Sentencia 1997-08582 de abril 3 de 2013

 

Sentencia 1997-08582 de abril 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 520012331000199708582 01 (26.611)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: María del Carmen Palma y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., abril tres de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia ante la configuración, en el sub judice, de la institución de la cosa juzgada, por cuanto el análisis acerca de si los llamados en garantía actuaron con culpa grave o dolo ya fue efectuado por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a las mismas personas y por los mismos hechos.

En efecto, mediante sentencia de 28 de abril de 2010 —Exp. 17.537—, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ocupó de determinar si los mismos funcionarios del Estado llamados en garantía en este proceso actuaron con dolo o con culpa grave en relación con los hechos ocurridos el día 15 de abril de 1996, en los cuales una patrulla del Ejército Nacional fue objeto de una emboscada en el municipio de Puerres (Nariño) por parte de un grupo insurgente y en ese lamentable hecho fallecieron miembros del Ejército Nacional.

En esa oportunidad, la Sala consideró:

“Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 30 de septiembre de 1999, mediante la cual se negó la declaratoria de responsabilidad de los llamados en garantía.

Es necesario precisar que la competencia de la Sala se limita a decidir sobre la relación entre la entidad demandada y los llamados en garantía, comoquiera que el proceso terminó respecto de las imputaciones formuladas en contra de la administración, por manera que no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno acerca de la responsabilidad de la entidad pública demandada ni sobre el acuerdo conciliatorio logrado entre esta y la parte actora.

Téngase en cuenta que en este proceso fueron llamados en garantía los señores teniente coronel Alberto Sánchez, mayor Juan Rafael Antonio Lalinde Gómez, el capitán Ricardo Arturo Vásquez Ríos y el subteniente Darío Ernesto Coral Lucero.

(...).

La Sala considera pertinente señalar que la sentencia penal o la decisión disciplinaria que hubiere concluido que la conducta del agente fue dolosa puede llegar a tener total incidencia en el proceso contencioso administrativo siempre que la declaración en ese sentido sea clara, sin embargo, corresponderá al juez analizar el caso concreto con el fin de establecer los supuestos de uno u otro proceso y para determinar si existe tal convergencia que resulte imposible dejar de lado la declaratoria de responsabilidad del funcionario que ha sido llamado en garantía.

Ahora bien, al momento de entrar a establecer la incidencia de las sentencias enunciadas por el a quo en el fallo recurrido, la Sala advierte que las mismas no son susceptibles de ser apreciadas en este proceso judicial, primero porque los documentos con los cuales se pretende acreditar la existencia de las mismas no reúnen los requisitos de autenticidad necesarios y segundo porque no fueron presentados dentro de la respectiva oportunidad procesal y tercero porque no se incorporaron debidamente al proceso.

En efecto, advierte la Sala que los documentos aportados por el llamado en garantía señor Alberto Moreno Sánchez, los cuales dicen contener i) la sentencia proferida por la tercera brigada del comando del Ejército Nacional el 18 de noviembre de 1998 por la cual se habría declarado la inexistencia de mérito probatorio para convocar consejo de guerra en contra de los militares Alberto Moreno Sánchez, Juan Rafael Lalinde Gómez y Ricardo Arturo Vásquez Ríos, se habría cesado procedimiento por el delito de prevaricato por omisión en contra de los mencionados y se habría cesado procedimiento en contra del capitán Ricardo Arturo Vásquez Ríos; y ii) la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 11 de septiembre de 1998 por la cual se habría declarado nulo el acto de retiro del servicio del teniente coronel Alberto Moreno Sánchez, dispuesto con fundamento en los hechos de la demanda y se habría ordenado su reintegro al empleo; documentos incorporados al expediente mediante providencia dictada el 27 de abril de 1999, obran en copia simple, de forma tal que los mismos no pueden ser objeto de apreciación judicial por no constituir elemento de juicio válido para establecer el supuesto que con ellos se pretende acreditar (fls. 167-236, cdno. 1).

Acerca de los documentos públicos y privados que se aporten a un proceso judicial, el Código de Procedimiento Civil establece que estos podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por transcripción o por reproducción mecánica. Si se trata de copias, estas tendrán el mismo valor probatorio que los originales en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en cuyo despacho se encuentre el original o la copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia auténtica en el curso de inspección judicial.

En Sentencia C-023 del 11 de febrero de 1998, al declarar exequibles los numerales segundo del artículo 254 y tercero del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, la Corte Constitucional aclaró que:

“Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad.

Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”.

De manera que los documentos públicos o privados allegados a un proceso deben serlo en original o en copia auténtica para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos y, en consecuencia, susceptibles de valoración(2). En este caso, los documentos en mención, aportados por el señor Alberto Moreno Sánchez, obran en copia simple, razón por la cual no pueden ser analizados en el sub lite, de acuerdo con las consideraciones expuestas.

