Sentencia 1997-06094 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 50001-23-31-000-1997-06094-01 (20733)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Nelcy Capera y otros

Demandado: Ministerio de Minas y Energía y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, siete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones:

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación propuesto por las partes dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso de doble instancia, pues la pretensión mayor se estimó en la demanda en 2000 gramos de oro(1), que para la fecha de presentación de la demanda equivalían a $ 23.779.760 mientras que el monto exigido para el año 1997 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000 (D. 597/88).

Toda vez que el curso fue interpuesto por ambas partes, la demandada en foma principal y la parte actora adhesivamente, la Sala no tiene limitación alguna al momento de resolver el presente asunto de conformidad con el inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados —decía la norma en la época de presentación de la demanda— a partir del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación de bienes por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa(2).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por los demandantes con la muerte del señor Farid Devia Mesa ocurrida el 11 de abril de 1995, lo que significa que los demandantes tenían hasta el día 11 de abril de 1997 para presentar oportunamente su demanda y como así se hizo resulta evidente que el ejercicio de la acción fue dentro del término de dos años previsto por la ley.

3. La responsabilidad de la demandada.

La Sala ha explicado, en reiteradas oportunidades, que, por regla general, la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas debe analizarse bajo el título jurídico de riesgo y que la conducción y transmisión de energía eléctrica califica dentro de esta actividad, por la contingencia al daño ante el elemento altamente peligroso que circula por las redes.

El riesgo tiene ocurrencia cuando el Estado en desarrollo de una actividad de servicio público utiliza recursos o medios que colocan a los particulares en situación de quedar expuestos a un riesgo de naturaleza excepcional; este, dada su gravedad, excede las cargas normales que deben soportar los particulares como contrapartida de las ventajas que resultan de la existencia de dicho servicio público(3).

La Sección Tercera en reciente jurisprudencia precisó:

“Como se observa, el régimen de imputación del riesgo excepcional mantiene como asidero y fundamento el concepto de daño antijurídico (C.N., art. 90), en la medida en que este comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado cuyo titular —quien ha sufrido las consecuencias de un riesgo anormal—, no se encuentra en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas. Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la administración, para exonerarse de responsabilidad, la carga de probar el rompimiento del nexo causal por la ocurrencia de una causa extraña”. (Sentencia de 28 de abril de 2010, expediente 25000232600019950090201-18646, María González Bernal y otros vs. Empresa de Energía de Bogotá, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez).

Más adelante la misma sección sostuvo:

“Ahora bien, en relación con la conducción de energía eléctrica, esta ha sido tradicionalmente considerada por la doctrina y la jurisprudencia como una actividad peligrosa, de la cual, además se ha dicho que cuando su guarda está a cargo de una entidad estatal, el daño causado en desarrollo de la misma resulta imputable a esta”. Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, Expediente 54001233100019940871401-19572. Nancy Ceballos Sánchez y otros vs. municipio de San José de Cúcuta, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero).

Sin embargo, también ha precisado esta sección(4) que cuando se trate de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad, se presenta una falla del servicio en el entendido que la entidad, teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso.

Pues bien, el daño que alegan los demandantes haber sufrido se originó, según se afirma en la demanda, en el desprendimiento de las cuerdas energizadas que eran utilizadas para el suministro de energía eléctrica de la vereda y a la omisión de la Electrificadora del Meta S.A., que no procedió oportunamente a recogerlas del suelo y a reubicarlas en el lugar que correspondía a pesar de los requerimientos que en tal sentido le habían hecho los pobladores de ese sector.

Para demostrar los hechos en que se funda la pretensión indemnizatoria de la demanda al proceso se allegaron, legal y oportunamente, los siguientes medios de prueba:

Registro civil de defunción de Farid Devia Mesa ocurrida el 11 de abril de 1995 (fl. 21).

