Sentencia 1997-08001 de febrero 28 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIOÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 17001-23-31-000-1997-08001-01(18515)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Luz Mary Osorio Martínez y otros.

Demandado: Instituto de Seguro Social

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil once.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra la sentencia de 28 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se dispuso denegar las súplicas de la demanda y no condenar en costas.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia seguido en contra del Instituto de Seguro Social, en el cual se negaron las pretensiones.

Efectivamente, para la fecha de presentación de la demanda, es decir, para el 27 de febrero de 1997, la cuantía exigida para que las acciones de reparación directa tuvieran vocación de doble instancia era la suma de $ 13.460.000 (CCA, art. 131 del subrogado D. 597/88) y la pretensión mayor de la parte actora asciende a 4.000 gramos oro, por concepto de perjuicios materiales, es decir, a la suma de $ 49.571.240.oo(6).

2. Asunto que la Sala debe resolver.

El problema jurídico que la demanda formula se contrae a la imputación en contra del Instituto de Seguro Social, por la muerte del recién nacido Jhon Fredy Quintero Osorio, ocurrida el 15 de julio de 1996, como consecuencia de “gran aspiración de meconio, inespanción (sic) alveolar en grandes áreas y presencia de escasos polinucleares y mononucleares en luz alveolar (...) insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte”, asunto que de suyo comporta el estudio de los planteamientos del Instituto demandado relacionados con la eficiente atención que había recibido la madre de Jhon Fredy, al igual que las excepciones propuestas por los llamados en garantía, en cuanto tocan aspectos de fondo y no demandan pronunciamiento previo.

Siendo así, para despachar los argumentos de la alzada, la Sala se pronunciará en primer término sobre la legitimación para pedir, para luego detenerse en el régimen aplicable al caso concreto y finalmente determinar si hay lugar a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, con la correspondiente indemnización de perjuicios.

2.1. Legitimación en la causa por activa.

En el presente asunto, la parte demandante acreditó su legitimación para demandar.

En efecto, se acredita que el neonato Jhon Fredy fue hijo de Luz Mary Osorio Martínez y Fredy Quintero Salazar, porque así lo demuestra el registro civil de nacimiento anexo al expediente. De la misma forma, la prueba documental arrimada al plenario demuestra la legitimación de los señores Jorge Luis Osorio Toro y María Matilde Martínez Velásquez, padres de Luz Mary y abuelos del menor fallecido.

2.2. Régimen de responsabilidad aplicable.

Constituye posición consolidada de la Sala en esta materia que la responsabilidad por la prestación del servicio de salud, es de naturaleza subjetiva, como quiera que la falla probada del servicio es el título de imputación bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica.

Esta sección en sentencia de 31 de agosto de 2006, señaló(7):

“(...)

Por eso, de manera reciente la Sala ha recogido las reglas jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger la regla general que señala que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño.

Se acoge dicho criterio porque además de ajustarse a la normatividad vigente (C.N., art. 90 y CPC, art. 177), resulta más equitativa. La presunción de la falla del servicio margina del debate probatorio asuntos muy relevantes, como el de la distinción entre los hechos que pueden calificarse como omisiones, retardos o deficiencias y los que constituyen efectos de la misma enfermedad que sufra el paciente. La presunción traslada al Estado la carga de desvirtuar una presunción que falló, en una materia tan compleja, donde el álea constituye un factor inevitable y donde el paso del tiempo y las condiciones de masa (impersonales) en las que se presta el servicio en las instituciones públicas hacen muy compleja la demostración de todos los actos en los que éste se materializa.

En efecto, no debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. Por eso, el énfasis debe centrarse en la exigencia institucional de llevar las historias clínicas de manera tan completa y clara que su solo estudio permita al juez, con la ayuda de peritos idóneos si es necesario, establecer si hubo o no responsabilidad estatal en los daños que aduzcan sufrir los pacientes como consecuencia de la prestación del servicio médico.

La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la prueba de la falla, por la falta de conocimiento técnicos, o por las dificultades de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos para las partes (...)”(8).

Respecto del valor de los indicios para establecer la responsabilidad médica estatal en la prestación del servicio de obstetricia, la Sala en sentencia de 26 de marzo de 2008, sostuvo:

“(...)