Ahora, el apoderado de los señores Juan Rafael Lalinde Gómez y Ricardo Arturo Vásquez Ríos aportó también en copia simple unos documentos que dicen contener el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 11 de septiembre de 1998, mediante la cual se habría declarado nulo el acto administrativo de retiro del servicio del mayor Juan Rafael Lalinde Gómez dispuesto por razón de los hechos de la demanda de la referencia y se habría ordenado su reintegro, así como la sentencia proferida por el mismo tribunal el 6 de noviembre de 1998 por el cual se habría declarado nulo el acto administrativo de retiro del servicio del mayor Ricardo Arturo Vásquez Ríos y se habría ordenado su reintegro.

Acerca de las copias relacionadas la Sala reitera los argumentos expuestos en el sentido de que los documentos desprovistos de autenticidad carecen de validez probatoria y no constituyen medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la Jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado(3). Adicionalmente, la Sala debe señalar que los documentos en mención fueron aportados por el apoderado de algunos de los llamados en garantía sin que se hubiere proferido providencia alguna imponiéndole dicha carga y sin que una vez anexados al proceso de la referencia se hubiere ordenado su incorporación al sub lite, de manera que no se ordenó tenerlos como prueba.

Por otra parte, se advierte que una vez vencida la etapa probatoria y durante el término dispuesto para que las partes presentaran alegatos de conclusión, la entidad demandada anexó con el escrito de alegaciones finales una copia de la sentencia proferida por el tribunal de honor de las Fuerzas Militares el 2 de julio de 1996, mediante la cual se ordenó la separación absoluta del Ejército Nacional de los militares Alberto Moreno Sánchez, Juan Rafael Antonio Lalinde Gómez, Ricardo Arturo Vásquez Ríos y Darío Ernesto Coral Lucero. El tribunal se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno al respecto y dictó el fallo de primera instancia sin ordenar la incorporación de dichos documentos. Como se observa, las pruebas en mención fueron aportadas después de agotarse la etapa procesal prevista para el efecto, supuesto bajo el cual los referidos documentos no pueden ser objeto de apreciación judicial(4).

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala debe señalar que se aportó en debida forma y dentro de la respectiva oportunidad procesal una copia auténtica de la decisión proferida por el comando de la tercera división del Ejército Nacional el 12 de agosto de 1996, mediante la cual se confirmó la providencia proferida el 2 de julio de 1996 por la presidencia del tribunal de honor y en consecuencia se mantuvo la decisión de separar en forma absoluta del servicio al teniente coronel Alberto Moreno Sánchez, al mayor Juan Rafael Antonio Lalinde Gómez, al capitán Ricardo Arturo Vásquez Ríos y al subteniente Darío Ernesto Coral Caicedo (fls. 239-246, cdno. 1).

De acuerdo con lo señalado en la providencia en mención, el proceso disciplinario se tramitó como consecuencia de los siguientes hechos: “El día 15 de abril de 1996 tropas del grupo mecanizado Cabal, fueron emboscadas con lamentable pérdida de 31 vidas humanas, saldo de heridos, pérdida y destrucción de apreciable material de guerra, de transportes y de intendencia. Esos criminales acontecimientos se atribuyeron a la organización subversiva FARC y ELN y ocurrieron en la vereda Rosal, municipio de Puerres, departamento de Nariño, las tropas regresaban de las bases de Alísales y El Páramo bajo la conducción del señor CT Vásquez Ríos. El convoy inicialmente había salido el mismo día desde el grupo Cabal hacia las citadas bases”.

Dentro de la respectiva providencia se determinó que los hechos investigados habían ocurrido por la concurrencia de distintos errores atribuibles a los militares encargados de la operación, los cuales constituían faltas al honor militar. Así, determinó que el teniente Alberto Moreno Sánchez, en su calidad de comandante del grupo Cabal, no fijó los criterios en relación con la conducción de la tropa durante el desplazamiento, no verificó que el personal estuviere debidamente armado y tardó en enviar los refuerzos necesarios para soportar la emboscada. Respecto de la responsabilidad del mayor Rafael Antonio Lalinde Gómez, señaló que permitió que un oficial con poca experiencia tomara el mando del grupo y permitió que los encargados salieran a la misión sin emitir las instrucciones pertinentes y sin prever el riesgo al cual se exponía la tropa. También se indicó que el capitán Ricardo Arturo Vásquez Ríos no observó la diligencia necesaria durante la preparación del desplazamiento ni durante la emboscada, dejando la reacción en decisión de los subalternos. Frente a la participación del subteniente Darío Ernesto Coral Lucero, afirmó que no dispuso y no exigió ni preparó lo necesario para garantizar la vida de sus hombres.

