Sentencia 1997-06512 de enero 30 de 2013

 

Sentencia 1997-06512 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 500012331000199706512 01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Número interno: 25124

Demandante: Ligia Lorena Camacho Sánchez y otros

Demandado: departamento del Meta y otro

Asunto: Apelación sentencia. Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Meta, el día 16 de enero de 2003, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

Así pues, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por el fallecimiento del señor Héctor Martínez Cahueño.

1. Los elementos de convicción recaudados.

a. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Héctor Martínez Cahueño (fl. 22, cdno. 1).

b. Oficio 107 remitido por la Fiscalía General de la Nación, el 24 de enero de 2001, a través del cual allegó copia auténtica del proceso penal adelantado contra el conductor de la volqueta oficial, señor Adalberto Velasco Daza, por la muerte del señor Héctor Martínez Cahueño.

Respecto de la citada prueba trasladada, esta subsección estima conveniente efectuar las siguientes precisiones:

El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del estatuto de procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por su parte, el artículo 185 de ese último Estatuto prevé que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(1).

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

Sobre este mismo tema, la Sección Tercera de la corporación ha sostenido que(3):

“De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(4):

‘… el artículo 229 del mismo código dispone:

‘Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: 

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior. 

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (se subraya).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al caso presente, se tiene que las pruebas en el proceso primitivo (penal) no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia; su traslado tampoco fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, ni la entidad demanda se allanó a la petición probatoria elevada por la parte demandante en el sentido de que se allegare a este proceso la respectiva investigación penal por la muerte del soldado Ardila Lozano.

Aun cuando esta prueba fue decretada por el tribunal y para cuyo efecto se libró el oficio 206-00 de marzo 18 de 1999 solicitando el traslado en copia auténtica del correspondiente proceso penal, lo cierto es que no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige y en cuanto se refiere específicamente a las pruebas documentales antes descritas(5) no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen.

No obstante lo anterior, para el específico caso de las pruebas documentales advierte la Sala que si bien se incurrió en una irregularidad al haberse omitido dicho traslado, la misma no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’, solución claramente aplicable en este caso. Ciertamente, se advierte que durante la etapa probatoria ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad pública demandada no hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto”(6) (subrayas del original, negrillas de la Sala en esta oportunidad).

En el caso que ahora se examina ocurre que la prueba trasladada antes mencionada no cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, amén de que la parte demandada no la solicitó en la contestación del respectivo libelo, ni se allanó o adhirió a los medios probatorios solicitados por su contraparte, por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan solo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, tema que fue explicado dentro de la sentencia antes transcrita.

Dentro del referido expediente trasladado, se destaca lo siguiente:

— Copia del informe de accidente de tránsito elaborado por el Sexto Distrito del Departamento de Policía del Meta, en el cual se estableció lo siguiente:

“Por medio de la presente me permito informar a ese despacho, sobre el accidente de tránsito ocurrido la noche anterior 06 11/95, siendo las 19:40 horas, en el perímetro urbano de esta localidad, más exactamente frente a la bomba El Edén entre los vehículos motocicleta Suzuki AX 100, color azul de placas MQQ-14, motor E103-68-9372, chasis BE11A-sc 36333, sin más datos, la cual era conducida por Héctor Martínez Cahueño (...), 35 años de edad, natural de Bogotá, residente en Puerto López, profesión agente de ventas, que en el accidente resultó con lesiones en: fractura fémur izquierdo, clavícula y húmero izquierdo, trauma cerrado en el tórax, quien se movilizaba en compañía de las señoritas Olga Lucía Giraldo 17 años de edad, soltera, residente en el bar Sexilandia, indocumentada, profesión damisela, quien presenta herida abierta en la región frontal media, laceraciones múltiples en miembros y cuello, y la señorita Alexandra Córdoba Lara, 18 años de edad, profesión damisela, residente en bar Sexilandia, indocumentada, quien presenta raspaduras en brazos y piernas, la motocicleta en mención es de propiedad del señor: Manuel Enrique Camacho Sánchez CC. 17’327.173 de V/cio quien presentó licencia de tránsito, no presentaron más documentos. Y la volqueta marca International HI, color blanco y rojo, carpa negra, placas OSG-423 de V/cio, con emblemas del Departamento Administrativo de Salud del Meta, sin documentos en el momento del accidente, la cual era conducida por Adalberto Velasco Daza CC. 17’386.024 de Pto. López, 33 años de edad, natural de Puerto López, casado, profesión conductor, estudios bachillerato, residente en barrio Vizcaya V/cio, quien viajaba en compañía de la señora esposa: María Patricia Gómez y el señor José Gómez Barrero, dichas personas no sufrieron lesión alguna. [El] mencionado conductor abandonó el lugar de los hechos en el vehículo, siendo posteriormente retenido y trasladado a las instalaciones policiales para efectos de investigación. Se desconocen los móviles del accidente y razón por la cual no se elaboró croquis, ya que a la hora de haberse presentado la patrulla de tránsito los vehículos habían sido movidos de sus puestos.

