la fecha de la ejecutoria de la sentencia o conciliación favorable que se prefiera, según certificado que sobre el particular expida el Banco de la República o la entidad que haga sus veces.

B. 2. Daño objetivo o perjuicio material.

Lo calculo en $120.000.000 de pesos, para la época de la presentación de la demanda y deben ser pagados a la compañera permanente del occiso y los menores damnificados, o quien represente sus derechos dentro del proceso.

Para calcular el daño objetivo, me permito dar los siguientes elementos para que sean tenidos en cuenta al momento de la sentencia o liquidación de los citados perjuicios:

2.1. Edad del fallecido al momento de los hechos, actividad laboral, ingresos mensuales aprobados o salario mínimo legal de 1996 actualizado, vida probable de 73 años, estado civil.

2.2. La variación mensual y anual del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE.

2.3. La fórmula que sobre perjuicios materiales (causados y futuros) aplica el H. Consejo de Estado, según reiterativa jurisprudencia, tomando como guía los elementos antes mencionados.

C. Pago de intereses.

LA Nación - Ministerio de Minas y Energía Electrificadora del Meta S.A. o la entidad obligada al pago, cancelarán sobre el capital ordenado en la sentencia intereses corrientes por los primeros seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la respectiva providencia, y transcurrido dicho plazo cancelarán intereses moratorios hasta el pago definitivo.

D. Cumplimiento de la sentencia.

La Nación - Ministerio de Minas y Energía Electrificadora del Meta S.A. o la entidad obligada al pago, debe dar estricto cumplimiento a la sentencia o conciliación favorable que se profiera dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia, igualmente cumplir las condiciones y obligaciones que ordenan los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

(…).

1.1. En apoyo a sus pretensiones, la parte actora solicitó que se condenara a la Nación-Ministerio de Minas y a EMSA por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao, por cuanto la segunda de las entidades en comento, permitió la realización de los trabajos en el cableado de alta tensión en la urbanización la Esperanza 2000 del municipio de Villavicencio sin que se hubiese cortado de forma efectiva la energía eléctrica, aun cuando previamente al inicio de tales actividades se le solicitó, y supuestamente ejecutó, la suspensión del circuito eléctrico.

1.2. En este sentido, la parte demandante indicó que los hechos evidencian la existencia de una falla en el servicio por parte de la administración, por cuanto era función de EMSA realizar el corte efectivo de la energía eléctrica en el lugar en el que la víctima iba a realizar los trabajos, descartando de paso que la muerte del señor Henao Henao se hubiese producido como consecuencia de estática en el cableado eléctrico (electricidad que queda de forma residual en un circuito eléctrico luego de que se corta el flujo de energía), ya que esta no puede causar una descarga suficiente para producir la muerte de una persona.

1.3. Agregó que era función de EMSA, a través de sus empleados, llevar a cabo las pruebas necesarias para determinar que el circuito no contaba más con flujo de energía, lo cual fue obviado por los funcionarios que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

II. Trámite procesal

2. El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda el 21 de marzo de 1997, y una vez notificados los demandados de esta decisión, EMSA dio contestación de forma oportuna mediante escrito allegado el 20 de mayo de 1997 (fl. 69-73 cdno. 1), esgrimiendo los argumentos que se sintetizan a continuación:

2.1. Aceptó los hechos relativos a la solicitud del señor Henao Henao para que se cortara la energía eléctrica en el lugar en el que se disponía a hacer el trabajo y la autorización de la empresa para ello. Sin embargo indicó que una vez realizada la desconexión del circuito energético, era carga del contratista verificar si era procedente realizar los trabajos sobre las cuerdas de energía y si el circuito verdaderamente se encontraba sin energía.

2.2. Agregó que en cualquier caso la víctima no se encontraba vinculado laboral o contractualmente con EMSA, por lo que al constituir las circunstancias fácticas sustento de la acción un accidente de trabajo, a quien le correspondía responder por ello es al empleador del señor Henao Henao.

2.3. También contradijo el argumento de la parte demandante según el cual la estática no tiene la capacidad de causar la muerte a una persona, alegando que ello sí puede pasar dependiendo de varios factores, como el estado físico y de salud de la persona sometida a la descarga, así como los aspectos climáticos.

2.4. Finalmente, y como única excepción, EMSA propuso la de falta de jurisdicción, señalando al respecto:

De conformidad a lo establecido en la Ley 142 de 1994, muy respetuosamente propongo la excepción de falta de jurisdicción. Sustento la misma en el hecho de que la Ley 142 de 1994 dispuso que todos los actos que realicen las empresas de servicios públicos son de competencia exclusiva del derecho privado, salvo en lo relacionado con la legalidad de los actos, responsabilidad por acciones u omisiones que se refieran al uso de los derechos de ocupación temporal, servidumbres enajenación forzada y usos del espacio público, lo cual corresponde conocer a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De lo anterior se concluye que la ley es clara y precisa en cuanto a qué jurisdicción conoce de los asuntos referentes a las empresas que presten servicios públicos. Para el caso en conocimiento, la conducta por la cual se está demandando no se enmarca en ninguno de los casos taxativos señalados por la ley (L. 142/94, art. 33), por lo que no es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo quien debe conocer el presente caso.

2.5. El Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda de forma extemporánea el 27 de octubre de 1997 (fl. 87-92 cdno. 1).

3. Surtido el trámite procesal correspondiente y practicadas las pruebas decretadas, el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de primera instancia el 18 de febrero de 2003 (fl. 304-314 cdno. ppal.), en la que resolvió declararse inhibido para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

3.1. Consideró el Tribunal a quo que como la Ley 142 de 1994 no señala en forma clara qué jurisdicción es la competente para conocer de la responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos, por acción u omisión en desarrollo de las prerrogativas y funciones que le son propias, la jurisdicción competente para conocer del asunto será entonces la ordinaria.

3.2. Agregó que La Nación-Ministerio de Minas y Energía no se encuentra legitimado en la causa por pasiva porque no tiene ninguna incidencia en los hechos de los cuales, de acuerdo con la demanda, se derivaría el daño a resarcir.

Señaló entonces que:

(…) En las anteriores condiciones y al acogerse la excepción de la falta de legitimación por pasiva del ministerio de minas y Energía no tiene aplicación del conocido fuero de atracción porque como es sabido para que ese proceda es menester o mejor indispensable que la conducta atribuida al ente público demandado tenga evidente ligamen en el daño demandado. Como se vio en nuestro caso el Ministerio es ajeno a lo aquí demandado.

3.3. Así las cosas, la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia quedó de la siguiente forma:

(…).

1. Declararse inhibido para pronunciarse de fondo dentro del presente asunto, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. Por Secretaría devolver los dineros no utilizados.

3. Reconocer a la Dra. Gloria Patricia Tovar Alzate como apoderada judicial de la Electrificadora del Meta S.A., en los términos y para los fines del poder a ella conferido, (fl. 301).

(…).

4. Contra la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso y sustentó en tiempo recurso de apelación con el fin de que se revoque la decisión y, en su lugar se declare la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, y de la Electrificadora del Meta S.A., Indicó que la causa del daño, consistente en la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao, se produjo en el momento en el que éste realizaba trabajos sobre las cuerdas conductoras de energía en el municipio de Villavicencio, las cuales se ubican en una vía del espacio público, y son responsabilidad directa de la Electrificadora del Meta S.A., esto es, de una empresa de economía mixta, cuyo control e inspección está a cargo de la Nación-Ministerio de Minas y Energía.

Consideraciones

I. Competencia

5. Teniendo en cuenta que la decisión de primera instancia, cuya revocatoria en esta instancia solicita la parte demandante, resolvió declararse inhibida para decidir de fondo sobre el asunto con el argumento de la supuesta falta de jurisdicción de los tribunales contenciosos administrativos para conocer de acciones incoadas contra empresas prestadoras de servicios públicos por acciones u omisiones que le sean imputables (ver supra párr. 3.2 y 3.4 ), la Sala iniciará el análisis del presente caso haciendo la respectiva aclaración relativa a este asunto de competencia.

5.1. El Consejo de Estado conoce del presente asunto, relativo a la responsabilidad extracontractual de una Empresa de Servicios Públicos, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo(1) modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 del 2006, que atribuye a esta jurisdicción la competencia para juzgar las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas, incluidas las sociedades de economía mixta con participación pública superior al 50%.

5.2. En este sentido, cabe recordar que esta Sala ha sido reiterativa al señalar que a partir de la expedición de la aludida Ley 1107 de 2006, la cláusula de competencia contenida en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo fue modificada de manera tal que con ella se introdujo un criterio orgánico por el cual la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se determina por la naturaleza pública de la entidad demandada, y no por el carácter de función administrativa de la actuación objeto del asunto, o el régimen jurídico aplicable, o la índole de controversia que plantea el litigio (contractual, extracontractual o de nulidad y restablecimiento del derecho). Se reitera, entonces, que(2):

“... la cláusula general de competencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo ya no gravita en torno al ‘juzgamiento de controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado’, como señalaba la disposición expresamente derogada del artículo 30 de la Ley 446, que adoptaba un criterio material, sino que ahora se optó por un criterio orgánico, en tanto el objeto de esta jurisdicción quedó determinado por el sujeto a juzgar en tratándose del Estado y no por la naturaleza de la función que se juzga. (...) Con fundamento en las consideraciones precedentes se tiene que al modificarse la cláusula general de competencia prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y adoptarse sin asomo de duda un criterio orgánico, las normas restantes del Código Contencioso atributivas de competencias, deberán ser interpretadas a la luz de esta modificación. Lo contrario, tornaría nugatoria la importante enmienda introducida...”.