En síntesis bajo el cobijo de la tesis que actualmente orienta la posición de la Sala en torno a la deducción de la responsabilidad de las entidades estatales frente a los daños sufridos en el acto obstétrico, a la víctima del daño que pretende la reparación le corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y de que tal falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es decir, debe probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal. La demostración de esos elementos puede lograrse mediante cualquier medio probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia en estos casos ante la falta de una prueba directa de la responsabilidad, dadas las especiales condiciones en que se encuentra el paciente frente a quienes realizan los actos médicos, y se reitera, la presencia de un daño en el momento del parto cuando el embarazo se ha desarrollado en condiciones normales, se constituye en un indicio de la presencia de una falla en el acto obstétrico, así como de la relación causal entre el acto y el daño.

No se trata entonces de invertir automáticamente la carga de la prueba para dejarla a la entidad hospitalaria de la cual se demanda la responsabilidad. En otras palabras no le basta al actor presentar su demanda afirmando la falla y su relación causal con el daño, para que automáticamente se ubique en el ente hospitalario demandado, la carga de la prueba de una actuación rodeada de diligencia y cuidado. No, a la entidad le corresponderá contraprobar en contra de lo demostrado por el actor a través de la prueba indiciaria, esto es, la existencia de una falla en el acto obstétrico y la relación causal con el daño que se produjo en el mismo, demostración que se insiste puede lograrse a través de cualquier medio probatorio incluidos los indicios, edificados sobre la demostración, a cargo del actor, de que el embarazo tuvo un desarrollo normal y no auguraba complicación alguna para el alumbramiento, prueba que lleva lógicamente a concluir que si en el momento del parto se presentó un daño, ello se debió a una falla en la atención médica.

(...)”(9).

En armonía con lo expuesto huelga concluir que el presente asunto habrá de resolverse bajo los parámetros de la falla probada del servicio.

2.3. Caso concreto.

La decisión adoptada por la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas habrá de revocarse, para, en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, por encontrarse demostrado en el plenario que la muerte del recién nacido Jhon Fredy Osorio Quintero es imputable a la falla del servicio en que incurrieron el personal de enfermeras y médicos vinculados a la Clínica Villa Pilar del Instituto de Seguro Social, por haber incumplido los protocolos médicos que exigía la atención inmediata de la señora Luz Mary Osorio Martínez y el monitoreo permanente de su estado.

Efectivamente, revela la Historia Clínica que obra en el proceso(10) que la señora Luz Mary Osorio Martínez fue valorada por el médico Germán Muñoz Aristizábal a las 18:10 del 14 de julio de 1996 y por el médico Jorge Iván Figueroa a las 18:15 del mismo día. Demuestra el documento, además, que los galenos antes relacionados ordenaron suministrar a la paciente oxitocina con miras a inducirla al parto y está claro que el Dr. Figueroa diagnosticó rompimiento de membranas con once horas de evolución y expulsión de líquido amniótico aunque en el momento “claro con grumos, sin meconio”.

La historia clínica demuestra, además, que transcurridas más de diez horas de realizada la primera valoración por el ginecobstetra Germán Muñoz y por el médico Jorge Iván Figueroa, la paciente no recibió ninguna atención, pues vino a ser revisada entre las 4:30 y las 5 de la mañana del día siguiente, es decir, pasadas veintiún horas desde la ruptura de membranas, cuando ya mostraba líquido teñido de meconio con diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, con el desenlace fatal conocido de la muerte del recién nacido, debido a la gran cantidad de meconio depositado en sus vías aéreas y bronquiales.

Los llamados en garantía, esto es los médicos Germán Muñoz y Fabio Márquez fundamentan su defensa en que la señora Osorio Martínez fue debidamente atendida por todo el personal que se encontraba de turno. No obstante, la historia clínica que constituye base de información necesaria para conocer el diagnóstico, tratamiento y evolución de la paciente, los exámenes practicados y los resultados logrados, demuestran que la madre de Jhon Fredy no recibió atención entre la noche del 14 de julio de 1996 y el amanecer del día 15, sin perjuicio de la orden impartida por los médicos de suministrar a la paciente oxitocina para inducir su trabajo de parto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, “Por la cual se dictan normas en materia de ética médica”, “la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente” y tal y como lo ha advertido la Sala, “en la medicina moderna, el carácter completo y permanente de la historia clínica es condición de calidad de los cuidados médicos o de la correcta asistencia facultativa(11)(12).

