Sentencia 1997-08368 de marzo 6 de 2013

 

Sentencia 1997-08368 de marzo 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 08001-23-31-000-1997-08368-01

Exp.: 24.649

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Jairo Rafael Carrillo Arocha

Demandado: Nación —Ministerio de Defensa— y otros

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C, seis de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa, contra la sentencia del 13 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

1. Previo a decidir, la Sala considera necesario precisar si le asiste o no interés jurídico a los agentes judiciales del Ministerio Público para impugnar las decisiones judiciales proferidas en los procesos contencioso administrativos, con independencia de que el recurso impetrado pueda afectar —positiva o negativamente— a las partes —demandante o demanda— intervinientes en el proceso contencioso.

En ese orden de ideas, debe señalarse, que la Sala Plena de la Sección Tercera, en proveído del 27 de septiembre de 2012, al resolver por importancia jurídica el proceso Nº 2008-00557 (44.541), precisó su jurisprudencia en relación con la capacidad con la que cuenta el Ministerio Público para impugnar las providencias proferidas por esta jurisdicción, por lo que se hace necesario hacer una reiteración jurisprudencial.

En aquella oportunidad, la Sala, estableció:

“… En consecuencia, el hecho de que exista un agente que es parte del proceso contencioso, y que representa el interés general en la defensa del ordenamiento jurídico, el patrimonio público y los derechos fundamentales, no puede ser entendido como una violación a los principios de igualdad y al debido proceso, por cuanto una norma constitucional (art. 277), apoyada en tres principios constitucionales hace viable su intervención, lo que además refleja el denominado “espíritu del Constituyente”, es decir, que la interpretación literal, teleológica, histórica, jurisprudencial en materia constitucional, y la lógica razonable son concordantes y convergentes en que el Ministerio Público tiene amplias facultades —las que le asisten a las partes en el proceso— para solicitar, por ejemplo, la vinculación de terceros, deprecar el decreto de pruebas, impugnar las decisiones proferidas en el proceso, etc., siempre que se acredite, se itera, que medie un interés de protección al patrimonio público, al orden jurídico y los derechos fundamentales.

“4.6. En similar sentido, el artículo 303 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— determina lo siguiente:

“ART. 303.—Atribuciones del Ministerio Público.El Ministerio Público está facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.

“En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia.

“Además tendrá las siguientes atribuciones especiales:

“1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o exservidores públicos, que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.

“2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos.

“3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales.

“4. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en conciliación judicial.

“5. Interponer los recursos extraordinarios de que trata este código.

“6. Solicitar la aplicación de la figura de la extensión de la jurisprudencia, y la aplicación del mecanismo de revisión eventual de providencias de que trata este código.

“7. Adelantar las conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales.

“(…)” (se destaca).

“Como se aprecia, el Ministerio Público bajo la égida del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “CPACA”, puede ostentar dos calidades: la de parte o la de sujeto procesal especial.

“En consecuencia, deja de ser catalogado como parte pero la ley mantuvo las capacidades que desde el Decreto 01 de 1984 se le asignaron a los agentes del Ministerio Público, esto es, la potestad de intervención en todos los procesos e incidentes contencioso administrativos con el fin de defender el ordenamiento jurídico, el patrimonio público y las garantías fundamentales.

“Se trata, por consiguiente, de un sujeto procesal que con total independencia y autonomía de las partes defiende los principios de legalidad, de prevalencia del interés general, y de protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos.

“Por lo tanto, el Ministerio Público sigue siendo bajo la nueva legislación un tercero garante que, con total independencia de las partes, defiende la protección de intereses jurídicos superiores establecidos por el Constituyente. De manera tal que, no es posible asimilar o asemejar la labor encomendada al Ministerio Público con la actividad que desarrolla la nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado creada mediante el artículo 5º de la Ley 1444 de 2011(2) y desarrollada por el Decreto-Ley 4085 de 2011, que en su artículo 2º estableció como objetivos de esa entidad: “el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación”.

“De igual forma, la Ley 1564 de 2012 —Código General del Proceso— estableció en el libro quinto, capítulo II, título II, la forma de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo cual, en el artículo 610 se consagró la posibilidad de que esa unidad administrativa participe en cualquier proceso judicial como: i) interviniente en donde sea parte una entidad pública o donde lo considere necesario para defender los intereses del Estado y ii) como apoderada judicial de las entidades públicas, facultada inclusive para presentar demandadas a nombre de las mismas.

“4.7. Como corolario de lo anterior, el Ministerio Público refleja el ejercicio de una función constitucional, autónoma, independiente, cuyo objetivo ha sido el control de la actuación pública. Por consiguiente, su participación en los procesos judiciales y, concretamente en los de naturaleza contencioso administrativa, tiene como objetivo el ser garante de la legalidad en sentido material, la protección del patrimonio público en respeto del principio de primacía del interés general y la concreción o materialización de los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos como partes o sujetos procesales.

“De modo que, lejos de ser considerada su participación como una coadyuvancia respecto de las partes, su intervención desborda la simple presentación o emisión del concepto al interior del proceso y, por lo tanto, supone una activa dinámica en la que el Procurador General de la Nación o sus delegados en una permanente dialéctica con el juez, las partes y los intervinientes sea el encargado de velar por el respeto de los cánones constitucionales y legales, de la protección del erario, y de los derechos que son inherentes y esenciales a la persona.