5.3. De acuerdo con el informe de gestión y distribución de utilidades de Electrificadora del Meta S.A. ESP correspondiente al año 2011 aprobado por la asamblea general de accionistas de dicha sociedad el 29 de marzo del 2012, la participación accionaria de la empresa es la siguiente(3):

• Nación: 55,675%

• Departamento del Meta: 26,150%

• Empresa de Energía de Bogotá: 16,225%

• Municipio de Villavicencio: 1%

• Municipio de San Martín de los Llanos: 0,475%

• Federación Nacional de Cafeteros: 0,475%

5.4. Así las cosas, dado que de lo anterior se evidencia que la Electrificadora del Metas S.A. ESP es una empresa de servicios públicos constituida como sociedad por acciones con una participación pública superior al 50%, se concluye que se trata de una ESP mixta en los términos del artículo 14, numeral 6º de la Ley 142 de 1994 y por ende una entidad pública de las enlistadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, respecto de cuyos procesos conoce la jurisdicción contencioso administrativa en razón al criterio orgánico (ver supra párr. 5.2).

5.5. Igualmente, se profiere esta decisión en virtud de lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo que otorga competencia a esta corporación para resolver las apelaciones interpuestas por las partes contra las sentencias de primera instancia proferidas por los tribunales administrativos(4), y en atención a que la cuantía de las pretensiones de la demanda supera el monto establecido por el Decreto 597 de 1988 para que se trate de un proceso de doble instancia(5).

5.6. Así las cosas, la Sala encuentra injustificada la decisión del fallador de primera instancia de declararse inhibido para fallar el asunto sub júdice por falta de competencia, razón por la cual revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar estudiará si a las entidades demandadas les es imputable el daño cuya reparación pretende la parte demandante.

II. Validez de algunos medios de prueba aportados al proceso

6. Establecida la competencia de la corporación para conocer el presente asunto, y previo a resolver de fondo, la Sala considera pertinente analizar la admisibilidad como prueba de las piezas procesales pertenecientes al expediente contentivo de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra del señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo, trabajador de EMSA y operador de la subestación Idema, involucrado en la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao, cuyo aporte en copia auténtica al asunto de la referencia fue solicitada por el actor en la demanda.

6.1. Cabe recordar que durante el trámite procesal adelantado en primera instancia, mediante auto de 5 de noviembre de 1997, el tribunal a quo decretó varias de las pruebas solicitadas por las partes, incluyendo la aludida en el párrafo anterior (fl. 93-98, cdno. 1), sin que dicha decisión fuese objeto de recurso alguno y sin que las partes manifestaran oposición a su decreto en sus intervenciones durante el trámite procesal de primera y segunda instancia.

6.2. Es así como en cumplimiento de lo ordenado en la providencia del 5 de noviembre de 1997, por la que se abrió el proceso a pruebas, mediante Oficio 0587 de 11 de febrero de 1999, se requirió a la Fiscalía Seccional Unidad Segunda de Vida de Villavicencio para que remitiera al proceso de la referencia “copia auténtica del proceso penal Nº 15-0182 que esa delegada adelanta, con ocasión de la muerte del ciudadano Luis Gonzalo Henao Henao (...)” (fl. 203, cdno. 1-). El requerimiento fue atendido el 5 de abril de 1999, a través del Oficio 1030, al cual se anexó la copia auténtica de la investigación adelantada contra Luis Eduardo Pacheco Figueredo por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao (cdno. 2).

6.3. Así las cosas, estas pruebas serán apreciadas por la Sala debido a que fueron aportadas en copia auténtica por la entidad requerida y a que estuvieron a disposición de la parte demandada, por lo que tuvo la posibilidad de conocerlas y controvertirlas, sin haberlo hecho en las etapas procesales correspondientes, por lo cual se considera que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de procedimiento Civil para su valoración(6).

6.4. Vale aclarar que las declaraciones rendidas bajo juramento dentro del proceso penal solo serán objeto de valoración en la medida en que se hayan ratificado en el debate contencioso administrativo. Por lo tanto, se valorarán los testimonios de José Luis Álvarez Guevara (fl. 5-6 y 54-55, cdno. 2), Néstor Gonzalo Ramos Henao (fl. 7-8, cdno. 3), Luis Eduardo Pacheco Figueredo (fl. 21-24, cdno. 2) y de Luis Daniel Hurtado Ballesteros (fl. 43-44, cdno. 2).

6.5. La Sala también advierte que será tenido en cuenta el dictamen pericial rendido por el licenciado en electricidad César Augusto Piñeros Ramírez, rendido también en el proceso penal (fl. 74-78, cdno. 2), de acuerdo a las siguientes razones.

6.5.1. En la demanda que dio origen al proceso, la parte actora solicitó la realización de una inspección judicial a la subestación de EMSA denominada Idema, en la cual se debió desarrollar la maniobra correspondiente para desenergizar el circuito sobre el que habrían de desarrollarse los trabajos en medio de los cuales se produjo el fallecimiento de la víctima, para determinar sus condiciones de conservación, seguridad y operatividad (fl. 27, cdno. 1). Sin embargo, en el auto del 5 de noviembre de 1997, el a quo negó el decreto de esta prueba por considerarlo innecesario, y en su lugar decretó un dictamen pericial.

6.5.2. El 8 de mayo del 2000, transcurridos más de 2 años del decreto del dictamen sin que se hubiese practicado por causas imputables a la parte interesada, el demandante manifestó su desistimiento de la prueba por considerar que en el dictamen podía ser reemplazado por el rendido por el licenciado Piñeros Ramírez en el proceso penal (fl. 231-232, cdno. 1), petición que fue aceptada por al tribunal en auto del 15 de mayo de 2000 (fl. 233, cdno. 1), el cual cobró ejecutoria el 22 de mayo del 2000, sin que las partes se hubiesen opuesto a la decisión.

6.5.3. Entonces, como la decisión de admitir como prueba en este caso el dictamen pericial rendido en el proceso penal seguido contra el señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao fue puesta en conocimiento de las partes, en debida forma, sin que estas manifestaran su inconformidad con ello, y teniendo en cuenta que el dictamen en sí mismo considerado estuvo a su disposición para su contradicción, la Sala admitirá su valor probatorio dentro del presente asunto.

6.6. Finalmente, en cuanto a los documentos públicos traídos del proceso penal a este nuevo juicio, también se tendrán en cuenta toda vez que no fueron objeto de tacha de falsedad dentro de la oportunidad legal(7).

III. Hechos probados

7. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

7.1. El 27 de abril de 1996, el ingeniero particular José Luis Álvarez Guevara, junto al señor Luis Gonzalo Henao Henao y su sobrino y ayudante Néstor Gonzalo Ramos Henao, desde aproximadamente las 5:30 de la mañana se encontraban realizando funciones de mantenimiento de la red eléctrica del conjunto residencial Esperanza 2000 del municipio de Villavicencio, la cual funcionaba sobre los circuitos II y III de la subestación Idema de la Electrificadora del Meta S.A. ESP. El encargado de la apertura de los circuitos y la desenergización de los mismos era el señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo, operario de la subestación Idema. Así mismo, Luis Daniel Hurtado Ballesteros, fungió como jefe de cuadrilla. Ambas personas son funcionarios de EMSA (copia auténtica del informe sobre el accidente del jefe de Planeación Eléctrica de EMSA del 6 de mayo de 1996 —fls. 87-89, cdno. 3—; testimonio del señor José Luis Álvarez Guevara, rendido ante el tribunal a quo el 29 de enero de 1998 —fls. 125-131, cdno. 1—; copia autenticada de la declaración del señor José Luis Álvarez Guevara del 27 de abril de 1996, rendida ante la Fiscalía Octava de la Unidad de Reacción Inmediata de Villavicencio —fls. 5-6, cdno. 2—; copia autenticada de la declaración del señor José Luis Álvarez Guevara del 12 de junio de 1996, rendida ante la Fiscalía Quince Delegada de Villavicencio —fls. 54-55, cdno. 2—; testimonio del señor Luis Eduardo Pacheco, rendido ante el tribunal a quo el 5 de febrero de 1998 —fls. 139-145, cdno. 1—; copia autenticada de la indagatoria del señor Luis Eduardo Pacheco del 9 de mayo de 1996, rendida ante la Fiscalía Quince Delegada de Villavicencio —fls. 21-24, cdno. 2—; testimonio del señor Luis Daniel Hurtado Ballesteros, rendido ante el tribunal a quo el 11 de febrero de 1998 —fls. 147-149, cdno. 1—; copia autenticada de la declaración del señor Luis Daniel Hurtado Ballesteros del 15 de mayo de 1996, rendida ante la Fiscalía Quince Delegada de Villavicencio —fl. 43-44, cdno. 2—; testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao, rendido ante el tribunal a quo el 23 de abril de 1998 —fl. 187-189, cdno. 1—; copia autenticada de la declaración del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao del 27 de abril de 1996 rendida ante la Fiscalía Octava de la Unidad de Reacción Inmediata de Villavicencio —fl. 7-8, cdno. 3—).