Los anteriores supuestos sirvieron de fundamento para concluir que los militares investigados vulneraron los reglamentos y fallaron en la preparación, ejecución y reacción del operativo en el cual perdieron la vida 31 uniformados, por virtud de lo cual se dispuso su retiro del servicio; sin embargo, el contenido de la referida providencia no constituye una prueba válida y susceptible de apreciación judicial, tampoco lo constituye la declaratoria de responsabilidad dispuesta en la misma porque, a pesar de que no se aportó en debida forma la providencia respectiva, la Sala advierte que la decisión en mención fue posteriormente revocada pues así lo afirmó tanto el funcionario llamado en garantía Alberto Moreno Sánchez —sin que la demandada hiciera manifestación alguna al respecto— como la propia entidad en el respectivo recurso de apelación al señalar que la absolución que por todo concepto se había producido a favor de los llamados en garantía al interior de las investigaciones adelantadas por las Fuerzas Militares no resultaba suficiente para concluir que la conducta de los agentes no había estado viciada de culpa grave, aseveración que fue reiterada por la demandada en el escrito de alegatos presentado en segunda instancia en el cual precisó que la decisión de retiro del servicio de los uniformados y las decisiones disciplinarias adoptadas en su contra por el tribunal de honor militar y por el comandante de la tercera división del ejército fueron anuladas por la jurisdicción contenciosa administrativa.

En este orden de ideas se tiene que las consideraciones expuestas respecto de la responsabilidad de los servidores consignadas en la providencia del 12 de agosto de 1996 carecen de validez porque posteriormente fueron revocadas, como consecuencia de lo cual se decidió absolver a los investigados ante el replanteamiento de los supuestos imputados a los entonces investigados.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala debe precisar que del contenido de la providencia proferida el 12 de agosto de 1996, la cual en criterio de la demandada serviría de fundamento para efectos de establecer que los servidores llamados en garantía actuaron con culpa grave, se advierte que la conducta analizada en esa oportunidad difiere totalmente de la que se imputa en el asunto de la referencia.

En efecto, el proceso disciplinario se adelantó por la presunta violación a las normas del honor militar contempladas en el artículo 184 del Decreto 85 de 1989(5), según el cual “cometen falta contra el honor militar, los oficiales y, suboficiales en servicio activo que incurran en hechos o situaciones que afecten el honor del cuerpo de oficiales o suboficiales o la dignidad de la institución castrense, tanto en actividades del servicio como fuera de ellas”. La citada disposición establece como faltas al honor militar las siguientes:

“a) Aprovecharse de la condición de oficial o suboficial en servicio activo para ejercer influencia indebida ante autoridad competente, en provecho propio o de terceros, o para que se tomen decisiones en favor o en contra de personas comprometidas en hechos delictuosos.

b) Vivir en concubinato o notorio adulterio.

c) Asociarse o mantener notoria relación con personal que registre antecedentes penales o sean considerados como delincuentes de cualquier género o antisociales como drogadictos, homosexuales, prostitutas y proxenetas.

d) Ejecutar actos de homosexualismo o practicar o propiciar la prostitución.

e) Demostrar en acciones militares en paz o en guerra o en misiones de mantenimiento del orden público, temor ante el peligro o ante el enemigo, menoscabando la moral de los subordinados.

f) Abandonar o resignar el mando en otra persona sin motivo justificado, durante operaciones de combate.

g) No entrar en combate, pudiendo y debiendo hacerlo; ocultarse o simular enfermedad para rehuirlo, retirarse indebidamente o incitar a la huida injustificada, dejar de perseguir al enemigo, estando en capacidad de hacerlo con las fuerzas a su mando, o no prestar el auxilio requerido, cuando tenga posibilidad de hacerlo.

h) Ceder ante el enemigo o abandonar el puesto sin agotar los medios de defensa de que hubiere podido disponer, en caso de guerra, conmoción interior o turbación del orden público.

i) No adoptar las medidas preventivas necesarias para la defensa de la base, puesto, repartición o buque, a su cargo, o para desplazamientos de tropa bajo su mando.

j) Propalar maliciosamente especies contra los superiores, subalternos o compañeros que menoscaben su dignidad personal, su honor militar, familiar o profesional.

k) Incrementar el patrimonio económico sin causa lícita.

l) Ejercer oficios o recibir beneficios de negocios o actividades incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución.

m) Faltar maliciosamente a la verdad en certificaciones, informes o conceptos rendidos bajo promesa de honor militar.

n) Tomar parte, propiciar o facilitar acciones contra la seguridad de las Fuerzas Armadas.

ñ) Exigir dinero o beneficios económicos por servicios oficiales que esté obligado a prestar.

ART. 185.—Los actos a que se refiere el artículo anterior serán sancionados con la separación absoluta de las Fuerzas Militares, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar…”.

Como se observa, los supuestos de hecho que se analizaron en el proceso disciplinario y los que corresponde establecer en el sub lite resultan totalmente diferentes. A su vez, resalta la Sala que en la providencia en mención nada se dijo frente a la existencia de una conducta viciada de culpa grave por parte de los militares ni que aquella hubiere sido la causa directa del atentado guerrillero, de manera que los fundamentos en ella expuestos no resultan suficientes para acreditar las imputaciones formuladas en contra de los llamados en garantía.