Vehículo volqueta fue inmovilizado frente a instalaciones [de la] Ponal, y [la] motocicleta encuéntrase en parqueadero [de la] bomba Edén” (fls. 161-162, cdno. 1) (se destaca).

— Copia del protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor Héctor Martínez Cahueño (fls. 163-164, cdno. 1).

— Copia del croquis que grafica la forma en la cual supuestamente habría acaecido el accidente de tránsito al que se refieren los hechos de la demanda (fls. 166-167, cdno. 1).

Ahora bien, dentro del expediente trasladado obra también copia del examen de alcoholemia del señor Héctor Martínez Cahueño, practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, elemento probatorio respecto del cual esta subsección estima conveniente precisar la naturaleza de dicha prueba, a efectos de determinar si la misma podría considerarse un medio probatorio de carácter documental y, por ende proceder con la valoración de dicho material probatorio o si, por el contrario, tiene el carácter de un dictamen pericial.

En primer lugar resulta menester precisar que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil estableció un listado de lo que es considerado un documento, en los siguientes términos:

“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”.

A su turno, el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, dispuso que la prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Asimismo, respecto de la práctica de la referida prueba, el artículo 237 del estatuto procesal civil señaló lo siguiente:

“(...).

2. Los peritos examinarán conjuntamente las personas o cosas objeto del dictamen y realizarán personalmente los experimentos e investigaciones que consideren necesarios, sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; en todo caso expondrán su concepto sobre los puntos materia del dictamen.

3. Cuando en el curso de su investigación los peritos reciban información de terceros que consideren útiles para el dictamen, lo harán constar en este, y si el juez estima necesario recibir los testimonios de aquellos, lo dispondrá así en las oportunidades señaladas en el artículo 180.

4. El juez, las partes y los apoderados podrán hacer a los peritos las observaciones que estimen convenientes y presenciar los exámenes y experimentos, pero no intervenir en ellos ni en las declaraciones.

(...).

6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.

A su turno, el artículo 243 del referido cuerpo normativo determinó que:

“Los jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos sobre avalúos y otros hechos de interés para el proceso, a los médicos legistas, a la Policía Judicial, al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y en general a las entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado, y a las que tengan el carácter de consultoras del gobierno.

Tales informes deberán ser motivados y rendirse bajo juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho de la firma, y se pondrán en conocimiento de las partes por el término de tres días para que puedan pedir que se complementen o aclaren.

También podrá el juez utilizar los servicios de dichas entidades y dependencias oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas, con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen, de lo cual se dejará constancia escrita (...)” (se destaca).

Ahora bien, en lo que tiene que ver el examen de alcoholemia, conviene efectuar unas precisiones en relación con su naturaleza y/o características, de conformidad con lo siguiente:

En primer lugar, la doctrina nacional ha definido la alcoholemia como “la cantidad de alcohol existente en el organismo, por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. La alcoholemia máxima se obtiene una hora después de terminar la ingestión de alcohol. La alcoholemia indica la cantidad de alcohol ingerido, pero no indica la toxicidad o embriaguez”(7).