Fotocopia autenticada del acta de levantamiento de cadáver de Farid Devia Mesa practicada el 11 de abril de 1995 a las 5 p.m. en la vereda Puerto Nuevo “encima del camino central que conduce a Puerto Nuevo, en la finca de Gustavo Cobos” en la cual la inspectora de policía de Fuente de Oro que adelantó la diligencia, hizo la siguiente anotación:

“Descripción de las heridas: cuerpo carbonizado, quemaduras en brazo izquierdo. (...).

Observaciones:

Se encontró una cicla semicarrera color azul a los veinte centímetros del cadáver.

Iba con la señora Nieves Rodríguez

La cuerda de alta tensión que electrifica a las veredas Bajo Sardinata y Pto. Nuevo. y en la finca del señor Gustavo Cobos se encontraba la cuerda” (fl. 22).

Testimonios

El declarante Wilson Muñoz Bravo manifestó:

“La comunidad, nosotros fuimos hasta la empresa Electrificadora del Meta, con sede en Granada a manifestar que se había caído esa cuerda de alta tensión sobre la vía o camino y ninguno quiso ir, decían que no había ninguna peligrosidad en esos cables. Preguntado: Manifieste al despacho todo cuanto le conste acerca del trágico fallecimiento del señor Farid Devia Mesa, ocurrida el 11 de abril de 1995. Especialmente lo relacionado con el sitio donde ocurrieron los hechos? Contestó: La verdad es que cuando llegaron con la razón a la casa, yo fui al sitio donde él estaba y estaba electrocutado, eran las cinco de la tarde, Farid iba en una bicicleta, eso ocurrió en la vereda Bajo Sardinata, en la finca de Gustavo Cobos” (fls. 122 y 123).

La señora Blanca Nieves Rodríguez, relató:

“Yo venía por el camino cuando lo encontré a él enredado en las cuerdas eléctricas, yo le avisé a una hermana de la señora Nancy que viniera que a Farid lo había cogido las cuerdas de la luz, vinimos y le fuimos informando a la gente y estuvimos presentes en el levantamiento... Preguntado: Manifieste al despacho acerca del sitio de los acontecimientos donde falleció Farid Devia Mesa. Esto es la ubicación exacta o denominación del predio donde ocurrieron los hechos? Contestó: En la vereda Bajo Sardinata, al otro lado del río Ariari, en la finca de don Gustavo Cobos que le dicen Pinilla, en el camino que pasa por el potrero, es un camino por donde pasa toda la gente que va para la vereda, eran dos cables gruesos de los altos, estaba reventada una cuerda” (fl.123 y 124).

En ingeniero jefe de la Zona Ariari de la Electrificadora del Meta S.A. ESP, con sede en Granada, mediante comunicación de 25 de septiembre de 1998, informó:

“En atención a oficio 2695 en el cual se solicita copia auténtica de la comunicación de los pobladores de la vereda Puerto Izquierdo sobre la caída de una cuerda de alta tensión en el mes de marzo de 1995, le informo que en esta dependencia no reposa archivos de esa fecha debido a que fueron incinerados” (fl. 81).

La valoración conjunta del material probatorio aludido permite concluir que Farid Devia Mesa murió carbonizado por la descarga eléctrica que recibió al hacer contacto con una línea de conducción de energía que se hallaba caída en predios de propiedad del señor Gustavo Cobos.

Se desconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los acontecimientos previos y concomitantes a la muerte, sin embargo la disposición del cadáver es un hecho importante e indicativo de que el señor Devia Mesa falleció en las circunstancias que se dejaron descritas, las que se corroboran con el relato de Blanca Nieves Rodríguez quien sostuvo que cuando lo encontró estaba “enredado en las cuerdas eléctricas... eran dos cables gruesos de los altos, estaba reventada una cuerda” (fls. 123 y 124).

La guarda de la actividad de conducción de energía eléctrica que dio lugar al daño que se reclama se encontraba en cabeza de la Electrificadora del Meta S.A. (fl. 27).