Así las cosas, se impone concluir que las decisiones judiciales (absolutorias o condenatorias) no resultan válidas para establecer la conducta asumida por los llamados en garantía, bien porque no pueden ser objeto de valoración, bien porque resultan insuficientes para acreditar la responsabilidad alegada.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala analizar el restante material probatorio a fin de establecer si de este puede concluirse, como lo solicitó la apelante, que en este caso hay lugar a condenar a los llamados en garantía. En efecto, sostuvo la entidad demandada que se encuentra acreditado que los funcionarios vinculados al proceso de la referencia actuaron “con culpa grave por cuando, violando los reglamentos, no equiparon ni armaron al persona que se desplazaba, colocando en grave riesgo su vida”.

Pues bien, con el fin de sostener la anterior afirmación se aportaron al proceso, válidamente, los siguientes elementos de juicio:

— Informe de los hechos ocurridos el 15 de abril de 1996, rendido por el capitán Ricardo Arturo Vásquez Ríos, según el cual el grupo mecanizado 3 Cabal fue emboscado por miembros de la guerrilla de las FARC en el municipio de Puerres (Nariño) mientras se encontraba realizando un desplazamiento de aproximadamente 1.800 metros, resultando muertos 31 uniformados y heridos 11 militares. En la lista de los soldados fallecidos se encuentra el señor Luis Eccehomo Benavides. Los demás datos del informe son ilegibles (fls. 139-141, cdno. 1).

— Informe rendido por el teniente coronel Alberto Moreno Sánchez, en los siguientes términos:

“De acuerdo a la orden de operaciones 28 de fecha 15 de abril de 1996 se ordena trasladar un pelotón del escuadrón “B”, de la base de Alizales al grupo mecanizado 3 Cabal, siendo las 17:15 horas del día 15 de abril en el sector de Cerro Negro jurisdicción de Puerres - Nariño, fue emboscada la columna motorizada en un trayecto aproximado de 1.800 metros por bandoleros de las cuadrillas XXXII y XLVIII de las FARC, resultando muertos el personal de soldados anteriormente relacionado.

El comandante del grupo mecanizado 3 Cabal conceptúa que la muerte de los soldados mencionados anteriormente ocurrió como consecuencia de la acción directa del enemigo en el mantenimiento y restablecimiento del orden público de acuerdo al artículo 8º del Decreto 2728/68” (fls. 142-143, cdno. 1).

— Constancia expedida por el teniente Eduardo Alberto Arias Rojas, oficial S-2 grupo de caballería mecanizado 3 Cabal, según el cual el 15 de abril de 1996 las cuadrillas 48 y 32 de las ONT-FARC se encontraban delinquiendo en la jurisdicción del municipio de Puerres (Nariño), razón por la cual atacaron a las tropas del grupo de caballería mecanizado 3 Cabal (fl. 158, cdno. 1).

— Orden de operaciones 28 del 15 de abril de 1996, la cual dispuso como misión al segundo pelotón escuadrón “B”, al mando del subteniente Darío Coral Lucero, trasladarse a partir de las 15:12 p.m., haciendo movimiento táctico motorizado en 6 vehículos por la vía Ipiales-Pasto hasta las bases militares de Páramo y Alizales con el fin de recoger el tercer pelotón del escuadrón “B” que se encontraba en estas bases. La orden en mención registra como enemigo las cuadrillas XXIX y XXXII de las FARC, comuneros del Sur del ELN, bandas de narcotraficantes y delincuencia común organizada con capacidad de efectuar emboscadas a patrullas militares que se desplacen a pie o en vehículos con el fin de dar de baja a los uniformados o de robar material de guerra e intendencia y con esto causar un impacto psicológico en la población civil.

El operativo contempló como instrucciones de coordinación las siguientes: previo al desplazamiento instruir al personal acerca de la misión a ejecutar y de las situaciones que se pudieren presentar durante la misma; prohibición de recibir dadivas, dinero o cualquier apoyo no autorizado por el comando; reportar cualquier anomalía o cambio que ocurra en el desarrollo de la misión; comunicación permanente entre los militares y de estos con el comando; llevar los vehículos con la tripulación completa sin que el comandante se traslade en el primer vehículo de la caravana; llevar armas de dotación; minimizar las luces en horas de la noche; registrar permanentemente la vía; evitar marchas rápidas; prohibir el consumo de bebidas alcohólicas; mantener el armamento siempre en mano para facilitar la utilización en todo momento; dar excelente trato a la población civil; mantener los dispositivos adecuados para enfrentar una emboscada; al término de la misión entregar el respectivo informe; realizar decomisos de armas necesario de acuerdo con lo establecido en la ley; no recoger personal o material durante los desplazamientos; no permanecer ni pernoctar en áreas urbanas; en caso de detectarse la ubicación de bandoleros efectuar las maniobras respectivas y reportar cualquier acción imprevista o movimiento de personal al comando (fls. 161-164, cdno. 1).

— Relación del armamento y del material recibido por parte del escuadrón “B” el 28 de enero de 1996. Entre los elementos entregados se encuentran 163 fusiles de distintas características, 2 lanzagranadas, 26 ametralladoras, morteros, adaptadores, granadas, brújulas, lentes de campaña, porta granadas, etc. (fls. 144-150, cdno. 1).