“Así las cosas, la intervención del Ministerio Público en el proceso contencioso administrativo es principal y relevante, sin que sea posible limitar sus facultades por parte del juez de lo contencioso administrativo, en razón a que este último lo que deberá verificar es que exista el interés en la respectiva actuación desplegada por el agente o el procurador respectivo, esto es, que el derecho o instrumento procesal que se esté ejerciendo —sin importar su naturaleza— sea procedente según la ley adjetiva y, de otro lado, que le asista interés en el mismo, lo cual se verificará a partir del análisis del contenido del acto procesal, pues tendrá que estar encaminado materialmente a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, independiente de la forma que lo rodee.

“4.8. Ahora bien, no obstante las anteriores consideraciones y precisiones, resulta pertinente señalar que no empece a las amplias facultades del Ministerio Público, sí le está vedado desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas de cualquier carga o deber procesal. Por manera que, se torna necesario que el juez verifique —al momento de definir la admisión o decidir de fondo los recursos interpuestos por los agentes o delegados del Procurador— si el fundamento de la impugnación está relacionado materialmente con alguno de los objetivos o fines constitucionales de intervención, esto es, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales.

“Es decir, existe una carga argumentativa en cabeza del Ministerio Público que consiste en señalar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones o motivos en virtud de las cuales ejerce los medios de oposición a las providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su postura. En otros términos, es preciso que el Procurador General de la Nación o sus delegados determinen el escenario constitucional que sirve de fundamento para la impugnación (v.gr. la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o las garantías fundamentales) y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la protección de alguno de esos fines, varios de ellos o todos.

“5. Por último, en el caso concreto se admitirá el recurso de apelación interpuesto por la demandada, Fiscalía General de la Nación, pero será inadmitido el presentado por el Ministerio Público, toda vez que no se cumplió con la carga mínima de argumentación en relación con el vínculo que deben tener las razones de la impugnación con los objetivos y derroteros fijados por el Constituyente en el numeral 7º del artículo 277 de la Carta Política.

“En efecto, se reitera, el Ministerio Público está llamado a participar de forma activa —como sujeto procesal especial— en los procesos contencioso administrativos, pero siempre circunscrita su actuación a la materialización de los objetivos indicados en el texto constitucional, esto es: i) la defensa del orden jurídico, ii) la protección del patrimonio público o iii) la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los asociados.

“De esta manera, se garantiza que exista ecuanimidad respecto de las partes y/o sujetos procesales, sin que conlleve a la búsqueda de un rompimiento del principio de igualdad material en el proceso. Bajo esta óptica se respeta con particular énfasis la función constitucional del Ministerio Público, y se evita o se previene que este último desplace injustificadamente a las partes en relación con sus cargas, deberes y obligaciones dentro de la actuación procesal.

“Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público —como representantes de la sociedad— actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera —o todos— de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991…”(3).

Establecida la capacidad del Ministerio Público para intervenir dinámicamente como parte especial en los procesos contenciosos administrativos, se hará la verificación de si el fundamento de la impugnación está relacionado materialmente con alguno de los objetivos o fines constitucionales de intervención, esto es, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales, derroteros establecidos por la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera, para efectos de su admisión y estudio.

Al respecto, debe señalarse, que en el asunto sub examine, el Ministerio Público cumplió con la carga mínima de argumentación en relación con el vínculo que deben tener las razones de la impugnación, pues del documento que lo contiene se advierte cuál es el objetivo superior y concreto que persigue con su actuación, y esta es, la defensa del patrimonio público; por lo tanto, resulta imperativo estudiar de fondo la argumentación constitucional esgrimida para impugnar el fallo proferido el 13 de diciembre de 2000, por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. De otro lado, debe precisarse que el demandante aportó con la demanda (cuaderno anexo Nº 1) la investigación penal adelantada contra Jairo Rafael Carrillo Arocha, por infracción del Decreto 1856 de 1989; y solicitó como prueba, la investigación disciplinaria iniciada contra varios agentes de la Policía Nacional que participaron en la destrucción de una pista de aterrizaje sin autorización judicial; el tribunal de primera instancia, en proveído del 5 de septiembre de 1994, tuvo como prueba la investigación penal y decretó la práctica de la prueba solicitada (fl. 87 cdno. 1) y, la Procuraduría Provincial de Barranquilla allegó lo deprecado. Ahora bien, aun cuando la entidad demandada no coadyuvó la solicitud, en atención a que estas pruebas se aportaron y solicitaron en la demanda y han obrado desde el momento de su práctica en la primera instancia, la Sala valorará y tendrá en cuenta las decisiones que se hayan proferido y los informes técnicos que obren, toda vez que se trata de documentos públicos que se encuentran debidamente autenticados, en los términos de los artículos 243 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, las indagatorias y testimonios obrantes tanto en la investigación penal como en la disciplinaria, no pueden ser valorados, ya que las primeras carecen del requisito del juramento necesario para poder ser tenidas como declaración de tercero, conforme al artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, y los segundos, porque la parte contra quien se pretenden aducir, no tuvo la oportunidad de contradecirlos en los términos del artículo 229 ibídem.

3. Para adoptar la decisión en el asunto sub exámine, será necesario hacer un análisis del material probatorio allegado al proceso, y posteriormente se estudiará la caducidad de la acción, como un presupuesto procesal para el análisis de fondo de la demanda.