Y habida cuenta que la historia clínica de la señora Luz Mary Osorio Martínez da cuenta de que la misma no recibió las atenciones debidas, sin perjuicio del diagnóstico de ruptura de membranas con once horas de evolución, hay que concluir la ausencia de control por parte de los ginecobstetras y del personal de enfermería que prestaron turno la noche del 14 de julio de 1996 y el amanecer del día 15.

Es de anotar que la declaración de la Enfermera Jefe María Teresa Escobar Ramírez no corresponde a la realidad, pues la declarante sostiene que el ginecobstetra Muñoz Aristizábal acudió a atender a la paciente a las 3:30 de la mañana. No obstante, la historia clínica da cuenta de que el facultativo llegó a las 4:30 a.m. del 15 de julio de 1996 e intervino a la señora Osorio Martínez a las 5:50 del mismo día, como lo confirma la estudiante de enfermería Blanca Azucena Muñoz Betancourth, quien sostiene que antes de las 4:30 a.m. del citado día ninguno de los médicos ginecobstetras de turno valoraron a la paciente, declaración ésta que en todo concuerda con las anotaciones que figuran en la historia clínica.

La realidad entonces demuestra que la orden de inducción de parto dada por los médicos Germán Muñoz y Jorge Iván Figueroa, la noche del día 14 de julio de 1996, si bien fue atendida, no lo fue inmediatamente como era de esperarse ante una gestante con ruptura de membranas de once horas de evolución.

La historia clínica da cuenta que la señora Luz Mary Osorio era una paciente que presentaba dificultad para dilatar, siendo objeto de tres inducciones a saber i) por la médica Lorenza Gómez a las 9:00 horas del 11 de julio de 1996, que resultó fallida, ii) por la médica “Martha L.” a las 22:15 del 12 de julio del citado año sin obtener resultados, dándosele de alta por el médico Jorge Iván Figueroa entre las 12:00 horas y las 12:15 del día siguiente y iii) por el médico Germán Muñoz a las 18:10 del 14 de julio, reiterada por el médico Jorge Iván Figueroa a las 18:15 del mismo día.

En este sentido, llama la atención de la Sala la actuación del médico Jorge Iván Figueroa, no llamado a la actuación, quien después de haber recibido a la paciente a las 18:15 horas del 14 de julio, pudo comprobar la ruptura de membranas de once horas de evolución con expulsión de líquido amniótico, ordenó la inducción y se desentendió del caso.

Sostiene el facultativo que la conducta médica con una paciente en embarazo a término y con ruptura de membranas mayor a seis horas exige inducción de parto con operación inmediata, toda vez que después de este tiempo se pueden presentar infecciones que generen riesgo para el feto y para la madre, circunstancia esta que como lo revela la Historia Clínica, dio lugar a que se dispusiera la inducción inmediata con oxitocina a 8 gotas con bomba. Se pregunta la Sala entonces, si el procedimiento consistía en disponer la intervención inmediata, ¿por qué el médico Jorge Iván Figueroa no procedió así?

Insisten los médicos llamados en garantía y lo corrobora la entidad demandada, en el embarazo normal de la actora que no ameritaba tratamiento diferente al recibido. Aserto que la Sala no pone en duda, porque así lo demuestra la historia clínica, pero que resulta indicativo de la responsabilidad de la entidad demandada y de los facultativos, ya que como lo viene sosteniendo la jurisprudencia de un embarazo normal no se puede esperar nada distinto a un bebé nacido vivo(13), pues así lo indica la experiencia en función del estado del arte.

Establece la historia clínica que la señora Osorio Martínez no recibió en la Clínica Villa Pilar la atención rodeada de la diligencia y cuidado que su situación ameritaba y, como la causa de la muerte de la criatura fue la porción de meconio con interferencia de cordón umbilical, complicación derivada de la indebida atención médica, porque como se conoce, la ruptura de membranas con más de seis horas de evolución demandaba una intervención cesárea inmediata.