7.2. Alrededor de las 8:30, la cuadrilla de los particulares dio por finalizadas las labores de mantenimiento de las redes, por lo que solicitó al jefe de cuadrilla Luis Daniel Hurtado Ballesteros que se desenergizara el circuito Idema III para realizar la reconexión. El señor Hurtado Ballesteros se comunicó por radio con Luis Eduardo Pacheco para que este como operador de la subestación Idema procediera a abrir el circuito y de esta forma lo desenergizara. El operador hizo saber a Hurtado Ballesteros que había realizado la acción, y aquel a su vez dio la autorización a José Luis Álvarez Guevara para iniciar los trabajos sobre la línea de alta tensión. El señor Álvarez Guevara a su vez indicó a Luis Gonzalo Henao Henao que iniciara la reconexión, pero cuando este subió al poste de la línea de alta tensión y la tocó, sufrió una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente. Al percatarse de esto, Hurtado Ballesteros gritó al operador que suspendiera el servicio en toda la subestación, lo cual fue obedecido de inmediato. Los señores Hurtado Ballesteros y Pacheco auxiliaron a la víctima, quien fue remitida al Centro Clínico del Llano. Sin embargo, el señor Luis Gonzalo Henao Henao, falleció como consecuencia de un choque cardiogénico causado por la electrocución a la que se vio sometido. Sobre el particular cabe resaltar el siguiente material probatorio.

7.2.1. En lo relativo a las circunstancias que rodearon el accidente, el informe del Jefe de Planeación Eléctrica de EMSA, indicó (copia auténtica del informe sobre el accidente del jefe de Planeación Eléctrica de EMSA del 6 de mayo de 1996 —fl. 87-89, cdno. 3):

“El día viernes 26 de abril de 1996, se autorizó al ingeniero José Luis Álvarez realizar trabajos sobre el circuito Idema II y III consistentes en intercalar postes en un alimentador que había construido el mismo ingeniero recientemente, la maniobra se realizaría el día sábado a partir de las 5:30 a.m.

Evidentemente los circuitos fueron suspendidos a la hora indicada coordinación efectuada en el sitio por el jefe de cuadrilla H3, el circuito III IDema fue intercalado una vez abrieron puentes a espaldas de la subestación Idema 34.5 / 13.2 KV, el circuito II permaneció por fuera mientras se incaba (sic) uno de los postes; una vez terminado este trabajo se ordenó intercalar también el circuito II Idema, sin embargo el circuito no entró en operación, el operador de Idema realizó las pruebas pertinentes no lograron cerrar el circuito, por lo cual el operador indicó al H3 la posibilidad de falla por lo cual el jefe de cuadrilla se desplaza y abre seccionadores en el sitio Montecarlo Alto y ordena realizar una nueva prueba, en esta oportunidad el circuito si intercaló; el ingeniero Álvarez siguió laborando en el tramo aislado del circuito III.

Aproximadamente a las 8:30 a.m. la cuadrilla particular terminó su trabajo; restando solo la maniobra de conexión, es así como el H3 ordena desenergizar el circuito Idema III, el operador de Idema realiza la maniobra y confirma la suspensión, el electricista Luis Henao sube a la estructura a efectuar la conexión, al tocar la línea, el linero grita y queda desgonzado amarrado del poste por la correa de seguridad, en virtud de que la maniobra se efectuaba tan cerca a la subestación el operador al percatarse de lo sucedido sacó todos los circuitos de la subestación, seguidamente el H3 procede a bajar del poste al señor Luis Henao llamando antes al móvil 27 para que se desplazaran al sitio; el operador colaboró para bajar al linero e inmediatamente se llevaron al accidentado al centro clínico; el H3 ordena al móvil 27 culminar la maniobra; una vez terminada esta el operador intercala los circuitos I y II normalmente, sin embargo, al proceder a intercalar el circuito III, se presenta fogonazo en la celda y no intercala el circuito sacando esto nuevamente 34.5 KV; el operador procede nuevamente a efectuar la maniobra de intercalar comenzando por el circuito III el cual entra normalmente, luego intercala los otros dos circuitos; seguidamente el móvil 27 se desplaza a revisar la línea a partir del seccionador de Montecarlo Alto”.

7.2.2. En el mismo sentido, el señor Luis Eduardo Pacheco, operador de la subestación Idema se pronunció de la siguiente manera (testimonio del señor Luis Eduardo Pacheco, rendido ante el tribunal a quo el 5 de febrero de 1998 —fl. 139-145, cdno. 1—):

“... el día en mención pasadas las 8:00 a.m., se me comunicó como operador de la subestación a través del radio teléfono por parte del señor Luis Daniel Hurtado, jefe de cuadrilla, que suspendiera, el servicio del circuito 3, hecho lo anterior le comuniqué al mencionado anteriormente por el mismo medio que había efectuado la maniobra, rato después oí un grito del mencionado señor, en el que se me ordenaba que suspendiera el servicio de toda la subestación, lo que procedí a efectuar, posteriormente me asomé y vi que la persona que se disponía a realizar el trabajo estaba colgando de un poste de la energía con la ayuda de vecinos del ingeniero José Luis Álvarez, jefe del accidentado, se procedió a bajar al accidentado y fue trasladado en un vehículo de la empresa al centro clínico del llano, ubicado en el barrio la esperanza, de donde un tiempo más tarde se supo la noticia referente al deceso del accidentado...”.

7.2.3. También el señor Luis Eduardo Hurtado Ballesteros, jefe de cuadrilla de la operación, afirmó (testimonio del señor Luis Daniel Hurtado Ballesteros, rendido ante el tribunal a quo el 11 de febrero de 1998 —fl. 147-149 cdno. 1—):

“... lo que ocurrió ese día el ingeniero José Luis Álvarez había solicitado a la electrificadora la suspensión del circuito tres de Idema, en la cual se llegó al sitio de trabajo se le solicitó al operador de la subestación señor Luis Eduardo Pacheco, para que hiciera esta suspensión la cual de confirmar que estaba el circuito sin energía se procedió a informarle al ingeniero Álvarez, que podían trabajar, esto lo hice en base de que nosotros en el momento de una suspensión lo que se hace es coordinar con la persona que le han autorizado la suspensión en este caso el ingeniero Álvarez, en el momento que el señor Henao subió y fue a realizar la maniobra escuche gritar y le grité a Pacheco que qué había pasado el señor Henao estaba, se había desgonzado a lo cual procedí a parar una escalera y subir para auxiliarlo. En el momento que subí el señor no tenía la manila de liniero en la cual me tocó pedir una prestada para poderlo bajar. La cual procedieron a llevarlo a un médico de servicio público al ingeniero Álvarez. Después nos informó el ingeniero José Luis Álvarez que había fallecido”.

7.2.4. Por su parte, el señor José Luis Álvarez, a cargo de la cuadrilla particular y presente también en el lugar de los hechos, da cuenta de las mismas circunstancias, en descripción similar a la de los demás testigos citados (testimonio del señor José Luis Álvarez Guevara, rendido ante el tribunal a quo el 29 de enero de 1998 —fl. 125-131, cdno. 1—):

“... el día 27 de abril me parece que fue, a las cinco y media de la mañana nos citaron en las subestación para proceder a operar el circuito correspondiente y así poder ejecutar una serie de trabajos dentro de la urbanización llano 2000, efectivamente se logro dicho objetivo y como a las ocho y media que se estaba terminando nuevamente se solicitaba la apertura de dicho circuito para energizar las redes correspondientes en ese momento ya habían cambiado de operario se hablo[sic] con el jefe de cuadrilla, con el tablerista y estos ordenaron subir al operario o liniero, en este caso el señor Henao, para ejecutar dicho trabajo con tan mala fortuna para el señor Henao, que el circuito correspondiente se encontraba energizado con los resultados ya conocidos, la muerte del señor Henao”.