4. De los hechos probados.

Del análisis del acervo probatorio, la Sala encuentra demostrados los siguientes hechos:

4.1. El 30 de abril de 1985, Jairo Rafael Carrillo Arocha, le compró al Banco de Colombia, el predio denominado “San Benito”, con una extensión superficiaria de 1600 hectáreas, según da cuenta la copia auténtica de la escritura pública Nº 1.052 de la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla (fls. 98 a 104 cdno. anexo 1), registrada en folio de matrícula inmobiliaria Nº 045-0000202, visible a folio 115 del cuaderno anexo Nº 1.

Copia auténtica de la escritura pública Nº 9820 del 28 de diciembre de 1984 (fl. 278 a 282 cdno. anexo. 1), que da cuenta de la adquisición de una avioneta marca CESSNA, modelo A188B, serie Nº C18802341T, matrícula HK-1750-E, por la Sociedad Agropecuaria El Totumo Ltda., y copia auténtica de la factura de venta Nº 5631, expedida por Aviones de Colombia S.A., a nombre de Agropecuaria El Totumo Ltda., de la venta de una aeronave usada marca Cessna, modelo A188B con matrícula HK-1750-E.

4.2. Copia del certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Agropecuaria El Totumo Ltda., expedida por la Cámara de Comercio de Barranquilla.

4.3. Orden de registro y allanamiento del 25 de enero de 1990, a la finca “El Totumo” de propiedad de Jairo Carrillo Arocha, proferida por el Juzgado 38 de Instrucción Penal Militar, de Malambo, Atlántico, visible a folio 2 del cuaderno anexo Nº 1.

Del acta de la diligencia de allanamiento, elaborada el 25 de enero de 1990, se destaca:

“… El funcionario instructor al seguir recorriendo la finca observa un hangar y una pista de ochocientos ochenta metros aproximadamente para despegar y aterrizar avionetas para fumigación, igualmente existe en el hangar una avioneta con la matrícula HK 1750E Marca Cessna Truck que el administrador manifiesta que es de propiedad del señor Jairo Carrillo propietario de la hacienda SNA (sic) BENITO y tiene su licencia de la Aeronáutica Civil para trabajar exclusivamente para la referida finca, se trata de una avioneta mono-motor color blanco con azul, observando igualmente el administrador, se corrije (sic), informando igualmente el administrador que tiene su factura Nº 5631 de 07 de diciembre de 1985, se corrije (sic) 1984 vendida a los señores Agropecuaria El Totumo Ltda., NIT Nº 90.104.325. Marca Cessna modelo A188Bagtruck Nº De serie C8802341T, Matrícula HK 1750E para fumigación junto con sus equipos corrientes y de configuración para este modelo cuyo precio de venta es de diez millones de pesos. El administrador informa que la firma Agropecuaria El Totumo Ltda., con NIT 90.104.325 es una sociedad de Jairo Carrillo con Luis Martínez Polo y Jairo Carrillo le compró la parte a Luis Martínez, allegando dicha factura en fotocopia la cual se agrega a la presente acta. Igualmente manifiesta el Administrador que la avioneta se encuentra afiliada a la Empresa Falan Ltda. (Fumigación Aérea del Litoral Atlántico) y es la encargada desacra (sic) los permisos de movilización, se corrije (sic), de sacar los permisos de movilización, sin embargo manifiesta no tener el momento dicho certificado. Y como quiera que no se exhibe el certificado de movilización - el funcionario instructor ordena provisionalmente su inmovilización. Se deja constancia que durante la diligencia de registro se dio buen trato a los trabajadores de la finca y en ningún momento se ejerció violencia sobre las cosas para llevar a término la presente diligencia…” —fls. 4 y 5 cdno. anexo 1—.

4.4. Auto del 6 de febrero de 1990, proferido por el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, en donde se abre investigación en contra del señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, por violación del Decreto 1856 de 1989, y se ordenó, entre otras medidas poner “… a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes el inmueble denominado Finca San Benito, así como la avioneta marca Cesana (sic) de matrícula HK 1750E que se encuentra en la mencionada finca…” —fl. 10 cdno. anexo 1—.

4.5. Escritura pública Nº 1545 del 3 de mayo de 1990, suscrita por Jairo Rafael Carrillo Arocha y José Luis Aragón González, quien actuó en nombre y representación de la Sociedad Venecia Ltda., que da cuenta del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes mencionadas, sobre el inmueble denominado “San Benito” y de la avioneta marca Cessna con matrícula Nº HK-1750E, y cuyo objeto era el siguiente:

“… SÉPTIMO: Objeto del presente contrato: Jairo Rafael Carrillo Arocha, entrega a ‘Venecia Limitada’, a título de arrendamiento, el predio ‘San Benito’, identificado en la cláusula tercera de esta escritura pública, con todas sus mejoras y anexidades (excepto la casa quinta de la finca que se reserva EL ARRENDADOR), como terreno determinado para su cabida y no como cuerpo cierto, para que LA ARRENDATARIA lo use, lo goce y lo explote en actividades agropecuarias particularmente el cultivo de algodón, en forma técnica, con la asesoría y colaboración del ARRENDADOR. De igual manera este entrega a aquélla la maquinaria, el equipo, las herramientas y el avión, elementos identificados en la cláusula cuarta de este instrumento, con todos sus componentes, tal como se encuentran descritos en las dos actas de inventario de bienes formalizadas por ambos contratantes y que hacen parte integral de este contrato, para que la ARRENDATARIA los use, los goce y los explote en las faenas agropecuarias y agronómicas que realizará en el fundo ‘San Benito’, durante un periodo de seis (6) años a cambio de una contraprestación en dinero que constituye un canon de renta, todo lo anterior según las estipulaciones previstas en el presente pacto. Las partes precisan que el negocio jurídico que celebran es uno solo donde las cosas objeto de contrato son tres, a saber: a) El inmueble; b) Las herramientas y los equipos, y c) El avión, y no tres (3) contratos de arrendamiento diferentes.