A su turno, el reglamento técnico forense para la determinación del estado de embriaguez aguda expedido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses(8), la definió en los siguientes términos:

“Es la concentración de alcohol etílico contenido en la sangre; para dar respuesta a los requerimientos de la legislación colombiana sobre determinación de embriaguez se debe expresar en mg de etanol / 100 ml de sangre total, de conformidad con el literal A del artículo primero de la Resolución 414 de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aclarada mediante Resolución 453 de 2002”.

Sobre el procedimiento para la determinación clínica forense de embriaguez, el reglamento técnico dispuso lo siguiente:

“En este proceso se incorporan aspectos inmersos en la prestación del servicio forense, la aplicación del método científico en el desarrollo de la valoración médica y el manejo técnico de los elementos de prueba recolectados, asociados con la investigación.

El proceso de determinación de embriaguez por examen clínico forense describe las actividades que lo conforman y sus respectivos procedimientos; constituye una herramienta que consolida los métodos de valoración estandarizados y validados para el diagnóstico clínico de embriaguez, así como el aporte desde la actuación pericial de elementos probatorios y evidencias debidamente analizadas en el contexto de cada caso específico.

Este proceso se inicia por solicitud de autoridades penales, de tránsito y administrativas, cuando se requiere una prueba idónea para la determinación clínica del estado de embriaguez, el cual se manifiesta por una serie de alteraciones clínicas evidenciables mediante la realización de un cuidadoso examen médico forense.

Igualmente, en los casos penales, a medida que vaya entrando en vigencia el sistema acusatorio en las diferentes partes del país y de conformidad con los artículos 267 y 268 de la Ley 906 de 2004 (CPP), puede ser solicitado por quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra, o su abogado (examen por peritos particulares, a su costa), o por un imputado o su defensor, acreditando su carácter de tales, mediante constancia de la Fiscalía” (se destaca).

Adicionalmente, en el reglamento aludido se establecieron, entre otras, las siguientes condiciones para efectuar la determinación clínica forense de embriaguez:

a. La determinación clínica forense de embriaguez deber ser solicitada por escrito, de conformidad con lo previsto en la ley, según el caso.

b. En la referida solicitud se deben aportar los datos necesarios para orientar la realización del examen y la interpretación de los resultados dentro del contexto del caso específico, tales como: i) el hecho que se investiga, ii) el motivo de la peritación y iii) las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, etc.

c. Debe garantizarse el traslado oportuno de la persona a examinar ante el perito médico, debido a que el resultado del examen se ve sensiblemente alterado con el paso del tiempo.

De otro lado, en lo atinente a la responsabilidad de las diferentes actividades del procedimiento referido, el reglamento citado dispuso que aquella inicia “con el funcionario (secretario, auxiliar, etc.) que recibe el caso, continúa con los peritos médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o profesionales médicos que cumplan funciones periciales y deban realizar un examen clínico forense para determinar embriaguez, y finaliza con el funcionario encargado del envío del informe pericial y el archivo de las respectivas copias” (resaltado adicional).

Así pues, en virtud de lo anteriormente reseñado, resulta posible afirmar que la naturaleza del examen de alcoholemia o de determinación clínica forense de embriaguez, es propia de la de un dictamen pericial, más precisamente la de aquellos informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, a los que se refiere el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, se destaca que para la práctica del citado examen de alcoholemia se requiere de los conocimientos de un experto en medicina forense, quien finalmente evaluará y/o diagnosticará el grado de concentración de alcohol etílico contenido en la sangre del examinado.