Ahora bien, el inciso segundo del artículo 28 de la Ley 142 de 1994, que entró a regir el 11 de julio de ese mismo año, y que estaba vigente al momento del hecho, establece que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, mientras que la Ley 143 del mismo año, por medio de la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional señala, en su artículo 4º, que:

“El Estado, en relación con el servicio de electricidad tendrá los siguientes objetivos en el cumplimiento de sus funciones:

(...).

c) Mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad establecidos.

PAR.—Si los diversos agentes económicos desean participar en las actividades de electricidad, deben sujetarse al cumplimiento de los anteriores objetivos” (se resalta).

De las normas citadas se deduce que existe una clara obligación a cargo de las empresas prestadoras del servicio público encargadas del suministro de energía eléctrica consistente en mantener y reparar las redes eléctricas, obligación que se dirige a evitar daños a las personas y configura un manifiesto deber de seguridad.

Para la Sala, en el presente caso viene a ser claro que la Electrificadora del Meta omitió tal deber, pues a pesar de que algunos de los pobladores de la región se desplazaron hasta el municipio de Granada para informar sobre la caída del cable de alta tensión(5), la demandada no adelantó acción alguna dirigida a tenderlas nuevamente en el poste del que se habían desprendido o recogerlas del lugar en que se hallaban, ni tomó las medidas necesarias para suspender la corriente eléctrica que se transmitía a través de ellas, de suerte que, como la muerte del ciudadano tuvo por causa la descarga eléctrica que recibió al hacer contacto con el cable de la red pública de conducción de energía cuya permanencia en el piso obedeció a la incuria de la Electrificadora del Meta S.A., el hecho le resulta imputable a esta entidad dado que tenía a su cargo la administración, el control y el mantenimiento de dicha red.

Se concluye, entonces, que la muerte del señor Farid Devia Mesa ocurrida el 11 de abril de 1995 en zona rural del municipio de Fuente de Oro es imputable a la Electrificadora del Meta S.A., a título de falla del servicio por omisión en el mantenimiento y cuidado de la línea de energía eléctrica.

Ahora bien, la entidad demandada alega que hubo culpa de la víctima o, en su defecto, concurrencia de culpas, toda vez que el señor Devia Mesa a sabiendas de que las cuerdas de alta tensión se encontraban tiradas en el terreno se aventuró a pasar por allí exponiéndose al riesgo que su proceder acarreaba, sin embargo esta afirmación carece de soporte probatorio alguno porque en el expediente no aparece ninguna prueba que indique que la víctima estuviera al tanto de que la red se hallaba tirada en el piso, que la misma se hallara energizada y que, a pesar de ello, hubiere actuado con la imprudencia que le atribuye la entidad condenada, por lo tanto la petición que en tal sentido impetró la recurrente no puede ser atendida en esta instancia.

4. Los perjuicios

Morales.

En primer lugar es necesario precisar que la estimación de la indemnización por concepto de perjuicio moral se hará teniendo en cuenta los lineamientos señalados por esta sección, en sentencia del 6 de septiembre de 2001(6), a partir de la cual se abandonó el criterio de tasar el monto de los perjuicios morales en gramos de oro y se estableció que tal reconocimiento debería hacerse con base en el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la fecha en que se profiera la sentencia.

La providencia impugnada en cuanto reconoció indemnización por este concepto a favor de Nelcy Capera quien acudió al proceso en su condición de compañera permanente de Farid Devia Mesa será confirmada toda vez que tal calidad se encuentra demostrada con los testimonios rendidos por Marcelo Guerra, Virgilio Núñez Bravo y Blanca Nieves Rodríguez quienes dicen conocer a la demandante y afirman que hacía vida marital con el ahora occiso.