(…)

“VIGÉSIMO SEGUNDO: Plazo del contrato. El plazo del arrendamiento es de setenta y dos (72) meses, contados a partir del quince (15) de abril de mil novecientos noventa (1990)…” —fls. 213 a 215 cdno. anexo 1—.

4.6. Resolución 1148 del 16 de abril de 1990, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la que se depositó de forma provisional la finca “San Benito”, de propiedad de Jairo Rafael Carrillo, al Fondo Nacional Agrario (fl. 133 cdno. anexo 1).

4.7. Resolución 2054 de 1990, por medio de la cual, la Dirección Nacional de Estupefacientes, entregó en depósito provisional a la sociedad Agropecuaria El Totumo Ltda., la avioneta marca Cessna con matrícula Nº HK-1750E (fl. 184 cdno. anexo 1).

4.8. Acta de entrega provisional que hizo el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 4 Nariño, de la finca “San Benito” y de otros muebles al Fondo Nacional Agrario (Incora), de la cual es importante destacar:

“… En el corregimiento de Hibacharo - municipio de Luruaco, departamento de Atlántico a 81) (sic) días del mes de agosto de mil novecientos noventa (1990) siendo las 10: 25 horas…

“Con el objeto de hacer la entrega provisional del inmueble denominado Hacienda San Benito de conformidad con la Resolución 1148 de 1990 proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes…

“En este estado de la diligencia se hizo presente en la finca el señor Carlos Aragón Crespo quien se identificó con su c.c. Nº 14’885.400 de Buga (Valle), quien manifestó ser empleado de la finca Venecia Ltda., quien recibió en arriendo del señor Jairo Carrillo la hacienda San Benito para ser cultivada, presentando un contrato de arrendamiento o convenio sobre tenencia de inmueble rural que celebró en Buga (Valle) con el señor Jairo Rafael Carrillo Arocha propietario de la finca San Benito de fecha 18 de abril de 1990…” —fl. 228 cdno. anexo1—.

4.9. Auto del 16 de septiembre de 1991, proferido por el juzgado de orden público, que resolvió la situación jurídica del señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, cesando el procedimiento iniciado en contra de aquel, por considerar que la conducta investigada era atípica. En efecto, el mencionado señaló:

“… De lo anterior se desprende la actividad del procesado en las labores agrícolas, ganaderas y como importador de semillas para pasto; por lo tanto sus negocios son lícitos y no está incurso en la violación de los decretos antes mencionados, su conducta debe calificarse como atípica y dictarse una cesación de procedimiento a su favor.

“En consecuencia, se ordenará la devolución de la finca “San Benito” a el señor Jairo Carrillo Arocha, su propietario, y de la avioneta de matrícula HK-1750E a Agropecuaria el Totumo Ltda…” —fl. 328 cdno. anexo 1—.

La anterior decisión fue consultada ante el tribunal superior de orden público, quien mediante decisión del 4 de diciembre de 1991, confirmó la cesación del procedimiento a favor de Jairo Rafael Carrillo Arocha y ordenó la devolución de los bienes de su propiedad, según da cuenta el oficio visible a folio 331 del cuaderno anexo 1.

4.10. Despacho comisorio del juez de orden público al jefe de la unidad investigativa de orden público, del 3 de febrero de 1992, con el fin de hacer la entrega del inmueble, Hacienda San Benito, al señor Rafael Carrillo Arocha, visible a folio 334 del cuaderno anexo Nº 1.

4.11. Informe del 22 de abril de 1991, rendido por el visitador provincial de Barranquilla ante la Procuradora Provincial de Barranquilla, dentro de la investigación preliminar adelantada contra varios agentes de la Policía Nacional, con ocasión de los hechos presentados el 29 de diciembre de 1990, por la afectación de la propiedad privada del señor Jairo Carrillo Arocha, del que es importante destacar:

“… Con fundamento en el acervo probatorio colectado en la presente investigación, me permito concluir:

“1. Los miembros del Cuerpo Élite de la Policía Nacional adscritos al Comando Nacional Antinarcóticos en Bogotá realizaron el operativo en la finca San Benito, el día 29 de diciembre de 1990, al mando del señor capitán Omar Ibarra.

“2. Es notorio que la finca San Benito de propiedad del señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, en un 90% se encuentra cultivada de algodón, como quedó probado en desarrollo de la diligencia ocular realizada sobre el predio por el suscrito, el dictamen del perito comisionado por el ICA Seccional del Atlántico. No como lo manifiesta el comandante de la Policía Atlántico coronel Salazar quien manifiesta que aparentemente funcionaba para el cultivo de algodón.

“3. La Policía Nacional, representada por el señor capitán Omar Ibarra y su patrulla, actuaron, destruyeron y bombardearon la pista de aterrizaje utilizada para la fumigación de más de mil hectáreas de algodón en plena producción, desconociendo en su totalidad la normatividad que exige un operativo de tal magnitud. Con la pista ocasionaron daños a las instalaciones, al cultivo e intimidaron al personal que se encontraba laborando ese día.