En ese orden de ideas, se tiene que el examen de alcoholemia elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y obrante en el expediente trasladado no podrá ser valorado dentro del presente proceso, comoquiera que el referido medio de acreditación no tiene el carácter de prueba documental, tal como se explicó anteriormente, sino que —se insiste— corresponde a un informe de carácter científico elaborado por una entidad oficial y que adicionalmente reúne las características de todo dictamen pericial.

De otra parte, dentro del caudal probatorio también obran los siguientes medios de prueba:

c. Acta de diligencia de inspección judicial practicada por el Tribunal Administrativo a quo en el lugar de ocurrencia del hecho dañoso, en cuyo contenido consta que:

“(...) El personal de la diligencia se traslada al municipio de Puerto López (Meta), por la vía que de Villavicencio conduce a dicho municipio. Una vez en el perímetro urbano del municipio de Puerto López, nos dirigimos al lugar objeto de esta diligencia, en la carretera que de Puerto López conduce a Puerto Gaitán, en el sitio donde hay una bifurcación con la vía Cll. 6 del casco urbano de la ciudad, frente a la bomba “El Edén”, sitio donde se presentó la colisión materia de esta investigación. Se procede a realizar el reconocimiento y verificar sus características, la suscrita magistrada procedió a examinar uno a uno los puntos materia de la inspección habiendo observado lo siguiente consignados en el expediente, así: la vía que de Puerto López conduce a Puerto Gaitán, es pavimentada y se trata de una vía arteria, y la otra vía (Cll. 6ª) es destapada en un tramo y en el lugar del accidente, se encuentra pavimentada. Al momento de la inspección no se encuentra ninguna clase de señalización de tránsito. El ancho de la vía arteria o principal, en el sitio de la colisión, es de 11.40 m; el ancho de la vía urbana en el sitio donde se presentó el accidente es de 21 metros (...)” (fls. 130-131, cdno. 1).

d. Original del dictamen pericial practicado por los señores Alcira Beltrán Bonilla y Daniel Hernán Burgos en el lugar de ocurrencia del accidente de tránsito mencionado, en el cual se dejó indicado lo siguiente:

“1. El día dos de septiembre de 1999 en compañía del despacho y el señor abogado Alfonso López Patiño, nos trasladamos al municipio de Puerto López concretamente a la esquina de la Avenida 14 con calle 8ª heladería de la bomba Terpel El Edén, con el fin de constatar las posibles causas del accidente de tránsito ocurrido el 6 de noviembre de 1995.

2. En el fin de semana pasado, nos trasladamos nuevamente al municipio de Puerto López con el fin de indagar con personas que esa época noviembre 6 de 1995, tengan conocimiento del accidente.

3. Nos permitimos dar contestación a los puntos siguientes del interrogatorio solicitado por la parte actora así:

1. Características de las vías: la avenida o carrera 14, que conduce de Pto. López a Pto. Gaitán en la actualidad se encuentra pavimentada toda su calzada, los vehículos circulan en ambos sentidos, guardando su derecha. La calle 8ª en la actualidad su calzada es destapada o sea sin pavimentar con sus sardineles demarcados.

2. Ancho de las vías: la avenida 14 tiene un ancho pavimentado en la zona donde ocurrió el accidente es de 11,40 metros aproximados. El ancho de la calzada destapada es de 21.00 metros aproximados.

3. Prelación de las vías: según el Código Nacional de Tránsito la prelación de la vía es la avenida 14, o sea que todo vehículo que transite por la misma tiene prelación sobre cualquier otro vehículo que transite por una calle que cruce la avenida.

4. Clase de vías por donde se desplazaban los vehículos donde colisionaron: según averiguaciones con personas conocedoras de los hechos y el croquis que reposa en el expediente, el vehículo motocicleta, transitaba por la avenida 14 desplazándose en el sentido de Puerto Gaitán a Villavicencio, como queriendo indicar que su ruta era toda la avenida 14. Por el contrario el vehículo volqueta se desplazaba por la calle 8ª al parecer desde el centro de Puerto López hacia el Barrio Vergel o sea continuar su ruta por toda la calle 8ª pasando la avenida 14.