También se confirmará la decisión apelada en cuanto reconoció indemnización por los perjuicios morales sufridos por las hermanas de la víctima toda vez que en el expediente obran los registros civiles de nacimiento de Farid Devia Mesa, María Gladis Moreno Mesa, María Eugenia Devia Mesa, Luz Dary Mesa, María Rosa, Moreno Mesa y María Silenia Mesa Amézquita con los cuales se demuestra que todos ellos son hijos de María Silenia Mesa (fls. 15 a 20), vinculo de consanguinidad que unido a las reglas de la experiencia, permite inferir la tristeza y el dolor que les causó la muerte de su hermano(7), presunción que puede desvirtuarse cuando la administración demuestre que las relaciones filiales o fraternales se han debilitado de manera notoria, al punto que se han tornado inamistosas o se han deteriorado en su totalidad, evento en el cual la presunción de dolor por la pérdida del consanguíneo desaparece y, en consecuencia, no hay lugar al pago de reconocimiento alguno a quien así lo pretenda.

Sin embargo, en el asunto sub judice, la presunción de daño moral causado a las hermanas de la víctima se mantiene incólume por lo tanto sí hay lugar a reconocer la condigna indemnización a estas demandantes, sin que sea procedente efectuar reducción alguna al monto establecido en la primera instancia, como lo pretende la entidad condenada.

Ahora bien, frente a la pretensión indemnizatoria impetrada por el menor Duban Darío Devia Capera quien acudió al proceso en calidad de hijo de Farid Devia Mesa hay lugar a precisar que en el expediente no aparece el registro civil de nacimiento que acredite tal calidad, tal como lo disponen los artículos 5º, 53 y 101 de Decreto 1260 de 1970 según los cuales el parentesco de filiación paterna de los hijos extramatrimoniales solo se puede acreditar con el registro civil de nacimiento o su certificación, en el que conste que se ha reconocido al hijo por cualquiera de los medios legales, o que a dicho registro se haya incorporado una decisión judicial en la que se reconozca dicha paternidad.

No obstante lo anterior, en el presente caso, con las pruebas aportadas al proceso se tiene como demostrada la condición de hijo de crianza que Duban Darío Devia Capera.

En efecto, tal condición de hijo de crianza la Sala la encuentra establecida con el dicho testimonial de los señores Marcelo Guerra y Virgilio Núñez, quienes coinciden en afirmar que de la unión entre José Farid Devia Mesa y Nelcy Capera nació un hijo y que éstas personas “vivían bajo el mismo techo” (fls. 121 y 122, cdno. 1).

En relación con la condición de hijo de crianza, la jurisprudencia de la Sala(8) se ha referido al tema en los siguientes términos:

“... encuentra oportuno la Sala esbozar unos leves lineamientos sobre lo que con inusitada frecuencia en nuestra realidad social se denomina “hijo de crianza”. Condición que puede tener origen no del todo en el marco de la solemnidad de la adopción como institución jurídica, sino en la facticidad de las relaciones sociales propias de nuestra cultura. En efecto: “Tomemos ahora latamente esta palabra, y digamos ¿qué es adopción tomada en este sentido general y lato? Respuesta. Es una acción solemne, por la cual se toma el lugar de hijo o nieto a uno que no lo es por naturaleza”(4)(sic). Y no empece a la ausencia del requisito de la solemnidad propio del derecho romano en la medida que dicho acto se hacía en presencia del pueblo en los comicios o por la moneda y el peso delante de cinco testigos, no puede dejarse de lado el hecho, de que la familia aunque se haya iniciado como fenómeno biológico, como unidad reproductiva de los primates, mutó a ser una realidad o categoría social, de allí que como lo enseña el ilustre romanista Lucrecio Jaramillo Vélez:

Familia en el sentido estricto

La familia está integrada por personas sometidas a la potestad del pater familias (Ulpiano D. 50, 15, 195, 2) a saber:

(...).

d) Los hijos adoptivos...”(5).

“No se confunde desde luego, y se advierte nuevamente, la adopción como categoría jurídica regulada en el ordenamiento propio, con la constatación de una realidad social que es manifiesta en nuestro medio y que se ha conocido como hijos de crianza, cuya naturaleza y características se viene de describir. La realidad social es la que impone ese reconocimiento:

Pero también, y más importante quizás bajo la óptica de las transformaciones del derecho, esa permeabilización de la familia no se realiza bajo la simple fórmula de la regulación jurídica de un espacio privado. Más que ello incluso, es la invasión de la normatividad familiar (la tradición, que no se consideró jamás jurídica) en el derecho, lo que ha terminado transformado el derecho como tal.