“4. El señor capitán Ibarra actúo desconociendo en su totalidad que el inmueble en mención se encuentra en la actualidad bajo responsabilidad de la jurisdicción de orden público, a disposición del Consejo Nal (sic) de Estupefacientes, como quedó establecido en el acta de visita que levanté sobre las sumarias Nº 0022 de la dirección de orden público. El señor comandante del operativo debió informarse con anterioridad antes de actuar, que ese predio estaba bajo la responsabilidad de otra autoridad. Esta actitud de fuerza implica la consumación de un atropello contra la propiedad privada con consecuencias irreparables.

“5. Solicito a la señora Procuradora Provincial de Barranquilla, se ara (sic) formal investigación disciplinaria y en consecuencia se formule pliego de cargos al personal que participó en el operativo llevado a cabo el día 29 de diciembre de 1990.

“Así las cosas, el comandante o quien impartió la orden de destruir la zona de aterrizaje deja ver la irracional actitud de la autoridad policial al no preveer las consecuencias, quedando incurso en responsabilidad disciplinaria al extralimitarse en sus funciones y desconocer lo consagrado en el artículo 368 y 370 del Código de Procedimiento Penal, el Decreto 100 de 1989 artículo 111 numeral (4º), artículo 120, numerales 24, 38 y 43, y la Constitución Nacional artículos 16 y 30…” —fls. 128 y 129 cdno. anexo. 2—.

4.12. Apertura de investigación disciplinaria, mediante formulación de pliego de cargos, al capitán de la Policía Nacional, Omar Ibarra, por auto del 12 de noviembre de 1993, proferido por la Procuraduría Provincial de Barranquilla, por los hechos sucedidos el 29 de diciembre de 1990, en la finca San Benito, municipio de Piojó, Atlántico, de propiedad del señor Jairo Rafael Carrillo Arocha (fl. 193 cdno. anexo 2).

5. Vistos los hechos, la Sala, en primer lugar, debe ocuparse de examinar el tema de la caducidad de la acción, que fue propuesta por la entidad demandada durante las diferentes etapas procesales y que es uno de los argumentos expuestos por el Ministerio Público, en su escrito de apelación; razón por la cual, resulta necesario establecer si en el asunto en estudio se configuró dicho fenómeno, ya que en caso de presentarse, esta circunstancia impediría decidir el fondo.

5.1. Debe señalarse que, conforme lo consagra el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en la cual se presentó la demanda de la referencia, la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos.

Con el fin de establecer si operó o no el fenómeno expuesto en el caso concreto, procede la Sala a precisar los daños por los que se reclama y el hecho que se imputa a la administración, toda vez que en el curso del proceso estos aspectos han resultado confusos, debido a los ambiguos planteamientos de la parte actora. Efectivamente, el primer daño que se alega, es el referido a la pérdida de la tenencia material y jurídica de una avioneta de propiedad del demandante, a partir del allanamiento y registro practicado el 25 de enero de 1990; el segundo, es el consistente a la privación material y jurídica del inmueble denominado “San Benito” de propiedad del demandante, el 6 de febrero de 1990; y el tercero, y último cargo, es por la destrucción de una pista de aterrizaje, en actuaciones realizadas por miembros de la Policía Nacional el 29 de diciembre de 1990.

En relación con los dos primeros aspectos, se advierte que uno de los supuestos de responsabilidad se predica del hecho de haberse dispuesto, en diligencia de allanamiento practicada el 25 de enero de 1990, la incautación de la aeronave HK-1750E, y del decomiso mediante orden judicial del predio denominado “San Benito”, el 6 de febrero de la misma anualidad, por infracción del Decreto 1856 de 1989, decisiones que fueron revocadas por el Juez de Orden Público de Barranquilla, el 16 de septiembre de 1991, y confirmadas por el tribunal superior de orden público, el 4 de diciembre de 1991, al concluir que la medida de inmovilización y decomiso se fundamentaron en meras sospechas y que la misma se profirió sin que se hubiera aportado alguna prueba que indicara que el predio y la avioneta estaban siendo utilizados para desarrollar actividades ilícitas, circunstancia en la cual el demandante fundamenta algunas de sus peticiones indemnizatorias, concretamente, las que tienen relación con el lucro dejado de percibir durante el tiempo en el cual el predio y la aeronave estuvieron decomisados jurídica y materialmente, puesto que al haberse concluido que dicha medida carecía de fundamento se evidencia que el actor no estaba obligado a soportar la imposición de la privación temporal de su derecho de propiedad, el cual cesó el 3 de febrero de 1992.

Teniendo en cuenta lo anterior, se impone concluir que el daño por cuya indemnización se reclama se configuró en febrero de 1992, fecha según la cual se hizo la entrega real y efectiva de los bienes decomisados, de manera que para el 14 de diciembre de 1993, fecha en que se presentó la demanda, no habían transcurrido los 2 años de que trata el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para que operara el fenómeno de caducidad de la acción.

Ahora bien, si se aceptara la tesis del Ministerio Público y de la entidad demandada, en el sentido de que el término de caducidad ha debido contarse desde la fecha en la cual se ordenó la entrega del bien, esto es, desde el 4 de diciembre de 1991, no sería posible la declaratoria de la caducidad de la acción, pues al no aportarse prueba de la fecha de notificación de la providencia y de su ejecutoria, existe una duda que debe resolverse a favor del demandante, con el fin de garantizarle el derecho a una real y efectiva administración de justicia.