5. Señales de tránsito y demás particulares de las vías: en la fecha no se observa[n] señales de tránsito, tanto preventivas o reglamentarias en las paredes de las casas que forman la calle y la avenida, o en la calzada de las mismas, ni existen vestigios que en la fecha de los acontecimientos hayan instalado semáforos.

6. Estudiadas las posibles pruebas que se hallan en el expediente y las verbales que se encontraron sobre el accidente, respondemos las siguientes preguntas:

a. Causas probables del accidente: obedeció (sic) las causas principales a que el vehículo volqueta al llegar a la avenida debía de hacer el pare y ver si venía otro vehículo en cualquier dirección, bien en sentido hacia Pto. Gaitán o hacia V/cio. y por su derecha a velocidad moderada, el conductor del vehículo volqueta no la vio, o no le prestó atención, o tal vez pensó que alcanzaba a pasar antes que el conductor de la motocicleta llegara al cruce de las vías.

b. Cuál de los conductores de los vehículos colisionados llevaba la vía al momento de la colisión? sin lugar a dudas la vía la llevaba el vehículo motocicleta, por el solo hecho que viajaba por la avenida 14 o sobre su derecha. Estando obligado a hacer el pare el conductor del vehículo volqueta al llegar a la avenida, así no exista la debida señalización debida.

Para mayor ilustración sobre los hechos ocurridos entre la avenida 14 y la calle 8ª concretamente en la esquina de la Heladería de la bomba Terpel El Edén, hoy funciona el negocio comercial denominado “Auto Servicio Supercentro”, anexamos un croquis elaborado de nuestro puño y letra sobre el lugar de los hechos. Y una fotocopia del plano de municipio de Puerto López” (fls.135-136, cdno. 1).

Con el referido dictamen se adjuntó un croquis del lugar de acaecimiento del accidente de tránsito plurimencionado, elaborado por los peritos respectivos (fls. 137-138, cdno. 1).

e. Original de la complementación del dictamen pericial ya referido, en la cual se indicó lo siguiente:

1. No hay constancias, ni testimonios que puedan establecer el estado de visibilidad en el día y hora de los hechos. Se presume que por haber sido de noche, los vehículos transitaban con sus propias luces.

2. Por nuestro conocimiento personal, sabemos que en la época del accidente, la carretera estaba en buenas condiciones de conservación.

3. Lógicamente la motocicleta debía estar en buenas condiciones mecánicas y por transitar de noche tenía que llevar las luces prendidas, ya que la colisión de los vehículos se presentó según el informe de la Policía a la hora 19:40 del 6 de noviembre/95.

4. En cuanto a lo relacionado a este punto, debemos acogernos al concepto del perito forense practicado al occiso, visto al folio 30 del expediente, que dice: “Alcoholemia: no detectado”. En cuanto a los acompañantes que viajaban en la moto, no hay bases legales [de] si habían ingerido bebidas espiritosas (sic).

5. En nuestro concepto, la motocicleta podía transitar en forma normal con un pasajero.

6. Por no existir prueba en el expediente, no podemos establecer si las personas que se transportaban en la moto, llevaban cascos protectores, o chalecos reflectivos.

7. Al viajar tres personas adultas en la moto Suzuki AX 100, hace difícil su manejo, sea en estado de sobriedad o de embriaguez.

8. En el acervo probatorio, no está establecido de dónde venían, ni para dónde iban, las tres personas que se transportaban en la moto el día del accidente, que motivó la apertura del proceso.

9. Las personas que relacionamos en el primer dictamen, no se identificaron, ni suministraron sus direcciones. Únicamente narraron lo que relatamos.