Efectivamente, Medicina Legal informa que en los embarazos a término por ruptura de membranas hay que permitir la evolución del trabajo de parto para lograr la expulsión rápida del feto, intensificando las labores de dicho trabajo. El parte médico también indica que durante este proceso resulta indispensable someter a la gestante a vigilancia permanente con dos propósitos i) identificar complicaciones infecciosas y ii) detectar sufrimiento del que está por nacer. Se conoce que, aproximadamente la mitad de los fetos con ruptura prematura de membranas presentan sufrimiento fetal agudo y resulta viable la patología del cordón umbilical(14). Si esto es así, ¿por qué la señora Osorio Martínez no recibió de los médicos y enfermeras de la Clínica Villa Pilar del Seguro Social la atención constante que su estado requería?

Tanto así que el comité disciplinario ad hoc, previamente designado por la entidad demandada para estudiar el caso, rindió concepto desfavorable a la enfermera jefe María Teresa Escobar Ramírez y los médicos ginecobstetras Germán Muñoz y Fabio Márquez.

Probada como se encuentra la falla del servicio y habiéndose establecido que la muerte del pequeño Jhon Fredy ocurrió por la ingesta de meconio y esto se habría podido evitar si la madre hubiese sido atendida oportuna y debidamente, la sentencia de instancia habrá de ser revocada.

2.4. Responsabilidad de los llamados en garantía.

Si bien la Sala encuentra comprometida la responsabilidad de la enfermera jefe María Teresa Escobar Ramírez y del médico Jorge Iván Figueroa, no hará pronunciamiento al respecto, toda vez que los antes nombrados no fueron vinculados al proceso, razón por la cual el análisis del presente caso se limitará exclusivamente a la actuación desplegada por los facultativos llamados en garantía.

Las pruebas que reposan en el plenario dan cuenta de que los médicos Germán Muñoz y Fabio Márquez Rendón, facultativos de la Clínica Villa Pilar del Seguro Social, tuvieron a su cargo el servicio de ginecobstetricia en la entidad la noche del 14 de julio de 1996 y del amanecer del día 15. Y el material probatorio igualmente indica que no prestaron atención alguna a la paciente.

Efectivamente, el médico Germán Muñoz Aristizábal atendió a la señora Luz Mary Osorio Martínez en dos ocasiones a las 18:10 del 14 de julio y entre las 4:30 y 5:00 a.m. del día siguiente, es decir, pasadas más de diez horas de haberse realizado la primera valoración. También se conoce que fue quien a las 5:50 de la mañana practicó la operación cesárea.

Ahora bien, si censurable resulta la conducta del médico Muñoz Aristizábal, por no haber valorado a la paciente, mayor reproche merece la del médico Fabio Márquez Rendón, quien, estando en turno la noche de los hechos, no se percató de la presencia de la señora Luz Mary Osorio Martínez, no conoció su estado ni actuó como le correspondía.

En mérito de lo expuesto, la responsabilidad de los llamados en garantía resulta claramente comprometida por culpa grave y así se declarará.

2.5. Perjuicios.

Acreditada la responsabilidad del Instituto del Seguro Social como también la de los llamados en garantía médicos Germán Muñoz Aristizábal y Fabio Márquez Rendón, la entidad demandada responderá por el cien por ciento (100%) de la condena, pero podrá repetir contra los galenos antes mencionados en un veinticinco por ciento (25%) sobre el patrimonio del médico Márquez Rendón y en un quince por ciento (15%) sobre los bienes del médico Muñoz Aristizábal.

2.5.1. Perjuicios morales.

Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad entre la víctima, sus padres y sus abuelos, plenamente acreditados con las pruebas documentales a las que se ha hecho referencia, hacen presumir la afectación moral que la muerte de Jhon Fredy Quintero Osorio les causó.

En consecuencia, la entidad demandada pagará a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero, liquidadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo viene sosteniendo la corporación desde la Sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado No. 13.232–15646(15).

A favor de la señora Luz Mary Osorio Martínez y del señor Fredy Quintero Salazar, en su condición de padres de la víctima, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

A favor del señor Jorge Luis Osorio Toro y de la señora María Osorio Quintero Martínez Velásquez, en su condición de abuelos de la víctima, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

2.5.2. Perjuicios materiales.

En cuanto al perjuicio material en la modalidad de daño emergente, en el plenario no se acreditó que se hayan realizado erogaciones o gastos en virtud de la ocurrencia del daño, como serían, gastos médicos, entre ellos, de hospitalización, de suministro de medicamentos, de traslado a las instalaciones hospitalarias o clínicas, gastos de entierro, etc., razón por la cual no se reconocerá ningún rubro por este concepto.