Las pruebas anteriores sirven para establecer que el 15 de abril de 1996 se había dispuesto un operativo de traslado para el segundo pelotón del escuadrón “B” cabal del Ejército Nacional entre Ipiales y Pasto, para lo cual se había dotado al personal de los elementos necesarios y se habían impartido las órdenes pertinentes para atender la misión; así mismo se advirtió de la presencia de grupos subversivos en la zona, no obstante lo cual el grupo fue emboscado por miembros de la guerrilla de las FARC, atentado en el cual resultaron muertos 31 uniformados, entre ellos el soldado Luis Eccehomo Benavides. Sin embargo, las mismas nada dicen respecto de la forma en que se desarrolló el operativo, de la participación de los llamados durante la etapa de planeación, ejecución ni de la forma en que el grupo reaccionó frente a la emboscada, de las funciones asignadas a cada uno de los servidores ni de las fallas que se habrían producido durante la planeación y el desarrollo de la misión, de manera que no hay lugar a establecer los supuestos de hecho que se les imputan a los funcionarios vinculados al proceso de la referencia.

De acuerdo con lo anterior, y sin necesidad de emitir mayores explicaciones, se tiene que el análisis de la conducta de los agentes no puede ser efectuado porque no se aportó elemento de juicio alguno que permita establecer la participación que ellos hubieren tenido en la ocurrencia de los hechos ni para determinar que habría sido su culpa grave la causa determinante del daño por cuya indemnización se reclama.

En este orden de ideas, se impone confirmar la sentencia apelada en razón a que no se acreditó el supuesto de responsabilidad que se imputa a los llamados en garantía” (se deja resaltado en negrillas y en subrayas).

Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada(6), cabe advertir que se le ha asimilado al principio del “non bis in idem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.

La cosa juzgada constituye una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados. Es importante tener presente la distinción entre cosa juzgada en sentido material y cosa juzgada en sentido formal, para precisar sus efectos respecto de un proceso judicial.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada se encuentra regulada en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil, y 175 del Código Contencioso Administrativo, los cuales recogen los elementos formales y materiales para su configuración. El formal implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere alcanzado firmeza o ejecutoria dentro del mismo proceso o en otro en el cual las mismas partes debatan la misma causa petendi y los mismos fundamentos jurídicos, lo anterior para garantizar la estabilidad y la seguridad, propias de la esencia del orden jurídico.

Por su parte, el concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa, debatida en la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio(7).

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos similares, en los cuales se ha presentado identidad de causa y de objeto —aunque no de partes—, ha declarado la existencia del fenómeno de cosa juzgada material y, en consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos expuestos en las oportunidades anteriores para efectos de analizar en el caso posterior, la responsabilidad del Estado frente a esos mismos hechos ya debatidos y decididos.

Así por ejemplo, en sentencia proferida el 4 de mayo de 2011(8), la Sala señaló:

“... Resulta oportuno advertir acerca de la existencia de un pronunciamiento previo de esta Sala que refleja o traduce en el plano material, mas no en el formal, un fenómeno de cosa juzgada debido a la identidad de objeto y causa entre los hechos objeto de juzgamiento, toda vez que en providencia del 29 de enero de 2010, se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, ocurrida el 27 de abril de 1994, producida en las mismas circunstancias analizadas en el sub lite (...)”.

En ese mismo sentido, a través de sentencia proferida el 9 de junio del 2010, Expediente 18.677, se indicó:

“Comoquiera que los hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la muerte del señor Luis Álvaro Monsalve Arboleda—, ya fueron objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala que integra esta sección del Consejo de Estado, se reiteran in extenso las consideraciones plasmadas en la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2009, Expediente 17.997, comoquiera que resultan perfectamente procedentes, dado que los supuestos fácticos son iguales, además de que los elementos de convicción allegados a este proceso fueron trasladados en su totalidad del citado expediente en debida forma”.

Ahora bien, aunque dentro de la sentencia que profirió la Sección Tercera de la corporación se expresó que “... el análisis de la conducta de los agentes no puede ser efectuado porque no se aportó elemento de juicio alguno que permita establecer la participación que ellos hubieren tenido en la ocurrencia de los hechos...”, ello no comporta que el análisis llevado a cabo y, por ende, la decisión adoptada por la Sala hubiere tenido carácter inhibitorio.

Ciertamente, al analizar el contenido del fallo que dictó el día 28 de abril de 2010, se impone concluir que se trató de una decisión de fondo en cuya virtud se estudió el acervo probatorio del proceso y, con base en dicho análisis, no se logró concluir “... que habría sido su culpa grave la causa determinante del daño por cuya indemnización se reclama...”, tal como de manera expresa se consignó en la aludida decisión.