7.2.5. Finalmente, cabe resaltar el testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos, que relató los hechos describiendo, básicamente, las mismas circunstancias (testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao, rendido ante el tribunal a quo el 23 de abril de 1998 —fl. 187-189, cdno. 1—):

“Con respecto a lo sucedido en la mencionada fecha, un día normal del trabajo, nos levantamos a las cuatro y media de la mañana, la electrificadora nos había dado un permiso de corte para realizar unos trabajos en la urbanización Esperanza Dos Mil, no recuerdo el otro nombre de la urbanización. Con otros dos compañeros, la unidad móvil de la electrificadora tipo cinco y media de la mañana realizamos el primer corte en el cual el compañero de nosotros se subió al poste y quitó los puentes correspondientes, todo en normal desarrollo. Hicimos los trabajos requeridos en las urbanizaciones, al cabo de pasadas las ocho de la mañana teníamos que volver a conectar el servicio de luz a la urbanización Esperanza Dos Mil, nos encontrábamos Luis Gonzalo Henao, el ingeniero José Luis Álvarez, el señor de la unidad móvil de la electrificadora creo que se llama Daniel, y yo. El señor Daniel de la móvil informó al tablerista de la subestación del Villa Bolívar que bajara los tres circuitos correspondientes al señor Pacheco, este procedió bajando solamente un circuito y dejando los otros dos con energía, el tablerista informó al señor de la móvil Daniel, que ya se encontraba los circuitos bajados, primero informando verbalmente varias veces y segundo confirmando por el radioteléfono. El señor Daniel informó al señor Luis Gonzalo de que los circuitos estaban cerrados o bajados, y el señor Luis Gonzalo procedió a subirse al poste para volver a conectar los puentes antes desconectados, pero eso no fue así, el señor Luis Gonzalo cuando estuvo en el poste cogió una línea de alta tensión que supuestamente no tenia[sic] luz, por el señor Daniel y confirmado por el tablerista, y en presencia de los antes mencionados ocurrió la muerte del Luis Gonzalo instantáneamente, quedando colgado de las crucetas del poste. Posteriormente, sí se bajaron todos los circuitos para que el señor Daniel de la electrificadora bajara la persona que estaba en el poste. Luego lo llevaron a una clínica, donde dieron por determinado que no se salvaba la persona (...)”.

7.3. Sobre las causas de la muerte del señor Henao Henao, se encuentra probado que esta se debió a un choque cardiogénico producido a su vez por una fibrilación ventricular causada por la electrocución a la que se vio sometida la víctima. Así lo especifica el certificado individual de defunción suscrito por el señor inspector permanente de Policía de Villavicencio (copia auténtica del certificado individual de defunción, fechado 27 de abril de 1996 y suscrito por el inspector permanente de Policía de Villavicencio —fl. 40, cdno. 2—).

7.4. El fallecimiento del señor Henao Henao como consecuencia de su electrocución también quedó registrado en el acta de levantamiento de cadáver Nº 146 del 27 de abril de 1996, en la cual se indicó como posible causa accidental del deceso electricidad, lo cual sería confirmado por el protocolo de la necropsia realizada sobre el cuerpo de la víctima el mismo día de su muerte (copia auténtica del acta de levantamiento de cadáver del señor Luis Gonzalo Henao Henao Nº 164 del 27 de abril de 1996 –fl. 1-2, cdno. 2—; protocolo de necropsia Nº A-154-96 del 27 de abril de 1996 —fl. 45-46, cdno. 2—).

IV. Problema jurídico

8. De acuerdo con los hechos señalados en el aparte anterior y en atención a los argumentos esgrimidos por el recurrente en su apelación, la Sala debe determinar si se encuentran debidamente acreditados los elementos necesarios para la declaración de responsabilidad de los demandados en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, por el accidente ocurrido el 27 de abril de 1996 en el que el señor Luis Gonzalo Henao Henao perdió la vida cuando se encontraba realizando labores de mantenimiento sobre líneas de alta tensión alimentadas por los circuitos eléctricos I y II de la subestación Idema de Villavicencio, de la Electrificadora del Meta S.A. ESP.

V. Análisis de la Sala

9. Previo a efectuar el examen correspondiente para dirimir la presente controversia, la Sala hará las siguientes precisiones respecto a la legitimación en la causa de las partes.

9.1. En primer lugar, la legitimación en la causa por activa de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina está acreditada en el proceso en su calidad de compañera permanente del señor Luis Gonzalo Henao Henao, fallecido por causa del accidente ocurrido el 27 de abril de 1996. La condición de compañera permanente de la víctima se evidencia en el testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao (fl. 187-189, cdno. 1), quien al ser cuestionado sobre la constitución del núcleo familiar del señor Henao Henao, contestó lo siguiente(8):

“Pregunta 3: Sabe usted o le consta con quién constituía familia o vivía el señor Luis Gonzalo Henao Henao. (...) Contestó: Sí. Vivía con la señora Blanca Nubia Gutiérrez, su hija Monica Del Pilar, sus hijos David Gonzalo y Juan Manuel.

Pregunta 4: Aclárele al despacho qué relación tenían Mónica Del Pilar, David Gonzalo y Juan Manuel con Luis Gonzalo Henao y si sabe el apellido de los antes citados. (...) Contestó: Mónica del Pilar Gutiérrez era mantenida, o sea estaba la responsabilidad de Luis Gonzalo Henao física y económicamente. , ellos tienen me parece que ahora el apellido Henao, bajo la responsabilidad física y económicamente. David Gonzalo Henao, padre biológico y responsabilidad física y económicamente, Luis Gonzalo Henao hacía las veces de padre de dichos menores”.

9.2. De la misma forma, se tiene por acreditada la legitimación en la causa por activa de Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina y David Gonzalo Gutiérrez Reina.

9.2.1. En este sentido, debe tomarse en consideración que estas personas, quienes para el momento de la presentación de la demanda eran menores de edad, probaron su parentesco con la señora Nubia Gutiérrez Reina mediante el aporte al proceso de sus respectivos registros civiles de nacimiento, en los que se observa que son hijos suyos (copia auténtica de los registros civiles de Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina y David Gonzalo Gutiérrez Reina —fl. 34-36, cdno. 1—).

9.2.2. Ahora bien, de dichos documentos también se desprende que ninguno de estos demandantes comparte un vínculo de consanguinidad con el señor Henao Henao. Sin embargo, al ser hijos de quien era la compañera permanente de la víctima y al estar acreditada la convivencia con équella[sic] (ver supra párr. 9.1), la Sala les reconocerá la legitimación en la causa en calidad de damnificados por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao. Se reitera entonces que (...) los demandantes no necesitan acreditar su condición de parientes de la víctima para que se les reconozca su legitimación en la causa, pues basta que acudan como damnificados, para obtener sentencia favorable de fondo...(9).

9.3. También se reconoce la legitimación en la causa por pasiva de la Electrificadora del Meta S.A. ESP tanto de hecho como materialmente(10). La primera circunstancia, debido a que fue expresamente denominada como demandada dentro del escrito de la demanda, así como legalmente vinculada al proceso. La segunda, dado que para el momento de ocurrencia de los hechos materia de la controversia, era la encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio de Villavicencio y, particularmente, de la operación de la subestación eléctrica Idema, desde la cual se controlaba el circuito Idema III, que debía estar desenergizado para que el señor Henao Henao desarrollara su trabajo de reconexión de la red eléctrica.

9.4. Siguiendo la misma línea argumentativa, la Sala se abstendrá de reconocer la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Minas y Energía, ya que como lo ha establecido la Sección anteriormente, en casos como el presente en los que se estudia la posible responsabilidad del Estado por causa de muertes por electrocución, al ministerio no puede imputársele el daño en estas condiciones, ya que solo cumple funciones reglamentarias generales y vela por el cumplimiento de las disposiciones en lo que atañe al sistema eléctrico nacional; competencias entendidas desde el ámbito de la generalidad y como desarrollo de una función marco, sin que cuente con funciones de prestación del servicio público de energía eléctrica de acuerdo a lo previsto en la Ley 142 de 1994, lo que desvirtúa que una acción u omisión que le fuera atribuible pudiese ser la causa efectiva de la muerte del señor Henao Henao(11).

11. Resuelto lo anterior, la Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. ESP por los hechos ocurridos el 27 de abril de 1996, en los que se produjo un accidente en el cual resultó muerto el señor Luis Gonzalo Henao Henao. Para esos efectos, se resolverá en primer lugar lo relativo al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, para luego determinar si de acuerdo a los parámetros de este, los perjuicios alegados por el demandante son imputables a los demandados y por lo tanto es procedente dictar una condena en la que se disponga su resarcimiento.

12. La Sala observa que la parte actora solicitó en la demanda que se declarara la responsabilidad del Estado a título de falla del servicio considerando que había sido el actuar imprudente y omisivo de los funcionarios de EMSA los que causaron la muerte del señor Henao Henao. En concreto, sustentó esta posición de la siguiente manera (fl. 17, cdno. 1):

“Entrando en materia sobre los hechos, la función pública de suministro de energía eléctrica, lo requería una nueva urbanización de Villavicencio, y previo el cumplimiento de todos los trámites de ley, el ente oficial citado determinó que el día 27 de abril de 1996, se ejecutorían las obras de conexión eléctrica, por lo que se hacía necesario que la coordinación, autorización, control y seguridad se efectuara por parte del personal de la Electrificadora del Meta, deber y obligación que no se cumplieron o desplegaron erróneamente, al no acatar o dar cumplimiento a lo ordenado en las normas técnicas de seguridad, y por negligencia, imprudencia u omisión se cometieron los siguientes errores: 1º. El personal de la Electrificadora del Meta, era el único y exclusivo que podía y dieron la orden de iniciar las labores, pero omitiendo las normas de seguridad y prevención en la actividad riesgosa de trabajos con energía de alta tensión, lo cual le ocasionó la muerte a Henao Henao. 2º. Dar negligente e irresponsablemente la orden de trabajo sin previamente probar, confirmar y descartar cualquier grado de fluido eléctrico en la red de alta tensión, prueba necesaria y fundamental, ya que pudo desconectarse parcialmente el circuito o sector, o bien suspenderse (abrirse) circuito o red diferente, y en gracia de discusión que en la red quedara algún grado de energía eléctrica (estática), por tiempo limitado. 3º. No haber cumplido todos los requisitos que se exigen en este tipo de labores, como son el cuidado y seriedad de un procedimiento, interventoría o supervisión serio y responsable, tanto de seguridad para el personal, prueba plena de ausencia de energía, coordinación y comunicación entre el personal de la planta y el del vehículo, etc. Lo anterior porque dicha actividad es de alto riesgo, cuando se desarrollan trabajos sobre redes eléctricas de alto voltaje, que causan fácilmente la muerte.