(...).

Otra de la razones aunque no una cualquiera por las que la familia es cada vez menos una institución privada políticamente insignificante es porque ha adquirido la función de “conducto regular” que comunica a los individuos con los programas sociales del Estado...

Es presupuesto de esa función eliminar distinciones de fondo entre familia “legítima” (fundada en matrimonio válido) y las formas de familia de hecho, pues el crecimiento de esta última entre sectores populares así lo exige. La paradoja sirve para entender algunos de los tránsitos del derecho actual: la crisis de la legitimidad jurídica se aprovecha en esta como en muchas otras ocasiones para extender el radio de acción del derecho”(6).

Así las cosas y en el entendido, que con la prueba obrante en el proceso, se da por acreditada la condición de “hijo de crianza” de Duban Darío Devia Capera, respecto del occiso Devia Mesa y se permite inferir el dolor moral padecido por aquel, se mantendrá en esta instancia la condena impuesta a su favor, por concepto de perjuicio moral.

Materiales

Pretende la parte actora en su impugnación que se reconozca en esta instancia la indemnización de los perjuicios materiales que le fue negada por el a quo, pretensión que será despachada favorablemente dado que, como ya se anotó, se demostró que el señor Farid Devia Mesa hacía vida marital con Nelcy Capera, que de esta unión nació el menor Duban Darío Devia Capera y que la víctima se dedicaba a las labores agrícolas como lo declaró Virgilio Núñez Bravo quien aseguró haberlo contratado para que le ayudara en su finca “a limpiar plataneras y como alimentador” (fl. 122).

En ese orden de ideas y dado que en el expediente no obra prueba idónea que demuestre la cantidad que percibía por dicha labor, el reconocimiento de la indemnización por daño material en la modalidad de lucro cesante se hará tomando en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente, incrementado en un 25% que corresponde a las prestaciones sociales y se reducirá en un 25% que se presume que la víctima dedicaba a su propia subsistencia. Por lo tanto, la renta que se tendrá en cuenta para la liquidación será:

RA = $ 535.600 x 25% - 25%

RA= $ 502.125

Esta suma final se dividirá en dos partes iguales, esto es, en $ 251.063 cada una. La primera parte se tendrá como base para calcular la indemnización a favor de la compañera permanente y la otra parte servirá para calcular la indemnización para el hijo de crianza.

La indemnización abarcará, en relación con Nelcy Capera Poloche hasta el término de su vida probable porque era mayor que su compañero dado que nació el 2 de marzo de 1967 (fl. 129) mientras que Farid Devia Mesa lo hizo el 19 de mayo de 1969 (fl. 15), y para Duban Darío Devia Capera hasta el día en el cual cumpla los 25 años de edad, esto es hasta el 2 de septiembre de 2018.

Se aplicarán las fórmulas financieras adoptadas por la corporación.

1. Para Nelcy Capera Poloche

Indemnización debida o consolidada

 

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 251.063.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

N = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 11 de abril de 1995 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 190.76 meses.

 

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S = $ 78.658.392.

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al período comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y el término probable de vida de Nelcy Capera teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 44 años, lo que equivale a 34.60 años que arroja 1.038 meses.

 

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S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 251.063.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

N = Número de meses que comprende el período indemnizable: 1.038.

 

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S = $ 51.245.193.

Total perjuicio material: $ 129.903.585.

2. Para Duban Darío Devia Capera

Indemnización debida o consolidada

 

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 251.063.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

N = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 11 de abril de 1995 hasta la fecha de la sentencia, esto es, 190.76 meses.

 

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S = $ 78.658.392.

Indemnización futura o anticipada

Para la liquidación de la indemnización futura o anticipada que corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha de esta sentencia y la fecha en que Duban Darío cumpla los 25 años teniendo en cuenta que para la fecha de esta providencia tiene 17 años, 6 meses y 3 días, de manera que el periodo a indemnizar corresponde a 89.9 meses.