Ahora bien, en cuanto al tercer cargo formulado en la demanda, esto es, la imputación que se hace a la Policía Nacional por el daño causado como consecuencia de la actuación de varios de sus agentes al destruir con dinamita y sin orden judicial previa una pista de aterrizaje, no puede llegarse a la misma conclusión ya expuesta, pues el daño por cuya indemnización se reclama, se configuró el 29 de diciembre de 1990, día en el que el demandante tuvo claridad para imputar a la administración la ocurrencia de un daño antijurídico en su contra, que se materializó con la destrucción de la pista de aterrizaje, por lo que a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 14 de diciembre de 1993, ya habían transcurrido los 2 años que consagra el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para que operara el fenómeno de caducidad.

Debe recordarse, que la caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto que al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea resuelta de manera definitiva por un juez de la República con competencia para ello.

En ese contexto, la Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones(4), que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio. Es esta la interpretación que surge después de una lectura de la norma.

Si bien, es posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue en el tiempo, con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, lo cierto es que ello no puede significar que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma no consagra ese supuesto. Es decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad debe iniciarse en el momento en que el daño se concreta por completo, sino que por el contrario, determina que el mismo debe empezar a contarse a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquel con las secuelas o efectos del mismo.

Así las cosas, se tiene que en los dos primeros cargos formulados en la demanda, no operó el fenómeno de caducidad de la acción, pero respecto del tercero, es decir, el que pretende una indemnización por los perjuicios causados a partir de la destrucción con dinamita de la pista de aterrizaje, sí se configuró dicho fenómeno, pues se reitera, que el 29 de diciembre de 1990, ese específico daño se hizo cierto para el actor.

Ahora bien, no obstante de no haber operado el fenómeno de caducidad de los dos primeros cargos, debe señalarse que respecto a la pretensión del reconocimiento de una indemnización por los daños causados por la inmovilización de la avioneta, procede la Sala a declarar, de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa, con apoyo en el siguiente razonamiento:

5.2. La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, independientemente de que estas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(5). De allí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, toda vez que, como lo ha precisado la Sala:

“(…) la excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

“La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

“La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(6) (negrillas del original).

En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por activa supone la verificación de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso y, por lo tanto, sin importar si son o no procedentes las pretensiones formuladas —lo que supondrá efectuar un análisis de fondo de la controversia a la luz del derecho sustancial— sí sea el llamado a discutir su procedencia dentro del trámite judicial.

En consecuencia, la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso(7).

En el asunto sub examine yerra el demandante al considerar que le asiste legitimación en la causa por activa, al demandar la reparación de los daños causados como consecuencia de la pérdida material y jurídica de la tenencia de la avioneta marca Cessna con matrícula Nº HK-1750E; ya que de los elementos de juicio allegados a este proceso, no se puede concluir que el señor Jairo Rafael Carrillo Arocha fuera el propietario de esa aeronave.

En efecto, de la copia auténtica del contrato de adquisición elevado a escritura pública el 28 de diciembre de 1984 (fls. 278 a 282 cdno. anexo 1), y la factura de venta Nº 5631, expedida por Aviones de Colombia S.A., se puede establecer que el propietario de la avioneta referenciada es la sociedad, Agropecuaria El Totumo Ltda., y no el señor Jairo Rafael Carrillo Arocha.

Como se aprecia, deviene inadmisible el reconocimiento de la pretensión del señor Jairo Carrillo Arocha, pues si bien se encuentra acreditado que él era socio de la Sociedad Agropecuaria el Totumo Ltda., no es el titular legitimado para reclamar este específico daño, razón por la cual habrá de declararse la falta de legitimación en la causa por activa de aquel, para reclamar este específico daño, ya que en la demanda se invocó expresamente la condición de propietario y este aspecto no quedó acreditado en el proceso; contrario sensu, lo que se demostró, es que la Sociedad Agropecuaria El Totumo Ltda., es la propietaria de dicho bien.

Por consiguiente, es evidente que el daño antijurídico consistente en la privación de la tenencia material y jurídica de la avioneta marca Cessna con matrícula Nº HK-1750E, derivado de un supuesto error judicial y defectuoso funcionamiento de administración de justicia, solo le correspondía alegarla a la propietaria inscrita en el registro de aeronaves nacional(8), pues era esta la legitimada materialmente en la causa para deprecar su resarcimiento, circunstancia por la cual se modificará la decisión apelada para reconocer probada la carencia de un presupuesto formal de la sentencia favorable.

De ese modo, se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del demandante respecto de este perjuicio, toda vez que no probó la condición en que dijo actuar, esto es, la calidad de propietario de la aeronave marca Cessna con matrícula Nº HK-1750E.

Como corolario de lo anterior, debe advertirse, que si bien en la providencia proferida por el Juzgado de Orden Público de Barranquilla, el 16 de septiembre de 1991, se sostuvo que el señor Jairo Rafael Carrillo Arocha era el propietario de la aeronave con matrícula HK-1750E y por lo tanto se le ordenó la devolución, esa afirmación resulta insuficiente para acreditar dicha circunstancia, pues tratándose de pruebas ad solemnitatem y de expresas exigencias legales dispuestas para acreditar la propiedad de una aeronave, las mismas no pueden ser suplidas por otros medios de prueba(9).

5.3. En cuanto al segundo aspecto, esto es, los daños causados a partir de la incautación y decomiso del predio denominado “San Benito”, esto es, la pérdida de la tenencia material y jurídica del referido inmueble y de sus respectivos frutos, debe señalarse que efectivamente el propietario del inmueble es el señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, quien lo adquirió el 30 de abril de 1985, por compra que le hiciera al Banco de Colombia, conforme a la escritura pública Nº 1.052 de la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla (fls. 98 a 104 cdno. anexo 1), registrada en folio de matrícula inmobiliaria Nº 045-0000202, visible a folio 115 del cuaderno anexo Nº 1.