Nótese cómo la Sala, en esa ocasión, abarcó el examen de la totalidad de los medios de acreditación que se allegaron a la actuación, para efectos de determinar, frente a cada uno de ellos, su eficacia probatoria y la consiguiente consecuencia jurídica que de la misma se desprendía, pero el hecho de que unas pruebas no pudieren valorarse y de que las otras no permitieran establecer la participación de los llamados en garantía en los hechos por los cuales se les vinculó al proceso, en modo alguno puede o debe entenderse como una decisión que no hubiere abordado el fondo del asunto; por el contrario, todo ese ejercicio jurídico-dialéctico resulta propio de una providencia que resuelve la controversia planteada, pero lo hace —como en efecto lo hizo— en el sentido de concluir que dentro de la actuación no se demostró que los terceros vinculados al proceso hubieren actuado con dolo o con culpa grave, como incluso lo precisó la Sala al considerar que “... no se acreditó el supuesto de responsabilidad que se imputa a los llamados en garantía” y que, por lo tanto, la sentencia apelada debía confirmarse.

A lo anterior se adiciona, en relación con ese último aspecto, que en la sentencia impugnada por la entidad pública demandada se concluyó acerca de la inexistencia de prueba de que la conducta de los agentes del Estado llamados en garantía habría estado prevalida de dolo o de culpa grave, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado, por las mismas razones, tal como lo evidencia tanto la parte considerativa, como la resolutiva del fallo de segunda instancia.

En línea con lo que se ha dejado expuesto, la subsección estima importante reiterar, porque resultan claramente ilustrativas y aplicables al caso sub examine, las consideraciones expuestas frente a un caso similar dentro del siguiente pronunciamiento:

“De conformidad con las consideraciones expuestas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación para denegar la sanción al Congresista accionado en ese asunto, se impone concluir que el fallo proferido en dicho proceso sí fue de fondo, es decir que sí existió una determinación clara y concreta en relación con la pretensión de la demanda, solo que se produjo en sentido denegatorio, lo cual en modo alguno, puede entenderse como una decisión de carácter inhibitorio, por el hecho de que no se le despojó de su investidura de Congresista al demandado.

Ahora bien, como lo refleja igualmente la parte considerativa de la decisión adoptada en el proceso 110010315000 2011 00829 00, la razón que llevó a denegar la solicitud de desinvestidura del senador Rapag Matar devino de la inactividad probatoria del actor, puesto que no acreditó —como era su deber y de su incumbencia— que el Congresista accionado no era colombiano de nacimiento, habida consideración de que no determinó si el accionado era, o no, hijo de un colombiano(a), a lo cual se agregó la consideración, no menos significativa y desde luego relacionada con el fondo del asunto, que existían razones para sostener que el accionado sí ha tenido su domicilio en este país, todo lo cual impedía estructurar la pérdida de investidura con fundamento en el articulo 172 superior.

A juicio del despacho, la circunstancia de que el fallo desestimatorio de la pretensión de pérdida de investidura del congresista Rapag Matar hubiese tenido como sustento la pasividad probatoria del demandante, no puede ni debe entenderse como una decisión inhibitoria o, lo que es lo mismo, que se hubiere tratado de una providencia en la cual no se hubiere abordado el fondo del asunto, pues tan lo hizo que se denegaron las súplicas de la demanda y para ello se analizaron y determinaron aspectos propios del debate jurídico procesal planteado, tales como: i) la condición de Senador de la República del accionado; ii) la forma de acreditar la nacionalidad colombiana y esta misma nacionalidad pero por nacimiento; iii) los elementos integrales de esta última —nacionalidad colombiana de uno de los padres y el domicilio en el país—, así como los factores que también deben tenerse en cuenta, según el ordenamiento jurídico, para establecer la nacionalidad por nacimiento —ius sanguinis, ius soli y ius domicili— y, finalmente, como si fuere poco —que de ninguna manera lo es—, iv) se realizó el estudio y la consiguiente valoración del acervo probatorio que obraba en el expediente, todo lo cual permite determinar que la sentencia calendada el 12 de junio constituye una decisión de mérito respecto del asunto allí debatido que corresponde al mismo asunto que ahora se pretende discutir, por lo cual no puede abrirse paso una nueva solicitud de desinvestidura respecto del mismo Congresista, en cuanto se advierte, entre aquella demanda ya fallada y lo que ahora se ha formulado: identidad de sujeto, de objeto y de causa.

La consideración que aquí acaba de plasmarse acerca de que el fallo proferido por el Consejo de Estado dentro del proceso 11001 03 15 000 2011 00829 00 es una decisión de fondo cobra mayor sustento si se tienen en cuenta para ello, diversos pronunciamientos de la corporación, los cuales permiten diferenciar una providencia judicial de esa naturaleza de una inhibitoria.

Esta última clase de providencias ha sido definida en los siguientes términos:

“(…) una sentencia inhibitoria, que como es sabido ‘es aquella en la cual el juez ni niega ni afirma que el derecho material pretendido exista, sino que se limita a declarar que no puede resolverse sobre la existencia de ese derecho, o en otras palabras, es aquella en la cual el juez se abstiene de entrar a considerar la cuestión debatida o controvertida, (J. Azula Camacho, Manual de derecho procesal, Tomo l, pág. 364, Ed. A.B.C. Bogotá, 1985) y tiene lugar cuando la relación procesal se constituye irregularmente por defecto en los presupuestos de capacidad para ser parte y demanda en forma o cuando el litisconsorcio necesario es incompleto o hay indebida acumulación de pretensiones’ (C.E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Tercera, Sent. jun. 22/89, Exp. 5494, actor: María Odilia Muñoz vda. de Aguirre y otros)”(9).