Por el hecho administrativo antes relacionado y causado por los funcionarios de la Electrificadora del Meta, ante la ausencia de coordinación, comunicación y control de prueba de que la red no tenía ningún grado de energía eléctrica, se causa imprudente y negligentemente la muerte a Luis Gonzalo Henao Henao, quien había cumplido las normas de solicitar por sí o por interpuesta persona a la Electrificadora del Meta, dicho trabajo, es decir, cumplió fielmente su deber, lo que lo exonera de tener que asumir o padecer la culpa de los hechos, además de ser una persona ajena a la facultad de dar orden de poder ejecutar los trabajos, ya que la misma es exclusiva de los funcionarios de la Electrificadora del Meta; por ello el hoy occiso se limitó a aceptar una orden de poder laborar en la red sin tener la mínima duda que el fluido eléctrico no se había desactivado o que el mismo todavía tenía un grado de alto voltaje”.

13. Ahora bien, a pesar de que la Sección ha sido reiterativa en el sentido de que el régimen aplicable al análisis de los casos de responsabilidad extracontractual en los que se pretende imputar un daño derivado del desarrollo de actividades de conducción eléctrica es por regla general objetivo por el riesgo excepcional que se sigue de la ejecución de una actividad peligrosa, en el caso particular se iniciará el análisis de la posible responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. ESP desde la perspectiva del régimen subjetivo de la falla en el servicio, en consideración a que, como se especificó en el aparte anterior de la providencia, es el régimen de responsabilidad alegado por la parte actora en su demanda.

14. Recuérdese que la Sala ha tenido la oportunidad de señalar que en casos en los que el régimen aplicable es el objetivo, al alegarse o ser evidente la ocurrencia de una falla en el servicio, se desplaza el análisis del asunto a dicha perspectiva de la responsabilidad(12). En este sentido se reitera que(13):

“La ubicación preponderante del régimen subjetivo de responsabilidad del Estado obedece a que: (i) ‘... la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los reglamentos que establecen el marco de sus actuaciones’(14); (ii) la declaración judicial de que ha habido en un caso concreto una falla del servicio cumple una función de diagnóstico acerca de lo que fue la actuación de la administración; (iii) como consecuencia del reproche y de la sanción a la específica actuación estudiada, en atención a la función pedagógica que compete a las autoridades judiciales, el título de imputación de falla del servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten actuaciones que sean susceptibles de condena por parte de las autoridades judiciales; (iv) para efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con posterioridad en relación con los funcionarios comprometidos, la falla del servicio constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca de la actuación que se habrá de juzgar”.

15. Así, la Sala iniciará el estudio de la declaratoria de responsabilidad de EMSA desde el régimen de la falla en el servicio. Cabe resaltar que la imputabilidad en el régimen de responsabilidad de la falla en el servicio está llamada a demostrar una relación de causa y efecto entre un daño antijurídico, entendido como aquel que sufre una persona que no se encuentre en el deber legal de soportarlo(15), y una falla en el servicio, es decir, una conducta negligente u omisiva de parte de la administración que implica su desconocimiento o violación a una obligación a cargo del Estado(16).

15. En otras palabras, se evaluará si con el material probatorio obrante en el proceso se acreditó la ocurrencia de un daño o lesión a un bien jurídico, una falta o falla del servicio por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo y una relación de imputación o causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, valga aclarar, aún demostrada la falla del servicio, no habrá lugar a indemnización.

16. Así las cosas, en primer lugar la Sala encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en el fallecimiento del señor Luis Gonzalo Henao Henao, ocurrido el 27 de abril de 1996 en momentos en los que se encontraba realizando actividades de mantenimiento sobre una red eléctrica perteneciente al conjunto residencial Esperanza 2000 de la ciudad de Villavicencio, la cual funcionaba sobre los circuitos I y II de la subestación Idema, operada por la Electrificadora del Meta S.A. ESP. (ver supra párr. 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3. 7.2.4. y 7.2.5).

17. Por otra parte, respecto de la existencia de una falla del servicio por parte de la demandada EMSA, la Sala no encuentra acreditada su ocurrencia, en cuanto en el expediente no se haya probado que la demandada hubiese incurrido en una conducta omisiva o negligente durante el desarrollo de los hechos que sustentan la solicitud judicial resarcitoria y que concluyeron con la muerte del señor Henao Henao.

17.1. En efecto, como se expuso en el párrafo 12 de la providencia, la parte demandante argumentó que en el presente caso se presentó una falla en el servicio, básicamente por el hecho de que los funcionarios de EMSA presentes en el lugar de los hechos, con funciones de supervisión sobre el desarrollo de los trabajos sobre la red eléctrica y de desenergización de los circuitos correspondientes, dieron la orden de trabajo al señor Henao Henao sin contar con la seguridad de que la red eléctrica de alta tensión en la que se desarrollarían las actividades de mantenimiento estuvieran efectivamente sin energía, violando de esta forma normas de seguridad aplicables y sin tomar en consideración que el circuito se podía haber desenergizado solo parcialmente, que se podía haber desenergizado un circuito diferente o que, incluso, podía haber quedado energía estática circulando en el circuito desenergizado.

17.2. Sin embargo, la Sala no encuentra que obren en el plenario los elementos probatorios de los que se pueda inferir que las acciones de los funcionarios de EMSA hayan sido omisivas respecto de normas que les impusieran especiales deberes de seguridad para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. De hecho, la parte demandante no logró determinar con certeza cuales son aquellas normas de carácter legal que considera desconocidas; y aunque en el expediente obra copia auténtica de algunas normas de seguridad aplicables a las actividades de trabajo en conducción de energía, las cuales fueron traídas al proceso por la propia empresa demandada (fl. 1-54, cdno. 3), tampoco se determinó la forma concreta en que la conducta de los representantes de la entidad demandada vulneran esas normas, carga que la propia naturaleza del régimen de la falla en el servicio, alegada por los demandantes, impone a aquellos que pretenden imputar un daño individualizado al Estado con base en este régimen de responsabilidad. En este sentido resulta relevante el siguiente extracto jurisprudencial, que refleja la posición desarrollada por la Sección frente al tema de la carga probatoria en el régimen de falla en el servicio(17).

“El precepto que en el derecho positivo colombiano gobierna el tema, tratándose de los procedimientos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por virtud de la remisión que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo efectúa al de Procedimiento Civil, es el artículo 177 de este último estatuto, cuyo tenor literal es el siguiente:

‘ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba’.

La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses.

Los planteamientos que se han dejado expuestos son, entonces, los que han de ilustrar el proceder del juez ante la falta o la insuficiencia de los elementos demostrativos de los hechos que constituyen el thema probandum del proceso ¾ es decir, aquellos respecto de los cuales se predica la necesidad de su demostración ¾, pues la autoridad judicial, en cualquier caso, no puede declinar su responsabilidad de resolver el fondo del asunto, de suerte que las anotadas reglas de la carga de la prueba indicarán si procede despachar favorablemente las pretensiones del actor o, por el contrario, si lo que se impone es acceder a la oposición formulada por la parte demandada.

Descendiendo al caso concreto, no ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa a la acción o a la omisión de una autoridad pública y, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar en el proceso la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual ampara sus pretensiones, esto es, si se trata de un régimen de falla en el servicio —como ocurre en el asunto sub examine— deberá demostrar, además del daño, del hecho dañoso y del nexo de causalidad entre aquel y este, que el servicio o la función de la cual se trate no funcionó, funcionó mal o lo hizo tardíamente”.

17.3. Así mismo, también se extraña la prueba sobre las circunstancias descritas por la parte demandante sobre las que se pudo producir el accidente como consecuencia de la presunta negligencia de los funcionarios de EMSA, como que el circuito sobre el que se desarrollaban los trabajos no se hubiera desenergizado completamente, que se hubiese desenergizado el circuito que no correspondía o que quedara energía estática circulando en el circuito.

17.4. Para la Sala es claro que estas circunstancias permanecen, a la luz de las pruebas arrimadas al expediente, como meras hipótesis de lo ocurrido, incluso, si se evalúa la pieza más importante sobre las causas del accidente, el dictamen pericial rendido dentro del proceso penal adelantado contra el señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo por el licenciado en electricidad César Augusto Piñeros Ramírez (fl. 74-78, cdno. 2), cuyo informe sobre el accidente, el cual basó en una inspección judicial realizada el 14 de junio de 1996, no refleja que la maquinaria con la que contaba la subestación para la operación de los circuitos presentara fallas en su funcionamiento, y en el mismo informe, el perito señaló el error del operador o la circulación de corriente en el circuito luego de su desenergización solo como posibles causas del accidente:

“3. Posibilidades para que la red que alimenta el sector de Villabolivar, luego de haber sido desenergizadas puedan tener energía producida por cualquier fuente distinta a la subestación que las alimenta.