Igual suerte corre el lucro cesante, toda vez que Jhon Fredy Quintero Osorio murió el mismo día en que nació, sin que pueda inferirse que habría de laborar y ayudar al sostenimiento de sus padres.

2.5.3. Honorarios del abogado.

En relación con este punto, la Sala no entrará a realizar ningún pronunciamiento toda vez que no es del resorte de una acción de reparación directa analizar el derecho que le pueda asistir a los representantes judiciales de las partes. Para ello deberá acudirse a lo dispuesto en el artículo 69 del CPC, con fundamento en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la parte actora y el profesional que representó sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

RESUELVE:

1. ACEPTAR el impedimento formulado por la Consejera Ruth Stella Correa Palacio, por haber rendido concepto dentro del presente proceso en su condición de Procuradora Quinta Judicial ante la Sección Tercera de esta corporación.

2. REVOCAR la sentencia de 28 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. DECLARAR al Instituto de Seguro Social —ISS— administrativamente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes Luz Mary Osorio Martínez, Fredy Quintero Salazar, Jorge Luis Osorio y María Matilde Martínez Velásquez, por la muerte de Jhon Fredy Quintero Osorio, ocurrida el 15 de julio de 1996, como consecuencia de la falla en la prestación del servicio médico de ginecobstetricia, atribuible a la entidad demandada al igual que a los médicos llamados en garantía Germán Muñoz Aristizábal y Fabio Márquez Rendón, por culpa grave.

4. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR al Instituto de Seguro Social —ISS— a pagar las siguientes cantidades de dinero por concepto de perjuicios morales:

A favor de Luz Mary Osorio Martínez y Fredy Quintero Salazar, en su condición de padres de la víctima, el monto que corresponda, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

A favor de Jorge Luis Osorio Toro y María Matilde Martínez Velásquez, en su condición de abuelos de la víctima, el monto que corresponda a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

5. CONDENAR a los médicos Germán Muñoz Aristizábal y Fabio Márquez Rendón a reintegrar al Instituto de Seguro Social —ISS— el cuarenta por ciento (40%) del pago de la condena impuesta en esta sentencia, así: el veinticinco por ciento (25%) a cargo de Márquez Rendón y el quince por ciento (15%) a cargo de Muñoz Aristizábal.

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. En firme esta providencia, REMITIR la actuación al tribunal de origen.

8. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contenciosos Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(6) El valor del gramo oro para la fecha de presentación de la demanda era de $ 12.392,81.

(7) Sentencia de agosto 31 de 2006, Expediente 15772, M.P. Ruth Stella Correa. En igual sentido, sentencias de octubre 3 de 2007, Expediente 16.402, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 23 de abril de 2008, Expediente 15.750; de 1° de octubre de 2008, expedientes 16843 y 16933; de 15 de octubre de 2008, Expediente 16270. M.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 28 de enero de 2009, Expediente 16700. M.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 19 de febrero de 2009, Expediente 16080, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 18 de febrero de 2010, Expediente 20536, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 9 de junio de 2010, Expediente 18.683, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(8) Ídem. En esta oportunidad la Sección se pronunció sobre el valor probatorio de las reglas de la experiencia y la demostración del nexo causal mediante prueba indiciaria.

(9) Sentencia de 26 de marzo de 2008, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Expediente 16085.

(10) Tanto la manuscrita como la transcripción mecanográfica.

(11) Ryckmans y Meert-Van de Put. Le droits et les obligations des medicins, Bruselas, 1971, p. 175. Citado por Vázquez Ferreyra, Roberto. Op. cit., p.p. 224, 225.

(12) Sentencia de 10 de febrero de 2000, Expediente 11.878.

(13) Sentencia de 26 de marzo de 2008, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 16085.

(14) Valoración médica del reporte de necropsia realizada a Jhon Fredy Quintero por el Instituto de Medicina Legal de Manizales el 17 de abril de 1997 visible a folios 60-62 cuaderno 2.

(15) Magistrado Ponente Alier E. Hernández Enríquez.