 

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S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 251.063.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

N = Número de meses que comprende el período indemnizable: 89.9.

 

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S= $ 18.243.248

Total perjuicio material: $ 96.901.640.

5. Costas.

Como no se vislumbra temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 20 de febrero de 2001, la cual quedará así:

1. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación por pasiva formulada por el Ministerio de Minas y Energía Eléctrica.

2. NEGAR las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas.

3. DECLARAR administrativamente responsable a la Electrificadora del Meta S.A., por la muerte del ciudadano Farid Devia Mesa en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se ha dejado consignado en el presente fallo.

4. ABSOLVER de cualquier responsabilidad al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica - ICEL, por los hechos que han dado origen a este proceso.

5. CONDENAR única y exclusivamente a la Electrificadora del Meta S.A., a pagar el valor correspondiente a cien (100) SMMLV a Nelcy Capera Poloche y cien (100) SMMLV a Duban Darío Devia Capera.

En cuanto hace a María Eugenia Devia Mesa, Luz Dary Mesa, María Gladys Moreno Mesa, María Rosa Moreno Mesa y María Silenia Mesa se les pagará el valor correspondiente a cincuenta (50) SMMLV, para cada uno, todo lo anterior como perjuicios de carácter moral.

6. CONDENAR a la Electrificadora del Meta S.A., a pagar a favor de Nelcy Capera Poloche la suma de ciento veintinueve millones novecientos tres mil quinientos ochenta y cinco pesos m/cte. ($ 129.903.585) y a favor de Duban Darío Devia Capera la suma de noventa y seis millones novecientos un mil seiscientos cuarenta pesos m/cte. ($ 96.901.640) por concepto de lucro cesante

7. SIN COSTAS por no haberse causado.

8. DAR cumplimiento a este fallo en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. Y expídase copia de la sentencia con constancia de ejecutoria a las partes, por conducto de sus apoderados haciendo las previsiones pertinentes del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En la demanda se pidió como indemnización por concepto de perjuicio material para Nelcy Capera y su hijo Duban el valor de 4.000 gramos oro, es decir que la pretensión de cada uno sería el equivalente a 2.000 gramos oro.

(2) Decreto 2304 de 1989, vigente a la expedición de la Ley 446 de 1998 que entró a regir el 8 de julio de ese mismo año.

(3) Entre otras se pueden consultar, Sección Tercera, Sentencia de 1º de marzo de 2006, Expediente 250002326000199603154 (21700), C.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez; sentencia de 9 de junio de 2005, Expediente 66001233100019960349501-15260, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 14 de junio de 2001, Expediente 12.696, C.P. Alier Hernández Enriquez. sentencia de 15 de marzo de 2001, Expediente 11.162, M.P. Alier E. Hernández Enriquez.

(4) Sentencia de 28 de abril de 2010, Expediente 25000232600019950090201-18646, María González Bernal y otros vs. Empresa de Energía de Bogotá, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Testimonio de Wilson Muñoz Bravo, fls. 122 y 123.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 6600123310001996316001(13232-15646) Belén González y otros - William Alberto González y otra vs. Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enriquez.

(7) Al efecto ver, entre otras, sentencia de 18 de marzo de 2010, Sección Tercera Expediente 05001233100019960014501-18569, Huver Hernando Gallego Velásquez y otros vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

(8) Sentencia de 26 de marzo de 2008, Sección Tercera, Expediente 18846, actor: Gloria Cerquera.

(4)(sic) Heineccio J. Gottl, “Recitaciones del derecho civil según el orden de la Instituta, Paris, 3ª edición, tomo I, 1875, pág. 244.

(5) Derecho Romano, tomo I, Editorial Universidad de Antioquia, 1965, pág. 94.

(6) Aramburo Restrepo, José Luis, “La familia en las transformaciones del derecho”, en: Pensamiento jurídico, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Nº 1, sin fecha.