Siendo la línea de doble circuito en el trayecto paralelo a la avenida ‘calle 7ª’, la terna que alimenta a Villabolivar puede quedar en tensión por inducción a la segunda terna que transporta 34.5KV y que se encontraba en servicio.

4. Posibles causas del accidente:

a. El circuito Idema III, alimenta el sector de Villabolivar, red en la cual ocurrió el accidente, materia de este informe.

b. El accidente pudo ser ocasionado por una tensión por inducción de una segunda terna de 34.5 KV que en el momento del accidente se encontraba en servicio.

c. Estas líneas de alta tensión se deben poner a tierra y en corto-circuito para evitar accidentes en el momento de tocar los conductores.

d. El operario de la subestación pudo haber desconectado el circuito que no era en lugar del circuito Idema III, por lo cual al momento del accidente esta terna paralela a la calle 6B se encontraba energizada”.

17.5. Como se observa, en el dictamen pericial se establecieron una serie de posibles causas del accidente que terminó con la vida del señor Henao Henao, sin que en él se establezca de manera contundente que fue alguna de estas hipótesis la que en realidad tuvo lugar en el momento de la muerte de la víctima.

17.6. Ahora bien, como puede observarse, el perito en su dictamen incluyó dentro de sus conclusiones la afirmación de que la línea de alta tensión debió ser puesta a tierra y en corto circuito para evitar la ocurrencia de algún accidente de ese tipo. Sin embargo, es del caso aclarar que la Sala tampoco puede aceptar esta afirmación como prueba de la existencia de una falla del servicio por parte de la Electrificadora del Meta S.A., dado que en el dictamen no se aclara en cabeza de quien se podría encontrar la obligación de realizar dichas acciones, si de EMSA como supervisor de las acciones de mantenimiento de la red eléctrica, o de la cuadrilla particular que se aprestaba a ejecutar esos trabajos.

17.7. Además, en cualquier caso para la Sala no resulta clara la necesidad de poner a tierra y en corto circuito la línea de alta tensión, ya que existen otros elementos de prueba que contradicen esa opinión, como el testimonio del señor José Luis Álvarez Guevara, ingeniero a cargo de la cuadrilla particular que realizó los trabajos sobre la red eléctrica el día de los hechos, según el cual las condiciones climáticas y la distancia entre el lugar de los trabajos y la subestación hacía nimia la toma de una medida de estas características:

“Pregunta 12: Doctor Álvarez por su condición de ingeniero eléctrico y de acuerdo con las normas técnicas de su profesión la actividad de laborar en circuitos de alta tensión es considerada como de alto riesgo, en caso afirmativo porque (sic).

Contestó: Sí, es de alto riesgo, porque primero se trabaja a determinada altura, segundo, el operar sistemas de energía tiene sus inconvenientes cuando por el sitio exacto del trabajo existen redes de voltajes superiores o existen condiciones climáticas adversas, es decir amago de lluvia y tormenta eléctrica, pues esta inducen unos voltajes sobre las líneas a operar que pueden causar molestias en las personas que trabajan, pero para contrarrestar esa situación se utilizan unos sistemas de puesta a tierra.

Pregunta 13: Cuales eran las condiciones climáticas para el día y lugar de los hechos que nos ocupan, igualmente si se cumplió con la puesta a tierra.

Contestó: La condición climática era muy buena era un sol radiante, la puesta a tierra no se utilizó, puesto que por encima de la línea de operación no existe ningún tipo de línea de voltaje superior y porque nos encontrábamos a cinco metros de la subestación que opera el circuito correspondiente”.

17.8. Por las razones anteriores, al no encontrar probada en el proceso al alegada conducta negligente y omisiva de los funcionarios de EMSA durante los hechos en los que perdió la vida el señor Luis Gonzalo Henao Henao, la Sala llega a la forzosa conclusión de que en el presente caso no se encuentra demostrada la responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. en el presente caso desde el punto de vista del régimen subjetivo de la falla en el servicio.

18. Sin perjuicio de lo anterior, habiendo determinado que en el presente caso es improcedente la imputabilidad al Estado del daño alegado bajo la perspectiva del régimen de la falla en el servicio, al cual se recurrió en seguimiento de la asentada posición jurisprudencial según la cual el análisis de un caso concreto debe desplazarse al régimen subjetivo en caso de alegarse o ser evidente la configuración de la responsabilidad desde esa perspectiva, la Sala aplicará la regla general en casos en los que se presenta un daño a una persona por la actividad de conducción de energía eléctrica, es decir, el régimen objetivo del riesgo excepcional, atendido el principio iura novit curia

19. En este orden de ideas, la Sala deberá determinar si en el caso particular, analizado aquí, concurren los requisitos para declarar la responsabilidad de EMSA por la muerte por electrocución del señor Luis Gonzalo Henao Henao por el régimen objetivo del riesgo excepcional.

20. Sea lo primero advertir que la Sala ha sido reiterativa en el sentido de que el régimen aplicable al análisis de los casos de responsabilidad extracontractual en los que se pretende imputar un daño derivado del desarrollo de actividades de conducción eléctrica es por regla general objetivo por el riesgo excepcional que se sigue de la ejecución de una actividad peligrosa.

21. En este sentido, cabe recordar que el régimen de imputación del riesgo excepcional encuentra su justificación en el concepto de daño antijurídico contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto implica un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado cuando su titular sufre las consecuencias de un riesgo anormal sin encontrarse en la obligación de soportarlo, porque esa vulneración se produce al desconocerse el principio de igualdad ante las cargas públicas. Este es entonces un régimen objetivo de responsabilidad, aplicable a la actividad de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, dado que esta es en sí misma considerada es una actividad lícita del Estado, pero por la cual se somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo que les resulta excepcional y que, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios. Así lo ha sostenido en diversas oportunidades esta misma Sección(18)

22. En el caso concreto, el régimen objetivo del riesgo excepcional resulta aplicable en el entendido de que se pretende imputar al Estado un daño consistente en la muerte de un ciudadano que en ejercicio de su ocupación de electricista realizaba actividades de mantenimiento sobre una red eléctrica alimentada por un circuito cuya operación se encontraba a cargo de EMSA, recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte, aún cuando había sido autorizado para iniciar sus labores por parte de funcionarios de la empresa demandada, quienes le comunicaron de manera expresa que los circuitos sobre los que debía trabajar se encontraban debidamente desenergizados.

23. A pesar de que nos encontramos ante el caso de una persona que dada su capacitación en el manejo de redes eléctricas por su oficio de electricista, puede estar en general sujeto a accidentes del tipo del ocurrido el 27 de abril de 1996 en la ciudad de Villavicencio, en el asunto concreto el riesgo al que se vio expuesto por las circunstancias que rodearon el accidente sobrepasó aquel al que en razón a su oficio debe estar sometido, ya que según se acreditó actuó bajo el pleno convencimiento de que las acciones desplegadas por los funcionarios de EMSA para desenergizar los circuitos, habían sido efectivas. 

24. Esto quiere decir que en el caso concreto, el riesgo que suponía normalmente para el señor Henao Henao el desarrollo de labores propias de su profesión, se excedieron en cuanto en general el riesgo que asume una persona al llevar a cabo una actividad peligrosa, como el manejo de redes eléctricas, tiene que ver con el correcto desarrollo de la labor por parte suya, dependiendo por regla general su seguridad e integridad personal precisamente del aspecto de la correcta ejecución de la acción.

25. Sin embargo, en el evento por el cual se pretende aquí la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, el bienestar del señor Henao Henao dependía no solo de su correcto desempeño como electricista, sino del debido desarrollo de sus deberes por parte de otras personas, concretamente, los funcionarios de EMSA que se encontraban a cargo de la desenergización de los circuitos. En otros términos, el riesgo que debía asumir la víctima es el derivado de su propio proceder, pero este se excedió en cuanto funcionarios de la entidad demandada tenían que ver también con el mantenimiento de su integridad física. Su vida dependió de factores ajenos a su control y manejo.

26. Debe aclararse que lo anterior no quiere decir que la Sala esté afirmando de manera alguna que la muerte del señor Henao Henao fue responsabilidad de los funcionarios de EMSA, respecto de quienes, según se señaló en los párrafos 17.1 a 17.8., no fue posible determinar una conducta individualizable que pueda ser categorizada como omisiva o negligente. Simplemente de lo que se trata es de señalar que para lo concerniente al saber de la víctima al momento de la ocurrencia del accidente que acabó con su vida, el circuito se encontraba desenergizado, cuando realmente, cualquiera que fuere la razón para ello, no lo estaba.