Asimismo, se encuentra acreditado que este inmueble fue incautado por órdenes del Juez Segundo Especializado de Barranquilla, durante la investigación adelantada contra Jairo Rafael Carrillo Arocha, por la presunta violación del Decreto 1856 de 1989, procedimiento que culminó con auto de cesación de procedimiento el 16 de septiembre de 1991, confirmado por el tribunal superior de orden público, el 4 de diciembre de 1991, al concluirse que la medida de decomiso se fundamentó en meras sospechas y que la misma se profirió sin que se hubiera aportado alguna prueba que indicara que el predio estaba siendo utilizado para desarrollar actividades ilícitas.

Como el daño que alega el demandante es por las sumas dejadas de percibir a raíz de la pérdida de las cosechas de algodón durante el decomiso de su inmueble, debe advertirse, que el señor Jairo Rafael Carrillo nunca perdió la tenencia del mismo, pues aunque sobre el inmueble recayó una orden de decomiso desde el 6 de febrero de 1990, a ordenes del Juzgado Especializado de Barranquilla, el demandante ejecutó actos de disposición sobre el inmueble, según se demostró con el contrato de arrendamiento celebrado entre aquel y la Sociedad Venecia Ltda., en consecuencia, es posible concluir, que el inmueble no salió de la órbita patrimonial del señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, comoquiera que sobre aquel se ejercieron diferentes actos de disposición, aunado al hecho de que en los folios de matrícula inmobiliaria allegados, no se puede constatar la existencia de una medida limitativa del dominio.

Ahora bien, los medios probatorios referenciados en el acápite correspondiente, dan cuenta que la Dirección Nacional de Estupefacientes, entregó el inmueble en depósito provisional al Fondo Nacional Agrario, el 1º de agosto de 1990, sin embargo, para esa fecha, quien ostentaba la tenencia, el uso, el goce y la explotación económica del predio “San Benito”, era la Sociedad Venecia Ltda., empresa que desde el 15 de abril de 1990, figuraba como arrendatario del predio referenciado, según lo estipulado en el contrato de arrendamiento elevado a escritura pública el 3 de mayo de 1990, visible de folios 210 a 224 del cuaderno anexo 1.

Así las cosas, quien hubiera podido reclamar la pérdida de las cosechas como consecuencia del decomiso del inmueble, era la sociedad Venecia Ltda., quien no es parte en este asunto. No podría ser de otra forma, puesto que el actor si bien alegó haber perdido la tenencia jurídica y material de su predio, de los elementos de convicción recaudados, se pudo establecer que solo fue hasta el primero de agosto que efectivamente se depositó provisionalmente el bien al Fondo Nacional Agrario, momento en que, la titularidad sobre la cosecha allí sembrada y cuya indemnización se reclama, estaba en cabeza de la sociedad Venecia Ltda., por lo que reconocerle algún tipo de indemnización al señor Carrillo respecto de esa circunstancia sería desconocer el carácter personal del daño(10).

De lo anterior, se tiene que el señor Jairo Rafael Carrillo Arocha, si bien estaba legitimado en la causa para reclamar los perjuicios al haber acreditado el derecho de dominio sobre el inmueble “San Benito”, sus pretensiones están relacionadas con la indemnización de un daño que aquél no sufrió, toda vez que la cosecha por la que reclama la indemnización era de propiedad de una sociedad que no se hizo parte en este proceso, de allí que, las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés legítimo o un derecho subjetivo susceptible de ser resarcido(11).

Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada, para en su lugar negar las súplicas de la demanda.

6. Condena en costas.

De conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, toda vez que no se evidencia que las partes hayan actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en su lugar se decide:

1. DECLÁRESE parcialmente la excepción de caducidad de la acción.

2. DECLÁRESE la falta de legitimación en la causa por activa conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda respecto de aquéllas cuya caducidad no se declaró.

4. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) “ART. 5º—Sector administrativo de justicia y del derecho. El sector administrativo de justicia y del derecho estará integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, las superintendencias y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al mismo.

PAR.—Créase la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como una unidad administrativa especial, que como entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, tendrá como objetivo la estructuración, formulación. aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa. Para ello, tiene como misión planificar, coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la Nación, a fin de prevenir el daño antijurídico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 27 de septiembre de 2012, M.P. Enrique Gil Botero.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 11 de mayo de 2000 Expediente 12200; 10 de noviembre de 2000 Expediente 18805; 10 de abril de 1997 Expediente 10954, y de 3 de agosto de 2006, Expediente 32537. Autos de: 3 de agosto de 2006, Expediente 32537; 7 de febrero de 2007, Expediente 32215.

(5) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, Expediente 13503.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Expediente 10973.

(7) “[E]n los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante…”. Devis Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.

(8) Código de Comercio “artículo 1427. Los actos o contratos que afecten el dominio o que tengan por objeto la constitución de derechos reales sobre naves mayores o sobre aeronaves se perfeccionan por escritura pública. La respectiva escritura sólo se inscribirá en la capitanía del puerto de matrícula o en el registro aeronáutico nacional, según el caso.

“La tradición se efectuará mediante dicha inscripción acompañada de la entrega material…”.

(9) En cuanto a la propiedad de naves y aeronaves consultar la sentencia del 22 de julio de 2009 del Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 15.628.