En línea con lo anterior y para diferenciar una decisión inhibitoria de una de fondo y, por ende, los efectos de cosa juzgada que la segunda clase de decisión trae consigo —tema a lo que apunta directamente esta providencia—, la corporación ha sostenido:

“En efecto, en los casos en los cuales el juez encuentra probada una excepción, que le impide proferir sentencia de mérito para resolver los extremos de la litis, y en consecuencia, se ve obligado a proferir una providencia inhibitoria, dado que la misma no entra a resolver el fondo del asunto puesto bajo conocimiento del juez, no produce efectos de cosa juzgada entre las partes, lo cual permite, siempre que no haya operado la caducidad de la acción, que se ejercite nuevamente la acción pertinente, u otra similar en procura de la defensa y efectividad de los derechos del interesado. A diferencia de lo que ocurre, cuando el juez, verificado el cumplimiento de los presupuestos materiales que permiten proferir decisión de fondo, y luego de efectuar la valoración de los argumentos expuestos por las partes, del material probatorio allegado al proceso, junto con la normatividad que regula el caso encuentra que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, decisión que por su carácter de mérito y definitivo, una vez ejecutoriada, sí hace tránsito a cosa juzgada y, por tal razón impide proponer nuevamente un debate en sede judicial sobre el mismo asunto”(10) (se deja resaltado en negrillas y en subrayas).

A propósito del mismo tema, la Sección Segunda de la corporación ha discurrido sobre la expedición, a título de excepción, de fallos inhibitorios, en los siguientes términos:

“1. Los fallos inhibitorios.

Una vez otorgada una competencia a determinada autoridad judicial, se exige de ella que la agote y resuelva el fondo mediante sentencia de mérito, siempre que se den los presupuestos de ley, en caso contrario, la inhibición en que incurra constituye un comportamiento anómalo y censurable del operador jurídico, por cuanto su función ampliamente conocida, es resolver con todas las garantías una controversia judicial; al respecto manifestó la Corte Constitucional que ‘estando la función judicial ordenada, por su misma esencia, a la solución de los conflictos que surgen en el seno de la sociedad, el fallo inhibitorio es, en principio, su antítesis’(11).

Es claro entonces, que en consonancia con los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, uno de los principios que orientan la actividad judicial debe ser la prevalencia del derecho sustancial (C.P., arts. 228 y 229) por tanto, es obligación de los jueces adoptar, en principio, decisiones de fondo en los asuntos materia del proceso:

‘El derecho constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al examen de los jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial. Hacerla aparente o formal implica, por tanto, la innegable violación de aquel, ya que deja al interesado a la expectativa, contrariando la razón misma del proceso’.

A juicio de la Sala, una inhibición no justificada es ajena a los deberes constitucionales y legales del juez y configura una verdadera denegación de justicia. No obstante, en casos extremos, ante la falta de alternativas del juez que obedezca a motivos debidamente fundamentados, puede presentarse un fallo inhibitorio, pero, se reitera, es esta la excepción.

(...).

El artículo 37, numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil, consagra como uno de los deberes del juez emplear todos los poderes concedidos por la legislación para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias, lo que implica que los casos que puedan presentarse deben ser de tal naturaleza, que agotadas por el juez todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico le ofrece para resolver, siga siendo imposible la decisión de fondo. De manera que, siempre que exista alguna posibilidad de llegar a ella, la obligación inexcusable del fallador consiste en adelantar todas las medidas de saneamiento necesarias para impedir una decisión inhibitoria, so pena de incurrir en denegación de justicia”(12) (resaltados y subrayas del original)”(13).

Pues bien, en el presente caso resulta completamente claro que se configura la cosa juzgada formal y material.

En efecto, desde el punto de vista formal se tiene que en ambas controversias existe plena identidad de partes: i) la Nación, por conducto del Ejército Nacional, en calidad de llamante y ii) en el otro extremo de la litis los mismos agentes del Estado llamados en garantía, señores teniente coronel Alberto Sánchez, mayor Juan Rafael Antonio Lalinde Gómez, el capitán Ricardo Arturo Vásquez Ríos y el subteniente Darío Ernesto Coral Lucero, a lo cual se agrega la identidad que se presenta en relación con los hechos por los cuales la entidad pública llamó en garantía a dichas personas, esto es por la emboscada guerrillera de la cual fue objeto una patrulla del Ejército Nacional el día 15 de abril de 1996 en el municipio de Puerres, Nariño, hecho que de manera lamentable arrojó la muerte de varios agentes de esa institución.