27. Así las cosas, encontrándose plenamente probado el daño alegado por los demandantes, consistente en la muerte de Luis Gonzalo Henao Henao, e igualmente acreditado que este daño ocurrió como consecuencia del desarrollo de una actividad peligrosa en la que la víctima se vio sometida a un riesgo excepcional, la Sala declarará la responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. ESP, máxime cuando no se encuentra demostrado que se haya presentado una causal eximente, como fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o del tercero(19)

27.1. Sobre este último aspecto, debe advertirse que en su contestación de la demanda, EMSA presentó como única excepción la falta de competencia de esta jurisdicción para conocer del caso, sin alegar las causales de exoneración relacionadas en el aparte anterior. Apenas hizo referencia a un elemento constitutivo de causa externa del accidente, relativa a la posibilidad de que hubiese quedado energía estática en el circuito, e hizo referencia a la capacidad de que una descarga relacionada a esta energía hubiese podido causar la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao, lo cual, como quedó expresado ya, no pudo ser demostrado fehacientemente.

27.2. De igual manera, tampoco se advierte que en el asunto materia de este análisis la muerte del señor Henao Henao se debiera a un hecho de la víctima, como su falta de precaución a la hora de realizar los trabajos, o la falta de los elementos de seguridad necesarios para desarrollarlos. Pero de cualquier forma, incluso en el evento en que estas circunstancias se hubieran acreditado plenamente por parte de la entidad demandada, la Sala no podría aceptar la configuración de esta causal en el caso concreto, pues también ha sido sostenido por la Sección que cuando se analiza la causal de hecho de la víctima, las circunstancias que lo configuran deben ser imprevisibles e irresistibles para la administración(20). En este asunto, según se desprende de las pruebas obrantes, la empresa dio su beneplácito a toda la actuación desplegada por la víctima al realizar los trabajos, especialmente por parte del señor Luis Daniel Hurtado, quien supervisó todo lo hecho por aquel, sin manifestar reparo alguno a las acciones adelantadas por la víctima.

V. Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

28. Respecto de los perjuicios morales ocasionados, con base en las pruebas allegadas dentro del trámite procesal, se tiene acreditado, mediante prueba testimonial, que la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina era la compañera permanente del señor Luis Gonzalo Henao Henao para el momento de su fallecimiento. De igual manera, también se acreditó la calidad de damnificados de David Gonzalo Gutiérrez Reina, Juan Manuel Gutiérrez Reina y Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, de quienes no se demostró el parentesco con la víctima, pero sí su convivencia con esta.

28.1. Se reitera en este punto que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que los familiares tienen un nexo sentimental con la víctima y que experimentan una aflicción emocional al percibir que su ser querido sufrió de manera violenta un accidente que, en este caso, cobró su vida(21). En este sentido, la Sala aclara que en el presente caso acudirá a dicho parámetro jurisprudencial para determinar la procedencia de la indemnización de los demandantes por el perjuicio moral que les causó la muerte del señor Henao Henao, dada la condición de compañera permanente de la señora Gutiérrez Reina, y la relación de convivencia de los restantes demandantes con la víctima, de la cual da cuenta el testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao, quien además no dudó en indicar que dichas personas conformaban el núcleo familiar de la víctima e incluso que ellas dependían económicamente de él (ver supra párr. 9.2.2).

28.2. Se evidencia entonces que el caso es analogizable a aquellos en los que se ha estudiado la presunción de perjuicios morales a las personas que acreditan su parentesco en grado cercano con la víctima de un menoscabo corporal o la muerte, y por lo tanto, es aplicable el precedente que de allí surge. Como señala la doctrina, “... los precedentes solamente deben ser aplicados a aquellos casos que los jueces deban resolver y que sean análogos a otro ya fallado, donde se establezca doctrina (...) vigente”(22).

28.3. Ahora bien, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 1000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes, y de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sección desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Expediente 13.232—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se dijo en la aludida sentencia:

“En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme a lo expresado, hace no solo necesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de definir aspectos relativos a la valoración del daño moral. Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgados de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, solo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales...“(23).

28.4. Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(24), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”(25), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(26).

28.5 En ese orden, la Sala observa lo que se ha decidido en casos en los que también se produjeron accidentes derivados de actividades de conducción de energía eléctrica(27), determinando la indemnización de perjuicios de carácter moral por el fallecimiento del señor Luis Gonzalo Henao Henao en una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo para cada uno de los demandantes

Perjuicios materiales

29. En su demanda, la parte actora pidió el pago de los perjuicios materiales causados, los cuales tasó en la suma de $ 120.000.000, sin hacer distinción entre los generados a título de lucro cesante o daño emergente, por lo que la Sala procederá a evaluar la procedencia de ambos.

29.1. Respecto de los perjuicios a título de daño emergente, la Sala advierte que se abstendrá de reconocerlos, por cuanto no hay material probatorio que permita concluir de forma válida que el fallecimiento del señor Henao Henao haya impuesto algún tipo de gasto a los demandantes por concepto de servicios médicos, funerarios, o de cualquier otro tipo.

29.2. Al revisar los perjuicios causados por concepto de lucro cesante, en el proceso, se demostró que el señor Henao Henao desempeñaba una actividad económica en el momento de su muerte, como era la labor de electricista. De hecho, de acuerdo con el decir del ingeniero José Luis Álvarez Guevara, para ese momento, la víctima tenía un contrato de obra vigente con él, consistente, precisamente, en la realización de las labores de mantenimiento de la red eléctrica del conjunto residencial Esperanza 2000 en Villavicencio (fl. 129-130, cdno. 1).

29.3. Sin embargo, no se especificó cuál era el valor de ese contrato. Igualmente, la Sala aprecia que de acuerdo con el señor Álvarez Guevara la víctima “aproximadamente por su contratos particulares con distintas personas tenía unos ingresos de unos $ 650.000, para el año del accidente”, pero dicha afirmación tampoco puede ser tenida como una prueba fehaciente sobre los ingresos del señor Henao Henao, pues es una apreciación que el testigo da acerca de un aspecto sobre el que no puede tener certeza.

29.4. Así, al no contar con seguridad sobre el ingreso mensual que tenía el señor Henao Henao en consideración al desarrollo de sus actividades profesionales, el monto correspondiente a la indemnización por lucro cesante será hecha son base en el salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia, esto es $ 589.500. A dicha suma se adicionará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales que debía percibir la víctima. La suma resultante será restado un 25%, porque se presume que dicho porcentaje es lo que el señor Henao Henao hubiera invertido en su propio sostenimiento. La renta liquidable entonces corresponde a $ 552.656.

29.5. Se tendrá en cuenta que el señor Luis Gonzalo Henao Henao, en el momento del accidente, tenía 30 años(28) y, por tanto, una vida probable de 46.24 años (554,88 meses) según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución Nº 0497 del 20 de mayo de 1997. La compañera permanente del señor Henao Henao, mayor que este, tenía 33 años de edad en la fecha de los hechos(29), de manera que su vida probable era de 44.89 años (538,68 meses) de acuerdo con la tabla citada. Para la liquidación se tendrá en cuenta la vida probable de la demandante Blanca Nubia Gutiérrez Reina, dada su menor expectativa de supervivencia.

29.6. La indemnización a que tiene derecho la compañera del señor Henao Henao, comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 214 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable de la víctima, para un total de 324.68 meses.

29.7. Como anteriormente se reconoció que el señor Henao Henao convivía con 3 menores de 25 años que se tuvieron por damnificados con dependencia económica de la víctima, de la renta liquidable determinada en el párrafo 29.4. se tendrá en cuenta para la compañera permanente —Blanca Nubia Gutiérrez Reina—, el 50% ($ 276.328) como base para la liquidación.

29.8. Para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de la señora Gutiérrez Reina, se tendrá en cuenta la fórmula que ha aplicado la Sala(30), de acuerdo con la cual:

S= Ra (1+i)n-1

i(1+i)n

29.9. Indemnización futura o anticipada de Blanca Nubia Gutiérrez Reina:

S= 276.328 (1+0.004867)324,68 -1

0.004867 (1+0.004867)324,68

S= $ 45.039.071

29.10. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a la compañera de la víctima equivale a $ 45.039.071.

29.11 Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Blanca Nubia Gutiérrez Reina, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala(31):

S= Ra (1+i)n-1

i

29.12. Se tiene en cuenta como el periodo a liquidar aquel comprendido entre la fecha del accidente sufrido por el señor Henao Henao —24 de abril de 1996— y la época de expedición de la presente sentencia —febrero de 2013— (214 meses), y se realiza la liquidación así:

S= 276.328 (1+ 0.004867)214-1

0.004867

S= 103.696.639

29.13. La indemnización a que tiene derecho la señora Mónica del Pilar Linares Gutiérrez —damnificada—, solo comprende el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta que esta cumplió 25 años —27 de agosto del 2004—, para un total de 40 meses. Como se reconocieron 3 damnificados en consideración a su convivencia con la víctima, para la señora Mónica del Pilar Linares Gutiérrez se tendrá en cuenta 1/3 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima ($ 92.109) como base para liquidar.

29.14. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, se aplicará la fórmula ya citada, así:

S= 92.109 (1+ 0.004867)40 -1

0.004867

S= 4.056.591

29.15. Así las cosas, para el demandante Mónica del Pilar Linares Gutiérrez se reconocerá una indemnización de $ 4.056.591 como perjuicios materiales a título de lucro cesante debido o consolidado.

29.16. La indemnización a que tiene derecho el señor Juan Manuel Gutiérrez Reina —damnificada— comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 214 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que este cumpla 25 años —13 de junio del 2018—, para un total de 63 meses. Como se reconocieron 3 damnificados, para el señor Juan Manuel Gutiérrez Reina se tendrá en cuenta 1/3 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima ($ 92.109) como base para liquidar.