En un viaje que hicimos a Puerto López, posterior a la diligencia de inspección judicial del 2 de septiembre/99, estuvimos donde funcionó el bar “Sexilandia” (actualmente casa de habitación), ubicado en la carrera 12 # 3-38, barrio Policarpa, antigua zona de tolerancia y entrevistamos a Alicia Martínez, quien fue la dueña del establecimiento de lenocinio, y nos manifestó que las coperas Olga Lucía Giraldo y Alexandra Córdoba Lara, quienes habían trabajado en su establecimiento; aproximadamente a dos meses de ocurrido el accidente de la volqueta y de la moto, se habían ido del prostíbulo y de la ciudad sin saber de sus domicilios.

Por ser precarios los elementos de juicio que obran en el proceso, no podemos rendir un experticio explícito” (fls. 145-146, cdno. 1) (se destaca).

f. Con la contestación de la demanda se allegó copia del oficio 5428 elaborado por el jefe del grupo de recursos logísticos de la entidad pública demandada, de fecha 8 de noviembre de 1995 y, dirigido a la Previsora S.A.; en dicho oficio se indicó lo siguiente:

“Comedidamente me permito informarle que el día lunes 6 de noviembre en las horas de la noche, cuando regresaba de cumplir comisión oficial de servicio; el vehículo tipo volqueta portador de la placa OSG-423 conducido por el señor Adalberto Velasco, sufrió un accidente contra una motocicleta saliendo de la localidad de Pto. López.

El mencionado vehículo no presenta daño alguno, pero según información obtenida en la inspección de tránsito del mencionado municipio, el motociclista falleció el día martes en el Seguro Social de Villavicencio.

De igual manera le informo que tanto el vehículo y equipos como el conductor se encuentran retenidos a órdenes de la Fiscalía 34 de Pto. López.

No se adjunta el croquis ya que al parecer este no fue levantado por circunstancias que se desconocen” (fl. 46, cdno. 1).

g. Certificación expedida por el departamento del Meta el 5 de abril de 2001, en la cual consta lo siguiente:

“(...) Referente a la vinculación y certificación del cargo y funciones del señor Adalberto Velasco Daza, le comunico que revisados los archivos no se encontró documento alguno que pruebe la vinculación de este señor para la fecha 6 de noviembre de 1995.

En relación al vehículo identificado con las placas OSG 423 (volqueta internacional) y de acuerdo a lo encontrado en los archivos correspondientes, certifico que el automotor en mención, para la fecha 6 de noviembre de 1995 si pertenecía al Departamento Administrativo de Salud del Meta” (fl. 170, cdno. 1).

2. Caso concreto.

De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se encuentra acreditado el daño padecido por los demandantes, esto es la muerte del señor Héctor Martínez Cahueño, quien el día 6 de noviembre de 1995 sufrió un accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta.

Así las cosas, establecida la existencia del hecho dañoso, abordará la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le resulta atribuible a la administración pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.

En ese orden de ideas, del análisis del escaso material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra i) que el día 6 de noviembre de 1995, aproximadamente a las 19:40 horas, en frente de la bomba El Edén del municipio de Puerto López (Meta), el señor Héctor Martínez Cahueño conducía una motocicleta marca Suzuki AX 100, color azul, de placas MQQ 14, en compañía de las jóvenes Olga Lucía Giraldo y Alexandra Córdoba Lara; ii) que la referida motocicleta colisionó con una volqueta perteneciente o al menos al menos al servicio del Departamento Administrativo de Salud del Meta, de marca International HI, de placas OSG 423 de Villavicencio, la cual era conducida por el señor Adalberto Velasco Daza; iii) que según el informativo del accidente se desconocen sus móviles y las razones por las cuales no se elaboró el croquis, comoquiera que en el instante en que se hicieron presentes las autoridades de tránsito “los vehículos habían sido movidos de sus puestos”; iv) que la víctima directa, al momento de la ocurrencia del hecho dañoso, no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

A su turno, al expediente fueron allegados dos croquis elaborados de manera posterior al accidente de tránsito mencionado, por i) los profesionales que realizaron el dictamen pericial en el lugar del acontecimiento de los hechos y por ii) la Fiscalía General de la Nación, respectivamente.