(10) Así lo ha manifestado la Sala: “En todo caso, el asunto a resolver es sí la adquisición de la propiedad del vehículo con posterioridad a la ejecución del daño que se reclama, legitimaba al actor para solicitar la indemnización que se demanda en el presente proceso. Sobre el interés para demandar por un daño causado a un bien, por un propietario diferente al que lo sufrió, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 31 de marzo de 1982, manifestó:

“2. Difieren esencialmente las acciones que se derivan de los derechos reales de los que se originan en los derechos personales, pues mientras aquéllos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 665 del Código Civil, son los que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, como los de dominio, herencia, usufructo, uso y habitación, servidumbres activas, prenda o hipoteca, éstos son los que nacen de una obligación de una persona o deudor hacia otra o acreedor surgida de un acto jurídico como un contrato o cuasicontrato, de un hecho ilícito como un delito o cuasidelito, o de la ley, según se infiere de los términos del artículo 666 ibídem.

(...)

“3. La acción que tiene por objeto establecer la responsabilidad extracontractual de quien por su culpa o delito ha causado un daño a otro y obtener la correspondiente indemnización de perjuicios, es de carácter personal y, en consecuencia, sólo puede intentarse por quien ha sido perjudicado por el daño, como se deduce del artículo 2342 del Código Civil y no simplemente por quien después adquiera la cosa dañada pues, se repite, el derecho personal no es accesorio del real, y para que pueda transmitirse a persona diferente de su titular es necesario que se dé cumplimiento a las normas relativas a la cesión de derechos de que trata el título XXV del libro IV del Código Civil...

“La perjudicada con esta instalación fue entonces la citada Rita de Manzini, a cuyo favor, por la misma razón, nació el derecho personal de reparación contra la aquí demandada por el daño sufrido en su propiedad, derecho que no puede invocar la sociedad demandante, en primer lugar, por no haberlo adquirido como resultado del contrato de compraventa mediante el cual le fue transferido el dominio de los referidos terrenos, y en segundo lugar, porque no fue ella la perjudicada con la ocupación de las instalaciones de conducción eléctrica, las que, como ya se indicó, hacían parte del inmueble cuando se celebró el mencionado contrato.

“5. De todo lo dicho se concluye que no siendo la actora titular de los derechos sustanciales que pretenden hacer valer en este proceso, carece de legitimación en causa para pedir las declaraciones y condenas consignadas en la demanda, y, en consecuencia, debe procederse a casar la sentencia del ad quem absolviendo a la demanda de todos los cargos, como ha de hacerse en este caso, siguiendo la jurisprudencia de la Corte...

(...)

“La sola transmisión del dominio sobre un bien no incluye la de los derechos personales que el vendedor haya adquirido por razón de la cosa vendida, los cuales son autónomos e independientes de aquél, y tienen señalado por tanto, un modo propio para ser transferidos a terceros, como se desprende de las disposiciones contenidas en el título XXV del libro IV del Código Civil [De la cesión de los derechos]” [Gaceta Judicial, Tomo CLXV - Nº 2406, págs. 76 y 78].

“De acuerdo con la jurisprudencia citada, no es cierto lo afirmado por la parte demandante en el recurso de apelación, en el sentido de que era titular de la acción de reparación directa por ser el dueño del campero afectado, dado que la propiedad se transfería con todos sus vicios y anexidades, sin que importara que, durante el tiempo de la retención en la aduana, el vehículo “fuera conducido por otro”. Por el contrario, existe una clara diferencia entre el derecho real de dominio que le fue transferido al demandante y el derecho de crédito que se generó a partir de los supuestos perjuicios causados al vehículo, mientras permaneció en la aduana de Cartagena. El primero se traspasó de los anteriores propietarios al demandante, después de la presentación de la demanda; el segundo, debe seguir en cabeza los antiguos propietarios, dado que no hay constancia alguna de haberse producido una cesión de derechos al actor.

“En efecto, de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, es claro que el demandante no era propietario ni poseedor del vehículo en el período que estuvo decomisado por las autoridades aduaneras y durante el cual se presentó el daño por el que se demanda. Más aún, en ese lapso de tiempo (sic) el actor reconoció dominio ajeno sobre el automotor. Todo el proceso penal aduanero se desarrolló en contra de Maximina Londoño de Bedoya y Adalberto Díaz Miranda; tanto en la providencia en la que se profirió la cesación de procedimiento, como en la resolución en la que se ordenó la entrega del automotor, las personas citadas siempre figuraron como propietarias. Tan es así, que antes de la entrega del vehículo, el apoderado del señor Díaz Miranda autorizó al actor a recibir el vehículo, lo que implicaba que este aceptaba la propiedad de otro sobre el automotor.

“Debe anotarse, además, que no se puede deducir de ninguno de los documento que obran en el proceso que la señora Londoño de Bedoya y el señor Díaz Miranda realizaran cesión de derechos litigiosos en favor del demandante.

“Se concluye, entonces, que el demandante, Carmelo Manuel Ospino Castrillo, carecía de interés para demandar los perjuicios solicitados en la demanda, dado que no era propietario del vehículo al momento de su ocurrencia y tampoco se acreditó la cesión del derecho a reclamarlos por parte de los anteriores propietarios del automotor. Por lo que se confirmará la sentencia apelada”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de noviembre de 2005, Expediente 14.429 (R-8517), actor: Carmelo Manuel Ospino Castrillo.

(11) En cuanto a la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección Tercera ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001).