29.17. Así, para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor del señor Juan Manuel Gutiérrez Reina, se tendrá en cuenta la citada fórmula que ya se ha aplicado, de acuerdo con la cual:

S= $ 92.109 (1+0.004867)63 -1

0.004867 (1+0.004867)63

S= $ 4.987.228

29.18. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a la señora equivale a $ 4.987.228

29.19. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho el demandante Juan Manuel Gutiérrez Reina, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

S= $ 92.109 (1+ 0.004867)214-1

0.004867

S= $ 34.565.421

29.20. Así, la indemnización consolidada que corresponde al señor Juan Manuel Gutiérrez Reina equivale a $ 34.565.421.

29.21. Finalmente, la indemnización a que tiene derecho el señor David Gonzalo Gutiérrez Reina —damnificado— también comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 214 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que este cumpla 25 años —21 de febrero de 2021—, para un total de 95 meses. Como se reconocieron 3 damnificados, para el señor David Gonzalo Gutiérrez Reina se tendrá en cuenta 1/3 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima ($ 92.109) como base para liquidar.

29.22. Así, para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor del señor David Gonzalo Gutiérrez Reina, se tendrá en cuenta la citada fórmula que ya se ha aplicado, de acuerdo con la cual:

S= $ 92.109 (1+0.004867)95 -1

0.004867 (1+0.004867)95

S= $ 6.992.881

29.23. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a la señora equivale a $ 6.992.881

29.24. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho el demandante David Gonzalo Gutiérrez Reina, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.

S= $92.109 (1+ 0.004867)214-1

0.004867

S= 34.565.421

29.25. Así, la indemnización consolidada que corresponde al señor David Gonzalo Gutiérrez Reina equivale a $34.565.421.

Conclusión

30. De acuerdo a todo lo anterior, el monto por el que la Electrificadora del Meta S.A. ESP será condenado en el presente caso, se encuentra determinado por los siguientes valores:

30.1. Por perjuicios morales se reconocerá a favor de cada uno de los señores Blanca Nubia Gutiérrez Reina, Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina y David Gonzalo Gutiérrez Reina, una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.

30.2. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina la suma de $ 103.696.639 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $ 45.039.071 por indemnización futura o anticipada.

30.3. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de la señora Mónica del Pilar Linares Gutiérrez la suma de $ 4.056.591 por indemnización debida o consolidada.

30.4. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor del señor Juan Manuel Gutiérrez Reina la suma de $ 34.565.421 por indemnización debida o consolidada y la suma de $ 4.987.228 por indemnización futura o anticipada.

30.5. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor del señor David Gonzalo Gutiérrez Reina la suma de $ 34.565.421 por indemnización debida o consolidada y la suma de $ 6.992.881 por indemnización futura o anticipada.

VIII. Costas

31. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia proferida el 18 de febrero de 2003 por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se declaró inhibido para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

2. Declarar la falta de legitimación en la causa del Ministerio de Minas y Energía.

3. Declarar administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la Electrificadora del Meta S.A. ESP por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao ocurrida el 27 de abril de 1996, como consecuencia de una descarga eléctrica.

4. Condenar a la Electrificadora del Meta S.A. ESP a pagar a los demandantes por concepto de los perjuicios por ellos sufridos, según la liquidación expuesta en la parte motiva de la presente providencia, las siguientes sumas de dinero:

— Por perjuicios morales a favor de cada uno de los señores Blanca Nubia Gutiérrez Reina, Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina y David Gonzalo Gutiérrez Reina, una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina, la suma de $ 103.696.639 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $ 45.039.071 por indemnización futura o anticipada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, la suma de $ 4.056.591 por indemnización debida o consolidada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Juan Manuel Gutiérrez Reina, la suma de $ 34.565.421 por indemnización debida o consolidada y la suma de $ 4.987.228 por indemnización futura o anticipada.

— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor David Gonzalo Gutiérrez Reina, la suma de $ 34.565.421 por indemnización debida o consolidada y la suma de $ 6.992.881 por indemnización futura o anticipada.

5. Negar las demás pretensiones de la demanda

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, presidente—Stella Conto Díaz del Castillo.

(1) “ART. 82.—La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 18 de julio de 2007, Expediente 29745, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Información consultada el 18 de febrero de 2013 en la siguiente dirección electrónica: http://www.emsa-esp.com.co/index.php?id=578tx_ttnews%5Btt_news%5BbackPid%5D=573&cHash=aaa2e91947

(4) El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 indica: “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este Código”.

(5) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales causados a título de lucro cesante fue estimada en la suma de $ 120.000.000, monto que supera la cuantía requerida en 1997 ($ 13.445.600), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

(6) Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de septiembre 18 de 1997, Exp. 9666, de febrero 8 de 2001, Exp. 13254 y de febrero 21 de 2002, Exp. 12789.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril del 2004, Exp. 15088, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(8) Téngase en cuenta que esta sección ha sido reiterativa al indicar que la calidad de compañera permanente es susceptible de ser probada por cualquiera de los medios probatorios previstos en el Código de Procedimiento Civil, siendo el más común la prueba testimonial. Sobre el particular ver: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de enero del 2012, Exp. 19959, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril del 2008, Exp. 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(10) Sobre la legitimación en la causa, tanto de hecho como material, esta Sección indicó en sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 19753, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores”.

(11) Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio del 2005, Exp. 15260, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(12) En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre del 2012, Exp. 25044, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 8 de febrero del 2011, Exp. 22135, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 18646, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de febrero del 2012, Exp. 22744, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. 18380, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(15) La Corte Constitucional en sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero consideró: “El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que este debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública”. En este sentido, Adriano De Cupis indica: “La consideración de la antijuricidad (oposición al derecho) presupone un exacto conocimiento del concepto de derecho. La expresión “derecho” tiene diferentes significados, indicando tanto un conjunto de normas o reglas jurídicas (derecho objetivo), como una facultad de querer conformarla al derecho objetivo (derecho subjetivo) o, finalmente, como objeto del derecho correspondiente a un sujeto, dando de lado a los significados secundarios de ciencia o arte del derecho. Cuando se habla de antijuricidad, con ello se pretende referir al derecho entendido en los dos primeros significados, o sea, al derecho objetivo y al derecho subjetivo” (El daño, Ed. Bosch, Barcelona, 1975, pág. 84.)

(16) En este sentido, esta Sección en sentencia del 29 de enero del 2009, Exp. 16576, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, indicó: “La falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que incurrió la administración y que implica un consecuente juicio de reproche”.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero del 2010, Exp. 17720, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril del 2011, Exp. 20733, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 19 de agosto del 2009, Exp. 17957, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 1º de marzo de 2006, Exp. 21700, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 9 de junio de 2005, Exp. 15260, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia del 14 de junio de 2001, Exp. 12696, C.P. Alier Hernández Enríquez; sentencia del 15 de marzo de 2001, Exp. 11162, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 18646, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 23 de junio de 2010, Exp. 19572, C.P. Enrique Gil Botero.

(19) La sección ha indicado en varias ocasiones que siendo el riesgo excepcional un régimen de responsabilidad objetivo, una vez se ha probado el daño y la creación del riesgo como causa eficiente de su ocurrencia, el demandado solo puede exonerarse si demuestra que se presentó alguno de los eximentes de responsabilidad relacionados, con el objeto de desvirtuar el nexo causal entre el riesgo y el daño. Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de enero del 2011, Exp. 18940, CP. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 9 de junio del 2005, Exp. 15260, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(20) “El hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva del daño, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a quien lo invoca, en el entendido de que cuando el suceso es previsible o resistible para él, se revela una falla del servicio, como quiera que teniendo el deber de precaución y de protección derivado de la creación del riesgo, no previno o resistió el suceso pudiendo hacerlo”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de agosto 30 de 2007, Exp. 15635, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio del 2001, Exp. 13086, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(22) Diego López, El Derecho de los jueces, segunda edición, Ed. Legis,Bogotá D.C. 2010, pág. 214.

(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232-15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(24) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sent. jun. 16/94, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Rad. 7.445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, Rad. 54001-23-31-000-1993-08025-01 (N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 13232.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 16205.

(27) En la sentencia del 18 de marzo de 2010, Exp. 18884, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y en la sentencia del 8 de febrero del 2011, Exp. 22135, C.P. Danilo Rojas Betancourth, esta Sala impuso a las empresas de servicios públicos encargadas de las redes eléctricas, una condena de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a favor de cada uno de los padres e hijos de operarios que murieron por accidentes derivados de la actividad de conducción de energía eléctrica.

(28) De acuerdo con la copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Henao Henao (fl. 32, cdno. 1), este nació el 31 de octubre de 1996, mientras que la copia auténtica de su certificado de registro de defunción acredita que su fallecimiento se produjo el 27 de abril de 1996 (fl. 40, cdno.2).

(29) De acuerdo con la copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Gutiérrez Reina (fl. 33, cdno. 1), esta nació el 30 de junio de 1962.

(30) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.

(31) En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, y “n” corresponde al número de meses por liquidar.