Al respecto cabe indicar que los anteriores documentos resultarían piezas fundamentales para determinar la ubicación final en la cual quedaron la volqueta oficial y la motocicleta que se vieron involucrados en el accidente y de la propia víctima, no obstante, conviene destacar las siguientes observaciones que se desprenden de dicho material probatorio.

En primer lugar, respecto del croquis que se adjuntó al dictamen pericial practicado en la primera instancia, resulta pertinente precisar que los peritos respectivos, en la complementación del dictamen correspondiente, indicaron que no contaban con testimonios, ni con constancias que pudieran establecer el estado de visibilidad al punto de sostener que “en el día y hora de los hechos. Se presume que por haber sido de noche, los vehículos transitaban con sus propias luces” (se destaca).

Aunado a ello, en dicha complementación se sostuvo, de manera hipotética y sin ningún tipo de sustento probatorio, que al momento de la ocurrencia del referido insuceso “la motocicleta debía estar en buenas condiciones mecánicas y por transitar de noche tenía que llevar las luces prendidas, ya que la colisión de los vehículos se presentó según el informe de policía a la hora 19:40 del 6 de noviembre/95” (resaltados adicionales).

Adicionalmente, dicha complementación precisó que dentro del caudal probatorio no se encontraba “establecido de dónde venían, ni para dónde iban, las tres personas que se transportaban en la moto el día del accidente, que motivó la apertura del proceso”.

Finalmente, en dicha prueba se afirmó que las personas relacionadas en el dictamen inicial “no se identificaron, ni suministraron sus direcciones”, únicamente narraron lo que se encontraba consignado en dicha diligencia.

De otra parte, respecto del croquis allegado por la Fiscalía General de la Nación mediante oficio 107 de enero 24 de 2001, conviene destacar que si bien dicho documento tiene impreso un sello de la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que en el mencionado plano no se dejó constancia del funcionario que lo elaboró, ni mucho menos de cuáles fueron los elementos probatorios tenidos en cuenta para su realización.

A su turno, resulta menester destacar que en el plurimencionado dictamen pericial se da cuenta a manera de suposición, que una de las causas probables del accidente de tránsito citado obedeció a que “la volqueta al llegar a la avenida debía hacer el pare y ver si venía otro vehículo en cualquier dirección, bien en sentido hacia Pto. Gaitán o hacia V/cio y por su derecha a velocidad moderada, el conductor del vehículo volqueta no la vio, o no le prestó atención, o tal vez pensó que alcanzaba a pasar antes que el conductor de la motocicleta llegara al cruce de las vías” (se resalta).

Asimismo, en la complementación del dictamen citado se precisó que “por ser precarios los elementos de juicio que obran en el proceso, no podemos rendir un experticio explícito” (resaltados adicionales).

En efecto, las escasas pruebas recaudadas en el proceso no arrojan una información que permita establecer, con claridad meridiana, la forma en la cual ocurrió el hecho, dado que existen simples hipótesis, especulaciones o inferencias consignadas en el dictamen pericial y en la complementación respectiva, las cuales impiden determinar la manera en la que se produjo el accidente y, por ende, la causa del mismo, amén de que, tampoco puede dilucidarse si en este caso existió, o no, una falla en el servicio atribuible a la entidad pública demandada.

Así las cosas, dado que en el presente asunto los medios de prueba no arrojan información necesaria y precisa acerca de la manera en la cual ocurrió el hecho dañoso y, por lo mismo, se desconoce la causa del accidente de tránsito, el Consejo de Estado no cuenta con los elementos de juicio suficientes para endilgarle falla alguna en el servicio al ente demandado, máxime cuando las pruebas descritas fundamentan la causa de dicho accidente en simples suposiciones y/o especulaciones.