Y en cuanto a la cosa juzgada material, la Sala advierte que dentro del proceso que resolvió la Sección Tercera del Consejo de Estado el día 28 de abril de 2010 —en cuya virtud hay lugar a predicar la existencia de cosa juzgada— se definió la misma relación jurídica, dado que allí se analizó y, por lo tanto, se determinó que los agentes del Estado vinculados en condición de llamados en garantía no actuaron con dolo o bajo culpa grave, cuestión debatida en este asunto.

De conformidad con lo expuesto, la subsección confirmará la sentencia apelada ante la existencia de cosa juzgada.

Condena en costas

Dado que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Nariño el 21 de noviembre de 2003, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Ver sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 33.736, el 25 de febrero de 2009.

(3) “... la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(4) “Claro está, dicho aporte o solicitud para el decreto o práctica de aquellos medios probatorios, debe realizarse dentro de las oportunidades y con los requisitos que taxativamente el código contempla, de tal manera que si en los momentos en que la ley lo habilita se dejan de aportar o solicitar los respectivos medios probatorios o, aún habiéndose allegado, no se hace con las formalidades o presupuestos necesarios para su valoración o eficacia probatoria, no se podrá ejercer esta facultad en situaciones posteriores que la ley no permite, en la medida en que estas etapas son preclusivas, de acuerdo con los artículos 118 y 184 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“ART. 118.—Perentoriedad de los términos y etapas procesales. Los términos y oportunidades señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario” (resaltados fuera del texto).

Por su parte, en lo que en materia probatoria se refiere:

ART. 184.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 90. Oportunidad adicional para la práctica de pruebas a instancia de parte y preclusión. Si se han dejado de practicar sin culpa de las partes que las pidió, el término señalado para tal efecto se ampliará a petición de aquella, hasta por otro igual que se contará a partir de la notificación del auto que así lo disponga. Vencido el término probatorio o el adicional en su caso, precluirá la oportunidad para practicar pruebas y el juez deberá, so pena de incurrir en falta disciplinaria respectiva, disponer sin tardanza el trámite que corresponda”.

“De manera que solo durante ciertas etapas previstas taxativamente en la ley, se permite que las partes puedan aportar o solicitar medios probatorios, los cuales en la medida en que reúnan los requisitos necesarios, puedan ser decretados y practicados por el juez competente para que sean incorporados al expediente, de manera que por fuera de estas etapas, resulta improcedente que las partes alleguen, soliciten o modifiquen esos medios probatorios —incluyendo su mérito probatorio— dado que la oportunidad se encontrará precluida —principio de comunidad de la prueba—, sin perjuicio, claro está, de la posibilidad de desistir de las mismas en los términos del artículo 344 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, puede concluirse que si se pretendía acreditar la legitimación por activa de las personas que acudieron al proceso como parte demandante, la parte actora debió aportar o solicitar como prueba los documentos idóneos a través de los cuales se pudiere probar dicha calidad dentro de la oportunidad prevista para ello en primera instancia, esto es como anexo a la demanda o debió haber advertido tal situación con el fin de que se pudieran tomar las medidas pertinentes para subsanar tal falencia —se reitera, la omisión en introducir el nombre de la madre en el registro civil de nacimiento del occiso—, sin embargo, la parte recurrente dejó transcurrir dicho término sin realizar las labores necesarias para incorporar al proceso el registro civil de nacimiento idóneo para probar la legitimación de la madre y de los hermanos del occiso, por lo cual es evidente que dejó que la oportunidad contemplada por la ley para estos efectos precluyera, siendo improcedente, por ello, que se pretenda su incorporación en la oportunidad prevista en segunda instancia, puesto que, como se advirtió, tal posibilidad se circunscribe solo para aquellos eventos ajenos a la culpa del interesado, esto es, de quien tiene la carga de la prueba” (Ver auto de ponente dictado el 30 de enero de 2009, dentro del expediente radicado con el número 36.008, actor: Ana Eloisa Cano y otro).

(5) Por el cual se reformó reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares.

(6) Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la subsección, mediante sentencias de 18 de julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, Expediente 21.985, entre otras providencias.

(7) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, Expediente 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, Expediente 18.676, entre otros.

(8) Expediente 19.355, M.P. Enrique Gil Botero.

(9) Providencia de 30 de marzo de 1990, Expediente 5974, M.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(10) Sala Especial Transitoria de Decisión 1D, sentencia de 20 de septiembre de 2005, Expediente 11001-03-15-000-2000-00357-01(S). M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(11) Corte Constitucional, sentencias C-666 de 1996 y SU 600 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández.

(12) Sección Segunda, Subsección A, 23 de noviembre de 2009, Expediente 11001-03-15-000-2009-01074-00(AC), Luis Rafael Vergara Quintero.

(13) Auto de 10 de julio de 2012, Expediente 110010315000201200297 00 (PI), actor: Eduardo Enrique Llanes Silvera, demandado: Fuad Emilio Rapag Matar, M.P. Mauricio Fajardo Gómez —quien funge como Consejero Ponente de la presente sentencia—, en Sala Unitaria.