En consecuencia, de los elementos probatorios relacionados anteriormente puede aducirse que si bien se encuentra acreditado el daño causado a la parte actora y los perjuicios que aquel le generó, lo cierto es que a partir de los mismos no se puede dar por acreditado que el conductor del vehículo oficial al momento de la ocurrencia del hecho dañoso hubiere infringido las normas de tránsito vigentes al momento de la ocurrencia del hecho dañoso.

En conclusión, no obra prueba alguna en el expediente que permita establecer que el daño sufrido por el actor se hubiere producido por la imprudencia y/o negligencia del conductor del vehículo perteneciente al ente público demandado; por tal razón, tampoco existe criterio de causalidad(9) que permita vincular la conducta o comportamiento del demandado con los actos o hechos desencadenantes del daño, pues no obran elementos de convicción que permitan dar cuenta de las circunstancias en las cuales se produjo el hecho dañoso.

Finalmente, si se examina desde la perspectiva del régimen jurídico de responsabilidad objetiva, toda vez que al tratarse de una colisión entre una motocicleta y un vehículo automotor, se presentó una concurrencia de actividades peligrosas, lo cual obliga a dilucidar la causalidad para efectos de imputar responsabilidad a la administración por el hecho dañoso demandado, la cual no se acreditó en este caso. Al respecto la Sala ha manifestado:

“... cuando el daño se produce como consecuencia de la colisión de dos vehículos en movimiento, se está en frente a la concurrencia en el ejercicio de actividades peligrosas, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional, sino que la responsabilidad se determinará con fundamento en el estudio de la causalidad, esto es, en cuál fue la causa que dio lugar a la ocurrencia del accidente, si lo fue la actividad ejercida por la administración o aquella ejercida por el particular involucrado en el accidente”(10).

En virtud de las anteriores consideraciones, en el caso concreto que ahora se examina, se torna, en consecuencia, estéril cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, porque se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquellos tienen su basamento y razón de ser solo cuando el daño antijurídico le es imputable a la administración como fundamento de justicia aplicable al caso, lo cual no se configuró en el evento sub examine y, por ello, se releva al juzgador de ese tipo de consideraciones(11).

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga(12) probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir el aludido hecho al ente público demandado.

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de fundamento para confirmar la sentencia apelada.

3. Costas.

Habida consideración de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 16 de enero de 2003, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, pero por las razones que se dejan expuestas en la parte motiva del presente proveído.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300, entre muchas otras providencias.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789, entre otras.

(3) Sentencia de febrero 4 de 2010, Expediente 18.320.

(4) Sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente 11.898.

(5) Diligencia de inspección al cadáver de la víctima 1582-0657; informe emitido por el cabo primero Carlos Muñoz Sierra - suboficial de administración del Ejército Nacional; Informe emitido por el soldado Oscar Vidales Benítez; decisión proferida el 1º de octubre de 1997 por la oficina de instrucción penal militar de la Décima Sexta Brigada del Ejército, mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del soldado Oscar Vidales Benítez por el homicidio del señor Luis Fernando Lozano Ardila; providencia dictada el 12 de noviembre de 1997 por el Tribunal Superior Militar, a través de la cual se confirmó la anterior decisión.

(6) En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de junio 5 de 2008, Expediente 16.589.

(7) Solórzano Niño, Roberto. Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados. Editorial Temis. Sexta edición. Bogotá: 2009.

(8) Expedido en la ciudad de Bogotá en el mes de diciembre de 2005.

(9) Respecto de la causalidad como elemento de responsabilidad del Estado, en casos similares al que hoy se analiza, la Sala ha sostenido:

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones —al menos en apariencia— dispares en relación con dicho extremo , la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños , el concepto filosófico de causa, toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia” (negrillas del texto original).

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Expediente 165.16 y del 4 de junio del 2008, Expediente 16.643. M.P. Enrique Gil Botero.

(12) La carga ha sido definida por la Corte Constitucional “[c]omo aquellas situaciones instituidas por la ley en relación con el proceso que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto a quien se le impone la carga (...)” Sentencia T-233 de 2005, C.P. Jaime Araújo Rentería.